Lobby de CNC, Adimark, Jobs, Exonerados políticos

No quedó títere con cabeza. Hablamos del proyecto de ley que la Cámara Nacional de Comercio le envió al ministro Jorquera (ley saqueo), de los resultados de la última Adimark, algunas sentencias de los tribunales sobre Derecho del Consumidor, del fraude en los exonerados políticos...

Son tantos temas, que una hora se hace corta...

Si quieres ver este capítulo de Tribunal Abierto, transmitido el 6 de octubre de 2011, denunciando el lobby de la Cámara Nacional de Comercio...

El lobby de la CNC que terminó por sepultar la mesa de diálogo

Para un gobierno que se caracteriza por su continúa política de anuncios, la proclamación del proyecto de ley que modifica el Código Penal causó una gran conmoción en la opinión pública, en las redes sociales y en toda la clase política. Pero además fue un potente éxocet dirigido con gran precisión a la mesa de diálogo entre Gobierno y estudiantes, que tanto ha costado instituir.

El proyecto postula modificar el artículo 269 del Código Penal, tipificando nuevas figuras delictuales, como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos. Además, castiga la falta de respeto a policías, regula sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante el actuar "encapuchado".

Independiente de la legitimidad -o ilegitimidad- de las propuestas, la medida no pudo ser más inoportuna. Sintiéndolo como una afrenta personal, los dirigentes estudiantiles condicionaron de inmediato su participación a la mesa de diálogo, entregándoseles en bandeja un pretexto más para negarse a dialogar. ¿En qué estaba pensando el ministro Hinzpeter al presentar este proyecto de ley? ¿Lo consultó con el ministro Bulnes o actuó de manera inconsulta? ¿En qué pie quedó el titular de Educación para seguir negociando con los estudiantes? Al firmar el proyecto de ley de seguridad pública, ¿pudo prever el Presidente Piñera las consecuencias que iba a tener en Educación?

El día 21 de septiembre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Eugenio Jorquiera, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Región Metropolitana, Juan Manuel Pozo y el Gerente de Asuntos Corporativos, Claudio Hohmann, exponían sus puntos de vista, manifestando su inquietud ante los daños ocasionados y haciendo un balance de las pérdidas sufridas en los últimos 30 días.

Pero lo que ignora la opinión pública, es que la Cámara Nacional de Comercio (CNC) además le envió un proyecto de ley al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que pretendía modificar el Código Penal, para sancionar efectivamente los actos de violencia, destrozos a la propiedad pública y privada y ataques a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Aprobado por la unanimidad del Consejo de la CNC y redactado por el abogado y también consejero, Miguel Otero, la iniciativa proponía:

-Tipificar claramente los delitos cometidos contra las Fuerzas de Orden y Seguridad –Carabineros y la PDI– y endurecer las sanciones.

-Tipificar como delito los destrozos o daños materiales a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad y castigar a quienes, con motivo de alteraciones del orden público, ataquen, destruyan o saqueen propiedad fiscal, municipal o particular o se tomen dichas instalaciones impidiendo su normal funcionamiento.

-Eliminar la posibilidad de penar a los infractores sólo a través de multas y establecer la cárcel efectiva como castigo.

-Sancionar efectivamente a quienes injurien u ofendan de hecho o de palabra a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

En relación al concepto de armas, el proyecto de la CNC busca ampliar su definición y que sean calificadas como tal las bombas molotov, ballestas, arcos, hondas y elementos similares, todas ellas herramientas regularmente utilizadas en actos vandálicos con ocasión de marchas y manifestaciones.

Todas estas medidas fueron incorporadas en el proyecto de ley del ministro Hinzpeter, el que prontamente fue enviado al Congreso. Sólo una semana después -el 27 de septiembre-, la iniciativa legal ya estaba ingresada a la Cámara de Diputados, a la que se le agregaron algunos conceptos teóricos de seguridad pública, pero manteniendo los mismos objetivos:

-Modificación del tipo penal de desórdenes públicos.

-Agravación de las penas por delitos de desórdenes públicos cuando se actúa encapuchado o con otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor.

-Fortalecimiento de la protección de la autoridad, incluyendo a las Fuerzas de Orden y Seguridad cuando actúan en el ejercicio de su labor de resguardo del orden público.

-Facilitación de la obtención de los medios de prueba.

Ante esta agresión gratuita e innecesaria, los estudiantes secundarios y de la Confech decidieron retirarse de la mesa de diálogo, tensionando aún más un conflicto que se arrastra por más de cinco meses. La incapacidad de generar acuerdos quedó de partida reflejada en la intransigencia de ambas partes, basadas en motivaciones ideológicas más que pragmáticas, convirtiendo esta discusión en un gallito de fuerza ante la opinión pública. Por eso, la presentación del proyecto Hinzpeter no sólo sorprendió a la opinión pública, sino al mismísimo ministro Bulnes. Pero, además, logró desvirtuar de una plumada la manida declaración de que éste NO es el gobierno de los empresarios. Otro autogol más para la cuenta del Gobierno.

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Columna publicada en La Tercera Online

Conflicto Confech: ¿Por la razón o la fuerza?

"No habrá diálogo para discutir el presupuesto, no habrá diálogo para discutir los proyectos que le interesen al Gobierno…” advertía el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD). Sus recientes declaraciones, a las que luego se sumaría el senador Juan Pablo Letelier (PS) explicitaban que la oposición no tramitará ningún proyecto de ley del Gobierno, si éste no acepta las garantías exigidas por el movimiento estudiantil para dialogar.

Aparte de asimilarse a una tensa declaración de guerra por parte de la Concertación -o lo que queda de ella- , los dichos del senador Girardi demuestran los intentos de captura de la política por pequeños grupos de intereses. Sin perjuicio de las legítimas aspiraciones del movimiento estudiantil, no cabe duda que éstas no pueden paralizar a todo el resto del país.

Más aún, las controvertidas palabras del Presidente de la Cámara Alta se pueden entender de dos maneras: en primer lugar, como una simple bravuconada, que sólo pretende llamar la atención -en forma algo torpe, pero matonesca-, alinear intenciones y aunar esfuerzos opositores en momentos en que precisamente la Concertación se derrumba. En ese caso, no habría que dedicarle mucha atención, salvo por el peligroso precedente que establece al validar la política del “todo vale”, desprestigiando aún más nuestra debilitada clase dirigente, y en particular la hasta ahora controvertida institución del Senado (falta de representatividad, senadores designados, inasistencias parlamentarias, intereses no declarados y desvíos de fondos estatales para campañas políticas).

Por otra parte, en un escenario ¿favorable?, si la acción resultara consecuente con la declaración -e intención-, y en un eventual caso que se rechazara la ley de presupuesto 2012, se mantendría el presupuesto 2011. Eso significaría que todos los gastos sociales aprobados en este año quedarían fuera de presupuesto: eliminación del 7% de salud para 700.000 beneficiarios, el recientemente aprobado proyecto de ampliación del postnatal, el bono Bodas de Oro o la implementación de la primera etapa del Salario Ético Familiar. ¿Se justificaría que debido a la intransigencia de ambas partes en este conflicto, se suspendieran o postergaran beneficios para otros segmentos más desprotegidos, como mujeres embarazadas o adultos mayores? ¿Quién querría cargar con esta pesada responsabilidad de boicotear estos beneficios? Batalla fácil para cualquier gobierno, salvo éste con su proverbial y permanente ineptitud comunicacional.

Los jóvenes lograron instalar en la opinión pública la urgencia de la crisis educacional, tema que se venía arrastrando desde 1990, sin mejoras evidentes, pero con muchos aplausos, abrazos y shows ante las cámaras. Hoy día existe consenso en la gravedad de la situación, aunque no acerca de sus causas. La ciudadanía comienza a ver con reticencia como distintos grupos intentan privilegiar sus intereses particulares por sobre el bien colectivo.

De hecho, el gobierno ha sido incapaz de desarticular la movilización o de cambiar los ejes de la discusión. Ni siquiera el oportuno lanzamiento del libro “Universitarios: ¡el problema no es el lucro, es el mercado!”, de Patricio Meller, académico de la Universidad de Chile , actual Director de Proyectos de Cieplán y ex presidente del Consejo Asesor para la Equidad Social designado por la ex Presidenta Bachelet, fue aprovechado por los asesores de Palacio para redireccionar el debate. Además, definitivamente la administración Piñera se ha negado a ponerle al gato el cascabel, eludiendo cualquier toma de decisiones y amparándose en tibias posturas que sólo han logrado eternizar el conflicto.

A su vez, los movimientos estudiantiles empiezan a mostrar las primeras señales de divisiones internas, además de ver disminuido el apoyo ciudadano inicial. Ante un escenario en que se reconoce la legitimidad de sus directivas, aparece la sempiterna debilidad de nuestra clase política: la falta de representatividad. En este conflicto estudiantil, algunos cientos de votos no logran representar a todos los estudiantes de nuestro país. Por eso, no cabe duda que -cifras más, cifras menos- el entusiasmo de las movilizaciones ha ido decayendo, contraponiéndose al rechazo que aumenta hacia ciertas figuras, como el caso del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

Hoy, la ciudadanía ya comprendió que 70 mil escolares deberán repetir el año, que las universidades tradicionales se encuentran en una insostenible situación económica, que las abiertas discriminaciones continúan hacia la educación técnico profesional -sin representantes en esta movilización-, que se acrecienta el éxodo de alumnos a la educación particular subvencionada y que la gran ganadora es la educación privada: aún cuando se llegara a un entendimiento entre las partes negociadoras, esta suspensión de clases sólo logró consolidar la enorme brecha que existe entre nuestros estudiantes.

La opinión pública constata, en consecuencia, que el tema educacional ha sido capturado por grupúsculos ideologizados -tanto de gobierno como de oposición-, que no buscan consensos, ni acuerdos ni diálogos, sino polarizar una sociedad… y que lo están logrando a través de declaraciones destempladas, exigencias desmedidas o defensas corporativas inconsecuentes.

Dicen que el hombre -mujer, niño o niña- es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Las nuevas generaciones aprenderán de lecciones pasadas o tendrán que vivirlo personalmente?

Columna publicada en La Tercera Online

Educación: la evitable trampa de la polarización

La intempestiva decisión de los timoneles concertacionistas de no asistir a la reunión acordada con el mandatario sorprendió a toda la opinión pública. No sólo plantaron a la máxima autoridad nacional, sino que defraudaron también a un gran porcentaje de chilenos que demanda una solución a la actual crisis educacional. ¿Esta inasistencia ayudaba en algo? ¿O sólo fue un estéril intento por polarizar la situación?

Hasta ahora, el movimiento estudiantil contaba con la simpatía ciudadana. Además, después de las últimas encuestas y en un contexto de animadversión en contra de toda autoridad, era plausible que la población desquitara furiosamente en contra del Gobierno. Sin embargo, la reacción fue muy controvertida. Algunos apoyaron la decisión, pero otros, en cambio, se indignaron ante la negativa a negociar un acuerdo que todo Chile espera. Más aún, cuando todos ellos -salvo Carolina Tohá- reciben un sueldo pagado por nosotros los chilenos y ni siquiera cumplen con su obligación de asistir al Congreso…

Al igual que en nuestra actual política nacional, la crisis de representatividad también ha alcanzado a otras organizaciones, ya sean estudiantiles, sindicales o gremiales. Como hemos comprobado últimamente, el Congreso pierde legitimidad día a día, al igual que la Fech, Feuc, Confech, CUT, Sofofa, ANFP o el Colegio de Profesores. Nuestra arraigada falta de participación ciudadana -¿espontánea o provocada?- permite que grupúsculos bien organizados capturen fácilmente las estructuras de poder.

Sin embargo, las opiniones siempre estuvieron divididas en el tema educacional. Muchos padres viven con angustia que sus hijos no puedan asistir a clases durante más de 75 días, viendo con estupor que esta situación es avalada por los partidos opositores. En momentos en que alumnos arriesgan el año -o pierden competitividad frente a sus pares que sí tienen clases-, observan cómo el conflicto se alarga indefinidamente. Y también constatan que grupos de estudiantes elegidos democráticamente, bien organizados -pero que no necesariamente representan a la mayoría silenciosa-, toman decisiones que involucran a todos los demás alumnos. ¿Pero por qué la falta de representatividad no iba a afectar a las organizaciones estudiantiles? ¿No es acaso un mal endémico nuestro?

En 2009, la Universidad de Chile contaba con más de 24 mil estudiantes de pregrado y 6 mil de postgrado (Wikipedia). Camila Vallejo, su actual presidenta fue elegida con 2.918 votos -menos del 10% del alumnado y sólo 70 votos más que el segundo lugar, Francisco Figueroa-. A su vez, la Pontificia Universidad Católica tenía al 2010 cerca de 20 mil alumnos en pregrado y 3.800 en postgrado. De ellos, sólo 5.529 alumnos votaron por Giorgio Jackson, actual presidente de la Feuc. Corresponde a un poco más del 20% del total de alumnos, venciendo por sólo 364 votos a Ricardo Neumann, segundo lugar.

En consecuencia, ¿cómo saber qué porcentaje de alumnos de esa inmensa mayoría silenciosa está de acuerdo con los paros -único punto de desacuerdo entre rectores y Confech-? ¿Será mayor o menor que esa gran colectividad nacional que no se identifica con ninguna de las dos coaliciones políticas?

Hace menos de una semana, el senador José Antonio Gómez (PRSD) expresaba : “La Concertación está superada”. Tan sólo hace pocos días, el senador Ignacio Walker(DC) declaraba no saber en qué consistía el anunciado segundo tiempo del Gobierno, sin percatarse que también comenzaba a correr para la Concertación con su inédito 68% de rechazo. Poco después, el diputado Osvaldo Andrade (PS) exigía que la comunicación del Gobierno con los partidos fuera con sus directivas: “El diálogo debe ser institucional”, señaló durante el fin de semana el ex ministro. El mismo día de la frustrada reunión -una hora y media antes- Carolina Tohá en el programa radial “Alerta Temprana” (radio 95.3 FM) aclaraba que mientras el Presidente anunciaba su intención de invitar a los timoneles de la oposición, ellos simultáneamente le pedían una reunión para hablar de la crisis de la educación.

Aún está presente el conmovedor recuerdo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, con su flamante ministra de Educación, Yasna Provoste, y acompañadas de José Antonio Gómez, Camilo Escalona, Carlos Larraín, José Antonio Viera Gallo, Soledad Alvear, Sergio Bitar y Hernán Larraín, todos manos en alto, celebrando ante la opinión publica el envío al Congreso del proyecto sobre educación pública: la Ley General de Educación. ¿Qué ocurrió desde entonces? ¿O sólo fue una gran tomadura de pelo a todos los chilenos y chilenas?

Ante este provocado clima de polarización, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, puso paños fríos. Su invitación a los representantes -¿representativos o sólo legítimos?- de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y Colegio de Profesores traerá tranquilidad hasta el próximo lunes.

Pero además confirma que hoy los partidos políticos no sólo no representan intereses de sus electores, sino que ni siquiera sirven como intermediarios entre ciudadanía y Gobierno. Como queda demostrado en movilizaciones como las de jueces y fiscales, Marcha por la Igualdad, habitantes de Dichato, Calama o Magallanes, trabajadores de Collahuasi, Codelco o Escondida, contra Barrancones o Hidroaysén, Ciclistas Desnudos o El parque no se toca, entre otras, los dirigentes de los partidos políticos no se necesitan…

Efectivamente, este segundo tiempo comenzó. Pero pareciera que algunos no se percatan que a ellos también les toca. ¿O en realidad para la clase política comienzan los descuentos? ¿Es la nueva forma de exigir…?

Columna publicada en La Tercera Online