Un Ministerio del deporte para Michelle

La publicación efectuada por este medio de una minuta elaborada para trabar la agenda legislativa, demuestra el afán obstruccionista que los parlamentarios opositores tendrán durante los meses que vienen. Independientemente que dicho instructivo haya sido redactado por el comando de Michelle Bachelet o por un grupo de coordinación cercano a éste, -encabezado por el presidente del Senado, Jorge Pizarro-, resulta evidente el conocimiento de la referida minuta por parte de los asesores de la candidata de la Concertación, Partido Comunista, Izquierda Cristiana y el Movimiento Autónomo Social.

Y es que dicho instructivo se refiere -junto a otros proyectos legislativos- a la postergación del debate en la sala, especificando en forma textual que “hay que coordinar que comités y  presidencia del Senado soliciten 2° informe y presentaremos indicaciones para dilatar tramitación”. Y con esto, se sepulta la creación de un organismo anhelado por todos los chilenos desde hace tanto tiempo.

Por esto, la postergación en el Senado de la votación del Ministerio del Deporte, impulsada por el senador Fulvio Rossi en representación de toda la bancada socialista, representa un duro golpe para la creación de un organismo anhelado por todos los chilenos desde hace tanto tiempo. El senador por las regiones de Arica y Parinacota y también por Tarapacá, solicitó revisar nuevamente el proyecto, aduciendo la necesidad de establecer una comisión que fiscalice la entrega de recursos.

Por supuesto que esta decisión sorprendió al Gobierno, parlamentarios, deportistas y a la opinión pública, ya que el proyecto de ley lleva más de un año y medio en el Congreso (boletín 8085-29)  y ha pasado por tres comisiones en su tramitación: la Especial de Deportes y la de  Hacienda en la Cámara, y la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el Senado.

Más aún, teniendo en cuenta que el plazo inicial para hacer indicaciones transcurrió desde el 23 de enero hasta el 11 de marzo, ampliándose nuevamente hasta el 15 de abril, presentándose un total de 53 indicaciones en dicho período. Incluso más, hasta hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la legalidad de la iniciativa legal a solicitud de un número de diputados. En consecuencia, análisis hubo, debate también y la participación parlamentaria fue consistente. Por lo mismo, la postergación de la votación inicialmente sorprendió mucho a la opinión pública, y sólo después de la publicación de la minuta opositora a la agenda legislativa ésta cobró sentido.  Una vez más, la ciudadanía ve con estupor cómo nuestro Congreso –en este caso parlamentarios opositores- privilegia sus intereses particulares por sobre los colectivos.

Pero además esto contrasta fuertemente con las declaraciones de la candidata socialista, en el sentido de aspirar a una campaña “donde se intercambien ideas, de debate limpio y de altura, que es lo que le importan a todos los chilenos”. Y acá solamente existen dos alternativas: 1) que ella tuviera conocimiento del instructivo, revelando entonces una fuerte inconsistencia entre discurso o realidad y; 2) que desconociera por completo la minuta, reflejando que el equipo asesor de la ex Presidenta se siente autónomo y contradice sus deseos.

Tratándose de un tema tan grave para la ciudadanía -entorpecer la labor legislativa para privilegiar intereses particulares por sobre los colectivos-, ojalá que la candidata se pronuncie al respecto ahora que inicia la segunda etapa de su campaña y, en especial, sobre la postergación de la votación del proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte, también anunciado por ella el 2009. ¿O guardará silencio ante la opinión pública y ratificará a los parlamentarios opositores las instrucciones de la minuta para reservárselo ante un eventual segundo gobierno?

Porque ahora no sólo se trata de la contribución que hace el deporte al desarrollo de la población y de la comunidad nacional, mejorando condiciones de vida para la población y ayudando a crear y mantener lazos sociales. Hoy urge reforzar todas las políticas públicas tendientes incentivar el deporte, en especial respecto a los jóvenes de Chile. Y por supuesto la creación de un Ministerio del ramo es esencial, ya que el actual Instituto Nacional de Deportes –antes ChileDeportes- ha dependido siempre del Ministerio Secretaría General de Gobierno, organismo que de por sí tiene otras prioridades por sobre el deporte.

Una reciente encuesta Simce establece que el 44% de los alumnos de 8° básico tiene obesidad o sobrepeso, convirtiendo a Chile en el sexto país con más obesidad infantil, según un estudio de la OECD. De ahí entonces la importancia que se refuercen las políticas públicas que combatan el flagelo de la obesidad a nivel país, y que todos los candidatos –en especial Matthei y Bachelet- incluyan en sus programas de gobierno las acciones para combatir la obesidad infantil.

Por último, la opinión pública podrá juzgar por sí misma los efectos de la comentada minuta opositora que busca trabar la agenda legislativa, privilegiando una vez más intereses particulares por sobre los colectivos. La primera demostración nos quedará clara en la votación del Ministerio del Deporte…

 

Columna publicada en La Tercera Online

Política y Dinero: ¡Es ahora o nunca, ministro Larroulet!

Una vez más, un bochornoso escándalo -protagonizado esta vez por la diputada Marta Isasi- prendió las alarmas en la opinión pública. ¿Qué tan representativos de sus electores son las votaciones de nuestros parlamentarios? ¿Qué tanta independencia guardan ellos de presiones o influencias empresariales? ¿Realmente velan por el bien común o sólo protegen los intereses corporativos de unos pocos? ¿O acaso nuestro Congreso se ha convertido en una caja buzón de los conglomerados económicos?

En un contexto de absoluta desconfianza de los chilenos hacia partidos políticos, Congreso, Poder Judicial, Gobierno, municipios, instituciones políticas y, en general, hacia todo nuestro sistema democrático, se hace cada vez más indispensable un gesto de toda la clase política hacia la ciudadanía. Y el gesto más significativo, más emblemático e incluso más regenerador sería transparentar de una vez por todas la relación entre política y dinero.

Esto implica principalmente dos ámbitos: 1) regular el lobby y 2) transparentar el financiamiento de las campañas y de la actividad política. Han sido demasiados los discursos, demasiados  los estudios, demasiadas  las promesas y ambos temas siguen siendo sistemática y permanentemente postergados, evidenciando la falta de voluntad política para hacerlo. Demasiados son los proyectos de ley presentados sobre estas materias y que duermen envidiablemente en el Congreso, diluidos ante tramitaciones innecesarias o falsas disquisiciones técnicas.

Y es precisamente en un año electoral que la ciudadanía se reempodera, recupera en parte su menguado poder ante esta virulenta crisis de representatividad. Ahí es cuando su preferencia individual pesa, cuando puede premiar o castigar el (in)cumplimiento de promesas electorales, y cuando puede optar por ejercer su derecho a sufragio, hoy más valioso que nunca en un contexto de voto voluntario y de rechazo a la clase política.

Es por eso que le solicitamos al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, que saque al pizarrón a toda la clase política: que presente a la brevedad un nuevo proyecto de ley que regule el lobby –o que retome alguno de los ya presentados- , con suma urgencia, de manera que sea conocido y despachado en el plazo de 15 días. Sería una gran oportunidad para toda la ciudadanía no sólo de corroborar en pleno año electoral la coherencia entre discurso y actuar de todos nuestros parlamentarios, sino además de poder asignar responsabilidades a toda nuestra clase política –Ejecutivo, Legislativo y partidos incluidos- en el éxito o fracaso de esta iniciativa, disminuyendo de alguna forma la total impunidad política imperante en la actualidad. Por supuesto que la ciudadanía estaría muy atenta a esta votación, y seríamos nosotros mismos los encargados de informar y publicitar el sufragio de cada parlamentario.

Y es que en este actual contexto, todo discurso de equidad, de igualdad de oportunidades, de inclusión o de justicia social resulta iluso mientras no se transparente esta turbia relación política/dinero. Según la OCDE, Chile es el país con mayor desigualdad en ingresos, y mientras dure esta opacidad, la posibilidad de nivelar la cancha y el propósito de disminuir los abusos a la ciudadanía se ven inviables.

Porque además es muy probable que la figura investigada de oficio por la Fiscalía de Tarapacá no se limite sólo a la diputada Isasi, sino podría ampliarse a más parlamentarios, creando un verdadero efecto dominó. Esta investigación en contra de la diputada Isasi acrecentará el rechazo hacia la clase política, alcanzando niveles de desprestigio nunca antes vistos. La crisis MOP-GATE será una anécdota comparada con los próximos niveles de desaprobación de nuestras autoridades. Si ya ahora los parlamentarios manifiestan su desconfianza entre ellos mismos, ¿qué le quedará a la ciudadanía en un año electoral?

Nuestra solicitud implica, en primer lugar, regular la actividad del lobby. Existen cinco proyectos de ley sobre la materia,  presentados todos a partir de 2003 en diferentes gobiernos. Tanto la ex Presidenta Bachelet como el ex Presidente Lagos presentaron sendos proyectos de ley, los que aún siguen en tramitación en el Congreso… El propio Presidente Piñera no pudo sustraerse al embrujo del tema, llegando incluso a anunciar en su Discurso a la Nación 2012 que esa misma semana enviaría “una iniciativa para fortalecer la probidad pública, la transparencia y regular el lobby” (Capítulo “Rejuveneciendo la democracia y promoviendo la Regionalización”), iniciativa que nunca se concretó.

Respecto al segundo punto solicitado, implica también transparentar los aportes económicos a las campañas electorales y a la actividad política en general. La actual legislación establece los aportes secretos o reservados, impidiendo conocer quienes apoyan las diversas candidaturas. Esto, más la falta de regulación del lobby, están creando una bomba de tiempo, permitiendo acrecentar el legítimo manto de duda que existe respecto a la legitimidad y justicia de toda nuestra actual normativa legal. Por otra parte, implica aumentar el control respecto a la duración de las campañas y el límite de gasto electoral.

Ante la grave crisis de representatividad de nuestro sistema democrático, urge la presentación y debate de un proyecto de ley sobre estas dos materias. El estar precisamente en un año electoral, nos permite a nosotros los ciudadanos a sacar al pizarrón a toda nuestra clase política. De otra manera, el reciente proyecto de ley sobre reforma de partidos políticos presentada por el mismo ministro Larroulet, no será más que una aspirina tratando combatir un cáncer terminal.

Si compartes mi petición, te invito a firmar una carta, expresando en las redes sociales la necesidad de regular la relación Política/Dinero. ¡ Exijamos #transparencia.!

 

Columna publica en La Tercera Online y en El Quinto Poder

Cep: la inmensa mayoría no representada (22-8-12)

No cabe duda que los recientes resultados de la encuesta CEP constituyeron una mala noticia para todos: para la Alianza, la Concertación, instituciones, Gobierno (a pesar de sus optimistas declaraciones) y, en especial, toda la ciudadanía.

Y es que la paupérrima identificación con nuestros dos grandes conglomerados hace prender luces de alerta acerca de nuestro sistema político. Desde ahí se nutren dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, en sus distintas jerarquías y a lo largo del país. En consecuencia, ante la poca representatividad de nuestros representantes, resulta inevitable que discusión y debate político se traslade a la calle, desautorizando a nuestras autoridades electas por un sistema democrático anquilosado.

Hoy, sólo el 18% se identifica con la Concertación. El 14% aprueba la forma en que la oposición está desarrollando su labor, versus el 58% que la rechaza. En cambio, un exiguo 12% se identifica con la Alianza, aunque el 21% apruebe la forma en que desarrolla su gestión y “sólo” el 49% la repruebe. Por otra parte, el 6% se identifica con el Pacto Juntos Podemos. Por último, el Gobierno celebra un discreto 27% de aprobación, omitiendo el sólido 52% de reprobación.

¿Con quién o con qué se identifica la inmensa mayoría de los chilenos? El 60% señala que con ninguno de los dos conglomerados y el 3% aún no sabe o no responde la pregunta. Mientras el sufragio fue obligatorio, este rechazo político se diluía mediante la coerción, bañando de legitimidad una elección poco representativa. En cambio, ahora la gran incógnita para las próximas elecciones municipales será la participación electoral. ¿Ese 63% no representado sufragará con su voto voluntario o delegará la elección en el voto duro (36%)? ¿Un tercio de los chilenos votará por los otros dos tercios? ¡Es de esperar que no!

Incluso más, las cifras sobre evaluación de democracia y mercado contrastan significativamente. Sin ningún pudor, la CEP devela el claro hastío ciudadano respecto a nuestro cada vez más débil sistema democrático: 49% de encuestados declara no leer noticias sobre política; los chilenos tampoco conversan sobre política con amigos (55%) o familia (50%); 42% sostiene nunca ver programas políticos; 81% declara nunca seguir temas políticos en las redes sociales; menos aún tratar de convencer a alguien políticamente (81% no) y chilenos proclaman nunca haber trabajado para un partido o candidato (91%).

El 74% de los chilenos piensa que la democracia en Chile funciona regular, mal o muy mal. ¿Pero qué hacemos para solucionarlo? No mucho, salvo tratar de evadirnos lo máximo posible. Como no nos gustan las reglas del juego, la mayoría de los chilenos decidimos retirarnos del juego político durante un largo período, entregando un pobre mandato a ese 36% camiseteado. Sin embargo, la política del avestruz nunca ha sido eficaz y sólo ha logrado desplazar el debate político a la calle. Una vez más, grupúsculos bien organizados pero con baja representatividad logran imponerse sobre una enorme mayoría silenciosa, inerte y dispersa. Y esto ocurre a nivel electoral, académico, estudiantil, económico, gremial o sindical y los chilenos vemos como los “elegidos” se perpetúan en sus cargos con cada vez menos votos. En relación a nuestras instituciones, se consolida la desconfianza hacia ellas, siendo Carabineros la mejor evaluada, con un discreto 58%. ¿Para qué hablar de los partidos políticos (6%), Congreso (10%), Tribunales de Justicia (13%) y Ministerio Público (15%)? Al mirar la evolución obtenida en las últimas encuestas, queda claro que logran superarse a sí mismos.

Sin embargo, esta crítica mirada a nuestro sistema democrático se morigera al analizar nuestro modelo económico, al centrar los énfasis en factores individuales y no tanto colectivos: para surgir en la vida, el 80% sostiene que es esencial un buen nivel de educación; el 70% el trabajo duro y el 58% tener ambición. Por otra parte, se mantiene el 43% que piensa que debiera premiarse el esfuerzo individual, aún cuando se produzcan importantes diferencias de ingresos, versus el 23% que sostiene que los ingresos debieran hacerse más iguales, a pesar de que no se premie el esfuerzo individual. A su vez, el 44% que declara que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas se impone sobre un modesto 20% que aspira a que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas esté en el Estado. Al parecer, después de 22 años de democracia existe cierto consenso sobre el modelo económico a seguir; sin embargo, nuestros representantes –electos democráticamente en estos últimos cinco gobiernos pero con cada vez menor representatividad- han sido incapaces de perfeccionar sus evidentes deficiencias, especialmente en cuanto a seguridad, educación y salud. Por eso, en un proceso irreversible, los chilenos han optado por salir a la calle y marginarse de las urnas.
Y en un momento en que el debate político se centra más en retener o recuperar el poder, la ciudadanía siente que priman los intereses particulares de la clase política por sobre sus intereses colectivos. El 80% de los encuestados percibe muy fuertes o fuertes diferencias y conflictos entre los partidos de gobierno y los de oposición. ¿Alguna posibilidad de sentarse a construir soluciones a reales a los problemas de Chile? Ninguna. Por eso, es ahora que debemos asumir que somos mayoría y recuperar ese mandato que irresponsablemente entregamos alguna vez. Chile se lo merece.



Columna publicada en La Tercera Online

El Presidente, la rana y el escorpión

“Lo siento, es mi naturaleza”, le dice el escorpión a la generosa rana, después de clavarle su aguijón y sabiendo ambos de su fin inminente, cuenta la fábula. Uno siempre es lo que es, a pesar de las circunstancias, dice la moraleja.

¿Anuncios o rendición de cuentas de lo realizado? Difícil disyuntiva, ya que no cabe duda que al Jefe de Estado le gusta la espectacularidad de sus anuncios. Pero ¿quién responde por su baja credibilidad presidencial? ¿El propio mandatario, su equipo comunicacional o bien en definitiva el segundo piso? En este ambiente, ¿sería capaz el mandatario de disminuir su superávit de ofertas?

Y lo hizo. A pesar de su ADN, el Presidente Piñera se contuvo e hizo un correcto discurso. Con una buena apertura, hizo referencia a hechos que unieron a muchos chilenos durante el 2010. A su vez, con un cierre dirigido a la unidad, insistió “en cuidar la unidad del país y a nuestras instituciones”.

En el cuerpo de su discurso, se centró en los logros realizados por su administración, con cifras, guarismos e indicadores en los siete compromisos de Gobierno (recuperar la capacidad de crecimiento; crear un millón de empleos; delincuencia, narcotráfico y acceso a la justicia; mejorar la calidad y equidad de la educación; mejorar la calidad y equidad de la salud; erradicar la extrema pobreza y reducir las desigualdades excesivas y perfeccionar la democracia, profundizar la regionalización modernizar el Estado).

Sin embargo, se omitieron algunas menciones a falencias relativas a la reconstrucción post terremoto, al caso Kodama, al AVC o a la eliminación del multirut. Por otra parte, varias referencias provocaron un fuerte debate político sobre la autoría de la idea, olvidando que la ciudadanía exige hoy concretar además de presentar proyectos.

Además de algunos anuncios en Educación, Salud y Economía, la Cuenta Anual se caracterizó por una profunda intervención en la institucionalidad: la creación de la subsecretaría de Derechos Humanos, de la educación Superior, del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Deporte. También el anuncio de las reformas políticas, como la inscripción automática y el voto voluntario, una nueva ley de partidos políticos, la elección directa de los consejeros regionales o el proyecto de primarias voluntarias y vinculantes suenan promesas que no necesariamente se cumplirán. Para esto, el ministro Larroulet tendrá que enfrentar la resistencia oculta de las directivas de los partidos políticos. Las manifestaciones de los últimos días o procesos como el del 15-M en España reflejan los nuevos aires políticos. La posterior trifulca entre parlamentarios oficialistas y de oposición sólo contribuyen a deteriorar la reputación de nuestra clase política.

Hubo varios anuncios que se repitieron: el Sernac Financiero o la seguridad laboral ya estuvieron presente en el la cuenta del año 2010, sin que se hayan implementado aún cambios legislativos. Además, la sospechosa similitud de los carteles de apoyo una vez terminado el discurso tampoco contribuyó a aumentar la credibilidad presidencial.

Por una parte, cifras como el crecimiento económico (Imacec 15,2% en marzo, 7,2% en febrero, 6,7% en enero y 5,7% en 2010) y la creación de empleo (476.320 nuevos empleos 2010 y tasa de desocupación de 7,3% Dic10-Feb11) demuestran una sólida gestión económica. Sin embargo, los bajos índices de aprobación presidencial (49% de desaprobación vs 41% de aprobación) y de los conglomerados políticos (Concertación, 61% de desaprobación vs 26% de aprobación; Coalición por el Cambio, 51% en contra vs 36% a favor) según la última Adimark, más las multitudinarias manifestaciones ciudadanas y la inminente amenaza de un 15-M local, demuestran el clamor ciudadano en contra de una institucionalidad que no le permite participar. El confrontacional entorno en que se presentó motivó incluso la suspensión a última hora de un planificado viaje a Iquique del mandatario.

Se percibió un importante grado de precisión y de detalles técnicos en la presentación, con una atenuación del tono grandilocuente y tan criticado en el mandatario. Sin embargo, resultó insuficiente la estrategia de apostar a un solo acto la reconstrucción de la credibilidad presidencial, quedando pendiente para el resto del año.

Columna publicada en La Tercera Online

El opaco tejado de vidrio en la pol{itica

A pesar de una ciudadanía curtida con los abusos de poder de autoridades durante los últimos gobiernos, la polémica contratación de Extend Comunicaciones S.A. por parte del Gobierno Regional del Bío Bío revive un antiguo debate. La intendenta Jacqueline Van Rysselberghe vive complejos momentos políticos, envueltos en una maraña de distintos intereses: declaraciones propias sobre subsidios, pugna de poderes entre RN y UDI, cuestionamientos de la oposición, incautación por la PDI de fichas de inscripción de vecinos de La Aurora, ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, involucrada, compromisos de una nueva forma de gobernar y, por último, la urgente necesidad de construir y/o reconstruir los hogares de muchos compatriotas.

A pesar del llamado público hecho a través de Chile Compra, el costo de la asesoría –ascendente a $38.441.394- corresponde a una asignación directa (orden de compra Nº 831-49-SE11 del 31 de enero) de la Subdere, sin la aprobación del Consejo Regional. Por lo mismo, sorprende que la defensa comunicacional de la ex alcaldesa sea financiada por todos los chilenos, más aún después de su anuncio en que descarta renunciar, del tibio apoyo del ministro del Interior, de las declaraciones de la ministra Matte y de los desórdenes administrativos investigados por la Contraloría en su gestión en la municipalidad de Concepción. Desde ya surge la duda si esta asignación fue autorizada por Miguel Flores, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo– y ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán- o bien derechamente por alguna otra autoridad superior. ¿Quién se hace responsable de esta decisión ante la opinión pública?

Por supuesto, han sido muchos los políticos que han aprovechado esta situación para hacer gárgaras sobre transparencia: el senador Alejandro Navarro (MAS), el diputado Osvaldo Andrade (PS), el diputado Gabriel Ascencio (DC) y toda la Concertación en general. Muy sólido fue el ataque que hizo el presidente (s) de la Democracia Cristiana (DC), diputado Fuad Chahín: no sólo anunció la presentación de una acusación constitucional en contra de la intendente penquista “por infracción de los principios constitucionales de legalidad, probidad y transparencia”, sino también la interposición de una “querella criminal en contra de quienes responsables por los eventuales delitos que se pueden haber cometido en el marco de esta situación, fundamentalmente delitos de fraude al fisco, malversación de recursos públicos, falsificación ideológica de instrumentos públicos y posiblemente asociación ilícita en distintos grados, consumado, en tentativa o frustrado” (audio).

Esta loable defensa del diputado Chahín sobre la necesidad de transparencia, hecha con tanto ímpetu y convicción, suscita de inmediato ciertas reflexiones acerca de la oportunidad -¿oportunismo?-, pertinencia y mendacidad sobre la transparencia política. De hecho, si nosotros revisamos la nómina de asesorías externas de los honorables diputados durante el 2010 –documento que todos los ciudadanos debiéramos ver al menos una vez al año-, en su página 5, fila 5, aparece la contratación por dicho parlamentario de un estudio para la “Moción que modifica el D.L. 701 de fomento forestal y asesoría para la elaboración de indicaciones al proyecto de ley que establece penas accesorias al delito de abigeato (boletín 7058-07)” ¿WTF? Este proyecto de ley fue presentado el 8 de julio del año pasado por 10 diputados –entre los cuales no estaba el diputado Chahín-, encontrándose sin movimiento desde el 17 de agosto. Seguramente por esta razón, y preocupado por la demora del proyecto, en diciembre este parlamentario contrató por $ 1.824.657 a la empresa “Inversiones y Asesorías MADA Limitada” (fono 56-2 460 80 50) para que ¿redactara una segunda moción para legislar sobre las penas del abigeato? Según esta nómina, el estudio se habría hecho entre el 1º y el 20 de diciembre. ¿Dónde está? ¿Es posible acceder a ese importante estudio pagado por todos nosotros los contribuyentes? ¿Fue un aporte útil para la industria ganadera?

El gran problema de este elogiable profesionalismo es que ese teléfono corresponde al estudio jurídico Abdala & Cía. , fundado en 1988, ubicado en Santa Lucía 330, piso 2, fono 56-2 460 80 50 y al cual pertenece el diputado Fuad Chahín Valenzuela. ¿Simple coincidencia? ¿Práctica común en nuestra política? ¿Nadie en el Congreso se dió cuenta? ¿Es creíble su disertación sobre la intendenta? ¿Esto es más grave o menos grave que las maquinaciones de la intendenta Van Rysselberghe? En este caso, ¿se justifica el debate sobre el fin y los medios?

Y nosotros, ¿seguiremos aceptando estos mecanismos o asumiremos de una vez por todas que los estándares de transparencia han aumentado? Aunque estas prácticas siempre han existido-los ex diputados Maximiano Errázuriz (RN), Julio Dittborn (UDI) y Laura Soto (PPD) se dignaron no repostular a sus cargos, después de acusaciones de irregularidades-, en cambio, otros parlamentarios gozan de excelente salud política: Guido Girardi (PPD), Claudia Nogueira (UDI) o Rodrigo González (PPD).

¿Seguiremos observando cómo la impunidad sigue perpetuándose en nuestro país? ¿O presionaremos para que se cumpla la promesa de una nueva forma de gobernar?

Ese es el dilema: ¿discurso o realidad?

Columna publicada en La Tercera Online

Baja aprobación parlamentaria

La última encuesta Adimark no sólo mide la evaluación ciudadana de la gestión del Gobierno, sino también la de otras instituciones: Congreso y conglomerados políticos. Sin embargo, la atención de la opinión pública se centra ahora principalmente en la nueva administración, relegando por mientras a un segundo plano la medición de la actividad legislativa.

En la muestra -tomada entre los días 7 y 26 de mayo-, la Cámara de Diputados obtuvo un exiguo 34% de aprobación (sólo uno de cada tres encuestados), en contraste con el 49% de desaprobación, reflejando un fuerte deterioro de su imagen ante la ciudadanía, en comparación a la medición de abril (43% aprobación y 37% desaprobación). Aunque a primera vista se podría atribuir la pérdida de capital reputacional al altercado que tuvo el ministro Hinzpeter en la Cámara -y que le costó igualmente bajar 10 puntos en su aprobación-, los números reflejan una tendencia más preocupante. Esto se confirma en el caso del Senado -que no estuvo sujeto a polémica alguna-, ya que su aprobación también bajó de 44 a 42% y la desaprobación aumentó de 33 a 41%.

Por otra parte, el reciente estudio del Centro de Estudios y Análisis de Gestión Pública de la Universidad Mayor confirma la baja reputación que goza el Congreso. Con un levantamiento de información hecho entre los días 3 y 10 de mayo, se concluye que existe un profundo desconocimiento del trabajo parlamentario y de los resultados que éste entrega.

La encuesta establece que las dos principales labores parlamentarias son (en una escala de 1 a 5): elaborar proyectos de ley (4,21) y luego fiscalizar al gobierno (4.18). Sin embargo, cuando se les pregunta las principales razones de su voto, se destaca en un claro primer lugar “por el trabajo en su comuna (38,0%)”, seguido a distancia “por el partido político donde milita (24,3%)” y en un lejano tercer lugar, “por su trabajo legislativo (14,7%)”.

En el mismo sentido, la gran mayoría de los encuestados (entre 60 y 72%) declara no saber cómo votó su parlamentario en ciertas leyes relevantes: Ley General de Educación, Píldora del Día Después, Reforma Previsional y Financiamiento del Transantiago. Pero cerca del 56% señala que el haber conocido cómo votó su parlamentario en esas leyes, habría afectado su voto en la última elección parlamentaria.

En consecuencia, con la aparición de nuevas organizaciones civiles, con mayor información y mejor análisis de las votaciones de diputados y senadores y una mayor fiscalización ciudadana, la fragilidad del voto aumentará cada vez más. La implementación de la inscripción automática y del voto voluntario también significará un importante cambio en las elecciones parlamentarias.

Aún más, la evidente tensión entre la labor legislativa y el trabajo en terreno ya afecta la evaluación de la actividad parlamentaria, generando en definitiva una baja reputación ante la opinión pública. Los ciudadanos saben que en teoría la función principal es legislativa y fiscalizadora, -y es de acuerdo a eso que evalúan-. Pero, al momento de votar privilegian el trabajo por sus comunas, distritos o circunscripciones. Es así que el índice de confianza que existe hacia nuestro Congreso (26,68%) es menos de la mitad del que existe en los países de América Latina y el Caribe (53,36%).

El estudio también establece un bajo Índice de Efectividad Legislativa Parlamentaria (IELP), entendiéndola como la capacidad de cada parlamentario de convertir en ley los proyectos que presenta. Se detecta una importante baja en la productividad legislativa, en especial en los últimos años. Es así que durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, de las 1.701 mociones parlamentarias presentadas, sólo 50 se convirtieron en leyes. Esto puede hacer pensar a la ciudadanía que senadores y diputados tienden a privilegiar su labor ante la prensa, descuidando el de las sesiones de trabajo en comisiones y salas.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/baja_aprobaci%C3%B3n_parlamentaria

Por un lobby más expedito y efectivo...

Entre todas las modificaciones al proyecto de financiamiento de la reconstrucción, el debate se ha centrado sobre la eliminación de la depreciación acelerada, diluyendo la visibilidad de las otras modificaciones a las medidas anunciadas. Importantes cambios se produjeron entre lo comunicado por el Presidente Piñera y el proyecto presentado al Congreso. ¿Qué pasó en sólo dos semanas? No cabe ninguna duda que el lobby de las empresas interesadas fue expedito y efectivo.

Durante los gobiernos de la Concertación, el lobby se realizó principalmente en el Congreso. Las empresas lobbystas se contactaban directamente con los parlamentarios, planteando sus puntos de vista para promover, defender o representar intereses de carácter individual, sectorial o institucional. Ahora, con el Presidente Piñera y su gabinete en La Moneda, ya no es necesario trasladarse a la Región de Valparaíso para exponer las argumentaciones. La nueva puerta giratoria entre el mundo privado y el sector público, sumada a la falta de legislación sobre la materia, ampara aún más la nebulosa existente en el tráfico de influencias.

De acuerdo a lo anunciado por el propio mandatario el 16 de abril en la caleta Lo Rojas (Coronel), se establecería un aumento permanente al impuesto al tabaco de un 7%. Sin embargo, tan sólo 15 días después, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informa que el proyecto enviado al Congreso propone un incremento del tributo en un 1,90% (de 60,4% a 62,3%), más un impuesto específico fijo de $50 por 20 cigarrillos, sin importar su valor. La modificación se justificaría con el fin de evitar la preferencia de los consumidores a productos de menor calidad. En el mismo sentido, el monto máximo anunciado para la exención de los depósitos convenidos de UF 600 anuales. Sorpresivamente, se modificó el tope de la franquicia establecido en el proyecto presentado al Congreso, ampliándose a UF 900 anuales, además de UF 600 anuales por APV.

Por eso, las presiones de la UDI para la venta del diario La Nación se confunden en esta danza de influencias. A la ciudadanía no le queda claro si el requerimiento de la tienda política es una fundada pretensión o una consecuencia del lobby de otras empresas periodísticas. Y mientras la actividad del lobby siga sin regulación, a la opinión pública le será difícil reconocer intenciones, manteniendo su legítima desconfianza hacia cualquier iniciativa.

Durante los gobiernos de la Concertación, la negativa de los parlamentarios a legislar sobre la regulación del lobby fue permanente. Cinco proyectos de ley fueron ingresados a la Cámara de Diputados, sin que ninguno se haya convertido en ley: el primero de ellos,que postulaba impedir y sancionar el acceso privilegiado de grupos de presión o lobby a la autoridad, fue presentado en el 2003 por moción de los diputados Cubillos, Moreira, Leay, Longueira, Salaberry, Recondo, Varela, Álvarez, Bertolino y Pablo Galilea (boletín 3337-07); el segundo, el mismo año, sobre regulación del lobby enviado por el ex Presidente Lagos (boletín 3407-07); el tercero, ingresado el 2004 por moción de los diputados Cubillos, Forni y Monckeberg Díaz en el contexto de modernización del Estado(boletín 3498-7); el cuarto, un proyecto de reforma constitucional para impedir la realización de lobby a favor de gobiernos extranjeros, presentado por los diputados Lorenzini, Soto, Tarud y Patricio Walker (boletín 4621-07); y el último proyecto de regulación del lobby, ingresado por la ex Presidenta Bachelet en noviembre de 2008 (boletín 6189-06), oscilando siempre entre la simple y la suma urgencia otorgadas por el Ejecutivo.

A pesar de las reiteradas agendas de modernización del Estado -la primera acordada por el ex Presidente Lagos y el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira y la segunda presentada por el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma- o del consenso existente respecto a la necesidad del empadronamiento de lobbystas y de un registro público de audiencias de las altas autoridades, después de siete años la actividad del lobby aún no se encuentra regulada. Por eso, las simples declaraciones no bastan para desvirtuar la idea de un gobierno de los empresarios.La ciudadanía requiere de acciones concretas de transparencia, en especial las largamente postergadas en los últimos gobiernos.

Columna publicada en latercera.com:
http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/por_un_lobby_mas_expedito

Un fideicomiso torpe e ineficiente

Después de más de un año con urgencias simples en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley sobre fideicomiso ciego presentado por el Ejecutivo terminó su primer trámite constitucional. La Moneda defendió su decisión de darle suma urgencia a esta iniciativa legal y descartó que fuera una maniobra para complicar a Sebastián Piñera.

Tras un infructuoso proyecto presentado en 2005 por el gobierno del ex Presidente Lagos y de un todavía pendiente anteproyecto diseñado por los diputados Chahuán, Enríquez-Ominami, Escobar y Valenzuela (boletín 5282-07), el gobierno de la Presidenta Bachelet ingresó esta iniciativa el 11 de junio de 2008.

Este proyecto propone que las autoridades deberán constituir un Mandato Especial de Administración Ciega de Patrimonio (MACPA) cuando el total de sus bienes exceda las 470.000 Unidades de Fomento. En consecuencia, sólo las personas con fortunas superiores a los $ 9.800 millones estarán obligadas a establecer un fideicomiso ciego. De esta forma, un Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores, Diputados y Consejeros del Banco Central cuyos peculios no alcancen ese valor no necesitarán constituirlo, quedando sujetos sólo al cumplimiento voluntario de esta medida de transparencia.

El controvertido monto permite sospechar en forma legítima que se trata de una ley hecha con nombre y apellido. Sin embargo, este proyecto es totalmente ineficiente en el caso de otras futuras autoridades, en que también será conveniente apartar la política de los negocios. De acuerdo a lo expresado por la Presidenta Bachelet, los chilenos tenemos claro que estas dos actividades deben estar absolutamente separadas, independiente de los montos de los patrimonios de las autoridades. Más aún si se toma en cuenta que la última encuesta CEP refleja una baja confianza ciudadana en algunas instituciones: gobierno (56%), municipalidades (38%), Congreso (26%), tribunales de justicia (21%) y partidos políticos (13%).

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que el PIB per cápita chileno medido por Paridad de Compra (PPC) llegará en el 2010 a US$ 14.299 por persona, esto es, un monto cercano a los $ 600.000 mensuales. Con esa renta promedio, para la gran mayoría de los chilenos -y también sus autoridades- resultará extremadamente difícil acceder a esos montos, quedando la gran mayoría exenta de la obligación de constituir un fideicomiso ciego.

Como referencia, cuando asumió la Presidenta Bachelet, ella declaró un patrimonio de $ 184.749.260 ante la Contraloría General de la República. Si el actual proyecto de ley hubiese estado vigente, le hubieran faltado $ 9.616 millones para estar obligada a constituir este mecanismo de transparencia y lo mismo hubiese ocurrido con cualquier otra autoridad.

De acuerdo a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos a través de la Ley de Transparencia, sólo 1.329.297 personas pagaron impuesto a la renta en Chile en el 2008. Este tributo es pagado por menos del 10% de la población y se realiza bajo la modalidad de segunda categoría o de global complementario. De este bajo porcentaje, un exiguo 1,27% está en el tramo del 40%, correspondiente a ingresos superiores a 5,5 millones mensuales o más. Aún con esa considerable entrada mensual, se necesitarían 148 años de trabajo para construir un patrimonio de $ 9.800 millones.

Por otra parte, según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos -publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas en octubre de 2009-, la distribución del ingreso de los hogares ha tenido entre los años 2001 y 2008 un coeficiente de Gini en torno al 40% (en que el valor cero indica perfecta igualdad y el valor 100 perfecta desigualdad), reflejando una gran disparidad.

En consecuencia, nuestro ingreso promedio y su desigual distribución hacen extremadamente poco probable que se reúnan las condiciones necesarias para exigirle a una autoridad la constitución de un fideicomiso ciego. Las grandes posibilidades de conflicto entre el interés particular de quienes ejercen un cargo público y el interés general de La Nación fundamentan la generalidad de esta medida para regular la clase política. Sin embargo, se convertirá en una norma excepcional en la práctica, al producir efectos en una sola persona.

La precipitada, y a la vez atrasada medida, sólo refleja una improvisación legislativa que busca privilegiar efectos electorales a corto plazo por sobre transparentar la política en el tiempo. Esto sólo acrecienta la desconfianza que la ciudadanía siente hacia la clase política, en especial cuando se trata de su auto regulación. Si este proyecto de ley es aprobado, se convertirá en letra muerta una vez terminada la segunda vuelta de esta elección presidencial, impidiendo transparentar nuestra ya tan desprestigiada política.

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/un_fideicomiso_torpe_e_ineficiente

Sincerar el discurso político

La solicitud de postergación de la votación de la reforma constitucional que establece el voto voluntario y la inscripción automática en los registros electorales, refleja la necesidad de sincerar el discurso político.

La petición de quitar la discusión inmediata formulada por el diputado DC Jorge Burgos, el secretario general del PS, Marcelo Schilling, el presidente de la comisión, Edmundo Eluchans (UDI) y el diputado Alberto Cardemil (RN), más opiniones contrarias expresadas con anterioridad por los senadores Carlos Ominami (PS), Mariano Ruiz Esquide (DC) y Víctor Pérez (UDI), los diputados del PRI y la ex DC Alejandra Sepúlveda, representa un serio traspié para la promulgación del proyecto aprobado por el Senado, dificultando su implementación para las elecciones de este año.

De acuerdo a la encuesta CEP, un 78% de los chilenos considera que el voto debiera ser voluntario y un 91% de los encuestados manifiesta que tiene poca o nada de confianza en los partidos políticos. Según una encuesta de Libertad y Desarrollo, el 89% de los no incritos y el 82% de los inscritos está de acuerdo con el voto voluntario.

Estos hechos reflejan la inconsistencia del discurso político respecto a aumentar la participación ciudadana e incorporar a los jóvenes en los procesos electorales. Un mercado electoral envejecido y cautivo, todavía anclado en la añeja diferenciación del SI y el NO, representa una certeza demasiado tentadora y que impide una real competencia.

Si los parámetros que utilizan la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se aplicaran a la política, sería el momento de aplicar sanciones condenatorias.

Ambas instituciones nos protegen con celo como consumidores, pero no como ciudadanos. La institución del Defensor de Personas ha sido postergada inexplicablemente por la Cámara de Diputados. Los partidos políticos han capturado la política y nosotros somos sus rehenes.

Ante la indefensión en que nos encontramos, no nos queda más que defendernos nosotros mismos, y al parecer, la única alternativa que nos va quedando, es el voto nulo en las próximas elecciones parlamentarias.

Entendiendo que la elección presidencial será la "madre de las batallas", sería iluso pedir la abstención de votar por uno de los candidatos. Pero lamentablemente lo único que podremos hacer es debilitar la representatividad de nuestro Congreso.

En teoría son nuestros representantes, pero no nos interpretan, sino que se dedican a privilegiar sus propios interes por sobre los intereses nacionales, con una impunidad total. No existe seguimiento de las votaciones, no existen rendiciones de cuentas a sus electores, ni explicaciones sobre los motivos de sus votaciones. Una vez elegidos, se olvidan completamente de sus electores y nosotros no tenemos ninguna forma de control.

La combinación de voto obligatorio más sistema binominal les permite manter un mercado electoral cautivo. Ni la concertación ni la alianza tienen adhesiones superiores al 20% de la población. ¿Qué pasa con el 60% restante? Porqué se apropian de un inexistente derecho a representarnos? Por eso, y aunque es lamentable, sólo el debilitamiento de la representatividad del Congreso permitirá el surgimiento de organizaciones ciudadanas, que sí nos representen.

Hace mucho tiempo que la clase política dejó de representar a la ciudadanía. Llegó el momento de recuperar nuestra calidad de mandante. El precio que hay que pagar: nuestro voto parlamentario.

Artículo publicado en sitios web www.politicastereo.tv y nomasapernados.blogspot.com