Una inédita polémica se abre con un nuevo cable filtrado por Wikileaks y publicado por Ciper Chile, que involucra directamente al gobierno de la ex Presidenta Bachelet en la aprobación de la central Campiche -proyecto de AES Gener-en la Región de Valparaíso. Dicho documento da cuenta de un fuerte lobby para cambiar la normativa que entonces impidió su construcción, vulnerando todo el discurso y la legislación medioambiental de la mandataria.
Cabe recordar que en junio 2009, la Corte Suprema falló en contra de la autorización dada por la Corema de Valparaíso -por no considerar el tipo de uso del suelo-, confirmando el fallo de la Corte de Apelaciones. Antes, en diciembre 2008, la Contraloría también había rechazado la construcción de la central por considerarla Zona de Restricción Primaria.
Ante esta decisión judicial, el lobby de AES Gener comenzó rápidamente y tuvo como objetivo modificar la normativa vigente, de manera de lograr la aprobación de la central. Para esto, según lo informan cables filtrados por Wikileaks, el entonces embajador de EE.UU., Paul Simons, se contactó con autoridades del gobierno de la ex Presidenta Bachelet: Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior; Marcelo Tokman, ministro de Energía; Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo; Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente ; Álvaro Sapag, director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Jorge Castro, alcalde de Valparaíso y Marcos Robledo, asesor internacional de la mandataria. La ex Presidenta Bachelet habría encargado a la ministra Poblete la resolución del conflicto, quién le habría señalado al embajador norteamericano que “el gobierno solucionaría la situación, recurriendo a un decreto ejecutivo de ser necesario”.
Dicho y hecho, el 31 de diciembre de 2009 el ministerio de Vivienda y Urbanismo dictó el decreto N° 68, que modificó el Plano Regulador de Valparaíso, removiendo el obstáculo que impedía la construcción de la central en un área declarada verde. Sólo 15 días después, Empresa Eléctrica Campiche S.A. y AES Gener S.A. solicitaban a la Comisión Regional del Medio Ambiente aprobar en forma definitiva el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Central Termoeléctrica Campiche”, en base al cambio del Plano Regulador.
Ante los reclamos de la población afectada, en julio de 2010 se conformó en la Cámara de Diputados una comisión especial para la investigación de resoluciones Coremas sobre proyectos energéticos, presidida por el diputado Eugenio Bauer (UDI). Después del transcurso de ocho meses, la comisión todavía no vota una resolución, pero encontrándose presentado el informe final. Por lo mismo, sorprende que el diputado Alfonso de Urresti (PS) -miembro de la comisión investigadora desde su inicio- recién ahora pida la reapertura de la investigación para citar a ex y actuales ministros.
Por otra parte, el año 2009, al terminarse el gobierno de Michelle Bachelet, AES Gener decidió ocupar los servicios del estudio jurídico Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del que era socio en ese entonces el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. De la misma manera, contrató a la empresa lobbista Azerta, de Cristina Bitar, formando el mismo tándem que también logró la aprobación de la central termoeléctrica Castilla.
Estas situaciones descritas en los cables enviados por el embajador estadounidense, Paul Simons, hacen definitivamente perder la confianza en la clase política: evidencian que intereses particulares pueden primar por sobre los colectivos. Por esto, la ciudadanía -en especial los habitantes de Puchuncaví- requiere una explicación de la ex mandataria y espera que las instituciones sean capaces de determinar las formas en que los principios ecológicos fueron violentados y vulnerados.
Por otra parte, la participación del ministro Hinzpeter en muchas decisiones ambientales le crea grandes conflictos de interés con su ex estudio jurídico. De partida, son ya demasiados los rumores sobre presiones a las comisiones de medio ambiente, en especial en estos últimos meses. El que el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, haya sido desde 2002 hasta 2011 el gerente general de Eléctrica Guacolda, filial de AES Gener, tampoco contribuye a transparentar la imagen de la clase política. Esto sólo refuerza los permanentes peligros de la ya famosa puerta giratoria entre gobierno y sector privado, tema al que la clase política se ha negado sistemáticamente a legislar -al igual que la regulación del lobby-.
Las acusaciones hasta ahora se han dirigido en contra de Concejos Municipales, Comisiones Regionales del Medio Ambientes, ex y actuales ministros e incluso hasta la ex mandataria. Tal como señala Tomás Mosciatti en CNN Chile, “el tono maternal de Michelle Bachelet me parece ahora falso y peligroso”. Nos hace recordar que en política, los discursos suelen no concordar con la realidad, como quedó demostrado hace tan poco con la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe. Este actuar tan permanente y sistemático obliga a la ciudadanía a estar más vigilante que nunca. Los resultados de la última encuesta Adimark reflejan los bajos índices de aprobación que vive la clase política: 42% del Presidente, 40% del Gobierno, 33% de la Coalición por el Cambio, 27% de la Concertación, 33% el Senado y 27% la Cámara de Diputados. Pero además de desprestigiar la política, estos lamentables hechos también derrumban en forma definitiva cualquier pretensión de superioridad moral de ambos bandos.
Cabe recordar que en junio 2009, la Corte Suprema falló en contra de la autorización dada por la Corema de Valparaíso -por no considerar el tipo de uso del suelo-, confirmando el fallo de la Corte de Apelaciones. Antes, en diciembre 2008, la Contraloría también había rechazado la construcción de la central por considerarla Zona de Restricción Primaria.
Ante esta decisión judicial, el lobby de AES Gener comenzó rápidamente y tuvo como objetivo modificar la normativa vigente, de manera de lograr la aprobación de la central. Para esto, según lo informan cables filtrados por Wikileaks, el entonces embajador de EE.UU., Paul Simons, se contactó con autoridades del gobierno de la ex Presidenta Bachelet: Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior; Marcelo Tokman, ministro de Energía; Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo; Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente ; Álvaro Sapag, director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Jorge Castro, alcalde de Valparaíso y Marcos Robledo, asesor internacional de la mandataria. La ex Presidenta Bachelet habría encargado a la ministra Poblete la resolución del conflicto, quién le habría señalado al embajador norteamericano que “el gobierno solucionaría la situación, recurriendo a un decreto ejecutivo de ser necesario”.
Dicho y hecho, el 31 de diciembre de 2009 el ministerio de Vivienda y Urbanismo dictó el decreto N° 68, que modificó el Plano Regulador de Valparaíso, removiendo el obstáculo que impedía la construcción de la central en un área declarada verde. Sólo 15 días después, Empresa Eléctrica Campiche S.A. y AES Gener S.A. solicitaban a la Comisión Regional del Medio Ambiente aprobar en forma definitiva el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Central Termoeléctrica Campiche”, en base al cambio del Plano Regulador.
Ante los reclamos de la población afectada, en julio de 2010 se conformó en la Cámara de Diputados una comisión especial para la investigación de resoluciones Coremas sobre proyectos energéticos, presidida por el diputado Eugenio Bauer (UDI). Después del transcurso de ocho meses, la comisión todavía no vota una resolución, pero encontrándose presentado el informe final. Por lo mismo, sorprende que el diputado Alfonso de Urresti (PS) -miembro de la comisión investigadora desde su inicio- recién ahora pida la reapertura de la investigación para citar a ex y actuales ministros.
Por otra parte, el año 2009, al terminarse el gobierno de Michelle Bachelet, AES Gener decidió ocupar los servicios del estudio jurídico Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del que era socio en ese entonces el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. De la misma manera, contrató a la empresa lobbista Azerta, de Cristina Bitar, formando el mismo tándem que también logró la aprobación de la central termoeléctrica Castilla.
Estas situaciones descritas en los cables enviados por el embajador estadounidense, Paul Simons, hacen definitivamente perder la confianza en la clase política: evidencian que intereses particulares pueden primar por sobre los colectivos. Por esto, la ciudadanía -en especial los habitantes de Puchuncaví- requiere una explicación de la ex mandataria y espera que las instituciones sean capaces de determinar las formas en que los principios ecológicos fueron violentados y vulnerados.
Por otra parte, la participación del ministro Hinzpeter en muchas decisiones ambientales le crea grandes conflictos de interés con su ex estudio jurídico. De partida, son ya demasiados los rumores sobre presiones a las comisiones de medio ambiente, en especial en estos últimos meses. El que el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, haya sido desde 2002 hasta 2011 el gerente general de Eléctrica Guacolda, filial de AES Gener, tampoco contribuye a transparentar la imagen de la clase política. Esto sólo refuerza los permanentes peligros de la ya famosa puerta giratoria entre gobierno y sector privado, tema al que la clase política se ha negado sistemáticamente a legislar -al igual que la regulación del lobby-.
Las acusaciones hasta ahora se han dirigido en contra de Concejos Municipales, Comisiones Regionales del Medio Ambientes, ex y actuales ministros e incluso hasta la ex mandataria. Tal como señala Tomás Mosciatti en CNN Chile, “el tono maternal de Michelle Bachelet me parece ahora falso y peligroso”. Nos hace recordar que en política, los discursos suelen no concordar con la realidad, como quedó demostrado hace tan poco con la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe. Este actuar tan permanente y sistemático obliga a la ciudadanía a estar más vigilante que nunca. Los resultados de la última encuesta Adimark reflejan los bajos índices de aprobación que vive la clase política: 42% del Presidente, 40% del Gobierno, 33% de la Coalición por el Cambio, 27% de la Concertación, 33% el Senado y 27% la Cámara de Diputados. Pero además de desprestigiar la política, estos lamentables hechos también derrumban en forma definitiva cualquier pretensión de superioridad moral de ambos bandos.
Columna publicada en La Tercera Online
No hay comentarios:
Publicar un comentario