Valorando el trabajo pre-legislativo

La inminente creación de una Comisión de Salud —anunciada hace algunos días, en este mismo medio, por el doctor Enrique Paris— podría reactivar los cuestionamientos de la Nueva Mayoría, y de una parte del Frente Amplio, a estas comisiones asesoras presidenciales de carácter pre-legislativo. En un inicio, estas instancias en materia de Infancia y de Seguridad desencadenaron fuertes críticas o, incluso en algunos casos, derechamente ataques. Por ejemplo, se dijo que ellas buscaban reemplazar al Poder Legislativo, cooptar a congresistas opositores, etc. Incluso más, la propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Maya Fernández (PS), envió una carta al Presidente de la República, explicando sus  motivos para no participar en la Comisión de Infancia: “Mi rol institucional, como presidenta de la Cámara de Diputados, es fortalecer y procurar un debate abierto, democrático y transparente en el seno del Congreso”, señaló la autoridad parlamentaria.

Las críticas anteriores parecen exageradas, ya que, por una parte, es indiscutible que las comisiones no pretenden reemplazar la discusión y aprobación de las leyes en ambas Cámaras. Por definición, carecen las comisiones asesoras de facultades legislativas, ya que constitucionalmente no les competen. ¿Cuál sería, entonces, su objetivo? Entregar un material de trabajo desarrollado conjuntamente por especialistas y distintas fuerzas sociales y políticas del país, que podrá servir de insumo al Ejecutivo para elaborar los proyectos de ley, que luego presentará para su discusión en el seno del Congreso.

Hoy más que nunca, en especial después de tanta iniciativa legal desarrollada entre cuatro paredes —como lo fue el proyecto de ley de Nueva Constitución, presentado durante la última semana del gobierno anterior— puede ser valorable la existencia de una labor pre-legislativa seria, que busque combinar realidades sociales, políticas, legislativas, administrativas y económicas, así como distintas visiones ideológicas. Por otra parte, éste es un mecanismo ya instalado y reconocido en nuestra democracia como un importante aporte en cuanto a trabajo pre-legislativo se refiere.

Las críticas parecen exageradas, ya que es indiscutible que las comisiones no pretenden reemplazar la discusión y aprobación de las leyes en ambas Cámaras. Por definición, carecen de facultades legislativas, ya que constitucionalmente no les competen”.

Basta con recordar que la Presidenta Bachelet convocó a 18 comisiones durante sus dos gobiernos, todas ellas con distintos objetivos y composiciones. Algunas, como la Comisión Engel, hicieron grandes contribuciones al desarrollo de las temáticas; otras, en cambio, no resultaron tan productivas. Pero no cabe duda que todas las propuestas legislativas de estas comisiones asesoras fueron discutidas por los parlamentarios en ambas Cámaras, siendo ellos finalmente quienes definieron cuales eran incorporadas en la nueva ley y cuales eran dejadas de lado.

Por otra parte, está claro que los problemas complejos requieren soluciones complejas, más aun en un país con una fuerte tendencia a creer que las segundas pasan simplemente por la dictación de una nueva ley, lo que muchas veces, al final, sólo sirve para acrecentar lo que el jurista italiano Bruno Leoni denomina “inflación legislativa”. En este sentido, resulta muy probable que de estas comisiones surgirán propuestas que no sólo se presentarán para su discusión ante el Congreso, sino que también se traducirán en normas administrativas y/o mecánicas en procesos internos. En el pasado, los resultados de muchas comisiones han quedado guardados en un cajón, por lo que para lograr el objetivo mandatado resulta vital la visión conjunta de especialistas y representantes de la sociedad civil, así como de los propios legisladores.

Está claro que la incorporación a estas comisiones de personeros como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), los diputados Gabriel Boric (IND) y Natalia Castillo (RD) y la del ex senador Patricio Walker (DC) en la Comisión de Infancia, o la de los senadores Felipe Harboe (PPD) y Carolina Goic (DC), del ex ministro Jorge Burgos (DC), de los alcaldes Johnny Carrasco (PS) y Jorge Sharp (MA) en la Comisión de Seguridad, produjo una fuerte desarticulación dentro de la oposición. Las iniciales críticas amainaron rápidamente ante estas incorporaciones, disminuyendo casi totalmente después de la última encuesta Cadem (N°222), en que el 60% de la ciudadanía aprueba la forma en que el Presidente Piñera está conduciendo su gobierno y se siente optimista acerca del futuro del país.

El reciente anuncio del PPD de su disponibilidad a sumarse a estas comisiones, previa negociación de ciertas condiciones básicas, representa un primer cambio de actitud en esta materia de un partido de oposición, dejando en una incómoda situación a sus compañeros de coalición. También significa un duro golpe a los siete grupos de trabajo que senadores PS, PPD, DC y FA crearon como una forma de enfrentar las comisiones conformadas por el gobierno.

Está claro que la incorporación a estas comisiones de personeros PPD, RD, DC, PS, MA e independientes produjo una fuerte desarticulación dentro de la oposición”.

Obviamente, todavía es muy temprano para evaluar los resultados de estos grupos de trabajo. Pero aun, en el peor de los casos, si no se lograra un gran acuerdo en cada uno de los temas, la conformación de estas comisiones podrá permitir, al menos, consensuar diagnósticos, desarrollar y presentar una gama de distintas soluciones y definir métodos de evaluación de éstas, de manera de poder corregirlas oportunamente si fuere necesario. Y no cabe duda que un debate profundo y serio será siempre bien recibido en estas demandas en que el Estado está absolutamente al debe.

Por lo mismo, el 11 de marzo, en su primer discurso público como mandatario, el Presidente Piñera convocó a todos los chilenos, y en especial a los parlamentarios, a construir cinco grandes acuerdos nacionales en los siguientes temas: infancia, seguridad ciudadana, salud, Araucanía y desarrollo económico.

En consecuencia, el anuncio de la creación de un nuevo grupo de trabajo, en este caso la Comisión de Salud, ratifica una nueva forma de entender la política y lo público, una forma distinta de incentivar el diálogo tanto entre las fuerzas políticas mismas, como entre ellas y la sociedad civil, permitiendo así que distintas visiones ideológicas puedan acercar posiciones sobre temas fundamentales para el progreso del país.

Andrés Jirón, Abogado, MBA, Horizontal

Publicada en El Líbero el 22-4-2018

Despacito para que no duela

Hace un par de días, el flamante vocero de gobierno aseguró que “el trabajo de campaña de la Presidenta Bachelet comenzó en marzo de 2013, no antes”. Específicamente el día 28 de marzo, día en que la actual mandataria anunció su campaña presidencial. ¿Debemos suponer todos los chilenos que ese día ella se despertó inspirada y motivada por el futuro de Chile y se atrevió a decir las palabras mágicas: “He tomado la decisión de ser candidata”?

El 21 de diciembre del año anterior, ella había señalado que seguiría en ONU Mujer, agregando “Vamos a hablar en marzo”. ¿Querrá el gobierno que nosotros pensemos que durante ese período no hizo precampaña? La información entregada por Asesorías y Negocios SpA, entregada a través de su gerente general, Giorgio Martelli, dice todo lo contrario. Se trata de una larga lista de profesionales en que muchos son hoy funcionarios de Gobierno, y que en su mayoría fueron parte también de la administración anterior de Bachelet.

Días después, cuando la estrategia inicial recibía disparos desde distintos sectores, el ministro Marcelo Díaz sale a reconocer que las precampañas “son habituales en la política”. E insiste en su línea argumental de que la Presidenta Bachelet "no pidió ni autorizó ningún esquema recaudatorio" antes de su campaña, evitando cuidadosamente precisar si la mandataria estaba o no en conocimiento de esas prácticas.

Con la aprobación de la mandataria pisoteada ya por el caso Caval, la arista Soquimich le explota directamente en su campaña. La negativa a transparentar los hechos solo logra despilfarrar la  credibilidad que queda: ya en la CEP de abril la nota que obtuvo el Gobierno en su primer año en el Tema Transparencia y Corrupción fue de un 2,4 –la peor de todas las notas- y el 62 % de los entrevistados declaró que la Presidenta Bachelet no le daba confianza.

Pero todavía falta un tema a profundizar: además de la ilegalidad de las boletas y facturas ideológicamente falsas, lo que constituye un delito, también existe un ilícito para sus emisores: esos documentos falsos se utilizaron para rebajar los impuestos de empresas a través de figuras ficticias. Es decir, actuales funcionarios públicos se convirtieron en cómplices al ayudar a cometer el ilícito… Y en eso hasta ahora, tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos han guardado un discreto silencio sobre el caso Asesorías y Negocios Spa. Por eso, la remoción del Director Jurídico del SII, Cristián Vargas, no es una buena noticia para la transparencia de este gobierno. ¿O se pretenderá esconder bajo la alfombra?

Publicado en Redesvisión

CEP: El gran fracaso del gobierno

La última encuesta CEP constituyó un duro golpe para el Gobierno. Sin duda se trata del peor fracaso político en los últimos 100 años, con excepción del gobierno de Salvador Allende. Porque no cabe duda que el Ejecutivo hizo un gran esfuerzo para mejorar su aprobación en este último semestre. Pero al terminar el año, los demoledores resultados borran en la percepción de la opinión pública cualquier mejora experimentada en otras encuestas anteriores: no sólo constituye la más baja aprobación desde el retorno a la democracia, sino que evidencia un retroceso en todos los atributos presidenciales e incluso aumenta (al 60%) la desaprobación a la forma en que mandatario y equipo económico manejan la economía -supuesta fortaleza de esta administración-, apodada hoy el "gobierno de los empresarios".

¿Cómo este inicial “gobierno de los mejores” no ha sido capaz de captar la simpatía de la ciudadanía chilena? ¿En qué ha fallado sistemáticamente para no poder lograr algo de benevolencia de parte de la opinión pública? ¿De qué han servido sus obras concretas: eliminación del 7% de salud para los adultos mayores, promulgación del nuevo postnatal, creación de 545.080 mil nuevos puestos de trabajo, fin de listas de espera Auge en hospitales, aprobación ley de inscripción automática y voto voluntario o implementación del Sernac Financiero? ¿A cuánto hubieran llegado los índices de desaprobación sin estas medidas? ¿O definitivamente no provocaron ningún efecto? En este último caso, ¿por falta de relevancia o por mala comunicación?

Como consecuencia de la pérdida de capital reputacional del gobierno, hoy ya nadie -o sólo algunos pocos fanáticos- lo elogia o defiende. Pocos creen en sus discursos y todo anuncio sólo genera escepticismo o abierta incredulidad. Siempre irrumpe el concepto de “la letra chica”, brillantemente instalado y rentabilizado por la oposición. Hasta ahora, la mayor falencia de este gobierno ha sido la incapacidad para lograr el compromiso de las audiencias. Respecto a un eventual apoyo o una tibia defensa de la opinión pública, además de mal visto, es objeto de bullying comunicacional de inmediato, y conlleva altos costos y pocos beneficios para el valiente y arriesgado defensor. ¿Qué pasó con ese 52% que aprobaba al Presidente Piñera en marzo de 2010? ¿Cómo en sólo dos años un equipo gubernamental logra transformarlo en un 62% de desaprobación?

Es que falta mística. Sin duda que se echa de menos ese William Wallace, ese Corazón Valiente que alentaba a sus huestes a luchar por una causa común. Porque a pesar de sus asesores comunicacionales, este gobierno ha sido incapaz de crear un relato que logre enlazar la buena voluntad de todos los chilenos o que despierte algo de fe en esta administración. Quienes sí capitalizan estos proyectos son sus ministros, quienes en forma individual aumentan sus respaldos, sin traspasar nada al Presidente Piñera o gobierno. Tal como lo demostró el sobreexpuesto ministro Longueira, quién, con extraordinaria precisión instaló su relato de lucha contra el abuso y revirtió en poco tiempo sus altos índices de rechazo. Está claro que una buena comunicación jamás podrá ocultar por mucho tiempo una débil gestión -como ya quedó demostrado-; pero una buena gestión jamás podrá brillar sin una buena comunicación.

Hoy ni siquiera todos los jefes de cartera parecen estar comprometidos con la gestión gubernamental. El tiro de gracia fue la renuncia “por motivos personales” de los ministros Bulnes y Galilea. ¿Primera señal de que el barco se hunde y los ratones lo abandonan? ¿O es sólo la constatación del permanente éxodo de funcionarios públicos al sector privado y de la poca capacidad de la administración Piñera para retener talentos?

Los lapidarios resultados de esta encuesta CEP no sólo reflejan un fracaso en las estrategias gubernamentales para captar adhesión ciudadana, sino que también anuncian la anticipación del temido síndrome del pato cojo. Este alto rechazo sumado a un ambiente de fuertes divisiones en partidos políticos, de surgimiento de varios presidenciables en el ejecutivo y de una oposición dispuesta a negar la sal y el agua, permite visualizar desde ya un difícil segundo tiempo presidencial. El conflicto estudiantil, la amenaza de crisis económica mundial y las elecciones municipales -que detonarán todas las pugnas internas partidistas- aumentarán las demandas ciudadanas y dificultarán cualquier intento de revertir índices de desaprobación en un contexto de tardanza del gobierno para escuchar demandas ciudadanas.

¿O este descontento ciudadano se dirige hacia la impactante desigualdad que todavía reina en nuestro país y que el “gobierno de los empresarios” ha asumido gratuitamente? Entonces el legado de reformas de esta administración deberá ser mucho más profundo aún. Para esto se requiere valentía y habilidad para alinear interlocutores tras objetivos comunes. Ojalá no sea demasiado tarde, ya que a pesar de todos los esfuerzos gubernamentales de este último semestre, la desaprobación aumentó significativamente (desde el 53 al 62%). Conclusión: se confirma que seis de cada 10 chilenos rechazan la forma en que Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno.

JVR: La gran falencia del Presidente Piñera

Muchos chilenos reconocen y admiran en el Jefe de Estado un rasgo -no medido en encuestas- demostrado durante su vida empresarial: la capacidad de generar grandes negocios. Sin embargo, una falencia se visualiza en su contra: la incapacidad de rentabilizar en aprobación ciudadana una situación política.

Cualquier acontecimiento, proyecto legislativo o improvisación le cuestan caro al Jefe de Estado en términos de opinión pública. Al inicio de su mandato, el 52% de los chilenos aprobaba su gobierno y sólo el 18% lo desaprobaba. Al año, (Mar11), el índice de aprobación ha bajado 10 puntos (42%) y el de desaprobación ha aumentado 31 puntos (49%). ¿Cuáles son las conclusiones de La Moneda ante estos resultados? ¿Responsabilidad del mandatario, de sus asesores políticos o de sus consultores comunicacionales?

Por cierto, sorprende en este Rey Midas el fuerte contraste de su instinto comercial y su capacidad de negociación en el mundo privado con su ineficiente gestión comunicacional en el ámbito público, la que le genera importantes pérdidas en su imagen política. La visita del Presidente Obama, la suspensión de la central termoeléctrica Barrancones, la ampliación del postnatal, el fin del descuento del 7% de salud a los pensionados o cualquier otro hecho, siempre terminan mal evaluados por la opinión pública.

Superada la emergencia inicial del terremoto, al gobierno le ha sido imposible controlar la agenda noticiosa, marcando una gran diferencia con los gobiernos de la Concertación. En ésta administración, la contingencia ha superado con creces los débiles intentos de marcar agenda, diluyendo cualquier logro gubernamental.

Sólo el rescate minero fue bien evaluado. Pero ni la creación de 400 mil empleos ni el crecimiento del 5,2% durante el 2010 han logrado revertir las percepciones negativas originadas por la rebelión magallánica o el escándalo Van Rysselberghe. Aún con tasas de desocupación superiores al 10,0% (2009), o contracción del PIB durante 2009 (-1,5%), la ex Presidenta Bachelet terminó con una aprobación del 81% (Dic2009). En esa magnánima cifra, ¿qué participación tuvo su equipo comunicacional?

La reciente renuncia de la ex intendenta confirmó la incapacidad del actual equipo político-comunicacional, con una difícil situación que terminó en una pérdida absoluta en imagen. En este conflicto, no hubo ganancias -salvo para la oposición, que logró unirse tras un objetivo común-: todo restó. ¿Autogol o hara kiri frustrado?

De partida, para la misma Jacqueline Van Rysselberghe, quién tendrá que hacer un doble esfuerzo para reconstruir su carrera política, tanto a nivel regional como nacional. Luego, para el mandatario, quién al confirmarla en su cargo afectó ante la opinión pública sus dos atributos más débiles: confianza, con el 46% de evaluación positiva versus el 54% negativa; y credibilidad, con el 44% positivo y el 56% negativo (Mar11).

Para la UDI, se consagró la defensa corporativa y la impunidad política, demostrando que todo vale para mantenerse en el poder. La simbólica fecha del aniversario de la muerte de Jaime Guzmán pasó prácticamente desapercibida e impidió destacar con fuerza los valores del fundador del partido. También provocó divisiones internas entre los coroneles, mermando la disciplina que caracteriza ese partido. La renuncia del concejal Patricio Lynch tampoco dejó en buen pie la imagen interna de la directiva del partido, al confirmar la existencia de “favoritos” dentro de la UDI.

Para RN, las relaciones con sus socios de alianza quedaron severamente dañadas. La coalición de gobierno quedó cada vez más alejada del electorado y habrá que ver cómo la ciudadanía la evalúa en las próximas encuestas. Incluso figuras externas como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter -con su elegía a la ex intendenta después de la renuncia- o el diputado Enrique Van Rysselberghe -por su eventual no inhabilitación-, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte o el Subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, salieron perjudicados en este episodio -al ser involucrados en la autorización de la reconstrucción de la población La Aurora de Chile-.

Parece increíble que los equipos asesores todavía no hayan asumido el fin del argumento del empate moral. Lo que fue aceptado durante los gobiernos de la Concertación, hoy ya no lo es. La ciudadanía ha elevado los estándares éticos de la actividad política en este último año y exige su cumplimiento. Y es así como la falta de la ex intendenta -falta menor ante tantos otros casos de presidentes, ministros y parlamentarios que han mentido a sus electores- no quedó impune, a pesar de toda la defensa corporativa.

Pero ante todo, sorprende que el gobierno no le hubiera pedido la renuncia en febrero, pudiendo convertir una fuerte derrota en una gran victoria: se hubiera consagrado la nueva forma de gobernar, minimizado el error de la ex alcaldesa y se podría haber trabajado durante un par de años para fortalecerla. Pero no, se prefirió una arriesgada apuesta, en la que se jugó el todo o el nada. Los resultados están a la vista: peores, imposible…

El gobierno optó por una decisión que dio una fuerte señal, absolutamente contrapuesta a su discurso: el gobierno sigue con los mismos vicios que destronaron a la Concertación, tal como lo expuse el 17 de febrero…además de una torpeza comunicacional inexcusable…

Columna publicada en La Tercera Online

Caso JVR: lo mismo, con nuevas moscas

El relato de un gobierno se construye en el tiempo a través de numerosos hitos o señales. Las desafortunadas declaraciones de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe a sus antiguos y ¿futuros? electores, lograron finalmente amojonar el discurso presidencial - hasta ahora confuso, voluble y maleable ante la interminable contingencia-. Quedó claro que el principio que rige el actuar del gobierno es uno maquiavélico: el fin justifica los medios. Este antiguo pero potente silogismo, que pareciera ya haber inspirado al mandatario, significa: “Miente, roba, estafa, haz trampa, ¡pero que no te pillen! Si legalmente no se demuestra una irregularidad, no te preocupes. En Chile nunca ha existido la responsabilidad política…”

Por eso, el programado viaje del Presidente Piñera junto a Magdalena Matte, ministra de Vivienda y Urbanismo, a la Región del Bío Bío, no sólo servirá de barómetro para medir la presión atmosférica en la zona, sino también para ponerle la última cereza al pastel comunicacional: concluir el errático relato gubernamental. No cabe duda que hoy la cara del mandatario, de la ministra Matte, sus declaraciones, las actitudes de los parlamentarios o las reacciones de la población penquista, revelará mucho más que cualquier declaración pública o comunicado de prensa. ¿Qué tanto respaldo seguirá teniendo la intendenta? ¿Habrá manifestaciones a favor? ¿O en contra? ¿Cuánto fue el costo para su reputación? ¿Se justificó la asesoría comunicacional pagada por todos los chilenos?

Y es que los relatos presidenciales, ministeriales -o de cualquier autoridad- se construyen a partir de hechos y no de discursos. Todo lo que diga, declare, repita, recite o declame el Jefe de Estado, le entrará a la opinión pública por un oído y le saldrá por el otro. Mientras tanto, ésta observará todo que el mandatario HACE y sus acciones precisamente consolidarán ese relato. Porque éste no se construye a través de los discursos de las autoridades, sino a través de la re-significación que hacen las audiencias. Por lo tanto, será interesante evaluar qué sucede con las partes involucradas en el futuro. ¿Serán capaces de hacer olvidar este episodio en sólo tres años, aún con todos los recursos fiscales? ¿Al país entero?, ¿A los electores regionales? ¿A los demás partidos de la coalición? Desde ya, este impasse afectará el ya debilitado atributo de credibilidad del Presidente. Avalar a un subalterno en una flagrante mentira, vista por la gran mayoría de los chilenos a través de los medios, refuerza la desconfianza que siente la ciudadanía hacia la figura presidencial. No cabe duda que este atributo no es valioso para el Presidente Piñera, al no ser posible su reelección. Por lo mismo, ¿prefiere legar este problema a la Alianza?

Siempre en política ha primado “el tanto tienes, tanto vales”. Sin embargo, nunca había sido asumido tan explícitamente por la UDI como ahora. “¿Qué diría Jaime?” es la pregunta que muchos gremialistas comentan en voz baja, al ver los discutibles espectáculos de una intendenta mintiendo a sus eventuales electores y de sus directivos defendiéndola. En todo caso, en una época en que el votante elige al mal menor, es una apuesta arriesgada de la UDI en la región. Mucho se ha discutido acerca de la última elección presidencial: ¿la ganó Sebastián Piñera o la perdió la Concertación? En este caso, para romper el doblaje, ¿el votante RN votará incondicionalmente por la ex alcaldesa?, ¿el elector independiente -la gran mayoría- sufragará a favor de la falaz intendenta? Obviamente aún le queda mucho trabajo al senador Alejandro Navarro, pero está bien encaminado.

Un escándalo es ninguno, podría pensarse. Pero ya son demasiados los casos que demuestran que la UDI se mueve al filo de la ética, al borde de lo permitido, al límite de la irregularidad: el ex alcalde Gonzalo Conejo, el alcalde Mario Olavarría y la alcaldesa Carolina Plaza, la diputada Claudia Nogueira, el ex diputado Julio Dittborn y ahora la intendenta del Bío Bío. Sin sanciones del partido, ya no son casos aislados sino que hacen recordar la controvertida ideología de la corrupción, atribuida entonces a los partidos de la Concertación.

Por su parte, Renovación Nacional, socio estratégico en la Alianza, tampoco olvidará fácilmente este episodio: la diferencia de criterio aplicado con Ximena Ossandón, ex vicepresidenta ejecutiva de Junji, con su ahora casi tierno e ingenuo “reguleque”. ¿Qué es más grave: la culpa o el dolo? ¿O dependerá del peso político de los involucrados y no de sus acciones?

Y es por eso que la ratificación de la intendenta consagra el principio de impunidad política, tan duramente criticado en tiempos de la Concertación. Esta falta de castigo permanente de la elite dirigente es lo que irrita a la ciudadanía. Estas infantiles explicaciones que tratan de desviar la atención sólo logran encolerizar a la opinión pública. ¿La nueva forma de gobernar…? ¡Lo mismo y más torpes! Perdón por mi francés: la misma merde, pero con otras moscas …

Columna publicada en La Tercera Online

Gobierno: ¿esperando el 33%?

Esta cifra, símbolo de buenas noticias después del rescate minero, podría convertirse en un muy mal presagio si habláramos de aprobación presidencial. Según la última encuesta Adimark, por primera vez el índice de desaprobación presidencial (46%) superó al de aprobación (41%). De la misma manera, los índices se traspasaron a la gestión del Gobierno, con índices de 45% versus 44%, respectivamente. La hasta ahora inédita inversión de estos guarismos -que grafica la fuerte y rápida pérdida de capital político- pareciera no preocupar a los asesores del Jefe de Estado. ¿Están esperando para reaccionar que la aprobación al mandatario alcance el piso sicológico del 33%?

Escasas han sido las reacciones en el Palacio de La Moneda respecto a estas cifras. Hasta ahora, no se han visto cambios importantes en voceros, equipos de asesores, estilos de discursos o comportamientos presidenciales. ¿Época de vacaciones? ¿Minimización de valoración de la opinión pública? ¿Desorientación de hacia dónde apuntar los dardos comunicacionales? ¿O bien esta calma deriva de la confianza depositada en las próximas reformas del Gobierno?

Este será un año clave, con anunciadas modificaciones legislativas en siete áreas: 1. Salud (eliminación descuento 7% jubilados y flexibilización post natal femenino); 2. Delincuencia (implementación Ministerio Seguridad Pública); 3. Política (aprobación voto chilenos en exterior); 4. Pobreza (promulgación ingreso ético familiar y creación Ministerio de Desarrollo Social); 5. Medioambiente (reemplazo Conama y Coremas por nuevos servicios); 6. Modernización del Estado (gestión más eficiente con menor burocracia); y 7. Educación (reforma aprobada y lista para implementación). Si todo sale según la planificación del mundo privado, el Presidente Piñera debiera lucirse.

Sin embargo, hay dos obstáculos que podrían impedir la recuperación de la popularidad presidencial: la falta de mayoría oficialista en ambas cámaras -que impide, entorpece o diluye el avance de cualquier proyecto-, y el tiempo indispensable para que la ciudadaná visualice sus efectos. La no percepción de resultados visibles podría impedir revertir la tendencia a la baja de la aprobación presidencial. Más aún, gracias a la pirotecnia comunicacional proporcionada por el mismo mandatario (piñericosas, aterrizajes o partidos), los resultados de los proyectos legislativos podrían pasar desapercibidos.

Por otra parte, a pesar de ser éste un año clave para el gobierno -sin presiones eleccionarias-, la aparición de los próximos comicios municipales ya tensiona el ambiente en la Concertación. En la Alianza, en cambio, están adelantados, ya que las fricciones son por el adelantamiento de las presidenciales: además de los cinco presidenciables en La Moneda, empiezan los roces por la fórmula de designación o elección del próximo candidato presidencial.

¿Sería terrible llegar a las municipales con un 33% de aprobación del Gobierno? Para el conglomerado oficialista, sí; para el Presidente Piñera, también. La tensión se nota en la Alianza y ya genera los primeros tiros hacia el Gobierno, prueba de un cierto nerviosismo. Una semana atrás, David Gallagher, analista del CEP, declaraba que le “gustaría ver a Piñera reseteado”. Hace unos días, Patricio Dussaillant, profesor de en Gestión de Crisis Comunicacionales de la PUC, instalaba a través de este medio el tema de un eventual reemplazo del segundo y/o tercer piso, los que “asesoran al Presidente, con más voluntarismo que conocimientos”. Ayer, el senador Novoa también señalaba en entrevista en Reportajes, que el segundo piso debía cuidar la exposición del Presidente. Aún más, pasadas las elecciones municipales aumentará la desafección de los partidos de la Coalición por el Cambio (UDI, RN, CH1 y MHC): si pierden los candidatos oficialistas, el desapego a la figura del mandatario crecerá, complicando tanto su gestión ejecutiva como legislativa; si ganan, también, ya que sólo se anticipará el síndrome del pato cojo.

Más aún, el impasse provocado por las declaraciones de la ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, que involucra también a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, necesariamente dejará heridos. Difícil será la decisión que tendrá que tomar el mandatario- oel ministro Hinzpeter en su reemplazo-: si destituye o pide la renuncia a la intendenta del Bíobío, acogiendo la aplaudida doctrina Allamand del fin de los grupos privilegiados, es evidente que provocará un alejamiento de la UDI. Al revés, si la mantiene en su cargo, validará la larga tradición de impunidad de la Concertación -que la ciudadanía rechaza con fuerza- y tensará la relación con RN, en especial después de la destitución de Ximena Ossandón en la Junji -con una declaración igual de torpe, pero con culpa y no dolo-, además del inevitable distanciamiento que generará con la ministra Matte y su entorno.

Con una mayoría adversa en el Poder Legislativo, con conflictos sin resolver en el conglomerado oficialista y con una fuerte tendencia a la baja en la evaluación ciudadana, sería de alto riesgo apostar a un sólo número la política comunicacional del gobierno: al éxito de las siete reformas anunciadas. Las modificaciones en el Segundo Piso debieran hacerse ahora, para que los titulares salgan a jugar en marzo.

Columna publicada en La Tercera Online

¿ QEPD la antigua forma de gobernar?

Existe consenso sobre la falta de resultados de los asesores presidenciales en dotar de un relato central al gobierno. Aún ahora, después de más de un año de las elecciones presidenciales, las críticas y recomendaciones de expertos, adversarios y partidarios se mantienen e incluso se intensifican.

Si se les preguntara a los chilenos cuáles fueron los hechos más significativos del gobierno del Presidente Piñera en su primer año, lo más probable es que la gran mayoría recordaría sólo el rescate minero -acontecimiento no programado, pero bien aprovechado-. ¿Alza de impuestos para la reconstrucción, gran acuerdo educacional o negociación sobre subsidio gas magallánico? ¿Serán éstos recordados por la ciudadanía como hitos importantes? Para qué hablar de ingreso ético familiar, eliminación del 7% de salud a jubilados, uniones de hecho o ampliación del post natal, que hasta ahora se ven sólo como promesas incumplidas…

Los asesores presidenciales olvidan, que al igual que nuestros hijos con nosotros sus padres, los ciudadanos evalúan de acuerdo a lo que el gobierno HACE y no a lo que DICE, siendo especialmente críticos cuándo no existe coherencia entre el decir y el actuar. Con una agenda capturada por las piñericosas y polémicas tan evitables como las elecciones ANFP o el aterrizaje forzoso en helicóptero, pareciera que el mandatario y sus asesores se esforzaran en construir un relato paralelo, dónde lo anecdótico deja en segundo plano lo importante, aportando en forma permanente una seguidilla de HECHOS menores, irrelevantes pero llamativos, capaces de desvirtuar y desinflar cualquier DISCURSO comunicacional.

La gran capacidad de gestión -unos de los mayores atributos presidenciales en las encuestas-, queda oculta bajo los estériles esfuerzos dirigidos a “anunciar los anuncios” que intentan infructuosamente reforzar el incipiente relato del gobierno, pero sólo lo debilitan en un contexto de baja credibilidad.

Por el contrario, sólo 15 días bastaron al nuevo ministro de Defensa, Andrés Allamand, para construir un sólido relato respecto a su cartera: transparentar las instituciones de la Defensa Nacional. Las renuncias del ex ministro Ravinet (quién se opuso desde el inicio al requerimiento del Consejo de Transparencia), del general Le Dantec, Jefe del Estado Mayor Conjunto, del general (R) Izurieta, subsecretario de Defensa (no aceptada) y de Cristián Pizarro, agregado cultural en España involucrado en irregularidades de la Regata Bicentenario, se convirtieron en fuertes señales para el mundo militar… y la opinión pública.

Los sumarios iniciados en Contraloría, el cuestionamiento al contrato de parientes del general (R) Ricardo Ortega, el traspaso de la administración al Ministerio de Hacienda de los recursos reservados, la disolución del Consudena (Consejo Superior de Defensa Nacional) y el envío de un nuevo proyecto sobre la Ley del Cobre, reflejan una firme intención de poner orden en el Ministerio de Defensa, el que durante casi 50 años se ha manejado con escasa transparencia. ¿Cuántas campañas políticas se habrán financiado con los fondos de la cuestionada ley cuprífera? ¿Cuántas irregularidades se habrán realizado bajo el pretexto de la seguridad del Estado?

El titular de Defensa ha limitado sus discursos en este tenso ambiente. En una ceremonia en Lolol -¿agendada con tiempo o improvisada recién?-, el ministro Allamand elogió la labor posterremoto de las FF.AA., frente al jefe de la Fach, Jorge Rojas y al comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba (éste último especialmente invitado ante señales de que no iba a asistir).

Es decir, en dos semanas el ministro Allamand construyó un certero y potente relato político de su cartera, además de enlazarlo perfectamente con el talón de Aquiles de los últimos gobiernos de la Concertación: la falta de transparencia. Fueron precisamente estas prácticas políticas las que alejaron a una gran cantidad de electores del proyecto concertacionista. La permanente sensación de impunidad de ciertos grupos de poder fue lo que motivó un cambio de dirección en la política de nuestro país. El ex senador, con una economía de anuncios y basado en hechos concretos -totalmente antagónica a la forma de comunicar del mandatario- captó la atención de la opinión pública en un tema que convoca a muchos ciudadanos: el fin a la impunidad.

Por eso, resulta doblemente interesante la irrupción del discurso del titular de Defensa:de partida, porque provoca un inmediato impacto en las comunicaciones de todos los presidenciables, obligándolos a centrarse en el HACER y no tanto en el DECIR. Pero además porque consolida un importante precedente en los estándares de nuestro ámbito nacional, al intervenir definitivamente los parámetros de impunidad política. Hoy, desterrado el constante ambiente de permisividad de décadas, si se descubrieran casos como los de CIMM, Subsecretaría del Trabajo, Chiledeportes, Conadi, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Registro Civil, becas Valech, EFE, entre tantos otros, no cabe duda que las reacciones ciudadanas serían mucho más adversas.

Por eso, esa veta comunicacional descubierta por el ministro Allamand podría servir a todos los ministros -e incluso al Jefe de Estado- para la elaboración de un nuevo y anhelado relato de gobierno, el que aún se vislumbra tímidamente: “emparejar la cancha para todos”, la promesa no cumplida de la Concertación, desarmando los grupos de poder que aún abusan de las mayorías. ¿Que en paz descanse la antigua forma de gobernar?

Columna publicada en La Tercera Online

¿La nueva forma de gobernar?

La última meta impuesta por el Presidente Piñera a todos sus ministros refleja la profunda desorientación en que se encuentra La Moneda. La imposición del mandatario para que el 80% del gabinete supere el 50% de conocimiento en las encuestas del primer trimestre del 2011, implica un fuerte llamado de atención a los ministros María Ignacia Benítez (Medio Ambiente), Ricardo Raineri (Energía), Alfredo Moreno (Relaciones Exteriores), José Antonio Galilea (Agricultura) y Catalina Parot (Bienes Nacionales).

En la última encuesta Adimark, todos estos titulares de cartera aparecen con un nivel de conocimiento público inferior al 30% -la gran mayoría con tendencia a la baja, incluso-. Para revertir esta situación, la Secretaría General de Gobierno ha anunciado que se encuentra trabajando en una serie de desafíos y ejes comunicacionales para el 2011. Ya existe consenso que la prueba de fuego será la próxima encuesta CEP.

Sin embargo, no siempre el índice de conocimiento puede asimilarse al porcentaje de aprobación. Prueba de ello es el mismo Presidente Piñera, ampliamente conocido por todos los chilenos, pero con un índice de aprobación de sólo 47% -muy cercano al piso histórico de la Alianza en las últimas elecciones-. Por otra parte, él finaliza el año con un porcentaje de desaprobación del 43%, muy superior al obtenido en la misma fecha (diciembre 2006) por la ex Presidenta Bachelet al término de sus primeros nueve meses de mandato -poco antes de que explotara la crisis provocada por el Transantiago-. Por eso, los guarismos actuales del Presidente -consecuencia del rescate minero, pero también del escándalo ANFP-, preocupan enormemente al Gobierno. Hasta ahora el equipo asesor del mandatario no ha sido capaz de intervenir los indicadores cualitativos con que la ciudadanía percibe al Jefe de Estado. Si no pueden con él, ¿serán capaces de hacerlo con sus ministros?

Mucho más realistas, algunos miembros menos conocidos del gabinete han comenzado a contratar sus propios asesores. A través de Mercado Público.cl -plataforma de licitaciones de ChileCompra-, el ministerio de Bienes Nacionales solicitó un Servicio de Asesoría Comunicacional (Ficha de licitación Nº 3553-88-LE10). Publicada justo el jueves 23 de diciembre, el plazo de cierre para las postulaciones venció este lunes 3 de enero. El corto plazo y la complejidad de la fecha podrían de inmediato levantar suspicacias. Pero la no necesidad de toma de razón de la Contraloría y la no publicidad de las ofertas técnicas una vez adjudicada la licitación, sólo confirman la legítima duda que comienza a generar la nueva forma de gobernar.

Botín de guerra durante todos los gobiernos de la Concertación, el aparato estatal fue el medio para pagar todos los discretos, sutiles e imperceptibles favores políticos. Los traslados de un cargo a otro, la puerta giratoria entre servicio público y empresa privada y la negación de la responsabilidad política, consolidaron el espeso manto de duda que la opinión pública tiene acerca de la administración estatal. Esto fue lo que motivó a muchos electores a cambiar sus votos en favor de la Coalición por el Cambio. Sería lamentable que, con el esquivo apoyo al actual gobierno, la ciudadanía empezara a constatar las mismas prácticas que rechazó tajantemente en la Concertación.

En el caso del ministerio de Bienes Nacionales, son pocos los chilenos que conocen su función. “Reconoce, administra y gestiona el patrimonio de todos los chilenos” señala su misión. Sin embargo, la cuenta pública que dará hoy la ministra Parot no necesariamente logrará darle mayor visibilidad a su cartera. Habrá que analizar también si las próximas rendiciones de cuentas de los ministros Parot (Bienes Nacionales), Charme (RREE) y Galilea (Agricultura) logran sus objetivos comunicacionales específicos.Ni la presentación de la ministra Benítez (Medio Ambiente)ni la del ministro Raineri (Energía)lograron instalar en la agenda pública la gestión realizada, siendo desplazada por otros temas como el alza del gas en Magallanes, los relaves mineros o la construcción de hidroeléctricas.

Con mayor o menor nerviosismo, más dramatizadas o bien carentes de recursos escénicos, con o sin apoyos audiovisuales, las cuentas públicas no lograron enfocar la atención ciudadana en la gestión gubernamental realizada. En consecuencia, sin darle visibilidad a la eficiencia prometida y sin lograr capturar el cariño de los chilenos, la poco certera gestión comunicacional del gobierno sin dudas puede terminar perjudicándolo.

Por otra parte, las rendiciones de cuentas de los ministros tampoco han logrado cumplir a cabalidad su objetivo. Indudablemente, constituyen un gran avance en materia de transparencia, al sumar el control ciudadano. Más aún, en un contexto en que la Cuenta Pública ante el Congreso- el día 21 de mayo de cada año- tiende a convertirse en una maratón de anuncios más que en una rendición de cuentas. Han resultado ser un buen primer intento, pero todavía les falta mucho para cumplir sus objetivos: mostrar resultados, instalar temas y modificar comportamientos.

Publicado en La Tercera Online

Anuncios y proyectos ¿Qué se teje en Palacio?

Desatada ya la guerra entre gobierno y oposición, cualquier excusa puede servir para medir fuerzas: reconstrucción del terremoto, despidos en sector público, viaje presidencial a Perú, etc. Pareciera que el Parlamento será el campo de batalla de las próximas confrontaciones, en especial respecto a la aprobación de la tan anunciada reforma educacional.

Por eso, el intempestivo anuncio, realizado el domingo 21 por el Presidente de la República en cadena nacional voluntaria, provocó numerosas críticas en el bloque opositor. De partida, generó importantes reparos en cuanto a la nueva mecánica utilizada por el Gobierno: anunciar una propuesta inconsulta en un escenario de mayoría relativa en la Cámara de Diputados y de abierta minoría en el Senado. Asimismo, la suma urgencia anunciada por el Jefe de Estado, sin siquiera haber ingresado hasta ahora el proyecto de ley al Congreso, también motivó acusaciones de show comunicacional, aludiéndose con sorna a “la nueva forma de anunciar”.

Como señal de protesta, los cuatro timoneles de los partidos de la Concertación, Ignacio Walker (DC), Carolina Tohá (PPD), Osvaldo Andrade (PS) y José Antonio Gómez (PPD), se abstuvieron de asistir a la ceremonia de lanzamiento de la reforma educacional. El ministro de Educación, Joaquín Lavín, concurrirá hasta la sede del PPD a reunirse con ellos para discutir los principales lineamientos del paquete de medidas. Cabe recordar que desde esa fecha, múltiples han sido las críticas de la oposición, del Colegio de Profesores y de organizaciones estudiantiles como calificación de revolución del proyecto, ausencia de acuerdos previos, mercantilización de la educación pública y tardanza en la presentación del proyecto de ley.

Para otros, en cambio, el anuncio refleja un importante cambio estratégico en la tramitación de iniciativas emblemáticas. Tal como señala Blanca Arthur en su artículo "La audaz jugada de la dupla Piñera-Lavín", sólo horas antes se habría tomado la decisión del anuncio presidencial de esta propuesta educacional.

Esta súbita determinación se debería, a que, a pesar de la aprobación ciudadana del mandatario, el gobierno reconoce su poca efectividad en la incorporación de temas en la agenda pública. En un año marcado por circunstancias exógenas -terremoto del 27 de febrero, rescate minero en San José, elecciones ANFP, litigio con Perú ante La Haya-, necesitaba instalar un tema reformador y emblemático que pudiera identificar al Gobierno, tal como lo fue la reforma previsional en el mandato de la ex Presidenta Bachelet.

También hubo provocaciones del bloque opositor, en el sentido de que la administración Piñera relajaría su ritmo después de su exitosa actuación en el rescate minero. Francisco Javier Díaz, ex encargado de contenidos de Michelle Bachelet, en su columna “Pepe o Papurri, el dilema de Piñera”, publicada dos días antes del anuncio presidencial, expuso certeramente la disyuntiva del Presidente Piñera: “La pregunta es si Piñera optará por el camino fácil de la popularidad inmediata o por la pedregosa vía de los cambios profundos, por impopulares que éstos sean”. Esto coincide con la inmediata respuesta de la reforma en Educación y la divulgación de próximos cambios en Salud y Modernización del Estado.

Por otra parte, con el endurecimiento de las relaciones entre oposición y gobierno, Cristián Larroulet, ministro secretario general de la Presidencia, prefirió derechamente cambiar el escenario de negociación, trasladando el debate al Parlamento, sin esperar un acuerdo previo con las fuerzas opositoras. De esta manera, el costo de un eventual rechazo se traspasa ante la opinión pública a los parlamentarios que voten en contra de la iniciativa, abriéndose el flanco de perpetuación de la inequidad, una de las principales deudas pendientes de los gobiernos de la Concertación. De hecho, ésta sorprendió a su vez al Gobierno anunciando hoy la presentación de una propuesta alternativa para Educación.

Pero también este anuncio refleja una nueva forma de comunicación estratégica. De alguna manera, y provocado quizás por la confusión general que reina en todos los partidos políticos, se opta por empoderar a la opinión pública, pidiéndole una mayor participación en mediar y/o juzgar estos conflictos. Sin embargo, surgen de inmediato las siguientes preguntas: ¿Qué tanto se podrá separar la gestión de la comunicación? ¿Una ahora eficaz capacidad comunicacional podrá suplir la falta de un desempeño medible? El mismo mandatario cambió los ejes del discurso gubernamental, instalando el paradigma de la eficiencia. Hoy los estándares de la administración gubernamental ya se encuentran cambiados, con una opinión pública más educada y exigente y una oposición que no perdonará ninguna oportunidad de atacar al gobierno.

Si bien es cierto que ninguna gestión puede brillar sin una buena comunicación, una excelente comunicación no puede ocultar indefinidamente una falta de gestión, como ocurrió en el pasado. La credibilidad demora años en construirse y segundos en perderse, tal como lo comprendió el equipo comunicacional de la ex Presidenta Bachelet, después de la bullada inauguración del Hospital de Curepto.

Por eso, todos los chilenos hacemos fuerza para que la reforma educacional no naufrague por estériles luchas políticas. En eso, Mario Waissbluth, Coordinador Nacional de Educación 2020 es claro en su mensaje y ¡lo dice mucho mejor! Esta vez las (ir)responsababilidades no quedarán sin respuesta ciudadana.

Columna publicada en La Tercera Online

Por un lobby más expedito y efectivo...

Entre todas las modificaciones al proyecto de financiamiento de la reconstrucción, el debate se ha centrado sobre la eliminación de la depreciación acelerada, diluyendo la visibilidad de las otras modificaciones a las medidas anunciadas. Importantes cambios se produjeron entre lo comunicado por el Presidente Piñera y el proyecto presentado al Congreso. ¿Qué pasó en sólo dos semanas? No cabe ninguna duda que el lobby de las empresas interesadas fue expedito y efectivo.

Durante los gobiernos de la Concertación, el lobby se realizó principalmente en el Congreso. Las empresas lobbystas se contactaban directamente con los parlamentarios, planteando sus puntos de vista para promover, defender o representar intereses de carácter individual, sectorial o institucional. Ahora, con el Presidente Piñera y su gabinete en La Moneda, ya no es necesario trasladarse a la Región de Valparaíso para exponer las argumentaciones. La nueva puerta giratoria entre el mundo privado y el sector público, sumada a la falta de legislación sobre la materia, ampara aún más la nebulosa existente en el tráfico de influencias.

De acuerdo a lo anunciado por el propio mandatario el 16 de abril en la caleta Lo Rojas (Coronel), se establecería un aumento permanente al impuesto al tabaco de un 7%. Sin embargo, tan sólo 15 días después, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informa que el proyecto enviado al Congreso propone un incremento del tributo en un 1,90% (de 60,4% a 62,3%), más un impuesto específico fijo de $50 por 20 cigarrillos, sin importar su valor. La modificación se justificaría con el fin de evitar la preferencia de los consumidores a productos de menor calidad. En el mismo sentido, el monto máximo anunciado para la exención de los depósitos convenidos de UF 600 anuales. Sorpresivamente, se modificó el tope de la franquicia establecido en el proyecto presentado al Congreso, ampliándose a UF 900 anuales, además de UF 600 anuales por APV.

Por eso, las presiones de la UDI para la venta del diario La Nación se confunden en esta danza de influencias. A la ciudadanía no le queda claro si el requerimiento de la tienda política es una fundada pretensión o una consecuencia del lobby de otras empresas periodísticas. Y mientras la actividad del lobby siga sin regulación, a la opinión pública le será difícil reconocer intenciones, manteniendo su legítima desconfianza hacia cualquier iniciativa.

Durante los gobiernos de la Concertación, la negativa de los parlamentarios a legislar sobre la regulación del lobby fue permanente. Cinco proyectos de ley fueron ingresados a la Cámara de Diputados, sin que ninguno se haya convertido en ley: el primero de ellos,que postulaba impedir y sancionar el acceso privilegiado de grupos de presión o lobby a la autoridad, fue presentado en el 2003 por moción de los diputados Cubillos, Moreira, Leay, Longueira, Salaberry, Recondo, Varela, Álvarez, Bertolino y Pablo Galilea (boletín 3337-07); el segundo, el mismo año, sobre regulación del lobby enviado por el ex Presidente Lagos (boletín 3407-07); el tercero, ingresado el 2004 por moción de los diputados Cubillos, Forni y Monckeberg Díaz en el contexto de modernización del Estado(boletín 3498-7); el cuarto, un proyecto de reforma constitucional para impedir la realización de lobby a favor de gobiernos extranjeros, presentado por los diputados Lorenzini, Soto, Tarud y Patricio Walker (boletín 4621-07); y el último proyecto de regulación del lobby, ingresado por la ex Presidenta Bachelet en noviembre de 2008 (boletín 6189-06), oscilando siempre entre la simple y la suma urgencia otorgadas por el Ejecutivo.

A pesar de las reiteradas agendas de modernización del Estado -la primera acordada por el ex Presidente Lagos y el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira y la segunda presentada por el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma- o del consenso existente respecto a la necesidad del empadronamiento de lobbystas y de un registro público de audiencias de las altas autoridades, después de siete años la actividad del lobby aún no se encuentra regulada. Por eso, las simples declaraciones no bastan para desvirtuar la idea de un gobierno de los empresarios.La ciudadanía requiere de acciones concretas de transparencia, en especial las largamente postergadas en los últimos gobiernos.

Columna publicada en latercera.com:
http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/por_un_lobby_mas_expedito

La restauración de la credibilidad presidencial

Damnificada resultó la credibilidad presidencial después del episodio de la venta de acciones de Lan. La promesa de venderlas antes de asumir la Presidencia de la República definitivamente no se cumplió. La tardía venta demostró la voluntad de respetar lo ofrecido, pero dañando de alguna manera la imagen del mandatario. Si bien se hizo lo prometido, el retardo en esta enajenación sólo empañó el cumplimiento, abriendo un flanco político que se hubiera podido evitar.

Los conflictos de intereses parecieran ser el probable talón de Aquiles que tendrá este gobierno. El Presidente, sus ministros y gran parte del Poder Ejecutivo se verán enfrentados a complejas situaciones. Por ejemplo, tanto la subsecretaria de Transportes, Loreto Silva, como el Coordinador de Concesiones del mismo Ministerio, Mauricio Gatica, ya se encuentran inhabilitados en decisiones de su ramo sobre iniciativas privadas. Pero quién no se inhabilitó fue el director de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle en la polémica por el reparto de excedentes del Canal del Fútbol, la que todavía no se sabe cómo será resuelta.

Cabe recordar que este período presidencial partió en forma especial. El terremoto y posterior tsunami cambiaron de un golpe los objetivos iniciales, haciendo surgir nuevas prioridades y retardando el proceso de instalación. La cuantificación de los daños -por un total de US$ 30 mil millones- inicialmente fue desestimada por un estudio publicado por IM Trust, que calculaba un máximo de US$ 8 mil millones. Sólo recién el exhaustivo detalle que entregó el ministro Felipe Larraín al Senado y a la Cámara de Diputados explicó los parámetros utilizados para calcular el monto total de las pérdidas, informando de los daños a la ciudadanía y permitiendo aclararle los cálculos. A su vez, los diputados también pidieron al Gobierno información clara sobre los daños del terremoto, solicitando claridad y transparencia en la estimación de los montos de los daños y en la selección de las fórmulas para financiar el plan de reconstrucción.

En el mismo sentido, la tardanza en el nombramiento de ciertos cargos del Poder Ejecutivo tampoco contribuye a ratificar la inicial imagen de excelencia en la gestión con que partió el nuevo gobierno. En cambio, la rápida capacidad de reacción gubernamental logró superar la descoordinación producida entre La Moneda, el Congreso y la Corte Suprema respecto al proyecto del bono marzo, permitiendo su pago y cumpliendo así una de las promesas de campaña.

Por otra parte, la polémica surgida con motivo de los dineros de la Comisión Bicentenario sólo ha confundido a la opinión pública. Llevada personalmente por los involucrados, tanto Julio Dittborn, su actual Secretario Ejecutivo, como Javier Luis Egaña, ex Secretario Ejecutivo del anterior gobierno, han defendido sus posiciones sin llegar a un resultado concreto. Una acusación, su defensa y una réplica, además de reclamos en otros campos, demuestran fehacientemente que el traspaso del mando no fue tan impecable como se quiso. A estas alturas, la citación a la Cámara de Diputados de los personeros que dirigían dicho organismo se hace necesaria para aclarar este episodio, dejando de lado las bravatas en que ha caído cada conglomerado.

A pesar de que seis de cada diez chilenos creen que a este gobierno le irá bien, el capital político del Presidente Piñera no se puede dilapidar. Terminado el caso de Lan en medio de críticas por la tardanza y por el no pago de impuestos, permanecen abiertos otros flancos. Por de pronto, los casos de Chilevisión y Colo Colo podrían agrandar el daño a la credibilidad del mandatario. Ante conflictos tan previsibles, se hace necesario cuidar su capital reputacional correspondiente a una institución republicana de tan alta significación.

A pesar de que la ciudadanía entiende las dificultades iniciales causadas por los sismos en la instalación del nuevo gobierno, el país quiere a volver a la normalidad. La opinión pública percibe también la polarización política que se ha producido y que no habrá tregua entre Gobierno y oposición. Ambos conglomerados están cumpliendo sus roles, pero se han olvidado en gran medida de las promesas de colaboración post terremoto, entrabando la reconstrucción nacional por privilegiar sus intereses particulares.

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/restaurando_la_credibilidad_presidencial

La profesionalización de la derecha

Hasta ahora, los únicos cupos oficiales posibles para la derecha se centraban en el Congreso. Desde hace 20 años, todos los políticos de oposición, independiente de sus preferencias y competencias, inevitablemente buscaron algún cargo de elección popular en el Senado o en la Cámara de Diputados que consolidara su trayectoria política. Era un paso obligatorio en la Alianza. La gran mayoría de ellos lo hizo a través de los partidos, aceptando y asumiendo las mecánicas internas en las designaciones de candidatos para cada cupo. Es así que a fines del año pasado surgió toda una polémica respecto a un eventual límite de reelección parlamentaria ante la permanencia de varios senadores y diputados que cumplen la misma función desde el restablecimiento de la democracia, en 1990.

Sin tomar en cuenta las preferencias, habilidades o motivaciones de cada postulante, la labor legislativa se convirtió en unas de las pocas plataformas que permitía y aseguraba la visibilidad necesaria para hacer una carrera política. De ahí que inmediatamente después del triunfo del Presidente electo Sebastián Piñera, varios miembros del Poder Legislativo manifestaron su disponibilidad para dejar el Congreso y asumir un eventual cargo en algún ministerio. Es probable que estos puestos tengan mayor figuración, concreción y significación ante la opinión pública que una representación parlamentaria, muchas veces con resultados individuales difusos y poco identificables. Sin embargo, el nuevo gobierno optó por dejar este criticado mecanismo -que autoriza nuestra normativa- sólo para casos excepcionales.

Ahora, con la próxima asunción de Sebastián Piñera, los recientes nombramientos de ministros y subsecretarios de su gabinete confirman la creación de espacios políticos adicionales, los que permiten la aparición de nuevas figuras y apaciguan de alguna manera el clamor general de la ciudadanía respecto a la necesidad de renovación política. No solamente se produce el esperado recambio generacional, sino que también modificará la forma de hacer las cosas, con estilos, contenidos y caras nuevas, corroborando la culminación de un ciclo político y el comienzo de uno nuevo.

Más aún, estos nuevos personeros -que cuentan con una formación técnica de excelencia y que no necesariamente provienen de militancias políticas- permiten visualizar una administración centrada en resolver los problemas del chileno común y corriente. Probablemente el debate público se intensifique con la aparición de temas vanguardistas ignorados por la clase política tradicional. Además, la inmensa mayoría de ciudadanos independientes puede sentirse representada por el gran número de ministros y subsecretarios no militantes de partidos políticos, que confirman que la pertenencia a alguno de ellos ya no es obligatoria para desarrollar una carrera en el servicio público.

Esta nueva dinámica provocará grandes e inevitables transformaciones en las cúpulas de nuestro país. De partida, un sistema que hace presumir que se harán efectivas las responsabilidades políticas de acuerdo a evaluaciones de desempeños individuales, impedirá que los partidos políticos se desgasten intentando disimular o atenuar los fracasos de los miembros del Poder Ejecutivo. Por otra parte, la implementación de la inscripción automática y el voto voluntario -con el consiguiente cambio del padrón electoral- , la aparición de nuevos canales de empoderamiento político y la revalorización de la formación académica y de la experiencia técnica en el servicio público, obligarán a los dos grandes conglomerados a redefinirse.

Tanto la Coalición por el Cambio como la Concertación han experimentado profundos cambios en estos últimos tres meses. La dictación de una nueva Ley de Partidos Políticos sería de una gran ayuda para democratizar todas las colectividades políticas, acercarlas a la ciudadanía y hacerlas recuperar su perdido prestigio. Podría ser una oportunidad única para reencantar a las nuevas generaciones e integrar personas preparadas profesional y éticamente a los partidos, consolidando y legitimando el rol de éstos en la vida pública.

En el conglomerado hasta ahora oficialista, la derrota en la elección presidencial de alguna manera debilitó a las actuales directivas, desencadenando un profundo proceso de reflexión y de redefinición de su identidad. Por su parte, de ahora en adelante - y frente a futuros escenarios de alternancia política- los políticos que integran la Coalición por el Cambio deberán profesionalizarse, escogiendo cuidadosamente sus especializaciones políticas y diferenciando claramente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los conocimientos, habilidades y actitudes para uno ya no necesariamente serán las mismas que para el otro y el ciudadano chileno comenzará a exigir resultados en los dos ámbitos.

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Pugna de poderes desatada por nombramiento de Tohá

Los nombramientos de Carolina Tohá y Felipe Harboe han despertado polémicas en el poder legislativo y en los partidos políticos. Cuestionamientos de su legalidad y de los procedimientos usados han tensionado el ambiente político. ¿Celo legislativo u oportunismo político?

Controvertida fue la designación de Carolina Tohá como nueva secretaria general de Gobierno. Este lunes, Juan Carlos Latorre, presidente de la DC, fue el primero en plantear sus reparos al procedimiento utilizado en este nombramiento. Reclamó por la falta de consulta a las colectividades de la Concertación. Asimismo, el presidente del PRI, Jaime Mulet, anunció ayer el comienzo de la recolección de firmas parlamentarias para pedir al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre la legalidad de esta designación. La Alianza, en cambio, prefiere mantener su ofensiva sólo en el ámbito político, desestimando el uso de acciones legales. “Aquí, la ironía es que quienes criticaron a los senadores designados, ahora respaldan a los diputados designados” recalcó Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Encina, destacó la incomodidad que produjo entre parlamentarios el nombramiento de Tohá. “No es el mejor mecanismo buscar ministros en la Cámara de Diputados o en el Congreso”, señaló. El temor que desata esta designación es que comience una emigración de parlamentarios desde el Congreso hacia el gobierno. Cabe recordar que en diciembre pasado, los senadores Eduardo Frei (DC) y Alberto Espina (RN) presentaron sendas propuestas de reforma constitucional, que permitía a los parlamentarios ser ministros de Estado. Postulaban además que el reemplazante fuera nombrado por su partido político y que el nuevo ministro pudiera retomar su cargo parlamentario una vez terminada su labor en el Gobierno. El proyecto -que también contó con el apoyo de Piñera- produjo una gran discusión, y finalmente no prosperó.

Ahora, la polémica se ha situado en tres frentes: 1)legalidad del nombramiento de una parlamentaria como Ministro de Estado, 2) procedimiento empleado sin consulta a los partidos políticos y 3) sistema de reemplazo de los parlamentarios que cesan en sus cargos.

Respecto a la primera controversia, el nombramiento de Tohá vulnera uno de los principios establecidos en la Constitución: la separación de los poderes del Estado. El nombramiento de miembros de la Cámara de Diputados como Ministros de Estado debilita el rol fiscalizador de dicha institución. Será el Tribunal Constitucional, aparentemente a petición del presidente del PRI, quién deberá pronunciarse sobre su legalidad.

Es el tercer anuncio de acusación constitucional que hace el PRI en el último año. El primero fue contra Soledad Barría por los casos de SIDA no notificados, acusación que no se concretó por su renuncia al cargo. En enero de este año, el PRI anunció evaluar una acusación constitucional al Ministro de Transportes, René Cortázar, “por no cumplir con lo prometido en el 2007”, postergada para marzo, sin novedades hasta el momento. Ahora esta nueva acusación constitucional en contra de la Ministra Tohá invita a mirar con atención los siguientes pasos del partido político.

En relación al segundo punto, a pesar de que todos reconocen la atribución exclusiva de la Mandataria para reestructurar su gabinete, los líderes de la Concertación se sintieron excluidos de una decisión que modifica las reglas del juego político. El cambio de gabinete –y sobre todo el nombramiento inconsulto de la primera diputada como Ministra de Estado – produjo sorpresa, en especial a los dirigentes de los partidos involucrados, enterados por la prensa. Fiel al estilo presidencial de evitar consultas a las tiendas políticas, el octavo cambio de gabinete fue inesperado para las cúpulas partidistas.

En cuanto a la legitimidad del sistema de reemplazo de parlamentarios que dejan sus cargos, el nombramiento de Felipe Harboe como diputado también generó controversia. La carta magna establece en su artículo 57 un plazo mínimo de un año para participar en una elección popular, contado desde el cese de la función gubernamental. En este caso, al ser designado por la directiva PPD y no por votación ciudadana, se discute la aplicabilidad de esta norma, tema que tendría que ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

Indiscutiblemente estas dos designaciones han causado ruido en el ambiente político. Surge la duda si éste se debe a un celo legislativo o bien al aprovechamiento de la apertura de un flanco político. Sólo el tiempo permitirá saber si todas las intenciones declaradas se concretan en acciones reales o quedan sólo en el discurso de sus autores.

Andrés Jirón Santandreu

Gerente General

Gestcom

Artículo publicado en sitio web www.gestcom.cl