Gobierno accede a demandas de gendarmes

El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que moderniza Gendarmerías de Chile, incrementando su personal y readecuando las normas de su carrera funcionaria.

No sólo los estudiantes convocan a paros, sino también los funcionarios públicos que quieren que sus peticiones sean implementadas por el Gobierno. En esta oportunidad, los gendarmes reclamaban por no estar incluidos en el proyecto de reajuste salarial para las Fuerzas Armadas. Al tercer día de una coordinada movilización, los trabajadores retomaron sus funciones luego de una reunión con el subsecretario de Justicia, Jorge Frei.

Después de la paralización de ayer de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), el Gobierno accedió a sus peticiones, ampliando el presupuesto del proyecto a 100 millones de dólares. Este financiamiento permitirá aumentar la dotación en 5802 funcionarios, esto es el 60% de la dotación; mejorar de manera importante la condición de los vigilantes grado 26 en la EUS (Escala Única de Sueldos); la mantención de la carrera funcionaria en 30 años de servicio, con la posibilidad de ampliarla voluntariamente hasta los 35 años con un bono especial de permanencia, e incrementar el número de cargos por grado, facilitando los ascensos dentro del escalafón.

Durante las dos horas de paralización de funciones, en todos los penales se impidió la entrada y salida de los reclusos. Un gendarme se encadenó a la puerta de ingreso de Santiago 1. El acceso a la cárcel El Manzano, de Concepción, fue bloqueado por los trabajadores, retrasándose el traslado de 20 internos citados a los juzgados de la ciudad y de Talcahuano. En Valparaíso, 100 reclusos fueron mantenidos a los carros celulares. En la ciudad de Puerto Montt, gendarmes formaron una barricada en el ingreso del penal de Alto Bonito. Hoy, en el centro de Santiago, gendarmes que estaban haciendo una manifestación fueron detenidos por Fuerzas Especiales de Carabineros.

A pesar de eso, el subsecretario Frei aseguró que “todo funcionó en términos normales”, salvo algunos problemas de flujo. Los diputados UDI, Felipe Ward y Marisol Turres anunciaron que solicitarán se cite al Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, a una sesión especial de la Comisión de Constitución de la Cámara para que informe sobre la situación. La ministra secretaria de Gobierno, Carolina Tohá, emplazó a los gendarmes a sumarse al proyecto de reestructuración de Gendarmería. “Insistimos en llamar a las distintas organizaciones de Gendarmería a ir al Parlamento y a través del debate de este proyecto plantear sus inquietudes", señaló la vocera de Gobierno. Con fecha de hoy, el proyecto de ley fue ingresado a primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, quedando en manos del Parlamento su discusión.

Pugna de poder

Las pugnas de poder entre las partes negociadoras pueden irse agravando cada vez más, con motivo de legítimos intereses contrapuestos. Hoy, los funcionarios públicos llegaron a un paro general e indefinido en rechazo a la propuesta del Gobierno. Bajo la atenta mirada de los usuarios, los elementos de presión utilizados han aumentado su calibre.

El conflicto surgido en la tensa negociación sobre el reajuste de los funcionarios públicos ha ido escalando rápidamente. La ANEF no retrocedió en el paro indefinido de 15 gremios, por lo que sus conversaciones con el Ministerio de Hacienda se harán en el contexto de una masiva paralización de actividades. Unos 450.000 trabajadores del sector público comenzaron a la hora cero de ayer una segunda paralización de actividades en una semana. A esta convocatoria se sumaron las federaciones de estudiantes de la Universidad de Chile, del Bíobío y los estudiantes secundarios.

La vocería de Gobierno ha recaído en el ministro Velasco, ya que el otro negociador, el ministro del Trabajo Osvaldo Andrade, partió a Ginebra a una actividad de la OIT. Velasco hizo una oferta de un reajuste escalonado, la que rechazada por los funcionarios públicos.

El presidente de la Federación Metropolitana de Trabajadores de la Salud, Carlos Castro, advirtió sobre la posibilidad de abandonar los turnos éticos. A su vez, el Gobierno anunció que, de no llegar a un acuerdo, el Ejecutivo enviaría mañana mismo un proyecto de ley al Congreso con una propuesta de reajuste, para ser despachado durante la semana.
Mientras las medidas de presión van aumentando entre las partes, existe un consenso nacional que los únicos “en pagar el pato” son los usuarios de los servicios públicos. Dentro de las organizaciones, los grupos de poder ya han aprendido a utilizar fuertes medidas de presión.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
GestCom

Artículo publicado en sitio web http://www.gestcom.cl/

Festival de paros

Las movilizaciones de los funcionarios públicos se hacen cada día más frecuentes. Son una consecuencia directa del empoderamiento de las audiencias internas, que les permite incluso contravenir la legislación chilena.
En este último tiempo, hemos sido testigos de numerosos paros en la administración pública. El Colegio de Profesores y el Instituto de Normalización Previsional estuvieron en paro en julio. En agosto, fueron la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud, Confusam, y el Servicio Médico Legal. El Sename, el Servicio de Impuestos Internos, el Compin, el Instituto de Salud Pública y el Servicio de Registro Civil e Identificación han paralizado sus funciones durante el mes de septiembre. Y ya hay varios paros anunciados para octubre.

Definitivamente, los paros se han convertido en un importante y eficaz mecanismo de presión en el sector público. Estas movilizaciones surgen especialmente en épocas de negociación de reajustes salariales. Y aún cuando las autoridades señalan reiteradamente que no negocian con funcionarios en paro, terminan haciéndolo ante la presión de los usuarios.
Nuestra actual legislación prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que atiendan servicios de utilidad pública, mantener huelgas y más aun paralizar sus funciones, ya sea en forma total o parcial. Pero esta expresa prohibición de paralización de actividades es sobrepasada regularmente, a través de la política de hechos consumados. Al lograr una visibilidad ante la opinión pública, los funcionarios en paro recuperan inmediatamente la atención de sus interlocutores.

La Constitución Política del Estado establece en su artículo 19 N°16 inciso 5° que ”no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso”.
Por su parte, el artículo 384 del Código del Trabajo establece taxativamente quienes no pueden declarar la huelga. Son las empresas: a) que atiendan servicios de utilidad pública y b) cuya paralización por su naturaleza causen grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional. La calificación en estas categorías debe ser efectuada todos los años en el mes de julio, por resolución conjunta de los ministerios del Trabajo, Defensa y Economía.

Ratificado lo anterior, el Estatuto Administrativo (ley 18.834) en su artículo 84 letra i) establece como prohibición para el funcionario: “Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado”.
En contrapartida, la OIT ha sostenido que la huelga es un derecho fundamental, por lo que sólo puede estar restringida en forma excepcional. En ese sentido, la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas de la OIT, en sus Observaciones del año 2008 vuelve a indicarle al gobierno chileno que la prohibición de huelga todavía es demasiado amplia. Esta recomendación coincide con la del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que también considera demasiado amplia la legislación chilena en la regulación de la prohibición del derecho a huelga.

Sin embargo, mientras estas tendencias no se incorporen a la normativa nacional, no tienen efectos jurídicos. Pero ya es un hecho que los funcionarios públicos se sienten empoderados para transgredir la ley. Es el empoderamiento de las audiencias internas.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
GestCom

Artículo publicado en sitio web http://www.gestcom.cl/