Mientras la Presidenta Bachelet prácticamente mantiene sus índices de aprobación, el Gobierno retrocede ocho puntos en su evaluación, de acuerdo a la encuesta Adimark de Julio 2009. Las áreas más criticadas de la gestión del Gobierno se concentran en el control de la delincuencia (80% de desaprobación y 14% aprobación) y la corrupción en los organismos del Estado (70% de desaprobación y 18% aprobación). Por otra parte, por primera vez se evalúa el desempeño del Poder Legislativo, con exiguos índices favorables: el 24% de los encuestados aprueba la labor del Senado, versus el 57% que opina lo contrario. En el caso de la Cámara de Diputados, sólo el 21% apoya su trabajo y el 65% lo rechaza. A su vez, las cifras de los conglomerados políticos también son bajas, en especial si se tiene en cuenta que estamos en un año electoral: 21% de identificación en el caso de la Alianza, 19% en el caso de la Concertación y 51% se declara independiente, ninguno o no sabe.
Este creciente cuestionamiento ciudadano hacia la clase política parece provocar un cambio de tendencia, haciendo surgir una fiscalización más estricta de parte de las autoridades a la clase política. En esta semana, hemos presenciado distintas situaciones que lo demuestran:
El allanamiento de la Intendencia y de la sede DC en Rancagua, la incautación de computadores y la invitación a declarar a las autoridades regionales y del partido político, refleja una firme intención de llegar hasta el final en esta investigación de supuesta intervención electoral. Por su parte, el ministro Pérez Yoma señaló que el Gobierno va a colaborar plenamente con la Contraloría General de la República y la fiscalía para esclarecer los hechos, reconociendo al mismo tiempo algún grado de verosimilitud en las acusaciones. “Nosotros queremos que se llegue al fondo de este asunto”, agregó el jefe de gabinete.
Las infracciones cursadas por el juez de Policía Local de Casablanca al senador Hosaín Sabag (DC), a los diputados Marcelo Schilling (PS) y Carlos Recondo (UDI) y al ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, también demuestran una intención de fiscalizar las faltas de la clase política. Con binoculares en mano, apoyado por Carabineros y en compañía de la prensa, el magistrado supervisó personalmente el procedimiento mientras se cursaban los partes. “En Chile no hay ciudadanos etiqueta negra”, señalaba una semana antes el juez con motivo de la infracción por exceso de velocidad (173 kms/hr) al diputado radical Samuel Venegas.
Por otro lado, la decisión del Concejo Municipal de Copiapó de otorgar un plazo máximo de 10 días para que los comandos políticos retiren la propaganda política y borren los rayados en los muros, también representa un cambio, confirmando la ineludible obligatoriedad de la ley para todos por igual. El anuncio de que una vez que venza este plazo se aplicará todo el rigor de la ley -con multas, denuncias a la fiscalía, y, lo que es peor, el escarnio público ante los electores-, logró movilizar hasta a los mismos candidatos a sacar su propia propaganda política.
Pareciera que el creciente descontento ciudadano está impulsando a las autoridades a ejercer un control más efectivo, demostrando claramente una intención de combatir cualquier privilegio indebido. Las inamovibles e injustas cuotas de poder empiezan a debilitarse y la ocasional -o frecuente, en algunos casos -impunidad política también se tambalea.
Por eso, en este entorno y con motivo del escándalo de los tanques Leopard, las declaraciones del ministro Pérez Yoma -entonces ministro de Defensa- en que asume su responsabilidad política, abren una nueva arista. ¿En qué consiste asumir la responsabilidad política? ¿De qué manera se hace efectiva? ¿Basta sólo una declaración o se requiere además una acción? ¿Queda impune o existe alguna sanción? ¿Se auto-administra o la aplica un tercero?
Ante la pérdida de confianza en la política, la opinión pública exige un respeto mutuo y el acatamiento de ciertas normas mínimas de conducta y convivencia, y ahora las autoridades comienzan a hacerse cargo de ese requerimiento. Las situaciones antes mencionadas demuestran que es posible investigar y hacer efectiva una sanción cuando corresponde. Cuando se trata de cargos de alta visibilidad, resulta indispensable una coherencia entre lo que se declara y la forma en que se lleva a la práctica. La ciudadanía está cansada de grandilocuentes y ampulosas declaraciones de la clase política, que en definitiva no se concretan en nada.
Columna publica en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_responsabilidad_politica_en_chile
