¿Un efectivo y silencioso lobby minero?

Todos los parlamentarios ya tienen asumida su obligatoria necesidad de visibilidad ante la opinión pública. De ella dependen votos de electores, evaluación ciudadana y posibilidad de perpetuarse en el cargo. Por ello, aprovechan cualquier oportunidad de aparecer en cámara, como fue tan comentado durante todo el largo proceso del rescate minero. Sin embargo, parece que todos pecan de omisión cuando se trata de legislar en materias mineras. ¿Simple casualidad o consecuencia de un poderoso, efectivo y silencioso lobby?

Una vez pasado “el veranito de San José” provocado por el rescate minero, la oposición intensificó sus ataques contra el gobierno: elecciones ANFP, presupuesto 2011, reconstrucción post terremoto, agenda laboral, etc. Casi podría pensarse que este endurecimiento comunicacional se convirtió en una encarnizada lucha por sobrevivir, en momentos en que la Concertación vive serios problemas de identidad.

La ¿coincidente? publicación de una larga investigación periodística hecha por CNN Chile (Carola Fuentes) y Ciper abrió toda una polémica al respecto. Por una parte, establecía que la empresa Refimet, de Alejandro Noemi, ex vicepresidente ejecutivo de Codelco en el gobierno de Patricio Aylwin y Alfonso Dulanto, ex ministro de Minería de Ricardo Lagos, había vertido en piscinas “oficiales” (autorizadas por Sernageomín) 13.000 toneladas de desechos en un 40% compuesto de arsénico, entre otras irregularidades. Por otra, el reportaje coincidía con una indicación sustitutiva del ministro Golborne a un proyecto de ley de la ex Presidenta Bachelet, que precisamente buscaba regular el cierre de faenas e instalaciones mineras (boletín 6415-08). Esta iniciativa legal, ingresada en marzo de 2009, se encontraba todavía en Primer Trámite Constitucional y sin urgencia legislativa.

La petición de la bancada PPD de crear una comisión investigadora para revisar la situación de los relaves mineros fue apoyada por numerosos diputados de la Concertación. A su vez, el oficialismo atribuyó el ataque a la reciente popularidad del titular de la cartera de Minería tras el rescate de los mineros. Muchas personas opinaron, discutieron e intervinieron en el debate, pero sin entrar a los puntos controvertidos: calidad de los actuales relaves mineros e indicación sustitutiva sobre regulación de cierre de faenas e instalaciones mineras.

Por eso, que 48 diputados solicitaran la creación de una nueva comisión investigadora no extrañó mucho a la opinión pública. La Cámara de Diputados, siempre tan prolífica al momento de constituir comisiones investigadoras, no pierde la oportunidad de ejercer su potestad fiscalizadora. Pero tres hechos llaman poderosamente la atención:

1. Durante la operación del rescate de los 33 mineros, fueron muchas las imputaciones a los propietarios de la mina, ministerios de Minería, del Trabajo e instituciones dependientes, empresarios en general y mutuales de seguridad. Innumerables autoridades trataron de aparecer en el campamento Esperanza, locación de uno de los espectáculos de mayor sintonía mundial. Pero, curiosamente, una vez liberados los trabajadores, nadie habló de una comisión investigadora: ¿quién y por qué autorizó la reapertura de la mina San José? ¿Responsabilidad de Minera San Esteban o de Sernageomín? ¿Qué influencias administrativas o políticas tuvieron que intervenir para que se reabriera la mina San José? ¿A nivel regional o a nivel central? ¿Quién responde política, administrativa y penalmente por ésta? Pareciera que ni el Gobierno ni la Cámara de Diputados tienen mucho interés de descubrir qué fue lo que sucedió.

2. La incipiente puerta giratoria que se está implementando entre la actividad minera y autoridades estatales puede convertirse en una cadena sin fin. Dos ejemplos: Mauro Valdés, actual director ejecutivo de TVN y ex vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Billiton Metales Base; y María Olivia Recart, ex subsecretaria de Hacienda, quién reemplaza a Valdés en dicha empresa. ¿Cuántos casos de menor visibilidad habrá?

3. Al momento de votar la constitución de la comisión investigadora sobre los relaves mineros, de los 120 diputados, sólo 41 votaron (a favor, en contra o abstención), sin siquiera lograr convocar a los 48 solicitantes iniciales. En definitiva, la solicitud se rechazó por falta de quórum. Curioso, porque tanto para la Concertación como para la Alianza (¿Coalición por el Cambio?) era un emblemático punto a discutir, de mucha visibilidad y con un trascendental resultado comunicacional. ¿Qué motivó a que tanto diputado no votara? ¿Más aún, estando la mayoría de ellos presentes en la sala según la lista de asistencia de ese día? La escasa votación pasó prácticamente inadvertida para la opinión pública, en especial la de diputados emblemáticos de la Concertación o representantes de las regiones mineras. . . Conozca el detalle de la votación de ese día:

Columna en La Tercera Online

Por otra parte, los diputados Felipe Harboe (PPD) y Marcelo Díaz (PS) anuncian que intentarán reponer la solicitud de creación de una comisión investigadora sobre relaves mineros. Curioso, porque ninguno de ellos votó el día 2 de noviembre: Felipe Harboe, porque tuvo una “emergencia médica”, y Marcelo Díaz, quién no votó, aunque aparece presente en la sala según la lista de asistencia (sesión 93, 2 de noviembre 2010). Este martes presentarán una nueva solicitud. Habrá que estar atento a ver qué sucede…

Ante la falta de un organismo empoderado para fiscalizar la transparencia del financiamiento de las campañas electorales (Servel no tiene las atribuciones legales), el silencioso rechazo parlamentario a regular el lobby (cinco proyectos de ley desde 2003, ninguno convertido en ley: boletines 3337-07, 3407-07, 3498-07, 4621-07 y 6189-06) y los ineficaces intentos parlamentarios para tratar temas mineros, hacen que sea absolutamente legítimo preguntarse: ¿simple casualidad o voluntad predeterminada?

Columna publicada en La Tercera Online

Total impunidad en derrumbe mina: aquí no ha pasado nada

La impunidad política que existe en nuestro país se encuentra amparada por omisiones de la propia clase dirigente. Malas decisiones, gestiones torpes, influencias turbias, presiones ocultas y hasta defraudaciones ilícitas quedan ocultas tras un manto de silencio de las autoridades, tanto de gobierno como de oposición.

Después de haber celebrado con profusión el rescate minero -incluso en gira presidencial a Europa-, el Gobierno decidió cerrar el tema con un simbólico acto en La Moneda, redirigiendo su agenda hacia nuevos temas como la reconstrucción del terremoto, el presupuesto 2011 o la próxima agenda laboral.

Sin embargo, antes de concluir el capítulo, debiéramos ser capaces de aprender las lecciones derivadas de esta gran tragedia. No cabe duda que la empresa y sus dueños tendrán que responder penal y civilmente por las infracciones e ilícitos cometidos. ¿Pero qué pasa con la responsabilidad gubernamental? ¿Quién y por qué autorizó la reapertura de la mina San José? ¿Qué influencias políticas intervinieron ayer para agitar aguas creando confusión y desorden, con el consiguiente provecho de empresarios? ¿Qué lobby político interviene hoy para aquietarlas, sin que se definan las responsabilidades políticas, administrativas y penales?

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a la Compañía Minera San Esteban con el fin de recuperar los dineros gastados por el fisco de Chile en el rescate de los 33 trabajadores. Hasta ahora, se calcula que el monto adeudado asciende a $5.300 millones, más las facturas de las empresas que colaboraron en el rescate, las que podrían aumentar considerablemente esta cifra. El proceso -radicado en el 16º Juzgado Civil de Santiago-sólo pretende resarcir los gastos en que el Estado incurrió en el rescate. Pero si desde ya se sabe que la minera San Esteban no podrá pagar los finiquitos de sus trabajadores, ¿existirá alguna posibilidad real de recuperar los dineros gastados en el rescate? ¿O esta demanda del CDE es sólo un saludo a la bandera, una simple señal comunicacional?

Asimismo, el 17º Juzgado Civil lleva otro proceso, en el que se propone arrendar la mina San José para evitar la quiebra de la empresa minera, y así pagar a acreedores (entre ellos todos sus trabajadores). En el hipotético caso que se solucionara el problema civil, ¿alguien buscará determinar alguna responsabilidad penal, administrativa o política?

Salvo la ilusa demanda del CDE, ¿hay alguna otra acción que busque investigar las causas de la reapertura de la mina? ¿O el que los 33 mineros hayan sido rescatados con vida extingue cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa o política? ¿Hubiera sido distinto con la muerte de alguno?

De hecho, el Poder Judicial se ha centrado sólo en recuperar los dineros estatales. Por otra parte, los mineros rescatados han anunciado una querella contra la minera San Esteban y el fisco, pero ésta aún no se concreta.

El Poder Ejecutivo parece haber cerrado la agenda del rescate, y se centra ahora en otros temas. El ministro Golborne se enfrenta ahora a las críticas recibidas por el proyecto de ley que flexibiliza exigencias del cierre de faena y administración de desechos tóxicos, centrándose en ese tema y desplazándose la atención de la opinión pública.

El Poder Legislativo, siempre tan prolífico para constituir comisiones investigadoras, ha guardado un discreto -¿sospechoso?- silencio. Ni siquiera los senadores Isabel Allende (PS) y Baldo Prokurica (RN) -ambos tan participativos en el rescate- han emitido alguna declaración que indique siquiera una intención de dilucidar qué pasó con la reapertura de la mina San José, en que indudablemente estuvieron involucradas autoridades de su circunscripción.

Ante la pérdida de credibilidad de las comisiones investigadoras -en que parlamentarios parecen sólo defender posiciones de sus conglomerados- , las hasta ahora acciones judiciales limitadas a resarcir perjuicios y gastos, la rápida decisión del gobierno de enfocarse en otros temas y el absoluto silencio de las autoridades de la Región de Atacama, sólo queda recurrir a la sociedad civil-cada vez más empoderada y autónoma- para que averigüe qué fue lo que pasó en la reapertura de esta mina. ¿Qué influencias administrativas o políticas tuvieron que intervenir para que ésta se reabriera? ¿Fue a nivel regional, o también se tuvo que intervenir a nivel central?

Si la posibilidad de recuperar los $5.300 millones (más gastos de empresas que colaboraron) es remota, significa que una vez más seremos los contribuyentes quienes tendremos que financiar la exitosa operación de rescate. Ok, indudablemente valió la pena y los 16 millones de chilenos lo haríamos nuevamente. Pero, al menos, queremos saber quiénes fueron responsables política, administrativa y penalmente en la reapertura de la mina San José. Y para esto, al parecer, las instituciones no funcionan…

¡¿Será necesario que CNN Chile y Ciper investiguen la reapertura de esta mina y aclaren este tema a la opinión pública, tal como lo hicieron con los relaves mineros?!

Columa publicada en La Tercera Online