“Me enceguecí, me embriagué del afán de servir más y más”, fue la sentida declaración del diputado Errázuriz al renunciar a su tienda política. En su cuarto período legislativo consecutivo (desde1998), el ahora ex RN fue denunciado en un reportaje de La Nación por las graves irregularidades en los contratos de arriendo de sus sedes distritales.
No es el único parlamentario sorprendido trastabillando en el último tiempo, producto de esta “excesiva “vocación de servicio público. Hace pocos días, la Comisión de Ética de la Cámara Baja amonestó al diputado UDI Julio Dittborn (tercer período legislativo consecutivo), por no consultar previamente su peculiar sistema de arrendar casas particulares como sedes parlamentarias, sin instalar la señalética correspondiente.
La investigación que realiza el fiscal de la Quinta Región a la diputada Claudia Nogueira por el pago a asesores que luego le reintegraban los fondos, también demuestra un absoluto relajo en la entrega de los dineros de las asignaciones. Se concluye además la urgencia de una exhaustiva revisión a todos los contratos de asesorías y arriendo de sedes parlamentarias, tanto a diputados de gobierno como de la oposición.
La categórica respuesta corporativa, en el sentido de que el trabajo legislativo consiste en dictar leyes y que el programa mostró verdades a medias, desvió la discusión hacia el omitido tema de los conflictos de interés de los parlamentarios. De partida, todo proyecto que signifique un empoderamiento ciudadano, ha sido sistemáticamente postergado: reforma constitucional sobre la transparencia y calidad de la política, reforma del sistema binominal, límites a las reelecciones, agenda de modernización del Estado, regulación del lobby, fideicomiso ciego sin nombre ni apellido, entre otros, proyectos legislativos presentes en innumerables discursos, pero todavía sin concretarse. La excepción que confirma la regla fue la Ley de Acceso a la Información Pública, recientemente aprobada, y que elevó los estándares de transparencia.
El año pasado también fue polémico para el Congreso por el uso (en asesores legislativos adicionales) de los más de $ 1.000 millones liberados con la supresión de senadores designados y vitalicios. Igualmente controvertida fue la decisión de aumentar en $ 100.000 la asignación mensual para combustibles para cada parlamentario, finalmente dejada sin efecto.
La necesidad de mecanismos de rendición de cuentas más eficaces, más transparencia y mayor competencia, crece cada vez más. Con un mercado cautivo -obligado por ley a votar-, el predominio del duopolio político se evidencia en los períodos de (re)elecciones parlamentarias.
El sistema binominal quizás se justificó en una etapa inicial, después del retorno a la democracia. Pero en la medida que ésta se fue consolidando, se transformó en una barrera de entrada, que en forma artificial dificultó la renovación política. Los diputados y senadores en ejercicio asumieron sus cargos como un derecho adquirido, para optar la mayoría de las veces por la reelección durante varios períodos parlamentarios seguidos. Una vez más, los reemplazantes de los diputados Errázuriz y Enríquez-Ominami serán designados por las cúpulas partidistas, eludiendo cualquier participación de las bases partidarias o de los electores.
Incluso el primer senador independiente, Carlos Bianchi, actual Vicepresidente de la Cámara de Diputados, escribió hace un par de meses atrás sobre la colusión política de los dos principales conglomerados, responsabilizando al sistema binominal y la falta de mecanismos democráticos dentro de los partidos.
Por otra parte, los ciudadanos debiéramos premiar o sancionar a los parlamentarios salientes, a través de su reelección o reemplazo. Pero la inexistencia de primarias o de algún otro mecanismo democrático dentro de cada partido y coalición, nos hace imposible ejercer este control ciudadano, salvo a través de un ineficaz voto nulo. Inevitable fue el duro diagnóstico de la percepción ciudadana del Congreso, realizado el año pasado a través del estudio de imagen efectuado por Tironi y Asociados y de la encuesta CERC, en que sólo el 18% de los encuestados señaló tener mucha o bastante confianza en el Congreso.
Hasta ahora, el voto obligatorio disimuló la inexistencia de mecanismos democráticos dentro de los partidos. Pero la inminencia del voto voluntario hará disminuir en estas elecciones el temor a una eventual sanción por no sufragar, instalando por primera vez una nueva dimensión a evaluar: la representatividad de los parlamentarios.
