Loable resulta la iniciativa de la Presidenta Bachelet de incluir en el nuevo instructivo sobre probidad la exigencia de registrar las reuniones entre autoridades y lobbystas, de manera de transparentar la acción pública y prevenir irregularidades. Con esto, se pretende publicitar y transparentar reuniones y puntos acordados con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sin embargo, al no estar definido el concepto de lobby en nuestra legislación, esta disposición se hace imposible de aplicar y fiscalizar en la práctica. En efecto, somos pocos los que declaramos hacer lobby, ya que la gran mayoría de los lobbystas camufla sus acciones bajo otras figuras.
Ya en noviembre del año 2003, como consecuencia de una de las tantas agendas de probidad, se ingresó al Congreso un proyecto de ley que regulaba el lobby. Este proyecto entrega una definición del lobby, y establece la obligatoriedad de un registro de lobbystas, dos requisitos esenciales para el cumplimiento del instructivo de la Presidenta. A pesar del tiempo transcurrido, de todos los hechos de corrupción descubiertos, de las declaraciones de repudio de dos gobiernos sucesivos, de las múltiples manifestaciones de rechazo de políticos de ambos sectores, ese proyecto aún no se convierte en ley.
Quizás porque en el lobby no intervienen mandos medios que pudieran servir como fusibles políticos, la promulgación de esta ley se ha visto demorada y entorpecida en forma inexplicable.
Mientras tanto, sigamos jugando en el bosque.
ANDRES JIRON SANTANDREU
Abogado MBA
Carta publicada en La Nación el 28 de Enero, y en El Mercurio y en La Tercera el 30 de Enero de 2007.
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