¿Gobernar sin partidos políticos? ¡Dios te oiga!

“El gobierno no puede funcionar sin los partidos políticos” declaró el diputado Hasbún en el reciente cónclave UDI, refiriéndose con dureza a la relación existente entre Gobierno y su tienda política. A su vez, el senador Longueira señaló en la misma jornada: “tenemos que exigir, no pedir al Gobierno”, además de anunciar la creación de un consejo resolutivo integrado 18 figuras autodesignadas y con la facultad de fijar las líneas de acción del partido.

No cabe duda que la escasa dirección política del Gobierno ha tensionado fuertemente las relaciones con todos los partidos. Por eso, el Presidente Piñera invitó a los timoneles de la Alianza y Concertación a un almuerzo este lunes. Según agenda oficial, tratarán tres puntos: salud, educación y energía, pero no cabe duda que analizarán también la evidente crisis de la política.

Intranquiliza que el Gobierno no haya sido capaz de anunciar también las reformas políticas tanto tiempo pendientes, de las cuales se ha hablado tanto, pero se ha hecho tan poco: sistema binominal, ley orgánica constitucional de inscripción automática y voto voluntario, descentralización, elección Cores y gobiernos regionales autónomos; reforma ley partidos políticos, primarias abiertas y vinculantes, límite reelección representantes populares; voto de chilenos residentes en extranjero; iniciativa legislativa popular y participación ciudadana.

Sorprende, de partida, porque en dicha cita se reunirá lo más selecto de lo que la ciudadanía rechaza: el 56% desaprueba conducción presidencial y labor del Gobierno, el 65% censura a la Concertación y el 57% a la Coalición por el Cambio. Sólo un magro 23% aprueba al conglomerado de oposición, el 32% al oficialista y un discreto 36% al Gobierno (mayo 2011). Por supuesto que el ver al Jefe de Estado haciendo genuflexiones a los dirigentes de estos grupúsculos -lo más conspicuo de la reprobación chilena- sólo sacará ronchas a la población, acrecentando aún más la desaprobación presidencial.

Por otra parte, ante esta evidente crisis de representatividad de los partidos políticos -hoy sólo representan el transversal rechazo ciudadano-, llama la atención que el Gobierno haya permitido que sus opositores se apropiaran de la bandera de reformas políticas. Hace unos días, los jefes de bancadas de diputados del PS, Alfonso de Urresti; del PPD, Pepe Auth, y del PRSD, Fernando Meza, enviaron una carta al mandatario, ofreciendo respaldo para un acuerdo nacional que permitiera renovar la democracia e impulsar reformas políticas. En la DC, el presidente de ese partido, senador Ignacio Walker, ya anunció en programa televisivo Estado Nacional que plantearía la definición de agenda país con las mencionadas reformas políticas.

¿Qué impidió que el Gobierno impulsara esta agenda? En un clima de tanto rechazo a la clase política, ¿de qué tuvo miedo el Gobierno para omitirla? No cabe duda que toda la ciudadanía le estaría eternamente agradecida al ministro Cristián Larroulet si éste lograra desarticular las estructuras que han amparado la autoperpetuación de los mismos dirigentes. ¿Significaría una confrontación con las dirigencias políticas? Claro, pero siempre hay que romper huevos para hacer tortillas…

El cartillazo realizado por la UDI ya implica un enfrentamiento. Sin embargo, ese partido comienza a ser cuestionado por su reiterada permisividad ante irregularidades cometidas por sus representantes. El retorno en gloria y majestad del ex diputado Julio Dittborn como directivo de la UDI -después de ser sorprendido arrendando viviendas particulares como sedes parlamentarias-; la designación de la diputada Claudia Nogueira como presidenta de la comisión investigadora por caso Kodama -formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco-; el respaldo que tuvo el alcalde Mario Olavarría -formalizado por presunto cohecho y otorgamiento indebido de patente de alcoholes- o el sobreseimiento de la investigación de Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta, sobre la empresa GMA y su ya anunciada próxima candidatura, reflejan un claro debilitamiento de los estándares morales de esa colectividad. Esta tolerancia excesiva convierte este conglomerado en verdaderos fundos administrados por sus propios dueños, sin mucho control y evidenciando la dificultad de renovación política en todos los partidos. Aparece en escena un grave y nuevo problema en política: la falta de legitimidad.

¿De qué es el partido más grande de Chile? No cabe duda, pero beneficiado al igual que las demás tiendas políticas con un protector sistema binominal y con designación de candidatos entre cuatro paredes. ¿Cuánta gente asistió a este último cónclave UDI? ¿50?, ¿80? ¿Las decisiones ahí tomadas representan a sus bases? ¿Y a quienes representa el partido? El importante número de parlamentarios ahora pierde sentido ante la ilegitimidad del proceso de nombramiento de candidatos.

La elección de alcalde en La Florida -fracasada por décimo cuarta vez- evidencia que la política está capturada por las cúpulas partidistas, privilegiando sus propios intereses por los de la ciudadanía. Una de las comunas más pobladas de nuestro país -394.821 habitantes- es hoy rehén de dirigentes de la Concertación y de la Alianza.

El mismo Presidente Piñera reconoció en entrevista en este medio que existe un divorcio entre país y política. La gran demanda de esta época es la participación ciudadana. Él mismo reconoce que ya se relajó el respeto a autoridades, instituciones y procedimientos, ante esta profunda brecha de representatividad. Sólo las reformas políticas antes mencionadas -y tan anunciadas-podrán satisfacer este clamor popular… ¿O será necesario que nosotros también tengamos nuestro propio 15-M?

Columna publicada en La Tercera Online

Gobierno: transparentar hasta que duela

La reciente formalización de la diputada Claudia Nogueira por cuatro delitos de fraude al Fisco -por la suma de $ 30.283.103- abre una nueva arista para el gobierno del Presidente Piñera. Acostumbrados durante años a que las acusaciones fueran hechas por la Alianza en contra de la Concertación, este caso podría implicar una importante pérdida de superioridad moral del conglomerado oficialista, y de paso, del actual gobierno.

Sin perjuicio de que sólo los Tribunales de Justicia pueden determinar las responsabilidades civiles y penales -muy en la línea de lo señalado por el ministro de Justicia Felipe Bulnes respecto al nuevo director de Gendarmería-, las primeras señales comunicacionales del gobierno serán decisivas en relación a la permisividad que tendrán los actos de corrupción. Más aún si se toma en cuenta que uno de los pilares de la campaña presidencial consistió precisamente en atacar el laissez faire de los últimos gobiernos de la hoy oposición.

Cabe recordar que la derecha no siempre ha tenido la misma severidad con sus partidarios que con los de la Concertación. Emblemático resultó un categórico dictamen de la Contraloría General de la República, el que estableció que el viaje a Europa de la entonces y actual alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, la concejal Valentina Egert y el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo - y marido de la diputada Nogueira-, no correspondió a las actividades declaradas de la organización Comuna Net.

Después del dictamen, la alcaldesa se limitó a restituir el valor del viaje, poniendo término con eso el juicio de cuentas correspondiente. El entonces presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, en forma enfática anunció la aplicación de estrictas sanciones en el caso que la Contraloría o los tribunales comprobaran las denuncias. Sin embargo, poco después del dictamen del organismo contralor, el dirigente UDI entregó su respaldo a Plaza. Al parecer ese apoyo no fue suficiente, ya que al mes la edil de Huechuraba y la concejal involucrada renunciaron a la UDI. Con posterioridad, Plaza repostuló como independiente al mismo cargo, siendo elegida con el 53,74% de los votos y, de paso, aumentando su valor para la que fuera su tienda política.

La Contraloría también detectó irregularidades en la municipalidad de Recoleta, en contratos que la involucraban en un eventual fraude al fisco y en negociaciones incompatibles con dos empresas privadas: Rush S.A. y GMA. Más tarde, el alcalde Cornejo no quiso ir a la reelección, y poco después de la publicación del dictamen de Contraloría, el edil renunció a la UDI en forma definitiva. En ese momento, recibió un gran apoyo de sus compañeros de partido.

Por otra parte, el ingreso en la Cámara de Diputados de 20 oficios para aclarar el fuerte incremento de traspasos de dineros a ONGs entre el 1° de enero y 11 de marzo de este año, también demuestra la imperiosa necesidad de recuperar la transparencia de los actos del Poder Ejecutivo. Sean delitos, fallas administrativas o simples faltas éticas, será la Cámara de Diputados en quién recaerá la investigación inicial. Sin perjuicio de ello, el gobierno también deberá estar atento a la investigación, ya que será una potente señal de su compromiso con la transparencia estatal en los próximos cuatro años.

Por último, la reciente investigación efectuada sobre la Uniacc, el Ministerio de Educación y la entrega de becas Valech a personas sin competencias educacionales, también hace surgir legítimas dudas a la opinión pública acerca de la impunidad de las organizaciones involucradas, tanto del sector público como de la empresa privada. El programa “Esto no tiene nombre” de TVN demostró cómo la Uniacc inscribió en programas universitarios a personas que no habían terminado su enseñanza básica o media, lucrando a través de dineros aportados por el Estado, sin ninguna supervisión por parte del Mineduc.

Ya son demasiado los casos en que en que las responsabilidades administrativas se han diluido a lo largo del tiempo: Mop -Gate, Conadi, Chiledeportes, Cees, Efe, Enap, Registro Civil , aviones Mirage, Ministerio de Cultura, Sename, Subdere, Hospital de Talca, Hospital de Iquique, Hospital Félix Bulnes, entre otros, consagran la impunidad de la administración estatal en nuestro país.

De ahí la importante necesidad de identificar a los involucrados y de hacer efectivas las responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas que correspondan. Sin embargo, el gobierno no podrá ser más exigente en unos casos más que en otros. En todas las investigaciones deberá respetar los procesos de los órganos jurisdiccionales, pero al mismo tiempo deberá demostrar su total compromiso con la transparencia, impulsando una gestión efectiva en la determinación de responsabilidades. Aunque sea doloroso, deberá mostrarse firme ante la opinión pública, en especial en aquellos casos en que se encuentren involucrados alcaldes o parlamentarios de la Alianza.

Publicado en latercera.com:
http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/gobierno_transparentar_hasta_que_duela

La embriaguez del poder

“Me enceguecí, me embriagué del afán de servir más y más”, fue la sentida declaración del diputado Errázuriz al renunciar a su tienda política. En su cuarto período legislativo consecutivo (desde1998), el ahora ex RN fue denunciado en un reportaje de La Nación por las graves irregularidades en los contratos de arriendo de sus sedes distritales.

No es el único parlamentario sorprendido trastabillando en el último tiempo, producto de esta “excesiva “vocación de servicio público. Hace pocos días, la Comisión de Ética de la Cámara Baja amonestó al diputado UDI Julio Dittborn (tercer período legislativo consecutivo), por no consultar previamente su peculiar sistema de arrendar casas particulares como sedes parlamentarias, sin instalar la señalética correspondiente.

La investigación que realiza el fiscal de la Quinta Región a la diputada Claudia Nogueira por el pago a asesores que luego le reintegraban los fondos, también demuestra un absoluto relajo en la entrega de los dineros de las asignaciones. Se concluye además la urgencia de una exhaustiva revisión a todos los contratos de asesorías y arriendo de sedes parlamentarias, tanto a diputados de gobierno como de la oposición.

La denuncia de “Informe Especial” evidenció conductas cuestionables en la labor legislativa. El debate producido respecto a una eventual visión sesgada del programa, no justifica en nada las actuaciones conocidas por la opinión pública. La información oficial entregada por la Cámara Baja a la ciudadanía quedó desvirtuada con un par de tomas televisivas, confirmando un trabajo poco prolijo de autocontrol.

La categórica respuesta corporativa, en el sentido de que el trabajo legislativo consiste en dictar leyes y que el programa mostró verdades a medias, desvió la discusión hacia el omitido tema de los conflictos de interés de los parlamentarios. De partida, todo proyecto que signifique un empoderamiento ciudadano, ha sido sistemáticamente postergado: reforma constitucional sobre la transparencia y calidad de la política, reforma del sistema binominal, límites a las reelecciones, agenda de modernización del Estado, regulación del lobby, fideicomiso ciego sin nombre ni apellido, entre otros, proyectos legislativos presentes en innumerables discursos, pero todavía sin concretarse. La excepción que confirma la regla fue la Ley de Acceso a la Información Pública, recientemente aprobada, y que elevó los estándares de transparencia.

El año pasado también fue polémico para el Congreso por el uso (en asesores legislativos adicionales) de los más de $ 1.000 millones liberados con la supresión de senadores designados y vitalicios. Igualmente controvertida fue la decisión de aumentar en $ 100.000 la asignación mensual para combustibles para cada parlamentario, finalmente dejada sin efecto.

La necesidad de mecanismos de rendición de cuentas más eficaces, más transparencia y mayor competencia, crece cada vez más. Con un mercado cautivo -obligado por ley a votar-, el predominio del duopolio político se evidencia en los períodos de (re)elecciones parlamentarias.

El sistema binominal quizás se justificó en una etapa inicial, después del retorno a la democracia. Pero en la medida que ésta se fue consolidando, se transformó en una barrera de entrada, que en forma artificial dificultó la renovación política. Los diputados y senadores en ejercicio asumieron sus cargos como un derecho adquirido, para optar la mayoría de las veces por la reelección durante varios períodos parlamentarios seguidos. Una vez más, los reemplazantes de los diputados Errázuriz y Enríquez-Ominami serán designados por las cúpulas partidistas, eludiendo cualquier participación de las bases partidarias o de los electores.

Incluso el primer senador independiente, Carlos Bianchi, actual Vicepresidente de la Cámara de Diputados, escribió hace un par de meses atrás sobre la colusión política de los dos principales conglomerados, responsabilizando al sistema binominal y la falta de mecanismos democráticos dentro de los partidos.

Por otra parte, los ciudadanos debiéramos premiar o sancionar a los parlamentarios salientes, a través de su reelección o reemplazo. Pero la inexistencia de primarias o de algún otro mecanismo democrático dentro de cada partido y coalición, nos hace imposible ejercer este control ciudadano, salvo a través de un ineficaz voto nulo. Inevitable fue el duro diagnóstico de la percepción ciudadana del Congreso, realizado el año pasado a través del estudio de imagen efectuado por Tironi y Asociados y de la encuesta CERC, en que sólo el 18% de los encuestados señaló tener mucha o bastante confianza en el Congreso.

Hasta ahora, el voto obligatorio disimuló la inexistencia de mecanismos democráticos dentro de los partidos. Pero la inminencia del voto voluntario hará disminuir en estas elecciones el temor a una eventual sanción por no sufragar, instalando por primera vez una nueva dimensión a evaluar: la representatividad de los parlamentarios.

Artículo publicado en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_embriaguez_del_poder y en http://www.politicastereo.tv/muro_detalle.php?id_muro=517