La última encuesta Adimark no sólo mide la evaluación ciudadana de la gestión del Gobierno, sino también la de otras instituciones: Congreso y conglomerados políticos. Sin embargo, la atención de la opinión pública se centra ahora principalmente en la nueva administración, relegando por mientras a un segundo plano la medición de la actividad legislativa.
En la muestra -tomada entre los días 7 y 26 de mayo-, la Cámara de Diputados obtuvo un exiguo 34% de aprobación (sólo uno de cada tres encuestados), en contraste con el 49% de desaprobación, reflejando un fuerte deterioro de su imagen ante la ciudadanía, en comparación a la medición de abril (43% aprobación y 37% desaprobación). Aunque a primera vista se podría atribuir la pérdida de capital reputacional al altercado que tuvo el ministro Hinzpeter en la Cámara -y que le costó igualmente bajar 10 puntos en su aprobación-, los números reflejan una tendencia más preocupante. Esto se confirma en el caso del Senado -que no estuvo sujeto a polémica alguna-, ya que su aprobación también bajó de 44 a 42% y la desaprobación aumentó de 33 a 41%.
Por otra parte, el reciente estudio del Centro de Estudios y Análisis de Gestión Pública de la Universidad Mayor confirma la baja reputación que goza el Congreso. Con un levantamiento de información hecho entre los días 3 y 10 de mayo, se concluye que existe un profundo desconocimiento del trabajo parlamentario y de los resultados que éste entrega.
La encuesta establece que las dos principales labores parlamentarias son (en una escala de 1 a 5): elaborar proyectos de ley (4,21) y luego fiscalizar al gobierno (4.18). Sin embargo, cuando se les pregunta las principales razones de su voto, se destaca en un claro primer lugar “por el trabajo en su comuna (38,0%)”, seguido a distancia “por el partido político donde milita (24,3%)” y en un lejano tercer lugar, “por su trabajo legislativo (14,7%)”.
En el mismo sentido, la gran mayoría de los encuestados (entre 60 y 72%) declara no saber cómo votó su parlamentario en ciertas leyes relevantes: Ley General de Educación, Píldora del Día Después, Reforma Previsional y Financiamiento del Transantiago. Pero cerca del 56% señala que el haber conocido cómo votó su parlamentario en esas leyes, habría afectado su voto en la última elección parlamentaria.
En consecuencia, con la aparición de nuevas organizaciones civiles, con mayor información y mejor análisis de las votaciones de diputados y senadores y una mayor fiscalización ciudadana, la fragilidad del voto aumentará cada vez más. La implementación de la inscripción automática y del voto voluntario también significará un importante cambio en las elecciones parlamentarias.
Aún más, la evidente tensión entre la labor legislativa y el trabajo en terreno ya afecta la evaluación de la actividad parlamentaria, generando en definitiva una baja reputación ante la opinión pública. Los ciudadanos saben que en teoría la función principal es legislativa y fiscalizadora, -y es de acuerdo a eso que evalúan-. Pero, al momento de votar privilegian el trabajo por sus comunas, distritos o circunscripciones. Es así que el índice de confianza que existe hacia nuestro Congreso (26,68%) es menos de la mitad del que existe en los países de América Latina y el Caribe (53,36%).
El estudio también establece un bajo Índice de Efectividad Legislativa Parlamentaria (IELP), entendiéndola como la capacidad de cada parlamentario de convertir en ley los proyectos que presenta. Se detecta una importante baja en la productividad legislativa, en especial en los últimos años. Es así que durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, de las 1.701 mociones parlamentarias presentadas, sólo 50 se convirtieron en leyes. Esto puede hacer pensar a la ciudadanía que senadores y diputados tienden a privilegiar su labor ante la prensa, descuidando el de las sesiones de trabajo en comisiones y salas.
Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/baja_aprobaci%C3%B3n_parlamentaria
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