
Este año, la ANEF en forma excepcional comenzó con la paralización de sus actividades antes de que hubieran comenzado las negociaciones sobre el reajuste de remuneraciones del sector público. Era un eficaz llamado de atención para sus interlocutores, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, permitiendo la instalación del conflicto a nivel de opinión pública.
A los pocos días, la siguiente paralización ya tenía la visibilidad necesaria a nivel nacional y requería la incorporación de determinados atributos que le permitieran un apoyo ciudadano. A pesar de la ley prohíbe la paralización de funciones de servicio público y que miles de usuarios no pudieron ser atendidos en todo el sector público, -incluso con la muerte de un par de pacientes-, los ciudadanos apoyaron la paralización, según una encuesta realizada por El Mercurio y Opina. Tanto es así que ni siquiera se han hecho efectivos los descuentos de remuneraciones por los días no trabajados.
El anuncio de la promulgación de un decreto del Ministerio de Salud que establece estrictas limitaciones al trabajo en altura y que podría obligar al traslado de los campamentos mineros por debajo de la cota tres mil, implica que comienzan las negociaciones entre empresas y trabajadores, defendiendo cada uno sus propios intereses.
En todo rubro existen conflictos de legítimos intereses contrapuestos entre las partes involucradas. Hasta ahora, generalmente las negociaciones han privilegiado el apoyo legal, minimizando por completo el ámbito comunicacional.
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