Rechazo ampliación plazo de inscripción electoral

La decisión del Gobierno de rechazar la ampliación del plazo de inscripción en los registros electorales echó por tierra la solicitud presentada por el presidente del Senado, Jovino Novoa, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez. El plazo para inscribirse vence el próximo 13 de septiembre, casi dos meses antes de que empiece el plazo legal para las campañas electorales.

El Gobierno resolvió que no propiciaría iniciativas para cambiar los plazos en el cronograma electoral. “No nos parece serio que en una democracia que funciona adecuadamente, se estén haciendo cambios en las reglas del juego cuando el proceso esté en pleno desarrollo”, señaló la ministra Secretaria de Gobierno, Carolina Tohá.

Hay que recordar que hace poco tiempo se lanzó la campaña “Yo tengo poder, yo voto”, con una misión específica: movilizar a más de 2,6 millones de chilenos a inscribirse en los registros electorales. Así, se quería estimular que la ciudadanía joven tomara conciencia de la importancia de su voto para transformar la realidad de nuestro país. Al mismo tiempo, buscaba influir en la clase política para que incluyera a los jóvenes en las líneas de acción y efectos programáticos, y no tan sólo en recurrentes discursos. Sin embargo, desde un primer momento la iniciativa no tuvo la misma fuerza que la ciudadanía ha visto en otras campañas gubernamentales.

Ante metas tan ambiciosas, la campaña resultó insuficiente, tanto en cantidad como en calidad. De partida, lanzada el día 3 de agosto, tendrá menos de 45 días para cumplir sus importantes objetivos. Por otra parte, su presupuesto de $ 584.743.726 es muy menor a los montos involucrados en la actual campaña de difusión de la red de protección social. Y resulta una cantidad ínfima en comparación con los más de dos millones de dólares mensuales que gasta el Gobierno en imagen y comunicaciones, o los $ 1.394 millones de pesos desembolsados en sondeos y estudios por el Gobierno de Bachelet.

Por otra parte, hubo varios intentos anteriores e infructuosos de reformar el sistema electoral. Ya en 2004, el ex presidente Lagos había presentado un proyecto de ley, el que no prosperó. En agosto de 2008, la inscripción automática en los registros electorales fue denegada en la Cámara de Diputados por falta de quórum. En noviembre del mismo año, nuevamente fue rechazada, esta vez principalmente por la UDI. Recién en marzo de este año la reforma constitucional fue aprobada por el Senado y promulgada por la Presidenta Bachelet. Desde esa fecha que se espera la dictación de la ley orgánica que haga operativo este mecanismo, la que todavía se encuentra pendiente. Por otra parte, en abril Juan Ignacio García, director del Servel, descartó que la inscripción automática estuviera lista para estas elecciones por razones técnicas.

Los resultados de la campaña del Injuv , de los comandos presidenciales, de otras organizaciones como Independientes en Red , han sido bastante modestos. Esto, a pesar de que se amplió el horario de atención -incluyendo sábado y domingo- y que el 28 de agosto se inauguró una junta inscriptora electoral al interior de un mall en una comuna de Santiago.

Según lo informado por el Servicio Electoral, desde marzo de 2009 hasta ahora se han inscrito cerca de 138 mil personas, concentrándose la mayor cantidad en agosto. Por esta razón, la ampliación del plazo no solucionaría el problema de apatía política entre los jóvenes, pero se estima que permitiría la inscripción de cerca de 300 mil nuevos votantes.

El análisis de las encuestas preelectorales ha provocado una controversia entre Gobierno y Coalición por el Cambio respecto a este tema. Éstas confirman el acierto de la estrategia de Gobierno de postergar la campaña de inscripción juvenil y, en contrapartida, el error táctico de la Alianza al rechazarla el año pasado.

Y ahora, surge un nuevo debate sobre la posibilidad de ampliación del plazo para inscribirse. A los jóvenes chilenos no les parece serio que en una democracia que funciona adecuadamente, se privilegie el cálculo electoral por sobre la participación de los jóvenes en la construcción del futuro de nuestro país. Tampoco es serio el tratar de mantener artificialmente el padrón electoral de 1988, alicaído y anclado en el pasado. Y mucho menos, que Gobierno y Oposición se acuerden de los jóvenes cada cuatro años.

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/rechazo_de_ampliacion_del_plazo

Pugnas internas en las negociaciones

Las pugnas internas no sólo se están dando en los partidos políticos. Postergaciones de nuevos proyectos, reducciones de costos y eventuales desvinculaciones masivas o selectivas, necesariamente terminan tensionando los climas laborales, elevando niveles de conflictividad y perjudicando productividades de la organización. No tan explícitas –al no haber cámaras, prensa o público-, en las empresas también coexisten pugnas internas.

Con el aumento de la conflictividad, las pugnas internas surgen en toda organización. Desde el ámbito familiar –la unidad colectiva más básica-, hasta los partidos políticos –las estructuras organizacionales de mayor complejidad-, los conflictos proliferan en épocas de crisis. La optimización de recursos, la suspensión o postergación de proyectos y la disminución de la demanda resulta un campo fértil para la proliferación de controversias entre los integrantes de un mismo grupo de trabajo.

Los golpes e insultos entre los comandos de Frei y Gómez en la entrega de los resultados de las primarias de la Concertación, reflejan las tensiones y el nivel de conflictividad que se ha instalado dentro de las organizaciones. “No queriai reconocer la derrota, estai quebrando a la Concertación, c-------------e” dijo el senador, Camilo Escalona. “¡Te quériai dar un gustito y cagaste huevón!” insistió el presidente del Partido Socialista. José Antonio Gómez, candidato del PRSD en las primarias, se dio vuelta y le respondió “¡Qué te pasa, infeliz c-------------e!”.
Llegado el momentos de las explicaciones, el senador PS declaraba: “No soy un potijunto…Me crié en una población y escucho los partidos de fútbol con una cervecita, y puedo proferir una palabra que se salga de la Academia Española”, se excusaba el senador del PS. Finalmente, después de cuatro días y la presión de todos los partidos políticos de la Concertación, Camilo Escalona presentó formalmente sus excusas por el bizarro episodio.

Este poco edificante diálogo se da también en las empresas. Pero generalmente los ejecutivos de las empresas son más potijuntos, probablemente no criados en poblaciones y seguramente en mayor sintonía con los preceptos de la Real Academia Española. Por lo tanto, el que estos diálogos no se expresen, no significa que no ocurran en las mentes de los interlocutores. Menos explícitas, menos evidentes y menos mediatizadas, las pugnas de intereses son igualmente fuertes en el ámbito privado, y posiblemente en el ámbito de las empresas públicas.

En ese ambiente, cuesta alinear todos los intereses comunes en pos de los intereses corporativos. La conducta de cada persona afecta la de cada una de los demás y es, a su vez, afectada por éstas. Se requiere entonces de un clima laboral abierto, integrador y colaborativo. De otra manera, las pugnas siguen produciéndose, pero de manera más oculta, más soterrada y más implícita que la de nuestros honorables senadores.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General

Gestcom

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Pugna de poderes desatada por nombramiento de Tohá

Los nombramientos de Carolina Tohá y Felipe Harboe han despertado polémicas en el poder legislativo y en los partidos políticos. Cuestionamientos de su legalidad y de los procedimientos usados han tensionado el ambiente político. ¿Celo legislativo u oportunismo político?

Controvertida fue la designación de Carolina Tohá como nueva secretaria general de Gobierno. Este lunes, Juan Carlos Latorre, presidente de la DC, fue el primero en plantear sus reparos al procedimiento utilizado en este nombramiento. Reclamó por la falta de consulta a las colectividades de la Concertación. Asimismo, el presidente del PRI, Jaime Mulet, anunció ayer el comienzo de la recolección de firmas parlamentarias para pedir al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre la legalidad de esta designación. La Alianza, en cambio, prefiere mantener su ofensiva sólo en el ámbito político, desestimando el uso de acciones legales. “Aquí, la ironía es que quienes criticaron a los senadores designados, ahora respaldan a los diputados designados” recalcó Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Encina, destacó la incomodidad que produjo entre parlamentarios el nombramiento de Tohá. “No es el mejor mecanismo buscar ministros en la Cámara de Diputados o en el Congreso”, señaló. El temor que desata esta designación es que comience una emigración de parlamentarios desde el Congreso hacia el gobierno. Cabe recordar que en diciembre pasado, los senadores Eduardo Frei (DC) y Alberto Espina (RN) presentaron sendas propuestas de reforma constitucional, que permitía a los parlamentarios ser ministros de Estado. Postulaban además que el reemplazante fuera nombrado por su partido político y que el nuevo ministro pudiera retomar su cargo parlamentario una vez terminada su labor en el Gobierno. El proyecto -que también contó con el apoyo de Piñera- produjo una gran discusión, y finalmente no prosperó.

Ahora, la polémica se ha situado en tres frentes: 1)legalidad del nombramiento de una parlamentaria como Ministro de Estado, 2) procedimiento empleado sin consulta a los partidos políticos y 3) sistema de reemplazo de los parlamentarios que cesan en sus cargos.

Respecto a la primera controversia, el nombramiento de Tohá vulnera uno de los principios establecidos en la Constitución: la separación de los poderes del Estado. El nombramiento de miembros de la Cámara de Diputados como Ministros de Estado debilita el rol fiscalizador de dicha institución. Será el Tribunal Constitucional, aparentemente a petición del presidente del PRI, quién deberá pronunciarse sobre su legalidad.

Es el tercer anuncio de acusación constitucional que hace el PRI en el último año. El primero fue contra Soledad Barría por los casos de SIDA no notificados, acusación que no se concretó por su renuncia al cargo. En enero de este año, el PRI anunció evaluar una acusación constitucional al Ministro de Transportes, René Cortázar, “por no cumplir con lo prometido en el 2007”, postergada para marzo, sin novedades hasta el momento. Ahora esta nueva acusación constitucional en contra de la Ministra Tohá invita a mirar con atención los siguientes pasos del partido político.

En relación al segundo punto, a pesar de que todos reconocen la atribución exclusiva de la Mandataria para reestructurar su gabinete, los líderes de la Concertación se sintieron excluidos de una decisión que modifica las reglas del juego político. El cambio de gabinete –y sobre todo el nombramiento inconsulto de la primera diputada como Ministra de Estado – produjo sorpresa, en especial a los dirigentes de los partidos involucrados, enterados por la prensa. Fiel al estilo presidencial de evitar consultas a las tiendas políticas, el octavo cambio de gabinete fue inesperado para las cúpulas partidistas.

En cuanto a la legitimidad del sistema de reemplazo de parlamentarios que dejan sus cargos, el nombramiento de Felipe Harboe como diputado también generó controversia. La carta magna establece en su artículo 57 un plazo mínimo de un año para participar en una elección popular, contado desde el cese de la función gubernamental. En este caso, al ser designado por la directiva PPD y no por votación ciudadana, se discute la aplicabilidad de esta norma, tema que tendría que ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

Indiscutiblemente estas dos designaciones han causado ruido en el ambiente político. Surge la duda si éste se debe a un celo legislativo o bien al aprovechamiento de la apertura de un flanco político. Sólo el tiempo permitirá saber si todas las intenciones declaradas se concretan en acciones reales o quedan sólo en el discurso de sus autores.

Andrés Jirón Santandreu

Gerente General

Gestcom

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Aumento de conflictividad en el ambiente

No solamente la crisis económica está elevando peligrosamente los niveles de conflictividad en el ambiente. A ella se suman las tensiones propias de un año de elecciones presidenciales y parlamentarias. El ambiente de abierta confrontación que está viviendo el mundo político podría desplazarse al ámbito laboral, en especial ante una eventual pugna producto del debate por el proyecto de ley sobre negociación colectiva.

La constancia por amenazas de muerte que dejó en Carabineros el diputado PPD Jaime Quintana, en contra del senador, Roberto Muñoz Barra, también PPD, refleja el alto nivel de conflictividad que estamos viviendo como país y anticipa un año de fuertes confrontaciones. La competencia por el cupo senatorial de la Araucanía Norte ha vivido momentos borrascosos. Un fuerte altercado se produjo entre ambos parlamentarios tras el corte de cinta de un nuevo recinto deportivo en Lautaro. En la ceremonia se encontraban presentes el intendente (s) Christian Dulansky (PS), del alcalde de Lautaro, Renato Huari (DC), entre otras personas, pero a pesar de que ambos reconocen haber presenciado los hechos, dicen no haber escuchado los dichos que relata Quintana.

El incidente habría sido gatillado por la creación de un grupo en Facebook titulado “No más Muñoz Barra… por favor”, con 158 miembros a la fecha, que según denuncia el senador, forman parte de una campaña en su contra, en la que participaría una de las asesoras del diputado. Según el diputado denunciante, al final de la ceremonia se produjo un conjunto de agresiones verbales, insultos y todo tipo de expresiones entre los dos políticos. El senador Muñoz habría proferido algunas amenazas en contra del diputado Quintana: “Tendrás que pasar por sobre mi cadáver para ser senador…Te voy a matar”, es una de las frases que contiene la acusación recibida por Carabineros y luego llevada al Ministerio Público por existir en ella hechos que constituirían delito. Por su parte, el senador Muñoz Barra desmintió “total, absoluta e indignadamente” la acusación. “Sería muy torpe y el rey de los imbéciles hacerlo en un acto público. Hay un juego electoral de una persona que se ve menoscabada para las primarias internas (…) Cómo se le puede ocurrir a usted que un senador de la República, en una ceremonia pública, en un lugar público, va a ser tan torpe para decir un disparate como ese. Ésta es una maniobra más que se suma a ese Facebook dirigido contra mí”, señaló, agregando que está preparando un informe para presentarlo al Tribunal Supremo del partido y que ya solicitó a Facebook que cierre el grupo en su contra. Ambos parlamentarios se verán enfrentados el 31 de mayo en las primarias internas de su partido político, para escoger el candidato a la senaduría por la Araucanía Norte.

Las amenazas proferidas por la alcaldesa Carolina Plaza (ex UDI) en contra de la concejala (PS) Camila Benado en entrevista al diario Las Últimas Noticias también reflejan los ánimos candentes. “Camila Benado va a vivir los peores tres años de su vida, de aquí hasta que yo termine de ser alcaldesa” declaró la edil de Huechuraba. En respuesta, la concejala estaría presentando este martes un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.

También dentro de la pugna electoral, los dirigentes regionales de la DC optaron por marginarse del acto inaugural de la campaña de Frei en Talca, molestos con los organizadores del evento. Con la presencia de unas 500 personas, entre ellas los presidentes de la DC, Juan Carlos Latorre; del PS, Camilo Escalona y del PPD, Pepe Auth; parlamentarios oficialistas, autoridades locales, sociales y vecinales, se notó la ausencia en la ceremonia del diputado Pablo Lorenzini; del presidente regional del partido, Rodrigo Sepúlveda; del presidente provincial, Marcelo Bravo y del diputado Roberto León, aunque éste faltó por motivos personales.

Además, los constantes intentos del comando del candidato Eduardo Frei por suspender las primarias, pretenden presionar al aspirante radical José Antonio Gómez, generando también un clima de confrontación dentro de la Concertación. Los presidentes del PS y de la DC se han sumado al llamado de los partidarios del senador Frei, pidiendo la bajada del precandidato PRSD.

En medio de las diferencias que genera la agenda laboral en el Gobierno, el envío al Congreso del proyecto de ley sobre negociación colectiva provocará un aumento del nivel de conflictividad. Desde ya, la Oposición acusa a la Concertación de introducir con afanes electorales propuestas que en la práctica perjudicarán la creación de puestos de trabajo. Por eso, el vocero Francisco Vidal salió a precisar que será la Presidenta Bachelet quién decidirá sobre el tema. La llegada de marzo seguramente reactivará las marchas de protesta por los masivos despidos como consecuencia de la crisis económica. Ya hay movilizaciones calendarizadas a partir del 8 de marzo hasta el 1° de mayo, convocadas por la CUT. Según el encargado de conflictos de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Cristián Cuevas, se busca “sensibilizar al Ejecutivo para que intervenga y acelere los procesos que sirvan para paliar la crisis social que estamos viviendo” , lanzando la advertencia de que no se debe “aceptar pacíficamente los despidos”.

Seguramente el escenario económico y laboral empeorará durante el mes de marzo, de acuerdo a todas las proyecciones. Si en enero fueron presentadas 150 mil cartas de despido según la propia Dirección del Trabajo, durante el presente mes terminarán todos los contratos de los trabajadores temporeros, agravando aún más las cifras de desempleo. Por eso, a medida que las cifras de la economía sean más desfavorables, con trimestres de crecimiento negativo y desempleo consolidado en los dos dígitos, inquieta el carácter y la frecuencia que puedan tomar las movilizaciones. Además, existe una gran preocupación en muchos sectores sobre la utilización política que se pueda hacer de este tipo de manifestaciones. Un dato importante a tener en cuenta es que de las 324 negociaciones colectivas programadas para el año, el 74% de esos procesos se concentrará en el segundo semestre, es decir, coincidiendo con la etapa más fuerte de la campaña electoral de los próximos comicios parlamentarios y presidenciales.

Frente a estos hechos, tanto el Gobierno como la Oposición no deben dejarse sorprender por intereses políticos particulares, sino ser mucho más proactivos en el combate a la cesantía; generar un entorno pro inversión y dirigido a crear fuentes de trabajo en el sector privado; y ser previsor de situaciones que puedan escalar afectando los intereses del país.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente de Operaciones
DB Group
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