Bachelet: la mujer del César

No cabe duda que la Presidenta Bachelet quiere demostrar a toda costa independencia de los partidos políticos que apoyaron su candidatura. Es sabido que éstos son mal evaluados por la ciudadanía. Estamos ante “una ciudadanía que exige mayor transparencia, mayor estándar alto, sobre todo a nosotros como gobierno que hemos llegado”, tal como declaró Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior, al momento de anunciar la remoción de cuatro gobernadores. La cercanía del Gobierno a los partidos políticos puede cobrarle altos costos, ya que una sociedad empoderada y mucho más exigente ha hecho cambiar las mecánicas del mundo político. 

La mandataria ya conoce de problemas con las tiendas políticas de su coalición (durante su primer mandato se masificaron los descolgados de la Concertación). Hoy más que nunca quiere mantener su independencia para gobernar. Atrás quedaron las imposiciones a las que tuvo que acceder en los inicios de su primer gobierno respecto al nombramiento de ministros, ya que hoy cuenta con un  insuperable respaldo de la ciudadanía. 

Hasta el momento, su luna de miel no ha sólo ha sido con la opinión pública, sino también con los conglomerados. Con la Nueva Mayoría, mientras no termine completamente el período de nombramientos, los partidos todavía deberán acatar sus decisiones. “El que se mueve, no sale en la foto”, advirtió clara y enfáticamente la mandataria. Y mientras se sigan enviando al Congreso proyectos de ley tan emblemáticos como el voto en el exterior, el bono Marzo o el AVP, resultan inviables los intentos de negociar por el voto parlamentario. Las escasas declaraciones de independencia de los díscolos de alma sólo vendrán no antes de dos meses. El empoderamiento legislativo comenzará recién terminado el proceso de instalación. Por otra parte, la Alianza, mucho más pendiente de los próximos pasos del ex Presidente Piñera que de oponerse al Gobierno, ya conoce el alto costo que tiene el criticar a la Presidenta Bachelet.

La designación que hizo la mandataria de los ministros fue una certera combinación de hombres y mujeres, nuevos nombres y rostros políticos consolidados, de Santiago y de regiones, militantes e independientes. Mantuvo un  equilibrio respecto a la representación de los partidos políticos de la Nueva Mayoría, pero desplazó a las dirigencias tradicionales de los partidos. Sin embargo, al incluir a su círculo de confianza en el gabinete –privilegiando a quienes han construido relaciones personales con ella-, no fue fácil completar los cupos de subsecretarios, gobernadores e intendentes. Delegó los nombramientos de los subsecretarios en el ministro Peñailillo, y ante las críticas a éste -especialmente del fuego amigo- después de varias renuncias, comisionó al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el nombramiento de intendentes y gobernadores, las que también fueron reprochadas después de otras varias renuncias. 

 

Las primerascríticas ya se han producido, especialmente las provenientes del fuego amigo. El diputado (PS) Fidel Espinoza comenzó el ataque, destacando la “actitud dictatorial” del subsecretario del Interior. El senador (ind) Alejandro Guillier también aprovechó de recordar al Gobierno la necesidad de escuchar a los representantes electos y a los partidos políticos. El senador (PPD) Felipe Harboe calificó de “un triste espectáculo” la renuncia de los gobernadores. A su vez, el presidente socialista Osvaldo Andrade –más benévolo-, señaló que “hay que compartir responsabilidades” respecto a los nombramientos. Al parecer, el único que no habría asumido  en público las responsabilidades del Gobierno fue su vocero, Álvaro Elizalde, quién declaró: “No nos hacemos ninguna crítica”. 

Pero no sólo los nombramientos y las 10 posteriores renuncias han sido fuente de tensión entre Gobierno y partidos políticos. Los jefes parlamentarios exigieron al ministro del Interior participar en la primera reunión con la Presidenta y el comité político, rechazando una reunión con la ministra Secretaria General de Gobierno, Ximena Rincón. Al mismo tiempo, la reanudación de los aportes mensuales en dinero solicitados a las autoridades por las tiendas de la Nueva Mayoría tampoco ayuda a consolidar la noción de independencia entre Gobierno y partidos políticos. 

Precisamente, la designación de las nuevas autoridades se ha convertido en un punto sensible para la opinión pública. Hoy más que nunca son cuestionados las preferencias injustificadas, parentescos y compadrazgos, cuoteos arbitrarios e invención de plataformas políticas. Es por eso que el Gobierno, consistente con su esfuerzo de desmarcarse en esta materia de los partidos políticos, se encuentra preparando un instructivopresidencial para los cargos de la Alta Dirección Pública o para las remuneraciones de los asesores. Con esto no solamente legitimará los nombramientos ante la cada vez más exigente ciudadanía, sino también ordenará las presiones de los partidos al compartir los costos de cada postulación. 

Según la última encuesta Adirmark (febrero 2014), la Alianza tendría un exiguo 22% de aprobación versus un 64% de desaprobación, la Concertación un 25% a favor en contra de 56%, y la recién creada Nueva Mayoría lidera con un tercio de aprobación en contrapartida al 46% de rechazo. En el último informe de Chile Transparente (junio 2013), aparece que sólo el 9% de los chilenos confía en los partidos políticos, posicionándolos como la institución peor evaluada del país. Es por esto que la mandataria, al igual que la mujer del César, no sólo deberá esmerarse en ser independiente de los partidos políticos, sino también en demostrarlo. 

Columna publicada en La Tercera online

CEP: El gran fracaso del gobierno

La última encuesta CEP constituyó un duro golpe para el Gobierno. Sin duda se trata del peor fracaso político en los últimos 100 años, con excepción del gobierno de Salvador Allende. Porque no cabe duda que el Ejecutivo hizo un gran esfuerzo para mejorar su aprobación en este último semestre. Pero al terminar el año, los demoledores resultados borran en la percepción de la opinión pública cualquier mejora experimentada en otras encuestas anteriores: no sólo constituye la más baja aprobación desde el retorno a la democracia, sino que evidencia un retroceso en todos los atributos presidenciales e incluso aumenta (al 60%) la desaprobación a la forma en que mandatario y equipo económico manejan la economía -supuesta fortaleza de esta administración-, apodada hoy el "gobierno de los empresarios".

¿Cómo este inicial “gobierno de los mejores” no ha sido capaz de captar la simpatía de la ciudadanía chilena? ¿En qué ha fallado sistemáticamente para no poder lograr algo de benevolencia de parte de la opinión pública? ¿De qué han servido sus obras concretas: eliminación del 7% de salud para los adultos mayores, promulgación del nuevo postnatal, creación de 545.080 mil nuevos puestos de trabajo, fin de listas de espera Auge en hospitales, aprobación ley de inscripción automática y voto voluntario o implementación del Sernac Financiero? ¿A cuánto hubieran llegado los índices de desaprobación sin estas medidas? ¿O definitivamente no provocaron ningún efecto? En este último caso, ¿por falta de relevancia o por mala comunicación?

Como consecuencia de la pérdida de capital reputacional del gobierno, hoy ya nadie -o sólo algunos pocos fanáticos- lo elogia o defiende. Pocos creen en sus discursos y todo anuncio sólo genera escepticismo o abierta incredulidad. Siempre irrumpe el concepto de “la letra chica”, brillantemente instalado y rentabilizado por la oposición. Hasta ahora, la mayor falencia de este gobierno ha sido la incapacidad para lograr el compromiso de las audiencias. Respecto a un eventual apoyo o una tibia defensa de la opinión pública, además de mal visto, es objeto de bullying comunicacional de inmediato, y conlleva altos costos y pocos beneficios para el valiente y arriesgado defensor. ¿Qué pasó con ese 52% que aprobaba al Presidente Piñera en marzo de 2010? ¿Cómo en sólo dos años un equipo gubernamental logra transformarlo en un 62% de desaprobación?

Es que falta mística. Sin duda que se echa de menos ese William Wallace, ese Corazón Valiente que alentaba a sus huestes a luchar por una causa común. Porque a pesar de sus asesores comunicacionales, este gobierno ha sido incapaz de crear un relato que logre enlazar la buena voluntad de todos los chilenos o que despierte algo de fe en esta administración. Quienes sí capitalizan estos proyectos son sus ministros, quienes en forma individual aumentan sus respaldos, sin traspasar nada al Presidente Piñera o gobierno. Tal como lo demostró el sobreexpuesto ministro Longueira, quién, con extraordinaria precisión instaló su relato de lucha contra el abuso y revirtió en poco tiempo sus altos índices de rechazo. Está claro que una buena comunicación jamás podrá ocultar por mucho tiempo una débil gestión -como ya quedó demostrado-; pero una buena gestión jamás podrá brillar sin una buena comunicación.

Hoy ni siquiera todos los jefes de cartera parecen estar comprometidos con la gestión gubernamental. El tiro de gracia fue la renuncia “por motivos personales” de los ministros Bulnes y Galilea. ¿Primera señal de que el barco se hunde y los ratones lo abandonan? ¿O es sólo la constatación del permanente éxodo de funcionarios públicos al sector privado y de la poca capacidad de la administración Piñera para retener talentos?

Los lapidarios resultados de esta encuesta CEP no sólo reflejan un fracaso en las estrategias gubernamentales para captar adhesión ciudadana, sino que también anuncian la anticipación del temido síndrome del pato cojo. Este alto rechazo sumado a un ambiente de fuertes divisiones en partidos políticos, de surgimiento de varios presidenciables en el ejecutivo y de una oposición dispuesta a negar la sal y el agua, permite visualizar desde ya un difícil segundo tiempo presidencial. El conflicto estudiantil, la amenaza de crisis económica mundial y las elecciones municipales -que detonarán todas las pugnas internas partidistas- aumentarán las demandas ciudadanas y dificultarán cualquier intento de revertir índices de desaprobación en un contexto de tardanza del gobierno para escuchar demandas ciudadanas.

¿O este descontento ciudadano se dirige hacia la impactante desigualdad que todavía reina en nuestro país y que el “gobierno de los empresarios” ha asumido gratuitamente? Entonces el legado de reformas de esta administración deberá ser mucho más profundo aún. Para esto se requiere valentía y habilidad para alinear interlocutores tras objetivos comunes. Ojalá no sea demasiado tarde, ya que a pesar de todos los esfuerzos gubernamentales de este último semestre, la desaprobación aumentó significativamente (desde el 53 al 62%). Conclusión: se confirma que seis de cada 10 chilenos rechazan la forma en que Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno.

Adimark: De mal en peor

Cuando se pensaba que la desaprobación a la administración Piñera ya no podría ir peor, el Gobierno se supera a sí mismo batiendo todo record imaginable. La última encuesta Adimark es lapidaria por parejo para toda la clase política, pero grafica en especial el gran problema de esta administración: la incapacidad de construir capital político.

Siempre al debe en términos de aprobación ciudadana, este Gobierno se ha superado a sí mismo. La disminución de 3 valiosos puntos de aprobación a la forma cómo el Presidente Piñera conduce su gobierno (de 30 a 27%), contrasta con el aumento del doble de la desaprobación ciudadana (de 62 a 68%). Aún más, en Santiago los índices de desaprobación alcanzaron el 71% de los encuestados.

Por otra parte, los índices de reprobación por segmentos tampoco son benévolos: ABC1, 64%; C2, 65%; C3, 67% y D/E, 71%. En los grupos etarios, los guarismos de rechazo menos: de 18 a 24 años, 82%; de 25 a 35 años, 74%; de 36 a 55 años, 66% y de 56 y más años, 63%. En consecuencia, en todas las categorías, la desaprobación alcanza en promedio a los 2/3 de la población.

¿Qué origina esta evaluación ciudadana tan drástica en un contexto con las mejores cifras económicas en años? ¿Qué diferencia esta administración de los gobiernos de Bachelet, Lagos, incluso Frei y Aylwin, con evaluaciones más benévolas?

El contexto económico no puede ser más promisorio. Una semana atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó nuestra proyección de crecimiento económico para el 2011 al 6,5%. El último Inacer reveló un aumento de la actividad económica en once regiones del país en el segundo trimestre de 2011, con expansiones superiores al 20% en Bío Bío y Aysén. La tasa de desempleo llegó sólo al 7,5% durante el trimestre móvil mayo-julio. Para 2011, incluso se pronostica un aumento de la productividad total de factores (PTF), después de seis años de disminución permanente. Mejor escenario económico, imposible.

Sin embargo, esto no logra atenuar la antipatía que los ciudadanos le tienen al actual Gobierno. ¿Cuáles serán las causas de este fracaso gubernamental? Este gobierno -que iba a tener el mejor Presidente de Chile y que proclamó que en “20 días hemos avanzado más que otros en 20 años”- definitivamente no ha logrado captar la simpatía de la ciudadanía.

Pero no es sólo un problema del Jefe de Estado, sino de todo el Gobierno. De hecho, recién asumido el Presidente Piñera (Adimark, marzo 2010) reflejaba un índice de desaprobación para él de 18%, levemente superior a la reprobación del Gobierno (17%). Sólo 15 meses después, las cifras de rechazo han aumentado, contagiando a toda la administración Piñera: 68% el mandatario y 70% el Gobierno (Adimark agosto 2011).

La política comunicacional de este gobierno ha sido desastrosa. ¿Problema de diseño o de ejecución? Casi un año y medio después, con dos voceros de gobierno y con índices récord de desaprobación, resulta evidente que el diseño de los equipos asesores en esta área no ha estado a la altura deseada. Por otra parte, el historial de autogoles ha demostrado que la ejecución tampoco ha sido pulcra, ensuciando en forma gratuita la imagen del Gobierno e imposibilitando la acumulación de capital político.

¿Será el carácter del Presidente el que lo traiciona frecuentemente? Ante una inteligencia superior al promedio, una personalidad brillante pero individualista y una peligrosa tendencia al egocentrismo, quizás sus asesores lo han obligado a comportarse de acuerdo a cánones tradicionales, haciéndolo diluir su esencia y convirtiéndolo en una mala réplica que pierde y pierde aprobación ciudadana.

¿O quizás la responsabilidad recae en el segundo piso de La Moneda? Evidentemente, María Luisa Brahm y sus asesores no han podido estar a la altura de los equipos comunicacionales de Francisco Javier Díaz, Rodrigo Peñailillo, Ernesto Ottone, Francisco Vidal, Eugenio Tironi o Enrique Correa. No cabe duda de su mejor intención y lealtad con el mandatario, pero…por sus frutos los conoceréis…Le ha salido caro a Sebastián Piñera el contar con un equipo incompetente: 68% de desaprobación ciudadana, más el derrumbe de todos sus atributos (creíble, querido, respetado y liderazgo, percibidos en forma importante por menos del 33% de los chilenos).

Por último, el mandatario tampoco ha contado con una buena gestión comunicacional por parte de sus ministros. La hoy día casi tierna e ingenua meta impuesta por el Presidente Piñera a fines del año pasado -que al primer trimestre de 2011 el 80% del gabinete superara el 50% de conocimiento- se ha convertido en sólo una buena intención que pavimenta el camino a la debacle…

Casi al año y medio de su mandato, la mitad de los ministros aún no supera el 50% de conocimiento por parte de la ciudadanía: María Ignacia Benítez (20%), Teodoro Ribera (22%), Rodrigo Álvarez (25%), Rodrigo Pérez (28%), José Antonio Galilea (28%), Alfredo Moreno (31%), Catalina Parot (33%), Hernán de Solminihac (41%), Carolina Schmidt (43%), Pedro Pablo Errázuriz (46%) y Cristián Larroulet (50%). El caso de los bajos guarismos de los recientes ministros Ribera y Alvarez contrasta con los índices de los también recientes ministros Longueira y Matthei. Más preocupante aún, los ministros Benítez, Pérez, Galilea, Parot y Larroulet son cada vez menos conocidos por la opinión pública...

¿A qué se debe esta desaprobación generalizada y este bajo conocimiento? ¿Cuáles son las causas de este rechazo ciudadano? Está claro que una buena comunicación nunca podrá ocultar una mala gestión. Tarde o temprano se hará evidente la falta de resultados, como lo comprobaron en cierta medida los ex presidentes Frei, Lagos y Bachelet. Pero por otra parte, es evidente que una buena gestión jamás podrá brillar sin una buena comunicación. Sin resolver el problema comunicacional, será imposible para el Gobierno identificar las otras causas del derrumbe de identificación ciudadana.

Columna publicada en La Tercera Online

"Asumo la responsabilidad política que me corresponde"

La reciente renuncia de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, implica un importante cambio en los estándares del servicio público. Después de años en que los chilenos nos acostumbramos a que las responsabilidades políticas no se hicieran efectivas, la dimisión de la ex ministra remeció tanto las cúpulas partidistas como la opinión pública. De motu proprio, la ahora ex titular de dicha cartera asumió su responsabilidad política, entregando un “testimonio de integridad, de humildad y de corrección”.

De partida, porque ni siquiera esperó el informe de Contraloría sobre el acuerdo de pago por $ 17 mil millones. Tampoco se escudó en la tipificación de fraude al fisco como delito de resultado (artículo 239 del Código Penal), que exige un perjuicio para consumar la defraudación. No quiso destacar que Kodama tendría que demandar el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, dándole tiempo para anular la transacción. Y definitivamente renunció al certero análisis que hizo Tomás Mosciatti en CNN Chile, sosteniendo que la Concertación debía tener mucho cuidado, ya que una eventual acusación constitucional le podría salir el tiro por la culata.

Ante la frustrada superioridad moral que el gobierno intentó sostener hasta el caso Jacqueline Van Rysselberghe, se desató una vorágine de acusaciones mutuas sobre hechos cometidos en los gobiernos de Pinochet, de la Concertación y de Piñera, muchos de ellos todavía impunes, buscando empatar irregularidades de un bando con las del otro, convirtiéndolo todo en una operación de suma cero.

¿Quién sería capaz de ponerle fin a esta espiral? ¡Magdalena Matte!. La misma que cometió el grave error -¿asesorada por su abogado de confianza, Álvaro Baeza?-de firmar el Decreto Exento (detalles caso Minvu-Kodama, por Fernando Paulsen). La misma que, al percatarse de la gravedad del asunto, puso a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes del caso. La misma, que según declaraciones de su ex asesora legislativa, Carolina Arrau, sabía lo que firmaba cuando autorizó el pago a Kodama. La misma, que al ver el potencial flanco que abría al gobierno, optó por dar un paso al lado, a pesar del total apoyo que le entregaba su conglomerado. La misma, que una vez renunciada, ofreció su ayuda para continuar la investigación en los tribunales ordinarios, en la Contraloría y en la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Con todo esto, al asumir su responsabilidad política, puso en forma definitiva una lápida a la teoría del empate, poniendo fin a años de impunidad. Por esto, se requiere transparentar este caso, responsabilizando a quieres corresponda.

De alguna manera, la renuncia de la ex ministra Matte significó una intervención en los paradigmas de nuestra cultura política, elevando sus estándares. Hace un mes, el discurso de la nueva forma de gobernar quedó desvirtuado con la inicial ratificación presidencial de la entonces intendenta del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, con un alto y evitable costo político para el gobierno. La larga enumeración de irregularidades ocurridas en los gobiernos de la Concertación -intentando justificar la decisión presidencial- sólo sirvió para confirmarle a la ciudadanía la mantención de los mismos vicios políticos.

Por consiguiente, será necesario que se cumpla a cabalidad la declaración del Presidente Piñera: “investigar los hechos hasta las últimas consecuencias”, y que sea la justicia ordinaria quién declare la ilegitimidad del mencionado avenimiento, deje sin efecto el pago de los 17 mil millones a Kodama y castigue a los responsables de la operación. Ésta sería la mejor manera para demostrar el término de la tradicional impunidad en la administración pública. Por otra parte, también constituiría un hito comunicacional -que supliendo la tan mentada falta de relato de esta administración- consolidaría en forma definitiva la confirmación de una nueva forma de gobernar.

Las reacciones de apoyo fueron inmediatas y transversales. El propio ex Presidente Lagos declaraba que la ex ministra Matte “ha dado una lección”. El senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, destacaba su dignidad y sobriedad republicana. Incluso el senador Alejandro Navarro, que interpuso la denuncia en la Contraloría, señalaba:“ella siempre ha actuado de buena fe, ha cometido un error pero que siempre ha manifestado su voluntad a asumir su responsabilidad política”. Hasta las deudoras de Andha Chile -tan agresivas con la ex Presidenta Bachelet-se fueron a despedir al Minvu.

De que ocurren irregularidades, en todos los gobiernos ocurren. La diferencia está en cómo las autoridades reaccionan. Durante años, decenas de casos se acumularon sin que se hicieran efectivas las responsabilidades políticas: Chiledeportes, EFE, MOP-GATE, SII, Cerro Navia, CIMM, Comuna Segura, Gendarmería, Mineduc, Programas de empleo del Ministerio del Trabajo, MOP, PGE, Publicam, Registro Civil, SEC, Consejo de las Américas, Becas Valech, Conadi, Consejo de la Cultura, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Sename, Sercotec o la Universidad de Chile, entre muchos otros. Es más, en muchas oportunidades ni siquiera se asumieron las responsabilidades penales o administrativas.

Con el 69% de conocimiento y el 55% de aprobación en la última encuesta Adimark respecto a la saliente ministra, sería interesante que los próximos estudios de opinión la siguieran contemplando. Porque las circunstancias no dejan de recordarme a otra ex ministra, que también presentó su renuncia pero que no fue aceptada por el ex presidente Lagos. En este trance tan amargo, ¿nace una nueva Bachelet?

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¿ QEPD la antigua forma de gobernar?

Existe consenso sobre la falta de resultados de los asesores presidenciales en dotar de un relato central al gobierno. Aún ahora, después de más de un año de las elecciones presidenciales, las críticas y recomendaciones de expertos, adversarios y partidarios se mantienen e incluso se intensifican.

Si se les preguntara a los chilenos cuáles fueron los hechos más significativos del gobierno del Presidente Piñera en su primer año, lo más probable es que la gran mayoría recordaría sólo el rescate minero -acontecimiento no programado, pero bien aprovechado-. ¿Alza de impuestos para la reconstrucción, gran acuerdo educacional o negociación sobre subsidio gas magallánico? ¿Serán éstos recordados por la ciudadanía como hitos importantes? Para qué hablar de ingreso ético familiar, eliminación del 7% de salud a jubilados, uniones de hecho o ampliación del post natal, que hasta ahora se ven sólo como promesas incumplidas…

Los asesores presidenciales olvidan, que al igual que nuestros hijos con nosotros sus padres, los ciudadanos evalúan de acuerdo a lo que el gobierno HACE y no a lo que DICE, siendo especialmente críticos cuándo no existe coherencia entre el decir y el actuar. Con una agenda capturada por las piñericosas y polémicas tan evitables como las elecciones ANFP o el aterrizaje forzoso en helicóptero, pareciera que el mandatario y sus asesores se esforzaran en construir un relato paralelo, dónde lo anecdótico deja en segundo plano lo importante, aportando en forma permanente una seguidilla de HECHOS menores, irrelevantes pero llamativos, capaces de desvirtuar y desinflar cualquier DISCURSO comunicacional.

La gran capacidad de gestión -unos de los mayores atributos presidenciales en las encuestas-, queda oculta bajo los estériles esfuerzos dirigidos a “anunciar los anuncios” que intentan infructuosamente reforzar el incipiente relato del gobierno, pero sólo lo debilitan en un contexto de baja credibilidad.

Por el contrario, sólo 15 días bastaron al nuevo ministro de Defensa, Andrés Allamand, para construir un sólido relato respecto a su cartera: transparentar las instituciones de la Defensa Nacional. Las renuncias del ex ministro Ravinet (quién se opuso desde el inicio al requerimiento del Consejo de Transparencia), del general Le Dantec, Jefe del Estado Mayor Conjunto, del general (R) Izurieta, subsecretario de Defensa (no aceptada) y de Cristián Pizarro, agregado cultural en España involucrado en irregularidades de la Regata Bicentenario, se convirtieron en fuertes señales para el mundo militar… y la opinión pública.

Los sumarios iniciados en Contraloría, el cuestionamiento al contrato de parientes del general (R) Ricardo Ortega, el traspaso de la administración al Ministerio de Hacienda de los recursos reservados, la disolución del Consudena (Consejo Superior de Defensa Nacional) y el envío de un nuevo proyecto sobre la Ley del Cobre, reflejan una firme intención de poner orden en el Ministerio de Defensa, el que durante casi 50 años se ha manejado con escasa transparencia. ¿Cuántas campañas políticas se habrán financiado con los fondos de la cuestionada ley cuprífera? ¿Cuántas irregularidades se habrán realizado bajo el pretexto de la seguridad del Estado?

El titular de Defensa ha limitado sus discursos en este tenso ambiente. En una ceremonia en Lolol -¿agendada con tiempo o improvisada recién?-, el ministro Allamand elogió la labor posterremoto de las FF.AA., frente al jefe de la Fach, Jorge Rojas y al comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba (éste último especialmente invitado ante señales de que no iba a asistir).

Es decir, en dos semanas el ministro Allamand construyó un certero y potente relato político de su cartera, además de enlazarlo perfectamente con el talón de Aquiles de los últimos gobiernos de la Concertación: la falta de transparencia. Fueron precisamente estas prácticas políticas las que alejaron a una gran cantidad de electores del proyecto concertacionista. La permanente sensación de impunidad de ciertos grupos de poder fue lo que motivó un cambio de dirección en la política de nuestro país. El ex senador, con una economía de anuncios y basado en hechos concretos -totalmente antagónica a la forma de comunicar del mandatario- captó la atención de la opinión pública en un tema que convoca a muchos ciudadanos: el fin a la impunidad.

Por eso, resulta doblemente interesante la irrupción del discurso del titular de Defensa:de partida, porque provoca un inmediato impacto en las comunicaciones de todos los presidenciables, obligándolos a centrarse en el HACER y no tanto en el DECIR. Pero además porque consolida un importante precedente en los estándares de nuestro ámbito nacional, al intervenir definitivamente los parámetros de impunidad política. Hoy, desterrado el constante ambiente de permisividad de décadas, si se descubrieran casos como los de CIMM, Subsecretaría del Trabajo, Chiledeportes, Conadi, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Registro Civil, becas Valech, EFE, entre tantos otros, no cabe duda que las reacciones ciudadanas serían mucho más adversas.

Por eso, esa veta comunicacional descubierta por el ministro Allamand podría servir a todos los ministros -e incluso al Jefe de Estado- para la elaboración de un nuevo y anhelado relato de gobierno, el que aún se vislumbra tímidamente: “emparejar la cancha para todos”, la promesa no cumplida de la Concertación, desarmando los grupos de poder que aún abusan de las mayorías. ¿Que en paz descanse la antigua forma de gobernar?

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¿La nueva forma de gobernar?

La última meta impuesta por el Presidente Piñera a todos sus ministros refleja la profunda desorientación en que se encuentra La Moneda. La imposición del mandatario para que el 80% del gabinete supere el 50% de conocimiento en las encuestas del primer trimestre del 2011, implica un fuerte llamado de atención a los ministros María Ignacia Benítez (Medio Ambiente), Ricardo Raineri (Energía), Alfredo Moreno (Relaciones Exteriores), José Antonio Galilea (Agricultura) y Catalina Parot (Bienes Nacionales).

En la última encuesta Adimark, todos estos titulares de cartera aparecen con un nivel de conocimiento público inferior al 30% -la gran mayoría con tendencia a la baja, incluso-. Para revertir esta situación, la Secretaría General de Gobierno ha anunciado que se encuentra trabajando en una serie de desafíos y ejes comunicacionales para el 2011. Ya existe consenso que la prueba de fuego será la próxima encuesta CEP.

Sin embargo, no siempre el índice de conocimiento puede asimilarse al porcentaje de aprobación. Prueba de ello es el mismo Presidente Piñera, ampliamente conocido por todos los chilenos, pero con un índice de aprobación de sólo 47% -muy cercano al piso histórico de la Alianza en las últimas elecciones-. Por otra parte, él finaliza el año con un porcentaje de desaprobación del 43%, muy superior al obtenido en la misma fecha (diciembre 2006) por la ex Presidenta Bachelet al término de sus primeros nueve meses de mandato -poco antes de que explotara la crisis provocada por el Transantiago-. Por eso, los guarismos actuales del Presidente -consecuencia del rescate minero, pero también del escándalo ANFP-, preocupan enormemente al Gobierno. Hasta ahora el equipo asesor del mandatario no ha sido capaz de intervenir los indicadores cualitativos con que la ciudadanía percibe al Jefe de Estado. Si no pueden con él, ¿serán capaces de hacerlo con sus ministros?

Mucho más realistas, algunos miembros menos conocidos del gabinete han comenzado a contratar sus propios asesores. A través de Mercado Público.cl -plataforma de licitaciones de ChileCompra-, el ministerio de Bienes Nacionales solicitó un Servicio de Asesoría Comunicacional (Ficha de licitación Nº 3553-88-LE10). Publicada justo el jueves 23 de diciembre, el plazo de cierre para las postulaciones venció este lunes 3 de enero. El corto plazo y la complejidad de la fecha podrían de inmediato levantar suspicacias. Pero la no necesidad de toma de razón de la Contraloría y la no publicidad de las ofertas técnicas una vez adjudicada la licitación, sólo confirman la legítima duda que comienza a generar la nueva forma de gobernar.

Botín de guerra durante todos los gobiernos de la Concertación, el aparato estatal fue el medio para pagar todos los discretos, sutiles e imperceptibles favores políticos. Los traslados de un cargo a otro, la puerta giratoria entre servicio público y empresa privada y la negación de la responsabilidad política, consolidaron el espeso manto de duda que la opinión pública tiene acerca de la administración estatal. Esto fue lo que motivó a muchos electores a cambiar sus votos en favor de la Coalición por el Cambio. Sería lamentable que, con el esquivo apoyo al actual gobierno, la ciudadanía empezara a constatar las mismas prácticas que rechazó tajantemente en la Concertación.

En el caso del ministerio de Bienes Nacionales, son pocos los chilenos que conocen su función. “Reconoce, administra y gestiona el patrimonio de todos los chilenos” señala su misión. Sin embargo, la cuenta pública que dará hoy la ministra Parot no necesariamente logrará darle mayor visibilidad a su cartera. Habrá que analizar también si las próximas rendiciones de cuentas de los ministros Parot (Bienes Nacionales), Charme (RREE) y Galilea (Agricultura) logran sus objetivos comunicacionales específicos.Ni la presentación de la ministra Benítez (Medio Ambiente)ni la del ministro Raineri (Energía)lograron instalar en la agenda pública la gestión realizada, siendo desplazada por otros temas como el alza del gas en Magallanes, los relaves mineros o la construcción de hidroeléctricas.

Con mayor o menor nerviosismo, más dramatizadas o bien carentes de recursos escénicos, con o sin apoyos audiovisuales, las cuentas públicas no lograron enfocar la atención ciudadana en la gestión gubernamental realizada. En consecuencia, sin darle visibilidad a la eficiencia prometida y sin lograr capturar el cariño de los chilenos, la poco certera gestión comunicacional del gobierno sin dudas puede terminar perjudicándolo.

Por otra parte, las rendiciones de cuentas de los ministros tampoco han logrado cumplir a cabalidad su objetivo. Indudablemente, constituyen un gran avance en materia de transparencia, al sumar el control ciudadano. Más aún, en un contexto en que la Cuenta Pública ante el Congreso- el día 21 de mayo de cada año- tiende a convertirse en una maratón de anuncios más que en una rendición de cuentas. Han resultado ser un buen primer intento, pero todavía les falta mucho para cumplir sus objetivos: mostrar resultados, instalar temas y modificar comportamientos.

Publicado en La Tercera Online

La profesionalización de la derecha

Hasta ahora, los únicos cupos oficiales posibles para la derecha se centraban en el Congreso. Desde hace 20 años, todos los políticos de oposición, independiente de sus preferencias y competencias, inevitablemente buscaron algún cargo de elección popular en el Senado o en la Cámara de Diputados que consolidara su trayectoria política. Era un paso obligatorio en la Alianza. La gran mayoría de ellos lo hizo a través de los partidos, aceptando y asumiendo las mecánicas internas en las designaciones de candidatos para cada cupo. Es así que a fines del año pasado surgió toda una polémica respecto a un eventual límite de reelección parlamentaria ante la permanencia de varios senadores y diputados que cumplen la misma función desde el restablecimiento de la democracia, en 1990.

Sin tomar en cuenta las preferencias, habilidades o motivaciones de cada postulante, la labor legislativa se convirtió en unas de las pocas plataformas que permitía y aseguraba la visibilidad necesaria para hacer una carrera política. De ahí que inmediatamente después del triunfo del Presidente electo Sebastián Piñera, varios miembros del Poder Legislativo manifestaron su disponibilidad para dejar el Congreso y asumir un eventual cargo en algún ministerio. Es probable que estos puestos tengan mayor figuración, concreción y significación ante la opinión pública que una representación parlamentaria, muchas veces con resultados individuales difusos y poco identificables. Sin embargo, el nuevo gobierno optó por dejar este criticado mecanismo -que autoriza nuestra normativa- sólo para casos excepcionales.

Ahora, con la próxima asunción de Sebastián Piñera, los recientes nombramientos de ministros y subsecretarios de su gabinete confirman la creación de espacios políticos adicionales, los que permiten la aparición de nuevas figuras y apaciguan de alguna manera el clamor general de la ciudadanía respecto a la necesidad de renovación política. No solamente se produce el esperado recambio generacional, sino que también modificará la forma de hacer las cosas, con estilos, contenidos y caras nuevas, corroborando la culminación de un ciclo político y el comienzo de uno nuevo.

Más aún, estos nuevos personeros -que cuentan con una formación técnica de excelencia y que no necesariamente provienen de militancias políticas- permiten visualizar una administración centrada en resolver los problemas del chileno común y corriente. Probablemente el debate público se intensifique con la aparición de temas vanguardistas ignorados por la clase política tradicional. Además, la inmensa mayoría de ciudadanos independientes puede sentirse representada por el gran número de ministros y subsecretarios no militantes de partidos políticos, que confirman que la pertenencia a alguno de ellos ya no es obligatoria para desarrollar una carrera en el servicio público.

Esta nueva dinámica provocará grandes e inevitables transformaciones en las cúpulas de nuestro país. De partida, un sistema que hace presumir que se harán efectivas las responsabilidades políticas de acuerdo a evaluaciones de desempeños individuales, impedirá que los partidos políticos se desgasten intentando disimular o atenuar los fracasos de los miembros del Poder Ejecutivo. Por otra parte, la implementación de la inscripción automática y el voto voluntario -con el consiguiente cambio del padrón electoral- , la aparición de nuevos canales de empoderamiento político y la revalorización de la formación académica y de la experiencia técnica en el servicio público, obligarán a los dos grandes conglomerados a redefinirse.

Tanto la Coalición por el Cambio como la Concertación han experimentado profundos cambios en estos últimos tres meses. La dictación de una nueva Ley de Partidos Políticos sería de una gran ayuda para democratizar todas las colectividades políticas, acercarlas a la ciudadanía y hacerlas recuperar su perdido prestigio. Podría ser una oportunidad única para reencantar a las nuevas generaciones e integrar personas preparadas profesional y éticamente a los partidos, consolidando y legitimando el rol de éstos en la vida pública.

En el conglomerado hasta ahora oficialista, la derrota en la elección presidencial de alguna manera debilitó a las actuales directivas, desencadenando un profundo proceso de reflexión y de redefinición de su identidad. Por su parte, de ahora en adelante - y frente a futuros escenarios de alternancia política- los políticos que integran la Coalición por el Cambio deberán profesionalizarse, escogiendo cuidadosamente sus especializaciones políticas y diferenciando claramente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los conocimientos, habilidades y actitudes para uno ya no necesariamente serán las mismas que para el otro y el ciudadano chileno comenzará a exigir resultados en los dos ámbitos.

Columna publicada en latercera.com: http//blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_profesionalizacion_de_la_derecha