JVR: La gran falencia del Presidente Piñera

Muchos chilenos reconocen y admiran en el Jefe de Estado un rasgo -no medido en encuestas- demostrado durante su vida empresarial: la capacidad de generar grandes negocios. Sin embargo, una falencia se visualiza en su contra: la incapacidad de rentabilizar en aprobación ciudadana una situación política.

Cualquier acontecimiento, proyecto legislativo o improvisación le cuestan caro al Jefe de Estado en términos de opinión pública. Al inicio de su mandato, el 52% de los chilenos aprobaba su gobierno y sólo el 18% lo desaprobaba. Al año, (Mar11), el índice de aprobación ha bajado 10 puntos (42%) y el de desaprobación ha aumentado 31 puntos (49%). ¿Cuáles son las conclusiones de La Moneda ante estos resultados? ¿Responsabilidad del mandatario, de sus asesores políticos o de sus consultores comunicacionales?

Por cierto, sorprende en este Rey Midas el fuerte contraste de su instinto comercial y su capacidad de negociación en el mundo privado con su ineficiente gestión comunicacional en el ámbito público, la que le genera importantes pérdidas en su imagen política. La visita del Presidente Obama, la suspensión de la central termoeléctrica Barrancones, la ampliación del postnatal, el fin del descuento del 7% de salud a los pensionados o cualquier otro hecho, siempre terminan mal evaluados por la opinión pública.

Superada la emergencia inicial del terremoto, al gobierno le ha sido imposible controlar la agenda noticiosa, marcando una gran diferencia con los gobiernos de la Concertación. En ésta administración, la contingencia ha superado con creces los débiles intentos de marcar agenda, diluyendo cualquier logro gubernamental.

Sólo el rescate minero fue bien evaluado. Pero ni la creación de 400 mil empleos ni el crecimiento del 5,2% durante el 2010 han logrado revertir las percepciones negativas originadas por la rebelión magallánica o el escándalo Van Rysselberghe. Aún con tasas de desocupación superiores al 10,0% (2009), o contracción del PIB durante 2009 (-1,5%), la ex Presidenta Bachelet terminó con una aprobación del 81% (Dic2009). En esa magnánima cifra, ¿qué participación tuvo su equipo comunicacional?

La reciente renuncia de la ex intendenta confirmó la incapacidad del actual equipo político-comunicacional, con una difícil situación que terminó en una pérdida absoluta en imagen. En este conflicto, no hubo ganancias -salvo para la oposición, que logró unirse tras un objetivo común-: todo restó. ¿Autogol o hara kiri frustrado?

De partida, para la misma Jacqueline Van Rysselberghe, quién tendrá que hacer un doble esfuerzo para reconstruir su carrera política, tanto a nivel regional como nacional. Luego, para el mandatario, quién al confirmarla en su cargo afectó ante la opinión pública sus dos atributos más débiles: confianza, con el 46% de evaluación positiva versus el 54% negativa; y credibilidad, con el 44% positivo y el 56% negativo (Mar11).

Para la UDI, se consagró la defensa corporativa y la impunidad política, demostrando que todo vale para mantenerse en el poder. La simbólica fecha del aniversario de la muerte de Jaime Guzmán pasó prácticamente desapercibida e impidió destacar con fuerza los valores del fundador del partido. También provocó divisiones internas entre los coroneles, mermando la disciplina que caracteriza ese partido. La renuncia del concejal Patricio Lynch tampoco dejó en buen pie la imagen interna de la directiva del partido, al confirmar la existencia de “favoritos” dentro de la UDI.

Para RN, las relaciones con sus socios de alianza quedaron severamente dañadas. La coalición de gobierno quedó cada vez más alejada del electorado y habrá que ver cómo la ciudadanía la evalúa en las próximas encuestas. Incluso figuras externas como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter -con su elegía a la ex intendenta después de la renuncia- o el diputado Enrique Van Rysselberghe -por su eventual no inhabilitación-, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte o el Subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, salieron perjudicados en este episodio -al ser involucrados en la autorización de la reconstrucción de la población La Aurora de Chile-.

Parece increíble que los equipos asesores todavía no hayan asumido el fin del argumento del empate moral. Lo que fue aceptado durante los gobiernos de la Concertación, hoy ya no lo es. La ciudadanía ha elevado los estándares éticos de la actividad política en este último año y exige su cumplimiento. Y es así como la falta de la ex intendenta -falta menor ante tantos otros casos de presidentes, ministros y parlamentarios que han mentido a sus electores- no quedó impune, a pesar de toda la defensa corporativa.

Pero ante todo, sorprende que el gobierno no le hubiera pedido la renuncia en febrero, pudiendo convertir una fuerte derrota en una gran victoria: se hubiera consagrado la nueva forma de gobernar, minimizado el error de la ex alcaldesa y se podría haber trabajado durante un par de años para fortalecerla. Pero no, se prefirió una arriesgada apuesta, en la que se jugó el todo o el nada. Los resultados están a la vista: peores, imposible…

El gobierno optó por una decisión que dio una fuerte señal, absolutamente contrapuesta a su discurso: el gobierno sigue con los mismos vicios que destronaron a la Concertación, tal como lo expuse el 17 de febrero…además de una torpeza comunicacional inexcusable…

Columna publicada en La Tercera Online

JVR: Para inventar historias y comer pescados...

Las recientes declaraciones de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe sobre su postergada y eventual acusación constitucional dan mucho que pensar sobre la sempiterna impunidad política que ha existido en nuestro país. “Esa acusación constitucional carece de todo sustento” señala ella, luego de ser acusada de presuntas irregularidades en la gestión de subsidios habitacionales para pobladores no damnificados por el terremoto.

¿Existe base para entablar una acusación constitucional en contra de la imaginativa intendenta? Desde luego que no se le imputan delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión, tal como lo exige el artículo 52 N°2 letra e) de la Constitución Política del Estado. Se le acusa simplemente de vulnerar lo dispuesto en el artículo 8° inciso primero de la Constitución Política del Estado: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar irrestricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.

¿Fue proba la ex alcaldesa? ¿Sí o no? En caso afirmativo, ¿por jactarse de haber engañado al Presidente de la República, por privilegiar a sus regalones o por falsear hechos a sus futuros votantes? ¿O quizás su falta de probidad consistió en haber intentado traspasar su responsabilidad al subsecretario Andrés Iacobelli y a la ministra Magdalena Matte? Irónicamente, ésta en gran medida le debe el aumento de conocimiento que tuvo el último mes, dejando satisfecho incluso hasta el exigente mandatario. En política, nadie sabe para quién trabaja…

Poco importa ya. Es sabido que en Chile no existe -y desde hace años ya- responsabilidad política alguna. Todo Chile vió los polémicos dichos de la funcionaria penquista ante los vecinos de la población La Aurora de Chile, formándose su propia opinión. De la misma manera, toda la ciudadanía observó cómo el Presidente de la República la confirmaba en su cargo, consagrando el principio de "todo vale mientras no constituya delito", consolidando la impunidad política y de paso, afectando gravemente sus propios -y exiguos- atributos de confianza y de credibilidad.

E importa poco, porque el Ejecutivo al desligarse de su tuición administrativa, se la transfirió a la Cámara de Diputados. Y ahí todo -cualquier cosa, mejor dicho-puede suceder: intereses conjuntos, figuras legales ficticias, elusión evidente a la luz pública, contratos simulados y compadrazgos indulgentes interfieren en cualquier intención fiscalizadora. Es más, ni siquiera será necesario esta vez recurrir a la manida figura del esposo de la ex edil. De nuevo, será un duelo de fuerza entre representantes de la Concertación y de la Alianza -recurriendo al PRI como pivote- sin necesariamente buscar resolver el asunto. Cualquier decisión necesariamente será convertida en una victoria pírrica, en desmedro de la ya débil credibilidad de la clase política.

De hecho, prácticamente desapercibido pasó el rechazo de la Cámara al informe de la comisión especial que indagaba las responsabilidades políticas en las millonarias irregularidades detectadas en el Programa Orígenes y en la Conadi. Después de 3 años de trabajo, 2 comisiones investigadoras, miles de apariciones en medios, vehementes acusaciones o defensas, el jueves pasado fue rechazado el informe de la instancia parlamentaria, por 35 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones. Aparte de provocar la molestia del grupo mapuche Choyun Mapu, presente durante la sesión, no ocurrió mucho más. ¿Quién responde por esto? ¿Se definió si hubo irregularidades? ¿Hay alguien que asuma el costo político? ¿Se precisó al menos la eventual responsabilidad del ex ministro José Antonio Viera-Gallo? No, y lo más probable es que el espeso manto de la burocracia se encargará de enterrar el conflicto eficientemente.

Curiosamente, la votación parecía concertada en este caso: todos quienes votaron a favor del informe pertenecen a la Alianza -¿o Coalición por el Cambio?- y todos quienes votaron en bloque en contra del informe pertenecen a la Concertación. Paladines de la justicia como Osvaldo Andrade, Pepe Auth o Felipe Harboe, votaron en contra del informe, perpetuando la tradición de impunidad política. Incluso honrosas se ven las abstenciones de los diputados Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez, Pablo Lorenzini y Guillermo Teiller. Además, fueron 44 los diputados que prefirieron no votar (Accorsi, Aguiló, Alinco, Álvarez-Salamanca, Araya, Arenas, Ascencio, etc…) por razones desconocidas -¿la gira presidencial?-.

Sería de una ingenuidad extraordinaria -pero exquisita a la vez- pretender que la intendenta Van Rysselberghe sea el último político que miente para conseguir sus fines. La postergación de la bullada acusación constitucional permite contrastar el excelente discurso político contra su paupérrima gestión. Pero sorprende aún más nuestra escasa memoria que tenemos como votantes. Hasta ahora hemos sido -¿somos?- rehenes del sistema binominal y voto obligatoria, y nos hemos visto obligados a votar por candidatos designados entre cuatro paredes.

Como consecuencia, el electorado se ha ido distanciando de los partidos políticos. Cada vez más escéptico a las promesas electorales, cada vez más reacio a las pugnas de poder, cada vez más consciente del poder de su voto castigador, se ha ido empoderando día a día, aprendiendo a armarse aunque sea con una cámara, una grabadora … o un simple teléfono celular.

Columna publicada en La Tercera Online

Caso JVR: lo mismo, con nuevas moscas

El relato de un gobierno se construye en el tiempo a través de numerosos hitos o señales. Las desafortunadas declaraciones de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe a sus antiguos y ¿futuros? electores, lograron finalmente amojonar el discurso presidencial - hasta ahora confuso, voluble y maleable ante la interminable contingencia-. Quedó claro que el principio que rige el actuar del gobierno es uno maquiavélico: el fin justifica los medios. Este antiguo pero potente silogismo, que pareciera ya haber inspirado al mandatario, significa: “Miente, roba, estafa, haz trampa, ¡pero que no te pillen! Si legalmente no se demuestra una irregularidad, no te preocupes. En Chile nunca ha existido la responsabilidad política…”

Por eso, el programado viaje del Presidente Piñera junto a Magdalena Matte, ministra de Vivienda y Urbanismo, a la Región del Bío Bío, no sólo servirá de barómetro para medir la presión atmosférica en la zona, sino también para ponerle la última cereza al pastel comunicacional: concluir el errático relato gubernamental. No cabe duda que hoy la cara del mandatario, de la ministra Matte, sus declaraciones, las actitudes de los parlamentarios o las reacciones de la población penquista, revelará mucho más que cualquier declaración pública o comunicado de prensa. ¿Qué tanto respaldo seguirá teniendo la intendenta? ¿Habrá manifestaciones a favor? ¿O en contra? ¿Cuánto fue el costo para su reputación? ¿Se justificó la asesoría comunicacional pagada por todos los chilenos?

Y es que los relatos presidenciales, ministeriales -o de cualquier autoridad- se construyen a partir de hechos y no de discursos. Todo lo que diga, declare, repita, recite o declame el Jefe de Estado, le entrará a la opinión pública por un oído y le saldrá por el otro. Mientras tanto, ésta observará todo que el mandatario HACE y sus acciones precisamente consolidarán ese relato. Porque éste no se construye a través de los discursos de las autoridades, sino a través de la re-significación que hacen las audiencias. Por lo tanto, será interesante evaluar qué sucede con las partes involucradas en el futuro. ¿Serán capaces de hacer olvidar este episodio en sólo tres años, aún con todos los recursos fiscales? ¿Al país entero?, ¿A los electores regionales? ¿A los demás partidos de la coalición? Desde ya, este impasse afectará el ya debilitado atributo de credibilidad del Presidente. Avalar a un subalterno en una flagrante mentira, vista por la gran mayoría de los chilenos a través de los medios, refuerza la desconfianza que siente la ciudadanía hacia la figura presidencial. No cabe duda que este atributo no es valioso para el Presidente Piñera, al no ser posible su reelección. Por lo mismo, ¿prefiere legar este problema a la Alianza?

Siempre en política ha primado “el tanto tienes, tanto vales”. Sin embargo, nunca había sido asumido tan explícitamente por la UDI como ahora. “¿Qué diría Jaime?” es la pregunta que muchos gremialistas comentan en voz baja, al ver los discutibles espectáculos de una intendenta mintiendo a sus eventuales electores y de sus directivos defendiéndola. En todo caso, en una época en que el votante elige al mal menor, es una apuesta arriesgada de la UDI en la región. Mucho se ha discutido acerca de la última elección presidencial: ¿la ganó Sebastián Piñera o la perdió la Concertación? En este caso, para romper el doblaje, ¿el votante RN votará incondicionalmente por la ex alcaldesa?, ¿el elector independiente -la gran mayoría- sufragará a favor de la falaz intendenta? Obviamente aún le queda mucho trabajo al senador Alejandro Navarro, pero está bien encaminado.

Un escándalo es ninguno, podría pensarse. Pero ya son demasiados los casos que demuestran que la UDI se mueve al filo de la ética, al borde de lo permitido, al límite de la irregularidad: el ex alcalde Gonzalo Conejo, el alcalde Mario Olavarría y la alcaldesa Carolina Plaza, la diputada Claudia Nogueira, el ex diputado Julio Dittborn y ahora la intendenta del Bío Bío. Sin sanciones del partido, ya no son casos aislados sino que hacen recordar la controvertida ideología de la corrupción, atribuida entonces a los partidos de la Concertación.

Por su parte, Renovación Nacional, socio estratégico en la Alianza, tampoco olvidará fácilmente este episodio: la diferencia de criterio aplicado con Ximena Ossandón, ex vicepresidenta ejecutiva de Junji, con su ahora casi tierno e ingenuo “reguleque”. ¿Qué es más grave: la culpa o el dolo? ¿O dependerá del peso político de los involucrados y no de sus acciones?

Y es por eso que la ratificación de la intendenta consagra el principio de impunidad política, tan duramente criticado en tiempos de la Concertación. Esta falta de castigo permanente de la elite dirigente es lo que irrita a la ciudadanía. Estas infantiles explicaciones que tratan de desviar la atención sólo logran encolerizar a la opinión pública. ¿La nueva forma de gobernar…? ¡Lo mismo y más torpes! Perdón por mi francés: la misma merde, pero con otras moscas …

Columna publicada en La Tercera Online

El opaco tejado de vidrio en la pol{itica

A pesar de una ciudadanía curtida con los abusos de poder de autoridades durante los últimos gobiernos, la polémica contratación de Extend Comunicaciones S.A. por parte del Gobierno Regional del Bío Bío revive un antiguo debate. La intendenta Jacqueline Van Rysselberghe vive complejos momentos políticos, envueltos en una maraña de distintos intereses: declaraciones propias sobre subsidios, pugna de poderes entre RN y UDI, cuestionamientos de la oposición, incautación por la PDI de fichas de inscripción de vecinos de La Aurora, ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, involucrada, compromisos de una nueva forma de gobernar y, por último, la urgente necesidad de construir y/o reconstruir los hogares de muchos compatriotas.

A pesar del llamado público hecho a través de Chile Compra, el costo de la asesoría –ascendente a $38.441.394- corresponde a una asignación directa (orden de compra Nº 831-49-SE11 del 31 de enero) de la Subdere, sin la aprobación del Consejo Regional. Por lo mismo, sorprende que la defensa comunicacional de la ex alcaldesa sea financiada por todos los chilenos, más aún después de su anuncio en que descarta renunciar, del tibio apoyo del ministro del Interior, de las declaraciones de la ministra Matte y de los desórdenes administrativos investigados por la Contraloría en su gestión en la municipalidad de Concepción. Desde ya surge la duda si esta asignación fue autorizada por Miguel Flores, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo– y ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán- o bien derechamente por alguna otra autoridad superior. ¿Quién se hace responsable de esta decisión ante la opinión pública?

Por supuesto, han sido muchos los políticos que han aprovechado esta situación para hacer gárgaras sobre transparencia: el senador Alejandro Navarro (MAS), el diputado Osvaldo Andrade (PS), el diputado Gabriel Ascencio (DC) y toda la Concertación en general. Muy sólido fue el ataque que hizo el presidente (s) de la Democracia Cristiana (DC), diputado Fuad Chahín: no sólo anunció la presentación de una acusación constitucional en contra de la intendente penquista “por infracción de los principios constitucionales de legalidad, probidad y transparencia”, sino también la interposición de una “querella criminal en contra de quienes responsables por los eventuales delitos que se pueden haber cometido en el marco de esta situación, fundamentalmente delitos de fraude al fisco, malversación de recursos públicos, falsificación ideológica de instrumentos públicos y posiblemente asociación ilícita en distintos grados, consumado, en tentativa o frustrado” (audio).

Esta loable defensa del diputado Chahín sobre la necesidad de transparencia, hecha con tanto ímpetu y convicción, suscita de inmediato ciertas reflexiones acerca de la oportunidad -¿oportunismo?-, pertinencia y mendacidad sobre la transparencia política. De hecho, si nosotros revisamos la nómina de asesorías externas de los honorables diputados durante el 2010 –documento que todos los ciudadanos debiéramos ver al menos una vez al año-, en su página 5, fila 5, aparece la contratación por dicho parlamentario de un estudio para la “Moción que modifica el D.L. 701 de fomento forestal y asesoría para la elaboración de indicaciones al proyecto de ley que establece penas accesorias al delito de abigeato (boletín 7058-07)” ¿WTF? Este proyecto de ley fue presentado el 8 de julio del año pasado por 10 diputados –entre los cuales no estaba el diputado Chahín-, encontrándose sin movimiento desde el 17 de agosto. Seguramente por esta razón, y preocupado por la demora del proyecto, en diciembre este parlamentario contrató por $ 1.824.657 a la empresa “Inversiones y Asesorías MADA Limitada” (fono 56-2 460 80 50) para que ¿redactara una segunda moción para legislar sobre las penas del abigeato? Según esta nómina, el estudio se habría hecho entre el 1º y el 20 de diciembre. ¿Dónde está? ¿Es posible acceder a ese importante estudio pagado por todos nosotros los contribuyentes? ¿Fue un aporte útil para la industria ganadera?

El gran problema de este elogiable profesionalismo es que ese teléfono corresponde al estudio jurídico Abdala & Cía. , fundado en 1988, ubicado en Santa Lucía 330, piso 2, fono 56-2 460 80 50 y al cual pertenece el diputado Fuad Chahín Valenzuela. ¿Simple coincidencia? ¿Práctica común en nuestra política? ¿Nadie en el Congreso se dió cuenta? ¿Es creíble su disertación sobre la intendenta? ¿Esto es más grave o menos grave que las maquinaciones de la intendenta Van Rysselberghe? En este caso, ¿se justifica el debate sobre el fin y los medios?

Y nosotros, ¿seguiremos aceptando estos mecanismos o asumiremos de una vez por todas que los estándares de transparencia han aumentado? Aunque estas prácticas siempre han existido-los ex diputados Maximiano Errázuriz (RN), Julio Dittborn (UDI) y Laura Soto (PPD) se dignaron no repostular a sus cargos, después de acusaciones de irregularidades-, en cambio, otros parlamentarios gozan de excelente salud política: Guido Girardi (PPD), Claudia Nogueira (UDI) o Rodrigo González (PPD).

¿Seguiremos observando cómo la impunidad sigue perpetuándose en nuestro país? ¿O presionaremos para que se cumpla la promesa de una nueva forma de gobernar?

Ese es el dilema: ¿discurso o realidad?

Columna publicada en La Tercera Online