El Consejo para la Transparencia que no fue...

El reciente retiro de la nominación de Samuel Donoso (PPD) al Consejo para la Transparencia coloca al organismo en una difícil posición, impidiéndole en la práctica su trabajo de fiscalizador de la transparencia en la gestión estatal. La inicial decisión comunicada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, de no renovar en sus cargos a dos de sus cuatro miembros -su presidente, Raúl Urrutia (RN) y el consejero Juan Pablo Olmedo (afín PPD)- molestó tanto a la Alianza como a la Concertación, desconcertó a toda la opinión pública, pero además inhabilitó al organismo.

De inmediato surgieron los rumores de vendetta política. Aunque siempre se producen tensiones entre Ejecutivo y Consejo para la Transparencia, durante esta administración han sido demasiadas las disputas legales que ha perdido el gobierno de Sebastián Piñera: Fundación Integra por donación de Arjona, negativa del subsecretario Ubilla a publicar correos electrónicos sobre reconstrucción post terremoto, rechazo presupuestario del Ejecutivo para financiar un portal único, cuestionamiento a la permanencia de María Luisa Brahm como consejera en el Sistema de Alta Dirección, exigencia al ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet revelar compra del puente mecano -todavía no cumplida-, además del ingrato episodio vivido por el Presidente cuando era candidato, con motivo de un informe internacional.

Pero aún más sorprendió la presentación al Congreso de los nuevos miembros propuestos por el Presidente Piñera: Samuel Donoso Boassi (PPD) y José María Eyzaguirre García de la Huerta (RN). Desde un principio era evidente que ninguno de los dos lograría la aprobación senatorial necesaria -25 votos, equivalente a los 2/3- para incorporarse como consejero en el organismo. ¿Se trató de un nuevo y torpe autogol del gobierno o de un certero puñalazo por la espalda? Independiente de la intención, su efecto logró desarticular el Consejo para la Transparencia.

Tal como señaló el ex presidente del Consejo, Raúl Urrutia, al dejar su cargo: “es obvio que las funciones del consejo no le van a agradar a ningún gobierno, ni al anterior gobierno, ni a este gobierno, ni a los futuros gobiernos”. Frente a esto, ¿el gobierno no preferiría inmovilizarlo de una vez por todas, deshaciendo de un golpe todo lo avanzado en años en materia de transparencia? ¿Pero cómo justificarlo ante la opinión pública? En un ambiente tan inflamable como el actual, nada mejor que presentar un par de prospectos que genere controversia en todos los frentes…

Al haber terminado el 28 de octubre último el plazo de los dos consejeros salientes, el Consejo actualmente está imposibilitado de operar dado que cuenta sólo con dos integrantes (artículo 40 de la ley N° 20.285 que exige un quórum mínimo de tres consejeros). Actualmente, el organismo está compuesto sólo por su flamante nuevo presidente, Alejandro Ferreiro, y el consejero Jorge Jaraquemada, ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Con qué urgencia serán propuestos dos candidatos VIABLES para completar el cupo del Consejo? ¿O seguiremos con el desfile de candidatos no viables? ¿Y así ad eternum...?

Desde un primer momento, la postulación de Samuel Donoso se veía débil. Su renuncia al PPD -con el objeto de cumplir el requisito de no ejercer funciones partidarias- tampoco mejoró la situación. Cercano al controvertido presidente del Senado, Guido Girardi, no sólo concitó rechazo en la Alianza, sino también en toda la oposición. La negociación del ministro Larroulet con ese interlocutor obviamente no fué suficiente, ya que desde el primer momento Carolina Tohá, Ricardo Lagos Weber y José Antonio Gómez se opusieron a su nominación. Su relación estrecha con el senador Girardi y su participación en los casos Mop-Gate, Inverlink o Publicam siempre permitieron anticipar una evidente confrontación tanto con la izquierda como con la derecha. A su vez, respecto a Eyzaguirre, su rol de defensor del general Pinochet en los casos Riggs y Caravana de la Muerte, tampoco permitía predecir una rápida aprobación de todas las fuerzas democráticas. ¿Faltaron dos dedos de frente en la toma de decisión o fue una jugada magistral para desarticular el Consejo? ¿Simple torpeza de haberlos propuesto o decidida intención de impedir el funcionamiento del Consejo para la Transparencia? Solamente lo podremos saber con el nombramiento de los próximos consejeros propuestos por el Ejecutivo y su prontitud o tardanza en la tramitación ante el Senado.

Creado por la Ley N° 20.285 del 20 de agosto de 2008 durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet e iniciado por moción de los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín, la misión del Consejo para la Transparencia es promover y cooperar en la construcción de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública por parte de las personas. ¿Estará dispuesto este gobierno a permitirlo?

Columna publicada en La Tercera Online

Indignados: la chacota de los honorables diputados

En más de 951 ciudades del mundo se escuchará hoy el grito de los indignados. Ciudadanos comunes y corrientes se unen para protestar contra la captura de la política por parte de una elite autopoiética. La utilizan para mantener privilegios en perjuicio de los intereses de una gran mayoría que dejaron de representar hace mucho tiempo. Prueba de ello es la chacota de los honorables diputados en su labor parlamentaria, la que tiene un trato preferencial totalmente diferente al de la mayoría de los chilenos. Al no tener ningún control, al estar lejos del escrutinio de la opinión pública, al no existir fiscalización alguna, la impunidad que se produce debilita aún más a nuestra desprestigiada clase política.

De que los diputados están en otra, no cabe duda. Parece que priorizan otras actividades por sobre su función esencial: participar en la elaboración de nuestras leyes. Un ejemplo de ello es lo ocurrido el pasado jueves 11, en que hubo dos sesiones legislativas -una ordinaria (93ª) y una especial (94ª)- en que correspondía votar varios proyectos legislativos. Uno de ellos era el Proyecto de Acuerdo N° 436, en que la Cámara solicita al Ejecutivo fortalecer y modernizar Gendarmería de Chile.

A pesar de la gravedad de la crisis carcelaria en nuestro país -revelada crudamente después del incendio de la cárcel de San Miguel-, en esa sesión legislativa sólo 55 diputados votaron este proyecto. ¿Dónde estaban los 65 restantes? ¿Se convirtió en opcional la responsabilidad legislativa de nuestros congresistas? ¿O es que definitivamente a nuestros representantes ya no asumen como propia el trabajo de elaborar nuestras leyes? Pareciera que privilegian otras actividades más rentables políticamente, desligándose de su principal responsabilidad…

La iniciativa en cuestión solicita al Gobierno presentar a la brevedad un proyecto de ley que fortalezca y modernice Gendarmería de Chile, profesionalizando sus componentes e introduciendo las mejoras necesarias tanto en las condiciones laborales como las compensaciones económicas de su personal. Sin embargo, al no haber cámaras de televisión, ni manifestantes en las graderías ni tampoco cuantiosos intereses económicos involucrados, muchos honorables al parecer prefirieron no desgastarse en votar. ¿Su rechazo fue al voto electrónico o a la espera el hemiciclo hasta que éste se produjera? ¿Qué tan frecuente es todavía la práctica denunciada hace un par de años por el programa Informe Especial: marcar la asistencia al inicio de la sesión para lograr los quórums necesarios, pero luego retirarse del hemiciclo? ¿Qué motivó a que hubiera tan poca participación en la votación de un proyecto elaborado por ellos mismos para recomendar acciones al Ejecutivo en materia carcelaria? A todos los chilenos nos gustaría una explicación...

Ese proyecto se votó en la Sala, con menos del 50% de los sufragios que debiera haber tenido. ¿A qué se debe este incumplimiento laboral? Cualquier chileno que se ausente de sus labores o se niegue a su trabajo se vería en serios problemas. ¿Por qué esta impunidad flagrante? ¿Quién fiscaliza la labor parlamentaria?

De acuerdo al detalle de votación , quiénes NO votaron estando presentes en la sala según la lista de asistencia , fueron los siguientes diputados:

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Lobby de CNC, Adimark, Jobs, Exonerados políticos

No quedó títere con cabeza. Hablamos del proyecto de ley que la Cámara Nacional de Comercio le envió al ministro Jorquera (ley saqueo), de los resultados de la última Adimark, algunas sentencias de los tribunales sobre Derecho del Consumidor, del fraude en los exonerados políticos...

Son tantos temas, que una hora se hace corta...

Si quieres ver este capítulo de Tribunal Abierto, transmitido el 6 de octubre de 2011, denunciando el lobby de la Cámara Nacional de Comercio...

El lobby de la CNC que terminó por sepultar la mesa de diálogo

Para un gobierno que se caracteriza por su continúa política de anuncios, la proclamación del proyecto de ley que modifica el Código Penal causó una gran conmoción en la opinión pública, en las redes sociales y en toda la clase política. Pero además fue un potente éxocet dirigido con gran precisión a la mesa de diálogo entre Gobierno y estudiantes, que tanto ha costado instituir.

El proyecto postula modificar el artículo 269 del Código Penal, tipificando nuevas figuras delictuales, como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos. Además, castiga la falta de respeto a policías, regula sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante el actuar "encapuchado".

Independiente de la legitimidad -o ilegitimidad- de las propuestas, la medida no pudo ser más inoportuna. Sintiéndolo como una afrenta personal, los dirigentes estudiantiles condicionaron de inmediato su participación a la mesa de diálogo, entregándoseles en bandeja un pretexto más para negarse a dialogar. ¿En qué estaba pensando el ministro Hinzpeter al presentar este proyecto de ley? ¿Lo consultó con el ministro Bulnes o actuó de manera inconsulta? ¿En qué pie quedó el titular de Educación para seguir negociando con los estudiantes? Al firmar el proyecto de ley de seguridad pública, ¿pudo prever el Presidente Piñera las consecuencias que iba a tener en Educación?

El día 21 de septiembre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Eugenio Jorquiera, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Región Metropolitana, Juan Manuel Pozo y el Gerente de Asuntos Corporativos, Claudio Hohmann, exponían sus puntos de vista, manifestando su inquietud ante los daños ocasionados y haciendo un balance de las pérdidas sufridas en los últimos 30 días.

Pero lo que ignora la opinión pública, es que la Cámara Nacional de Comercio (CNC) además le envió un proyecto de ley al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que pretendía modificar el Código Penal, para sancionar efectivamente los actos de violencia, destrozos a la propiedad pública y privada y ataques a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Aprobado por la unanimidad del Consejo de la CNC y redactado por el abogado y también consejero, Miguel Otero, la iniciativa proponía:

-Tipificar claramente los delitos cometidos contra las Fuerzas de Orden y Seguridad –Carabineros y la PDI– y endurecer las sanciones.

-Tipificar como delito los destrozos o daños materiales a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad y castigar a quienes, con motivo de alteraciones del orden público, ataquen, destruyan o saqueen propiedad fiscal, municipal o particular o se tomen dichas instalaciones impidiendo su normal funcionamiento.

-Eliminar la posibilidad de penar a los infractores sólo a través de multas y establecer la cárcel efectiva como castigo.

-Sancionar efectivamente a quienes injurien u ofendan de hecho o de palabra a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

En relación al concepto de armas, el proyecto de la CNC busca ampliar su definición y que sean calificadas como tal las bombas molotov, ballestas, arcos, hondas y elementos similares, todas ellas herramientas regularmente utilizadas en actos vandálicos con ocasión de marchas y manifestaciones.

Todas estas medidas fueron incorporadas en el proyecto de ley del ministro Hinzpeter, el que prontamente fue enviado al Congreso. Sólo una semana después -el 27 de septiembre-, la iniciativa legal ya estaba ingresada a la Cámara de Diputados, a la que se le agregaron algunos conceptos teóricos de seguridad pública, pero manteniendo los mismos objetivos:

-Modificación del tipo penal de desórdenes públicos.

-Agravación de las penas por delitos de desórdenes públicos cuando se actúa encapuchado o con otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor.

-Fortalecimiento de la protección de la autoridad, incluyendo a las Fuerzas de Orden y Seguridad cuando actúan en el ejercicio de su labor de resguardo del orden público.

-Facilitación de la obtención de los medios de prueba.

Ante esta agresión gratuita e innecesaria, los estudiantes secundarios y de la Confech decidieron retirarse de la mesa de diálogo, tensionando aún más un conflicto que se arrastra por más de cinco meses. La incapacidad de generar acuerdos quedó de partida reflejada en la intransigencia de ambas partes, basadas en motivaciones ideológicas más que pragmáticas, convirtiendo esta discusión en un gallito de fuerza ante la opinión pública. Por eso, la presentación del proyecto Hinzpeter no sólo sorprendió a la opinión pública, sino al mismísimo ministro Bulnes. Pero, además, logró desvirtuar de una plumada la manida declaración de que éste NO es el gobierno de los empresarios. Otro autogol más para la cuenta del Gobierno.

Mayores antecedentes en programa Tribunal Abierto de Canal Stream

Columna publicada en La Tercera Online

Los relatos paralelos del ministro Longueira

Definitivamente, el ministro Longueira se las trae. No sólo se ha apropiado de temas que tradicionalmente pertenecían a otras carteras -causando ciertas molestias en sus titulares-, sino que también ha logrado convertir en sexy a un ministerio técnico. Con el mismo presupuesto, infraestructura, dotación y atribuciones, no cabe duda que ya no es la misma institución que dirigía Juan Andrés Fontaine.

Con una gran experiencia en construir “relatos”, el ministro Longueira ha sabido darle un nuevo tono al siempre aburrido Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En un ámbito mayormente técnico -y de desastres comunicacionales-, el reciente relato ha logrado incorporar rostros de chilenos comunes y corrientes; desarrollar guiones esperanzadores, pero desafiantes; escoger escenografías que permitan evidenciar la amplitud de gestión; y hacer brillar las fortalezas, tapando al mismo tiempo los puntos obscuros que quitan realce…

No cabe duda que hoy el rol protagónico ha sido asignado al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), convirtiéndose en el brazo armado del ministerio para visibilizarse ante la ciudadanía. Con un relato de justicia divina, el servicio ha ampliado sus alcances reales, dejando de lado su tradicional función reactiva: ahora, sin necesidad de esperar la acumulación de denuncias, el Sernac -representado por su Director Nacional, Juan Antonio Peribonio- comienza a poner orden en esta selva del mercado chilensis. De pronto, salió a la calle a revisar contratos del retail, banca, telecomunicaciones y cajas de compensaciones, obligando a readecuarlos con la única herramienta que posee, pero que maneja a la perfección: la comunicación.

Con sólo un rol de mediador, la gran amenaza del servicio es la publicidad negativa. Necesariamente requiere recurrir a la justicia para aplicar sanciones compensatorias, para imponer cambios a clausulas abusivas o para obtener compensaciones económicas para miles de usuarios. Si, en cambio, pretende cambiar la normativa vigente, está obligado a recurrir al ministerio para que inicie los trámites legislativos o bien a organismos reguladores para que instruyan circulares. Estas escasas facultades logran que prácticamente el consumidor esté en la más absoluta indefensión en casos de denuncia individual de clausulas abusivas en contratos de adhesión, salvo que cuente con el patrocinio del Sernac. ¿En qué momento empezarán a quedarle chicas las facultades de este servicio al ministro Longueira…?

Pero no sólo de pan vive el hombre…Otros servicios, como el Servicio Nacional de Turismo, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) o el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) han sido mucho más discretos en resultados mediáticos. Si antiguamente el Presidente Piñera intentó ponerles metas de visibilidad a sus ministros -ya definitivamente no cumplidas por los ministros Benítez, Ribera, Álvarez, Pérez, Galilea, Moreno, Parot, de Solminihac, Schmidt, Errázuriz y Larroulet- es muy probable que los directores de los servicios dependientes del ministerio de Economía las tengan hoy día.

Por otra parte, la recurrente promesa del futuro Sernac Financiero podría constituirse en otro hito del relato del ministro Longueira. Presentado en agosto 2010 (boletín 7094-03), el proyecto se encuentra en el segundo trámite constitucional, con suma urgencia a partir del 14 de septiembre. La buena nueva no sólo tendrá cobertura en los medios, sino que también sintonizará con el fuerte sentimiento de desprotección que sienten hoy los chilenos frente al abuso. ¿Construyendo la imagen de un padre protector y eficiente para competir con una madre sobreprotectora?

Pero el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción también desarrolla actividades menos glamorosas. Un ejemplo de ellas ha sido la reciente Mesa de Trabajo Pesquero, creada con motivo del próximo vencimiento de la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador. El controvertido acuerdo a que llegó el referido grupo de trabajo -compuesto por representantes del Sector Pesquero Artesanal, Industrial, del Sector Laboral, representante del Sector de las Medianas y Pequeñas Plantas de Proceso, miembros del Consejo Nacional de Pesca y representantes de gobierno - produjo una gran polémica con respecto a las cuotas de pesca, avivada por la agresión del Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, al representante de Pymepes, Alfredo Irarrázaval.

Aparte del fuerte intercambio de acusaciones mutuas de los involucrados, despierta suspicacias un comunicado de prensa del ministerio tan impreciso. Pletórico en bonitas intenciones (reconocer, mantener, respetar, etc…), omite por completo las cuotas de pesca acordadas. Mucho más explícito fue el artículo de La Tercera, titulado “Pesqueras industriales se quedarán con 90% de la cuota del jurel”, en que grafica el grosero reparto de las cuotas pesqueras entre los mismos de siempre, por un período de 20 años y sin licitación. Con el acuerdo cerrado, el gobierno se comprometió dentro de dos meses a enviar un proyecto de ley al Congreso, que legalice esta repartija.

¿Dos discursos paralelos o un doble discurso? ¿Qué influencias actuaron para lograr descartar definitivamente las licitaciones propuestas por el ministro Fontaine? No lo sabemos, pero sí intuimos que a esa gran masa de consumidores -siempre indefensa ante tantos abusos de la concentración económica- le encantaría conocer los argumentos del secretario de Estado para perpetuar las actuales cuotas de pesca de cinco familias chilenas. Pero como bien lo entiende el ministro Longueira, un buen comunicador es siempre esclavo de sus palabras, pero dueño de sus silencios…

Columna publicada en La Tercera Online

Conflicto Confech: ¿Por la razón o la fuerza?

"No habrá diálogo para discutir el presupuesto, no habrá diálogo para discutir los proyectos que le interesen al Gobierno…” advertía el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD). Sus recientes declaraciones, a las que luego se sumaría el senador Juan Pablo Letelier (PS) explicitaban que la oposición no tramitará ningún proyecto de ley del Gobierno, si éste no acepta las garantías exigidas por el movimiento estudiantil para dialogar.

Aparte de asimilarse a una tensa declaración de guerra por parte de la Concertación -o lo que queda de ella- , los dichos del senador Girardi demuestran los intentos de captura de la política por pequeños grupos de intereses. Sin perjuicio de las legítimas aspiraciones del movimiento estudiantil, no cabe duda que éstas no pueden paralizar a todo el resto del país.

Más aún, las controvertidas palabras del Presidente de la Cámara Alta se pueden entender de dos maneras: en primer lugar, como una simple bravuconada, que sólo pretende llamar la atención -en forma algo torpe, pero matonesca-, alinear intenciones y aunar esfuerzos opositores en momentos en que precisamente la Concertación se derrumba. En ese caso, no habría que dedicarle mucha atención, salvo por el peligroso precedente que establece al validar la política del “todo vale”, desprestigiando aún más nuestra debilitada clase dirigente, y en particular la hasta ahora controvertida institución del Senado (falta de representatividad, senadores designados, inasistencias parlamentarias, intereses no declarados y desvíos de fondos estatales para campañas políticas).

Por otra parte, en un escenario ¿favorable?, si la acción resultara consecuente con la declaración -e intención-, y en un eventual caso que se rechazara la ley de presupuesto 2012, se mantendría el presupuesto 2011. Eso significaría que todos los gastos sociales aprobados en este año quedarían fuera de presupuesto: eliminación del 7% de salud para 700.000 beneficiarios, el recientemente aprobado proyecto de ampliación del postnatal, el bono Bodas de Oro o la implementación de la primera etapa del Salario Ético Familiar. ¿Se justificaría que debido a la intransigencia de ambas partes en este conflicto, se suspendieran o postergaran beneficios para otros segmentos más desprotegidos, como mujeres embarazadas o adultos mayores? ¿Quién querría cargar con esta pesada responsabilidad de boicotear estos beneficios? Batalla fácil para cualquier gobierno, salvo éste con su proverbial y permanente ineptitud comunicacional.

Los jóvenes lograron instalar en la opinión pública la urgencia de la crisis educacional, tema que se venía arrastrando desde 1990, sin mejoras evidentes, pero con muchos aplausos, abrazos y shows ante las cámaras. Hoy día existe consenso en la gravedad de la situación, aunque no acerca de sus causas. La ciudadanía comienza a ver con reticencia como distintos grupos intentan privilegiar sus intereses particulares por sobre el bien colectivo.

De hecho, el gobierno ha sido incapaz de desarticular la movilización o de cambiar los ejes de la discusión. Ni siquiera el oportuno lanzamiento del libro “Universitarios: ¡el problema no es el lucro, es el mercado!”, de Patricio Meller, académico de la Universidad de Chile , actual Director de Proyectos de Cieplán y ex presidente del Consejo Asesor para la Equidad Social designado por la ex Presidenta Bachelet, fue aprovechado por los asesores de Palacio para redireccionar el debate. Además, definitivamente la administración Piñera se ha negado a ponerle al gato el cascabel, eludiendo cualquier toma de decisiones y amparándose en tibias posturas que sólo han logrado eternizar el conflicto.

A su vez, los movimientos estudiantiles empiezan a mostrar las primeras señales de divisiones internas, además de ver disminuido el apoyo ciudadano inicial. Ante un escenario en que se reconoce la legitimidad de sus directivas, aparece la sempiterna debilidad de nuestra clase política: la falta de representatividad. En este conflicto estudiantil, algunos cientos de votos no logran representar a todos los estudiantes de nuestro país. Por eso, no cabe duda que -cifras más, cifras menos- el entusiasmo de las movilizaciones ha ido decayendo, contraponiéndose al rechazo que aumenta hacia ciertas figuras, como el caso del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

Hoy, la ciudadanía ya comprendió que 70 mil escolares deberán repetir el año, que las universidades tradicionales se encuentran en una insostenible situación económica, que las abiertas discriminaciones continúan hacia la educación técnico profesional -sin representantes en esta movilización-, que se acrecienta el éxodo de alumnos a la educación particular subvencionada y que la gran ganadora es la educación privada: aún cuando se llegara a un entendimiento entre las partes negociadoras, esta suspensión de clases sólo logró consolidar la enorme brecha que existe entre nuestros estudiantes.

La opinión pública constata, en consecuencia, que el tema educacional ha sido capturado por grupúsculos ideologizados -tanto de gobierno como de oposición-, que no buscan consensos, ni acuerdos ni diálogos, sino polarizar una sociedad… y que lo están logrando a través de declaraciones destempladas, exigencias desmedidas o defensas corporativas inconsecuentes.

Dicen que el hombre -mujer, niño o niña- es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Las nuevas generaciones aprenderán de lecciones pasadas o tendrán que vivirlo personalmente?

Columna publicada en La Tercera Online

La escasa representatividad de la Cámara de Diputados

¡Y Ciper lo hizo de nuevo!

Ante la profunda crisis de representatividad que existe en nuestro país -Congreso, partidos políticos, organizaciones gremiales, sindicales, estudiantiles, deportivas, etc.- la ciudadanía ha optado por manifestarse a través de movilizaciones propias. Ciper quiso averiguar distrito por distrito cual es la representatividad real de nuestros honorables diputados, conocer qué tanto representan a los habitantes de sus distritos. Queda más que claro que estamos pagando caro nuestro pecado de no participación ciudadana…

Para esto, el Centro de Investigación Periodística cruzó las estadísticas poblacionales del INE y el registro del Servel para dimensionar la falta de representatividad de nuestro sistema político y electoral. De esta manera, se hace omisión de los falaces porcentajes que entrega el Servel, calculados sobre la ciudadanía que sí votó, pero obviando los que no votaron, votos blancos y nulos).

En las últimas elecciones de diputados, más de 5, 5 millones de personas prefirieron no votar por un candidato, lo que representa el 45,68% de los chilenos mayores de 18 años. De los que sí votaron, muchos lo hicieron por candidatos que no fueron electos. Esto hace que la representatividad real a nivel nacional de nuestros honorables diputados alcance un exiguo 32,54%. Es decir, no representan ni a un tercio de la población mayor de 18 años. Diputados elegidos legítimamente, pero no representativos. ¿Cómo pretender entonces que no haya movilizaciones? ¿Cómo obviar ese permanente malestar -malaise- que ya se convirtió en crónico en nuestro país?

Esto hace que algunos distritos estén muy bien representados: un gran porcentaje de su población mayor de 18 años votó por alguno de los actuales diputados. El distrito 22, correspondiente a la comuna de Santiago, lidera en representatividad real, con el 58, 18% de su población mayor de 18 años que votó por alguno de sus dos actuales diputados: Felipe Harboe (30,21%) y Alberto Cardemil (27,97%). Le sigue el distrito 19 -Independencia y Recoleta-, en que el 55,45% votó por alguno de sus diputados: Patricio Hales (28,02%) y Claudia Nogueira (27,43%). Habrá que ver si esa votación se mantiene después del escándalo del fraude al fisco… En un glorioso tercer lugar, se ubica el distrito 35 (Chépica, La Estrella, Litueche, Lolol, Marchigue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Pichilemu, Placilla, Pumanque, Santa Cruz), con sus flamantes diputados: Juan Carlos Latorre (27,13%) y Ramón Barros (26,52%), quitado de bulla a nivel nacional, pero pareciera que efectivo en sus tierras.

Al contrario, existen distritos con muy escasa representatividad, en que ante guarismos tan lapidarios, no cabe duda que constituyen un potencial foco de conflicto. En un poco honroso primer lugar, se encuentra el distrito 29 (La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo) que no votó mayoritariamente por los actuales diputados, y por lo tanto, no se sienten representados. Ellos son: José Pérez (7,01%) y Osvaldo Andrade (8,5%). Le sigue inmediatamente el distrito 20 (Cerrillos, Estación Central, Maipú) en que sólo el 15,47% de la población mayor de 18 años proyectada al año 2009 votó por alguno de los actuales diputados: Pepe Auth (7,28%) y Mónica Zalaquett (8, 19%). Ante tan baja representatividad, el conflicto es inminente. En un poco decoroso lugar se encuentra el distrito 30 (Buin, Calera de Tango, Paine, San Bernado), en que sólo un cuarto (25,93%) votó por alguno de los actuales diputados: Ramón Farías (9,19%) y José Antonio Kast (16,74%). ¿Futura fuente de conflicto? Lo más probable.

Los diputados con mayor representatividad real


Las excepciones que sí son representativas de los habitantes de su distrito ni siquiera alcanzan el 33%, salvo el diputado Fidel Espinoza, del distrito 56 (Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue , Río Negro) en la Región de Los Lagos, en que llega casi al 35% de representatividad.

Estos son los 10 diputados mejor evaluados, con un claro predominio de parlamentarios de la Concertación:

1. 
   
   Espinoza, Fidel: 34,62%; Distrito 56, Los Lagos; PS; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


2. 
   
   Ceroni, Guillermo: 31,2%; Distrito 40, Maule; PPD; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


3. 
   
   Harboe, Felipe: 30,21%; Distrito 22, Metropolitana PPD 2006-2010; 2010-2014


4. 
   
   Tarud, Jorge: 29,82%, Distrito 39, Maule; PPD; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


5. 
   
   Sepúlveda, Alejandra: 28,52%, Distrito 34, O’Higgins; PRI 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


6. 
   
   Hales, Patricio: 28,02%, Distrito 19, Metropolitana; PPD; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


7. 
   
   Cardemil, Alberto: 27,97%, Distrito 22, Metropolitana; RN 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


8. 
   
   Nogueira, Claudia: 27,43%, Distrito 19, Metropolitana; UDI; 2006-2010; 2010-2014


9. 
   
   Latorre, juan Carlos: 27,13%, Distrito 35, O´Higgins; PDC; 1990-1994; 1994-1998; 2006-2010; 2010-2014


10. 
    
    Núñez, Marco Antonio: 27,01%; Distrito 11, Valparaíso; PPD 2006-2010; 2010-2014

Los diputados con peor representatividad real:

Hay diputados que ni siquiera alcanzan a representar al 10% de los habitantes de su distrito. Esto además de dificultar cualquier intento de legitimarse, desprestigia con fuerza a toda la política. Más aún, cuando se trata de diputados elegidos gracias a la ingeniería electoral más que a su esfuerzo o sintonía con la ciudadanía o a las designaciones de partidos políticos.

Si bien es cierto que muchos están en su primer período parlamentario, varios de ellos se domicilian en Santiago y privilegian a destacarse a nivel nacional, pero parecieran no representar a sus electores de distrito.

1. 
   
   Pérez, Leopoldo: 7,01%, Distrito 29; Metropolitana; RN 2010-2014


2. 
   
   Auth, Pepe: 7,28%, Distrito 20, Metropolitana; PPD; 2010-2014


3. 
   
   Zalaquett, Mónica: 8,19%, Distrito 20, Metropolitana; UDI; 2010-2014


4. 
   
   Andrade, Osvaldo: 8,50%, Distrito 29, Metropolitana; PS; 2010-2014


5. 
   
   Farías, Ramón: 9,19%, Distrito 30, Metropolitana; PPD; 2006-2010; 2010-2014


6. 
   
   Schilling, Marcelo: 9,62%, Distrito 12, Valparaíso; PS 2006-2010; 2010-2014


7. 
   
   Araya, Pedro: 10,04%, Distrito 4, Antofagasta; PRI; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


8. 
   
   Bertolino, Mario: 10, 26%, Distrito 8, Coquimbo; RN; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


9. 
   
   Vilches, Carlos: 10,37%, Distrito 5, Atacama; UDI;1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2010-2014


10. 
    
    Edwards, José Manuel: 10,68%, Distrito 51, Bío Bío; RN:2010-2014

Ante tan baja representatividad, ¿qué futuro nos espera? Sólo las reformas políticas nos podrían salvar de un sistema que colapsa. ¿Será capaz el Gobierno de lograr los consensos necesarios -en especial los fuegos amigos? Esa es la gran interrogante…

Columna publicada en La Tercera Online