En un contexto de absoluta desconfianza de los chilenos hacia partidos políticos, Congreso, Poder Judicial, Gobierno, municipios, instituciones políticas y, en general, hacia todo nuestro sistema democrático, se hace cada vez más indispensable un gesto de toda la clase política hacia la ciudadanía. Y el gesto más significativo, más emblemático e incluso más regenerador sería transparentar de una vez por todas la relación entre política y dinero.
Esto implica principalmente dos ámbitos: 1) regular el lobby y 2) transparentar el financiamiento de las campañas y de la actividad política. Han sido demasiados los discursos, demasiados los estudios, demasiadas las promesas y ambos temas siguen siendo sistemática y permanentemente postergados, evidenciando la falta de voluntad política para hacerlo. Demasiados son los proyectos de ley presentados sobre estas materias y que duermen envidiablemente en el Congreso, diluidos ante tramitaciones innecesarias o falsas disquisiciones técnicas.
Y es precisamente en un año electoral que la ciudadanía se reempodera, recupera en parte su menguado poder ante esta virulenta crisis de representatividad. Ahí es cuando su preferencia individual pesa, cuando puede premiar o castigar el (in)cumplimiento de promesas electorales, y cuando puede optar por ejercer su derecho a sufragio, hoy más valioso que nunca en un contexto de voto voluntario y de rechazo a la clase política.
Es por eso que le solicitamos al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, que saque al pizarrón a toda la clase política: que presente a la brevedad un nuevo proyecto de ley que regule el lobby –o que retome alguno de los ya presentados- , con suma urgencia, de manera que sea conocido y despachado en el plazo de 15 días. Sería una gran oportunidad para toda la ciudadanía no sólo de corroborar en pleno año electoral la coherencia entre discurso y actuar de todos nuestros parlamentarios, sino además de poder asignar responsabilidades a toda nuestra clase política –Ejecutivo, Legislativo y partidos incluidos- en el éxito o fracaso de esta iniciativa, disminuyendo de alguna forma la total impunidad política imperante en la actualidad. Por supuesto que la ciudadanía estaría muy atenta a esta votación, y seríamos nosotros mismos los encargados de informar y publicitar el sufragio de cada parlamentario.
Y es que en este actual contexto, todo discurso de equidad, de igualdad de oportunidades, de inclusión o de justicia social resulta iluso mientras no se transparente esta turbia relación política/dinero. Según la OCDE, Chile es el país con mayor desigualdad en ingresos, y mientras dure esta opacidad, la posibilidad de nivelar la cancha y el propósito de disminuir los abusos a la ciudadanía se ven inviables.
Porque además es muy probable que la figura investigada de oficio por la Fiscalía de Tarapacá no se limite sólo a la diputada Isasi, sino podría ampliarse a más parlamentarios, creando un verdadero efecto dominó. Esta investigación en contra de la diputada Isasi acrecentará el rechazo hacia la clase política, alcanzando niveles de desprestigio nunca antes vistos. La crisis MOP-GATE será una anécdota comparada con los próximos niveles de desaprobación de nuestras autoridades. Si ya ahora los parlamentarios manifiestan su desconfianza entre ellos mismos, ¿qué le quedará a la ciudadanía en un año electoral?
Nuestra solicitud implica, en primer lugar, regular la actividad del lobby. Existen cinco proyectos de ley sobre la materia, presentados todos a partir de 2003 en diferentes gobiernos. Tanto la ex Presidenta Bachelet como el ex Presidente Lagos presentaron sendos proyectos de ley, los que aún siguen en tramitación en el Congreso… El propio Presidente Piñera no pudo sustraerse al embrujo del tema, llegando incluso a anunciar en su Discurso a la Nación 2012 que esa misma semana enviaría “una iniciativa para fortalecer la probidad pública, la transparencia y regular el lobby” (Capítulo “Rejuveneciendo la democracia y promoviendo la Regionalización”), iniciativa que nunca se concretó.
Respecto al segundo punto solicitado, implica también transparentar los aportes económicos a las campañas electorales y a la actividad política en general. La actual legislación establece los aportes secretos o reservados, impidiendo conocer quienes apoyan las diversas candidaturas. Esto, más la falta de regulación del lobby, están creando una bomba de tiempo, permitiendo acrecentar el legítimo manto de duda que existe respecto a la legitimidad y justicia de toda nuestra actual normativa legal. Por otra parte, implica aumentar el control respecto a la duración de las campañas y el límite de gasto electoral.
Ante la grave crisis de representatividad de nuestro sistema democrático, urge la presentación y debate de un proyecto de ley sobre estas dos materias. El estar precisamente en un año electoral, nos permite a nosotros los ciudadanos a sacar al pizarrón a toda nuestra clase política. De otra manera, el reciente proyecto de ley sobre reforma de partidos políticos presentada por el mismo ministro Larroulet, no será más que una aspirina tratando combatir un cáncer terminal.
Si compartes mi petición, te invito a firmar una carta, expresando en las redes sociales la necesidad de regular la relación Política/Dinero. ¡ Exijamos #transparencia.!
Columna publica en La Tercera Online y en El Quinto Poder
