Arica y Parinacota: Con sangre en el ojo

En septiembre de 2008, el Senado rechazó el proyecto de ley que creaba la circunscripción senatorial para la XV Región. Con esto, se puso fin al anhelo de la nueva jurisdicción de tener sus propias autoridades políticas, al igual que todas las demás regiones de nuestro país. Es la única región que no lleva senadores propios, ya que seguirá compartiendo parlamentarios con la Región de Tarapacá.

Inició sus operaciones en octubre de 2007 y ha tenido un difícil comienzo. El escaso resultado del Plan Arica y la poca recepción del Plan Maestro gubernamental para los sectores contaminados con plomo y arsénico, son recientes problemas que demuestran la ardua realidad que vive la zona. Por otra parte, fue la región con la mayor disminución en el INACER en el trimestre abril-junio 2009 y tuvo un índice de desempleo de 10,3% en el trimestre mayo-julio 2009. Con estas cifras, no quedan dudas respecto a la urgencia de contar con sus propios representantes en el Senado.

Recién iniciadas sus operaciones, se ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que creaba la Circunscripción Senatorial de Arica y Parinacota. En marzo de 2008, fue aprobado en votación general por la Cámara con 82 votos a favor, 3 votos en contra (Araya, Díaz Eduardo y Norambuena), 12 abstenciones y 25 diputados que no votaron.

El proyecto ingresó al Senado para su revisión y en septiembre pasado fue rechazado. La estrecha votación fue de 16 representantes por la negativa, 15 por la afirmativa, 2 abstenciones y 5 senadores que no votaron:

Votaciones en contra:
Alvear
Chadwick
Muñoz Barra
Pizarro
Arancibia
Gazmuri
Naranjo
Ruiz-Esquide
Ávila
Kuschel
Navarro
Sabag
Cantero
Longueira
Novoa
Zaldívar

Votaciones a favor:
Allamand
García
Letelier
Pérez-Varela
Coloma
Gómez
Muñoz Aburto
Prokurica
Escalona
Horvath
Núñez
Romero
Flores
Larraín
Orpis


Las abstenciones fueron:
Espina
Frei

Los senadores que no votaron:
Bianchi (*)
Girardi
Matthei (*)
Ominami
Vásquez
(*) Presente según lista de asistencia

En época de (re)elecciones parlamentarias, siempre resulta conveniente revisar las actuaciones de nuestros representantes. La envolvente propaganda electoral, nuestra mala memoria política y la poca transparencia de los procesos de nombramiento de candidatos, dificultan a la ciudadanía el hacer efectivas las responsabilidades -para bien o para mal- de sus elegidos.

En el caso del Congreso, la complejidad del proceso legislativo y la dificultad de asignar responsabilidades individuales a decisiones colectivas, dificulta al electorado la evalución de la gestión de sus parlamentarios. Por eso, ahora que los ciudadanos se reempoderan por un par de meses, es el momento de exigir respuestas a los senadores y diputados de sus votaciones, recuperando nuestra calidad de mandantes.

Por ejemplo, para la opinión pública resulta importante conocer las razones de los diputados Pedro Araya, Eduardo Díaz e Iván Norambuena, además de los 16 senadores que votaron en contra de la creación de la circunscripción senatorial de Arica y Parinacota. O escuchar las causas de los senadores Espina, Frei y de 12 diputados para abstenerse de votar esta iniciativa. Por último, también interesa saber el porqué cinco senadores y 25 diputados no votaron este proyecto -ni se abstuvieron o parearon-, más todavía si aparecen presentes en la lista de asistencia de la sesión, como el caso de los senadores Bianchi y Matthei.

Ante la escasa identificación de la ciudadanía con los partidos políticos, la poca injerencia que tuvo en la designación de candidatos y la dificultad de hacer efectivas las responsabilidades políticas en períodos post eleccionarios, es ahora el momento para que el electorado exija rendición de cuentas. ¡¡¡Comienzan las eliminatorias!!!

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/arica_y_parinacota_con_sangre

Si no votas, no existes

En el reciente Encuentro Empresarial de la Araucanía (Enela 2009), el esperado debate entre Piñera y Enríquez-Ominami contrastó con sus bajadas de último minuto del Congreso de Líderes Secundarios. Pareciera que los candidatos están de acuerdo en darle preferencia a las audiencias políticamente rentables, reflejando una inconsistencia entre la realidad y sus discursos anteriores, en que invitan a los jóvenes a participar en política.

El viernes pasado en Temuco ante una audiencia de 1200 personas, compuesta por empresarios, ejecutivos, académicos y representantes sectoriales de la IX Región -todos potenciales votantes-, ambos candidatos presentaron sus programas de gobierno y luego sostuvieron un distendido diálogo entre ellos.

Sólo cuatro días antes y en Santiago, los tres principales candidatos cancelaron intempestivamente su participación en el IV Congreso de Líderes Secundarios. Era un encuentro para conocer sus propuestas en educación, ante 1200 estudiantes de todo Chile -muchos no inscritos en los registros electorales-, organizado por Jóvenes y Política. Nicolás Garrido, presidente de la ONG, declaró al anunciar la ausencia de los tres candidatos: “Estamos convencidos de que esto es una señal más dentro de la ferviente necesidad de que exista un cambio en la política y de que así como están las cosas esto no da para más”.

Esta disparidad de trato evidencia la profunda diferenciación que hacen los comandos al momento de valorar las distintas audiencias de acuerdo a su rentabilidad política, contradiciendo muchas veces sus discursos. Los tres candidatos coinciden en mensajes dirigidos a la juventud, destacan su importancia en la construcción del futuro de Chile e incentivan el voto juvenil, pero cancelan a última hora sus presentaciones ante ellos por problemas de agenda.

Hace dos semanas atrás, los tres principales presidenciables también fueron invitados a participar en un foro realizado por Un Techo para Chile. Ante 1500 alumnos de enseñanza media, se buscaba analizar y discutir el rol de los jóvenes en la política. El único candidato que llegó fue Enríquez-Ominami. Frei se excusó con tres semanas de anticipación y Piñera sólo un día antes. Tal como manifestó Gonzalo Cerda, director social de la entidad organizadora, “ellos señalaron que era por problemas de agenda, pero yo veo en los dos (Frei y Piñera) problemas de desinterés. Para ellos no tiene prioridad el reunirse con 1500 estudiantes secundarios”.

En el caso del senador Frei, sus inasistencias eran esperables al haberse negado a participar en varios debates. Sus contendores comienzan a referirse a él como el “candidato escondido”.

El diputado Enríquez-Ominami ha sostenido un permanente discurso de renovación de la política. Pero su inasistencia de última hora al congreso de líderes secundarios refleja que se refiere exclusivamente a un recambio de actores políticos, sin incluir a los nuevos votantes. Se contrapone con sus recientes prioridades de mayo, en que el ex PS en menos de tres semanas asistió a nueve charlas en distintos centros de estudios, haciendo insistentes llamados para que los estudiantes lo apoyaran a juntar las 36 mil firmas necesarias para la inscripción de la candidatura. Esos mismos jóvenes son los que hoy constituyen un importante porcentaje de los adherentes a su campaña en Facebook, con 50 mil seguidores en julio pasado.

Sebastián Piñera lanzó en febrero una campaña para promover la inscripción electoral, dado que sondeos habían revelado que entre los no inscritos superaba al candidato de la Concertación. Luego, con motivo de la postergación de la entrada en vigencia de la inscripción automática, su comando acusó al Gobierno de estar con la calculadora en la mano, trabando el ingreso de nuevos votantes.

“Si no votas, no existes” es el slogan de la nueva campaña de Independientes en Red, que busca incentivar la participación electoral de las nuevas generaciones. La cancelación de estas presentaciones de los tres candidatos ante audiencias juveniles confirma que para éstos, los que no votan, sencillamente no existen. Cuando se trata precisamente de lo contrario, de hacerse escuchar, de hacer valer derechos como ciudadano. Si los estudiantes fueran electores, el interés de los políticos probablemente sería distinto.

La clase política todavía sigue dirigiendo sus campañas a los mismos votantes de 1990, pero más viejos. De ahí la alarmante disminución de las cifras de participación juvenil desde entonces. Hoy la mayoría de los votantes tienen entre 35 y 55 años de edad y sólo el 7,58% corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años. Según un estudio del Injuv, el 68% de los jóvenes decidió no inscribirse en los registros electorales porque considera que la clase política no se preocupa de ellos. ¿Percepción errada?

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la inscripción automática para las municipales del 2012, cerca de tres millones de nuevos votantes ingresarán al padrón electoral, constituyéndose en un tercio de los electores.

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/si_no_votas_no_existes

La disyuntiva de la DC

Las proclamaciones de este fin de semana dieron comienzo a la carrera presidencial. La Concertación, la Coalición por el Cambio y los seguidores de Marco Enríquez-Ominami entraron ya a la recta final, tanto en las elecciones presidenciales como parlamentarias.

A menos de tres semanas del cierre oficial de las inscripciones en el Registro Electoral, se ven las últimas negociaciones, acuerdos y transacciones de los partidos políticos. La anunciada definición de la plantilla parlamentaria en la Concertación no impide los últimos esfuerzos por influir en ella, ya sea para mantener o reemplazar candidatos.

Las tensas negociaciones entre los partidos del conglomerado oficialista ya están superadas, y la proclamación de Eduardo Frei como su abanderado fue un ejemplo de unidad y alineamiento político. Sin embargo, casi simultáneamente surgió una nueva disyuntiva política.

Mientras era proclamado en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, el senador Frei envió una señal a los “colorines” en su discurso: “Así como también hicimos el acuerdo con el Juntos Podemos para terminar con la exclusión en Chile, vamos a estar dispuestos siempre a dialogar y abrir las puertas de nuestra casa para todos aquellos que quieran entrar”, señaló el candidato.

Sin embargo, la senadora Alvear desestimó la posibilidad de un acuerdo en esa línea, al señalar: “En lo personal, creo que ya las plantillas parlamentarias están resueltas; de manera tal que tenemos nuestros candidatos de la DC y de la Concertación”. En este caso, ¿prima el interés colectivo o los intereses individuales? ¿Se privilegia ampliar la base electoral? ¿Se fortalece el candidato presidencial a costa de los candidatos parlamentarios? ¿O viceversa?

La respuesta no está clara, ya que hay opiniones divididas al interior de la tienda falangista. Días antes, dirigentes concertacionistas -el diputado PRSD Marcos Espinosa y los senadores DC Hosaín Sabag y Mariano Ruiz-Esquide, estos últimos con períodos parlamentarios hasta el 2014- habían propuesto que la Concertación reanudara conversaciones con el sector colorín, con el objetivo de sumar fuerzas en una segunda vuelta presidencial.

“Son matices los que nos separan y por lo tanto debemos hacer un esfuerzo por reconocer que estamos juntos en la construcción de un Estado en que se requieren ciertas correcciones al modelo económico y que tenga mayor participación la clase media” había declarado el diputado Espinosa. Pero en esa oportunidad, Juan Carlos Latorre, presidente del partido, desechó esa alternativa al señalar que el pacto parlamentario estaba prácticamente resuelto, estimando poco factible y deseable revisar la situación.

La DC se encuentra en una difícil disyuntiva: privilegiar el apoyo presidencial, mediante la incorporación de diputados colorines -y sus votantes-, o bien mantener su lista parlamentaria intacta, rechazando nuevas incorporaciones. Ahora más que nunca, después de la presión desencadenada con las últimas encuestas que evidencian un fortalecimiento de la candidatura de Enríquez-Ominami, el partido falangista requiere aunar fuerzas y asegurar el paso de su candidato a una eventual segunda vuelta.

Pero por otro lado, la necesidad de aumentar sus cupos parlamentarios le proporciona un escaso margen a la DC para negociar. Hoy, con sólo cinco senadores y 16 diputados en el Parlamento, el partido aspira a recuperar los cupos perdidos en estos últimos años. Importante ha sido el retroceso desde los 13 senadores y 38 diputados elegidos el año 1989 tras la vuelta de la democracia. Con ese objetivo planteado, resulta entendible que el partido no esté dispuesto a compartir sus cupos con los diputados colorines.

Difícil disyuntiva en la que está la DC. Por primera vez, el abanderado de la Concertación no lidera las encuestas. La aparición de una tercera fuerza política hace cambiar los ejes de la discusión electoral. Las pugnas entre partidos hasta hace poco hicieron pensar en la posibilidad de un sexto candidato surgido del conglomerado.

En este contexto, el reciente término de las disputas entre partidos finalmente produjo un clima de unión y orden dentro de la Concertación. Pero también necesitan pactos fuera de ella. Quizás si las relaciones entre la DC y los ex diputados fueran normales -o neutras, al menos-, las afinidades programáticas y las simpatías naturales podrían motivar al electorado PRI a un voto concertacionista en una segunda vuelta. Pero las heridas del pasado son muy profundas, todavía no cicatrizan y pueden seguir tensionando las relaciones al interior de la Democracia Cristiana.

Falta de quórum ciudadano en reelecciones parlamentarias

El rechazo en el Congreso de la reforma constitucional que limitaba la repostulación de parlamentarios produjo en la opinión pública una gran consternación, al comprobar que su clamor de renovación política no era escuchado. Ciudadanía, políticos, autoridades de Gobierno, expresaron su descontento por la votación de la Cámara de Diputados.

El proyecto fue presentado el 2007 (Boletín 5429), mediante una moción parlamentaria de los diputados Edmundo Eluchans, Jorge Burgos, Juan Bustos (QEPD), Alberto Cardemil y Guillermo Ceroni. Se necesitaban 72 votos para aprobarla, pero la semana pasada el sufragio fue de 70 votos afirmativos versus 19 negativos y 11 abstenciones. Será importante para la ciudadanía conocer las razones en que los cada uno de los diputados basó su decisión.

Por ser rechazado en la Sala, este proyecto no podrá ser legislado hasta después de un año. La legítima duda que nos surge es si queremos que esos mismos diputados sean quiénes voten de nuevo este proyecto el próximo año. ¿Habrá quórum ciudadano para reelegir a alguno de estos diputados? Tal como señala el diputado Melero en carta enviada a La Tercera, “A los reelectos, en definitiva, los reelige el pueblo”. Y por esta razón, nuestra decisión tiene que ser muy informada y responsable, porque validará o revocará los actuales procesos de designación de candidatos. Hay que recordar que la política está al servicio de la sociedad, y no viceversa, como está ocurriendo actualmente en Chile.

La inexistencia de primarias, la exigua identificación ciudadana con los partidos políticos y la escasa participación de las bases partidarias, permite hacerse una pregunta: la designación de los actuales candidatos por parte de las cúpulas partidistas, ¿se basó en una genuina creencia de interpretar la voluntad de los electores o bien en disimuladas negociaciones internas?

Precisamente es en estas elecciones parlamentarias cuando la ciudadanía puede hacerse presente y recuperar su calidad de mandante, premiando o castigando la representatividad de las decisiones de los dirigentes políticos. Tema complejo, porque no podemos caer en generalizaciones, ni hacer que paguen justos por pecadores. Requiere un profundo conocimiento de la gestión de nuestros parlamentarios, de sus votaciones, de las mociones presentadas, del destino de éstas, etc.

Proponemos partir con una revisión de la labor de aquellos diputados que no supieron interpretar los deseos ciudadanos de renovación política. Por supuesto que no podemos evaluar una labor de 4 años (u 8, 12, 16 ó 20 años, según el caso) por la votación de un solo proyecto de ley. Pero su voto contrario, abstención, pareo o ausencia es una clara invitación a analizar con detención su gestión parlamentaria.

Lass votaciones en este emblemático proyecto fueron 70 a favor, 19 en contra, 11 abstenciones, 6 pareos y 14 diputados que no votaron, de acuerdo al siguiente detalle:

El detalle de los 19 votos en contra:

Claudio Alvarado, UDI, 4 períodos (1994-2010), Los Lagos (X)
Mario Bertolino, RN, 3 períodos (1998-2010), Coquimbo (IV)
Sergio Bobadilla, UDI, 1 (2006-2010), Bío Bío (VIII)
Sergio Correa, UDI, 3 períodos (90-94/98-02/06-10), Maule (VII)
Roberto Delmastro, RN, 3 períodos (1998-2010), Los Ríos (XIV)
Pablo Galilea, RN, 3 períodos (1998-2010), Aysén (XI)
Alejandro García-Huidobro, UDI, 4 períodos (1994-2010), Libertador Bernardo O'higgins (VI)
Javier Hernández, UDI, 2 períodos (2002-2010), Los Lagos (X)
José Antonio Kast, UDI, 2 períodos (2002-2010), Metropolitana (RM)
Juan Lobos, UDI, 1 período (2006-2010), Bío Bío (VIII)
Patricio Melero, UDI, 5 períodos (1990-2010), Metropolitana (RM)
Sergio Ojeda, PDC, 5 períodos (1990-2010), Los Lagos (X)
Osvaldo Palma, RN, 3 períodos (1998-2010), Maule (VII)
Darío Paya, UDI, 4 períodos (1994-2010), Metropolitana (RM)
José Pérez, PRSD, 3 períodos (1998-2010), Bío Bío (VIII)
Carlos Recondo, UDI, 4 períodos (90-94/98-10), Los Lagos (X)
Jorge Ulloa, UDI, 5 períodos (1990-2010), Bío Bío (VIII)
Mario Venegas, PDC, 1 período (2006-2010), Araucanía (IX)
Gastón Von Mühlenbrock, UDI, 2 períodos (2002-2010), Los Ríos (XIV)

Las 11 abstenciones fueron:

René Aedo, RN, 1 período (2006-2010), Atacama (III)
Germán Becker, RN, 2 períodos (2002-2010), Araucanía (IX)
María Angélica Cristi, UDI, 4 períodos (1994-2010), Metropolitana (RM)
Renán Fuentealba, PDC, 2 períodos (94-98/06-10), Coquimbo (IV)
Joaquín Godoy, RN, 1 período (2006-2010), Valparaíso (V)
Raúl Sunico, PS, 1 período (2006-2010), Bío Bío (VIII)
Jorge Tarud, PPD, 2 períodos (2002-2010), Maule (VII)
Marisol Turres, UDI, 1 período (2006.2010), Los Lagos (X)
Gonzalo Uriarte, UDI, 2 períodos (2002-2010), Metropolitana (RM)
Alfonso Vargas, RN, 4 períodos (1994-2010), Valparaíso (V)
Germán Verdugo, RN, 1 período (2006-2010), Maule (VII)

Según se desprende del detalle de la votación, fueron 14 diputados los que no votaron en este proyecto:

Alinco (PPD), Araya (IND), Arenas (UDI), Ascencio (PDC), Hales (PPD), Isasi (IND), Lorenzini (PDC), Monckeberg Nicolás (RN), Nogueira (UDI), Norambuena (UDI), Pacheco (PS), Rojas (UDI) y Urrutia (UDI).

Los 6 pareos fueron Jarpa (PRSD), Salaberry (UDI), Jiménez (IND), Moreira (UDI), Venegas Samuel (PRSD) y Estay (UDI).

Los 70 votos a favor fueron los siguientes:

Accorsi (PPD), Aguiló (PS), Allende (PS), Álvarez (UDI), Barros (UDI), Bauer (UDI), Burgos (DC), Cardemil (Ind), Ceroni (PPD), Cubillos (UDI), Chahuán (RN), De Urresti (PS), Díaz Eduardo (PRI), Díaz Marcelo (PS), Dittborn (UDI), Duarte (DC), Egaña (UDI), Eluchans (UDI), Encina (PS), Enríquez-Ominami (Ind), Errázuriz (Ind), Escobar (Ind), Espinosa (PRSD), Espinoza (PS), Farías (PPD), Forni (UDI), García (RN), Girardi (PPD), Goic (DC), González (PPD), Harboe (PPD), Herrera (RN), Insunza (PPD), Jaramillo (PPD), Latorre (DC), Leal (PPD), León (DC), Martínez (RN), Masferrer (UDI), Meza (PRSD), Monckeberg Cristián (RN), Monsalve (PS), Montes (PS), Mulet (PRI), Muñoz (PPD), Núñez (PPD), Olivares (PRI), Ortiz (DC), Paredes (PS), Pascal (PS), Pérez (RN), Quintana (PPD), Robles (PRSD), Rossi (PS), Rubilar (RN), Saa (PPD), Sabag (DC), Saffirio (DC), Schilling (PS), Sepúlveda Alejandra (Ind), Silber (DC), Soto (PPD), Sule (PRSD), Tuma (PPD), Valcarce (RN), Valenzuela (Ind), Vallespín (DC), Vidal (PPD), Walker (DC) y Ward (UDI).

Para no continuar dañando la calidad del trabajo parlamentario, resulta indispensable que la ciudadanía conozca las razones en que se basaron las votaciones, abstenciones, pareos, y ausencias de cada de sus representantes elegidos. De otra manera, podría ser difícil lograr el quórum ciudadano necesario para una reelección.

Nuevo deporte nacional: criticar a los políticos

“Hoy el deporte nacional es criticar a los políticos y por eso la gente prefiere quedarse en el sector privado” declaró el senador Frei en una entrevista publicada en La Tercera este domingo. Sin embargo, existe mucha gente que quisiera cooperar con un proyecto país, pero que al no querer pertenecer a un conglomerado político, ve escasas posibilidades reales de lograr un resultado positivo.

Las recientes pugnas de los partidos en la confección de las listas parlamentarias -y ahora en la definición de los programas de gobierno-, confirman que los cupos son escasos y no se ceden gratuitamente. Los apoyos tampoco son incondicionales: se negocian, se transan y se mercantilizan. “Tanto tengo, tanto valgo”, demostrando la ausencia de un proyecto común y de un relato con sentido colectivo. La política está capturada por las dirigencias de los partidos y eso es lo que desincentiva el ingreso de privados al sector público, ya sea a través de los conglomerados o de la administración pública.

La beligerancia de la campaña presidencial se ha extendido a algunos comandos. Este lunes, en una tensa reunión en el comando del senador Frei, ciertos lineamientos programáticos y de la estrategia comunicacional fueron cuestionados por los presidentes de los partidos de la Concertación. Son ya varias las disputas que contravienen todos los intentos de señales de unidad: la convocatoria a plebiscito del senador Girardi y posterior reclamo del PPD por falta de propuestas progresistas, las negociaciones del PRSD, el incidente Saa-Gómez o la sanción del PS a sus militantes que apoyen al diputado Enríquez-Ominami.

En la misma línea, la renuncia a la militancia UDI del ex alcalde Gonzalo Cornejo contrasta con la repostulación por el distrito 19 de su cónyuge, la diputada Claudia Nogueira. Refleja la sutil y compleja negociación -igualmente visible para la opinión pública- que se produce dentro de los partidos políticos. Cabe destacar que mientras la Fiscalía de Valparaíso investiga a la parlamentaria por un supuesto fraude al Fisco, la UDI reafirma sus esfuerzos de controlar los programas de Gobierno, tal como lo anuncia la campaña de “fiscalización democrática” iniciada por el diputado Dittborn.

A su vez, en otra tienda partidista, las declaraciones del diputado Jaime Mulet (PRI) fueron desmentidas por el senador Adolfo Zaldívar, quién descartó la bajada de su candidatura, pero manifestó que estaba abierto a todos los escenarios.

También existen dudas sobre eventuales cuoteos políticos en la selección de ejecutivos en los concursos del Consejo de Alta Dirección Pública, lo que desincentiva un gran número de postulaciones. Casi el 30% de los procesos son declarados desiertos, a pesar de la voluntad de muchas personas a colaborar en un proyecto país. La selección de los candidatos es realizada por head hunters externos, los finalistas son entrevistados por los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública y recién una vez aprobados, se conforma una terna final para elegir a quien llenará la vacante. Sin embargo, a pesar de los altos costos financieros, de tiempo y dedicación, muchos concursos terminan siendo declarados desiertos por la autoridad, sin expresar causa alguna.

En términos generales, existe una frecuente inconsistencia entre las declaraciones y acciones de la clase política, lo que desmerece la correcta gestión de otros dirigentes o representantes, y lo que es peor, acrecienta el distanciamiento de la ciudadanía con la gestión pública. Las campañas sucias, las promesas incumplidas, el oportunismo político, las visiones superficiales y de corto alcance sólo logran desprestigiar la política.

Las dirigencias de los partidos han tendido a postergar la calidad de la política, privilegiando la obtención de cupos parlamentarios y cargos fiscales. Como reacción a eso, en el último tiempo los movimientos ciudadanos han demostrado una capacidad para congregar adherentes que supera con creces a la de los partidos políticos, anticipando un serio problema de representatividad a los futuros gobernantes de nuestro país. De ahí la urgencia de una profunda renovación de rostros, procesos y partidos de la política nacional, que permita un cambio real y una mejoría en su calidad.

La responsabilidad política en Chile

Mientras la Presidenta Bachelet prácticamente mantiene sus índices de aprobación, el Gobierno retrocede ocho puntos en su evaluación, de acuerdo a la encuesta Adimark de Julio 2009. Las áreas más criticadas de la gestión del Gobierno se concentran en el control de la delincuencia (80% de desaprobación y 14% aprobación) y la corrupción en los organismos del Estado (70% de desaprobación y 18% aprobación).

Por otra parte, por primera vez se evalúa el desempeño del Poder Legislativo, con exiguos índices favorables: el 24% de los encuestados aprueba la labor del Senado, versus el 57% que opina lo contrario. En el caso de la Cámara de Diputados, sólo el 21% apoya su trabajo y el 65% lo rechaza. A su vez, las cifras de los conglomerados políticos también son bajas, en especial si se tiene en cuenta que estamos en un año electoral: 21% de identificación en el caso de la Alianza, 19% en el caso de la Concertación y 51% se declara independiente, ninguno o no sabe.

Este creciente cuestionamiento ciudadano hacia la clase política parece provocar un cambio de tendencia, haciendo surgir una fiscalización más estricta de parte de las autoridades a la clase política. En esta semana, hemos presenciado distintas situaciones que lo demuestran:

El allanamiento de la Intendencia y de la sede DC en Rancagua, la incautación de computadores y la invitación a declarar a las autoridades regionales y del partido político, refleja una firme intención de llegar hasta el final en esta investigación de supuesta intervención electoral. Por su parte, el ministro Pérez Yoma señaló que el Gobierno va a colaborar plenamente con la Contraloría General de la República y la fiscalía para esclarecer los hechos, reconociendo al mismo tiempo algún grado de verosimilitud en las acusaciones. “Nosotros queremos que se llegue al fondo de este asunto”, agregó el jefe de gabinete.

Las infracciones cursadas por el juez de Policía Local de Casablanca al senador Hosaín Sabag (DC), a los diputados Marcelo Schilling (PS) y Carlos Recondo (UDI) y al ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, también demuestran una intención de fiscalizar las faltas de la clase política. Con binoculares en mano, apoyado por Carabineros y en compañía de la prensa, el magistrado supervisó personalmente el procedimiento mientras se cursaban los partes. “En Chile no hay ciudadanos etiqueta negra”, señalaba una semana antes el juez con motivo de la infracción por exceso de velocidad (173 kms/hr) al diputado radical Samuel Venegas.

Por otro lado, la decisión del Concejo Municipal de Copiapó de otorgar un plazo máximo de 10 días para que los comandos políticos retiren la propaganda política y borren los rayados en los muros, también representa un cambio, confirmando la ineludible obligatoriedad de la ley para todos por igual. El anuncio de que una vez que venza este plazo se aplicará todo el rigor de la ley -con multas, denuncias a la fiscalía, y, lo que es peor, el escarnio público ante los electores-, logró movilizar hasta a los mismos candidatos a sacar su propia propaganda política.

Pareciera que el creciente descontento ciudadano está impulsando a las autoridades a ejercer un control más efectivo, demostrando claramente una intención de combatir cualquier privilegio indebido. Las inamovibles e injustas cuotas de poder empiezan a debilitarse y la ocasional -o frecuente, en algunos casos -impunidad política también se tambalea.

Por eso, en este entorno y con motivo del escándalo de los tanques Leopard, las declaraciones del ministro Pérez Yoma -entonces ministro de Defensa- en que asume su responsabilidad política, abren una nueva arista. ¿En qué consiste asumir la responsabilidad política? ¿De qué manera se hace efectiva? ¿Basta sólo una declaración o se requiere además una acción? ¿Queda impune o existe alguna sanción? ¿Se auto-administra o la aplica un tercero?

Ante la pérdida de confianza en la política, la opinión pública exige un respeto mutuo y el acatamiento de ciertas normas mínimas de conducta y convivencia, y ahora las autoridades comienzan a hacerse cargo de ese requerimiento. Las situaciones antes mencionadas demuestran que es posible investigar y hacer efectiva una sanción cuando corresponde. Cuando se trata de cargos de alta visibilidad, resulta indispensable una coherencia entre lo que se declara y la forma en que se lleva a la práctica. La ciudadanía está cansada de grandilocuentes y ampulosas declaraciones de la clase política, que en definitiva no se concretan en nada.

Columna publica en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_responsabilidad_politica_en_chile

El acomodaticio límite de la intervención electoral

Sorprendentes resultaron las declaraciones del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, en que criticó la ventaja de Marco Enríquez Ominami, al ser Karen Doggenweiler rostro de TVN y con una alta exposición mediática en el programa Pelotón. La acusación fue confirmada y luego refutada por cercanos al candidato, optándose en definitiva por desescalar el conflicto.

El posterior respaldo del directorio de Televisión Nacional -entre los que se encuentran Francisco Frei, hermano del candidato, y Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico de su comando- a la conductora vino a poner término a la polémica.

Sin embargo, existe un debate pendiente, mucho más importante, acerca de la necesidad de regular la intervención electoral. Esta discusión surge en períodos eleccionarios, y ahora que coinciden las elecciones presidenciales y parlamentarias, nunca existe mucho tiempo -ni mucho interés-para discutirlo. Y cuando comienza el nuevo período presidencial y parlamentario, nadie piensa todavía en las siguientes elecciones, hasta que cuando aparece nuevamente, ya es demasiado tarde para legislar.

A comienzos de julio, la reforma constitucional sobre calidad de la política y modernización del Estado fue aprobada en forma unánime por la comisión de Constitución del Senado. Sin embargo, a los pocos días dicha reforma fue rechazada en la Cámara de Diputados por un estrecho cómputo de 49 votos contra 47, quedando pendiente para ser resuelta en un futuro por una comisión mixta. En ella, se pretende al menos restringir la participación de ministros, alcaldes, funcionarios públicos y otras autoridades en actividades de campaña durante su jornada de trabajo.

Ya es sistemático que cada cuatro años comienzan las acusaciones cruzadas sobre la transparencia de las campañas. ¿Legítima promoción o abuso de recursos fiscales? Pregunta difícil de responder en lo particular y difícil de definir en lo general, debido especialmente a la inexistencia de una institucionalidad efectiva que regule el tema. Naturalmente las propias siempre corresponden a acciones justificadas, y las del adversario a iniquidades escandalosas. No obstante, estas imputaciones sólo logran desacreditar aún más el mundo de la política.

Hace poco, el ministro Andrés Velasco criticó la falta de novedad en las propuestas económicas de Sebastián Piñera y destacó la trayectoria del equipo económico del candidato Eduardo Frei, siendo inmediatamente catalogado de comentarista político por la oposición. Por otra parte y como es propio de su cargo, el ministro de Economía también defendió el Acuerdo Nacional de Empleo, Capacitación y Protección Laboral como parte del plan gubernamental para enfrentar la cesantía producida por la crisis económica.

Pero mucho más ajeno al problema del empleo es el ministro Álvaro Erazo, quién salió a difundir en terreno la Ley de Protección al Empleo y Fomento a la Capacitación, a pesar de tener otros temas importantes en la agenda pública. En la región de Atacama, el ministro de Salud destacó el compromiso del Gobierno en materia de empleo y la importancia de un diálogo fluido en materias laborales. “Esta batería de incentivos son iniciativas que en particular nos interesa conversar en terreno, con los empresarios y trabajadores y responder inquietudes que nos planteen”, señaló.

Las declaraciones del senador Frei sobre el eventual apoyo del Gobierno de Estados Unidos con recursos fiscales a sus candidatos, el amplio contingente que ha acompañado a la Presidenta en sus últimas giras nacionales, la acusación de la posible ventaja política de Karen Doggenweiler, las críticas a “la subida por el chorro” de Sebastián Piñera con el Transantiago, demuestran la necesidad de legislar sobre la intervención electoral, en el que los límites hoy son absolutamente acomodaticios.

Es necesario avanzar en un consenso sobre la fijación de demarcaciones de uso de recursos fiscales y la definición de las prácticas que constituyen intervención electoral. Sin desconocer la existencia legítima de una preferencia política, el punto debiera centrarse principalmente en el uso incorrecto de recursos fiscales.

El desalentador rechazo de la Cámara de Diputados a la referida reforma constitucional, demostró claramente que no es considerada una prioridad nacional y su regulación se seguirá postergando indefinidamente. Cuando no hay interés ni el Gobierno ni en parte importante del Congreso, son innumerables las razones que justifican una demora legislativa. Ante eso, sólo queda proponer que las reformas sean aprobadas y comiencen a tener efectos en las siguientes elecciones. Por lo menos, sinceraría el debate.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/el_acomodaticio_l%C3%ADmite_de_la

Primarias: ¿Anuncios para la galería?

Sorprenden las diferencias que existen en los tiempos legislativos de cada proyecto de ley. Algunos son rápidamente tramitados, aún cuando generan grandes polémicas y controversias. Otros, en cambio, a pesar de haber sido anunciados con bombos y platillos, esperan pacientemente en el Congreso desde hace años. Son los proyectos placebo, de gran efecto comunicacional con las audiencias pero de poca efectividad real, que sólo logran ahondar la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema político.

Hace pocos meses atrás, todo Chile se vio conmovido por el lamentable fallecimiento de Felipe Cruzat, el niño de 11 años que necesitaba con urgencia un corazón. Muchas fueron las expresiones de dolor de la ciudadanía e incontables las muestras de apoyo a su familia. Innumerables también fueron las declaraciones de personeros de Gobierno y del Congreso, reiterando su compromiso con la rápida tramitación de una ley de donaciones de órganos.

Hoy en día, existen 6 proyectos de ley sobre donación de órganos en tramitación en el Congreso. Ingresados desde junio de 2003 hasta octubre de 2008, todos se encuentran en primer trámite constitucional. Ante esta demora, el padre de Felipe, Gonzalo Cruzat, optó por encabezar la campaña - “Donantes de todo Corazón”- con el objeto de reposicionar el tema en el país.

La ciudadanía empieza a mirar con cierto escepticismo los anuncios de importantes proyectos legislativos, que después de una profusa difusión y una vez que se apagan las cámaras y flashs, suelen quedar entrampados en el complejo proceso legislativo. Las urgencias que va asignando y retirando el Gobierno, más decisiones colegiadas de ambas cámaras, impiden a la opinión pública identificar con exactitud a los responsables de atrasos y celeridades parlamentarias.

En el ámbito de la política, dos recientes anuncios entregaron cierta esperanza sobre la renovación de nuestras instituciones: el envío al Congreso de un nueva iniciativa legal sobre primarias y la solicitud formal de otorgar urgencia al proyecto que establece un límite de reelecciones parlamentarias.

Sin embargo, no sólo de anuncios vive el hombre. Muchos proyectos iniciados con gran publicidad, encuentran una larga tramitación. Así ocurrió con la agenda de modernización del Estado, anunciada en abril de 2008 por el ministro Edmundo Pérez Yoma. Poco después de descubrirse irregularidades en el Ministerio de Educación, EFE, MOP y Registro Civil, el anuncio de medidas que mejoraran la eficiencia del Estado fue aplaudido por en forma unánime por toda la opinión pública. No obstante, entre las medidas propuestas destacaron la creación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas y la profundización del Sistema de Alta Dirección Pública, proyectos que todavía no se implementan.

Otro placebo ha sido el proyecto de ley que regula el lobby, varias veces ingresado al Congreso. En 2003 y tras el caso MOP-GATE, el Presidente Lagos y los principales partidos firmaron -también con una importante campaña comunicacional- un pacto de modernización del Estado, que contemplaba 49 iniciativas. Dentro de ellas, la Agenda de Transparencia, en su N° 26, anunciaba un proyecto de ley sobre regulación del lobby.

A pesar de las permanentes declaraciones sobre la necesidad de regularlo, el lobby pareciera ser un tema complejo para legislar. Desde el año 2003, se han presentado cinco proyectos de ley al Congreso. El último de ellos, ingresado por mensaje presidencial en noviembre de 2008, acaba de terminar su primer trámite constitucional.

Columna de opinión publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/primarias_anuncios_para_la_galer%C3%ADa

Esta semana, según lo anunciado por el ministro Pérez Yoma, el Gobierno enviará al Congreso -sin urgencia, pues quiere tener “una discusión tranquila”- un proyecto que establece primarias para los cargos de Presidente, legisladores y alcaldes. Esta iniciativa fue analizada en conjunto con los thinks tanks de la Alianza y de la Concertación, por lo que supuestamente debiera ser aprobada por ambos conglomerados y estar implementada para las próximas elecciones.

Sin embargo, desde su inicio se ha criticado que las reglas de las primarias queden sujetas a la decisión de los partidos y no sean establecidas por ley. Esta controversia, más el eventual empoderamiento de las bases partidarias, puede hacer que la discusión legislativa se extienda en el tiempo, quedando sólo en el anuncio como tantos otros proyectos de ley. Una vez que se han apagado las cámaras, el interés disminuye, como lo pudo comprobar el señor Cruzat.

El manido discurso de la descentralización

Durante años, hemos escuchado innumerables discursos de personeros de gobierno, ministros, senadores, diputados, intendentes, organizaciones regionales, académicas y ciudadanía en general, acerca de la apremiante necesidad de una auténtica regionalización y una efectiva descentralización. Sin embargo, a pesar del clamor unánime y del discurso manido, éstas todavía no se concretan en nuestra legislación.

La complejidad del proceso legislativo, la intervención de dos cámaras colegiadas, la eventual intervención presidencial o de organismos como el Tribunal Constitucional, el establecimiento de distintos quórums, la priorización legislativa a través de las urgencias otorgadas por el poder ejecutivo y las aprobaciones en general y en particular, impiden a la opinión pública el conocimiento de la trazabilidad de los proyectos de leyes. Después de publicitados anuncios, las iniciativas legales ingresan a la cámara de origen, perdiéndose luego en una verdadera caja negra.

Para la sociedad resulta difícil, por tanto, ejercer un control ciudadano efectivo sobre la calidad de la gestión parlamentaria, obligándola a enfocarse en aspectos formales más visibles y llamativos, como quedó demostrado con el programa Informe Especial.

En el año 2003, el entonces Presidente Lagos ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional. Entre las propuestas, se encontraba el cambio del número de regiones, un estatuto especial para algunos territorios insulares, la consagración constitucional de la potestad reglamentaria del intendente, el reconocimiento de la calidad de órgano ejecutivo del gobierno local, la elección del Consejo Regional, la transferencia de competencias a los gobiernos territoriales, los convenios de programación de inversión pública, el refuerzo de las tareas de gobierno interior y la consagración de espacios de discusión y participación en el nivel provincial.

En abril de 2007, después de casi cuatro años, esta iniciativa todavía se encontraba pendiente en el primer trámite constitucional. Ante eso, la Presidenta Bachelet formuló una indicación sustitutiva que redujo el proyecto inicial, centrándolo en el sufragio universal de los consejeros regionales, transferencia de competencias a los gobiernos regionales y otras enmiendas formales y de concordancia. Finalmente, en enero de 2008 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, quedando listo para la revisión del Senado.

Hace poco, la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado (cámara revisora) aprobó con indicaciones el proyecto de reforma constitucional, enviándolo a la Cámara de Diputados (cámara de origen) para que se pronuncie sobre las adiciones o enmiendas.

Por otro lado, el proyecto de ley que introduce modificaciones en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (19.175) fue ingresado al Senado en mayo 2008 y se encuentra todavía en el primer trámite constitucional.

Esta iniciativa incluye varias medidas dirigidas a profundizar el proceso de descentralización del país y a la vez perfeccionar la institucionalidad y gestión de los Gobiernos Regionales. Establece el reconocimiento expreso de la facultad de los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones; la diferenciación entre funciones propias y funciones transferibles hacia los Gobiernos Regionales; modificaciones en materia de planificación, entre otras.

Lenta ha sido la discusión de los proyectos en el Congreso, a pesar del aparente consenso que pareciera existir. Entendiendo que se trata de una reforma de gran trascendencia para nuestro país, es recomendable un profundo estudio de las reformas. Pero igual sorprende que después de casi seis años, la reforma constitucional no se haya concretado aún, ni que transcurrido más de un año, la modificación de la ley orgánica constitucional todavía siga en el primer trámite constitucional, ambos actualmente con urgencia simple. Esto contrasta con los tiempos de tramitación de otros proyectos de ley o de reforma constitucional, que son rápidamente promulgados. Pareciera que las reformas que implican un traspaso de facultades de poder a una nueva institucionalidad, en este caso regional, siempre requieren más tiempo de tramitación.

Con casi 30 años de funcionamiento, los gobiernos regionales no han podido asumir un rol protagónico en las decisiones que afectan a su propio desarrollo. Después de casi seis años de ingresado el proyecto de reforma constitucional, cabe preguntarse si existe una real disposición a incorporar gobiernos regionales reales dentro de la administración interior del Estado.

Sistemáticamente las promesas regionales han sido incorporadas por los candidatos en sus campañas electorales y parlamentarias. Ocurrió en el 2001, 2005 y ahora en el 2009, sería conveniente que, al menos, las iniciativas ya presentadas fueran aprobadas durante este período legislativo.

Vota y calla

La inexistencia de primarias dentro de los partidos políticos ha empoderado sus directivas en desmedro de la ciudadanía. A pesar de que la política debiera estar al servicio de la sociedad, los mecanismos electorales han colocado la sociedad al servicio de ésta, transformando a los electores en meros validadores de las designaciones parlamentarias.

A su vez, los aspirantes a candidaturas parlamentarias se enfocan en negociar con las mesas directivas, en vez de tratar de conquistar el voto ciudadano, confirmándonos que la política se encuentra capturada por las dirigencias de los partidos.

A través de sondeos de opinión - no publicados y con metodología desconocida-, los dos grandes conglomerados designan a sus candidatos parlamentarios, creyendo interpretar las preferencias del electorado. Una vez nominados, el sistema binominal y voto obligatorio se encargan eficazmente de que éstos resulten electos.

Pero algunas encuestas han sido cuestionadas al interior de los partidos, tal como ocurrió en abril con el anuncio de las postulaciones de Rodrigo Alvárez (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN) como candidatos al mismo cargo de diputado en Providencia-Ñuñoa.

Las pugnas internas son resueltas por las dirigencias, sin siquiera involucrar los electores o las bases partidarias. En estos días, varios conflictos surgieron, reflejando la incipiente disconformidad respecto a los mecanismos internos de designación de candidatos.

Uno de ellos es el reciente anuncio de Luis Plaza, alcalde de Cerro Navia, de renunciar a RN, motivado por la nueva designación de Nicolás Monckeberg (actual diputado distrito 42, Región del Bío Bío), esta vez como candidato a diputado por el distrito 18 (Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado). Estudios del Instituto Libertad y Desarrollo favorecerían a Monckeberg por sobre Mario Desbordes, jefe de gabinete de Plaza. “He decidido dar un paso al lado, porque no estoy de acuerdo con que se nos impongan candidatos”, señaló el edil.

Pero por primera vez, cerca de 100 militantes RN de esa comuna manifestaron su oposición a esta inconsulta decisión, con huevos y batucada en la sede del partido. Son las primeras señales de los electores, que comienzan a abandonar su actitud pasiva y a hacer escuchar su opinión. Será el propio Sebastián Piñera quién tendrá que dirimir este conflicto.

Mayor fortuna - o mejor muñequeo político- tuvo el alcalde Manuel José Ossandón en la designación de Leopoldo Pérez como candidato parlamentario en el distrito 29. Puentealtino y secretario de Planificación de dicha municipalidad, Pérez fue designado para mantener el cupo que deja el diputado Maximiano Errázuriz (ex RN). Se ignora si cuenta con el respaldo de las otras comunas distritales: La Pintana, Pirque y San José de Maipo.

Distinto es el caso del actor Vasco Moulián, quién aceptó la oferta UDI de postular como senador, probablemente por Aisén o Atacama. Como hasta el jueves pasado era el Director de Programación de Canal 13, se desconoce si existe algún sondeo de opinión que respalde esa decisión, o al menos, si está relacionado con alguna de las dos regiones.

Marcelo Trivelli presentó su renuncia a la DC, ya que las reglas del juego “se cambian según las conveniencias de unos pocos, postergando a muchos que sólo piden una oportunidad”.

Roberto Muñoz Barra, senador por la Región de la Araucanía, también anunció su decisión de renunciar al PPD. Él, en cambio, está molesto por la exigencia de definir en primarias la candidatura de la circunscripción y tendrá que competir con el diputado Jaime Quintana, también PPD. Con esto, queda claro que algunos parlamentarios han asumido su cargo como un derecho adquirido, y como tal, lo reclaman.

Resulta impresentable que en un sistema supuestamente democrático, exista la institución de los candidatos designados. Su evidente consolidación contradice los innumerables discursos sobre la baja convocatoria política. Es de esperar que la próxima elección contemos con primarias oficiales en los partidos, de acuerdo a la todavía pendiente reforma constitucional ingresada al Congreso por la Presidenta Bachelet en el 2006. De esa forma, se legitimarían las candidaturas, evitando las estériles pugnas internas que sólo enlodan la imagen de la política.

De niño, cuando preguntaba qué había de almuerzo, muchas veces recibía la misma respuesta: “Come y calla”. Ahora, de grande, ha cambiado a: “Vota y calla”.

Hay que entrar a picar

A fines de 2006, durante el primer año de mandato de la Presidenta Bachelet, se conocieron diversas irregularidades en algunos servicios públicos -subvenciones escolares, Programas de Generación de Empleo (PGE), Chiledeportes, SII, etc.-. Estos casos confirmaron la necesidad de profundas reformas institucionales en nuestro sistema democrático.

Ante la complejidad de los casos y reconociendo la urgencia de mejorar el sistema político, el 12 de diciembre de 2006 la mandataria ingresó al Congreso un emblemático proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. Su objetivo era que incluyera al gobierno, al conjunto del Estado, a todos los sectores políticos y a toda la sociedad. “Porque Chile se lo merece, porque nuestros ciudadanos así lo esperan”, señaló la Presidenta en su mensaje presidencial N° 522-354.

Con el tiempo, los objetivos se afinaron, diferenciándose y expresándose en distintas normas. De partida, la ley de transparencia y acceso a la información pública - surgida de una moción parlamentaria presentada por los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri en enero de 2005 -, recién entró en vigencia en abril pasado, marcando un importante hito en la gestión estatal.

Por otra parte, este miércoles se definió que una Comisión Mixta consensuara la fórmula para destrabar la reforma constitucional sobre calidad de la política. Significa que la Cámara de Diputados (cámara de origen) rechazó las modificaciones del Senado (cámara revisora) al proyecto de ley, incorporadas en el segundo trámite constitucional. La urgencia simple asignada por el Gobierno, la formación de una comisión mixta y las prioridades del actual período (re) eleccionario, anticipan que probablemente no se aprobará esta ley durante el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Los diputados aprobaron las declaraciones de patrimonio y fideicomiso ciego de las autoridades, pero rechazaron la incorporación en la Constitución de una norma sobre financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral; la prohibición a los funcionarios públicos de participar en actividades de proselitismo político partidista o de promoción de candidaturas a cargos de elección popular durante su jornada de trabajo; y la prohibición de uso de urgencias y reformas constitucionales en períodos pre eleccionarios.

No menos importante, la agenda de modernización del Estado está hoy suspendida. Fuertemente reimpulsada por el ministro Pérez Yoma y con la colaboración de diversas entidades, coincidió con el comienzo del “segundo tiempo” del período presidencial. Medidas como la modernización de la Contraloría General de la República, la creación de una Agencia Nacional de Calidad de las Políticas Públicas, el establecimiento de una institucionalidad para alianzas público-privadas, entre otras, todavía siguen en el ámbito de los discursos sin concretarse en normas jurídicas.

Probablemente estas dos reformas incomodarán a muchas personas que han logrado hacer parecer ciertos privilegios como verdaderos derechos adquiridos. Como ya costumbre en nuestro país, grupos de presión organizados se esforzarán en impedir o retardar -explícita o tácitamente-cualquier proyecto que afecte de alguna manera sus prerrogativas.

El 55% de los chilenos considera que la corrupción está instalada en el país, según el Barómetro Global de la Corrupción 2009, realizado por Ipsos y Chile Transparente, siendo las instituciones más afectadas los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial. De acuerdo a la Encuesta de Corrupción 2009 realizada por Libertad y Desarrollo, el 64% de los encuestados cree que la corrupción es mayor que hace un año. El 74,3% de las personas pobres de Santiago considera que hay un alto nivel de corrupción en Chile, según el Estudio sobre Percepción de Probidad y Corrupción 2008, de la Universidad Católica Silva Henríquez.

En plena campaña presidencial y parlamentaria, y con niveles cercanos al 70% de aprobación presidencial, no le resultaría difícil a nuestra mandataria conseguir el acuerdo político para aprobar una agenda de mejoramiento de la eficiencia estatal. Por otro lado, también ayudaría utilizar el mecanismo de insistencia o, al menos, reponer la suma urgencia al proyecto de reforma constitucional sobre calidad de la política, de manera de poder concretar su promulgación durante este gobierno. Ahora es el momento para avanzar en una agenda de largo plazo que permita consolidar a Chile como un país competitivo, con instituciones sólidas y legitimadas, que sean capaces de sustentar el crecimiento anhelado.

“Hay que entrar a picar”, dice el maestro gasfíter a su interlocutor(a), y éste tiembla. Comprende que es necesario, pero piensa en todos los costos -económicos, tiempo y molestias- que tendrá que asumir. Incluso se cruza fugazmente la tentación de postergar la solución, creyendo erradamente que se retrasará el problema. El problema existe. Se requieren intervenciones urgentes. No podemos seguir postergando la modernización de la gestión estatal y la mejoría de la calidad de la política.

Artículo publicado en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/hay_que_entrar_a_picar

Las democracias de Bachelet y Obama

El histórico encuentro de Barack Obama y Michelle Bachelet, realizado en el Salón Oval de la Casa Blanca, estuvo cargado de simbolismos. El primer presidente de raza negra de EE.UU recibía a la primera presidenta mujer de Chile. Ambos representan figuras que irrumpieron en el establishment político de sus respectivos países, siguiendo caminos poco habituales. Sin embargo, podemos observar importantes diferencias en la madurez de las instituciones democráticas de ambas naciones.

A nivel mundial, Chile es reconocido por su sólida democracia y por su responsable manejo macroecónomico, lo que refuerza la imagen internacional de nuestro país. El próximo ingreso a la OCDE, tratados de libre comercio, buenas relaciones internacionales, Presidencia Pro Témpore de Unasur, Secretaría General de la OEA, factores que contribuyen a una posición de liderazgo en el continente. Seguramente todo esto influyó en que la presidenta Bachelet fuera el segundo Jefe de Estado en ser recibido por Obama en la Casa Blanca.

En este encuentro presidencial, Barack Obama expresó que Chile es el modelo de alianza que Estados Unidos busca en sus relaciones con otros países. Destacó también la conducción económica de Chile para enfrentar la crisis. “Si se mira como Chile ha manejado la recesión, lo ha hecho muy bien”, agregó.

¡Qué duda cabe! Aplausos para lo macro, lo general, un vistazo a lo lejos. Pero donde todavía nos falta madurar es en lo micro, en las terminaciones, en los detalles. Pareciera que nos cuesta concluir bien las cosas. Cuando nos acercamos a países desarrollados -como ahora con Estados Unidos-, nos percatamos de nuestros importantes progresos, pero también constatamos lo mucho que nos falta avanzar.

Una serie de reformas modernizadoras en áreas microeconómicas, como la flexibilidad laboral, el fortalecimiento de la negociación colectiva, los gobiernos corporativos de las empresas públicas, el Estatuto Pyme, la innovación, las normas de protección al consumidor o la mejoría de la calificación para el trabajo, todavía siguen empantanadas en estériles disputas, sin lograr concretarse a través de acuerdos transversales.

En política pasa lo mismo, con el agravante que tanto Gobierno, Oposición y Parlamento son partes interesadas. De partida, cuesta modificar las actuales estructuras. Proyectos como la reforma de los partidos políticos, el límite a la reelección parlamentaria, la descentralización regional, la regulación del lobby o las restricciones para la “privatización” de un regulador, duermen desde hace años sin concretarse.

Barack Obama probablemente no hubiera sido elegido presidente en Chile. En principio, no hubiera podido participar en primarias. Las encuestas iniciales ni siquiera lo mencionaban. Hubiera tenido que esperar el relevo natural de todos los dirigentes, y recién entonces podría haber participado. ¿Sabrá que en Chile no hay primarias? ¿Qué los candidatos -presidenciales y parlamentarios- son designados entre cuatro paredes por los dirigentes de los partidos?

Hace cinco años, Barack Obama era un perfecto desconocido para la mayor parte de su país. Recién se hizo conocido el 27 de julio de 2004, cuando presentó el discurso introductorio del candidato John Kerry en la Convención Demócrata. En 2005 fue elegido senador por Illinois y en febrero de 2007 anunció que competiría para ser el candidato demócrata a la Casa Blanca. Venció en las primarias de junio 2008 a Hillary Clinton, figura emblemática del Partido Demócrata y luego de ganar a John McCain, en enero de este año asumió como Presidente de EE.UU.

Obama hizo realidad el sueño americano de que cualquier persona -independiente de su origen, raza o condición social-puede llegar a ocupar la primera magistratura de la nación, gracias a su esfuerzo y sus méritos. Su vertiginosa trayectoria política fue aclamada en todo el mundo, porque representaba en sí mismo la igualdad de oportunidades de un sistema democrático.

Esta gira presidencial nos recuerda brutalmente que, a pesar de los intereses comunes que pudieren existir, todavía nos falta mucho para alcanzar una madurez institucional. Ojalá pudiéramos profundizar y perfeccionar nuestros mecanismos democráticos, lograr un sistema electoral competitivo y transparente, y por sobre todo, satisfacer el profundo anhelo de renovación política de la ciudadanía.

Artículo publicado en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/las_democracias_de_bachelet_y y en http://www.politicastereo.tv/muro_detalle.php?id_muro=545

La embriaguez del poder

“Me enceguecí, me embriagué del afán de servir más y más”, fue la sentida declaración del diputado Errázuriz al renunciar a su tienda política. En su cuarto período legislativo consecutivo (desde1998), el ahora ex RN fue denunciado en un reportaje de La Nación por las graves irregularidades en los contratos de arriendo de sus sedes distritales.

No es el único parlamentario sorprendido trastabillando en el último tiempo, producto de esta “excesiva “vocación de servicio público. Hace pocos días, la Comisión de Ética de la Cámara Baja amonestó al diputado UDI Julio Dittborn (tercer período legislativo consecutivo), por no consultar previamente su peculiar sistema de arrendar casas particulares como sedes parlamentarias, sin instalar la señalética correspondiente.

La investigación que realiza el fiscal de la Quinta Región a la diputada Claudia Nogueira por el pago a asesores que luego le reintegraban los fondos, también demuestra un absoluto relajo en la entrega de los dineros de las asignaciones. Se concluye además la urgencia de una exhaustiva revisión a todos los contratos de asesorías y arriendo de sedes parlamentarias, tanto a diputados de gobierno como de la oposición.

La denuncia de “Informe Especial” evidenció conductas cuestionables en la labor legislativa. El debate producido respecto a una eventual visión sesgada del programa, no justifica en nada las actuaciones conocidas por la opinión pública. La información oficial entregada por la Cámara Baja a la ciudadanía quedó desvirtuada con un par de tomas televisivas, confirmando un trabajo poco prolijo de autocontrol.

La categórica respuesta corporativa, en el sentido de que el trabajo legislativo consiste en dictar leyes y que el programa mostró verdades a medias, desvió la discusión hacia el omitido tema de los conflictos de interés de los parlamentarios. De partida, todo proyecto que signifique un empoderamiento ciudadano, ha sido sistemáticamente postergado: reforma constitucional sobre la transparencia y calidad de la política, reforma del sistema binominal, límites a las reelecciones, agenda de modernización del Estado, regulación del lobby, fideicomiso ciego sin nombre ni apellido, entre otros, proyectos legislativos presentes en innumerables discursos, pero todavía sin concretarse. La excepción que confirma la regla fue la Ley de Acceso a la Información Pública, recientemente aprobada, y que elevó los estándares de transparencia.

El año pasado también fue polémico para el Congreso por el uso (en asesores legislativos adicionales) de los más de $ 1.000 millones liberados con la supresión de senadores designados y vitalicios. Igualmente controvertida fue la decisión de aumentar en $ 100.000 la asignación mensual para combustibles para cada parlamentario, finalmente dejada sin efecto.

La necesidad de mecanismos de rendición de cuentas más eficaces, más transparencia y mayor competencia, crece cada vez más. Con un mercado cautivo -obligado por ley a votar-, el predominio del duopolio político se evidencia en los períodos de (re)elecciones parlamentarias.

El sistema binominal quizás se justificó en una etapa inicial, después del retorno a la democracia. Pero en la medida que ésta se fue consolidando, se transformó en una barrera de entrada, que en forma artificial dificultó la renovación política. Los diputados y senadores en ejercicio asumieron sus cargos como un derecho adquirido, para optar la mayoría de las veces por la reelección durante varios períodos parlamentarios seguidos. Una vez más, los reemplazantes de los diputados Errázuriz y Enríquez-Ominami serán designados por las cúpulas partidistas, eludiendo cualquier participación de las bases partidarias o de los electores.

Incluso el primer senador independiente, Carlos Bianchi, actual Vicepresidente de la Cámara de Diputados, escribió hace un par de meses atrás sobre la colusión política de los dos principales conglomerados, responsabilizando al sistema binominal y la falta de mecanismos democráticos dentro de los partidos.

Por otra parte, los ciudadanos debiéramos premiar o sancionar a los parlamentarios salientes, a través de su reelección o reemplazo. Pero la inexistencia de primarias o de algún otro mecanismo democrático dentro de cada partido y coalición, nos hace imposible ejercer este control ciudadano, salvo a través de un ineficaz voto nulo. Inevitable fue el duro diagnóstico de la percepción ciudadana del Congreso, realizado el año pasado a través del estudio de imagen efectuado por Tironi y Asociados y de la encuesta CERC, en que sólo el 18% de los encuestados señaló tener mucha o bastante confianza en el Congreso.

Hasta ahora, el voto obligatorio disimuló la inexistencia de mecanismos democráticos dentro de los partidos. Pero la inminencia del voto voluntario hará disminuir en estas elecciones el temor a una eventual sanción por no sufragar, instalando por primera vez una nueva dimensión a evaluar: la representatividad de los parlamentarios.

Artículo publicado en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_embriaguez_del_poder y en http://www.politicastereo.tv/muro_detalle.php?id_muro=517

Las encuestas y la baja participación

La inminente publicación de los resultados de la encuesta CEP ha causado un gran interés en todos los sectores políticos, empresariales y gubernamentales. Este año será decisiva, al competir tres candidatos con cifras que superen los dos dígitos en las intenciones de votos. Muchas decisiones importantes se han postergado hasta después de su publicación, lo que ratifica la relevancia que tienen las encuestas en la toma de decisiones de los partidos.

Reflejan también la trascendental decisión de los conglomerados de preferir la observación de las audiencias a distancia, con la consiguiente postergación de la construcción de relaciones a largo plazo con la ciudadanía. Se privilegia la captación del voto volátil, variable, e incluso impredecible, más que el desarrollo y posterior consolidación de un voto duro. En un año electoral, esto es totalmente comprensible. ¿Pero qué se hizo al respecto durante los últimos tres años, en el período no eleccionario?

En la última encuesta CEP (Nov Dic 2008), sólo el 16% se identificaba con la Alianza y el 24% con la Concertación. El 50% de los ciudadanos no se identificaba con ninguno de los dos conglomerados políticos. Más actual y de acuerdo a la última encuesta de Evaluación del Gobierno, efectuada recién en mayo por Adimark, tan sólo el 23% de los encuestados aprueba cómo la Concertación y la Alianza están desempeñando su labor, contra el 56% y 51% que respectivamente las desaprueban. Ese es el público cuyo voto hay que captar, en este año en que todavía es obligatorio sufragar, al menos en la teoría.

Además, existen 3,5 millones de posibles votantes no inscritos en los registros electorales, pero las campañas de inscripción no han tenido el efecto esperado. Hasta ahora, sólo se han registrado 40 mil nuevos inscritos. Será muy interesante conocer los resultados de la campaña “Mójate x Chile”, iniciada por el presidenciable RN.

Por otra parte, emblemáticos resultan los nombramientos de Sebastián Bowen y Francisco Irarrázaval en los comandos presidenciales de Frei y Piñera, ya que evidencian la falta de renovación interna dentro de los partidos políticos. A su vez, los grupos Tantauco y Océanos Azules han desarrollado vínculos con sus candidatos presidenciales, pero no con los partidos. Tensiones, e incluso enfrentamientos, se han producido entre equipos programáticos y comandos políticos.

Se ha discutido mucho sobre el mayor o menor efecto que pueden producir las encuestas sobre la opinión pública, pero también resulta importante determinar la influencia que éstas ejercen sobre las elites políticas. Validada y reconocida por diversos actores nacionales, la próxima publicación de resultados de la encuesta CEP es esperada este semestre con una enorme expectación, en atención a las importantes decisiones que se tomarán en base a ella. Llamada “la madre de las encuestas”, es la única que se realiza a nivel nacional y en forma presencial.

Entrega información sobre distintos temas y gracias a su metodología, se convierte en una radiografía de la opinión pública. Este estudio reempodera nuevamente a la ciudadanía, al lograr influenciar las campañas eleccionarias. ¿A quienes premiará y a quienes sancionará?

Todas las encuestas parecen haber cobrado en este último tiempo especial relevancia en el desarrollo de las campañas políticas, supeditando gran parte del accionar político. Numerosos son los estudios de opinión que la ciudadanía ha conocido, sin contar todas las encuestas que los partidos políticos realizan en forma reservada, sin publicar sus resultados.

La gran mayoría de ellas son telefónicas (en redes fijas), no probabilísticas y con una omitida tasa de rechazo. En consecuencia, resulta difícil hablar de muestras representativas del electorado o de un margen de error confiable. En contrapartida, pueden entregar fotografías de la opinión pública en determinados momentos, permitiendo establecer ciertas tendencias políticas.

¿Habrán encargado encuestas los conglomerados para saber por qué los jóvenes no se inscriben en los registros electorales? O aún más, ¿por qué los jóvenes no ingresan a sus partidos políticos? El éxito de los movimientos estudiantiles o la efectividad de las organizaciones sociales desmienten tajantemente que los jóvenes “no están ni ahí”. ¿O será que a los partidos no les interesa integrar más gente en sus organizaciones?