La reciente renuncia de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, implica un importante cambio en los estándares del servicio público. Después de años en que los chilenos nos acostumbramos a que las responsabilidades políticas no se hicieran efectivas, la dimisión de la ex ministra remeció tanto las cúpulas partidistas como la opinión pública. De motu proprio, la ahora ex titular de dicha cartera asumió su responsabilidad política, entregando un “testimonio de integridad, de humildad y de corrección”.
De partida, porque ni siquiera esperó el informe de Contraloría sobre el acuerdo de pago por $ 17 mil millones. Tampoco se escudó en la tipificación de fraude al fisco como delito de resultado (artículo 239 del Código Penal), que exige un perjuicio para consumar la defraudación. No quiso destacar que Kodama tendría que demandar el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, dándole tiempo para anular la transacción. Y definitivamente renunció al certero análisis que hizo Tomás Mosciatti en CNN Chile, sosteniendo que la Concertación debía tener mucho cuidado, ya que una eventual acusación constitucional le podría salir el tiro por la culata.
Ante la frustrada superioridad moral que el gobierno intentó sostener hasta el caso Jacqueline Van Rysselberghe, se desató una vorágine de acusaciones mutuas sobre hechos cometidos en los gobiernos de Pinochet, de la Concertación y de Piñera, muchos de ellos todavía impunes, buscando empatar irregularidades de un bando con las del otro, convirtiéndolo todo en una operación de suma cero.
¿Quién sería capaz de ponerle fin a esta espiral? ¡Magdalena Matte!. La misma que cometió el grave error -¿asesorada por su abogado de confianza, Álvaro Baeza?-de firmar el Decreto Exento (detalles caso Minvu-Kodama, por Fernando Paulsen). La misma que, al percatarse de la gravedad del asunto, puso a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes del caso. La misma, que según declaraciones de su ex asesora legislativa, Carolina Arrau, sabía lo que firmaba cuando autorizó el pago a Kodama. La misma, que al ver el potencial flanco que abría al gobierno, optó por dar un paso al lado, a pesar del total apoyo que le entregaba su conglomerado. La misma, que una vez renunciada, ofreció su ayuda para continuar la investigación en los tribunales ordinarios, en la Contraloría y en la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Con todo esto, al asumir su responsabilidad política, puso en forma definitiva una lápida a la teoría del empate, poniendo fin a años de impunidad. Por esto, se requiere transparentar este caso, responsabilizando a quieres corresponda.
De alguna manera, la renuncia de la ex ministra Matte significó una intervención en los paradigmas de nuestra cultura política, elevando sus estándares. Hace un mes, el discurso de la nueva forma de gobernar quedó desvirtuado con la inicial ratificación presidencial de la entonces intendenta del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, con un alto y evitable costo político para el gobierno. La larga enumeración de irregularidades ocurridas en los gobiernos de la Concertación -intentando justificar la decisión presidencial- sólo sirvió para confirmarle a la ciudadanía la mantención de los mismos vicios políticos.
Por consiguiente, será necesario que se cumpla a cabalidad la declaración del Presidente Piñera: “investigar los hechos hasta las últimas consecuencias”, y que sea la justicia ordinaria quién declare la ilegitimidad del mencionado avenimiento, deje sin efecto el pago de los 17 mil millones a Kodama y castigue a los responsables de la operación. Ésta sería la mejor manera para demostrar el término de la tradicional impunidad en la administración pública. Por otra parte, también constituiría un hito comunicacional -que supliendo la tan mentada falta de relato de esta administración- consolidaría en forma definitiva la confirmación de una nueva forma de gobernar.
Las reacciones de apoyo fueron inmediatas y transversales. El propio ex Presidente Lagos declaraba que la ex ministra Matte “ha dado una lección”. El senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, destacaba su dignidad y sobriedad republicana. Incluso el senador Alejandro Navarro, que interpuso la denuncia en la Contraloría, señalaba:“ella siempre ha actuado de buena fe, ha cometido un error pero que siempre ha manifestado su voluntad a asumir su responsabilidad política”. Hasta las deudoras de Andha Chile -tan agresivas con la ex Presidenta Bachelet-se fueron a despedir al Minvu.
De que ocurren irregularidades, en todos los gobiernos ocurren. La diferencia está en cómo las autoridades reaccionan. Durante años, decenas de casos se acumularon sin que se hicieran efectivas las responsabilidades políticas: Chiledeportes, EFE, MOP-GATE, SII, Cerro Navia, CIMM, Comuna Segura, Gendarmería, Mineduc, Programas de empleo del Ministerio del Trabajo, MOP, PGE, Publicam, Registro Civil, SEC, Consejo de las Américas, Becas Valech, Conadi, Consejo de la Cultura, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Sename, Sercotec o la Universidad de Chile, entre muchos otros. Es más, en muchas oportunidades ni siquiera se asumieron las responsabilidades penales o administrativas.
Con el 69% de conocimiento y el 55% de aprobación en la última encuesta Adimark respecto a la saliente ministra, sería interesante que los próximos estudios de opinión la siguieran contemplando. Porque las circunstancias no dejan de recordarme a otra ex ministra, que también presentó su renuncia pero que no fue aceptada por el ex presidente Lagos. En este trance tan amargo, ¿nace una nueva Bachelet?
De partida, porque ni siquiera esperó el informe de Contraloría sobre el acuerdo de pago por $ 17 mil millones. Tampoco se escudó en la tipificación de fraude al fisco como delito de resultado (artículo 239 del Código Penal), que exige un perjuicio para consumar la defraudación. No quiso destacar que Kodama tendría que demandar el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, dándole tiempo para anular la transacción. Y definitivamente renunció al certero análisis que hizo Tomás Mosciatti en CNN Chile, sosteniendo que la Concertación debía tener mucho cuidado, ya que una eventual acusación constitucional le podría salir el tiro por la culata.
Ante la frustrada superioridad moral que el gobierno intentó sostener hasta el caso Jacqueline Van Rysselberghe, se desató una vorágine de acusaciones mutuas sobre hechos cometidos en los gobiernos de Pinochet, de la Concertación y de Piñera, muchos de ellos todavía impunes, buscando empatar irregularidades de un bando con las del otro, convirtiéndolo todo en una operación de suma cero.
¿Quién sería capaz de ponerle fin a esta espiral? ¡Magdalena Matte!. La misma que cometió el grave error -¿asesorada por su abogado de confianza, Álvaro Baeza?-de firmar el Decreto Exento (detalles caso Minvu-Kodama, por Fernando Paulsen). La misma que, al percatarse de la gravedad del asunto, puso a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes del caso. La misma, que según declaraciones de su ex asesora legislativa, Carolina Arrau, sabía lo que firmaba cuando autorizó el pago a Kodama. La misma, que al ver el potencial flanco que abría al gobierno, optó por dar un paso al lado, a pesar del total apoyo que le entregaba su conglomerado. La misma, que una vez renunciada, ofreció su ayuda para continuar la investigación en los tribunales ordinarios, en la Contraloría y en la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Con todo esto, al asumir su responsabilidad política, puso en forma definitiva una lápida a la teoría del empate, poniendo fin a años de impunidad. Por esto, se requiere transparentar este caso, responsabilizando a quieres corresponda.
De alguna manera, la renuncia de la ex ministra Matte significó una intervención en los paradigmas de nuestra cultura política, elevando sus estándares. Hace un mes, el discurso de la nueva forma de gobernar quedó desvirtuado con la inicial ratificación presidencial de la entonces intendenta del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, con un alto y evitable costo político para el gobierno. La larga enumeración de irregularidades ocurridas en los gobiernos de la Concertación -intentando justificar la decisión presidencial- sólo sirvió para confirmarle a la ciudadanía la mantención de los mismos vicios políticos.
Por consiguiente, será necesario que se cumpla a cabalidad la declaración del Presidente Piñera: “investigar los hechos hasta las últimas consecuencias”, y que sea la justicia ordinaria quién declare la ilegitimidad del mencionado avenimiento, deje sin efecto el pago de los 17 mil millones a Kodama y castigue a los responsables de la operación. Ésta sería la mejor manera para demostrar el término de la tradicional impunidad en la administración pública. Por otra parte, también constituiría un hito comunicacional -que supliendo la tan mentada falta de relato de esta administración- consolidaría en forma definitiva la confirmación de una nueva forma de gobernar.
Las reacciones de apoyo fueron inmediatas y transversales. El propio ex Presidente Lagos declaraba que la ex ministra Matte “ha dado una lección”. El senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, destacaba su dignidad y sobriedad republicana. Incluso el senador Alejandro Navarro, que interpuso la denuncia en la Contraloría, señalaba:“ella siempre ha actuado de buena fe, ha cometido un error pero que siempre ha manifestado su voluntad a asumir su responsabilidad política”. Hasta las deudoras de Andha Chile -tan agresivas con la ex Presidenta Bachelet-se fueron a despedir al Minvu.
De que ocurren irregularidades, en todos los gobiernos ocurren. La diferencia está en cómo las autoridades reaccionan. Durante años, decenas de casos se acumularon sin que se hicieran efectivas las responsabilidades políticas: Chiledeportes, EFE, MOP-GATE, SII, Cerro Navia, CIMM, Comuna Segura, Gendarmería, Mineduc, Programas de empleo del Ministerio del Trabajo, MOP, PGE, Publicam, Registro Civil, SEC, Consejo de las Américas, Becas Valech, Conadi, Consejo de la Cultura, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Sename, Sercotec o la Universidad de Chile, entre muchos otros. Es más, en muchas oportunidades ni siquiera se asumieron las responsabilidades penales o administrativas.
Con el 69% de conocimiento y el 55% de aprobación en la última encuesta Adimark respecto a la saliente ministra, sería interesante que los próximos estudios de opinión la siguieran contemplando. Porque las circunstancias no dejan de recordarme a otra ex ministra, que también presentó su renuncia pero que no fue aceptada por el ex presidente Lagos. En este trance tan amargo, ¿nace una nueva Bachelet?
Columna publicada en La Tercera Online
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