Bachelet: la mujer del César

No cabe duda que la Presidenta Bachelet quiere demostrar a toda costa independencia de los partidos políticos que apoyaron su candidatura. Es sabido que éstos son mal evaluados por la ciudadanía. Estamos ante “una ciudadanía que exige mayor transparencia, mayor estándar alto, sobre todo a nosotros como gobierno que hemos llegado”, tal como declaró Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior, al momento de anunciar la remoción de cuatro gobernadores. La cercanía del Gobierno a los partidos políticos puede cobrarle altos costos, ya que una sociedad empoderada y mucho más exigente ha hecho cambiar las mecánicas del mundo político. 

La mandataria ya conoce de problemas con las tiendas políticas de su coalición (durante su primer mandato se masificaron los descolgados de la Concertación). Hoy más que nunca quiere mantener su independencia para gobernar. Atrás quedaron las imposiciones a las que tuvo que acceder en los inicios de su primer gobierno respecto al nombramiento de ministros, ya que hoy cuenta con un  insuperable respaldo de la ciudadanía. 

Hasta el momento, su luna de miel no ha sólo ha sido con la opinión pública, sino también con los conglomerados. Con la Nueva Mayoría, mientras no termine completamente el período de nombramientos, los partidos todavía deberán acatar sus decisiones. “El que se mueve, no sale en la foto”, advirtió clara y enfáticamente la mandataria. Y mientras se sigan enviando al Congreso proyectos de ley tan emblemáticos como el voto en el exterior, el bono Marzo o el AVP, resultan inviables los intentos de negociar por el voto parlamentario. Las escasas declaraciones de independencia de los díscolos de alma sólo vendrán no antes de dos meses. El empoderamiento legislativo comenzará recién terminado el proceso de instalación. Por otra parte, la Alianza, mucho más pendiente de los próximos pasos del ex Presidente Piñera que de oponerse al Gobierno, ya conoce el alto costo que tiene el criticar a la Presidenta Bachelet.

La designación que hizo la mandataria de los ministros fue una certera combinación de hombres y mujeres, nuevos nombres y rostros políticos consolidados, de Santiago y de regiones, militantes e independientes. Mantuvo un  equilibrio respecto a la representación de los partidos políticos de la Nueva Mayoría, pero desplazó a las dirigencias tradicionales de los partidos. Sin embargo, al incluir a su círculo de confianza en el gabinete –privilegiando a quienes han construido relaciones personales con ella-, no fue fácil completar los cupos de subsecretarios, gobernadores e intendentes. Delegó los nombramientos de los subsecretarios en el ministro Peñailillo, y ante las críticas a éste -especialmente del fuego amigo- después de varias renuncias, comisionó al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el nombramiento de intendentes y gobernadores, las que también fueron reprochadas después de otras varias renuncias. 

 

Las primerascríticas ya se han producido, especialmente las provenientes del fuego amigo. El diputado (PS) Fidel Espinoza comenzó el ataque, destacando la “actitud dictatorial” del subsecretario del Interior. El senador (ind) Alejandro Guillier también aprovechó de recordar al Gobierno la necesidad de escuchar a los representantes electos y a los partidos políticos. El senador (PPD) Felipe Harboe calificó de “un triste espectáculo” la renuncia de los gobernadores. A su vez, el presidente socialista Osvaldo Andrade –más benévolo-, señaló que “hay que compartir responsabilidades” respecto a los nombramientos. Al parecer, el único que no habría asumido  en público las responsabilidades del Gobierno fue su vocero, Álvaro Elizalde, quién declaró: “No nos hacemos ninguna crítica”. 

Pero no sólo los nombramientos y las 10 posteriores renuncias han sido fuente de tensión entre Gobierno y partidos políticos. Los jefes parlamentarios exigieron al ministro del Interior participar en la primera reunión con la Presidenta y el comité político, rechazando una reunión con la ministra Secretaria General de Gobierno, Ximena Rincón. Al mismo tiempo, la reanudación de los aportes mensuales en dinero solicitados a las autoridades por las tiendas de la Nueva Mayoría tampoco ayuda a consolidar la noción de independencia entre Gobierno y partidos políticos. 

Precisamente, la designación de las nuevas autoridades se ha convertido en un punto sensible para la opinión pública. Hoy más que nunca son cuestionados las preferencias injustificadas, parentescos y compadrazgos, cuoteos arbitrarios e invención de plataformas políticas. Es por eso que el Gobierno, consistente con su esfuerzo de desmarcarse en esta materia de los partidos políticos, se encuentra preparando un instructivopresidencial para los cargos de la Alta Dirección Pública o para las remuneraciones de los asesores. Con esto no solamente legitimará los nombramientos ante la cada vez más exigente ciudadanía, sino también ordenará las presiones de los partidos al compartir los costos de cada postulación. 

Según la última encuesta Adirmark (febrero 2014), la Alianza tendría un exiguo 22% de aprobación versus un 64% de desaprobación, la Concertación un 25% a favor en contra de 56%, y la recién creada Nueva Mayoría lidera con un tercio de aprobación en contrapartida al 46% de rechazo. En el último informe de Chile Transparente (junio 2013), aparece que sólo el 9% de los chilenos confía en los partidos políticos, posicionándolos como la institución peor evaluada del país. Es por esto que la mandataria, al igual que la mujer del César, no sólo deberá esmerarse en ser independiente de los partidos políticos, sino también en demostrarlo. 

Columna publicada en La Tercera online

Un Ministerio del deporte para Michelle

La publicación efectuada por este medio de una minuta elaborada para trabar la agenda legislativa, demuestra el afán obstruccionista que los parlamentarios opositores tendrán durante los meses que vienen. Independientemente que dicho instructivo haya sido redactado por el comando de Michelle Bachelet o por un grupo de coordinación cercano a éste, -encabezado por el presidente del Senado, Jorge Pizarro-, resulta evidente el conocimiento de la referida minuta por parte de los asesores de la candidata de la Concertación, Partido Comunista, Izquierda Cristiana y el Movimiento Autónomo Social.

Y es que dicho instructivo se refiere -junto a otros proyectos legislativos- a la postergación del debate en la sala, especificando en forma textual que “hay que coordinar que comités y  presidencia del Senado soliciten 2° informe y presentaremos indicaciones para dilatar tramitación”. Y con esto, se sepulta la creación de un organismo anhelado por todos los chilenos desde hace tanto tiempo.

Por esto, la postergación en el Senado de la votación del Ministerio del Deporte, impulsada por el senador Fulvio Rossi en representación de toda la bancada socialista, representa un duro golpe para la creación de un organismo anhelado por todos los chilenos desde hace tanto tiempo. El senador por las regiones de Arica y Parinacota y también por Tarapacá, solicitó revisar nuevamente el proyecto, aduciendo la necesidad de establecer una comisión que fiscalice la entrega de recursos.

Por supuesto que esta decisión sorprendió al Gobierno, parlamentarios, deportistas y a la opinión pública, ya que el proyecto de ley lleva más de un año y medio en el Congreso (boletín 8085-29)  y ha pasado por tres comisiones en su tramitación: la Especial de Deportes y la de  Hacienda en la Cámara, y la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el Senado.

Más aún, teniendo en cuenta que el plazo inicial para hacer indicaciones transcurrió desde el 23 de enero hasta el 11 de marzo, ampliándose nuevamente hasta el 15 de abril, presentándose un total de 53 indicaciones en dicho período. Incluso más, hasta hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la legalidad de la iniciativa legal a solicitud de un número de diputados. En consecuencia, análisis hubo, debate también y la participación parlamentaria fue consistente. Por lo mismo, la postergación de la votación inicialmente sorprendió mucho a la opinión pública, y sólo después de la publicación de la minuta opositora a la agenda legislativa ésta cobró sentido.  Una vez más, la ciudadanía ve con estupor cómo nuestro Congreso –en este caso parlamentarios opositores- privilegia sus intereses particulares por sobre los colectivos.

Pero además esto contrasta fuertemente con las declaraciones de la candidata socialista, en el sentido de aspirar a una campaña “donde se intercambien ideas, de debate limpio y de altura, que es lo que le importan a todos los chilenos”. Y acá solamente existen dos alternativas: 1) que ella tuviera conocimiento del instructivo, revelando entonces una fuerte inconsistencia entre discurso o realidad y; 2) que desconociera por completo la minuta, reflejando que el equipo asesor de la ex Presidenta se siente autónomo y contradice sus deseos.

Tratándose de un tema tan grave para la ciudadanía -entorpecer la labor legislativa para privilegiar intereses particulares por sobre los colectivos-, ojalá que la candidata se pronuncie al respecto ahora que inicia la segunda etapa de su campaña y, en especial, sobre la postergación de la votación del proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte, también anunciado por ella el 2009. ¿O guardará silencio ante la opinión pública y ratificará a los parlamentarios opositores las instrucciones de la minuta para reservárselo ante un eventual segundo gobierno?

Porque ahora no sólo se trata de la contribución que hace el deporte al desarrollo de la población y de la comunidad nacional, mejorando condiciones de vida para la población y ayudando a crear y mantener lazos sociales. Hoy urge reforzar todas las políticas públicas tendientes incentivar el deporte, en especial respecto a los jóvenes de Chile. Y por supuesto la creación de un Ministerio del ramo es esencial, ya que el actual Instituto Nacional de Deportes –antes ChileDeportes- ha dependido siempre del Ministerio Secretaría General de Gobierno, organismo que de por sí tiene otras prioridades por sobre el deporte.

Una reciente encuesta Simce establece que el 44% de los alumnos de 8° básico tiene obesidad o sobrepeso, convirtiendo a Chile en el sexto país con más obesidad infantil, según un estudio de la OECD. De ahí entonces la importancia que se refuercen las políticas públicas que combatan el flagelo de la obesidad a nivel país, y que todos los candidatos –en especial Matthei y Bachelet- incluyan en sus programas de gobierno las acciones para combatir la obesidad infantil.

Por último, la opinión pública podrá juzgar por sí misma los efectos de la comentada minuta opositora que busca trabar la agenda legislativa, privilegiando una vez más intereses particulares por sobre los colectivos. La primera demostración nos quedará clara en la votación del Ministerio del Deporte…

 

Columna publicada en La Tercera Online

Política y Dinero: ¡Es ahora o nunca, ministro Larroulet!

Una vez más, un bochornoso escándalo -protagonizado esta vez por la diputada Marta Isasi- prendió las alarmas en la opinión pública. ¿Qué tan representativos de sus electores son las votaciones de nuestros parlamentarios? ¿Qué tanta independencia guardan ellos de presiones o influencias empresariales? ¿Realmente velan por el bien común o sólo protegen los intereses corporativos de unos pocos? ¿O acaso nuestro Congreso se ha convertido en una caja buzón de los conglomerados económicos?

En un contexto de absoluta desconfianza de los chilenos hacia partidos políticos, Congreso, Poder Judicial, Gobierno, municipios, instituciones políticas y, en general, hacia todo nuestro sistema democrático, se hace cada vez más indispensable un gesto de toda la clase política hacia la ciudadanía. Y el gesto más significativo, más emblemático e incluso más regenerador sería transparentar de una vez por todas la relación entre política y dinero.

Esto implica principalmente dos ámbitos: 1) regular el lobby y 2) transparentar el financiamiento de las campañas y de la actividad política. Han sido demasiados los discursos, demasiados  los estudios, demasiadas  las promesas y ambos temas siguen siendo sistemática y permanentemente postergados, evidenciando la falta de voluntad política para hacerlo. Demasiados son los proyectos de ley presentados sobre estas materias y que duermen envidiablemente en el Congreso, diluidos ante tramitaciones innecesarias o falsas disquisiciones técnicas.

Y es precisamente en un año electoral que la ciudadanía se reempodera, recupera en parte su menguado poder ante esta virulenta crisis de representatividad. Ahí es cuando su preferencia individual pesa, cuando puede premiar o castigar el (in)cumplimiento de promesas electorales, y cuando puede optar por ejercer su derecho a sufragio, hoy más valioso que nunca en un contexto de voto voluntario y de rechazo a la clase política.

Es por eso que le solicitamos al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, que saque al pizarrón a toda la clase política: que presente a la brevedad un nuevo proyecto de ley que regule el lobby –o que retome alguno de los ya presentados- , con suma urgencia, de manera que sea conocido y despachado en el plazo de 15 días. Sería una gran oportunidad para toda la ciudadanía no sólo de corroborar en pleno año electoral la coherencia entre discurso y actuar de todos nuestros parlamentarios, sino además de poder asignar responsabilidades a toda nuestra clase política –Ejecutivo, Legislativo y partidos incluidos- en el éxito o fracaso de esta iniciativa, disminuyendo de alguna forma la total impunidad política imperante en la actualidad. Por supuesto que la ciudadanía estaría muy atenta a esta votación, y seríamos nosotros mismos los encargados de informar y publicitar el sufragio de cada parlamentario.

Y es que en este actual contexto, todo discurso de equidad, de igualdad de oportunidades, de inclusión o de justicia social resulta iluso mientras no se transparente esta turbia relación política/dinero. Según la OCDE, Chile es el país con mayor desigualdad en ingresos, y mientras dure esta opacidad, la posibilidad de nivelar la cancha y el propósito de disminuir los abusos a la ciudadanía se ven inviables.

Porque además es muy probable que la figura investigada de oficio por la Fiscalía de Tarapacá no se limite sólo a la diputada Isasi, sino podría ampliarse a más parlamentarios, creando un verdadero efecto dominó. Esta investigación en contra de la diputada Isasi acrecentará el rechazo hacia la clase política, alcanzando niveles de desprestigio nunca antes vistos. La crisis MOP-GATE será una anécdota comparada con los próximos niveles de desaprobación de nuestras autoridades. Si ya ahora los parlamentarios manifiestan su desconfianza entre ellos mismos, ¿qué le quedará a la ciudadanía en un año electoral?

Nuestra solicitud implica, en primer lugar, regular la actividad del lobby. Existen cinco proyectos de ley sobre la materia,  presentados todos a partir de 2003 en diferentes gobiernos. Tanto la ex Presidenta Bachelet como el ex Presidente Lagos presentaron sendos proyectos de ley, los que aún siguen en tramitación en el Congreso… El propio Presidente Piñera no pudo sustraerse al embrujo del tema, llegando incluso a anunciar en su Discurso a la Nación 2012 que esa misma semana enviaría “una iniciativa para fortalecer la probidad pública, la transparencia y regular el lobby” (Capítulo “Rejuveneciendo la democracia y promoviendo la Regionalización”), iniciativa que nunca se concretó.

Respecto al segundo punto solicitado, implica también transparentar los aportes económicos a las campañas electorales y a la actividad política en general. La actual legislación establece los aportes secretos o reservados, impidiendo conocer quienes apoyan las diversas candidaturas. Esto, más la falta de regulación del lobby, están creando una bomba de tiempo, permitiendo acrecentar el legítimo manto de duda que existe respecto a la legitimidad y justicia de toda nuestra actual normativa legal. Por otra parte, implica aumentar el control respecto a la duración de las campañas y el límite de gasto electoral.

Ante la grave crisis de representatividad de nuestro sistema democrático, urge la presentación y debate de un proyecto de ley sobre estas dos materias. El estar precisamente en un año electoral, nos permite a nosotros los ciudadanos a sacar al pizarrón a toda nuestra clase política. De otra manera, el reciente proyecto de ley sobre reforma de partidos políticos presentada por el mismo ministro Larroulet, no será más que una aspirina tratando combatir un cáncer terminal.

Si compartes mi petición, te invito a firmar una carta, expresando en las redes sociales la necesidad de regular la relación Política/Dinero. ¡ Exijamos #transparencia.!

 

Columna publica en La Tercera Online y en El Quinto Poder

Raul Castro: el upgrade comunicacional de la UDI

No cabe duda que la campaña de la UDI contra la visita de Raul Castro logró empañarle la estadía al mandatario cubano. Lo que podría haber sido un triunfo de la diplomacia cubana, se vio opacado por una local pero certera controversia que distrajo la atención de los medios de prensa: en momentos que el Presidente Castro asume la presidencia pro témpore de la Cumbre Empresarial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), es interpelado por la protección en Cuba a los supuestos autores del asesinato del senador Jaime Guzmán. Esta arremetida -conjunto de acciones en el campo político, diplomático, judicial y comunicacional- se hace ante más 61 delegaciones de altos representantes de países de América Latina, Caribe y Comunidad Europea, incluyendo 43 Jefes de Estado, todos con sus respectivas comitivas de asesores, empresarios y diplomáticos. Por algo la siempre correcta canciller de Alemania, Ángela Merkel, evitó saludarle cuando se encontraron cara a cara.

La bien planificada operación comenzó con el anuncio el domingo 20 de enero de la arremetida contra el mandatario cubano, entregando a la prensa nuevos antecedentes proporcionados oportunamente por el ministro Mario Carroza, quién lleva la investigación. Al día siguiente, el diputado Patricio Melero , presidente de la UDI, descartaba pedir la comparecencia del líder cubano ante tribunales chilenos por el crimen de Jaime Guzmán, declaración absolutamente innecesaria, pero que le daba visibilidad a la ofensiva y que paradojalmente hizo de alguna manera recordar la detención de Augusto Pinochet en Londres.

La Unión Demócrata Independiente organizó una manifestación para el día jueves 24 de enero en las afueras de la embajada de Cuba. “La idea es aguarle la fiesta a Castro”, decía el correo electrónico de invitación enviado por la secretaria ejecutiva del partido. Militantes y adherentes UDI aparecieron con carteles congregando a su vez a militantes y adherentes castristas (incluidos miembros del Comité de Solidaridad con Cuba) y generando una sabrosa confrontación para los medios. En forma adicional, el diputado Melero dejó una carta en la entrada de la embajada de Cuba, solicitando información sobre el paradero de los responsables del asesinato del ex senador. En un texto de cuatro páginas firmada por el mismo Melero -pero en nombre de la familia de Guzmán, la UDI, la Fundación Jaime Guzmán, y con el apoyo del Gobierno de Chile- solicita al Presidente Castro que colabore con los tribunales chilenos y ejecute las órdenes de captura internacional emanadas de Interpol desde hace tiempo. Luego, entrega antecedentes adicionales que hacen plausible la versión de que los extremistas se encuentran -ahora o antes- en Cuba en completa impunidad. Como si esto fuera poco, esa misma carta junto a otros antecedentes se distribuyó entre las más de 60 delegaciones asistentes a la CELAC-UE.

La arremetida comunicacional continuó con la publicación de insertos a toda página en los diarios nacionales. Seguramente el 0,01% de los lectores nacionales habrá leído los largos textos, pero todos los asesores de las delegaciones extranjeras indiscutiblemente tuvieron que estudiarlas para informar a sus mandantes. Al mismo tiempo, fue un caramelo delicioso para todos los medios de prensa presentes acreditados para el evento, tanto nacionales como foráneos, instalando un tema adicional en la agenda del evento.

Una guinda de la torta para la UDI fue la reunión bilateral que sostuvieron el sábado 26 los mandatarios de Cuba y Chile. Inicialmente no contemplada en el programa oficial, el Presidente Piñera decidió hacerle un guiño a la tienda gremialista, pidiéndosela a Raúl Castro. En pleno encuentro, sólo con un día de anticipación y con todos los temas relacionados al traspaso de la presidencia pro témpore, al Jefe de Estado caribeño le fue imposible negarse pese a todas las alertas de sus asesores. No obstante, el Presidente Piñera no cumple al detalle el diseño UDI, al no pasarle a Castro la referida carta de Melero, limitándose a entregarle todos los antecedentes de manera verbal y solicitándole tímidamente que colaborara en la investigación del crimen.

Por supuesto que ese pormenor no podía ensombrecer el momento culmine de una estrategia bien planificada, a lo cual al presidente de la UDI no le quedó más que salir a declarar triunfalmente: “Me siento orgulloso por la forma en que el Presidente ha enfrentado este tema. Ha dado un paso significativo en el objetivo de terminar con la impunidad y en la línea de interpelar éticamente al régimen de Castro en el tema de la defensa de los derechos humanos”.

El éxito de esta campaña representa un upgrade comunicacional para la UDI. El resultado plenamente logrado demuestra una profesionalización de la política, a pesar de que aún persisten errores no forzados como el insulso video inicial de Laurence Golborne o la abrupta renuncia de la aficionada ex concejala Carla Ochoa. A su vez, Renovación Nacional sigue en su dinámica ochentera, tratando de influenciar a audiencias del año 2013. Más aún, a partir de marzo, probablemente se integre a la competencia electoral la ex Presidenta Bachelet, la que sin dudas logrará recomponer los mejores equipos comunicacionales del país.

Sin embargo, el verdadero desafío comunicacional que deberá enfrentar la UDI es lograr convencer al electorado real (ese exiguo 40% que optó por votar en las pasadas elecciones municipales) de su real compromiso con la democracia y la justicia. Fueron demasiados años de cooperación, de silencio, de omisión respecto a las violaciones de derechos humanos y a los abusos cometidos en nombre de una “democracia protegida”. Quizás en la época del voto obligatorio, muchos electores no hubieran sido capaces de recordar en noviembre los parlamentarios que ahora votaron en contra de la modificación al sistema binominal. Por el contrario, ese 40% votante, precisamente por su interés cívico y su cercanía a los partidos políticos, lo recordarán perfectamente.

Columna publicada en La Tercera Online y en El Quinto Poder

Isapres: el peso del lobby en el Congreso

La aprobación de la Ley de Isapres en la Cámara de Diputados generó un gran revuelo, debido al simultáneo rechazo al plan garantizado y al IPC de la salud. “Los diputados de la Concertación le han hecho un gran favor al sistema de Isapres en el día de hoy”, señaló el ministro Mañalich iniciando una guerra de declaraciones. De inmediato, el diputado socialista Juan Luis Castro replicó: “preferimos que sea el próximo Gobierno, que creemos será el de Michelle Bachelet, el que de verdad coloque solidaridad en el sistema privado, el que de verdad termine con estas exclusiones, con esta lógica de legislar para las empresas y no para las personas, y que termine con las utilidades multimillonarias para las Isapres”, olvidando de un plumazo los 20 años de Concertación en que no se hizo nada para mejorar la indefensión de los usuarios de este sistema.

Más de alguien podrá señalar que “no existían las condiciones políticas” en esa época para mejorar el sistema, aludiendo a senadores designados dejados por la dictadura militar. Sin embargo, es necesario recordar que una vez derogados éstos, la ex Presidenta Bachelet tuvo mayoría parlamentaria durante los dos primeros años de su gobierno, la que no supo mantener. No obstante ese período, pareciera que no hubo intención de aprovecharlo para realizar estas reformas, incorporadas en todo discurso político pero permanentemente pendientes.

A su vez, la ministra Secretaria General de Gobierno concluía el día de ayer declarando: “La Concertación le ha dado la espalda a los pacientes y a los trabajadores para beneficiar a las Isapres. Este rechazo es incomprensible, porque los parlamentarios de la oposición votaron en contra el corazón de esta ley, que permitía que no se discrimine por edad ni por sexo, y que no se le cierren las puertas a quienes tienen enfermedades preexistentes”. Sí, porque la votación de los honorables diputados sorprende por hacer caso omiso de los 30 fallos de la Corte Suprema que determinaron que las Isapres no pueden aumentar unilateralmente los planes de salud. Y en un contexto en que las Isapres alcanzan cifras récord de ganancia, la mantención del statu quo sólo perjudica a los chilenos.

Y es que en una primera lectura, se podría interpretar que la votación de los diputados de oposición corresponde al rechazo de todo proyecto de gobierno. Quizás envalentonados por las cifras de la última encuesta CEP, se deduciría que la oposición decidió negarle la sal y el agua a este gobierno que cuenta con los más altos índices de desaprobación ciudadana de la historia. Lo hizo con el veto a la designación del ministro Muñoz para la Corte Suprema, con el rechazo de la aplicación de la Ley Antiterrorista en La Araucanía y desde ya critican la urgencia de la Ley de Encapuchados, como lo anticipa el diputado Fuad Chahín.

Sin embargo, en un segundo análisis que integre el contexto político nacional actual, la explicación al rechazo del IPC de la Salud y al Plan Garantizado puede darse quizás desde otra lectura. Gracias a la implementación del voto voluntario y Ley de Primarias, por primera vez se establece un entorno de competencia, real e impredecible. Como primer elemento de incertidumbre, la abstención electoral del 60% en las Municipales 2012 inhabilita cualquier cálculo electoral de partidos políticos. En segundo término, la existencia de primarias -por primera vez verdaderas, competitivas y con campañas financiadas exclusivamente con aportes privados- obligan más que nunca a nuestros honorables a pasar el platillo desde ya. En un año en que se visualiza una competencia a muerte, las contribuciones de empresas privadas para financiar campañas se hacen más necesarias que nunca.

Y es que La Moneda, en una ingenuidad legislativa supina, dejó una gran mayoría de proyectos emblemáticos para su último año de gobierno. Sin mayoría parlamentaria -y con oposición muchas veces desde sus propias filas-, pensó que este año sería el momento ideal para remachar sus proyectos de ley emblemáticos, ya que cada parlamentario estaría concentrado en su propia reelección. Olvidó que poderoso señor es Don Dinero y hoy más que nunca, la búsqueda de aportes de empresas privadas resulta fundamental para cada honorable que aspira a su reelección. Y algo hay que ofrecer a cambio…

Por lo tanto, esa rapidez legislativa que esperaba el Ejecutivo, no se dio. Y es que hoy los legisladores, conscientes de un mayor control ciudadano, no votan contra las iniciativas legales, sino que los dilatan, entorpecen o traban, esperando que se diluyan con el tiempo. Esa fue la estrategia de la bancada UDI con la postergación de la votación de la Ley Antitabacos, que ya contaba con el apoyo de la oposición. Y así lo hizo a su vez ésta respecto a la aprobación de la nueva Ley de Isapres, pero eliminando el Plan Garantizado y del IPC de la Salud y convirtiéndola en una mera declaración lírica. ¿Resolvían el problema de los reajustes unilaterales? Probable que no, más aún con las actuales integraciones verticales de Isapres y prestadores de servicios, pero precisamente el Congreso era el lugar para discutirlo. ¿Cuántos proyectos de ley duermen envidiablemente sin ninguna esperanza de convertirse en norma, manteniendo un statu quo injusto y perjudicial para los chilenos?


Y es que hasta ahora ha habido por parte de nuestros legisladores un franco rechazo -disfrazado bajo una ya instalada, conocida y aceptada desidia- a legislar sobre la relación entre dinero y política. Tal como lo describe el abogado Renato Garín en su investigación “Cómo y por qué el lobby no está regulado en Chile”y publicada por Ciper Chile, sistemáticamente se ha entorpecido, postergado, diluido la regulación del lobby. Lo peor de todo es que no existe ninguna voluntad política de regularlo, independiente de todas las gárgaras hechas en tanto discurso escuchado desde el retorno a la democracia. Y hay que tenerlo claro: ¿Quién financia el lobby? Lo paga Moya…es decir, lo pagamos todos nosotros…

Columna publicada en La Tercera Online, El Quinto Poder, El Mostrador

CEP: Por donde pecas, pagas

Indudablemente la gran vencedora de la última encuesta CEP fue la ex Presidenta Bachelet. Desde Nueva York, en un mutismo absoluto y con solo esporádicas visitas -exclusivamente privadas- a nuestro país, sin declaraciones a medios ni contactos con partidarios, logra un 54% en intención de voto, seguida muy a lo lejos por su siguiente contendor, Laurence Golborne (11%).

Doble mérito, si se toma en cuenta que ella lo consigue sin la ayuda de los dos puntales de su gobierno: Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda durante los cuatro años de mandato y  futuro contendor en las primarias concertacionistas; y Juan Carvajal, ex director de la Secretaría de Comunicaciones por el mismo período, el hombre que logró que Bachelet terminara su período con un histórico 84% de popularidad a pesar de bajos índices de crecimiento económico de su gobierno, también en un ya habitual contexto de crisis económica internacional (2006: 4,6%; 2007: 4,7%; 2008: 3,7% y 2009: -1,7%; Cifras OECD) .

El que la ex mandataria logre desde el extranjero “aparecer en una posición de privilegio” demuestra una gran capacidad comunicacional masiva, sobresaliente para una médico cirujano, -o al menos, un gran instinto en confiar en sus asesores-, habilidades de las que demuestra carecer por completo el Presidente Piñera en su porfía por mantener a un grupo de aficionados como asesores comunicacionales. Su equipo no sólo obtuvo récords en cuanto a desaprobación ciudadana de un mandatario, sino que nunca fue capaz de conectarse con audiencias femeninas, juveniles o de regiones y  que nunca logró mostrar al mandatario como alguien confiable, cercano, firme y hábil, como se desprende de la última encuesta CEP. Que el 51% de la población desapruebe la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno convierte en modesto el 31% de aprobación. Ni siquiera logra convencer de las grandes fortalezas de esta administración, al reflejar exiguos 28% de aprobación en manejo económico y en  empleo. 

Pero también el equipo comunicacional de La Moneda fracasó al lograr que indicadores de gestión como crecimiento económico (2010: 6,1%; 2011: 6,0%; Banco Mundial y proyecciones 2012: 5,5%); tasas de desocupación (en trimestre móvil sep-nov 2012: 6,2%); crecimiento por tercer año consecutivo de masa salarial en 2012; la más alta tasa de participación laboral femenina de la historia (47,8%); decisión de Standard and Poor’s de mejorar clasificación de riesgo soberano de Chile; o proyectos sociales como ampliación postnatal a seis meses; eliminación del 7% de cotización salud para pensionados; eliminación de listas de espera de enfermedades Auge; bono Bodas de Oro; reducción brechas socioeconómicas Simce o creación Sernac Financiero;  no sean valorados por la opinión pública y al día de hoy valgan champignon… ¿O acaso la evaluación ciudadana era mucho peor y mejoró gracias al área comunicacional de Gobierno? Los asesores del Presidente fallaron - error de alumno de 4º Medio de colegio particular- al intentar construir el relato unidimensional de un gobierno basado exclusivamente en el crecimiento económico en un contexto de tanta desigualdad. Obviamente, el mensaje no llegó á a la audiencia ni provocó el efecto deseado, sino lo único que hizo fue preparar el ambiente para el próximo que sí sepa empatizar con la ciudadanía a través de su discurso…

¿Pero qué otros efectos provocará la encuesta CEP?

De partida, para la ex Presidenta Bachelet, la confirmación de su posición de privilegio, lo que le abre grandes oportunidades para imponerse por sobre los partidos políticos opositores, envueltos en pugnas de poderes y empeñados en robustecer sus áreas de influencia. Pero además le significa un inmejorable punto de partida para recaudar fondos para su campaña, en especial con un empresariado que resiente la gestión del Presidente Piñera por considerar que atenta contra privilegios adquiridos y que prefiere mil veces los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Y por supuesto que el tema recursos económicos resulta relevante para la candidata, después de una ausencia de más de dos años en Chile y del débil cometido de la Fundación Dialoga en cuanto a lograr financiamiento para sus propios proyectos.

Para la Concertación, un tarjetazo a lo Bolocco en sus épocas de gloria, reprendiéndolos por las pugnas internas y exigiéndoles una pronta solución al conflicto DC-PC. Con el 50% de desaprobación ciudadana, la Oposición no tiene mucho margen para exigencias desmedidas y sólo queda bajar la cabeza…  

Para el Gobierno, el reconocer que su estrategia de minimizar la construcción de intangibles y relegar a un segundo plano todos los aspectos comunicacionales, le significó convertirse en un breve paréntesis entre dos gobiernos de Bachelet. Los indicadores de gestión -que en la empresa privada hubieran hecho babear a los directivos- poco importan a la ciudadanía ante atractivos cantos de sirena... Pero además ante cifras de aprobación ciudadana tan paupérrima, la administración Piñera deberá asumir el inicio de su período de pato cojo y la importante pérdida de influencia sobre los partidos oficialistas .

Para la Coalición para el Cambio -¿todavía incluye a ChilePrimero?- y sus precandidatos, significa una readecuación de su discurso al tener poco que perder y mucho que ganar. Si el compromiso de Golborne y Allamand era de no atacar al Gobierno, estas pobres cifras de aprobación ciudadana sólo incitan a desligarse de un discurso diseñado por ideológos de Gobierno, pomposo y poco efectivo.

Por último, para la ciudadanía comienza un difícil período, en que deberá definir qué quiere para su futuro. ¿Empáticas promesas que muchas veces no serán cumplidas -después de 20 años de Concertación, Chile siguió siendo uno de los países con mayor desigualdad en ingresos- o la antipática, persistente y sistemática incapacidad de la derecha de conectarse con la ciudadanía? Los ciudadanos deberemos decidir. 

Columna de opinión publica en La Tercera Online y en el Diario El Nortino

Providencia: el premio que no fue

El desmentido que hizo la embajada de España respecto a aclarar que el premio recibido por la Municipalidad de Providencia no eta un galardón entregado por el gobierno de España, dejó al alcalde Labbé en una difícil situación. Si bien es cierto que dicho municipio fue galardonado con el Premio Iberoamericano de la Calidad, éste es entregado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) y no guarda ninguna relación con el rey Juan Carlos o la Casa Real de España, como lo informó inicialmente el edil.

El propio alcalde Labbé solicitó la audiencia con el Presidente Piñera - tal como fue informado por el propio vocero de Gobierno, Andrés Chadwick-, constituyéndose en una de sus últimas actuaciones como titular en ejercicio a consecuencia del permiso solicitado para dedicarse a la campaña de reelección. Con su versión inicial entregada a La Moneda y a la prensa, complicó a La Moneda y al Presidente Piñera en un episodio de dudosa credibilidad, perjudicando una vez más la imagen del Gobierno.
Porque ésta no es la primera vez que el alcalde Labbé pone en una difícil situación al Jefe de Estado. Ya lo hizo a fines del año pasado con la filtración de la misiva en que uno de los asesores presidenciales -a nombre del mandatario- respondía a la invitación del edil al homenaje del ya condenado Miguel Krassnoff, excusándose de asistir y manifestando “sus felicitaciones y mejores deseos de éxito”. De este incómodo incidente, surgieron de inmediato dos interrogantes: ¿Por qué el alcalde Labbé envió una invitación al Presidente Piñera que sabía que iba a ser rechazada? Y segundo, la respuesta a la invitación ¿se filtró desde La Moneda o desde la Municipalidad de Providencia?

Es que pareciera que el alcalde Labbé se maneja –o manejaba- bien en la construcción de una imagen positiva. No sólo ha logrado involucrar al Presidente Piñera y a La Moneda en dos ingratos episodios, sino también ha intentado convencer a la opinión pública de una gestión de excelencia en la comuna de Providencia. Sin lugar a dudas, en ésta no ha tenido la suficiente fiscalización ni antes, ni durante ni después.

Así quedó demostrado cuando la Contraloría General de la República emitió un dictamen en que estableció que el alcalde Labbé había excedido sus funciones al convocar al homenaje a Krassnoff. Sin embargo, incluso después de este dictamen, no hubo mayor reacción de parte de los actuales concejeros municipales, quienes todos llevan a lo menos tres períodos -12 años- en sus cargos. Después de tanto tiempo trabajando juntos, pareciera que alcalde y concejales hubieran llegado a un acuerdo tácito respecto a las áreas de influencia de cada uno.

Tampoco hubo reacción de parte de los concejales frente a las observaciones hechas nuevamente por la Contraloría General de la República respecto a la fiscalización de la gestión de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. De la misma manera, sorprende la falta de reacción del actual Concejo Municipal frente a importantes licitaciones públicas del gobierno local con un solo oferente. Es así como la remodelación del Paseo Las Palmas ($ 238 millones), el servicio de arriendo de local, banquetería y producción artística para el Aniversario Comunal ($ 42 millones), el mejoramiento del parque Uruguay ($ 27 millones) o el arriendo de una carpa impermeable para la Feria Internacional Infantil y Juvenil ($ 29 millones). Sorprende que en una comuna que se jacta de ser tan eficiente, las licitaciones públicas se realicen con un solo oferente. ¿Qué está fallando en ellas? Por ejemplo, siendo una comuna con una excelente oferta gastronómica, resulta extraño que haya habido un solo oferente para el servicio de celebración del Aniversario Comunal. ¿Fallas en la publicación de la licitación pública o falta de interés de nuevos oferentes por falta de transparencia del proceso? Lo mismo se puede preguntar respecto a la falta de constructoras interesadas en la remodelación del Paseo Las Palmas. ¿O en la comuna no operan otras empresas constructoras?

Tampoco hubo reacciones del Concejo Municipal o de la opinión pública respecto al exceso en remuneraciones a contrata detectado en el Informe presupuestario trimestral del 31 de marzo (39,55%), o el reparo realizado por la Contraloría General de la República a una donación efectuada por la Municipalidad de Providencia (9,5 millones) a la Divina Providencia para la demolición y posterior retiro de escombros a raíz de los destrozos ocasionados por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Ambos dictámenes pasaron absolutamente desapercibidos ante la opinión pública, confirmando la falta de fiscalización del actual Concejo Municipal.

En todo caso, demuestra la gran capacidad del alcalde Labbé para construir historias que buscan reforzar la imagen de su gestión. Si logró hacerlo con el Presidente de la República, no cabe duda que después de dieciséis años al mando del municipio de Providencia, sabrá hacerlo con sus electores.

Columna publicada en La Tercera Online, en El Mostrador y en El Quinto Poder