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martes, 25 de agosto de 2009

La disyuntiva de la DC

Las proclamaciones de este fin de semana dieron comienzo a la carrera presidencial. La Concertación, la Coalición por el Cambio y los seguidores de Marco Enríquez-Ominami entraron ya a la recta final, tanto en las elecciones presidenciales como parlamentarias.

A menos de tres semanas del cierre oficial de las inscripciones en el Registro Electoral, se ven las últimas negociaciones, acuerdos y transacciones de los partidos políticos. La anunciada definición de la plantilla parlamentaria en la Concertación no impide los últimos esfuerzos por influir en ella, ya sea para mantener o reemplazar candidatos.

Las tensas negociaciones entre los partidos del conglomerado oficialista ya están superadas, y la proclamación de Eduardo Frei como su abanderado fue un ejemplo de unidad y alineamiento político. Sin embargo, casi simultáneamente surgió una nueva disyuntiva política.

Mientras era proclamado en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, el senador Frei envió una señal a los “colorines” en su discurso: “Así como también hicimos el acuerdo con el Juntos Podemos para terminar con la exclusión en Chile, vamos a estar dispuestos siempre a dialogar y abrir las puertas de nuestra casa para todos aquellos que quieran entrar”, señaló el candidato.

Sin embargo, la senadora Alvear desestimó la posibilidad de un acuerdo en esa línea, al señalar: “En lo personal, creo que ya las plantillas parlamentarias están resueltas; de manera tal que tenemos nuestros candidatos de la DC y de la Concertación”. En este caso, ¿prima el interés colectivo o los intereses individuales? ¿Se privilegia ampliar la base electoral? ¿Se fortalece el candidato presidencial a costa de los candidatos parlamentarios? ¿O viceversa?

La respuesta no está clara, ya que hay opiniones divididas al interior de la tienda falangista. Días antes, dirigentes concertacionistas -el diputado PRSD Marcos Espinosa y los senadores DC Hosaín Sabag y Mariano Ruiz-Esquide, estos últimos con períodos parlamentarios hasta el 2014- habían propuesto que la Concertación reanudara conversaciones con el sector colorín, con el objetivo de sumar fuerzas en una segunda vuelta presidencial.

“Son matices los que nos separan y por lo tanto debemos hacer un esfuerzo por reconocer que estamos juntos en la construcción de un Estado en que se requieren ciertas correcciones al modelo económico y que tenga mayor participación la clase media” había declarado el diputado Espinosa. Pero en esa oportunidad, Juan Carlos Latorre, presidente del partido, desechó esa alternativa al señalar que el pacto parlamentario estaba prácticamente resuelto, estimando poco factible y deseable revisar la situación.

La DC se encuentra en una difícil disyuntiva: privilegiar el apoyo presidencial, mediante la incorporación de diputados colorines -y sus votantes-, o bien mantener su lista parlamentaria intacta, rechazando nuevas incorporaciones. Ahora más que nunca, después de la presión desencadenada con las últimas encuestas que evidencian un fortalecimiento de la candidatura de Enríquez-Ominami, el partido falangista requiere aunar fuerzas y asegurar el paso de su candidato a una eventual segunda vuelta.

Pero por otro lado, la necesidad de aumentar sus cupos parlamentarios le proporciona un escaso margen a la DC para negociar. Hoy, con sólo cinco senadores y 16 diputados en el Parlamento, el partido aspira a recuperar los cupos perdidos en estos últimos años. Importante ha sido el retroceso desde los 13 senadores y 38 diputados elegidos el año 1989 tras la vuelta de la democracia. Con ese objetivo planteado, resulta entendible que el partido no esté dispuesto a compartir sus cupos con los diputados colorines.

Difícil disyuntiva en la que está la DC. Por primera vez, el abanderado de la Concertación no lidera las encuestas. La aparición de una tercera fuerza política hace cambiar los ejes de la discusión electoral. Las pugnas entre partidos hasta hace poco hicieron pensar en la posibilidad de un sexto candidato surgido del conglomerado.

En este contexto, el reciente término de las disputas entre partidos finalmente produjo un clima de unión y orden dentro de la Concertación. Pero también necesitan pactos fuera de ella. Quizás si las relaciones entre la DC y los ex diputados fueran normales -o neutras, al menos-, las afinidades programáticas y las simpatías naturales podrían motivar al electorado PRI a un voto concertacionista en una segunda vuelta. Pero las heridas del pasado son muy profundas, todavía no cicatrizan y pueden seguir tensionando las relaciones al interior de la Democracia Cristiana.

viernes, 24 de julio de 2009

El acomodaticio límite de la intervención electoral


Sorprendentes resultaron las declaraciones del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, en que criticó la ventaja de Marco Enríquez Ominami, al ser Karen Doggenweiler rostro de TVN y con una alta exposición mediática en el programa Pelotón. La acusación fue confirmada y luego refutada por cercanos al candidato, optándose en definitiva por desescalar el conflicto.

El posterior respaldo del directorio de Televisión Nacional -entre los que se encuentran Francisco Frei, hermano del candidato, y Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico de su comando- a la conductora vino a poner término a la polémica.

Sin embargo, existe un debate pendiente, mucho más importante, acerca de la necesidad de regular la intervención electoral. Esta discusión surge en períodos eleccionarios, y ahora que coinciden las elecciones presidenciales y parlamentarias, nunca existe mucho tiempo -ni mucho interés-para discutirlo. Y cuando comienza el nuevo período presidencial y parlamentario, nadie piensa todavía en las siguientes elecciones, hasta que cuando aparece nuevamente, ya es demasiado tarde para legislar.

A comienzos de julio, la reforma constitucional sobre calidad de la política y modernización del Estado fue aprobada en forma unánime por la comisión de Constitución del Senado. Sin embargo, a los pocos días dicha reforma fue rechazada en la Cámara de Diputados por un estrecho cómputo de 49 votos contra 47, quedando pendiente para ser resuelta en un futuro por una comisión mixta. En ella, se pretende al menos restringir la participación de ministros, alcaldes, funcionarios públicos y otras autoridades en actividades de campaña durante su jornada de trabajo.

Ya es sistemático que cada cuatro años comienzan las acusaciones cruzadas sobre la transparencia de las campañas. ¿Legítima promoción o abuso de recursos fiscales? Pregunta difícil de responder en lo particular y difícil de definir en lo general, debido especialmente a la inexistencia de una institucionalidad efectiva que regule el tema. Naturalmente las propias siempre corresponden a acciones justificadas, y las del adversario a iniquidades escandalosas. No obstante, estas imputaciones sólo logran desacreditar aún más el mundo de la política.

Hace poco, el ministro Andrés Velasco criticó la falta de novedad en las propuestas económicas de Sebastián Piñera y destacó la trayectoria del equipo económico del candidato Eduardo Frei, siendo inmediatamente catalogado de comentarista político por la oposición. Por otra parte y como es propio de su cargo, el ministro de Economía también defendió el Acuerdo Nacional de Empleo, Capacitación y Protección Laboral como parte del plan gubernamental para enfrentar la cesantía producida por la crisis económica.

Pero mucho más ajeno al problema del empleo es el ministro Álvaro Erazo, quién salió a difundir en terreno la Ley de Protección al Empleo y Fomento a la Capacitación, a pesar de tener otros temas importantes en la agenda pública. En la región de Atacama, el ministro de Salud destacó el compromiso del Gobierno en materia de empleo y la importancia de un diálogo fluido en materias laborales. “Esta batería de incentivos son iniciativas que en particular nos interesa conversar en terreno, con los empresarios y trabajadores y responder inquietudes que nos planteen”, señaló.

Las declaraciones del senador Frei sobre el eventual apoyo del Gobierno de Estados Unidos con recursos fiscales a sus candidatos, el amplio contingente que ha acompañado a la Presidenta en sus últimas giras nacionales, la acusación de la posible ventaja política de Karen Doggenweiler, las críticas a “la subida por el chorro” de Sebastián Piñera con el Transantiago, demuestran la necesidad de legislar sobre la intervención electoral, en el que los límites hoy son absolutamente acomodaticios.

Es necesario avanzar en un consenso sobre la fijación de demarcaciones de uso de recursos fiscales y la definición de las prácticas que constituyen intervención electoral. Sin desconocer la existencia legítima de una preferencia política, el punto debiera centrarse principalmente en el uso incorrecto de recursos fiscales.

El desalentador rechazo de la Cámara de Diputados a la referida reforma constitucional, demostró claramente que no es considerada una prioridad nacional y su regulación se seguirá postergando indefinidamente. Cuando no hay interés ni el Gobierno ni en parte importante del Congreso, son innumerables las razones que justifican una demora legislativa. Ante eso, sólo queda proponer que las reformas sean aprobadas y comiencen a tener efectos en las siguientes elecciones. Por lo menos, sinceraría el debate.

miércoles, 15 de julio de 2009

Primarias: ¿Anuncios para la galería?


Sorprenden las diferencias que existen en los tiempos legislativos de cada proyecto de ley. Algunos son rápidamente tramitados, aún cuando generan grandes polémicas y controversias. Otros, en cambio, a pesar de haber sido anunciados con bombos y platillos, esperan pacientemente en el Congreso desde hace años. Son los proyectos placebo, de gran efecto comunicacional con las audiencias pero de poca efectividad real, que sólo logran ahondar la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema político.

Hace pocos meses atrás, todo Chile se vio conmovido por el lamentable fallecimiento de Felipe Cruzat, el niño de 11 años que necesitaba con urgencia un corazón. Muchas fueron las expresiones de dolor de la ciudadanía e incontables las muestras de apoyo a su familia. Innumerables también fueron las declaraciones de personeros de Gobierno y del Congreso, reiterando su compromiso con la rápida tramitación de una ley de donaciones de órganos.

Hoy en día, existen 6 proyectos de ley sobre donación de órganos en tramitación en el Congreso. Ingresados desde junio de 2003 hasta octubre de 2008, todos se encuentran en primer trámite constitucional. Ante esta demora, el padre de Felipe, Gonzalo Cruzat, optó por encabezar la campaña - “Donantes de todo Corazón”- con el objeto de reposicionar el tema en el país.

La ciudadanía empieza a mirar con cierto escepticismo los anuncios de importantes proyectos legislativos, que después de una profusa difusión y una vez que se apagan las cámaras y flashs, suelen quedar entrampados en el complejo proceso legislativo. Las urgencias que va asignando y retirando el Gobierno, más decisiones colegiadas de ambas cámaras, impiden a la opinión pública identificar con exactitud a los responsables de atrasos y celeridades parlamentarias.

En el ámbito de la política, dos recientes anuncios entregaron cierta esperanza sobre la renovación de nuestras instituciones: el envío al Congreso de un nueva iniciativa legal sobre primarias y la solicitud formal de otorgar urgencia al proyecto que establece un límite de reelecciones parlamentarias.

Sin embargo, no sólo de anuncios vive el hombre. Muchos proyectos iniciados con gran publicidad, encuentran una larga tramitación. Así ocurrió con la agenda de modernización del Estado, anunciada en abril de 2008 por el ministro Edmundo Pérez Yoma. Poco después de descubrirse irregularidades en el Ministerio de Educación, EFE, MOP y Registro Civil, el anuncio de medidas que mejoraran la eficiencia del Estado fue aplaudido por en forma unánime por toda la opinión pública. No obstante, entre las medidas propuestas destacaron la creación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas y la profundización del Sistema de Alta Dirección Pública, proyectos que todavía no se implementan.

Otro placebo ha sido el proyecto de ley que regula el lobby, varias veces ingresado al Congreso. En 2003 y tras el caso MOP-GATE, el Presidente Lagos y los principales partidos firmaron -también con una importante campaña comunicacional- un pacto de modernización del Estado, que contemplaba 49 iniciativas. Dentro de ellas, la Agenda de Transparencia, en su N° 26, anunciaba un proyecto de ley sobre regulación del lobby.

A pesar de las permanentes declaraciones sobre la necesidad de regularlo, el lobby pareciera ser un tema complejo para legislar. Desde el año 2003, se han presentado cinco proyectos de ley al Congreso. El último de ellos, ingresado por mensaje presidencial en noviembre de 2008, acaba de terminar su primer trámite constitucional.
Columna de opinión publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/primarias_anuncios_para_la_galer%C3%ADa

Esta semana, según lo anunciado por el ministro Pérez Yoma, el Gobierno enviará al Congreso -sin urgencia, pues quiere tener “una discusión tranquila”- un proyecto que establece primarias para los cargos de Presidente, legisladores y alcaldes. Esta iniciativa fue analizada en conjunto con los thinks tanks de la Alianza y de la Concertación, por lo que supuestamente debiera ser aprobada por ambos conglomerados y estar implementada para las próximas elecciones.

Sin embargo, desde su inicio se ha criticado que las reglas de las primarias queden sujetas a la decisión de los partidos y no sean establecidas por ley. Esta controversia, más el eventual empoderamiento de las bases partidarias, puede hacer que la discusión legislativa se extienda en el tiempo, quedando sólo en el anuncio como tantos otros proyectos de ley. Una vez que se han apagado las cámaras, el interés disminuye, como lo pudo comprobar el señor Cruzat.

jueves, 2 de julio de 2009

Hay que entrar a picar


A fines de 2006, durante el primer año de mandato de la Presidenta Bachelet, se conocieron diversas irregularidades en algunos servicios públicos -subvenciones escolares, Programas de Generación de Empleo (PGE), Chiledeportes, SII, etc.-. Estos casos confirmaron la necesidad de profundas reformas institucionales en nuestro sistema democrático.

Ante la complejidad de los casos y reconociendo la urgencia de mejorar el sistema político, el 12 de diciembre de 2006 la mandataria ingresó al Congreso un emblemático proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. Su objetivo era que incluyera al gobierno, al conjunto del Estado, a todos los sectores políticos y a toda la sociedad. “Porque Chile se lo merece, porque nuestros ciudadanos así lo esperan”, señaló la Presidenta en su mensaje presidencial N° 522-354.

Con el tiempo, los objetivos se afinaron, diferenciándose y expresándose en distintas normas. De partida, la ley de transparencia y acceso a la información pública - surgida de una moción parlamentaria presentada por los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri en enero de 2005 -, recién entró en vigencia en abril pasado, marcando un importante hito en la gestión estatal.

Por otra parte, este miércoles se definió que una Comisión Mixta consensuara la fórmula para destrabar la reforma constitucional sobre calidad de la política. Significa que la Cámara de Diputados (cámara de origen) rechazó las modificaciones del Senado (cámara revisora) al proyecto de ley, incorporadas en el segundo trámite constitucional. La urgencia simple asignada por el Gobierno, la formación de una comisión mixta y las prioridades del actual período (re) eleccionario, anticipan que probablemente no se aprobará esta ley durante el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Los diputados aprobaron las declaraciones de patrimonio y fideicomiso ciego de las autoridades, pero rechazaron la incorporación en la Constitución de una norma sobre financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral; la prohibición a los funcionarios públicos de participar en actividades de proselitismo político partidista o de promoción de candidaturas a cargos de elección popular durante su jornada de trabajo; y la prohibición de uso de urgencias y reformas constitucionales en períodos pre eleccionarios.

No menos importante, la agenda de modernización del Estado está hoy suspendida. Fuertemente reimpulsada por el ministro Pérez Yoma y con la colaboración de diversas entidades, coincidió con el comienzo del “segundo tiempo” del período presidencial. Medidas como la modernización de la Contraloría General de la República, la creación de una Agencia Nacional de Calidad de las Políticas Públicas, el establecimiento de una institucionalidad para alianzas público-privadas, entre otras, todavía siguen en el ámbito de los discursos sin concretarse en normas jurídicas.

Probablemente estas dos reformas incomodarán a muchas personas que han logrado hacer parecer ciertos privilegios como verdaderos derechos adquiridos. Como ya costumbre en nuestro país, grupos de presión organizados se esforzarán en impedir o retardar -explícita o tácitamente-cualquier proyecto que afecte de alguna manera sus prerrogativas.

El 55% de los chilenos considera que la corrupción está instalada en el país, según el Barómetro Global de la Corrupción 2009, realizado por Ipsos y Chile Transparente, siendo las instituciones más afectadas los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial. De acuerdo a la Encuesta de Corrupción 2009 realizada por Libertad y Desarrollo, el 64% de los encuestados cree que la corrupción es mayor que hace un año. El 74,3% de las personas pobres de Santiago considera que hay un alto nivel de corrupción en Chile, según el Estudio sobre Percepción de Probidad y Corrupción 2008, de la Universidad Católica Silva Henríquez.

En plena campaña presidencial y parlamentaria, y con niveles cercanos al 70% de aprobación presidencial, no le resultaría difícil a nuestra mandataria conseguir el acuerdo político para aprobar una agenda de mejoramiento de la eficiencia estatal. Por otro lado, también ayudaría utilizar el mecanismo de insistencia o, al menos, reponer la suma urgencia al proyecto de reforma constitucional sobre calidad de la política, de manera de poder concretar su promulgación durante este gobierno. Ahora es el momento para avanzar en una agenda de largo plazo que permita consolidar a Chile como un país competitivo, con instituciones sólidas y legitimadas, que sean capaces de sustentar el crecimiento anhelado.

“Hay que entrar a picar”, dice el maestro gasfíter a su interlocutor(a), y éste tiembla. Comprende que es necesario, pero piensa en todos los costos -económicos, tiempo y molestias- que tendrá que asumir. Incluso se cruza fugazmente la tentación de postergar la solución, creyendo erradamente que se retrasará el problema. El problema existe. Se requieren intervenciones urgentes. No podemos seguir postergando la modernización de la gestión estatal y la mejoría de la calidad de la política.

sábado, 27 de junio de 2009

Consumidores bien organizados


La histórica multa equivalente a US$ 1 millón, aplicada por la Superintendencia a CGE y Chilectra con motivo de las erradas lecturas de medidores, demuestran que los consumidores pueden organizarse y defenderse. El consumidor pasivo es cada vez menos frecuente, y por eso, las deficientes actuaciones de funcionarios comienzan a generar graves consecuencias a sus empresas.

A pesar de que ambas firmas sostienen que sus sistemas funcionan correctamente y que mantienen las puertas abiertas para dialogar con sus clientes, se contradice con los resultados de la investigación realizada por la SEC. Se concluye además que en ninguna de las dos empresas operan en forma eficiente los controles internos, a pesar de que Chilectra se encuentra certificada bajo la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Por otra parte, si la los reclamos terminaron en una importante multa de la SEC, también se visualiza un deficiente manejo de crisis.

Fueron más de tres mil reclamos los que recibió en octubre de 2008 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por sorpresivos aumentos en los cobros de la luz. Estas multas se debieron a que CGE no realizó el proceso de medición y toma de lectura en forma correcta, en la comuna de La Pintana durante los meses de febrero de 2008 y febrero de 2009. Chilectra fue sancionada por no realizar las mediciones y facturar erradamente los consumos eléctricos en las comunas de San Joaquín y Cerro Navia.

La SEC aplicó una multa de 800 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a Chilectra -perteneciente al grupo Enersis- y de 400 UTA a CGE Distribución. Recién en abril, Chilectra había sido multada en 700 UTA por deficiencias en su proceso de facturación en las comunas de Renca y Huechuraba. Todavía están en proceso de investigación los reclamos efectuados en las comunas de Macul y Estación Central, respecto al mismo período ya señalado.

Las empresas sostienen que se trata de casos puntuales. Chilectra señala que no se pudieron realizar las mediciones porque los contratistas estaban en una huelga ilegal. La ley establece que cuando no puedes hacer una medición por fuerza mayor, debes hacer un cobro provisorio, correspondiente al promedio de los últimos seis meses.

Lo grave es que los cobros afectaron a personas de escasos recursos. Sin embargo, las denuncias fueron hechas por la comunidad en forma organizada, lo que permitió una investigación mucho más rápida. Esto refleja un importante cambio cultural de los chilenos, ya que se han involucrado en forma activa en los mecanismos que establece la normativa vigente para hacer exigibles sus derechos como consumidores.

Seguramente el tema se judicializará. Por un millón de dólares, es probable que las distribuidoras decidan interponer los recursos que correspondan. A su vez, los consumidores también pueden recurrir a la justicia para pedir compensaciones, ya que la SEC no tiene atribuciones para ordenar su pago. Para esto, la Superintendencia enviará los antecedentes al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), con el fin de que este organismo pueda velar por la adecuada reparación de los usuarios.

Las sanciones son lo suficientemente fuerte como para dar una señal al mercado. Esto obedece a que se busca que las empresas sean más rigurosas en los procesos de medición y facturación, para que a las personas les lleguen cuentas por los consumos reales.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
Gestcom
Artículo publicado en http://www.gestcom.cl/.

lunes, 8 de junio de 2009

Una espiral de manifestaciones


Después del paro nacional de los profesores, en que éstos finalmente lograron el pago del adeudado bono SAE, podría comenzar una espiral de manifestaciones. De hecho, la toma del Instituto Nacional, desarrollada por alumnos que demandan la estatización de la educación municipal, es la primera consecuencia. A pesar de que la Municipalidad de Santiago de inmediato ordenó su desalojo, ¿cómo explicarles a los alumnos que ellos no pueden recurrir a movilizaciones, pero sus profesores sí?

Al día siguiente de haberse depuesto el paro nacional de profesores, la enérgica e inmediata respuesta de la Municipalidad de Santiago a la toma del Instituto Nacional causa perplejidad en la ciudadanía. El desalojo solicitado por el alcalde Pablo Zalaquett sirvió para suavizar el tenor de la protesta, transformándola en una “ocupación cultural” y logrando que los estudiantes abandonaran en forma pacífica el establecimiento. Pero en la práctica, igual significó la suspensión de las clases y la imposibilidad de ingreso de profesores y alumnos al recinto.

En primer lugar, difícil resulta hacer entender a los estudiantes la improcedencia de las medidas de presión para lograr sus objetivos particulares, en especial después del ejemplo de eficacia dado por el Colegio de Profesores. ¿Por qué ellos sí y los alumnos no? ¿Son menos válidas sus peticiones o simplemente tienen menos derechos?

Y en segundo lugar plantea un debate respecto a la representatividad del Centro de Alumnos. ¿Todos los estudiantes querían iniciar un paro para demandar la estatización de la educación municipal? ¿O sólo era un grupo de presión, minoritario pero bien organizado?

Frente a estas dos legítimas interrogantes de los estudiantes, resulta difícil dar una respuesta. En especial, porque se supone que a los alumnos del Instituto Nacional, además de entregarles conocimientos, reciben una fuerte formación cívica.

Los maestros

Ya en marzo, a dos semanas de iniciadas las clases, Jaime Gajardo, presidente nacional del Colegio de Profesores, anunciaba un paro nacional, exigiendo que “la crisis económica no fuera pagada por el Magisterio”. Los motivos se basaban en la gran cantidad de despidos a profesores titulares y a contrata, fusión de cursos y cierre de colegios en todo el país, despidos sin sumario, no pago del bono SAE, reducciones de horarios, concursos mal hechos y cambios de contratos. Agregaba que todos estos antecedentes habían sido entregados a la Ministra de Educación, señalando: “no ha pasado nada, no hemos tenido eco en el Ministerio, que por lo menos cesen los despidos en la educación”.

Luego, en mayo de este año, el Colegio de Profesores convocaba a una movilización para presionar por el pago del bono SAE. Este correspondía a una subvención adicional especial, creada por ley para asegurar una remuneración mínima a todos los docentes y pagar una bonificación proporcional a las horas contratadas. Pero estos bonos de los años 2007 y 2008 no fueron pagados por las Municipalidades, discutiéndose todavía si efectivamente éstas recibieron los dineros de parte del Mineduc.

El 2 de junio, cerca de 20 mil profesores se congregaban en el Parque Forestal, en que Jaime Gajardo destacaba que “porque somos formadores, no podemos dejar que se nos denigre”. Recalcó que el bono SAE era un compromiso explícito del Gobierno, el que no se había cumplido. Se convocó al magisterio nuevamente para el día siguiente en las cercanías de La Moneda. Pero por tratarse de un acto no autorizado, alrededor de 50 docentes fueron detenidos, entre ellos Gajardo, al momento de sacar sus pancartas y comenzar a gritar.

Se ha convertido en una práctica totalmente consolidada que los profesores recurran a actos de fuerza, antes de evaluar otras alternativas menos dañinas para los estudiantes. En base a la rígida inamovilidad que tiene la educación municipal, estas acciones resultan abusos de poder de los profesores hacia sus alumnos, en su gran mayoría niños y jóvenes de escasos recursos, generándoles una gran dificultad para recuperar las clases perdidas.

Operación repetida

No es la primera vez –y probablemente tampoco la última- en que el Colegio de Profesores recurre a medidas de presión.
Durante el año pasado, los profesores efectuaron otras movilizaciones, utilizando el mismo procedimiento. El 16 de junio de 2008, 1.500 personas se juntaron en el Paseo Ahumada con la Alameda e intentaron avanzar hacia el Palacio de La Moneda, para expresar su rechazo a la LGE. Sin embargo, antes de llegar a destino, comenzaron los primeros enfrentamientos con carabineros, quienes trataron de disuadir la manifestación con carros lanza aguas y bombas lacrimógenas.

Luego, el 1° de julio de 2008, los dirigentes gremiales anunciaron la convocatoria a un nuevo paro nacional, para intensificar su rechazo a la LGE, a realizarse el 8 del mismo mes. Este llamado fue apoyado por otros organismos, como Fenpruss, FECh, ANEF y CUT.

El 3 de abril de este año, cerca de 3.000 profesores adhirieron al paro nacional convocado por el organismo gremial en defensa de la educación pública, siendo apoyados también por estudiantes de la FECH, dirigentes de la CUT y de la ANEF.

Reacciones

Existiendo pleno consenso sobre la gran brecha educacional chilena, se empieza a detectar una tendencia al desplazamiento de alumnos de colegios municipales a colegios particulares subvencionados. Además, comienzan las primeras señales de descontento de las familias de los alumnos municipales. Padres y apoderados de Puerto Aysén y de Valparaíso reclamaron por los perjuicios provocados a los hijos.

Por otra parte, resulta inexcusable que las autoridades, estando en conocimiento de lo inflamable del gremio, hayan permitido el desarrollo de este conflicto. La Asociación Chilena de Municipalidades debió haber reaccionado con mayor previsión -a no ser que quisieran instalar la devolución de la educación al Estado- , y el Ministerio de Educación debiera haber realizado una fiscalización más exhaustiva del pago de lo adeudado.

Como ya es recurrente en este tipo de conflictos en Chile, quienes pierden son inocentes víctimas de grupos bien organizados. En este caso, son estudiantes que dejaron de recibir su educación, que no podrán recuperarla con la misma calidad; alumnos de 4° medio, que quedaron en desventaja frente a estudiantes de colegios particulares y privados subvencionados y los padres, quienes tuvieron que asumir la modificación de sus rutinas diarias con el imprevisto cuidado de sus hijos. Mientras la educación pública siga capturada por los profesores, se ven escasas posibilidades de lograr el acuerdo nacional que permita solucionar el problema de la calidad de la educación.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
Gestcom
http://www.gestcom.cl/