Despacito para que no duela

Hace un par de días, el flamante vocero de gobierno aseguró que “el trabajo de campaña de la Presidenta Bachelet comenzó en marzo de 2013, no antes”. Específicamente el día 28 de marzo, día en que la actual mandataria anunció su campaña presidencial. ¿Debemos suponer todos los chilenos que ese día ella se despertó inspirada y motivada por el futuro de Chile y se atrevió a decir las palabras mágicas: “He tomado la decisión de ser candidata”?

El 21 de diciembre del año anterior, ella había señalado que seguiría en ONU Mujer, agregando “Vamos a hablar en marzo”. ¿Querrá el gobierno que nosotros pensemos que durante ese período no hizo precampaña? La información entregada por Asesorías y Negocios SpA, entregada a través de su gerente general, Giorgio Martelli, dice todo lo contrario. Se trata de una larga lista de profesionales en que muchos son hoy funcionarios de Gobierno, y que en su mayoría fueron parte también de la administración anterior de Bachelet.

Días después, cuando la estrategia inicial recibía disparos desde distintos sectores, el ministro Marcelo Díaz sale a reconocer que las precampañas “son habituales en la política”. E insiste en su línea argumental de que la Presidenta Bachelet "no pidió ni autorizó ningún esquema recaudatorio" antes de su campaña, evitando cuidadosamente precisar si la mandataria estaba o no en conocimiento de esas prácticas.

Con la aprobación de la mandataria pisoteada ya por el caso Caval, la arista Soquimich le explota directamente en su campaña. La negativa a transparentar los hechos solo logra despilfarrar la  credibilidad que queda: ya en la CEP de abril la nota que obtuvo el Gobierno en su primer año en el Tema Transparencia y Corrupción fue de un 2,4 –la peor de todas las notas- y el 62 % de los entrevistados declaró que la Presidenta Bachelet no le daba confianza.

Pero todavía falta un tema a profundizar: además de la ilegalidad de las boletas y facturas ideológicamente falsas, lo que constituye un delito, también existe un ilícito para sus emisores: esos documentos falsos se utilizaron para rebajar los impuestos de empresas a través de figuras ficticias. Es decir, actuales funcionarios públicos se convirtieron en cómplices al ayudar a cometer el ilícito… Y en eso hasta ahora, tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos han guardado un discreto silencio sobre el caso Asesorías y Negocios Spa. Por eso, la remoción del Director Jurídico del SII, Cristián Vargas, no es una buena noticia para la transparencia de este gobierno. ¿O se pretenderá esconder bajo la alfombra?

Publicado en Redesvisión

Bachelet: Hechos y no palabras

La remoción de Michel Jorrat de su cargo como Director del Servicio de Impuestos Internos, ha sido uno de los pocos hechos concretos que ha hecho el Gobierno en materia de transparencia. A pesar de que han sido muchos los fuegos de artificio, las declaraciones, las puestas en escena, los programas de televisión, los mea culpa, son pocas las acciones específicas que la ciudadanía ha podido observar.

De hecho, la entrega del informe final del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción fue minimizada por el anuncio presidencial del “proceso constituyente”. De igual manera, el día escogido para entregar el informe de cumplimiento de medidas administrativas de la agenda de transparencia y probidad fue el mismo día del cambio de gabinete, quedando nuevamente postergada en la agenda nacional.

Y así la mantención en su cargo a Michel Jorrat representaba una verdadera provocación a la ciudadanía, que como nunca exige mayor transparencia. Es de esperar que el flamante ministro Valdés nombre luego al reemplazante - o bien el director subrogante juan Alberto Rojas- cumpla con la obligación legal que el Servicio tiene de las denuncias y querellas por delito tributario. Cabe destacar que la querella inicial presentada por Michel Jorrat en contra de Giorgio Martelli se centra solamente en las donaciones ilegales efectuadas a la campaña del Presidente Frei –específicamente a Clara Bezán-, desviando por completo la atención de los aportes a la campaña de Michelle Bachelet, igual de ilegítimos pero que involucran a muchos personeros de la actual administración.

En la última encuesta CEP, la Presidenta Bachelet aparece con un 56% de desaprobación en la forma en que está conduciendo su gobierno. Aún más, el 62% declara que la mandataria no le da confianza. Y el Tema Transparencia y Corrupción en su primer año obtuvo la peor nota del Gobierno: un paupérrimo 2,4. 

¿Será que tanto discurso pero tan pocos hechos concretos le está pasando la cuenta? ¿Mucho ruido y pocas nueces?  Y más aún después de haber visto como enfrentó el caso Caval, la decisión de  conducir “personalmente” el proceso por crisis de probidad no logra otorgar garantías de la independencia de las instituciones para investigar hechos irregulares mientras no estén resueltos los dos puntos anteriores. Cualquier declaración pro transparencia y probidad en su próxima Cuenta Pública Presidencial podría entenderse una vez más como palabras que se las lleva el viento. La ciudadanía exige hechos concreto, no palabras.  

Andrés Jirón

(publicado en Redesvisión)

Campiche: el derrumbe de la superioridad moral

Una inédita polémica se abre con un nuevo cable filtrado por Wikileaks y publicado por Ciper Chile, que involucra directamente al gobierno de la ex Presidenta Bachelet en la aprobación de la central Campiche -proyecto de AES Gener-en la Región de Valparaíso. Dicho documento da cuenta de un fuerte lobby para cambiar la normativa que entonces impidió su construcción, vulnerando todo el discurso y la legislación medioambiental de la mandataria.

Cabe recordar que en junio 2009, la Corte Suprema falló en contra de la autorización dada por la Corema de Valparaíso -por no considerar el tipo de uso del suelo-, confirmando el fallo de la Corte de Apelaciones. Antes, en diciembre 2008, la Contraloría también había rechazado la construcción de la central por considerarla Zona de Restricción Primaria.

Ante esta decisión judicial, el lobby de AES Gener comenzó rápidamente y tuvo como objetivo modificar la normativa vigente, de manera de lograr la aprobación de la central. Para esto, según lo informan cables filtrados por Wikileaks, el entonces embajador de EE.UU., Paul Simons, se contactó con autoridades del gobierno de la ex Presidenta Bachelet: Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior; Marcelo Tokman, ministro de Energía; Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo; Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente ; Álvaro Sapag, director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Jorge Castro, alcalde de Valparaíso y Marcos Robledo, asesor internacional de la mandataria. La ex Presidenta Bachelet habría encargado a la ministra Poblete la resolución del conflicto, quién le habría señalado al embajador norteamericano que “el gobierno solucionaría la situación, recurriendo a un decreto ejecutivo de ser necesario”.

Dicho y hecho, el 31 de diciembre de 2009 el ministerio de Vivienda y Urbanismo dictó el decreto N° 68, que modificó el Plano Regulador de Valparaíso, removiendo el obstáculo que impedía la construcción de la central en un área declarada verde. Sólo 15 días después, Empresa Eléctrica Campiche S.A. y AES Gener S.A. solicitaban a la Comisión Regional del Medio Ambiente aprobar en forma definitiva el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Central Termoeléctrica Campiche”, en base al cambio del Plano Regulador.

Ante los reclamos de la población afectada, en julio de 2010 se conformó en la Cámara de Diputados una comisión especial para la investigación de resoluciones Coremas sobre proyectos energéticos, presidida por el diputado Eugenio Bauer (UDI). Después del transcurso de ocho meses, la comisión todavía no vota una resolución, pero encontrándose presentado el informe final. Por lo mismo, sorprende que el diputado Alfonso de Urresti (PS) -miembro de la comisión investigadora desde su inicio- recién ahora pida la reapertura de la investigación para citar a ex y actuales ministros.

Por otra parte, el año 2009, al terminarse el gobierno de Michelle Bachelet, AES Gener decidió ocupar los servicios del estudio jurídico Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del que era socio en ese entonces el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. De la misma manera, contrató a la empresa lobbista Azerta, de Cristina Bitar, formando el mismo tándem que también logró la aprobación de la central termoeléctrica Castilla.

Estas situaciones descritas en los cables enviados por el embajador estadounidense, Paul Simons, hacen definitivamente perder la confianza en la clase política: evidencian que intereses particulares pueden primar por sobre los colectivos. Por esto, la ciudadanía -en especial los habitantes de Puchuncaví- requiere una explicación de la ex mandataria y espera que las instituciones sean capaces de determinar las formas en que los principios ecológicos fueron violentados y vulnerados.

Por otra parte, la participación del ministro Hinzpeter en muchas decisiones ambientales le crea grandes conflictos de interés con su ex estudio jurídico. De partida, son ya demasiados los rumores sobre presiones a las comisiones de medio ambiente, en especial en estos últimos meses. El que el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, haya sido desde 2002 hasta 2011 el gerente general de Eléctrica Guacolda, filial de AES Gener, tampoco contribuye a transparentar la imagen de la clase política. Esto sólo refuerza los permanentes peligros de la ya famosa puerta giratoria entre gobierno y sector privado, tema al que la clase política se ha negado sistemáticamente a legislar -al igual que la regulación del lobby-.

Las acusaciones hasta ahora se han dirigido en contra de Concejos Municipales, Comisiones Regionales del Medio Ambientes, ex y actuales ministros e incluso hasta la ex mandataria. Tal como señala Tomás Mosciatti en CNN Chile, “el tono maternal de Michelle Bachelet me parece ahora falso y peligroso”. Nos hace recordar que en política, los discursos suelen no concordar con la realidad, como quedó demostrado hace tan poco con la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe. Este actuar tan permanente y sistemático obliga a la ciudadanía a estar más vigilante que nunca. Los resultados de la última encuesta Adimark reflejan los bajos índices de aprobación que vive la clase política: 42% del Presidente, 40% del Gobierno, 33% de la Coalición por el Cambio, 27% de la Concertación, 33% el Senado y 27% la Cámara de Diputados. Pero además de desprestigiar la política, estos lamentables hechos también derrumban en forma definitiva cualquier pretensión de superioridad moral de ambos bandos.

Columna publicada en La Tercera Online

El opaco tejado de vidrio en la pol{itica

A pesar de una ciudadanía curtida con los abusos de poder de autoridades durante los últimos gobiernos, la polémica contratación de Extend Comunicaciones S.A. por parte del Gobierno Regional del Bío Bío revive un antiguo debate. La intendenta Jacqueline Van Rysselberghe vive complejos momentos políticos, envueltos en una maraña de distintos intereses: declaraciones propias sobre subsidios, pugna de poderes entre RN y UDI, cuestionamientos de la oposición, incautación por la PDI de fichas de inscripción de vecinos de La Aurora, ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, involucrada, compromisos de una nueva forma de gobernar y, por último, la urgente necesidad de construir y/o reconstruir los hogares de muchos compatriotas.

A pesar del llamado público hecho a través de Chile Compra, el costo de la asesoría –ascendente a $38.441.394- corresponde a una asignación directa (orden de compra Nº 831-49-SE11 del 31 de enero) de la Subdere, sin la aprobación del Consejo Regional. Por lo mismo, sorprende que la defensa comunicacional de la ex alcaldesa sea financiada por todos los chilenos, más aún después de su anuncio en que descarta renunciar, del tibio apoyo del ministro del Interior, de las declaraciones de la ministra Matte y de los desórdenes administrativos investigados por la Contraloría en su gestión en la municipalidad de Concepción. Desde ya surge la duda si esta asignación fue autorizada por Miguel Flores, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo– y ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán- o bien derechamente por alguna otra autoridad superior. ¿Quién se hace responsable de esta decisión ante la opinión pública?

Por supuesto, han sido muchos los políticos que han aprovechado esta situación para hacer gárgaras sobre transparencia: el senador Alejandro Navarro (MAS), el diputado Osvaldo Andrade (PS), el diputado Gabriel Ascencio (DC) y toda la Concertación en general. Muy sólido fue el ataque que hizo el presidente (s) de la Democracia Cristiana (DC), diputado Fuad Chahín: no sólo anunció la presentación de una acusación constitucional en contra de la intendente penquista “por infracción de los principios constitucionales de legalidad, probidad y transparencia”, sino también la interposición de una “querella criminal en contra de quienes responsables por los eventuales delitos que se pueden haber cometido en el marco de esta situación, fundamentalmente delitos de fraude al fisco, malversación de recursos públicos, falsificación ideológica de instrumentos públicos y posiblemente asociación ilícita en distintos grados, consumado, en tentativa o frustrado” (audio).

Esta loable defensa del diputado Chahín sobre la necesidad de transparencia, hecha con tanto ímpetu y convicción, suscita de inmediato ciertas reflexiones acerca de la oportunidad -¿oportunismo?-, pertinencia y mendacidad sobre la transparencia política. De hecho, si nosotros revisamos la nómina de asesorías externas de los honorables diputados durante el 2010 –documento que todos los ciudadanos debiéramos ver al menos una vez al año-, en su página 5, fila 5, aparece la contratación por dicho parlamentario de un estudio para la “Moción que modifica el D.L. 701 de fomento forestal y asesoría para la elaboración de indicaciones al proyecto de ley que establece penas accesorias al delito de abigeato (boletín 7058-07)” ¿WTF? Este proyecto de ley fue presentado el 8 de julio del año pasado por 10 diputados –entre los cuales no estaba el diputado Chahín-, encontrándose sin movimiento desde el 17 de agosto. Seguramente por esta razón, y preocupado por la demora del proyecto, en diciembre este parlamentario contrató por $ 1.824.657 a la empresa “Inversiones y Asesorías MADA Limitada” (fono 56-2 460 80 50) para que ¿redactara una segunda moción para legislar sobre las penas del abigeato? Según esta nómina, el estudio se habría hecho entre el 1º y el 20 de diciembre. ¿Dónde está? ¿Es posible acceder a ese importante estudio pagado por todos nosotros los contribuyentes? ¿Fue un aporte útil para la industria ganadera?

El gran problema de este elogiable profesionalismo es que ese teléfono corresponde al estudio jurídico Abdala & Cía. , fundado en 1988, ubicado en Santa Lucía 330, piso 2, fono 56-2 460 80 50 y al cual pertenece el diputado Fuad Chahín Valenzuela. ¿Simple coincidencia? ¿Práctica común en nuestra política? ¿Nadie en el Congreso se dió cuenta? ¿Es creíble su disertación sobre la intendenta? ¿Esto es más grave o menos grave que las maquinaciones de la intendenta Van Rysselberghe? En este caso, ¿se justifica el debate sobre el fin y los medios?

Y nosotros, ¿seguiremos aceptando estos mecanismos o asumiremos de una vez por todas que los estándares de transparencia han aumentado? Aunque estas prácticas siempre han existido-los ex diputados Maximiano Errázuriz (RN), Julio Dittborn (UDI) y Laura Soto (PPD) se dignaron no repostular a sus cargos, después de acusaciones de irregularidades-, en cambio, otros parlamentarios gozan de excelente salud política: Guido Girardi (PPD), Claudia Nogueira (UDI) o Rodrigo González (PPD).

¿Seguiremos observando cómo la impunidad sigue perpetuándose en nuestro país? ¿O presionaremos para que se cumpla la promesa de una nueva forma de gobernar?

Ese es el dilema: ¿discurso o realidad?

Columna publicada en La Tercera Online

La imprudente invitación de Aguas Andinas

La reciente denuncia sobre el viaje de parlamentarios y ediles chilenos a la Expo Shanghai -invitados y financiados por la empresa Aguas Andinas- confirma la impunidad de las presiones que efectúan las empresas privadas a nuestras autoridades. La permanente reticencia a legislar sobre la regulación del lobby agrava aún más esta falta absoluta de control.

Además, revela la inoperancia de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados ante el accionar de una empresa privada, al no impedir que se concrete el viaje. Por otra parte, ratifica que los parlamentarios continúan exponiéndose innecesariamente al cuestionamiento de la opinión pública, confirmando la pobre reputación corporativa del Congreso, a pesar de todos los intentos por mejorarla. De hecho, el último Informe mensual que realiza Adimark (septiembre de 2010) refleja los bajos índices de aprobación ciudadana del desempeño de la Cámara de Diputados (34%) y del Senado (41%).

Por tratarse de una actividad regulada por el Estado, la invitación de Aguas Andinas a un grupo de parlamentarios y alcaldes sólo despierta suspicacia respecto a la proclamada independencia de nuestras autoridades políticas. En un futuro cercano, necesariamente deberán debatir leyes sobre el uso de recursos hídricos o su aplicación. Su independencia podría verse seriamente afectada en sus decisiones: cualquier votación -sea cual sea ésta- sobre estos temas despertará sospechas en la opinión pública. Más aún, en el caso de los legisladores, la prohibición de ingreso de público a las comisiones de trabajo y el secreto de las grabaciones y apuntes de las sesiones, impedirán conocer además el tratamiento que le den a estos temas los legisladores cuestionados en toda la etapa de discusión, aún cuando después se inhabiliten para votar.

Por otra parte, las indicaciones dadas por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados sólo constituyen un saludo a la bandera, las que no evitarán futuros conflictos de intereses en la dictación de normas y resolución de controversias entre usuarios y la empresa sanitaria: 1) propone publicar el viaje en el sitio web de los legisladores, de manera que sea conocido por los ciudadanos (presumiendo un inusitado tráfico de visitas) y 2) recomienda abstenerse de participar en futuros procesos de decisión que afecten intereses particulares de Aguas Andinas (¿y cuando se afecten derechos ciudadanos?). El reactivo -y tardío- cambio al código de ética para regular viajes de legisladores sólo demuestra el potente efecto de la fiscalización ciudadana, más que la lírica auto regulación.

El 9 de octubre, estos invitados partieron a la Expo Shanghai, generosamente -y grandiosamente- invitados por Aguas Andinas. Entre ellos, estaban los senadores Andrés Allamand (RN,) Jovino Novoa (UDI) y Fulvio Rossi (PS),los diputados Patricio Hales (PPD), Felipe Harboe (PPD), Roberto León (DC), Cristián Monckeberg (RN) y Gonzalo Uriarte (UDI), además de los alcaldes Johnny Carrasco (PS), Nora Cuevas (San Bernardo), Sol Letelier (Recoleta), Manuel José Ossandón (Puente Alto), Claudio Orrego (Peñalolén) y Pablo Zalaquett (Santiago).

Todos los gastos de transporte -primera clase-, alojamiento, alimentación y viáticos fueron íntegramente pagados por Aguas Andinas, además de todas las expediciones turísticas efectuadas durante la estadía. Indudablemente este viaje compromete la independencia de estas autoridades en la dictación de futuras normas y en la resolución de cualquier conflicto que pudiera ocasionarse entre sus representados y la empresa sanitaria.

La persistente negativa a legislar sobre la regulación del lobby ya se ha convertido en una constante en los últimos diez años de nuestro país. A pesar de las múltiples declaraciones -tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo- acerca de la necesidad de legislarlo, el tema periódicamente se instala en el discurso político, pero sin llegar a concretarse en alguna norma específica.

La ciudadanía ha escuchado de muchas agendas presentadas por distintos gobiernos, de probidad, transparencia o modernización del Estado, sin ningún resultado concreto. Son cinco los proyectos de ley sobre regulación del lobby presentados en el Congreso: dos se encuentran archivados (Boletines 3498-07 y 3337-07) y tres en tramitación, los que ya no avanzan en el Congreso: Boletín 6189-06, el que se encuentra en segundo trámite constitucional, y teniendo como último trámite el retiro de la urgencia simple el 8 de marzo de 2010; Boletín 4621-07, en primer trámite constitucional y como último trámite el retiro al proyecto del patrocinio del diputado Roberto León el 2 de noviembre de 2006; y el Boletín 3407-07,en discusión de veto en la Cámara Revisora del Senado, con un último trámite de retiro de discusión inmediata el 11 de septiembre de 2008.

Es de esperar que ahora, con las profundas reformas políticas que pretende realizar el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se incluya finalmente un proyecto de ley sobre regulación del lobby. En caso contrario, se podría sostener legítimamente que este nuevo gobierno se suma a todas las autoridades que se han negado a legislar hasta ahora sobre este tema.

Columna publicada en La Tercera Online

Gobierno: transparentar hasta que duela

La reciente formalización de la diputada Claudia Nogueira por cuatro delitos de fraude al Fisco -por la suma de $ 30.283.103- abre una nueva arista para el gobierno del Presidente Piñera. Acostumbrados durante años a que las acusaciones fueran hechas por la Alianza en contra de la Concertación, este caso podría implicar una importante pérdida de superioridad moral del conglomerado oficialista, y de paso, del actual gobierno.

Sin perjuicio de que sólo los Tribunales de Justicia pueden determinar las responsabilidades civiles y penales -muy en la línea de lo señalado por el ministro de Justicia Felipe Bulnes respecto al nuevo director de Gendarmería-, las primeras señales comunicacionales del gobierno serán decisivas en relación a la permisividad que tendrán los actos de corrupción. Más aún si se toma en cuenta que uno de los pilares de la campaña presidencial consistió precisamente en atacar el laissez faire de los últimos gobiernos de la hoy oposición.

Cabe recordar que la derecha no siempre ha tenido la misma severidad con sus partidarios que con los de la Concertación. Emblemático resultó un categórico dictamen de la Contraloría General de la República, el que estableció que el viaje a Europa de la entonces y actual alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, la concejal Valentina Egert y el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo - y marido de la diputada Nogueira-, no correspondió a las actividades declaradas de la organización Comuna Net.

Después del dictamen, la alcaldesa se limitó a restituir el valor del viaje, poniendo término con eso el juicio de cuentas correspondiente. El entonces presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, en forma enfática anunció la aplicación de estrictas sanciones en el caso que la Contraloría o los tribunales comprobaran las denuncias. Sin embargo, poco después del dictamen del organismo contralor, el dirigente UDI entregó su respaldo a Plaza. Al parecer ese apoyo no fue suficiente, ya que al mes la edil de Huechuraba y la concejal involucrada renunciaron a la UDI. Con posterioridad, Plaza repostuló como independiente al mismo cargo, siendo elegida con el 53,74% de los votos y, de paso, aumentando su valor para la que fuera su tienda política.

La Contraloría también detectó irregularidades en la municipalidad de Recoleta, en contratos que la involucraban en un eventual fraude al fisco y en negociaciones incompatibles con dos empresas privadas: Rush S.A. y GMA. Más tarde, el alcalde Cornejo no quiso ir a la reelección, y poco después de la publicación del dictamen de Contraloría, el edil renunció a la UDI en forma definitiva. En ese momento, recibió un gran apoyo de sus compañeros de partido.

Por otra parte, el ingreso en la Cámara de Diputados de 20 oficios para aclarar el fuerte incremento de traspasos de dineros a ONGs entre el 1° de enero y 11 de marzo de este año, también demuestra la imperiosa necesidad de recuperar la transparencia de los actos del Poder Ejecutivo. Sean delitos, fallas administrativas o simples faltas éticas, será la Cámara de Diputados en quién recaerá la investigación inicial. Sin perjuicio de ello, el gobierno también deberá estar atento a la investigación, ya que será una potente señal de su compromiso con la transparencia estatal en los próximos cuatro años.

Por último, la reciente investigación efectuada sobre la Uniacc, el Ministerio de Educación y la entrega de becas Valech a personas sin competencias educacionales, también hace surgir legítimas dudas a la opinión pública acerca de la impunidad de las organizaciones involucradas, tanto del sector público como de la empresa privada. El programa “Esto no tiene nombre” de TVN demostró cómo la Uniacc inscribió en programas universitarios a personas que no habían terminado su enseñanza básica o media, lucrando a través de dineros aportados por el Estado, sin ninguna supervisión por parte del Mineduc.

Ya son demasiado los casos en que en que las responsabilidades administrativas se han diluido a lo largo del tiempo: Mop -Gate, Conadi, Chiledeportes, Cees, Efe, Enap, Registro Civil , aviones Mirage, Ministerio de Cultura, Sename, Subdere, Hospital de Talca, Hospital de Iquique, Hospital Félix Bulnes, entre otros, consagran la impunidad de la administración estatal en nuestro país.

De ahí la importante necesidad de identificar a los involucrados y de hacer efectivas las responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas que correspondan. Sin embargo, el gobierno no podrá ser más exigente en unos casos más que en otros. En todas las investigaciones deberá respetar los procesos de los órganos jurisdiccionales, pero al mismo tiempo deberá demostrar su total compromiso con la transparencia, impulsando una gestión efectiva en la determinación de responsabilidades. Aunque sea doloroso, deberá mostrarse firme ante la opinión pública, en especial en aquellos casos en que se encuentren involucrados alcaldes o parlamentarios de la Alianza.

Publicado en latercera.com:
http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/gobierno_transparentar_hasta_que_duela

El acomodaticio límite de la intervención electoral

Sorprendentes resultaron las declaraciones del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, en que criticó la ventaja de Marco Enríquez Ominami, al ser Karen Doggenweiler rostro de TVN y con una alta exposición mediática en el programa Pelotón. La acusación fue confirmada y luego refutada por cercanos al candidato, optándose en definitiva por desescalar el conflicto.

El posterior respaldo del directorio de Televisión Nacional -entre los que se encuentran Francisco Frei, hermano del candidato, y Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico de su comando- a la conductora vino a poner término a la polémica.

Sin embargo, existe un debate pendiente, mucho más importante, acerca de la necesidad de regular la intervención electoral. Esta discusión surge en períodos eleccionarios, y ahora que coinciden las elecciones presidenciales y parlamentarias, nunca existe mucho tiempo -ni mucho interés-para discutirlo. Y cuando comienza el nuevo período presidencial y parlamentario, nadie piensa todavía en las siguientes elecciones, hasta que cuando aparece nuevamente, ya es demasiado tarde para legislar.

A comienzos de julio, la reforma constitucional sobre calidad de la política y modernización del Estado fue aprobada en forma unánime por la comisión de Constitución del Senado. Sin embargo, a los pocos días dicha reforma fue rechazada en la Cámara de Diputados por un estrecho cómputo de 49 votos contra 47, quedando pendiente para ser resuelta en un futuro por una comisión mixta. En ella, se pretende al menos restringir la participación de ministros, alcaldes, funcionarios públicos y otras autoridades en actividades de campaña durante su jornada de trabajo.

Ya es sistemático que cada cuatro años comienzan las acusaciones cruzadas sobre la transparencia de las campañas. ¿Legítima promoción o abuso de recursos fiscales? Pregunta difícil de responder en lo particular y difícil de definir en lo general, debido especialmente a la inexistencia de una institucionalidad efectiva que regule el tema. Naturalmente las propias siempre corresponden a acciones justificadas, y las del adversario a iniquidades escandalosas. No obstante, estas imputaciones sólo logran desacreditar aún más el mundo de la política.

Hace poco, el ministro Andrés Velasco criticó la falta de novedad en las propuestas económicas de Sebastián Piñera y destacó la trayectoria del equipo económico del candidato Eduardo Frei, siendo inmediatamente catalogado de comentarista político por la oposición. Por otra parte y como es propio de su cargo, el ministro de Economía también defendió el Acuerdo Nacional de Empleo, Capacitación y Protección Laboral como parte del plan gubernamental para enfrentar la cesantía producida por la crisis económica.

Pero mucho más ajeno al problema del empleo es el ministro Álvaro Erazo, quién salió a difundir en terreno la Ley de Protección al Empleo y Fomento a la Capacitación, a pesar de tener otros temas importantes en la agenda pública. En la región de Atacama, el ministro de Salud destacó el compromiso del Gobierno en materia de empleo y la importancia de un diálogo fluido en materias laborales. “Esta batería de incentivos son iniciativas que en particular nos interesa conversar en terreno, con los empresarios y trabajadores y responder inquietudes que nos planteen”, señaló.

Las declaraciones del senador Frei sobre el eventual apoyo del Gobierno de Estados Unidos con recursos fiscales a sus candidatos, el amplio contingente que ha acompañado a la Presidenta en sus últimas giras nacionales, la acusación de la posible ventaja política de Karen Doggenweiler, las críticas a “la subida por el chorro” de Sebastián Piñera con el Transantiago, demuestran la necesidad de legislar sobre la intervención electoral, en el que los límites hoy son absolutamente acomodaticios.

Es necesario avanzar en un consenso sobre la fijación de demarcaciones de uso de recursos fiscales y la definición de las prácticas que constituyen intervención electoral. Sin desconocer la existencia legítima de una preferencia política, el punto debiera centrarse principalmente en el uso incorrecto de recursos fiscales.

El desalentador rechazo de la Cámara de Diputados a la referida reforma constitucional, demostró claramente que no es considerada una prioridad nacional y su regulación se seguirá postergando indefinidamente. Cuando no hay interés ni el Gobierno ni en parte importante del Congreso, son innumerables las razones que justifican una demora legislativa. Ante eso, sólo queda proponer que las reformas sean aprobadas y comiencen a tener efectos en las siguientes elecciones. Por lo menos, sinceraría el debate.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/el_acomodaticio_l%C3%ADmite_de_la

Impunidad a todo evento

Sorpresa causa la contratación de Elinett Wolff Rioseco como encargada de la Comisión de Transparencia de la I. Municipalidad de La Florida. La decisión del alcalde Jorge Gajardo de nombrar en ese cargo a una ex Subsecretaria de Transportes, renunciada a su cargo luego de ser sorprendida en un automóvil fiscal repartiendo frambuesas de su negocio familiar, desconcierta a la opinión pública.

Las histriónicas declaraciones del alcalde Gajardo no atenúan en nada la gravedad del nombramiento, menos en ese cargo y comisión. Lamentablemente, la controvertida designación sólo resta credibilidad a la efectividad de la Ley de Transparencia, la tan esperada norma que entrará en vigencia el 20 de abril.

El nombramiento de Wolff confirma al chileno común y corriente la impunidad a todo evento que existe entre los funcionarios públicos -en especial si están ligados a partidos políticos-, ratificando la inaplicabilidad de cualquier responsabilidad política.

Artículo publicado en sitio web www.politicastereo.tv.

Campaña comunicacional del Poder Judicial

Se comienzan a ver los primeros resultados de la campaña comunicacional iniciada el año pasado por el Poder Judicial. El Pleno de la Corte Suprema pidió a todos los magistrados y funcionarios una declaración jurada sobre sus vínculos y parentescos en el Poder Judicial.

Después de las Jornadas de Reflexión efectuadas en octubre de 2008 en la ciudad de Santa Cruz, Sexta Región, que reunió a los Ministros de la Corte Suprema, se adoptó una serie de medidas para reforzar la transparencia de los procedimientos y mejorar los controles del máximo tribunal.

Para estos efectos, se acordó crear una Comisión de Transparencia e Información del Poder Judicial, encabezada por el Vocero de la institución y conformada por dos ministros de la Corte Suprema, un ministro de la Corte de Apelaciones, el director de la Corporación Administrativa de este poder y la directora de la Academia Judicial.

Dentro de las medidas establecidas, se incluye la publicación del proceso de formación de las quinas y ternas que el máximo tribunal deberá proponer para los cargos de ministros, fiscales y jueces, entregándose información sobre los antecedentes de los postulantes e identificando el nombre de los ministros que hayan votado por ellos.

En el ámbito de la transparencia, el acuerdo de la Corte Suprema propuso dar una tramitación rápida a la Ley de Acceso a la Información Pública, para facilitar la entrega de información a los ciudadanos. Otras medidas están especialmente dirigidas a mejorar la calidad del servicio que se entrega.

En esta oportunidad, y basándose en el principio constitucional de probidad y transparencia que deben regir las actuaciones de los organismos estatales, los funcionarios deberán presentar una declaración jurada en que informen de sus parentescos en el Poder Judicial. El plazo para entregarla venció el 15 de enero. De la misma manera, también deberán adjuntar esa declaración a cada uno de los concursos públicos en que postulen a nuevos cargos.

Por otra parte, dentro de las medidas implementadas por el Comité de Transparencia e Información, está la creación de un nuevo sistema de ingreso para los periodistas, permitiéndole ingresar por una fila especial exclusiva para ingresos preferenciales.

Este principio de modernización global debe ser reconocido y estimulado entusiastamente.

Andres Jiron Santandreu

Gerente Comercial

DB Group

Artículo publicado en Sitios Web www.gestcom.cl y http://www.dbgroup.cl/.