Un Ministerio del deporte para Michelle

La publicación efectuada por este medio de una minuta elaborada para trabar la agenda legislativa, demuestra el afán obstruccionista que los parlamentarios opositores tendrán durante los meses que vienen. Independientemente que dicho instructivo haya sido redactado por el comando de Michelle Bachelet o por un grupo de coordinación cercano a éste, -encabezado por el presidente del Senado, Jorge Pizarro-, resulta evidente el conocimiento de la referida minuta por parte de los asesores de la candidata de la Concertación, Partido Comunista, Izquierda Cristiana y el Movimiento Autónomo Social.

Y es que dicho instructivo se refiere -junto a otros proyectos legislativos- a la postergación del debate en la sala, especificando en forma textual que “hay que coordinar que comités y  presidencia del Senado soliciten 2° informe y presentaremos indicaciones para dilatar tramitación”. Y con esto, se sepulta la creación de un organismo anhelado por todos los chilenos desde hace tanto tiempo.

Por esto, la postergación en el Senado de la votación del Ministerio del Deporte, impulsada por el senador Fulvio Rossi en representación de toda la bancada socialista, representa un duro golpe para la creación de un organismo anhelado por todos los chilenos desde hace tanto tiempo. El senador por las regiones de Arica y Parinacota y también por Tarapacá, solicitó revisar nuevamente el proyecto, aduciendo la necesidad de establecer una comisión que fiscalice la entrega de recursos.

Por supuesto que esta decisión sorprendió al Gobierno, parlamentarios, deportistas y a la opinión pública, ya que el proyecto de ley lleva más de un año y medio en el Congreso (boletín 8085-29)  y ha pasado por tres comisiones en su tramitación: la Especial de Deportes y la de  Hacienda en la Cámara, y la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el Senado.

Más aún, teniendo en cuenta que el plazo inicial para hacer indicaciones transcurrió desde el 23 de enero hasta el 11 de marzo, ampliándose nuevamente hasta el 15 de abril, presentándose un total de 53 indicaciones en dicho período. Incluso más, hasta hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la legalidad de la iniciativa legal a solicitud de un número de diputados. En consecuencia, análisis hubo, debate también y la participación parlamentaria fue consistente. Por lo mismo, la postergación de la votación inicialmente sorprendió mucho a la opinión pública, y sólo después de la publicación de la minuta opositora a la agenda legislativa ésta cobró sentido.  Una vez más, la ciudadanía ve con estupor cómo nuestro Congreso –en este caso parlamentarios opositores- privilegia sus intereses particulares por sobre los colectivos.

Pero además esto contrasta fuertemente con las declaraciones de la candidata socialista, en el sentido de aspirar a una campaña “donde se intercambien ideas, de debate limpio y de altura, que es lo que le importan a todos los chilenos”. Y acá solamente existen dos alternativas: 1) que ella tuviera conocimiento del instructivo, revelando entonces una fuerte inconsistencia entre discurso o realidad y; 2) que desconociera por completo la minuta, reflejando que el equipo asesor de la ex Presidenta se siente autónomo y contradice sus deseos.

Tratándose de un tema tan grave para la ciudadanía -entorpecer la labor legislativa para privilegiar intereses particulares por sobre los colectivos-, ojalá que la candidata se pronuncie al respecto ahora que inicia la segunda etapa de su campaña y, en especial, sobre la postergación de la votación del proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte, también anunciado por ella el 2009. ¿O guardará silencio ante la opinión pública y ratificará a los parlamentarios opositores las instrucciones de la minuta para reservárselo ante un eventual segundo gobierno?

Porque ahora no sólo se trata de la contribución que hace el deporte al desarrollo de la población y de la comunidad nacional, mejorando condiciones de vida para la población y ayudando a crear y mantener lazos sociales. Hoy urge reforzar todas las políticas públicas tendientes incentivar el deporte, en especial respecto a los jóvenes de Chile. Y por supuesto la creación de un Ministerio del ramo es esencial, ya que el actual Instituto Nacional de Deportes –antes ChileDeportes- ha dependido siempre del Ministerio Secretaría General de Gobierno, organismo que de por sí tiene otras prioridades por sobre el deporte.

Una reciente encuesta Simce establece que el 44% de los alumnos de 8° básico tiene obesidad o sobrepeso, convirtiendo a Chile en el sexto país con más obesidad infantil, según un estudio de la OECD. De ahí entonces la importancia que se refuercen las políticas públicas que combatan el flagelo de la obesidad a nivel país, y que todos los candidatos –en especial Matthei y Bachelet- incluyan en sus programas de gobierno las acciones para combatir la obesidad infantil.

Por último, la opinión pública podrá juzgar por sí misma los efectos de la comentada minuta opositora que busca trabar la agenda legislativa, privilegiando una vez más intereses particulares por sobre los colectivos. La primera demostración nos quedará clara en la votación del Ministerio del Deporte…

 

Columna publicada en La Tercera Online

Educación: la evitable trampa de la polarización

La intempestiva decisión de los timoneles concertacionistas de no asistir a la reunión acordada con el mandatario sorprendió a toda la opinión pública. No sólo plantaron a la máxima autoridad nacional, sino que defraudaron también a un gran porcentaje de chilenos que demanda una solución a la actual crisis educacional. ¿Esta inasistencia ayudaba en algo? ¿O sólo fue un estéril intento por polarizar la situación?

Hasta ahora, el movimiento estudiantil contaba con la simpatía ciudadana. Además, después de las últimas encuestas y en un contexto de animadversión en contra de toda autoridad, era plausible que la población desquitara furiosamente en contra del Gobierno. Sin embargo, la reacción fue muy controvertida. Algunos apoyaron la decisión, pero otros, en cambio, se indignaron ante la negativa a negociar un acuerdo que todo Chile espera. Más aún, cuando todos ellos -salvo Carolina Tohá- reciben un sueldo pagado por nosotros los chilenos y ni siquiera cumplen con su obligación de asistir al Congreso…

Al igual que en nuestra actual política nacional, la crisis de representatividad también ha alcanzado a otras organizaciones, ya sean estudiantiles, sindicales o gremiales. Como hemos comprobado últimamente, el Congreso pierde legitimidad día a día, al igual que la Fech, Feuc, Confech, CUT, Sofofa, ANFP o el Colegio de Profesores. Nuestra arraigada falta de participación ciudadana -¿espontánea o provocada?- permite que grupúsculos bien organizados capturen fácilmente las estructuras de poder.

Sin embargo, las opiniones siempre estuvieron divididas en el tema educacional. Muchos padres viven con angustia que sus hijos no puedan asistir a clases durante más de 75 días, viendo con estupor que esta situación es avalada por los partidos opositores. En momentos en que alumnos arriesgan el año -o pierden competitividad frente a sus pares que sí tienen clases-, observan cómo el conflicto se alarga indefinidamente. Y también constatan que grupos de estudiantes elegidos democráticamente, bien organizados -pero que no necesariamente representan a la mayoría silenciosa-, toman decisiones que involucran a todos los demás alumnos. ¿Pero por qué la falta de representatividad no iba a afectar a las organizaciones estudiantiles? ¿No es acaso un mal endémico nuestro?

En 2009, la Universidad de Chile contaba con más de 24 mil estudiantes de pregrado y 6 mil de postgrado (Wikipedia). Camila Vallejo, su actual presidenta fue elegida con 2.918 votos -menos del 10% del alumnado y sólo 70 votos más que el segundo lugar, Francisco Figueroa-. A su vez, la Pontificia Universidad Católica tenía al 2010 cerca de 20 mil alumnos en pregrado y 3.800 en postgrado. De ellos, sólo 5.529 alumnos votaron por Giorgio Jackson, actual presidente de la Feuc. Corresponde a un poco más del 20% del total de alumnos, venciendo por sólo 364 votos a Ricardo Neumann, segundo lugar.

En consecuencia, ¿cómo saber qué porcentaje de alumnos de esa inmensa mayoría silenciosa está de acuerdo con los paros -único punto de desacuerdo entre rectores y Confech-? ¿Será mayor o menor que esa gran colectividad nacional que no se identifica con ninguna de las dos coaliciones políticas?

Hace menos de una semana, el senador José Antonio Gómez (PRSD) expresaba : “La Concertación está superada”. Tan sólo hace pocos días, el senador Ignacio Walker(DC) declaraba no saber en qué consistía el anunciado segundo tiempo del Gobierno, sin percatarse que también comenzaba a correr para la Concertación con su inédito 68% de rechazo. Poco después, el diputado Osvaldo Andrade (PS) exigía que la comunicación del Gobierno con los partidos fuera con sus directivas: “El diálogo debe ser institucional”, señaló durante el fin de semana el ex ministro. El mismo día de la frustrada reunión -una hora y media antes- Carolina Tohá en el programa radial “Alerta Temprana” (radio 95.3 FM) aclaraba que mientras el Presidente anunciaba su intención de invitar a los timoneles de la oposición, ellos simultáneamente le pedían una reunión para hablar de la crisis de la educación.

Aún está presente el conmovedor recuerdo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, con su flamante ministra de Educación, Yasna Provoste, y acompañadas de José Antonio Gómez, Camilo Escalona, Carlos Larraín, José Antonio Viera Gallo, Soledad Alvear, Sergio Bitar y Hernán Larraín, todos manos en alto, celebrando ante la opinión publica el envío al Congreso del proyecto sobre educación pública: la Ley General de Educación. ¿Qué ocurrió desde entonces? ¿O sólo fue una gran tomadura de pelo a todos los chilenos y chilenas?

Ante este provocado clima de polarización, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, puso paños fríos. Su invitación a los representantes -¿representativos o sólo legítimos?- de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y Colegio de Profesores traerá tranquilidad hasta el próximo lunes.

Pero además confirma que hoy los partidos políticos no sólo no representan intereses de sus electores, sino que ni siquiera sirven como intermediarios entre ciudadanía y Gobierno. Como queda demostrado en movilizaciones como las de jueces y fiscales, Marcha por la Igualdad, habitantes de Dichato, Calama o Magallanes, trabajadores de Collahuasi, Codelco o Escondida, contra Barrancones o Hidroaysén, Ciclistas Desnudos o El parque no se toca, entre otras, los dirigentes de los partidos políticos no se necesitan…

Efectivamente, este segundo tiempo comenzó. Pero pareciera que algunos no se percatan que a ellos también les toca. ¿O en realidad para la clase política comienzan los descuentos? ¿Es la nueva forma de exigir…?

Columna publicada en La Tercera Online

Anuncios y proyectos ¿Qué se teje en Palacio?

Desatada ya la guerra entre gobierno y oposición, cualquier excusa puede servir para medir fuerzas: reconstrucción del terremoto, despidos en sector público, viaje presidencial a Perú, etc. Pareciera que el Parlamento será el campo de batalla de las próximas confrontaciones, en especial respecto a la aprobación de la tan anunciada reforma educacional.

Por eso, el intempestivo anuncio, realizado el domingo 21 por el Presidente de la República en cadena nacional voluntaria, provocó numerosas críticas en el bloque opositor. De partida, generó importantes reparos en cuanto a la nueva mecánica utilizada por el Gobierno: anunciar una propuesta inconsulta en un escenario de mayoría relativa en la Cámara de Diputados y de abierta minoría en el Senado. Asimismo, la suma urgencia anunciada por el Jefe de Estado, sin siquiera haber ingresado hasta ahora el proyecto de ley al Congreso, también motivó acusaciones de show comunicacional, aludiéndose con sorna a “la nueva forma de anunciar”.

Como señal de protesta, los cuatro timoneles de los partidos de la Concertación, Ignacio Walker (DC), Carolina Tohá (PPD), Osvaldo Andrade (PS) y José Antonio Gómez (PPD), se abstuvieron de asistir a la ceremonia de lanzamiento de la reforma educacional. El ministro de Educación, Joaquín Lavín, concurrirá hasta la sede del PPD a reunirse con ellos para discutir los principales lineamientos del paquete de medidas. Cabe recordar que desde esa fecha, múltiples han sido las críticas de la oposición, del Colegio de Profesores y de organizaciones estudiantiles como calificación de revolución del proyecto, ausencia de acuerdos previos, mercantilización de la educación pública y tardanza en la presentación del proyecto de ley.

Para otros, en cambio, el anuncio refleja un importante cambio estratégico en la tramitación de iniciativas emblemáticas. Tal como señala Blanca Arthur en su artículo "La audaz jugada de la dupla Piñera-Lavín", sólo horas antes se habría tomado la decisión del anuncio presidencial de esta propuesta educacional.

Esta súbita determinación se debería, a que, a pesar de la aprobación ciudadana del mandatario, el gobierno reconoce su poca efectividad en la incorporación de temas en la agenda pública. En un año marcado por circunstancias exógenas -terremoto del 27 de febrero, rescate minero en San José, elecciones ANFP, litigio con Perú ante La Haya-, necesitaba instalar un tema reformador y emblemático que pudiera identificar al Gobierno, tal como lo fue la reforma previsional en el mandato de la ex Presidenta Bachelet.

También hubo provocaciones del bloque opositor, en el sentido de que la administración Piñera relajaría su ritmo después de su exitosa actuación en el rescate minero. Francisco Javier Díaz, ex encargado de contenidos de Michelle Bachelet, en su columna “Pepe o Papurri, el dilema de Piñera”, publicada dos días antes del anuncio presidencial, expuso certeramente la disyuntiva del Presidente Piñera: “La pregunta es si Piñera optará por el camino fácil de la popularidad inmediata o por la pedregosa vía de los cambios profundos, por impopulares que éstos sean”. Esto coincide con la inmediata respuesta de la reforma en Educación y la divulgación de próximos cambios en Salud y Modernización del Estado.

Por otra parte, con el endurecimiento de las relaciones entre oposición y gobierno, Cristián Larroulet, ministro secretario general de la Presidencia, prefirió derechamente cambiar el escenario de negociación, trasladando el debate al Parlamento, sin esperar un acuerdo previo con las fuerzas opositoras. De esta manera, el costo de un eventual rechazo se traspasa ante la opinión pública a los parlamentarios que voten en contra de la iniciativa, abriéndose el flanco de perpetuación de la inequidad, una de las principales deudas pendientes de los gobiernos de la Concertación. De hecho, ésta sorprendió a su vez al Gobierno anunciando hoy la presentación de una propuesta alternativa para Educación.

Pero también este anuncio refleja una nueva forma de comunicación estratégica. De alguna manera, y provocado quizás por la confusión general que reina en todos los partidos políticos, se opta por empoderar a la opinión pública, pidiéndole una mayor participación en mediar y/o juzgar estos conflictos. Sin embargo, surgen de inmediato las siguientes preguntas: ¿Qué tanto se podrá separar la gestión de la comunicación? ¿Una ahora eficaz capacidad comunicacional podrá suplir la falta de un desempeño medible? El mismo mandatario cambió los ejes del discurso gubernamental, instalando el paradigma de la eficiencia. Hoy los estándares de la administración gubernamental ya se encuentran cambiados, con una opinión pública más educada y exigente y una oposición que no perdonará ninguna oportunidad de atacar al gobierno.

Si bien es cierto que ninguna gestión puede brillar sin una buena comunicación, una excelente comunicación no puede ocultar indefinidamente una falta de gestión, como ocurrió en el pasado. La credibilidad demora años en construirse y segundos en perderse, tal como lo comprendió el equipo comunicacional de la ex Presidenta Bachelet, después de la bullada inauguración del Hospital de Curepto.

Por eso, todos los chilenos hacemos fuerza para que la reforma educacional no naufrague por estériles luchas políticas. En eso, Mario Waissbluth, Coordinador Nacional de Educación 2020 es claro en su mensaje y ¡lo dice mucho mejor! Esta vez las (ir)responsababilidades no quedarán sin respuesta ciudadana.

Columna publicada en La Tercera Online

Concertación: la exclusión comienza por casa

El anuncio de Sebastián Piñera de convocar en su próximo gobierno a los mejores - entre los que se incluirían figuras de la Concertación y de otros sectores que no apoyaron su candidatura-, ha generado toda una controversia. La invitación a buscar acuerdos y consensos en los grandes temas ha provocado cierta desconfianza en la dirigencia del hasta ahora conglomerado oficialista, desatando inmediatas reacciones que parecen más bien dirigidas a mantener -o recuperar- el poder que a procurar el bien del país.

En una etapa en que se consolidan los liderazgos que dirigirán la futura oposición, la visibilidad que tendría un ministro concertacionista en el próximo gabinete representaría una amenaza para las actuales y futuras próximas directivas. Las pugnas internas, la búsqueda de las causas de la derrota electoral y el clamor ciudadano de renovación política ya establecen de por si un difícil escenario dentro de los partidos oficialistas. La aparición de nuevos liderazgos sólo produciría un mayor desorden, creando nuevas facciones y debilitando las próximas autoridades partidarias, en especial si se trata de personeros que encarnan posturas más moderadas, demuestran resultados más eficientes y se manejan con mayor flexibilidad en la arena política.

Por eso, son los presidentes de los partidos de la Concertación quienes se oponen a que integrantes de sus filas se sumen al nuevo gobierno, sin siquiera haberlo consultado con sus bases. Aún más, al ser tan pocos los chilenos que militan en partidos políticos, su opinión debiera ser escuchada con mayor razón. El no escucharlos representa una vez más la resistencia a alterar las viejas prácticas políticas y desestimar las peticiones ciudadanas, perdiendo además una gran oportunidad para enriquecer el debate público.

Precisamente todas estas malas prácticas -en que se privilegian los intereses partidistas por sobre el desarrollo del país- fueron castigadas en la última elección presidencial. La creciente incapacidad de la Concertación para renovar contenidos y procedimientos en torno a un proyecto de futuro, sumada a la escasa participación ciudadana, las decisiones autocráticas y los mecanismos poco representativos, hicieron que una mayoría social -antes que política- optara por el cambio.

Tal como señala Marcelo Contreras, Director de la Revista de la Fundación Chile 21, en su artículo “La elección presidencial inaugura un nuevo ciclo político en el país” (publicado en el medio digital Bitácora), él analiza las causas del agotamiento de la coalición oficialista y, dentro de ellas destaca una, asociada a la gestión política. “A la forma de pensar y hacer la política, centrada básicamente en la administración y la lucha por el poder antes que en la deliberación política, la interacción con la sociedad y los esfuerzos por representar las nuevas demandas ciudadanas”, concluye el periodista.

Confirmando esta idea, en la reciente carta de navegación para el conglomerado, “La Concertación Ciudadana”- redactada por cuatro dirigentes: Carolina Tohá, Ricardo Lagos Weber, Óscar Landerretche y Claudio Orrego-, sus autores señalan que “las soluciones las tenemos que encontrar en forma colectiva, participativa e inclusiva, y esto requiere de una reforma política profunda de nuestra coalición”. Pero de acuerdo a los últimos dichos de las cúpulas de sus partidos, pareciera que lo que es bueno para la Concertación no lo es para el país en general.

Por otra parte, el ex Presidente Ricardo Lagos señaló que quienes acepten alguna oferta del nuevo gobierno “dejan de ser concertacionistas”, provocando una polémica con Jorge Schaulsohn, quien recordó que el ex mandatario en su gobierno iba a nombrar ministro a Andrés Allamand.

A su vez, el consejo nacional de la DC adoptó una resolución formal que despoja de la militancia a quienes asuman cargos de confianza política en el próximo gobierno, como ministros, subsecretarios, gobernadores, intendentes y seremis. Sin embargo, la decisión parece no representar a todos los militantes, ya que Mariana Aylwin calificó la sanción como una norma que en nada aporta al rol de oposición de la DC.

Cierta sorpresa provocó también la petición que hizo el Presidente electo a Juan Gabriel Valdés de mantenerse en el cargo de representante especial de la Presidencia en Haití. Por esta razón, el ex ministro de Relaciones Exteriores aclaró de inmediato: "sólo una enorme pequeñez puede confundir el rol humanitario y no remunerado que implica mi función en Haití -y que continuaré por un período circunstancial- con un cargo político en el futuro gobierno”.

Por último, el amplio rechazo expresado por los dirigentes de los partidos concertacionistas respecto a reeditar la política de los acuerdos durante el próximo gobierno augura una polarización política en el próximo período, que es justamente lo que reprueba la ciudadanía. En este momento en que se reorganiza la futura oposición, se espera una fiscalización firme pero constructiva, que sea capaz de defender los avances sociales logrados, pero también de luchar en forma conjunta por el desarrollo de nuestro país.

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/concertacion_la_exclusi%C3%B3n_comienza_por