Una espiral de manifestaciones

Después del paro nacional de los profesores, en que éstos finalmente lograron el pago del adeudado bono SAE, podría comenzar una espiral de manifestaciones. De hecho, la toma del Instituto Nacional, desarrollada por alumnos que demandan la estatización de la educación municipal, es la primera consecuencia. A pesar de que la Municipalidad de Santiago de inmediato ordenó su desalojo, ¿cómo explicarles a los alumnos que ellos no pueden recurrir a movilizaciones, pero sus profesores sí?

Al día siguiente de haberse depuesto el paro nacional de profesores, la enérgica e inmediata respuesta de la Municipalidad de Santiago a la toma del Instituto Nacional causa perplejidad en la ciudadanía. El desalojo solicitado por el alcalde Pablo Zalaquett sirvió para suavizar el tenor de la protesta, transformándola en una “ocupación cultural” y logrando que los estudiantes abandonaran en forma pacífica el establecimiento. Pero en la práctica, igual significó la suspensión de las clases y la imposibilidad de ingreso de profesores y alumnos al recinto.

En primer lugar, difícil resulta hacer entender a los estudiantes la improcedencia de las medidas de presión para lograr sus objetivos particulares, en especial después del ejemplo de eficacia dado por el Colegio de Profesores. ¿Por qué ellos sí y los alumnos no? ¿Son menos válidas sus peticiones o simplemente tienen menos derechos?

Y en segundo lugar plantea un debate respecto a la representatividad del Centro de Alumnos. ¿Todos los estudiantes querían iniciar un paro para demandar la estatización de la educación municipal? ¿O sólo era un grupo de presión, minoritario pero bien organizado?

Frente a estas dos legítimas interrogantes de los estudiantes, resulta difícil dar una respuesta. En especial, porque se supone que a los alumnos del Instituto Nacional, además de entregarles conocimientos, reciben una fuerte formación cívica.

Los maestros

Ya en marzo, a dos semanas de iniciadas las clases, Jaime Gajardo, presidente nacional del Colegio de Profesores, anunciaba un paro nacional, exigiendo que “la crisis económica no fuera pagada por el Magisterio”. Los motivos se basaban en la gran cantidad de despidos a profesores titulares y a contrata, fusión de cursos y cierre de colegios en todo el país, despidos sin sumario, no pago del bono SAE, reducciones de horarios, concursos mal hechos y cambios de contratos. Agregaba que todos estos antecedentes habían sido entregados a la Ministra de Educación, señalando: “no ha pasado nada, no hemos tenido eco en el Ministerio, que por lo menos cesen los despidos en la educación”.

Luego, en mayo de este año, el Colegio de Profesores convocaba a una movilización para presionar por el pago del bono SAE. Este correspondía a una subvención adicional especial, creada por ley para asegurar una remuneración mínima a todos los docentes y pagar una bonificación proporcional a las horas contratadas. Pero estos bonos de los años 2007 y 2008 no fueron pagados por las Municipalidades, discutiéndose todavía si efectivamente éstas recibieron los dineros de parte del Mineduc.

El 2 de junio, cerca de 20 mil profesores se congregaban en el Parque Forestal, en que Jaime Gajardo destacaba que “porque somos formadores, no podemos dejar que se nos denigre”. Recalcó que el bono SAE era un compromiso explícito del Gobierno, el que no se había cumplido. Se convocó al magisterio nuevamente para el día siguiente en las cercanías de La Moneda. Pero por tratarse de un acto no autorizado, alrededor de 50 docentes fueron detenidos, entre ellos Gajardo, al momento de sacar sus pancartas y comenzar a gritar.

Se ha convertido en una práctica totalmente consolidada que los profesores recurran a actos de fuerza, antes de evaluar otras alternativas menos dañinas para los estudiantes. En base a la rígida inamovilidad que tiene la educación municipal, estas acciones resultan abusos de poder de los profesores hacia sus alumnos, en su gran mayoría niños y jóvenes de escasos recursos, generándoles una gran dificultad para recuperar las clases perdidas.

Operación repetida

No es la primera vez –y probablemente tampoco la última- en que el Colegio de Profesores recurre a medidas de presión.

Durante el año pasado, los profesores efectuaron otras movilizaciones, utilizando el mismo procedimiento. El 16 de junio de 2008, 1.500 personas se juntaron en el Paseo Ahumada con la Alameda e intentaron avanzar hacia el Palacio de La Moneda, para expresar su rechazo a la LGE. Sin embargo, antes de llegar a destino, comenzaron los primeros enfrentamientos con carabineros, quienes trataron de disuadir la manifestación con carros lanza aguas y bombas lacrimógenas.

Luego, el 1° de julio de 2008, los dirigentes gremiales anunciaron la convocatoria a un nuevo paro nacional, para intensificar su rechazo a la LGE, a realizarse el 8 del mismo mes. Este llamado fue apoyado por otros organismos, como Fenpruss, FECh, ANEF y CUT.

El 3 de abril de este año, cerca de 3.000 profesores adhirieron al paro nacional convocado por el organismo gremial en defensa de la educación pública, siendo apoyados también por estudiantes de la FECH, dirigentes de la CUT y de la ANEF.

Reacciones

Existiendo pleno consenso sobre la gran brecha educacional chilena, se empieza a detectar una tendencia al desplazamiento de alumnos de colegios municipales a colegios particulares subvencionados. Además, comienzan las primeras señales de descontento de las familias de los alumnos municipales. Padres y apoderados de Puerto Aysén y de Valparaíso reclamaron por los perjuicios provocados a los hijos.

Por otra parte, resulta inexcusable que las autoridades, estando en conocimiento de lo inflamable del gremio, hayan permitido el desarrollo de este conflicto. La Asociación Chilena de Municipalidades debió haber reaccionado con mayor previsión -a no ser que quisieran instalar la devolución de la educación al Estado- , y el Ministerio de Educación debiera haber realizado una fiscalización más exhaustiva del pago de lo adeudado.

Como ya es recurrente en este tipo de conflictos en Chile, quienes pierden son inocentes víctimas de grupos bien organizados. En este caso, son estudiantes que dejaron de recibir su educación, que no podrán recuperarla con la misma calidad; alumnos de 4° medio, que quedaron en desventaja frente a estudiantes de colegios particulares y privados subvencionados y los padres, quienes tuvieron que asumir la modificación de sus rutinas diarias con el imprevisto cuidado de sus hijos. Mientras la educación pública siga capturada por los profesores, se ven escasas posibilidades de lograr el acuerdo nacional que permita solucionar el problema de la calidad de la educación.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
Gestcom
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