No cabe duda que las 150 propuestas presentadas por la Mesa de Trabajo de Seguridad constituyen un gran avance para un consenso nacional que mejore la capacidad del Estado y de la sociedad chilena en el combate de la delincuencia y el narcotráfico. Muchas de estas medidas se podrán implementar por vía administrativa desde ya y otras, en cambio, al ser materia de ley, deberán ser ingresadas al Congreso para su discusión. Y ojalá que este Informe sirva para iniciar no sólo un debate legislativo, sino también uno social sobre cuál es el rol del chileno común y corriente en esta lucha por una vida con mayor paz y tranquilidad.
Resulta irrisorio pensar enfrentar un tema tan complejo y tan enquistado en nuestra sociedad sin contar con una participación activa de la ciudadanía. ¿”Denuncio o no denuncio”? ¿”Ayudo o me hago el leso”? ¿”Compro o no compro al vendedor ambulante”? ¿Me organizo en el barrio a riesgo de parecer exagerado? son interrogantes que a diario debemos hacernos y que ya forma parte de nuestra cultura. Y es que sin un cambio conductual de la víctima -uno de los actores más importante del delito-, es poco probable que las medidas propuestas tengan resultados.
Teniendo en cuenta que casi la mitad de los chilenos piensa que la primera prioridad a resolver por el Gobierno es la delincuencia/asaltos/robos (CEP septiembre-octubre 2017), una gran mayoría accederíamos a incorporarnos colectivamente a esta lucha. Pero ante la renuncia a intentar cambiar el comportamiento social, probablemente muchos serán los que continuarán en forma individual en su marasmo ante la delincuencia con una persistente sensación de impotencia y pesimismo.
Más aun, buscándose en esta oportunidad producir cambios tan profundos y radicales a las formas en que tradicionalmente se ha combatido el delito en Chile, los ejes temáticos se han enfocado exclusivamente en el prestador del servicio público, pero no en el receptor de éste. Y es por ello que esta agenda apuesta su éxito principalmente a modificaciones normativas para autoridades, prescindiendo por completo de los necesarios cambios culturales de la población víctima de la delincuencia, la que ha colaborado en la consolidación de una impunidad casi total.
Y es que inicialmente la referida Comisión de Seguridad contemplaba sólo cuatro áreas, todas orientadas a las autoridades policiales y judiciales: 1) Modernización administrativa y operativa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones; 2) Creación de un nuevo Sistema de Inteligencia del Estado, integrado y funcional, enfocado en la prevención y no en la reacción; 3) Mayor y mejor fiscalización y control de armas y 4) Mejorar la coordinación de todas las instituciones que están al cargo de la seguridad y la paz de las familias chilenas, partiendo por las policías, los fiscales, los jueces, Gendarmería, los municipios, la comunidad organizada.
De hecho, desde un inicio la convocatoria a la mesa fue hecha con nombre y apellido a ministros en ejercicio, subsecretarios, ex ministros, senadores, diputados, alcaldes, un ex contralor, un director de una unidad especializada, un director de una ONG, académicos y un asesor del Ministerio del Interior. Pero nadie en representación de las víctimas, de la ciudadanía en general, del ciudadano de a pie, el cual obviamente constituye un protagonista relevante de este pelea.
En el desarrollo de las sesiones de trabajo, se llegó a un consenso respecto al diagnóstico de la situación actual de la seguridad. Pero también surgió la necesidad de agregar otro eje fundamental: el rol de los municipios en la Seguridad Pública.
Como organizaciones que mantienen una fuerte y contante presencia en la vida de sus vecinos, ya sea a través de trámites, servicios o beneficios, los requerimientos de seguridad se han trasladado a la figura del Alcalde. Independiente de las escasas funciones y herramientas que la ley hoy les entrega, los municipios han contribuido en forma importante al diagnóstico delictivo de sus comunas –son quienes mejores conocen su territorio-, y serán fundamentales ahora en la implementación de estas medidas en el quehacer diario de la ciudadanía.
Sin embargo, nuevamente las 15 propuestas de este capítulo se enfocan en el prestador del servicio: el flamante Servicio Táctico de Operación Policial (STOP), los Consejos y Planes Comunales de Seguridad, Observatorio Intermunicipal para la Prevención del Delito, incremento del Fondo Nacional de seguridad Pública y añadiendo la autorización para delegar labores administrativas de Carabineros en funcionarios municipales. En forma adicional un breve acápite dirigido al ámbito local, en que tímidamente reconoce la importancia de las organizaciones comunitarias en el ámbito de la seguridad, estableciendo algunas capacitaciones y fondos para ellas. Pero nada respecto a la necesidad de que el ciudadano asuma a través de la denuncia y de la entrega de información un rol más activo en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, ni mucho menos un mandato para que las municipalidades propicien comunidades organizadas en el ámbito de la seguridad ciudadana. ¿Este combate es de todos o sólo de algunos?
Y tal como señala el mismo Informe, el éxito de las medidas propuestas requiere el compromiso de todos los actores. Resulta absurdo el renunciar desde un principio prescindir del potencial de una alianza público-privada en la principal preocupación de los chilenos. No es tarde para que las Municipalidades incorporen en forma colectiva a la ciudadanía en esta batalla.
Publicada en La Tercera Online el 25 de julio de 2018.
