La inminente votación sobre la constitución de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por una supuesta intervención presidencial en las elecciones de la ANFP, se convertirá en un dolor de cabeza para el área comunicacional del Gobierno. Más aún, si desde el primer momento la política comunicacional del Gobierno fue errática, desconociendo por completo las reglas básicas de la carga probatoria ante la opinión pública.
A pesar de que ésta en tribunales corresponde a quién plantea la acusación, la defensa en la esfera pública se rige por otras normas. En especial, si la estrategia de la Concertación -además de aprovechar un flanco ofrecido en bandeja y abierto por el propio Presidente al mantener sus acciones de Colo Colo-, se centra más en lograr verosimilitud que en descubrir la verdad de los hechos. Amparadas en antecedentes que contribuyen a crear dudas razonables acerca de los medios utilizados por el Presidente para lograr resultados, las acusaciones sólo debieron enfocarse en demostrar motivaciones plausibles para ser creíbles -y no en acciones concretas-, traspasando al imputado la carga probatoria ante la opinión pública.
Es por esto que mientras más se vea fortalecida la reputación de efectividad del Presidente, más vulnerable será a la creación de enfoques, encuadres o framings por parte de sus detractores: “el todo vale” o “el fin justifica los medios” ya está instalado. Aún más, desligada la Concertación del peso de la gestión, ésta podrá concentrarse en su principal fortaleza: la comunicación, colocando al Gobierno en una situación de desventaja al tener que combinarla con gestión. De hecho, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la oposición se han tensado ostensiblemente, ante la atenta mirada de la ciudadanía, la que tiende a castigar estas confrontaciones.
Hasta ahora, ni las declaraciones del periodista Felipe Bianchi, ni las del columnista Hermógenes Pérez de Arce ni las de los parlamentarios Soledad Alvear y Pepe Auth han sido confirmadas por terceros. Sin embargo, existen precedentes de anteriores acciones del Presidente, que entregan credibilidad a la tesis de la intervención gubernamental en las elecciones de la ANFP: la cuestionada infracción a la prohibición de compra de acciones de Lan con información privilegiada, el llamado para cancelar la construcción de la termoeléctrica de Barrancones, el ya casi olvidado Piñera Gate o la tardía venta del director de ChileDeportes de sus acciones de Colo Colo al consuegro del Jefe de Estado. A esto se suma el público distanciamiento con Marcelo Bielsa y Harold Mayne-Nicholls, al que se expuso gratuitamente el Presidente Piñera. Además, el coincidente -e inoportuno- anuncio de la remodelación de los estadios Sausalito y Playa Ancha perfectamente podría interpretarse como una compensación a los votos de Everton y Santiago Wanderers en las elecciones de la ANFP.
A pesar de que ésta en tribunales corresponde a quién plantea la acusación, la defensa en la esfera pública se rige por otras normas. En especial, si la estrategia de la Concertación -además de aprovechar un flanco ofrecido en bandeja y abierto por el propio Presidente al mantener sus acciones de Colo Colo-, se centra más en lograr verosimilitud que en descubrir la verdad de los hechos. Amparadas en antecedentes que contribuyen a crear dudas razonables acerca de los medios utilizados por el Presidente para lograr resultados, las acusaciones sólo debieron enfocarse en demostrar motivaciones plausibles para ser creíbles -y no en acciones concretas-, traspasando al imputado la carga probatoria ante la opinión pública.
Es por esto que mientras más se vea fortalecida la reputación de efectividad del Presidente, más vulnerable será a la creación de enfoques, encuadres o framings por parte de sus detractores: “el todo vale” o “el fin justifica los medios” ya está instalado. Aún más, desligada la Concertación del peso de la gestión, ésta podrá concentrarse en su principal fortaleza: la comunicación, colocando al Gobierno en una situación de desventaja al tener que combinarla con gestión. De hecho, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la oposición se han tensado ostensiblemente, ante la atenta mirada de la ciudadanía, la que tiende a castigar estas confrontaciones.
Hasta ahora, ni las declaraciones del periodista Felipe Bianchi, ni las del columnista Hermógenes Pérez de Arce ni las de los parlamentarios Soledad Alvear y Pepe Auth han sido confirmadas por terceros. Sin embargo, existen precedentes de anteriores acciones del Presidente, que entregan credibilidad a la tesis de la intervención gubernamental en las elecciones de la ANFP: la cuestionada infracción a la prohibición de compra de acciones de Lan con información privilegiada, el llamado para cancelar la construcción de la termoeléctrica de Barrancones, el ya casi olvidado Piñera Gate o la tardía venta del director de ChileDeportes de sus acciones de Colo Colo al consuegro del Jefe de Estado. A esto se suma el público distanciamiento con Marcelo Bielsa y Harold Mayne-Nicholls, al que se expuso gratuitamente el Presidente Piñera. Además, el coincidente -e inoportuno- anuncio de la remodelación de los estadios Sausalito y Playa Ancha perfectamente podría interpretarse como una compensación a los votos de Everton y Santiago Wanderers en las elecciones de la ANFP.
Como consecuencia, ni siquiera existe unanimidad dentro de la Alianza respecto a la conveniencia de esta comisión investigadora. Desde ya, el anuncio de diputados RN de apoyarla para aclarar las supuestas imputaciones, aumenta las probabilidades de la indagación. Por otra parte, la UDI ya adelantó su rechazo a su constitución, aduciendo la falta de fundamentos y pruebas. Sin embargo, independiente del efecto del resultado procesal de la comisión, resulta innegable que también existirá un impacto comunicacional respecto a la imagen del Presidente.
No obstante, desde el principio la estrategia comunicacional del gobierno fue reactiva. Fuimos muchos quienes advertimos que en algún momento el Presidente Piñera se vería enfrentado a un conflicto de intereses. Y así ocurrió: el inflamable ambiente futbolístico -caracterizado por un ADN pasional- prendió fuego de inmediato al entremezclarse con la política, haciendo peligrar de inmediato varios puntos de aprobación presidencial. Esta situación podría durar todo el tiempo que tome el proceso clasificatorio de nuestra selección nacional.
Además, el próximo partido de la selección con Uruguay -y despedida de Marcelo Bielsa-reinstalará el tema ante la opinión pública, agravando la innecesaria y evitable pérdida de capital político del Primer Mandatario. La celebración del centenario de la selección podría convertirse en una manifestación ciudadana más fuerte que la de Barrancones, pero ahora presencial y ante hechos irreversibles. La potencial inhabilidad del electo presidente de la ANFP, José Segovia, tampoco ayuda a agotar el tema y dar vuelta la página.
Resulta irónico que, después de todo el tiempo, dinero y esfuerzo invertido en el fútbol por el Presidente Piñera para captar simpatías de la ciudadanía, sea precisamente este deporte el que le reste valiosos puntos de aprobación ciudadana.
Instalada la duda, cualquier resultado de la comisión investigadora -condene, absuelva o no se constituya-perjudicará el capital político del Presidente Piñera. Más aún, si tal como señaló el senador Hernán Larraín en el programa “Estado Nacional” de TVN, al referirse a un tema de cultura política: la Alianza es buena para poner huevos, pero no sabe cacarear…
Columna publicada en La Tercera Online
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