El Presidente Piñera y la carga probatoria

La inminente votación sobre la constitución de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por una supuesta intervención presidencial en las elecciones de la ANFP, se convertirá en un dolor de cabeza para el área comunicacional del Gobierno. Más aún, si desde el primer momento la política comunicacional del Gobierno fue errática, desconociendo por completo las reglas básicas de la carga probatoria ante la opinión pública.

A pesar de que ésta en tribunales corresponde a quién plantea la acusación, la defensa en la esfera pública se rige por otras normas. En especial, si la estrategia de la Concertación -además de aprovechar un flanco ofrecido en bandeja y abierto por el propio Presidente al mantener sus acciones de Colo Colo-, se centra más en lograr verosimilitud que en descubrir la verdad de los hechos. Amparadas en antecedentes que contribuyen a crear dudas razonables acerca de los medios utilizados por el Presidente para lograr resultados, las acusaciones sólo debieron enfocarse en demostrar motivaciones plausibles para ser creíbles -y no en acciones concretas-, traspasando al imputado la carga probatoria ante la opinión pública.

Es por esto que mientras más se vea fortalecida la reputación de efectividad del Presidente, más vulnerable será a la creación de enfoques, encuadres o framings por parte de sus detractores: “el todo vale” o “el fin justifica los medios” ya está instalado. Aún más, desligada la Concertación del peso de la gestión, ésta podrá concentrarse en su principal fortaleza: la comunicación, colocando al Gobierno en una situación de desventaja al tener que combinarla con gestión. De hecho, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la oposición se han tensado ostensiblemente, ante la atenta mirada de la ciudadanía, la que tiende a castigar estas confrontaciones.

Hasta ahora, ni las declaraciones del periodista Felipe Bianchi, ni las del columnista Hermógenes Pérez de Arce ni las de los parlamentarios Soledad Alvear y Pepe Auth han sido confirmadas por terceros. Sin embargo, existen precedentes de anteriores acciones del Presidente, que entregan credibilidad a la tesis de la intervención gubernamental en las elecciones de la ANFP: la cuestionada infracción a la prohibición de compra de acciones de Lan con información privilegiada, el llamado para cancelar la construcción de la termoeléctrica de Barrancones, el ya casi olvidado Piñera Gate o la tardía venta del director de ChileDeportes de sus acciones de Colo Colo al consuegro del Jefe de Estado. A esto se suma el público distanciamiento con Marcelo Bielsa y Harold Mayne-Nicholls, al que se expuso gratuitamente el Presidente Piñera. Además, el coincidente -e inoportuno- anuncio de la remodelación de los estadios Sausalito y Playa Ancha perfectamente podría interpretarse como una compensación a los votos de Everton y Santiago Wanderers en las elecciones de la ANFP.

Como consecuencia, ni siquiera existe unanimidad dentro de la Alianza respecto a la conveniencia de esta comisión investigadora. Desde ya, el anuncio de diputados RN de apoyarla para aclarar las supuestas imputaciones, aumenta las probabilidades de la indagación. Por otra parte, la UDI ya adelantó su rechazo a su constitución, aduciendo la falta de fundamentos y pruebas. Sin embargo, independiente del efecto del resultado procesal de la comisión, resulta innegable que también existirá un impacto comunicacional respecto a la imagen del Presidente.

No obstante, desde el principio la estrategia comunicacional del gobierno fue reactiva. Fuimos muchos quienes advertimos que en algún momento el Presidente Piñera se vería enfrentado a un conflicto de intereses. Y así ocurrió: el inflamable ambiente futbolístico -caracterizado por un ADN pasional- prendió fuego de inmediato al entremezclarse con la política, haciendo peligrar de inmediato varios puntos de aprobación presidencial. Esta situación podría durar todo el tiempo que tome el proceso clasificatorio de nuestra selección nacional.

Además, el próximo partido de la selección con Uruguay -y despedida de Marcelo Bielsa-reinstalará el tema ante la opinión pública, agravando la innecesaria y evitable pérdida de capital político del Primer Mandatario. La celebración del centenario de la selección podría convertirse en una manifestación ciudadana más fuerte que la de Barrancones, pero ahora presencial y ante hechos irreversibles. La potencial inhabilidad del electo presidente de la ANFP, José Segovia, tampoco ayuda a agotar el tema y dar vuelta la página.

Resulta irónico que, después de todo el tiempo, dinero y esfuerzo invertido en el fútbol por el Presidente Piñera para captar simpatías de la ciudadanía, sea precisamente este deporte el que le reste valiosos puntos de aprobación ciudadana.

Instalada la duda, cualquier resultado de la comisión investigadora -condene, absuelva o no se constituya-perjudicará el capital político del Presidente Piñera. Más aún, si tal como señaló el senador Hernán Larraín en el programa “Estado Nacional” de TVN, al referirse a un tema de cultura política: la Alianza es buena para poner huevos, pero no sabe cacarear…

Columna publicada en La Tercera Online

La restauración de la credibilidad presidencial

Damnificada resultó la credibilidad presidencial después del episodio de la venta de acciones de Lan. La promesa de venderlas antes de asumir la Presidencia de la República definitivamente no se cumplió. La tardía venta demostró la voluntad de respetar lo ofrecido, pero dañando de alguna manera la imagen del mandatario. Si bien se hizo lo prometido, el retardo en esta enajenación sólo empañó el cumplimiento, abriendo un flanco político que se hubiera podido evitar.

Los conflictos de intereses parecieran ser el probable talón de Aquiles que tendrá este gobierno. El Presidente, sus ministros y gran parte del Poder Ejecutivo se verán enfrentados a complejas situaciones. Por ejemplo, tanto la subsecretaria de Transportes, Loreto Silva, como el Coordinador de Concesiones del mismo Ministerio, Mauricio Gatica, ya se encuentran inhabilitados en decisiones de su ramo sobre iniciativas privadas. Pero quién no se inhabilitó fue el director de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle en la polémica por el reparto de excedentes del Canal del Fútbol, la que todavía no se sabe cómo será resuelta.

Cabe recordar que este período presidencial partió en forma especial. El terremoto y posterior tsunami cambiaron de un golpe los objetivos iniciales, haciendo surgir nuevas prioridades y retardando el proceso de instalación. La cuantificación de los daños -por un total de US$ 30 mil millones- inicialmente fue desestimada por un estudio publicado por IM Trust, que calculaba un máximo de US$ 8 mil millones. Sólo recién el exhaustivo detalle que entregó el ministro Felipe Larraín al Senado y a la Cámara de Diputados explicó los parámetros utilizados para calcular el monto total de las pérdidas, informando de los daños a la ciudadanía y permitiendo aclararle los cálculos. A su vez, los diputados también pidieron al Gobierno información clara sobre los daños del terremoto, solicitando claridad y transparencia en la estimación de los montos de los daños y en la selección de las fórmulas para financiar el plan de reconstrucción.

En el mismo sentido, la tardanza en el nombramiento de ciertos cargos del Poder Ejecutivo tampoco contribuye a ratificar la inicial imagen de excelencia en la gestión con que partió el nuevo gobierno. En cambio, la rápida capacidad de reacción gubernamental logró superar la descoordinación producida entre La Moneda, el Congreso y la Corte Suprema respecto al proyecto del bono marzo, permitiendo su pago y cumpliendo así una de las promesas de campaña.

Por otra parte, la polémica surgida con motivo de los dineros de la Comisión Bicentenario sólo ha confundido a la opinión pública. Llevada personalmente por los involucrados, tanto Julio Dittborn, su actual Secretario Ejecutivo, como Javier Luis Egaña, ex Secretario Ejecutivo del anterior gobierno, han defendido sus posiciones sin llegar a un resultado concreto. Una acusación, su defensa y una réplica, además de reclamos en otros campos, demuestran fehacientemente que el traspaso del mando no fue tan impecable como se quiso. A estas alturas, la citación a la Cámara de Diputados de los personeros que dirigían dicho organismo se hace necesaria para aclarar este episodio, dejando de lado las bravatas en que ha caído cada conglomerado.

A pesar de que seis de cada diez chilenos creen que a este gobierno le irá bien, el capital político del Presidente Piñera no se puede dilapidar. Terminado el caso de Lan en medio de críticas por la tardanza y por el no pago de impuestos, permanecen abiertos otros flancos. Por de pronto, los casos de Chilevisión y Colo Colo podrían agrandar el daño a la credibilidad del mandatario. Ante conflictos tan previsibles, se hace necesario cuidar su capital reputacional correspondiente a una institución republicana de tan alta significación.

A pesar de que la ciudadanía entiende las dificultades iniciales causadas por los sismos en la instalación del nuevo gobierno, el país quiere a volver a la normalidad. La opinión pública percibe también la polarización política que se ha producido y que no habrá tregua entre Gobierno y oposición. Ambos conglomerados están cumpliendo sus roles, pero se han olvidado en gran medida de las promesas de colaboración post terremoto, entrabando la reconstrucción nacional por privilegiar sus intereses particulares.

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/restaurando_la_credibilidad_presidencial

Gobierno: demoras en plazos y conflictos de intereses

Las entusiastas declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín respecto a la aprobación unánime del bono marzo en el Congreso, constituyeron un fuerte apoyo a la construcción de credibilidad del nuevo gobierno en su período de instalación. El economista recalcó que este proyecto era un compromiso de campaña que habían tomado muy seriamente. “El gobierno del Presidente Piñera cumple y hemos tenido el apoyo unánime de los parlamentarios", agregó el titular de dicha cartera. Por consiguiente, la iniciativa legal se convertirá en la primera ley del mandatario.

Pero además del cumplimiento de todas las promesas electorales -obviamente modificadas por las prioridades surgidas del terremoto y maremoto-, el actual gobierno se ha esmerado en matar uno de los mayores fantasmas del último período presidencial: la falta de efectividad. Comisiones ciudadanas, paneles de expertos y comités transversales realizaron durante años innumerables diagnósticos, sin que necesariamente sus conclusiones se llevaran a la práctica.

Por esta razón, para el nuevo gobierno resulta fundamental mostrar resultados inmediatos, en especial ante la urgencia de una catástrofe de tal magnitud. En consecuencia, dos días después de asumir el mando, el Presidente Piñera fijó cortos plazos a sus ministros para restablecer la normalidad en las áreas de educación, salud y vialidad.

En Educación, le estableció un plazo de 45 días a Joaquín Lavín, ministro del ramo, para normalizar el inicio del año escolar. Se trata de un área extraordinariamente sensible, ya que a pesar de los múltiples, profundos y certeros diagnósticos realizados(Ocde, Educación 2020,Cruch, etc.), fueron pocas las intervenciones realizadas a la educación pública chilena en los últimos años, y ésta todavía se encuentra al debe.

A su vez, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, deberá normalizar la atención médica en el plazo de dos meses. Para esto, será necesario recurrir a medidas especiales, como implementar hospitales modulares, de campaña, prefabricados o de emergencia, y reactivar las garantías Auge, terminando con la suspensión de beneficios decretada después del terremoto. Consultado sobre esta última medida, el titular del ramo reconoció que la situación de no cumplimiento de garantías por listas de espera Auge existía desde antes del sismo.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, deberá enfocarse en los dos primeros meses sólo en la reparación de las infraestructuras más urgentes para recuperar la conectividad del país. Esto significa reparar caminos, carreteras, puentes, puertos y aeropuertos dañados. La posterior reconstrucción de la infraestructura pública dañada se estima que demorará dos años, con un costo total de 1400 millones de dólares.

Con el objetivo de mostrar resultados concretos y, a la vez, reforzar la credibilidad del nuevo gobierno, el Presidente Piñera estableció estos plazos perentorios, los que debieran ser cumplidos. Sin embargo, ante una situación tan dramática se desconocen por completo las medidas a adoptar en caso de un eventual incumplimiento. Se ignora si es una exigencia real o sólo una medida comunicacional: por tratarse de una catástrofe tan inesperada y un gabinete tan reciente, la destitución temprana de un ministro sólo causaría más daño.

Con la implementación de estas fechas categóricas, desde el comienzo el actual gobierno se propone matar uno de los mayores fantasmas del último mandato presidencial: la falta de efectividad. Es por eso que el hiperactivo mandatario se ha mostrado en diversos frentes, que han ido desde emergencias y salidas a terreno hasta programas de televisión. Sin embargo, el establecimiento de estos plazos perentorios sólo recuerda la demora de su promesa no cumplida de vender Lan y transferir Chilevisión a una fundación. La reciente divulgación de que un fondo extranjero compraría una parte de sus acciones en la línea aérea y el anuncio del posterior remate del saldo no alcanzan a despejar las dudas acerca de la puntualidad en las fechas. ¿Qué tan exigente será el Presidente Piñera con el cumplimiento de los plazos -propios y ajenos-?

Las múltiples y simultáneas actividades del nuevo presidente no han podido disimular una importante debilidad: los conflictos de intereses. Tanto la prensa internacional como la nacional han destacado el mal precedente que el nuevo mandatario sienta para los miembros del gabinete, muchos de los cuales tienen amplios vínculos con el mundo privado, pudiéndose convertir en el talón de Aquiles de este gobierno.

De hecho, antes de cumplirse una semana del nuevo gobierno en el poder surge el primer caso. Involucra al director de Chiledeportes, Gabriel Ruiz Tagle y al actual timonel del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls, en una fuerte polémica por el reparto de excedentes del Canal del Fútbol. El ex presidente de Blanco y Negro, junto al Presidente Piñera, son los principales accionistas de la sociedad y confirmaron desde el principio que continuarían con la propiedad de sus acciones.

Es de esperar que ante estos conflictos de interés tan flagrantes- que han ocurrido y seguirán ocurriendo- , el Presidente Piñera también imponga plazos perentorios a sus ministros para lograr soluciones, y que esta vez, se cumplan.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/gobierno_conflictos_de_intereses_y