Indignados: la chacota de los honorables diputados

En más de 951 ciudades del mundo se escuchará hoy el grito de los indignados. Ciudadanos comunes y corrientes se unen para protestar contra la captura de la política por parte de una elite autopoiética. La utilizan para mantener privilegios en perjuicio de los intereses de una gran mayoría que dejaron de representar hace mucho tiempo. Prueba de ello es la chacota de los honorables diputados en su labor parlamentaria, la que tiene un trato preferencial totalmente diferente al de la mayoría de los chilenos. Al no tener ningún control, al estar lejos del escrutinio de la opinión pública, al no existir fiscalización alguna, la impunidad que se produce debilita aún más a nuestra desprestigiada clase política.

De que los diputados están en otra, no cabe duda. Parece que priorizan otras actividades por sobre su función esencial: participar en la elaboración de nuestras leyes. Un ejemplo de ello es lo ocurrido el pasado jueves 11, en que hubo dos sesiones legislativas -una ordinaria (93ª) y una especial (94ª)- en que correspondía votar varios proyectos legislativos. Uno de ellos era el Proyecto de Acuerdo N° 436, en que la Cámara solicita al Ejecutivo fortalecer y modernizar Gendarmería de Chile.

A pesar de la gravedad de la crisis carcelaria en nuestro país -revelada crudamente después del incendio de la cárcel de San Miguel-, en esa sesión legislativa sólo 55 diputados votaron este proyecto. ¿Dónde estaban los 65 restantes? ¿Se convirtió en opcional la responsabilidad legislativa de nuestros congresistas? ¿O es que definitivamente a nuestros representantes ya no asumen como propia el trabajo de elaborar nuestras leyes? Pareciera que privilegian otras actividades más rentables políticamente, desligándose de su principal responsabilidad…

La iniciativa en cuestión solicita al Gobierno presentar a la brevedad un proyecto de ley que fortalezca y modernice Gendarmería de Chile, profesionalizando sus componentes e introduciendo las mejoras necesarias tanto en las condiciones laborales como las compensaciones económicas de su personal. Sin embargo, al no haber cámaras de televisión, ni manifestantes en las graderías ni tampoco cuantiosos intereses económicos involucrados, muchos honorables al parecer prefirieron no desgastarse en votar. ¿Su rechazo fue al voto electrónico o a la espera el hemiciclo hasta que éste se produjera? ¿Qué tan frecuente es todavía la práctica denunciada hace un par de años por el programa Informe Especial: marcar la asistencia al inicio de la sesión para lograr los quórums necesarios, pero luego retirarse del hemiciclo? ¿Qué motivó a que hubiera tan poca participación en la votación de un proyecto elaborado por ellos mismos para recomendar acciones al Ejecutivo en materia carcelaria? A todos los chilenos nos gustaría una explicación...

Ese proyecto se votó en la Sala, con menos del 50% de los sufragios que debiera haber tenido. ¿A qué se debe este incumplimiento laboral? Cualquier chileno que se ausente de sus labores o se niegue a su trabajo se vería en serios problemas. ¿Por qué esta impunidad flagrante? ¿Quién fiscaliza la labor parlamentaria?

De acuerdo al detalle de votación , quiénes NO votaron estando presentes en la sala según la lista de asistencia , fueron los siguientes diputados:

Ver columna publicada en La Tercera Online

Total impunidad en derrumbe mina: aquí no ha pasado nada

La impunidad política que existe en nuestro país se encuentra amparada por omisiones de la propia clase dirigente. Malas decisiones, gestiones torpes, influencias turbias, presiones ocultas y hasta defraudaciones ilícitas quedan ocultas tras un manto de silencio de las autoridades, tanto de gobierno como de oposición.

Después de haber celebrado con profusión el rescate minero -incluso en gira presidencial a Europa-, el Gobierno decidió cerrar el tema con un simbólico acto en La Moneda, redirigiendo su agenda hacia nuevos temas como la reconstrucción del terremoto, el presupuesto 2011 o la próxima agenda laboral.

Sin embargo, antes de concluir el capítulo, debiéramos ser capaces de aprender las lecciones derivadas de esta gran tragedia. No cabe duda que la empresa y sus dueños tendrán que responder penal y civilmente por las infracciones e ilícitos cometidos. ¿Pero qué pasa con la responsabilidad gubernamental? ¿Quién y por qué autorizó la reapertura de la mina San José? ¿Qué influencias políticas intervinieron ayer para agitar aguas creando confusión y desorden, con el consiguiente provecho de empresarios? ¿Qué lobby político interviene hoy para aquietarlas, sin que se definan las responsabilidades políticas, administrativas y penales?

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a la Compañía Minera San Esteban con el fin de recuperar los dineros gastados por el fisco de Chile en el rescate de los 33 trabajadores. Hasta ahora, se calcula que el monto adeudado asciende a $5.300 millones, más las facturas de las empresas que colaboraron en el rescate, las que podrían aumentar considerablemente esta cifra. El proceso -radicado en el 16º Juzgado Civil de Santiago-sólo pretende resarcir los gastos en que el Estado incurrió en el rescate. Pero si desde ya se sabe que la minera San Esteban no podrá pagar los finiquitos de sus trabajadores, ¿existirá alguna posibilidad real de recuperar los dineros gastados en el rescate? ¿O esta demanda del CDE es sólo un saludo a la bandera, una simple señal comunicacional?

Asimismo, el 17º Juzgado Civil lleva otro proceso, en el que se propone arrendar la mina San José para evitar la quiebra de la empresa minera, y así pagar a acreedores (entre ellos todos sus trabajadores). En el hipotético caso que se solucionara el problema civil, ¿alguien buscará determinar alguna responsabilidad penal, administrativa o política?

Salvo la ilusa demanda del CDE, ¿hay alguna otra acción que busque investigar las causas de la reapertura de la mina? ¿O el que los 33 mineros hayan sido rescatados con vida extingue cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa o política? ¿Hubiera sido distinto con la muerte de alguno?

De hecho, el Poder Judicial se ha centrado sólo en recuperar los dineros estatales. Por otra parte, los mineros rescatados han anunciado una querella contra la minera San Esteban y el fisco, pero ésta aún no se concreta.

El Poder Ejecutivo parece haber cerrado la agenda del rescate, y se centra ahora en otros temas. El ministro Golborne se enfrenta ahora a las críticas recibidas por el proyecto de ley que flexibiliza exigencias del cierre de faena y administración de desechos tóxicos, centrándose en ese tema y desplazándose la atención de la opinión pública.

El Poder Legislativo, siempre tan prolífico para constituir comisiones investigadoras, ha guardado un discreto -¿sospechoso?- silencio. Ni siquiera los senadores Isabel Allende (PS) y Baldo Prokurica (RN) -ambos tan participativos en el rescate- han emitido alguna declaración que indique siquiera una intención de dilucidar qué pasó con la reapertura de la mina San José, en que indudablemente estuvieron involucradas autoridades de su circunscripción.

Ante la pérdida de credibilidad de las comisiones investigadoras -en que parlamentarios parecen sólo defender posiciones de sus conglomerados- , las hasta ahora acciones judiciales limitadas a resarcir perjuicios y gastos, la rápida decisión del gobierno de enfocarse en otros temas y el absoluto silencio de las autoridades de la Región de Atacama, sólo queda recurrir a la sociedad civil-cada vez más empoderada y autónoma- para que averigüe qué fue lo que pasó en la reapertura de esta mina. ¿Qué influencias administrativas o políticas tuvieron que intervenir para que ésta se reabriera? ¿Fue a nivel regional, o también se tuvo que intervenir a nivel central?

Si la posibilidad de recuperar los $5.300 millones (más gastos de empresas que colaboraron) es remota, significa que una vez más seremos los contribuyentes quienes tendremos que financiar la exitosa operación de rescate. Ok, indudablemente valió la pena y los 16 millones de chilenos lo haríamos nuevamente. Pero, al menos, queremos saber quiénes fueron responsables política, administrativa y penalmente en la reapertura de la mina San José. Y para esto, al parecer, las instituciones no funcionan…

¡¿Será necesario que CNN Chile y Ciper investiguen la reapertura de esta mina y aclaren este tema a la opinión pública, tal como lo hicieron con los relaves mineros?!

Columa publicada en La Tercera Online

Una espiral de manifestaciones

Después del paro nacional de los profesores, en que éstos finalmente lograron el pago del adeudado bono SAE, podría comenzar una espiral de manifestaciones. De hecho, la toma del Instituto Nacional, desarrollada por alumnos que demandan la estatización de la educación municipal, es la primera consecuencia. A pesar de que la Municipalidad de Santiago de inmediato ordenó su desalojo, ¿cómo explicarles a los alumnos que ellos no pueden recurrir a movilizaciones, pero sus profesores sí?

Al día siguiente de haberse depuesto el paro nacional de profesores, la enérgica e inmediata respuesta de la Municipalidad de Santiago a la toma del Instituto Nacional causa perplejidad en la ciudadanía. El desalojo solicitado por el alcalde Pablo Zalaquett sirvió para suavizar el tenor de la protesta, transformándola en una “ocupación cultural” y logrando que los estudiantes abandonaran en forma pacífica el establecimiento. Pero en la práctica, igual significó la suspensión de las clases y la imposibilidad de ingreso de profesores y alumnos al recinto.

En primer lugar, difícil resulta hacer entender a los estudiantes la improcedencia de las medidas de presión para lograr sus objetivos particulares, en especial después del ejemplo de eficacia dado por el Colegio de Profesores. ¿Por qué ellos sí y los alumnos no? ¿Son menos válidas sus peticiones o simplemente tienen menos derechos?

Y en segundo lugar plantea un debate respecto a la representatividad del Centro de Alumnos. ¿Todos los estudiantes querían iniciar un paro para demandar la estatización de la educación municipal? ¿O sólo era un grupo de presión, minoritario pero bien organizado?

Frente a estas dos legítimas interrogantes de los estudiantes, resulta difícil dar una respuesta. En especial, porque se supone que a los alumnos del Instituto Nacional, además de entregarles conocimientos, reciben una fuerte formación cívica.

Los maestros

Ya en marzo, a dos semanas de iniciadas las clases, Jaime Gajardo, presidente nacional del Colegio de Profesores, anunciaba un paro nacional, exigiendo que “la crisis económica no fuera pagada por el Magisterio”. Los motivos se basaban en la gran cantidad de despidos a profesores titulares y a contrata, fusión de cursos y cierre de colegios en todo el país, despidos sin sumario, no pago del bono SAE, reducciones de horarios, concursos mal hechos y cambios de contratos. Agregaba que todos estos antecedentes habían sido entregados a la Ministra de Educación, señalando: “no ha pasado nada, no hemos tenido eco en el Ministerio, que por lo menos cesen los despidos en la educación”.

Luego, en mayo de este año, el Colegio de Profesores convocaba a una movilización para presionar por el pago del bono SAE. Este correspondía a una subvención adicional especial, creada por ley para asegurar una remuneración mínima a todos los docentes y pagar una bonificación proporcional a las horas contratadas. Pero estos bonos de los años 2007 y 2008 no fueron pagados por las Municipalidades, discutiéndose todavía si efectivamente éstas recibieron los dineros de parte del Mineduc.

El 2 de junio, cerca de 20 mil profesores se congregaban en el Parque Forestal, en que Jaime Gajardo destacaba que “porque somos formadores, no podemos dejar que se nos denigre”. Recalcó que el bono SAE era un compromiso explícito del Gobierno, el que no se había cumplido. Se convocó al magisterio nuevamente para el día siguiente en las cercanías de La Moneda. Pero por tratarse de un acto no autorizado, alrededor de 50 docentes fueron detenidos, entre ellos Gajardo, al momento de sacar sus pancartas y comenzar a gritar.

Se ha convertido en una práctica totalmente consolidada que los profesores recurran a actos de fuerza, antes de evaluar otras alternativas menos dañinas para los estudiantes. En base a la rígida inamovilidad que tiene la educación municipal, estas acciones resultan abusos de poder de los profesores hacia sus alumnos, en su gran mayoría niños y jóvenes de escasos recursos, generándoles una gran dificultad para recuperar las clases perdidas.

Operación repetida

No es la primera vez –y probablemente tampoco la última- en que el Colegio de Profesores recurre a medidas de presión.

Durante el año pasado, los profesores efectuaron otras movilizaciones, utilizando el mismo procedimiento. El 16 de junio de 2008, 1.500 personas se juntaron en el Paseo Ahumada con la Alameda e intentaron avanzar hacia el Palacio de La Moneda, para expresar su rechazo a la LGE. Sin embargo, antes de llegar a destino, comenzaron los primeros enfrentamientos con carabineros, quienes trataron de disuadir la manifestación con carros lanza aguas y bombas lacrimógenas.

Luego, el 1° de julio de 2008, los dirigentes gremiales anunciaron la convocatoria a un nuevo paro nacional, para intensificar su rechazo a la LGE, a realizarse el 8 del mismo mes. Este llamado fue apoyado por otros organismos, como Fenpruss, FECh, ANEF y CUT.

El 3 de abril de este año, cerca de 3.000 profesores adhirieron al paro nacional convocado por el organismo gremial en defensa de la educación pública, siendo apoyados también por estudiantes de la FECH, dirigentes de la CUT y de la ANEF.

Reacciones

Existiendo pleno consenso sobre la gran brecha educacional chilena, se empieza a detectar una tendencia al desplazamiento de alumnos de colegios municipales a colegios particulares subvencionados. Además, comienzan las primeras señales de descontento de las familias de los alumnos municipales. Padres y apoderados de Puerto Aysén y de Valparaíso reclamaron por los perjuicios provocados a los hijos.

Por otra parte, resulta inexcusable que las autoridades, estando en conocimiento de lo inflamable del gremio, hayan permitido el desarrollo de este conflicto. La Asociación Chilena de Municipalidades debió haber reaccionado con mayor previsión -a no ser que quisieran instalar la devolución de la educación al Estado- , y el Ministerio de Educación debiera haber realizado una fiscalización más exhaustiva del pago de lo adeudado.

Como ya es recurrente en este tipo de conflictos en Chile, quienes pierden son inocentes víctimas de grupos bien organizados. En este caso, son estudiantes que dejaron de recibir su educación, que no podrán recuperarla con la misma calidad; alumnos de 4° medio, que quedaron en desventaja frente a estudiantes de colegios particulares y privados subvencionados y los padres, quienes tuvieron que asumir la modificación de sus rutinas diarias con el imprevisto cuidado de sus hijos. Mientras la educación pública siga capturada por los profesores, se ven escasas posibilidades de lograr el acuerdo nacional que permita solucionar el problema de la calidad de la educación.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
Gestcom
http://www.gestcom.cl/

Abstención en voto voluntario

La Cámara de Diputados finalmente aprobó la reforma al voto voluntario, pero aún sigue en duda su aplicación para estas elecciones.

Los votos negativos fueron de los diputados Gonzalo Arenas (UDI), Jaime Mulet (PRI), Alejandra Sepúlveda (Ind), Jorge Burgos (DC), Carlos Olivares (DC), Gonzalo Duarte (DC) y Eduardo Saffirio (DC).

Las abstenciones fueron de los diputados Rodriguez Alvarez, Marisol Turres Figueroa y Jorge Ulloa, todos de la UDI. Creo que para la ciudadanía sería interesante conocer las razones de su decisión de abstenerse de votar.

Sería sano e higiénico que los parlamentarios comenzaran a explicar a la ciudadanía los motivos de sus votaciones. Después de todo, somos nosotros quienes los escogemos para que nos representen, y en nuestra calidad de mandantes, queremos información para poder evaluar al momento de una (re) elección.

Hasta ahora, las decisiones parlamentarias gozan de una impunidad absoluta, sin ninguna rendición de cuentas ante los electores. Estamos cansados de apernados que no están representando a la ciudadanía.