El acomodaticio límite de la intervención electoral

Sorprendentes resultaron las declaraciones del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, en que criticó la ventaja de Marco Enríquez Ominami, al ser Karen Doggenweiler rostro de TVN y con una alta exposición mediática en el programa Pelotón. La acusación fue confirmada y luego refutada por cercanos al candidato, optándose en definitiva por desescalar el conflicto.

El posterior respaldo del directorio de Televisión Nacional -entre los que se encuentran Francisco Frei, hermano del candidato, y Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico de su comando- a la conductora vino a poner término a la polémica.

Sin embargo, existe un debate pendiente, mucho más importante, acerca de la necesidad de regular la intervención electoral. Esta discusión surge en períodos eleccionarios, y ahora que coinciden las elecciones presidenciales y parlamentarias, nunca existe mucho tiempo -ni mucho interés-para discutirlo. Y cuando comienza el nuevo período presidencial y parlamentario, nadie piensa todavía en las siguientes elecciones, hasta que cuando aparece nuevamente, ya es demasiado tarde para legislar.

A comienzos de julio, la reforma constitucional sobre calidad de la política y modernización del Estado fue aprobada en forma unánime por la comisión de Constitución del Senado. Sin embargo, a los pocos días dicha reforma fue rechazada en la Cámara de Diputados por un estrecho cómputo de 49 votos contra 47, quedando pendiente para ser resuelta en un futuro por una comisión mixta. En ella, se pretende al menos restringir la participación de ministros, alcaldes, funcionarios públicos y otras autoridades en actividades de campaña durante su jornada de trabajo.

Ya es sistemático que cada cuatro años comienzan las acusaciones cruzadas sobre la transparencia de las campañas. ¿Legítima promoción o abuso de recursos fiscales? Pregunta difícil de responder en lo particular y difícil de definir en lo general, debido especialmente a la inexistencia de una institucionalidad efectiva que regule el tema. Naturalmente las propias siempre corresponden a acciones justificadas, y las del adversario a iniquidades escandalosas. No obstante, estas imputaciones sólo logran desacreditar aún más el mundo de la política.

Hace poco, el ministro Andrés Velasco criticó la falta de novedad en las propuestas económicas de Sebastián Piñera y destacó la trayectoria del equipo económico del candidato Eduardo Frei, siendo inmediatamente catalogado de comentarista político por la oposición. Por otra parte y como es propio de su cargo, el ministro de Economía también defendió el Acuerdo Nacional de Empleo, Capacitación y Protección Laboral como parte del plan gubernamental para enfrentar la cesantía producida por la crisis económica.

Pero mucho más ajeno al problema del empleo es el ministro Álvaro Erazo, quién salió a difundir en terreno la Ley de Protección al Empleo y Fomento a la Capacitación, a pesar de tener otros temas importantes en la agenda pública. En la región de Atacama, el ministro de Salud destacó el compromiso del Gobierno en materia de empleo y la importancia de un diálogo fluido en materias laborales. “Esta batería de incentivos son iniciativas que en particular nos interesa conversar en terreno, con los empresarios y trabajadores y responder inquietudes que nos planteen”, señaló.

Las declaraciones del senador Frei sobre el eventual apoyo del Gobierno de Estados Unidos con recursos fiscales a sus candidatos, el amplio contingente que ha acompañado a la Presidenta en sus últimas giras nacionales, la acusación de la posible ventaja política de Karen Doggenweiler, las críticas a “la subida por el chorro” de Sebastián Piñera con el Transantiago, demuestran la necesidad de legislar sobre la intervención electoral, en el que los límites hoy son absolutamente acomodaticios.

Es necesario avanzar en un consenso sobre la fijación de demarcaciones de uso de recursos fiscales y la definición de las prácticas que constituyen intervención electoral. Sin desconocer la existencia legítima de una preferencia política, el punto debiera centrarse principalmente en el uso incorrecto de recursos fiscales.

El desalentador rechazo de la Cámara de Diputados a la referida reforma constitucional, demostró claramente que no es considerada una prioridad nacional y su regulación se seguirá postergando indefinidamente. Cuando no hay interés ni el Gobierno ni en parte importante del Congreso, son innumerables las razones que justifican una demora legislativa. Ante eso, sólo queda proponer que las reformas sean aprobadas y comiencen a tener efectos en las siguientes elecciones. Por lo menos, sinceraría el debate.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/el_acomodaticio_l%C3%ADmite_de_la