No, definitivamente no; las últimas encuestas (Cerc y Adimark) no anticipan el día del juicio final, pero sí constituyen una potente advertencia a toda la clase política. La crisis de representatividad finalmente se hizo manifiesta, a través de encuestas y movilizaciones.
La opinión pública tomó la decisión irrevocable de expresar su malestar. Por las buenas o por las malas, con violencia o sin violencia, unidos o en forma individual, los ciudadanos comenzaron a expresar su rechazo a toda la clase política. Los índices de desaprobación fueron demoledores y superaron cualquier límite imaginable en la última Adimark: la Concertación, un 68%; la Cámara de Diputados, 63%; el Gobierno, 62%; el Senado, 61%; la Coalición por el Cambio y el Presidente Piñera, ambos con un 60% de reprobación. Curiosamente, el Poder Judicial no es evaluado en por Adimark, a pesar de ser una de las funciones primordiales del Estado.
A su vez, la encuesta Cerc destaca la baja confianza interpersonal (sólo 11% de los encuestados confía en las instituciones políticas), la mantención de las desigualdades (sólo el 12% cree que disminuye la distancia entre ricos y pobres) y la permanencia de la injusticia (sólo el 18% confía en el Poder Judicial). En el mismo sentido, el 78% piensa que Chile no está ganando la batalla contra las desigualdades.
Esto constituye un fértil caldo de cultivo para expresiones que incluso atenten contra la democracia, además de un duro golpe para toda la clase política, la que tendrá que comenzar a justificar -ya no sus privilegios- sino su existencia.
Por eso, las declaraciones del diputado Osvaldo Andrade no colaboran en nada a distender el clima político, además de mostrar una gran carencia de autocrítica: “el Presidente Piñera tiene mayor índice de desaprobación que Pinochet”. El ex ministro y actual presidente del PS tiene toda la razón, pero omite que también la Concertación, la Cámara de Diputados, el Gobierno y el Senado -y probablemente él mismo, si apareciera en la encuesta- superan al mandatario en índices de reprobación. Mucho más realista fue el tenor de los dichos del diputado PPD, Jorge Tarud, quién señaló: “la oposición TAMBIEN recibe un inmenso rechazo ciudadano”. El inicio de las luchas intestinas desatadas con motivo de la designación de candidatos para las próximas elecciones municipales, sólo acrecientan la desconfianza popular en la actual clase política.
Descartados el crecimiento económico -pareciera que la opinión pública no aprecia beneficios para ella-, la eficiencia en la gestión -hoy la peor ejecución presupuestaria en años- o el término a la corrupción -Kodama o La Polar demuestran lo contrario, a pesar de tratarse de privados- quizás este gobierno pudiera ser reconocido por la reforma educacional. Pero la decisión de trasladar la discusión sobre educación al Congreso, sólo posterga el problema -y lo deriva ante interlocutores menos legitimados aún-. Sea cual sea el resultado, será combustible para una eventual violencia social si la clase política no logra coordinarse para atenuar la presión ciudadana. Para el gobierno la resolución de la crisis educacional no será fácil. Ya existe un 63% de desaprobación en el segmento universitario (entre 18 y 24 años) y podría aumentar más, como el nivel del grupo etario entre 25 y 35 años: 71%.
La situación es grave ya que no se visualiza un interlocutor válido para negociar con el Gobierno. ¿Los dirigentes políticos? Ni siquiera representan a las bases de sus partidos. ¿Las asociaciones civiles? Aún no logran la fuerza necesaria. ¿Las organizaciones gremiales o sindicales? La falta de renovación de sus dirigentes también las inhabilita. La falta de representatividad -e incluso de legitimidad- de nuestra clase política la ha convertido en una figura decorativa, casi como algunas casas reales en los pocos países monárquicos que quedan.
Ante la extinción del discurso de la eficiencia, del término de la corrupción, de la modernización del Estado o de la reforma educacional, ¿cuál puede ser el nuevo eje del relato presidencial? Chile entero le estaría agradecido al Presidente Piñera por la implementación de las tantas veces anunciadas reformas políticas, pero aún pendientes: inscripción automática y voto voluntario, voto de chilenos residentes en el extranjero, fin del sistema binominal, primarias voluntarias y vinculantes en los partidos políticos, ley de regulación de lobby, iniciativa popular de ley, nueva ley de partidos políticos, elección directa de consejeros regionales, entre otras. La ciudadanía hace años que viene escuchando promesas, pero sin ver ningún resultado concreto.
Estas últimas encuestas justifican poner a las cúpulas partidistas -las que sistemáticamente se han negado a legislarlas durante años- entre la espada y la pared. ¡Pobre del político que estuviera en contra! A su vez, la sensación de renovación en las municipales del 2012 permitiría aflojar la tensión social, establecer los consensos necesarios para implementar las reformas estructurales prometidas… y pasar a la historia como el gobierno que rescató la política en nuestro país…
La opinión pública tomó la decisión irrevocable de expresar su malestar. Por las buenas o por las malas, con violencia o sin violencia, unidos o en forma individual, los ciudadanos comenzaron a expresar su rechazo a toda la clase política. Los índices de desaprobación fueron demoledores y superaron cualquier límite imaginable en la última Adimark: la Concertación, un 68%; la Cámara de Diputados, 63%; el Gobierno, 62%; el Senado, 61%; la Coalición por el Cambio y el Presidente Piñera, ambos con un 60% de reprobación. Curiosamente, el Poder Judicial no es evaluado en por Adimark, a pesar de ser una de las funciones primordiales del Estado.
A su vez, la encuesta Cerc destaca la baja confianza interpersonal (sólo 11% de los encuestados confía en las instituciones políticas), la mantención de las desigualdades (sólo el 12% cree que disminuye la distancia entre ricos y pobres) y la permanencia de la injusticia (sólo el 18% confía en el Poder Judicial). En el mismo sentido, el 78% piensa que Chile no está ganando la batalla contra las desigualdades.
Esto constituye un fértil caldo de cultivo para expresiones que incluso atenten contra la democracia, además de un duro golpe para toda la clase política, la que tendrá que comenzar a justificar -ya no sus privilegios- sino su existencia.
Por eso, las declaraciones del diputado Osvaldo Andrade no colaboran en nada a distender el clima político, además de mostrar una gran carencia de autocrítica: “el Presidente Piñera tiene mayor índice de desaprobación que Pinochet”. El ex ministro y actual presidente del PS tiene toda la razón, pero omite que también la Concertación, la Cámara de Diputados, el Gobierno y el Senado -y probablemente él mismo, si apareciera en la encuesta- superan al mandatario en índices de reprobación. Mucho más realista fue el tenor de los dichos del diputado PPD, Jorge Tarud, quién señaló: “la oposición TAMBIEN recibe un inmenso rechazo ciudadano”. El inicio de las luchas intestinas desatadas con motivo de la designación de candidatos para las próximas elecciones municipales, sólo acrecientan la desconfianza popular en la actual clase política.
Descartados el crecimiento económico -pareciera que la opinión pública no aprecia beneficios para ella-, la eficiencia en la gestión -hoy la peor ejecución presupuestaria en años- o el término a la corrupción -Kodama o La Polar demuestran lo contrario, a pesar de tratarse de privados- quizás este gobierno pudiera ser reconocido por la reforma educacional. Pero la decisión de trasladar la discusión sobre educación al Congreso, sólo posterga el problema -y lo deriva ante interlocutores menos legitimados aún-. Sea cual sea el resultado, será combustible para una eventual violencia social si la clase política no logra coordinarse para atenuar la presión ciudadana. Para el gobierno la resolución de la crisis educacional no será fácil. Ya existe un 63% de desaprobación en el segmento universitario (entre 18 y 24 años) y podría aumentar más, como el nivel del grupo etario entre 25 y 35 años: 71%.
La situación es grave ya que no se visualiza un interlocutor válido para negociar con el Gobierno. ¿Los dirigentes políticos? Ni siquiera representan a las bases de sus partidos. ¿Las asociaciones civiles? Aún no logran la fuerza necesaria. ¿Las organizaciones gremiales o sindicales? La falta de renovación de sus dirigentes también las inhabilita. La falta de representatividad -e incluso de legitimidad- de nuestra clase política la ha convertido en una figura decorativa, casi como algunas casas reales en los pocos países monárquicos que quedan.
Ante la extinción del discurso de la eficiencia, del término de la corrupción, de la modernización del Estado o de la reforma educacional, ¿cuál puede ser el nuevo eje del relato presidencial? Chile entero le estaría agradecido al Presidente Piñera por la implementación de las tantas veces anunciadas reformas políticas, pero aún pendientes: inscripción automática y voto voluntario, voto de chilenos residentes en el extranjero, fin del sistema binominal, primarias voluntarias y vinculantes en los partidos políticos, ley de regulación de lobby, iniciativa popular de ley, nueva ley de partidos políticos, elección directa de consejeros regionales, entre otras. La ciudadanía hace años que viene escuchando promesas, pero sin ver ningún resultado concreto.
Estas últimas encuestas justifican poner a las cúpulas partidistas -las que sistemáticamente se han negado a legislarlas durante años- entre la espada y la pared. ¡Pobre del político que estuviera en contra! A su vez, la sensación de renovación en las municipales del 2012 permitiría aflojar la tensión social, establecer los consensos necesarios para implementar las reformas estructurales prometidas… y pasar a la historia como el gobierno que rescató la política en nuestro país…
Columna publicada en La Tercera Online
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