Impunidad a todo evento

Sorpresa e indignación causó en la ciudadanía la decisión de la ministra Provoste de no destituir al Seremi Traverso. La suspensión por dos meses resulta irrisoria ante la investigación de la Contraloría por un “desorden administrativo” de $ 262 mil millones. Este castigo contrasta con las grandilocuentes declaraciones iniciales de la ministra, quién, antes de salir de vacaciones, afirmaba enfáticamente que perseguiría a los culpables. ¿Culpables de qué? ¿Responsabilidades políticas, administrativas, civiles o sólo penales?

Se consolida así un precedente de impunidad, al desatender recomendaciones del organismo contralor y contradecir recientes declaraciones de la Presidenta de que “con el dinero de los chilenos no se juega.”

Al no estar terminada la investigación de la Contraloría, resulta prematuro definir si hubo culpa o dolo en la gestión del Seremi. Sin embargo, en materias civiles el artículo 44 Nº 1 del Código Civil establece que la culpa grave se asimila al dolo. Esto, y el permitir este escándalo sin haber podido todavía demostrar a la opinión pública la correcta administración de las subvenciones, bastaría para determinar la responsabilidad política de Traverso.

Con la sanción impuesta en este caso, el chileno común y corriente comprueba que funcionarios públicos –especialmente los ligados a partidos políticos- acceden a altos cargos de la administración estatal, negociando dentro de sus condiciones laborales una cláusula de impunidad a todo evento.



Carta publicada en La Tercera el 1° de Marzo y en Diario Financiero el 3 de Marzo de 2008.