¿Gobernar sin partidos políticos? ¡Dios te oiga!

“El gobierno no puede funcionar sin los partidos políticos” declaró el diputado Hasbún en el reciente cónclave UDI, refiriéndose con dureza a la relación existente entre Gobierno y su tienda política. A su vez, el senador Longueira señaló en la misma jornada: “tenemos que exigir, no pedir al Gobierno”, además de anunciar la creación de un consejo resolutivo integrado 18 figuras autodesignadas y con la facultad de fijar las líneas de acción del partido.

No cabe duda que la escasa dirección política del Gobierno ha tensionado fuertemente las relaciones con todos los partidos. Por eso, el Presidente Piñera invitó a los timoneles de la Alianza y Concertación a un almuerzo este lunes. Según agenda oficial, tratarán tres puntos: salud, educación y energía, pero no cabe duda que analizarán también la evidente crisis de la política.

Intranquiliza que el Gobierno no haya sido capaz de anunciar también las reformas políticas tanto tiempo pendientes, de las cuales se ha hablado tanto, pero se ha hecho tan poco: sistema binominal, ley orgánica constitucional de inscripción automática y voto voluntario, descentralización, elección Cores y gobiernos regionales autónomos; reforma ley partidos políticos, primarias abiertas y vinculantes, límite reelección representantes populares; voto de chilenos residentes en extranjero; iniciativa legislativa popular y participación ciudadana.

Sorprende, de partida, porque en dicha cita se reunirá lo más selecto de lo que la ciudadanía rechaza: el 56% desaprueba conducción presidencial y labor del Gobierno, el 65% censura a la Concertación y el 57% a la Coalición por el Cambio. Sólo un magro 23% aprueba al conglomerado de oposición, el 32% al oficialista y un discreto 36% al Gobierno (mayo 2011). Por supuesto que el ver al Jefe de Estado haciendo genuflexiones a los dirigentes de estos grupúsculos -lo más conspicuo de la reprobación chilena- sólo sacará ronchas a la población, acrecentando aún más la desaprobación presidencial.

Por otra parte, ante esta evidente crisis de representatividad de los partidos políticos -hoy sólo representan el transversal rechazo ciudadano-, llama la atención que el Gobierno haya permitido que sus opositores se apropiaran de la bandera de reformas políticas. Hace unos días, los jefes de bancadas de diputados del PS, Alfonso de Urresti; del PPD, Pepe Auth, y del PRSD, Fernando Meza, enviaron una carta al mandatario, ofreciendo respaldo para un acuerdo nacional que permitiera renovar la democracia e impulsar reformas políticas. En la DC, el presidente de ese partido, senador Ignacio Walker, ya anunció en programa televisivo Estado Nacional que plantearía la definición de agenda país con las mencionadas reformas políticas.

¿Qué impidió que el Gobierno impulsara esta agenda? En un clima de tanto rechazo a la clase política, ¿de qué tuvo miedo el Gobierno para omitirla? No cabe duda que toda la ciudadanía le estaría eternamente agradecida al ministro Cristián Larroulet si éste lograra desarticular las estructuras que han amparado la autoperpetuación de los mismos dirigentes. ¿Significaría una confrontación con las dirigencias políticas? Claro, pero siempre hay que romper huevos para hacer tortillas…

El cartillazo realizado por la UDI ya implica un enfrentamiento. Sin embargo, ese partido comienza a ser cuestionado por su reiterada permisividad ante irregularidades cometidas por sus representantes. El retorno en gloria y majestad del ex diputado Julio Dittborn como directivo de la UDI -después de ser sorprendido arrendando viviendas particulares como sedes parlamentarias-; la designación de la diputada Claudia Nogueira como presidenta de la comisión investigadora por caso Kodama -formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco-; el respaldo que tuvo el alcalde Mario Olavarría -formalizado por presunto cohecho y otorgamiento indebido de patente de alcoholes- o el sobreseimiento de la investigación de Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta, sobre la empresa GMA y su ya anunciada próxima candidatura, reflejan un claro debilitamiento de los estándares morales de esa colectividad. Esta tolerancia excesiva convierte este conglomerado en verdaderos fundos administrados por sus propios dueños, sin mucho control y evidenciando la dificultad de renovación política en todos los partidos. Aparece en escena un grave y nuevo problema en política: la falta de legitimidad.

¿De qué es el partido más grande de Chile? No cabe duda, pero beneficiado al igual que las demás tiendas políticas con un protector sistema binominal y con designación de candidatos entre cuatro paredes. ¿Cuánta gente asistió a este último cónclave UDI? ¿50?, ¿80? ¿Las decisiones ahí tomadas representan a sus bases? ¿Y a quienes representa el partido? El importante número de parlamentarios ahora pierde sentido ante la ilegitimidad del proceso de nombramiento de candidatos.

La elección de alcalde en La Florida -fracasada por décimo cuarta vez- evidencia que la política está capturada por las cúpulas partidistas, privilegiando sus propios intereses por los de la ciudadanía. Una de las comunas más pobladas de nuestro país -394.821 habitantes- es hoy rehén de dirigentes de la Concertación y de la Alianza.

El mismo Presidente Piñera reconoció en entrevista en este medio que existe un divorcio entre país y política. La gran demanda de esta época es la participación ciudadana. Él mismo reconoce que ya se relajó el respeto a autoridades, instituciones y procedimientos, ante esta profunda brecha de representatividad. Sólo las reformas políticas antes mencionadas -y tan anunciadas-podrán satisfacer este clamor popular… ¿O será necesario que nosotros también tengamos nuestro propio 15-M?

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Caso JVR: lo mismo, con nuevas moscas

El relato de un gobierno se construye en el tiempo a través de numerosos hitos o señales. Las desafortunadas declaraciones de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe a sus antiguos y ¿futuros? electores, lograron finalmente amojonar el discurso presidencial - hasta ahora confuso, voluble y maleable ante la interminable contingencia-. Quedó claro que el principio que rige el actuar del gobierno es uno maquiavélico: el fin justifica los medios. Este antiguo pero potente silogismo, que pareciera ya haber inspirado al mandatario, significa: “Miente, roba, estafa, haz trampa, ¡pero que no te pillen! Si legalmente no se demuestra una irregularidad, no te preocupes. En Chile nunca ha existido la responsabilidad política…”

Por eso, el programado viaje del Presidente Piñera junto a Magdalena Matte, ministra de Vivienda y Urbanismo, a la Región del Bío Bío, no sólo servirá de barómetro para medir la presión atmosférica en la zona, sino también para ponerle la última cereza al pastel comunicacional: concluir el errático relato gubernamental. No cabe duda que hoy la cara del mandatario, de la ministra Matte, sus declaraciones, las actitudes de los parlamentarios o las reacciones de la población penquista, revelará mucho más que cualquier declaración pública o comunicado de prensa. ¿Qué tanto respaldo seguirá teniendo la intendenta? ¿Habrá manifestaciones a favor? ¿O en contra? ¿Cuánto fue el costo para su reputación? ¿Se justificó la asesoría comunicacional pagada por todos los chilenos?

Y es que los relatos presidenciales, ministeriales -o de cualquier autoridad- se construyen a partir de hechos y no de discursos. Todo lo que diga, declare, repita, recite o declame el Jefe de Estado, le entrará a la opinión pública por un oído y le saldrá por el otro. Mientras tanto, ésta observará todo que el mandatario HACE y sus acciones precisamente consolidarán ese relato. Porque éste no se construye a través de los discursos de las autoridades, sino a través de la re-significación que hacen las audiencias. Por lo tanto, será interesante evaluar qué sucede con las partes involucradas en el futuro. ¿Serán capaces de hacer olvidar este episodio en sólo tres años, aún con todos los recursos fiscales? ¿Al país entero?, ¿A los electores regionales? ¿A los demás partidos de la coalición? Desde ya, este impasse afectará el ya debilitado atributo de credibilidad del Presidente. Avalar a un subalterno en una flagrante mentira, vista por la gran mayoría de los chilenos a través de los medios, refuerza la desconfianza que siente la ciudadanía hacia la figura presidencial. No cabe duda que este atributo no es valioso para el Presidente Piñera, al no ser posible su reelección. Por lo mismo, ¿prefiere legar este problema a la Alianza?

Siempre en política ha primado “el tanto tienes, tanto vales”. Sin embargo, nunca había sido asumido tan explícitamente por la UDI como ahora. “¿Qué diría Jaime?” es la pregunta que muchos gremialistas comentan en voz baja, al ver los discutibles espectáculos de una intendenta mintiendo a sus eventuales electores y de sus directivos defendiéndola. En todo caso, en una época en que el votante elige al mal menor, es una apuesta arriesgada de la UDI en la región. Mucho se ha discutido acerca de la última elección presidencial: ¿la ganó Sebastián Piñera o la perdió la Concertación? En este caso, para romper el doblaje, ¿el votante RN votará incondicionalmente por la ex alcaldesa?, ¿el elector independiente -la gran mayoría- sufragará a favor de la falaz intendenta? Obviamente aún le queda mucho trabajo al senador Alejandro Navarro, pero está bien encaminado.

Un escándalo es ninguno, podría pensarse. Pero ya son demasiados los casos que demuestran que la UDI se mueve al filo de la ética, al borde de lo permitido, al límite de la irregularidad: el ex alcalde Gonzalo Conejo, el alcalde Mario Olavarría y la alcaldesa Carolina Plaza, la diputada Claudia Nogueira, el ex diputado Julio Dittborn y ahora la intendenta del Bío Bío. Sin sanciones del partido, ya no son casos aislados sino que hacen recordar la controvertida ideología de la corrupción, atribuida entonces a los partidos de la Concertación.

Por su parte, Renovación Nacional, socio estratégico en la Alianza, tampoco olvidará fácilmente este episodio: la diferencia de criterio aplicado con Ximena Ossandón, ex vicepresidenta ejecutiva de Junji, con su ahora casi tierno e ingenuo “reguleque”. ¿Qué es más grave: la culpa o el dolo? ¿O dependerá del peso político de los involucrados y no de sus acciones?

Y es por eso que la ratificación de la intendenta consagra el principio de impunidad política, tan duramente criticado en tiempos de la Concertación. Esta falta de castigo permanente de la elite dirigente es lo que irrita a la ciudadanía. Estas infantiles explicaciones que tratan de desviar la atención sólo logran encolerizar a la opinión pública. ¿La nueva forma de gobernar…? ¡Lo mismo y más torpes! Perdón por mi francés: la misma merde, pero con otras moscas …

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Gobierno: ¿esperando el 33%?

Esta cifra, símbolo de buenas noticias después del rescate minero, podría convertirse en un muy mal presagio si habláramos de aprobación presidencial. Según la última encuesta Adimark, por primera vez el índice de desaprobación presidencial (46%) superó al de aprobación (41%). De la misma manera, los índices se traspasaron a la gestión del Gobierno, con índices de 45% versus 44%, respectivamente. La hasta ahora inédita inversión de estos guarismos -que grafica la fuerte y rápida pérdida de capital político- pareciera no preocupar a los asesores del Jefe de Estado. ¿Están esperando para reaccionar que la aprobación al mandatario alcance el piso sicológico del 33%?

Escasas han sido las reacciones en el Palacio de La Moneda respecto a estas cifras. Hasta ahora, no se han visto cambios importantes en voceros, equipos de asesores, estilos de discursos o comportamientos presidenciales. ¿Época de vacaciones? ¿Minimización de valoración de la opinión pública? ¿Desorientación de hacia dónde apuntar los dardos comunicacionales? ¿O bien esta calma deriva de la confianza depositada en las próximas reformas del Gobierno?

Este será un año clave, con anunciadas modificaciones legislativas en siete áreas: 1. Salud (eliminación descuento 7% jubilados y flexibilización post natal femenino); 2. Delincuencia (implementación Ministerio Seguridad Pública); 3. Política (aprobación voto chilenos en exterior); 4. Pobreza (promulgación ingreso ético familiar y creación Ministerio de Desarrollo Social); 5. Medioambiente (reemplazo Conama y Coremas por nuevos servicios); 6. Modernización del Estado (gestión más eficiente con menor burocracia); y 7. Educación (reforma aprobada y lista para implementación). Si todo sale según la planificación del mundo privado, el Presidente Piñera debiera lucirse.

Sin embargo, hay dos obstáculos que podrían impedir la recuperación de la popularidad presidencial: la falta de mayoría oficialista en ambas cámaras -que impide, entorpece o diluye el avance de cualquier proyecto-, y el tiempo indispensable para que la ciudadaná visualice sus efectos. La no percepción de resultados visibles podría impedir revertir la tendencia a la baja de la aprobación presidencial. Más aún, gracias a la pirotecnia comunicacional proporcionada por el mismo mandatario (piñericosas, aterrizajes o partidos), los resultados de los proyectos legislativos podrían pasar desapercibidos.

Por otra parte, a pesar de ser éste un año clave para el gobierno -sin presiones eleccionarias-, la aparición de los próximos comicios municipales ya tensiona el ambiente en la Concertación. En la Alianza, en cambio, están adelantados, ya que las fricciones son por el adelantamiento de las presidenciales: además de los cinco presidenciables en La Moneda, empiezan los roces por la fórmula de designación o elección del próximo candidato presidencial.

¿Sería terrible llegar a las municipales con un 33% de aprobación del Gobierno? Para el conglomerado oficialista, sí; para el Presidente Piñera, también. La tensión se nota en la Alianza y ya genera los primeros tiros hacia el Gobierno, prueba de un cierto nerviosismo. Una semana atrás, David Gallagher, analista del CEP, declaraba que le “gustaría ver a Piñera reseteado”. Hace unos días, Patricio Dussaillant, profesor de en Gestión de Crisis Comunicacionales de la PUC, instalaba a través de este medio el tema de un eventual reemplazo del segundo y/o tercer piso, los que “asesoran al Presidente, con más voluntarismo que conocimientos”. Ayer, el senador Novoa también señalaba en entrevista en Reportajes, que el segundo piso debía cuidar la exposición del Presidente. Aún más, pasadas las elecciones municipales aumentará la desafección de los partidos de la Coalición por el Cambio (UDI, RN, CH1 y MHC): si pierden los candidatos oficialistas, el desapego a la figura del mandatario crecerá, complicando tanto su gestión ejecutiva como legislativa; si ganan, también, ya que sólo se anticipará el síndrome del pato cojo.

Más aún, el impasse provocado por las declaraciones de la ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, que involucra también a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, necesariamente dejará heridos. Difícil será la decisión que tendrá que tomar el mandatario- oel ministro Hinzpeter en su reemplazo-: si destituye o pide la renuncia a la intendenta del Bíobío, acogiendo la aplaudida doctrina Allamand del fin de los grupos privilegiados, es evidente que provocará un alejamiento de la UDI. Al revés, si la mantiene en su cargo, validará la larga tradición de impunidad de la Concertación -que la ciudadanía rechaza con fuerza- y tensará la relación con RN, en especial después de la destitución de Ximena Ossandón en la Junji -con una declaración igual de torpe, pero con culpa y no dolo-, además del inevitable distanciamiento que generará con la ministra Matte y su entorno.

Con una mayoría adversa en el Poder Legislativo, con conflictos sin resolver en el conglomerado oficialista y con una fuerte tendencia a la baja en la evaluación ciudadana, sería de alto riesgo apostar a un sólo número la política comunicacional del gobierno: al éxito de las siete reformas anunciadas. Las modificaciones en el Segundo Piso debieran hacerse ahora, para que los titulares salgan a jugar en marzo.

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¿ QEPD la antigua forma de gobernar?

Existe consenso sobre la falta de resultados de los asesores presidenciales en dotar de un relato central al gobierno. Aún ahora, después de más de un año de las elecciones presidenciales, las críticas y recomendaciones de expertos, adversarios y partidarios se mantienen e incluso se intensifican.

Si se les preguntara a los chilenos cuáles fueron los hechos más significativos del gobierno del Presidente Piñera en su primer año, lo más probable es que la gran mayoría recordaría sólo el rescate minero -acontecimiento no programado, pero bien aprovechado-. ¿Alza de impuestos para la reconstrucción, gran acuerdo educacional o negociación sobre subsidio gas magallánico? ¿Serán éstos recordados por la ciudadanía como hitos importantes? Para qué hablar de ingreso ético familiar, eliminación del 7% de salud a jubilados, uniones de hecho o ampliación del post natal, que hasta ahora se ven sólo como promesas incumplidas…

Los asesores presidenciales olvidan, que al igual que nuestros hijos con nosotros sus padres, los ciudadanos evalúan de acuerdo a lo que el gobierno HACE y no a lo que DICE, siendo especialmente críticos cuándo no existe coherencia entre el decir y el actuar. Con una agenda capturada por las piñericosas y polémicas tan evitables como las elecciones ANFP o el aterrizaje forzoso en helicóptero, pareciera que el mandatario y sus asesores se esforzaran en construir un relato paralelo, dónde lo anecdótico deja en segundo plano lo importante, aportando en forma permanente una seguidilla de HECHOS menores, irrelevantes pero llamativos, capaces de desvirtuar y desinflar cualquier DISCURSO comunicacional.

La gran capacidad de gestión -unos de los mayores atributos presidenciales en las encuestas-, queda oculta bajo los estériles esfuerzos dirigidos a “anunciar los anuncios” que intentan infructuosamente reforzar el incipiente relato del gobierno, pero sólo lo debilitan en un contexto de baja credibilidad.

Por el contrario, sólo 15 días bastaron al nuevo ministro de Defensa, Andrés Allamand, para construir un sólido relato respecto a su cartera: transparentar las instituciones de la Defensa Nacional. Las renuncias del ex ministro Ravinet (quién se opuso desde el inicio al requerimiento del Consejo de Transparencia), del general Le Dantec, Jefe del Estado Mayor Conjunto, del general (R) Izurieta, subsecretario de Defensa (no aceptada) y de Cristián Pizarro, agregado cultural en España involucrado en irregularidades de la Regata Bicentenario, se convirtieron en fuertes señales para el mundo militar… y la opinión pública.

Los sumarios iniciados en Contraloría, el cuestionamiento al contrato de parientes del general (R) Ricardo Ortega, el traspaso de la administración al Ministerio de Hacienda de los recursos reservados, la disolución del Consudena (Consejo Superior de Defensa Nacional) y el envío de un nuevo proyecto sobre la Ley del Cobre, reflejan una firme intención de poner orden en el Ministerio de Defensa, el que durante casi 50 años se ha manejado con escasa transparencia. ¿Cuántas campañas políticas se habrán financiado con los fondos de la cuestionada ley cuprífera? ¿Cuántas irregularidades se habrán realizado bajo el pretexto de la seguridad del Estado?

El titular de Defensa ha limitado sus discursos en este tenso ambiente. En una ceremonia en Lolol -¿agendada con tiempo o improvisada recién?-, el ministro Allamand elogió la labor posterremoto de las FF.AA., frente al jefe de la Fach, Jorge Rojas y al comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba (éste último especialmente invitado ante señales de que no iba a asistir).

Es decir, en dos semanas el ministro Allamand construyó un certero y potente relato político de su cartera, además de enlazarlo perfectamente con el talón de Aquiles de los últimos gobiernos de la Concertación: la falta de transparencia. Fueron precisamente estas prácticas políticas las que alejaron a una gran cantidad de electores del proyecto concertacionista. La permanente sensación de impunidad de ciertos grupos de poder fue lo que motivó un cambio de dirección en la política de nuestro país. El ex senador, con una economía de anuncios y basado en hechos concretos -totalmente antagónica a la forma de comunicar del mandatario- captó la atención de la opinión pública en un tema que convoca a muchos ciudadanos: el fin a la impunidad.

Por eso, resulta doblemente interesante la irrupción del discurso del titular de Defensa:de partida, porque provoca un inmediato impacto en las comunicaciones de todos los presidenciables, obligándolos a centrarse en el HACER y no tanto en el DECIR. Pero además porque consolida un importante precedente en los estándares de nuestro ámbito nacional, al intervenir definitivamente los parámetros de impunidad política. Hoy, desterrado el constante ambiente de permisividad de décadas, si se descubrieran casos como los de CIMM, Subsecretaría del Trabajo, Chiledeportes, Conadi, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Registro Civil, becas Valech, EFE, entre tantos otros, no cabe duda que las reacciones ciudadanas serían mucho más adversas.

Por eso, esa veta comunicacional descubierta por el ministro Allamand podría servir a todos los ministros -e incluso al Jefe de Estado- para la elaboración de un nuevo y anhelado relato de gobierno, el que aún se vislumbra tímidamente: “emparejar la cancha para todos”, la promesa no cumplida de la Concertación, desarmando los grupos de poder que aún abusan de las mayorías. ¿Que en paz descanse la antigua forma de gobernar?

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Anuncios y proyectos ¿Qué se teje en Palacio?

Desatada ya la guerra entre gobierno y oposición, cualquier excusa puede servir para medir fuerzas: reconstrucción del terremoto, despidos en sector público, viaje presidencial a Perú, etc. Pareciera que el Parlamento será el campo de batalla de las próximas confrontaciones, en especial respecto a la aprobación de la tan anunciada reforma educacional.

Por eso, el intempestivo anuncio, realizado el domingo 21 por el Presidente de la República en cadena nacional voluntaria, provocó numerosas críticas en el bloque opositor. De partida, generó importantes reparos en cuanto a la nueva mecánica utilizada por el Gobierno: anunciar una propuesta inconsulta en un escenario de mayoría relativa en la Cámara de Diputados y de abierta minoría en el Senado. Asimismo, la suma urgencia anunciada por el Jefe de Estado, sin siquiera haber ingresado hasta ahora el proyecto de ley al Congreso, también motivó acusaciones de show comunicacional, aludiéndose con sorna a “la nueva forma de anunciar”.

Como señal de protesta, los cuatro timoneles de los partidos de la Concertación, Ignacio Walker (DC), Carolina Tohá (PPD), Osvaldo Andrade (PS) y José Antonio Gómez (PPD), se abstuvieron de asistir a la ceremonia de lanzamiento de la reforma educacional. El ministro de Educación, Joaquín Lavín, concurrirá hasta la sede del PPD a reunirse con ellos para discutir los principales lineamientos del paquete de medidas. Cabe recordar que desde esa fecha, múltiples han sido las críticas de la oposición, del Colegio de Profesores y de organizaciones estudiantiles como calificación de revolución del proyecto, ausencia de acuerdos previos, mercantilización de la educación pública y tardanza en la presentación del proyecto de ley.

Para otros, en cambio, el anuncio refleja un importante cambio estratégico en la tramitación de iniciativas emblemáticas. Tal como señala Blanca Arthur en su artículo "La audaz jugada de la dupla Piñera-Lavín", sólo horas antes se habría tomado la decisión del anuncio presidencial de esta propuesta educacional.

Esta súbita determinación se debería, a que, a pesar de la aprobación ciudadana del mandatario, el gobierno reconoce su poca efectividad en la incorporación de temas en la agenda pública. En un año marcado por circunstancias exógenas -terremoto del 27 de febrero, rescate minero en San José, elecciones ANFP, litigio con Perú ante La Haya-, necesitaba instalar un tema reformador y emblemático que pudiera identificar al Gobierno, tal como lo fue la reforma previsional en el mandato de la ex Presidenta Bachelet.

También hubo provocaciones del bloque opositor, en el sentido de que la administración Piñera relajaría su ritmo después de su exitosa actuación en el rescate minero. Francisco Javier Díaz, ex encargado de contenidos de Michelle Bachelet, en su columna “Pepe o Papurri, el dilema de Piñera”, publicada dos días antes del anuncio presidencial, expuso certeramente la disyuntiva del Presidente Piñera: “La pregunta es si Piñera optará por el camino fácil de la popularidad inmediata o por la pedregosa vía de los cambios profundos, por impopulares que éstos sean”. Esto coincide con la inmediata respuesta de la reforma en Educación y la divulgación de próximos cambios en Salud y Modernización del Estado.

Por otra parte, con el endurecimiento de las relaciones entre oposición y gobierno, Cristián Larroulet, ministro secretario general de la Presidencia, prefirió derechamente cambiar el escenario de negociación, trasladando el debate al Parlamento, sin esperar un acuerdo previo con las fuerzas opositoras. De esta manera, el costo de un eventual rechazo se traspasa ante la opinión pública a los parlamentarios que voten en contra de la iniciativa, abriéndose el flanco de perpetuación de la inequidad, una de las principales deudas pendientes de los gobiernos de la Concertación. De hecho, ésta sorprendió a su vez al Gobierno anunciando hoy la presentación de una propuesta alternativa para Educación.

Pero también este anuncio refleja una nueva forma de comunicación estratégica. De alguna manera, y provocado quizás por la confusión general que reina en todos los partidos políticos, se opta por empoderar a la opinión pública, pidiéndole una mayor participación en mediar y/o juzgar estos conflictos. Sin embargo, surgen de inmediato las siguientes preguntas: ¿Qué tanto se podrá separar la gestión de la comunicación? ¿Una ahora eficaz capacidad comunicacional podrá suplir la falta de un desempeño medible? El mismo mandatario cambió los ejes del discurso gubernamental, instalando el paradigma de la eficiencia. Hoy los estándares de la administración gubernamental ya se encuentran cambiados, con una opinión pública más educada y exigente y una oposición que no perdonará ninguna oportunidad de atacar al gobierno.

Si bien es cierto que ninguna gestión puede brillar sin una buena comunicación, una excelente comunicación no puede ocultar indefinidamente una falta de gestión, como ocurrió en el pasado. La credibilidad demora años en construirse y segundos en perderse, tal como lo comprendió el equipo comunicacional de la ex Presidenta Bachelet, después de la bullada inauguración del Hospital de Curepto.

Por eso, todos los chilenos hacemos fuerza para que la reforma educacional no naufrague por estériles luchas políticas. En eso, Mario Waissbluth, Coordinador Nacional de Educación 2020 es claro en su mensaje y ¡lo dice mucho mejor! Esta vez las (ir)responsababilidades no quedarán sin respuesta ciudadana.

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El Presidente Piñera y la carga probatoria

La inminente votación sobre la constitución de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por una supuesta intervención presidencial en las elecciones de la ANFP, se convertirá en un dolor de cabeza para el área comunicacional del Gobierno. Más aún, si desde el primer momento la política comunicacional del Gobierno fue errática, desconociendo por completo las reglas básicas de la carga probatoria ante la opinión pública.

A pesar de que ésta en tribunales corresponde a quién plantea la acusación, la defensa en la esfera pública se rige por otras normas. En especial, si la estrategia de la Concertación -además de aprovechar un flanco ofrecido en bandeja y abierto por el propio Presidente al mantener sus acciones de Colo Colo-, se centra más en lograr verosimilitud que en descubrir la verdad de los hechos. Amparadas en antecedentes que contribuyen a crear dudas razonables acerca de los medios utilizados por el Presidente para lograr resultados, las acusaciones sólo debieron enfocarse en demostrar motivaciones plausibles para ser creíbles -y no en acciones concretas-, traspasando al imputado la carga probatoria ante la opinión pública.

Es por esto que mientras más se vea fortalecida la reputación de efectividad del Presidente, más vulnerable será a la creación de enfoques, encuadres o framings por parte de sus detractores: “el todo vale” o “el fin justifica los medios” ya está instalado. Aún más, desligada la Concertación del peso de la gestión, ésta podrá concentrarse en su principal fortaleza: la comunicación, colocando al Gobierno en una situación de desventaja al tener que combinarla con gestión. De hecho, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la oposición se han tensado ostensiblemente, ante la atenta mirada de la ciudadanía, la que tiende a castigar estas confrontaciones.

Hasta ahora, ni las declaraciones del periodista Felipe Bianchi, ni las del columnista Hermógenes Pérez de Arce ni las de los parlamentarios Soledad Alvear y Pepe Auth han sido confirmadas por terceros. Sin embargo, existen precedentes de anteriores acciones del Presidente, que entregan credibilidad a la tesis de la intervención gubernamental en las elecciones de la ANFP: la cuestionada infracción a la prohibición de compra de acciones de Lan con información privilegiada, el llamado para cancelar la construcción de la termoeléctrica de Barrancones, el ya casi olvidado Piñera Gate o la tardía venta del director de ChileDeportes de sus acciones de Colo Colo al consuegro del Jefe de Estado. A esto se suma el público distanciamiento con Marcelo Bielsa y Harold Mayne-Nicholls, al que se expuso gratuitamente el Presidente Piñera. Además, el coincidente -e inoportuno- anuncio de la remodelación de los estadios Sausalito y Playa Ancha perfectamente podría interpretarse como una compensación a los votos de Everton y Santiago Wanderers en las elecciones de la ANFP.

Como consecuencia, ni siquiera existe unanimidad dentro de la Alianza respecto a la conveniencia de esta comisión investigadora. Desde ya, el anuncio de diputados RN de apoyarla para aclarar las supuestas imputaciones, aumenta las probabilidades de la indagación. Por otra parte, la UDI ya adelantó su rechazo a su constitución, aduciendo la falta de fundamentos y pruebas. Sin embargo, independiente del efecto del resultado procesal de la comisión, resulta innegable que también existirá un impacto comunicacional respecto a la imagen del Presidente.

No obstante, desde el principio la estrategia comunicacional del gobierno fue reactiva. Fuimos muchos quienes advertimos que en algún momento el Presidente Piñera se vería enfrentado a un conflicto de intereses. Y así ocurrió: el inflamable ambiente futbolístico -caracterizado por un ADN pasional- prendió fuego de inmediato al entremezclarse con la política, haciendo peligrar de inmediato varios puntos de aprobación presidencial. Esta situación podría durar todo el tiempo que tome el proceso clasificatorio de nuestra selección nacional.

Además, el próximo partido de la selección con Uruguay -y despedida de Marcelo Bielsa-reinstalará el tema ante la opinión pública, agravando la innecesaria y evitable pérdida de capital político del Primer Mandatario. La celebración del centenario de la selección podría convertirse en una manifestación ciudadana más fuerte que la de Barrancones, pero ahora presencial y ante hechos irreversibles. La potencial inhabilidad del electo presidente de la ANFP, José Segovia, tampoco ayuda a agotar el tema y dar vuelta la página.

Resulta irónico que, después de todo el tiempo, dinero y esfuerzo invertido en el fútbol por el Presidente Piñera para captar simpatías de la ciudadanía, sea precisamente este deporte el que le reste valiosos puntos de aprobación ciudadana.

Instalada la duda, cualquier resultado de la comisión investigadora -condene, absuelva o no se constituya-perjudicará el capital político del Presidente Piñera. Más aún, si tal como señaló el senador Hernán Larraín en el programa “Estado Nacional” de TVN, al referirse a un tema de cultura política: la Alianza es buena para poner huevos, pero no sabe cacarear…

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El Presidente Piñera, Kike Morandé y Stefan Kramer

Una vez superado el incidente de la visita de Bielsa a La Moneda, el recuento de daños sólo deja un alto costo en imagen para ambos actores. En el caso del entrenador argentino, se critica su falta de manejo de la situación, cuestionándose su carácter, educación e incluso filiación política. Aunque para el mandatario el perjuicio fue menor -por ser anfitrión y representar a la nación-, se ha instalado una profunda discusión acerca del estilo presidencial.

Se suma a este episodio el duro cuestionamiento que le realizara el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez; las críticas efectuadas por las dirigentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) -agravadas por la respuesta del ministro Hinzpeter- y el apresurado rechazo del timonel de la ANFP, Harold Mayne-Nichols a la invitación a La Moneda. La opinión pública ha constatado que es un problema permanente y no puntual, que supera la falta de acostumbramiento de los chilenos al nuevo estilo de liderazgo: las cosas no se estarían haciendo bien.

Más aún cuando se toma en cuenta la última Evaluación de la Gestión de Gobierno -realizada en junio por Adirmark-, las cifras ratifican el diagnóstico. Según este estudio, el nivel de aprobación del Presidente prácticamente se ha estancado en el 52%, el de desaprobación se ha incrementado desde un 18% inicial a un 34% actual, los atributos peor evaluados continúan siendo “credibilidad” (57%) y “confianza” (58%), y el Gobierno (57%) sigue siendo mejor evaluado que el mandatario. Será interesante conocer cuánto afecta el episodio Bielsa en la imagen del Presidente, ahora que se está haciendo el trabajo de campo de la encuesta CEP.

Quizás por esta razón, el Presidente se ha empeñado en parecer cercano, confiable, amigable. Incluso divertido, chispeante e ingenioso. En sus empresas, este trato seguramente producía buenos resultados, en especial con la mayoría de sus colaboradores: jóvenes, profesionales y sujetos a un claro vínculo jerárquico, en que cualquier desubicación sería rápidamente corregida o sancionada. Sin embargo, ante audiencias distintas, el estilo informal del mandatario pareciera que sólo produce confusión, desconcierto o desconfianza.

Por regla general, este trato familiar, afable, buena onda, casi como de patrón de fundo campechano, no suele ser correspondido por interlocutores que se encuentran en desigualdad de condiciones. Quizás el único que tiene éxito es Kike Morandé, en su programa Morandé con Compañía, el Estelar del Pueblo. El también llamado cariñosamente “ñatito” entrevista, actúa, bromea y se relaciona con su público incondicional, pero siempre desde cierta superioridad.

Las críticas al Presidente Piñera comprenderían varios aspectos: riesgo para la dignidad del cargo, bacheletización del Presidente, alejamiento de las normas protocolares, banalización de las actividades o falta de control de la ansiedad comunicativa. Los ineludibles conflictos de intereses del mandatario y del Subsecretario del Deporte, Gabriel Ruiz-Tagle, al ser importantes accionistas de Colo Colo, sólo agravan la situación.

Quién capta magistralmente estas sutilezas es Stefan Kramer. En su inolvidable rutina en la segunda noche del Festival de Viña del Mar en el 2008, el artista imitó en casi 90 minutos a 33 personajes. Entre ellos, el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y el animador Kike Morandé.

Tiempo después, uno de los mejores momentos comunicacionales del Presidente Piñera fue el Mensaje a la Nación, presentado el 21 de mayo de este año ante el Congreso Pleno. El estilo comunicacional escogido fue formal, solemne, ante un podio, con un discurso estructurado y coincidió con muchas de las herramientas utilizadas por Stefan Kramer en su aplaudida imitación festivalera. Por el contrario, la visita a Juan Pinto Durán fue mal evaluada por el Gobierno, la selección y la opinión pública. Mucho más informal, más forzada, quizás con más de algún elemento utilizado por Stefan Kramer en su imitación a Kike Morandé, la realidad estuvo al filo de asemejarse a esa rutina.

Por otra parte, las últimas apariciones del comediante causaron la molestia de La Moneda, pero se ignora si es por exceso o por falta de fidelidad, lo que podría convertir en irrelevante el reclamo si el original no modifica su estilo comunicacional (parodiado).Pero está claro que la informalidad del Presidente sólo impide que se haga respetar, sin hacerlo ganar mucho en cercanía o credibilidad.

En el mismo sentido, aún los mismos partidarios del Presidente cuestionan su imagen presidencial. El senador Andrés Allamand, quién ya había criticado la informalidad del Jefe de Estado, ahora le sugiere olvidarse de la parka roja. El propio jefe de bancada de la UDI, Patricio Melero, señala que la dignidad de la figura del Presidente está en entredicho, lo cual “no es algo anecdótico porque tiene consecuencias políticas”. Y agrega que “esto debe ser materia de preocupación en la Presidencia, porque si no se revierte, el Mandatario puede ser ninguneado por cualquiera”.

Sin embargo, según la mencionada encuesta Adimark, la característica de “activo y enérgico” sigue siendo el atributo mejor evaluado (76%) del Presidente, seguido por “capacidad para solucionar problemas del país”, “capacidad para enfrentar las situaciones de crisis” y “autoridad” (todas con 69%). Pero hasta ahora, los atributos escogidos para construir la imagen pública del Presidente Piñera no han sido las cualidades más valoradas por la ciudadanía.

Columna publicada en La Tercera Online: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/el_presidente_kike_morand%C3%A9_y

La restauración de la credibilidad presidencial

Damnificada resultó la credibilidad presidencial después del episodio de la venta de acciones de Lan. La promesa de venderlas antes de asumir la Presidencia de la República definitivamente no se cumplió. La tardía venta demostró la voluntad de respetar lo ofrecido, pero dañando de alguna manera la imagen del mandatario. Si bien se hizo lo prometido, el retardo en esta enajenación sólo empañó el cumplimiento, abriendo un flanco político que se hubiera podido evitar.

Los conflictos de intereses parecieran ser el probable talón de Aquiles que tendrá este gobierno. El Presidente, sus ministros y gran parte del Poder Ejecutivo se verán enfrentados a complejas situaciones. Por ejemplo, tanto la subsecretaria de Transportes, Loreto Silva, como el Coordinador de Concesiones del mismo Ministerio, Mauricio Gatica, ya se encuentran inhabilitados en decisiones de su ramo sobre iniciativas privadas. Pero quién no se inhabilitó fue el director de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle en la polémica por el reparto de excedentes del Canal del Fútbol, la que todavía no se sabe cómo será resuelta.

Cabe recordar que este período presidencial partió en forma especial. El terremoto y posterior tsunami cambiaron de un golpe los objetivos iniciales, haciendo surgir nuevas prioridades y retardando el proceso de instalación. La cuantificación de los daños -por un total de US$ 30 mil millones- inicialmente fue desestimada por un estudio publicado por IM Trust, que calculaba un máximo de US$ 8 mil millones. Sólo recién el exhaustivo detalle que entregó el ministro Felipe Larraín al Senado y a la Cámara de Diputados explicó los parámetros utilizados para calcular el monto total de las pérdidas, informando de los daños a la ciudadanía y permitiendo aclararle los cálculos. A su vez, los diputados también pidieron al Gobierno información clara sobre los daños del terremoto, solicitando claridad y transparencia en la estimación de los montos de los daños y en la selección de las fórmulas para financiar el plan de reconstrucción.

En el mismo sentido, la tardanza en el nombramiento de ciertos cargos del Poder Ejecutivo tampoco contribuye a ratificar la inicial imagen de excelencia en la gestión con que partió el nuevo gobierno. En cambio, la rápida capacidad de reacción gubernamental logró superar la descoordinación producida entre La Moneda, el Congreso y la Corte Suprema respecto al proyecto del bono marzo, permitiendo su pago y cumpliendo así una de las promesas de campaña.

Por otra parte, la polémica surgida con motivo de los dineros de la Comisión Bicentenario sólo ha confundido a la opinión pública. Llevada personalmente por los involucrados, tanto Julio Dittborn, su actual Secretario Ejecutivo, como Javier Luis Egaña, ex Secretario Ejecutivo del anterior gobierno, han defendido sus posiciones sin llegar a un resultado concreto. Una acusación, su defensa y una réplica, además de reclamos en otros campos, demuestran fehacientemente que el traspaso del mando no fue tan impecable como se quiso. A estas alturas, la citación a la Cámara de Diputados de los personeros que dirigían dicho organismo se hace necesaria para aclarar este episodio, dejando de lado las bravatas en que ha caído cada conglomerado.

A pesar de que seis de cada diez chilenos creen que a este gobierno le irá bien, el capital político del Presidente Piñera no se puede dilapidar. Terminado el caso de Lan en medio de críticas por la tardanza y por el no pago de impuestos, permanecen abiertos otros flancos. Por de pronto, los casos de Chilevisión y Colo Colo podrían agrandar el daño a la credibilidad del mandatario. Ante conflictos tan previsibles, se hace necesario cuidar su capital reputacional correspondiente a una institución republicana de tan alta significación.

A pesar de que la ciudadanía entiende las dificultades iniciales causadas por los sismos en la instalación del nuevo gobierno, el país quiere a volver a la normalidad. La opinión pública percibe también la polarización política que se ha producido y que no habrá tregua entre Gobierno y oposición. Ambos conglomerados están cumpliendo sus roles, pero se han olvidado en gran medida de las promesas de colaboración post terremoto, entrabando la reconstrucción nacional por privilegiar sus intereses particulares.

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/restaurando_la_credibilidad_presidencial

La profesionalización de la derecha

Hasta ahora, los únicos cupos oficiales posibles para la derecha se centraban en el Congreso. Desde hace 20 años, todos los políticos de oposición, independiente de sus preferencias y competencias, inevitablemente buscaron algún cargo de elección popular en el Senado o en la Cámara de Diputados que consolidara su trayectoria política. Era un paso obligatorio en la Alianza. La gran mayoría de ellos lo hizo a través de los partidos, aceptando y asumiendo las mecánicas internas en las designaciones de candidatos para cada cupo. Es así que a fines del año pasado surgió toda una polémica respecto a un eventual límite de reelección parlamentaria ante la permanencia de varios senadores y diputados que cumplen la misma función desde el restablecimiento de la democracia, en 1990.

Sin tomar en cuenta las preferencias, habilidades o motivaciones de cada postulante, la labor legislativa se convirtió en unas de las pocas plataformas que permitía y aseguraba la visibilidad necesaria para hacer una carrera política. De ahí que inmediatamente después del triunfo del Presidente electo Sebastián Piñera, varios miembros del Poder Legislativo manifestaron su disponibilidad para dejar el Congreso y asumir un eventual cargo en algún ministerio. Es probable que estos puestos tengan mayor figuración, concreción y significación ante la opinión pública que una representación parlamentaria, muchas veces con resultados individuales difusos y poco identificables. Sin embargo, el nuevo gobierno optó por dejar este criticado mecanismo -que autoriza nuestra normativa- sólo para casos excepcionales.

Ahora, con la próxima asunción de Sebastián Piñera, los recientes nombramientos de ministros y subsecretarios de su gabinete confirman la creación de espacios políticos adicionales, los que permiten la aparición de nuevas figuras y apaciguan de alguna manera el clamor general de la ciudadanía respecto a la necesidad de renovación política. No solamente se produce el esperado recambio generacional, sino que también modificará la forma de hacer las cosas, con estilos, contenidos y caras nuevas, corroborando la culminación de un ciclo político y el comienzo de uno nuevo.

Más aún, estos nuevos personeros -que cuentan con una formación técnica de excelencia y que no necesariamente provienen de militancias políticas- permiten visualizar una administración centrada en resolver los problemas del chileno común y corriente. Probablemente el debate público se intensifique con la aparición de temas vanguardistas ignorados por la clase política tradicional. Además, la inmensa mayoría de ciudadanos independientes puede sentirse representada por el gran número de ministros y subsecretarios no militantes de partidos políticos, que confirman que la pertenencia a alguno de ellos ya no es obligatoria para desarrollar una carrera en el servicio público.

Esta nueva dinámica provocará grandes e inevitables transformaciones en las cúpulas de nuestro país. De partida, un sistema que hace presumir que se harán efectivas las responsabilidades políticas de acuerdo a evaluaciones de desempeños individuales, impedirá que los partidos políticos se desgasten intentando disimular o atenuar los fracasos de los miembros del Poder Ejecutivo. Por otra parte, la implementación de la inscripción automática y el voto voluntario -con el consiguiente cambio del padrón electoral- , la aparición de nuevos canales de empoderamiento político y la revalorización de la formación académica y de la experiencia técnica en el servicio público, obligarán a los dos grandes conglomerados a redefinirse.

Tanto la Coalición por el Cambio como la Concertación han experimentado profundos cambios en estos últimos tres meses. La dictación de una nueva Ley de Partidos Políticos sería de una gran ayuda para democratizar todas las colectividades políticas, acercarlas a la ciudadanía y hacerlas recuperar su perdido prestigio. Podría ser una oportunidad única para reencantar a las nuevas generaciones e integrar personas preparadas profesional y éticamente a los partidos, consolidando y legitimando el rol de éstos en la vida pública.

En el conglomerado hasta ahora oficialista, la derrota en la elección presidencial de alguna manera debilitó a las actuales directivas, desencadenando un profundo proceso de reflexión y de redefinición de su identidad. Por su parte, de ahora en adelante - y frente a futuros escenarios de alternancia política- los políticos que integran la Coalición por el Cambio deberán profesionalizarse, escogiendo cuidadosamente sus especializaciones políticas y diferenciando claramente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los conocimientos, habilidades y actitudes para uno ya no necesariamente serán las mismas que para el otro y el ciudadano chileno comenzará a exigir resultados en los dos ámbitos.

Columna publicada en latercera.com: http//blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_profesionalizacion_de_la_derecha

Concertación: la exclusión comienza por casa

El anuncio de Sebastián Piñera de convocar en su próximo gobierno a los mejores - entre los que se incluirían figuras de la Concertación y de otros sectores que no apoyaron su candidatura-, ha generado toda una controversia. La invitación a buscar acuerdos y consensos en los grandes temas ha provocado cierta desconfianza en la dirigencia del hasta ahora conglomerado oficialista, desatando inmediatas reacciones que parecen más bien dirigidas a mantener -o recuperar- el poder que a procurar el bien del país.

En una etapa en que se consolidan los liderazgos que dirigirán la futura oposición, la visibilidad que tendría un ministro concertacionista en el próximo gabinete representaría una amenaza para las actuales y futuras próximas directivas. Las pugnas internas, la búsqueda de las causas de la derrota electoral y el clamor ciudadano de renovación política ya establecen de por si un difícil escenario dentro de los partidos oficialistas. La aparición de nuevos liderazgos sólo produciría un mayor desorden, creando nuevas facciones y debilitando las próximas autoridades partidarias, en especial si se trata de personeros que encarnan posturas más moderadas, demuestran resultados más eficientes y se manejan con mayor flexibilidad en la arena política.

Por eso, son los presidentes de los partidos de la Concertación quienes se oponen a que integrantes de sus filas se sumen al nuevo gobierno, sin siquiera haberlo consultado con sus bases. Aún más, al ser tan pocos los chilenos que militan en partidos políticos, su opinión debiera ser escuchada con mayor razón. El no escucharlos representa una vez más la resistencia a alterar las viejas prácticas políticas y desestimar las peticiones ciudadanas, perdiendo además una gran oportunidad para enriquecer el debate público.

Precisamente todas estas malas prácticas -en que se privilegian los intereses partidistas por sobre el desarrollo del país- fueron castigadas en la última elección presidencial. La creciente incapacidad de la Concertación para renovar contenidos y procedimientos en torno a un proyecto de futuro, sumada a la escasa participación ciudadana, las decisiones autocráticas y los mecanismos poco representativos, hicieron que una mayoría social -antes que política- optara por el cambio.

Tal como señala Marcelo Contreras, Director de la Revista de la Fundación Chile 21, en su artículo “La elección presidencial inaugura un nuevo ciclo político en el país” (publicado en el medio digital Bitácora), él analiza las causas del agotamiento de la coalición oficialista y, dentro de ellas destaca una, asociada a la gestión política. “A la forma de pensar y hacer la política, centrada básicamente en la administración y la lucha por el poder antes que en la deliberación política, la interacción con la sociedad y los esfuerzos por representar las nuevas demandas ciudadanas”, concluye el periodista.

Confirmando esta idea, en la reciente carta de navegación para el conglomerado, “La Concertación Ciudadana”- redactada por cuatro dirigentes: Carolina Tohá, Ricardo Lagos Weber, Óscar Landerretche y Claudio Orrego-, sus autores señalan que “las soluciones las tenemos que encontrar en forma colectiva, participativa e inclusiva, y esto requiere de una reforma política profunda de nuestra coalición”. Pero de acuerdo a los últimos dichos de las cúpulas de sus partidos, pareciera que lo que es bueno para la Concertación no lo es para el país en general.

Por otra parte, el ex Presidente Ricardo Lagos señaló que quienes acepten alguna oferta del nuevo gobierno “dejan de ser concertacionistas”, provocando una polémica con Jorge Schaulsohn, quien recordó que el ex mandatario en su gobierno iba a nombrar ministro a Andrés Allamand.

A su vez, el consejo nacional de la DC adoptó una resolución formal que despoja de la militancia a quienes asuman cargos de confianza política en el próximo gobierno, como ministros, subsecretarios, gobernadores, intendentes y seremis. Sin embargo, la decisión parece no representar a todos los militantes, ya que Mariana Aylwin calificó la sanción como una norma que en nada aporta al rol de oposición de la DC.

Cierta sorpresa provocó también la petición que hizo el Presidente electo a Juan Gabriel Valdés de mantenerse en el cargo de representante especial de la Presidencia en Haití. Por esta razón, el ex ministro de Relaciones Exteriores aclaró de inmediato: "sólo una enorme pequeñez puede confundir el rol humanitario y no remunerado que implica mi función en Haití -y que continuaré por un período circunstancial- con un cargo político en el futuro gobierno”.

Por último, el amplio rechazo expresado por los dirigentes de los partidos concertacionistas respecto a reeditar la política de los acuerdos durante el próximo gobierno augura una polarización política en el próximo período, que es justamente lo que reprueba la ciudadanía. En este momento en que se reorganiza la futura oposición, se espera una fiscalización firme pero constructiva, que sea capaz de defender los avances sociales logrados, pero también de luchar en forma conjunta por el desarrollo de nuestro país.

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