El rechazo de la última oferta del gobierno complejiza aún más la difícil situación en que se encuentra el conflicto mapuche. Contrasta el manejo gubernamental de esta crisis, provocada por 34 comuneros en huelga de hambre en las regiones del Bío Bío y de la Araucanía, con la conducción del rescate vivido por 33 mineros accidentados en la Región de Atacama. Esto confirma que el principal activo del Gobierno está en la gestión y no en las comunicaciones.

¿Dónde está “el Golborne” de la huelga de hambre mapuche? ¿Quién asume la responsabilidad –política, operativa y comunicacional, tal como lo hizo el ministro de Minería – del resultado de esta operación? ¿El Presidente Piñera; el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet; el ministro de Planificación, Felipe Kast o la jefa de asesores de La Moneda, María Luisa Brahm? ¿O ninguno, como en estos últimos 20 años?

Jorge Navarrete señala en una columna sobre el conflicto indígena, Mala memoria y poca vergüenza, “el rotundo fracaso de una política pública, que lejos de contribuir a la solución del problema, lo perpetuó -cuando no agudizó- durante las dos décadas que estuvimos en el gobierno”. Sin embargo, al menos las potentes maquinarias comunicacionales de La Moneda siempre fueron capaces de apagar los conflictos provocados por grupos de mapuches: intervención de La Moneda en conflicto de Mininco(2000); reacciones a la muerte de Matías Catrileo (2008) o actos de violencia que motivaron el nombramiento de José Antonio Viera Gallo como ministro coordinador de temáticas indígenas (2009). De alguna manera, los gobiernos de la Concertación siempre pudieron contener comunicacionalmente lo que no podían solucionar por gestión, postergando y aplazando la resolución del conflicto.

En este caso, la situación ha sido a la inversa. La extraordinaria capacidad de gestión -demostrada por el ministro Golborne en el rescate minero -no ha se ha visto en esta crisis. Esta huelga de hambre logró hacerse cada día más urgente, compleja y con una mayor adhesión ciudadana.

Inicialmente, la estrategia gubernamental fue ignorar el conflicto, rechazando el diálogo: “el el gobierno no negocia bajo presión”. Pero, cerca del Bicentenario, la huelga de hambre se convirtió en una amenaza que podía aguar la fiesta. Incluso dañar la imagen externa, ya que en un planificado viaje a EE.UU, el mandatario participaría en la Asamblea General de la ONU: abogaría por que Chile se mantuviera en el Consejo de Derechos Humanos. Por eso, el anuncio del Presidente Piñera de conformar una mesa de diálogo para tratar el tema mapuche, hizo pensar a nivel internacional que también se incluiría la situación de los huelguistas. Fue Felipe Kast, ministro de Planificación, quién aclaró que se trabajaría en dos frentes paralelos (la instalación de la mesa de diálogo en Cerro Ñielol ya concluyó sin ningún acuerdo concreto).

La extensa duración de la protesta, la instalación en la agenda pública de la problemática de pueblos originarios, la alta visibilidad internacional y la necesidad de incorporar otros interlocutores –Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial e Iglesias católica, evangélica y anglicana- demostraron la incapacidad gubernamental de controlar y desescalar la crisis.

Por el contrario, la gestión comunicacional mapuche ha sido excepcional. Hacer coincidir – ¿fortuito?- el período más álgido con la fiesta del Bicentenario, fue un gran acierto comunicacional. En 1981, Bobby Sands murió en Irlanda del Norte a los 27 años, después de 66 días de huelga de hambre. En 2007, en Chile, Patricia Troncoso Robles, conocida como La Chepa, puso fin a su huelga de hambre después de 112 días de ayuno. En consecuencia, la fase crítica de una huelga comenzada el 12 de julio probablemente coincidiría con nuestro aniversario patrio, empañando la celebración tan esperada.

Aún más, una semana antes de Fiestas Patrias, el desalojo de cuatro diputados de oposición dio la visibilidad necesaria. Luego la designación de voceros, en especial de Natividad Llanquileo, y el envío de una carta a Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas, confirmaron la profesionalización comunicacional del grupo de presión.

Actualmente, la estrategia del Ejecutivo intenta establecer la responsabilidad de los comuneros. En San Francisco, EE.UU, el Jefe de Estado calificó de “intransigente” la actitud de los huelguistas. “El Gobierno ha hecho todo lo posible. Ha buscado todos los caminos del diálogo, del entendimiento y de la acción. Y desgraciadamente todos estos pasos y gestos de parte del gobierno no han tenido una respuesta fecunda de parte de los comuneros en huelga. Más bien ha sido una actitud muy intransigente”.

Mientras el conflicto no se estabilice, será imposible acordar una solución para esta apremiante crisis. Según el Arzobispo Ezzati, las peticiones de los huelguistas son claras: fin al doble enjuiciamiento, al uso de testigos protegidos y que los comuneros no sean procesados por la Ley Antiterrorista. Sin embargo, falta quién logre articular los intereses involucrados y preparar al gobierno en los costos que necesariamente tendrá que pagar, independiente de la forma en que termine la huelga. Peor aún, mientras ésta no se termine, será imposible comenzar el verdadero debate sobre la situación del pueblo mapuche.

Columna publicada en La Tercera Online

Conflicto de intereses en el Tatio

Este lunes venció el nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. La iniciativa fue ingresada en julio de 2008 y fue votada por unanimidad por la Cámara de Diputados en mayo de este año. Actualmente se encuentra en el segundo trámite constitucional, aprobada en general por el Senado y con más de 1100 indicaciones ingresadas hasta la semana pasada.

De acuerdo a lo señalado por el senador Pablo Longueira, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, se buscará un acuerdo político en base a tres ideas: la creación de tribunales especiales en materia medioambiental, la existencia de un servicio de parques de biodiversidad e introducir algunos cambios institucionales.

Esta iniciativa legal coincide con la crisis de los géiseres del Tatio en la Región de Antofagasta, recientemente controlada después de casi un mes. En este episodio, quedaron en evidencia graves problemas en el empoderamiento y respaldo técnico de los organismos regionales que dependen del Gobierno Central, dificultándose la evaluación de proyectos complejos.

No menos importante es el conflicto de intereses para el Estado, en su calidad de regulador del medio ambiente (Conama, Corema de Antofagasta), de emprendedor energético (Enap y Codelco) y de defensor del Estado de Chile (Consejo de Defensa del Estado). A esto se agrega la fiscalización del Senado y de la Cámara de Diputados, a través de sus comisiones permanentes. También está la participación ciudadana, la que en este caso no fue escuchada.

El 9 de septiembre, la empresa Geotérmica del Norte (GDN) provocó una fumarola de más de 60 metros de altura por una perforación en uno de los pozos de reinyección en la zona de Quebrada Zoquete, en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. El proyecto estaba aprobado por resolución de la Corema de Antofagasta y contaba con el beneplácito del Ministerio de Minería, el que calificó de exitoso el proceso de licitación de las concesiones de exploración geotérmica. Entre las nueve empresas participantes se encontraba la Empresa Nacional de Geotermia, consorcio conformado por la italiana Enel (51%), Enap (44%) y Codelco (5%), controlador de Geotérmica del Norte.

A mediados de agosto, la Comisión de Medio Ambiente del Senado había escuchado a las partes interesadas. En esa oportunidad, expusieron los ministros de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte y de Energía, Marcelo Tokman; el director del Servicio Nacional de Turismo, Oscar Santelices, los representantes de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, los ejecutivos de la Empresa Nacional de Geotermia (ENG), los dirigentes de la Comunidad Atacameña de Caspana, de la Conadi de San Pedro de Atacama y de la Asociación Turística y Medio Ambiental (ATIMA).
Ahora, después que la Corema de Antofagasta ordenó suspender las obras de perforación geotérmica en los géiseres de El Tatio, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medioambiente de la Cámara de Diputados anunció que estudiaría el controvertido proyecto, en especial los antecedentes del trabajo de prospección. A su vez, el Consejo de Defensa del Estado notificó que estudia interponer una demanda medioambiental por el daño ecológico, a solicitud del senador José Antonio Gómez. Incluso la Brigada de Delitos Medio Ambientales de la PDI realizará un informe acerca de la fuga de vapor.

La Corema de Antofagasta inició una investigación para determinar las responsabilidades en contra de la empresa proyectista. El Servicio Agrícola Ganadero de Antofagasta comenzará un proceso de sanción contra Geotérmica del Norte por daño a la flora y fauna del Tatio. El Gobierno esperará el informe del panel de expertos extranjeros para decidir la caducidad de la concesión. Un sinnúmero de nuevos actores ingresa a la controversia, desgraciadamente en forma tardía y contradiciendo que más vale prevenir que curar. Pareciera que quisieran compensar su anterior ausencia con una intensa participación reactiva y publicitada, temerosos de una evaluación ciudadana negativa.

Por otra parte, se ha producido un debate respecto a la efectividad de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMA). Cabe destacar que la de Antofagasta aprobó la prospección geotérmica en una zona de alto impacto turístico, a pesar del rechazo de muchos actores regionales (comunidades indígenas, agrupaciones y entidades de San Pedro de Atacama y Calama).

En un país que ha explicitado la necesidad de diversificar su matriz energética, ¿cómo se compatibilizarán los intereses regionales con las necesidades nacionales? Será interesante conocer las medidas, sanciones y consecuencias definitivas, una vez que terminen los efectos pirotécnicos de este ejemplo de falta de previsión. ¿Primarán las normas, los intereses o las influencias?

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/conflicto_de_intereses_en_el

Consumidores bien organizados

La histórica multa equivalente a US$ 1 millón, aplicada por la Superintendencia a CGE y Chilectra con motivo de las erradas lecturas de medidores, demuestran que los consumidores pueden organizarse y defenderse. El consumidor pasivo es cada vez menos frecuente, y por eso, las deficientes actuaciones de funcionarios comienzan a generar graves consecuencias a sus empresas.

A pesar de que ambas firmas sostienen que sus sistemas funcionan correctamente y que mantienen las puertas abiertas para dialogar con sus clientes, se contradice con los resultados de la investigación realizada por la SEC. Se concluye además que en ninguna de las dos empresas operan en forma eficiente los controles internos, a pesar de que Chilectra se encuentra certificada bajo la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Por otra parte, si la los reclamos terminaron en una importante multa de la SEC, también se visualiza un deficiente manejo de crisis.

Fueron más de tres mil reclamos los que recibió en octubre de 2008 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por sorpresivos aumentos en los cobros de la luz. Estas multas se debieron a que CGE no realizó el proceso de medición y toma de lectura en forma correcta, en la comuna de La Pintana durante los meses de febrero de 2008 y febrero de 2009. Chilectra fue sancionada por no realizar las mediciones y facturar erradamente los consumos eléctricos en las comunas de San Joaquín y Cerro Navia.

La SEC aplicó una multa de 800 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a Chilectra -perteneciente al grupo Enersis- y de 400 UTA a CGE Distribución. Recién en abril, Chilectra había sido multada en 700 UTA por deficiencias en su proceso de facturación en las comunas de Renca y Huechuraba. Todavía están en proceso de investigación los reclamos efectuados en las comunas de Macul y Estación Central, respecto al mismo período ya señalado.

Las empresas sostienen que se trata de casos puntuales. Chilectra señala que no se pudieron realizar las mediciones porque los contratistas estaban en una huelga ilegal. La ley establece que cuando no puedes hacer una medición por fuerza mayor, debes hacer un cobro provisorio, correspondiente al promedio de los últimos seis meses.

Lo grave es que los cobros afectaron a personas de escasos recursos. Sin embargo, las denuncias fueron hechas por la comunidad en forma organizada, lo que permitió una investigación mucho más rápida. Esto refleja un importante cambio cultural de los chilenos, ya que se han involucrado en forma activa en los mecanismos que establece la normativa vigente para hacer exigibles sus derechos como consumidores.

Seguramente el tema se judicializará. Por un millón de dólares, es probable que las distribuidoras decidan interponer los recursos que correspondan. A su vez, los consumidores también pueden recurrir a la justicia para pedir compensaciones, ya que la SEC no tiene atribuciones para ordenar su pago. Para esto, la Superintendencia enviará los antecedentes al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), con el fin de que este organismo pueda velar por la adecuada reparación de los usuarios.

Las sanciones son lo suficientemente fuerte como para dar una señal al mercado. Esto obedece a que se busca que las empresas sean más rigurosas en los procesos de medición y facturación, para que a las personas les lleguen cuentas por los consumos reales.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
Gestcom

Artículo publicado en http://www.gestcom.cl/.

La embriaguez del poder

“Me enceguecí, me embriagué del afán de servir más y más”, fue la sentida declaración del diputado Errázuriz al renunciar a su tienda política. En su cuarto período legislativo consecutivo (desde1998), el ahora ex RN fue denunciado en un reportaje de La Nación por las graves irregularidades en los contratos de arriendo de sus sedes distritales.

No es el único parlamentario sorprendido trastabillando en el último tiempo, producto de esta “excesiva “vocación de servicio público. Hace pocos días, la Comisión de Ética de la Cámara Baja amonestó al diputado UDI Julio Dittborn (tercer período legislativo consecutivo), por no consultar previamente su peculiar sistema de arrendar casas particulares como sedes parlamentarias, sin instalar la señalética correspondiente.

La investigación que realiza el fiscal de la Quinta Región a la diputada Claudia Nogueira por el pago a asesores que luego le reintegraban los fondos, también demuestra un absoluto relajo en la entrega de los dineros de las asignaciones. Se concluye además la urgencia de una exhaustiva revisión a todos los contratos de asesorías y arriendo de sedes parlamentarias, tanto a diputados de gobierno como de la oposición.

La denuncia de “Informe Especial” evidenció conductas cuestionables en la labor legislativa. El debate producido respecto a una eventual visión sesgada del programa, no justifica en nada las actuaciones conocidas por la opinión pública. La información oficial entregada por la Cámara Baja a la ciudadanía quedó desvirtuada con un par de tomas televisivas, confirmando un trabajo poco prolijo de autocontrol.

La categórica respuesta corporativa, en el sentido de que el trabajo legislativo consiste en dictar leyes y que el programa mostró verdades a medias, desvió la discusión hacia el omitido tema de los conflictos de interés de los parlamentarios. De partida, todo proyecto que signifique un empoderamiento ciudadano, ha sido sistemáticamente postergado: reforma constitucional sobre la transparencia y calidad de la política, reforma del sistema binominal, límites a las reelecciones, agenda de modernización del Estado, regulación del lobby, fideicomiso ciego sin nombre ni apellido, entre otros, proyectos legislativos presentes en innumerables discursos, pero todavía sin concretarse. La excepción que confirma la regla fue la Ley de Acceso a la Información Pública, recientemente aprobada, y que elevó los estándares de transparencia.

El año pasado también fue polémico para el Congreso por el uso (en asesores legislativos adicionales) de los más de $ 1.000 millones liberados con la supresión de senadores designados y vitalicios. Igualmente controvertida fue la decisión de aumentar en $ 100.000 la asignación mensual para combustibles para cada parlamentario, finalmente dejada sin efecto.

La necesidad de mecanismos de rendición de cuentas más eficaces, más transparencia y mayor competencia, crece cada vez más. Con un mercado cautivo -obligado por ley a votar-, el predominio del duopolio político se evidencia en los períodos de (re)elecciones parlamentarias.

El sistema binominal quizás se justificó en una etapa inicial, después del retorno a la democracia. Pero en la medida que ésta se fue consolidando, se transformó en una barrera de entrada, que en forma artificial dificultó la renovación política. Los diputados y senadores en ejercicio asumieron sus cargos como un derecho adquirido, para optar la mayoría de las veces por la reelección durante varios períodos parlamentarios seguidos. Una vez más, los reemplazantes de los diputados Errázuriz y Enríquez-Ominami serán designados por las cúpulas partidistas, eludiendo cualquier participación de las bases partidarias o de los electores.

Incluso el primer senador independiente, Carlos Bianchi, actual Vicepresidente de la Cámara de Diputados, escribió hace un par de meses atrás sobre la colusión política de los dos principales conglomerados, responsabilizando al sistema binominal y la falta de mecanismos democráticos dentro de los partidos.

Por otra parte, los ciudadanos debiéramos premiar o sancionar a los parlamentarios salientes, a través de su reelección o reemplazo. Pero la inexistencia de primarias o de algún otro mecanismo democrático dentro de cada partido y coalición, nos hace imposible ejercer este control ciudadano, salvo a través de un ineficaz voto nulo. Inevitable fue el duro diagnóstico de la percepción ciudadana del Congreso, realizado el año pasado a través del estudio de imagen efectuado por Tironi y Asociados y de la encuesta CERC, en que sólo el 18% de los encuestados señaló tener mucha o bastante confianza en el Congreso.

Hasta ahora, el voto obligatorio disimuló la inexistencia de mecanismos democráticos dentro de los partidos. Pero la inminencia del voto voluntario hará disminuir en estas elecciones el temor a una eventual sanción por no sufragar, instalando por primera vez una nueva dimensión a evaluar: la representatividad de los parlamentarios.

Artículo publicado en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_embriaguez_del_poder y en http://www.politicastereo.tv/muro_detalle.php?id_muro=517

Una espiral de manifestaciones

Después del paro nacional de los profesores, en que éstos finalmente lograron el pago del adeudado bono SAE, podría comenzar una espiral de manifestaciones. De hecho, la toma del Instituto Nacional, desarrollada por alumnos que demandan la estatización de la educación municipal, es la primera consecuencia. A pesar de que la Municipalidad de Santiago de inmediato ordenó su desalojo, ¿cómo explicarles a los alumnos que ellos no pueden recurrir a movilizaciones, pero sus profesores sí?

Al día siguiente de haberse depuesto el paro nacional de profesores, la enérgica e inmediata respuesta de la Municipalidad de Santiago a la toma del Instituto Nacional causa perplejidad en la ciudadanía. El desalojo solicitado por el alcalde Pablo Zalaquett sirvió para suavizar el tenor de la protesta, transformándola en una “ocupación cultural” y logrando que los estudiantes abandonaran en forma pacífica el establecimiento. Pero en la práctica, igual significó la suspensión de las clases y la imposibilidad de ingreso de profesores y alumnos al recinto.

En primer lugar, difícil resulta hacer entender a los estudiantes la improcedencia de las medidas de presión para lograr sus objetivos particulares, en especial después del ejemplo de eficacia dado por el Colegio de Profesores. ¿Por qué ellos sí y los alumnos no? ¿Son menos válidas sus peticiones o simplemente tienen menos derechos?

Y en segundo lugar plantea un debate respecto a la representatividad del Centro de Alumnos. ¿Todos los estudiantes querían iniciar un paro para demandar la estatización de la educación municipal? ¿O sólo era un grupo de presión, minoritario pero bien organizado?

Frente a estas dos legítimas interrogantes de los estudiantes, resulta difícil dar una respuesta. En especial, porque se supone que a los alumnos del Instituto Nacional, además de entregarles conocimientos, reciben una fuerte formación cívica.

Los maestros

Ya en marzo, a dos semanas de iniciadas las clases, Jaime Gajardo, presidente nacional del Colegio de Profesores, anunciaba un paro nacional, exigiendo que “la crisis económica no fuera pagada por el Magisterio”. Los motivos se basaban en la gran cantidad de despidos a profesores titulares y a contrata, fusión de cursos y cierre de colegios en todo el país, despidos sin sumario, no pago del bono SAE, reducciones de horarios, concursos mal hechos y cambios de contratos. Agregaba que todos estos antecedentes habían sido entregados a la Ministra de Educación, señalando: “no ha pasado nada, no hemos tenido eco en el Ministerio, que por lo menos cesen los despidos en la educación”.

Luego, en mayo de este año, el Colegio de Profesores convocaba a una movilización para presionar por el pago del bono SAE. Este correspondía a una subvención adicional especial, creada por ley para asegurar una remuneración mínima a todos los docentes y pagar una bonificación proporcional a las horas contratadas. Pero estos bonos de los años 2007 y 2008 no fueron pagados por las Municipalidades, discutiéndose todavía si efectivamente éstas recibieron los dineros de parte del Mineduc.

El 2 de junio, cerca de 20 mil profesores se congregaban en el Parque Forestal, en que Jaime Gajardo destacaba que “porque somos formadores, no podemos dejar que se nos denigre”. Recalcó que el bono SAE era un compromiso explícito del Gobierno, el que no se había cumplido. Se convocó al magisterio nuevamente para el día siguiente en las cercanías de La Moneda. Pero por tratarse de un acto no autorizado, alrededor de 50 docentes fueron detenidos, entre ellos Gajardo, al momento de sacar sus pancartas y comenzar a gritar.

Se ha convertido en una práctica totalmente consolidada que los profesores recurran a actos de fuerza, antes de evaluar otras alternativas menos dañinas para los estudiantes. En base a la rígida inamovilidad que tiene la educación municipal, estas acciones resultan abusos de poder de los profesores hacia sus alumnos, en su gran mayoría niños y jóvenes de escasos recursos, generándoles una gran dificultad para recuperar las clases perdidas.

Operación repetida

No es la primera vez –y probablemente tampoco la última- en que el Colegio de Profesores recurre a medidas de presión.

Durante el año pasado, los profesores efectuaron otras movilizaciones, utilizando el mismo procedimiento. El 16 de junio de 2008, 1.500 personas se juntaron en el Paseo Ahumada con la Alameda e intentaron avanzar hacia el Palacio de La Moneda, para expresar su rechazo a la LGE. Sin embargo, antes de llegar a destino, comenzaron los primeros enfrentamientos con carabineros, quienes trataron de disuadir la manifestación con carros lanza aguas y bombas lacrimógenas.

Luego, el 1° de julio de 2008, los dirigentes gremiales anunciaron la convocatoria a un nuevo paro nacional, para intensificar su rechazo a la LGE, a realizarse el 8 del mismo mes. Este llamado fue apoyado por otros organismos, como Fenpruss, FECh, ANEF y CUT.

El 3 de abril de este año, cerca de 3.000 profesores adhirieron al paro nacional convocado por el organismo gremial en defensa de la educación pública, siendo apoyados también por estudiantes de la FECH, dirigentes de la CUT y de la ANEF.

Reacciones

Existiendo pleno consenso sobre la gran brecha educacional chilena, se empieza a detectar una tendencia al desplazamiento de alumnos de colegios municipales a colegios particulares subvencionados. Además, comienzan las primeras señales de descontento de las familias de los alumnos municipales. Padres y apoderados de Puerto Aysén y de Valparaíso reclamaron por los perjuicios provocados a los hijos.

Por otra parte, resulta inexcusable que las autoridades, estando en conocimiento de lo inflamable del gremio, hayan permitido el desarrollo de este conflicto. La Asociación Chilena de Municipalidades debió haber reaccionado con mayor previsión -a no ser que quisieran instalar la devolución de la educación al Estado- , y el Ministerio de Educación debiera haber realizado una fiscalización más exhaustiva del pago de lo adeudado.

Como ya es recurrente en este tipo de conflictos en Chile, quienes pierden son inocentes víctimas de grupos bien organizados. En este caso, son estudiantes que dejaron de recibir su educación, que no podrán recuperarla con la misma calidad; alumnos de 4° medio, que quedaron en desventaja frente a estudiantes de colegios particulares y privados subvencionados y los padres, quienes tuvieron que asumir la modificación de sus rutinas diarias con el imprevisto cuidado de sus hijos. Mientras la educación pública siga capturada por los profesores, se ven escasas posibilidades de lograr el acuerdo nacional que permita solucionar el problema de la calidad de la educación.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
Gestcom
http://www.gestcom.cl/

Primeras señales de las audiencias descontentas

El paro de los profesores se continúa extendiéndose, sin que se llegue a un acuerdo entre el Mineduc, el Colegio de Profesores y la Asociación de Municipalidades. Por esta causa, los estudiantes y sus padres, víctimas afectadas por este conflicto, comienzan a expresar sus primeras señales de descontento.

El paro de los profesores se ha convertido en un grave conflicto nacional, transformándose en un gallito de fuerza, en que cada uno de los actores defiende sus propios intereses, y olvidándose de las víctimas, los niños. Casi un millón de alumnos han dejado de asistir a clases.

Cerca del 80% de los docentes municipales del país rechazó, a través de una consulta nacional, la propuesta acordada por el Mineduc, el Colegio de Profesoras y la Asociación de Municipalidades. Los profesores continuarán en paro, el cual se ha extendido por más de tres semanas.

El acuerdo también había sido criticado por la Comisión de Educación de la Asociación de Municipalidades y por la Asociación de Colegios Particulares, Conacep. Críticas por la forma de pago, por los montos involucrados y por la discriminación con los docentes del sector subvencionado, el acuerdo no satisfacía los intereses de las partes involucradas.

El Gobierno criticó duramente la posición de los docentes. “Consideramos repudiable la actitud de rechazo al acuerdo”, dijo la ministra Carolina Tohá. Sin embargo, pidió al magisterio y alcaldes buscar una nueva fórmula para resolver el conflicto y terminar con el paro.

A través de todo Chile, los apoderados comienzan a expresar sus reclamos ante los efectos del paro de profesores. Alegan, que independiente del fondo de la movilización, los niños no deben sufrir las consecuencias.

En Puerto Aysén, los alumnos de los dos liceos municipalizados anunciaron diversas movilizaciones en protesta a las paralizaciones y en atención a que serán los únicos perjudicados al momento de recuperar las clases no realizadas. Sus críticas apuntan a que los profesores quieren cobrar el bono y luego recuperar las clases, para no perder sus remuneraciones. “No tenemos por qué pagar el pato de que no les hayan pagado”, manifestó el presidente del Centro de Alumnos del Liceo Raúl Broussain Campino, Vicente Hernández.

En tanto, Romina Nitor, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Politécnico, declaró que los estudiantes se movilizarían, si perdían las vacaciones de invierno por la recuperación de las clases no hechas. Cabe mencionar que los alumnos de ambos liceos señalaron que cuentan con el respaldo de los padres y apoderados para realizar las acciones que estimen convenientes.

A su vez, el Ministerio de Educación anunció que no pagará las subvenciones a los colegios que continúen en paro. Mientras, los Municipios pidieron al Gobierno una pronta solución al conflicto con los profesores.

Al existir distintos intereses entremezclados, la solución de este conflicto se complejiza en términos organizacionales. Los intereses particulares vuelven a primar sobre los intereses colectivos.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General

Gestcom

Artículo publicado en http://www.gestcom.cl/blogs.html

El daño de las farmacias a la RSE

Repudiable ha sido el daño producido por la colusión de las tres grandes cadenas de farmacias. Este escándalo, además de herir mortalmente la confianza en la economía de mercado, salpicó y ensució a gran parte de la clase empresarial chilena, haciendo perder credibilidad a todas las declaraciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

En un área tan sensible como la salud, este acuerdo ilegal no sólo produjo un profundo e irreversible perjuicio en la salud y economía de cada uno de los consumidores, sino que además derribó uno de los paradigmas de la economía de mercado: la confianza en los mecanismos del mercado para la fijación de precios.

Farmacias Ahumada reconoció que entre noviembre 2007 y marzo 2008 ejecutivos suyos “aceptaron participar en un mecanismo de alza de precios coordinado” con las cadenas de farmacias Cruz Verde y Salcobrand. Según parlamentarios de la Concertación, las diferencias de precio respecto a los valores de medicamentos de Cenabast fueron incluso superiores al tres mil por ciento. El abuso de sus posiciones dominantes –entre las tres cadenas reúnen el 92% del mercado de las farmacias-facilitó la implementación de conductas oligopólicas. La indagación además se ha extendido a nueve laboratorios, investigándose su participación en el proceso de colusión.

Esto instala la duda sobre cualquier otro rubro, pudiendo estarse produciendo la misma colusión. De hecho, Chile se caracteriza por mercados concentrados, complejos -en sus contratos con proveedores, estructuras de comercialización y canales de distribución- y asimétricos en su información.

Reacciones de consumidores
Las agresivas reacciones de los consumidores hacia las cadenas de farmacias no se hicieron esperar. Protestas, funas, insultos, retos y campañas por internet de clientes y grupos organizados han tenido que aguantar los trabajadores de las farmacias. Algunos locales incluso han preferido mantener semicerradas sus puertas de entrada, de manera de controlar el ingreso de personas. El Comité Pro Defensa Ciudadana comenzó a recibir un promedio de 100 llamadas diarias de consumidores que querían inscribirse en una acción legal colectiva. La organización Problemas.cl también recibió más de 500 consultas vía mail. La Fundación Chile Ciudadano y la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) presentaron escritos en el expediente que lleva la Fiscalía Nacional Económica, reclamando que la audiencia se hiciera a puertas cerradas y señalando que las organizaciones que representan se harían parte en el proceso.

Han surgido también fuertes críticas a las autoridades de salud, quienes se declararon sorprendidas ante estas prácticas y que, por lo tanto, no evidenciaron no haber realizado ninguna acción para prevenirlas. El presidente de la Unión de Farmacias de Chile, Raúl Álvarez, informó de múltiples advertencias ante la opinión pública y los organismos estatales durante años, sin respuesta alguna de las autoridades.

Valor de las marcas
Frente a esto, las marcas de estas tres cadenas de farmacias han perdido valor en el mercado. Ejecutivos de marketing, creativos de agencias y expertos comunicacionales han tenido largas reuniones para establecer las estrategias comunicacionales que permitan atenuar los daños en la reputación corporativa. El valor de una marca generalmente está compuesto por indicadores “duros”, como el volumen de facturación o la participación de mercado, y factores intangibles, como es el respeto que genere en la opinión pública o la relación emocional que exista con el establecimiento. De hecho, las acciones de Farmacias Ahumada se desplomaron casi un 10% después de conocerse la denuncia de colusión.

Responsabilidad Social Empresarial
Estos hechos ilícitos contrastan con las periódicas y publicitadas acciones publicitarias y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que efectuaban las cadenas de farmacia y que les ha significado figurar permanentemente en los distintos rankings de reputación corporativa.

Rankings de Reputación Corporativa
Cruz Verde
En el año 2003, Cruz Verde ingresó (10° lugar) al Ranking de Reputación Corporativa realizado por Hill & Knowlton Captiva y La Tercera. Al año siguiente baja dos lugares (N°12), pero queda en cuarto lugar en la dimensión Responsabilidad Social de la Encuesta. En 2005 baja un puesto más (N°13) y en el 2006 queda excluido del ranking, reapareciendo el 2007 (N°12) y el 2008 (N°15).

En el año 2004, la consultora International Medical Statistics Health anunciaba la consolidación de Cruz Verde como líder del mercado farmacéutico. Miguel Celedón, Gerente General, señalaba: “Nuestra preocupación por las personas se refleja en cosas tan simples y directas como el hecho de comercializar los productos oncológicos e inmunológicos, entre otros, con alta significación social, prácticamente a costo”. En los años 2005 y 2006 obtenía el premio Procalidad y la mención de Cruz Verde como la marca que más se preocupaba por el cliente, según el estudio Brand Asset Valuator, eran otros de los reconocimientos de la cadena. Su bullada guerra publicitaria con Farmacias Ahumada por el concepto de precios bajos, con denuncia incluida ante el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar), consolidó su posicionamiento ante la audiencia.

Farmacias Ahumada
Ha estado presente en el mismo ranking desde los inicios del ranking de Hill & Knowlton Captiva y La Tercera. El año 2002 y 2003 (8° lugar), el 2004 (N° 13), el 2005 (N° 11), el 2006 (N° 14), el 2007 (N° 13) y el 2008 (N° 12).

En su sitio web, Farmacias Ahumada se refiere a su Calidad Humana, destacando: “estamos orgullosos de la calidad humana de nuestros colaboradores, de su profesionalismo y del trabajo en equipo que caracteriza su labor…. De esta forma, tratamos de entregar lo mejor de nuestras capacidades a la Compañía y a nuestros clientes, destacándonos por la preferencia de los consumidores”. En su home, el slogan que aparece en una animación flash es “Aquí cuesta menos… Hoy y el día que usted quiera puede ahorrar en medicamentos”.

Por otra parte, en el sitio web de Acción RSE se publica la alianza entre Farmacias Ahumada y la Fundación Las Rosas. Con ese motivo, la cadena farmacéutica declaraba: “El objetivo principal de Farmacias Ahumada es mejorar la calidad de vida de sus clientes, y procurar que una mayor cantidad de personas pueda acceder a medicamentos y a una buena salud”. En su sitio web, también publicitan el aporte que hacen a la Fundación, con un banner en el home que dice: “Fundación Las Rosas… Siempre hace bien ayudar” y una sección especial dedicada al aporte entregado.

Salcobrand
La más tardía en ingresar al ya mencionado ranking de reputación, Salcobrand se ubica en el puesto N° 16 el año 2004. No figura los dos años siguientes, pero reaparece el 2007(N°19).
Ante el creciente aumento del interés de las empresas por la RSE, en 2007 llega a Chile una encuesta paralela, realizada por el Reputation Institute, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y la revista Qué Pasa. Las tres cadenas, Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand clasifican en el ranking 2007 y 2008 de las empresas con mejor reputación corporativa en Chile.

Por ejemplo, Acción RSE en su boletín 76, del 1° de Marzo de 2004 señalaba la participación de las tres cadenas farmacéutica en las campañas solidarias, beneficiando con grandes aportes a las fundaciones.¿Apreciaciones erradas en su momento o cambios radicales del último período?

Los sitios web de Cruz Verde y Salcobrand fueron bajados de la red ante la avalancha de reclamos de consumidores, impidiendo la revisión de sus declaraciones de RSE.

Conclusiones
Obviamente después de la conciliación de Farmacias Ahumada con la Fiscalía Nacional Económica, todas las acciones y declaraciones de RSE de las cadenas de farmacias Cruz Verde, y Salcobrand perdieron sentido, pareciendo burdos intentos de manipulación de la opinión pública.

Fallaron las tres empresas en establecer la RSE como un estándar central de su estrategia corporativa, más allá de las cámaras fotográficas y de televisión. Se esmeraron en lograr una visibilidad de sus acciones de RSE, saturando el entorno con innumerables mensajes “socialmente” correctos, pero descuidando todo lo que no fuera visible.
No se aplicaron códigos de ética –existentes, pero probablemente cubiertos de polvo-, ni revisaron los procedimientos para cumplir las metas ni midieron el impacto que podrían producir en sus stakeholders. Sus stocks de prestigio y credibilidad, indispensables para alcanzar sus objetivos corporativos, se han reducido drásticamente. Esto las convierte en futuros casos de estudio que con el paso del tiempo, confirmarán o desmentirán que la responsabilidad social empresarial sea una condición necesaria para la sustentabilidad de una organización en el largo plazo, como factor de diferenciación y competitividad. Por el momento, la siempre presente dimensión ética de cada decisión de consumo adquiere una relevancia fundamental y se está haciendo notar en una clara preferencia de los consumidores por cualquier otra farmacia de barrio.

Este caso de colusión para aumentar significativamente los precios servirá para fundamentar todas las dudas que pudieren existir respecto a cualquier otra industria y sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial. ¿Cuánto tiempo requerirá la opinión pública para volver a creer en las declaraciones de RSE de los empresarios?

Andrés Jirón Santandreu

Gerente General

Gestcom

Artículo publicado en sitio web www.gestcom.cl

Manipulación a través de la comunicación

Anciano, enfermo y en un simple buzo Adidas, Fidel Castro logró levantar a la distancia una enorme polémica en Chile, provocando una profunda controversia en la Concertación, una gran confrontación entre Gobierno y oposición y el resurgimiento de la demanda marítima de Bolivia. Un ejemplo real del largo alcance de la comunicación estratégica.

Desde su inicio, fue una de las decisiones más controvertidas del Gobierno. Polémica causó el viaje desde que se planteó la idea, ya que la relación histórica con Cuba es un tema que divide a los chilenos. Se visualizaban pocos beneficios y muchos riesgos. Que la Presidenta Michelle Bachelet viajara a Cuba a inaugurar la XVIII Feria Internacional del Libro de La Habana -que tenía a Chile como invitado de honor-, no convencía a muchas de las autoridades chilenas. Aún cuando Chile fuera el país con mayor presencia en la feria, en el evento participaban 42 países más en un total de 167 stands en el complejo Morro Cabaña del puerto de La Habana y no justificaba de ninguna manera una visita de Estado. Más aún, cuando en Cuba existe censura en contra de autores chilenos, como Roberto Ampuero, Jorge Edwards y Pablo Neruda.

Por otra parte, Cuba no es un socio económico o político relevante de Chile, ni existía un tema contingente en la agenda bilateral. Tampoco se explicitó de qué manera el viaje se alineaba en los intereses de la política exterior chilena. Es así que durante las 72 horas de estadía de la comitiva presidencial, las actividades oficiales fueron la inauguración de la feria del libro, un foro económico-empresarial y otras actividades culturales.

Eventualmente, la visita de la Presidenta a Cuba podía ser una espléndida oportunidad para reiterar el compromiso de Chile con la democracia y repudiar las dictaduras, ya sean de derecha o de izquierda. Sin embargo, la Mandataria prefirió interrumpir de improviso una actividad oficial en honor al ex Presidente Allende y salir raudamente para reunirse con Fidel Castro, sorprendiendo a la comitiva y a muchos chilenos cuando vieron las imágenes por televisión.

Luego del encuentro sostenido entre la Presidenta Michelle Bachelet y el retirado líder cubano, el ex mandatario sorprendió con un artículo publicado en Granma - mientras la mandataria chilena todavía se encontraba en la isla-, en que hablaba sobre el reclamo de Bolivia a Chile de una salida al Pacífico. Castro señalaba que hacía más de un siglo la "oligarquía" chilena "le había arrebatado a Bolivia, en la guerra desatada en 1879, la costa marítima que le daba amplio acceso al Océano Pacífico". "Bolivia sufrió una extraordinaria humillación histórica en aquella contienda", afirma. "No solo le arrebataron la costa marítima y la salida al mar, sino que privaron a ese país, de origen auténticamente americano, sobre todo aimaras y quechuas, de extensos territorios muy ricos en cobre que constituían la mayor reserva del mundo, que (...) aporta a la economía chilena alrededor de 18.452 millones de dólares anuales", agrega el artículo.

Al finalizar la visita de 72 horas, la mandataria, calificó de "éxito" la visita a Cuba. Sin embargo, no se refirió en ese momento a la controversia desatada por las palabras de Fidel Castro a favor de Bolivia, con respecto a las demandas marítimas que mantiene con Santiago."Creemos que ha sido un éxito, hemos firmado una cantidad de acuerdos importantes", dijo la Presidenta Bachelet en el aeropuerto José Martí de La Habana, antes de abandonar la isla.

Se intervino en un asunto estrictamente bilateral de la relación entre Bolivia y Chile, omitiendo e invalidando por tanto los tratados vigentes entre ambos países. Como era de esperar, las relaciones entre estos dos países se tensionaron y revitalizaron la discusión sobre la bilateralidad o multilateralidad del estudio de un eventual acceso al mar de Bolivia. Este debate se había aminorado en estos últimos años, pero la injerencia de Castro lo hizo resurgir en la agenda política entre los dos países vecinos.

El resultado concreto es que todos terminaron hablando del mar, pero nadie de las cárceles isleñas ni de la falta de libertades políticas, ni de los frentistas escapados de Chile. ¿Coincidencia o intencional? Después de 60 años de lucha, el ex presidente cubano sí sabe de estrategia y táctica. Con todo esto, la visita de Estado de Bachelet concitó una cerrada condena en Chile a la injerencia de Castro, en la DC, otros partidos de la Concertación, RN y la UDI y en la opinión pública. Lo que habría sido una inmejorable oportunidad para que la Presidenta sentara un precedente en materia de defensa imparcial de los derechos humanos, se ha transformado en una batahola interna y externa por la salida de Bolivia al mar. El conflicto fue gratuito, innecesario y negativo a la imagen chilena en el exterior.

Bolivia aseguró que mantendrá por ahora en el ámbito de las negociaciones bilaterales su reclamación de tener una salida al mar con Chile, pero que no descarta otras opciones, como llevar esta exigencia ante organismos internacionales o pedir la mediación de terceros. “Creemos que no hay que descartar ninguna opción, pero de momento estamos en ésta y la consideramos productiva", declaró el vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, en Santiago tras entrevistarse con su homólogo chileno, Alberto van Klaveren.

Declaraciones hechas en La Habana que provocaron inmediatos efectos en Santiago y en La Paz.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente Comercial
DB Group
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Artículo publicado en sitio web http://www.gestcom.cl/.

La reconstrucción de una imagen

El estadounidense Michael Phelps, ídolo mundial después de ganar ocho medallas de oro en los Juegos de Pekín’08 a los 22 años, fue sorprendido fumando marihuana con una pipa de agua. Después de la publicación de las fotografías, sus acciones comunicacionales han estado totalmente dirigidas a la reconstrucción de su reputación. El nadador se consagró en los Juegos Olímpicos de Pekín al superar el récord olímpico de Mark Spitz, convirtiéndose en el deportista que más medallas de oro ha ganado. Cuatro años antes, en las Olimpíadas de Atenas, ya había conseguido otras seis medallas de oro. Sin duda que trabajó y entrenó intensamente durante toda más de una década para asegurarse un lugar en la historia del deporte mundial. Después de esos largos años de preparación física y sicológica, de rigurosos entrenamiento y de sus exitosas participaciones en los Juegos Olímpicos de Atenas y Pekín, el campeón trató de reintegrarse al mundo y de rehacer una vida normal.

En noviembre del 2008, Michael Phelps acudió a una fiesta en la Universidad de Carolina del Sur. En la fiesta, tuvo la mala ocurrencia de inhalar marihuana en una pipa de de cristal… y fue fotografiado por alguno de los presentes. Esas fotos llegaron a manos del diario sensacionalista “News of the World”, el que las publicó. Reconocido como un ejemplo a seguir en todo el mundo y en especial por niños y jóvenes, el hecho de que apareciera consumiendo drogas constituía un grave problema en términos de manejo de imagen personal. Con importantes contratos publicitarios y de auspicios, el destacado deportista enfocó sus acciones comunicacionales a atenuar los efectos de esta crisis. Reconoció haber cometido un error, se mostró arrepentido por su comportamiento y pidió disculpas en un comunicado que publicó en el rotativo USA Today.

“Mi comportamiento fue lamentable y se debió a un error de juicio”, explicó el campeón olímpico. De esta forma, el propio Michael Phelps salió al paso de la polémica creada y confirmó la veracidad de las instantáneas. “Tengo 23 años y, pese al éxito que tuve en la piscina, actué de manera juvenil e inapropiada, muy lejos de cómo la gente espera de mí. Lo lamento mucho y prometo a mis seguidores y a todo el público que nunca volverá a suceder una cosa como ésta”, se justificó Phelps. Incluso publicó un video en un sitio web en que se disculpaba ante sus fans chinos y agradecía su apoyo. Afortunadamente el COI aceptó sus explicaciones por considerarlas sinceras y se libró de un proceso judicial, recibiendo una sanción de suspensión en competencias sólo por tres meses. Sin embargo, su imagen queda dañada y ello podría suponer un serio contratiempo de cara a sus rentables contratos publicitarios y auspicios. Antes de Beijing, Phelps recibía alrededor de siete millones de dólares sólo en conceptos publicitarios, correspondientes a auspicios de Speedo, Visa, Power Bar, Omega, Rosetta Stone, Hilton y Kellog’s. De hecho, después del escándalo ésta última anunció que no le renovaría el contrato de auspicio. Justo cuando retomaba los entrenamientos con miras al campeonato mundial de natación en Roma, Michael Phelps sufre un fuerte golpe a su imagen.

Sin duda un pecado de juventud que tendrá revertir con un certero uso de las técnicas de manejo de crisis.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente Comercial
DB Group
http://www.dbgroup.cl/

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