Educación: la evitable trampa de la polarización

La intempestiva decisión de los timoneles concertacionistas de no asistir a la reunión acordada con el mandatario sorprendió a toda la opinión pública. No sólo plantaron a la máxima autoridad nacional, sino que defraudaron también a un gran porcentaje de chilenos que demanda una solución a la actual crisis educacional. ¿Esta inasistencia ayudaba en algo? ¿O sólo fue un estéril intento por polarizar la situación?

Hasta ahora, el movimiento estudiantil contaba con la simpatía ciudadana. Además, después de las últimas encuestas y en un contexto de animadversión en contra de toda autoridad, era plausible que la población desquitara furiosamente en contra del Gobierno. Sin embargo, la reacción fue muy controvertida. Algunos apoyaron la decisión, pero otros, en cambio, se indignaron ante la negativa a negociar un acuerdo que todo Chile espera. Más aún, cuando todos ellos -salvo Carolina Tohá- reciben un sueldo pagado por nosotros los chilenos y ni siquiera cumplen con su obligación de asistir al Congreso…

Al igual que en nuestra actual política nacional, la crisis de representatividad también ha alcanzado a otras organizaciones, ya sean estudiantiles, sindicales o gremiales. Como hemos comprobado últimamente, el Congreso pierde legitimidad día a día, al igual que la Fech, Feuc, Confech, CUT, Sofofa, ANFP o el Colegio de Profesores. Nuestra arraigada falta de participación ciudadana -¿espontánea o provocada?- permite que grupúsculos bien organizados capturen fácilmente las estructuras de poder.

Sin embargo, las opiniones siempre estuvieron divididas en el tema educacional. Muchos padres viven con angustia que sus hijos no puedan asistir a clases durante más de 75 días, viendo con estupor que esta situación es avalada por los partidos opositores. En momentos en que alumnos arriesgan el año -o pierden competitividad frente a sus pares que sí tienen clases-, observan cómo el conflicto se alarga indefinidamente. Y también constatan que grupos de estudiantes elegidos democráticamente, bien organizados -pero que no necesariamente representan a la mayoría silenciosa-, toman decisiones que involucran a todos los demás alumnos. ¿Pero por qué la falta de representatividad no iba a afectar a las organizaciones estudiantiles? ¿No es acaso un mal endémico nuestro?

En 2009, la Universidad de Chile contaba con más de 24 mil estudiantes de pregrado y 6 mil de postgrado (Wikipedia). Camila Vallejo, su actual presidenta fue elegida con 2.918 votos -menos del 10% del alumnado y sólo 70 votos más que el segundo lugar, Francisco Figueroa-. A su vez, la Pontificia Universidad Católica tenía al 2010 cerca de 20 mil alumnos en pregrado y 3.800 en postgrado. De ellos, sólo 5.529 alumnos votaron por Giorgio Jackson, actual presidente de la Feuc. Corresponde a un poco más del 20% del total de alumnos, venciendo por sólo 364 votos a Ricardo Neumann, segundo lugar.

En consecuencia, ¿cómo saber qué porcentaje de alumnos de esa inmensa mayoría silenciosa está de acuerdo con los paros -único punto de desacuerdo entre rectores y Confech-? ¿Será mayor o menor que esa gran colectividad nacional que no se identifica con ninguna de las dos coaliciones políticas?

Hace menos de una semana, el senador José Antonio Gómez (PRSD) expresaba : “La Concertación está superada”. Tan sólo hace pocos días, el senador Ignacio Walker(DC) declaraba no saber en qué consistía el anunciado segundo tiempo del Gobierno, sin percatarse que también comenzaba a correr para la Concertación con su inédito 68% de rechazo. Poco después, el diputado Osvaldo Andrade (PS) exigía que la comunicación del Gobierno con los partidos fuera con sus directivas: “El diálogo debe ser institucional”, señaló durante el fin de semana el ex ministro. El mismo día de la frustrada reunión -una hora y media antes- Carolina Tohá en el programa radial “Alerta Temprana” (radio 95.3 FM) aclaraba que mientras el Presidente anunciaba su intención de invitar a los timoneles de la oposición, ellos simultáneamente le pedían una reunión para hablar de la crisis de la educación.

Aún está presente el conmovedor recuerdo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, con su flamante ministra de Educación, Yasna Provoste, y acompañadas de José Antonio Gómez, Camilo Escalona, Carlos Larraín, José Antonio Viera Gallo, Soledad Alvear, Sergio Bitar y Hernán Larraín, todos manos en alto, celebrando ante la opinión publica el envío al Congreso del proyecto sobre educación pública: la Ley General de Educación. ¿Qué ocurrió desde entonces? ¿O sólo fue una gran tomadura de pelo a todos los chilenos y chilenas?

Ante este provocado clima de polarización, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, puso paños fríos. Su invitación a los representantes -¿representativos o sólo legítimos?- de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y Colegio de Profesores traerá tranquilidad hasta el próximo lunes.

Pero además confirma que hoy los partidos políticos no sólo no representan intereses de sus electores, sino que ni siquiera sirven como intermediarios entre ciudadanía y Gobierno. Como queda demostrado en movilizaciones como las de jueces y fiscales, Marcha por la Igualdad, habitantes de Dichato, Calama o Magallanes, trabajadores de Collahuasi, Codelco o Escondida, contra Barrancones o Hidroaysén, Ciclistas Desnudos o El parque no se toca, entre otras, los dirigentes de los partidos políticos no se necesitan…

Efectivamente, este segundo tiempo comenzó. Pero pareciera que algunos no se percatan que a ellos también les toca. ¿O en realidad para la clase política comienzan los descuentos? ¿Es la nueva forma de exigir…?

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¿De las sillas musicales al síndrome del pato cojo?

El reciente cambio de gabinete refleja en primer lugar la escasez de rostros políticos en la derecha. El fuerte número de de enroques ministeriales de alguna manera confirma esta sensación, pero plantea además una preocupante interrogante. ¿La alta desaprobación ciudadana del Gobierno es consecuencia de la falta de competencias de los ministros o de un diseño político mal elaborado? En el primer caso, ¿qué asegura que en su nuevo cargo el mismo ministro ahora sí tenga éxito? En el segundo, ¿un cambio de rostro compensará una estrategia equivocada? O peor todavía… ¿tendremos que concluir que sencillamente la derecha chilena está constituida por un grupúsculo de 50 personas?

Por otra parte, la incorporación de parlamentarios -además de acrecentar la inexistencia de personeros políticos de derecha-, confirma la sensación de que el voto ciudadano sólo sirve para avalar las decisiones de un grupúsculo en el poder. La figura de los senadores designados sólo debilita aún más la política, al dejar sin efecto la voluntad ciudadana.

Dentro de las figuras del nuevo gabinete, la permanencia del ministro Hinzpeter en su cargo representa la mantención del actual diseño político, además de evitarle al mandatario la necesidad de entrega de espacios a un nuevo titular. Sería una de las pocas señales hechas a Renovación Nacional en este cambio de gabinete, además de la incorporación de un nuevo ministro como Teodoro Ribera, ministro de Justicia. Por su parte, llama la atención el traslado del ministro Bulnes a la cartera de Educación, ya que -como en el caso del ministro Lavín-constituirá un gran desafío: el ex titular de Justicia tendrá que utilizar todo su capital político y habilidades en un tema complejo, con interlocutores difíciles y bajo la mirada de toda la opinión pública, pero sin las limitaciones ocasionadas por conflictos de intereses.

En contrapartida, la UDI salió sumamente favorecida con este cambio de gabinete, empoderándose notoriamente en relación a su situación anterior: no sólo con la incorporación de sus dos senadores, sino también por la gran cantidad de presidenciables que lo componen. De esta manera, se empodera como partido al reunir a un gran número de representantes en el Poder Ejecutivo, además de contar con una gran mayoría en el Poder Legislativo gracias al sistema binominal.

El nombramiento de Andrés Chadwick como vocero de Gobierno y el de Pablo Longueira como titular de Economía, significan la llegada al gabinete de dos antiguos coroneles y que representan la dirigencia política de ese partido. Se trata de dos carteras de mucha visibilidad, que empoderan a la UDI, además de fortalecer cualquier carrera presidencial.

El traslado de Joaquín Lavín a la cartera de Mideplan -y futuro Ministerio de Desarrollo Social- implica una gran oportunidad para su carrera política, además de una gran compensación por la pérdida de capital político en su gestión de Educación. Este nuevo cargo le permitirá también mostrar un perfil más amable con la ciudadanía, apostando por recuperar los altos índices de aprobación hasta antes de la crisis educacional.

A su vez, el traslado de Laurence Golborne -independiente, pero también cercano a la UDI-al Ministerio de Obras Públicas, significará una aún mayor figuración ante los medios y que -tal como lo experimentó el ex Presidente Lagos- le permitirá construir un perfil mucho más realizador, ajeno a las ingratitudes propias de la cartera de Energía.

El nombramiento del ministro De Solminihac como ministro de Minería permite mantenerlo como miembro del gabinete inicial, pero en una cartera más técnica y con menos necesidad de visibilidad. Por último, la designación de Fernando Echeverría -hasta entonces Intendente de Santiago- como ministro de Energía, confirma la escasez de rostros políticos en la derecha chilena, planteándole un gran desafío para las próximas elecciones municipales. ¿Será capaz de renovarse en tan corto tiempo?

Con un equipo conformado por los ministros Hinzpeter, Longueira, Allamand, Lavín, Golborne, Matthei, Chadwick y Bulnes, este segundo tiempo contemplará inevitablemente el inicio de la carrera presidencial. El desafío del Presidente Piñera será aunar voluntades e intereses, desincentivando las agendas propias y postergando al máximo el temido síndrome del pato cojo...

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Adimark: el día del juicio final

Adimark, Cerc,

No, definitivamente no; las últimas encuestas (Cerc y Adimark) no anticipan el día del juicio final, pero sí constituyen una potente advertencia a toda la clase política. La crisis de representatividad finalmente se hizo manifiesta, a través de encuestas y movilizaciones.

La opinión pública tomó la decisión irrevocable de expresar su malestar. Por las buenas o por las malas, con violencia o sin violencia, unidos o en forma individual, los ciudadanos comenzaron a expresar su rechazo a toda la clase política. Los índices de desaprobación fueron demoledores y superaron cualquier límite imaginable en la última Adimark: la Concertación, un 68%; la Cámara de Diputados, 63%; el Gobierno, 62%; el Senado, 61%; la Coalición por el Cambio y el Presidente Piñera, ambos con un 60% de reprobación. Curiosamente, el Poder Judicial no es evaluado en por Adimark, a pesar de ser una de las funciones primordiales del Estado.

A su vez, la encuesta Cerc destaca la baja confianza interpersonal (sólo 11% de los encuestados confía en las instituciones políticas), la mantención de las desigualdades (sólo el 12% cree que disminuye la distancia entre ricos y pobres) y la permanencia de la injusticia (sólo el 18% confía en el Poder Judicial). En el mismo sentido, el 78% piensa que Chile no está ganando la batalla contra las desigualdades.

Esto constituye un fértil caldo de cultivo para expresiones que incluso atenten contra la democracia, además de un duro golpe para toda la clase política, la que tendrá que comenzar a justificar -ya no sus privilegios- sino su existencia.

Por eso, las declaraciones del diputado Osvaldo Andrade no colaboran en nada a distender el clima político, además de mostrar una gran carencia de autocrítica: “el Presidente Piñera tiene mayor índice de desaprobación que Pinochet”. El ex ministro y actual presidente del PS tiene toda la razón, pero omite que también la Concertación, la Cámara de Diputados, el Gobierno y el Senado -y probablemente él mismo, si apareciera en la encuesta- superan al mandatario en índices de reprobación. Mucho más realista fue el tenor de los dichos del diputado PPD, Jorge Tarud, quién señaló: “la oposición TAMBIEN recibe un inmenso rechazo ciudadano”. El inicio de las luchas intestinas desatadas con motivo de la designación de candidatos para las próximas elecciones municipales, sólo acrecientan la desconfianza popular en la actual clase política.

Descartados el crecimiento económico -pareciera que la opinión pública no aprecia beneficios para ella-, la eficiencia en la gestión -hoy la peor ejecución presupuestaria en años- o el término a la corrupción -Kodama o La Polar demuestran lo contrario, a pesar de tratarse de privados- quizás este gobierno pudiera ser reconocido por la reforma educacional. Pero la decisión de trasladar la discusión sobre educación al Congreso, sólo posterga el problema -y lo deriva ante interlocutores menos legitimados aún-. Sea cual sea el resultado, será combustible para una eventual violencia social si la clase política no logra coordinarse para atenuar la presión ciudadana. Para el gobierno la resolución de la crisis educacional no será fácil. Ya existe un 63% de desaprobación en el segmento universitario (entre 18 y 24 años) y podría aumentar más, como el nivel del grupo etario entre 25 y 35 años: 71%.

La situación es grave ya que no se visualiza un interlocutor válido para negociar con el Gobierno. ¿Los dirigentes políticos? Ni siquiera representan a las bases de sus partidos. ¿Las asociaciones civiles? Aún no logran la fuerza necesaria. ¿Las organizaciones gremiales o sindicales? La falta de renovación de sus dirigentes también las inhabilita. La falta de representatividad -e incluso de legitimidad- de nuestra clase política la ha convertido en una figura decorativa, casi como algunas casas reales en los pocos países monárquicos que quedan.

Ante la extinción del discurso de la eficiencia, del término de la corrupción, de la modernización del Estado o de la reforma educacional, ¿cuál puede ser el nuevo eje del relato presidencial? Chile entero le estaría agradecido al Presidente Piñera por la implementación de las tantas veces anunciadas reformas políticas, pero aún pendientes: inscripción automática y voto voluntario, voto de chilenos residentes en el extranjero, fin del sistema binominal, primarias voluntarias y vinculantes en los partidos políticos, ley de regulación de lobby, iniciativa popular de ley, nueva ley de partidos políticos, elección directa de consejeros regionales, entre otras. La ciudadanía hace años que viene escuchando promesas, pero sin ver ningún resultado concreto.

Estas últimas encuestas justifican poner a las cúpulas partidistas -las que sistemáticamente se han negado a legislarlas durante años- entre la espada y la pared. ¡Pobre del político que estuviera en contra! A su vez, la sensación de renovación en las municipales del 2012 permitiría aflojar la tensión social, establecer los consensos necesarios para implementar las reformas estructurales prometidas… y pasar a la historia como el gobierno que rescató la política en nuestro país…

Columna publicada en La Tercera Online

El pago de la primera cuota de Larroulet

La desafortunada actuación de Ena Von Baer después del almuerzo en La Moneda del Presidente Piñera con los timoneles de partidos, desconcertó a toda la opinión pública. “Mientras la Concertación está más interesada en temas que le interesan a los políticos, el gobierno cree que la prioridad es mejorar la calidad de vida de los chilenos" remató la Ministra Secretaria General de Gobierno, mientras aún no terminaban de levantar la mesa. Con esto, las ya tantas veces anunciadas reformas políticas se postergaban en forma indefinida, manteniendo el sistema electoral actual e ignorando la grave falta de representatividad que impera en nuestro país. A su vez, la Concertación colaboró también, endureciendo sus críticas al Gobierno y consolidando una total ruptura entre interlocutores.

¿Qué motivó que ocurriera algo así? ¿Cómo es posible que políticos experimentados -de ambos bandos- incurrieran en un error tan infantil? ¿Simple torpeza o manipulación descarada? Al mantenerse el actual sistema político, ¿quién resulta beneficiado?

Pocos días antes y a la vuelta de sus vacaciones en Francia, el Presidente Piñera encontró un enrarecido clima político. Todavía fiel a su antigua reputación de enfrentar situaciones de crisis, el mandatario salió personalmente -con el apoyo de RN- a enfrentar múltiples frentes: UDI, DC, PPD, PS, PRSD, PC y MAS. Como primera medida, el día 7 decidió confirmar su asistencia al consejo directivo de la UDI, de manera de hacer un gesto a esa tienda política. Decisión arriesgada, más aún después de que la bancada gremialista optara por hacer pública una carta firmada por 35 parlamentarios con críticas al gobierno. Al día siguiente, el Jefe de Estado invitó a todos los presidentes de los partidos políticos a un almuerzo en La Moneda para el día 13, con la intención de llegar a un acuerdo para mejorar la política. Y a continuación el día 10 llamó al diputado Pepe Auth para ofrecerle juntarse ese domingo a conversar sobre reformas políticas, cita que nunca se concretó. “El país está bien, pero la política está mal” diría después, mientras se dirigía al Consejo de la UDI, en las Termas de Cauquenes.

Pero, tal como comprobó la opinión pública, los resultados no fueron los esperados. ¿Falló el diseño de la estrategia o bien su implementación? No se sabe, pero fue un evidente fracaso por no existir propuestas concretas. ¿Qué sucedió entonces entre el martes 7 y el lunes 13 como para modificar los temas a tratar? ¿Simple torpeza o cambio en las reglas del juego? Quizás el “tenemos que exigir, no pedir al gobierno” del senador Pablo Longueira, la autocrática designación de vicepresidentes o el anuncio de una nueva etapa, proclamaban un claro cambio de las fuerzas políticas.

Porque desde la candidatura presidencial, el programa de gobierno contemplaba la modernización del Estado (pág. 32) y medidas para más y mejor democracia (pág.109). Aún el 3 de mayo último, el gobierno llamaba a la Concertación a aprobar reformas políticas y reforzar la democracia. En la última Cuenta Pública a la Nación, el mandatario reafirmó como séptimo compromiso de Gobierno “el perfeccionar nuestra democracia, profundizar la regionalización y modernizar el Estado”. El anuncio incluía inscripción automática y voto voluntario, sufragio de chilenos en extranjero, cambio de fechas de segunda vuelta, plebiscitos comunales e iniciativa popular de ley, nueva ley de partidos políticos, ley de primarias voluntarias y vinculantes, elección directa de consejeros regionales, la información gubernamental en un solo portal, perfeccionamiento de declaraciones de patrimonio y fideicomiso ciego.

El día del debatido almuerzo, todos los partidos políticos ya habían comunicado también su intención de incluir las reformas políticas en los temas a tratar. Entonces ¿por qué la vocera fue tan tajante en descartar anuncios de siempre? ¿Existían diferencias tan importantes o sólo fue un libreto mal ejecutado? ¿Qué hizo cambiar de opinión al gobierno en tan poco tiempo?

¿O la UDI hizo prevalecer su privilegio de partido más grande para mantener el actual sistema electoral? ¿Lograría mantener su primera mayoría sin sistema binominal y con primarias? ¿Transó su apoyo parlamentario a la agenda social a cambio de descartar reformas políticas? Es una posibilidad real. Sin embargo, en esta arriesgada apuesta, quedaría claro que su directiva no capta ni comprende el cambio de escenario. Hoy, la ciudadanía también “exige, no pide…", al igual que las instrucciones dadas por el senador Longueira a su partido.Y aunque un eventual intento de los coroneles de intervenir los ejes de la discusión política pudiera tener efecto -contraponer prioridades sociales vs reformas políticas-, la ciudadanía ya aprendió a hacer valer su opinión y clama por una mayor representatividad. Probablemente una fuerte campaña ciudadana se desataría en contra de la directiva UDI.

“Este es un gobierno comprometido con la familia” señaló el día 16 Cristián Larroulet, Ministro Secretario General de la Presidencia, en el lanzamiento del libro “Familia para todos en el Bicentenario”. Agregó que para el actual gobierno, “el desarrollo no se traduce a un cierto ingreso per cápita, sino que se identifica con lo que hemos calificado como una sociedad de oportunidades, seguridades y valores. Y, a la vez, hemos dicho que para nosotros la familia es el pilar de una sociedad de valores”. Este claro y explícito apoyo a las políticas familiares constituye quizás la primera cuota que el titular de la Segpres debe pagar a la UDI, después del cartillazo de las Termas de Cauquenes.

Fantástico: agenda social y reformas políticas Las dos son temas importantes, pero no excluyentes.

¿O acaso el gobierno no es capaz de caminar y mascar chicle?

Columna punlicada en La Tercera Online

¿Gobernar sin partidos políticos? ¡Dios te oiga!

“El gobierno no puede funcionar sin los partidos políticos” declaró el diputado Hasbún en el reciente cónclave UDI, refiriéndose con dureza a la relación existente entre Gobierno y su tienda política. A su vez, el senador Longueira señaló en la misma jornada: “tenemos que exigir, no pedir al Gobierno”, además de anunciar la creación de un consejo resolutivo integrado 18 figuras autodesignadas y con la facultad de fijar las líneas de acción del partido.

No cabe duda que la escasa dirección política del Gobierno ha tensionado fuertemente las relaciones con todos los partidos. Por eso, el Presidente Piñera invitó a los timoneles de la Alianza y Concertación a un almuerzo este lunes. Según agenda oficial, tratarán tres puntos: salud, educación y energía, pero no cabe duda que analizarán también la evidente crisis de la política.

Intranquiliza que el Gobierno no haya sido capaz de anunciar también las reformas políticas tanto tiempo pendientes, de las cuales se ha hablado tanto, pero se ha hecho tan poco: sistema binominal, ley orgánica constitucional de inscripción automática y voto voluntario, descentralización, elección Cores y gobiernos regionales autónomos; reforma ley partidos políticos, primarias abiertas y vinculantes, límite reelección representantes populares; voto de chilenos residentes en extranjero; iniciativa legislativa popular y participación ciudadana.

Sorprende, de partida, porque en dicha cita se reunirá lo más selecto de lo que la ciudadanía rechaza: el 56% desaprueba conducción presidencial y labor del Gobierno, el 65% censura a la Concertación y el 57% a la Coalición por el Cambio. Sólo un magro 23% aprueba al conglomerado de oposición, el 32% al oficialista y un discreto 36% al Gobierno (mayo 2011). Por supuesto que el ver al Jefe de Estado haciendo genuflexiones a los dirigentes de estos grupúsculos -lo más conspicuo de la reprobación chilena- sólo sacará ronchas a la población, acrecentando aún más la desaprobación presidencial.

Por otra parte, ante esta evidente crisis de representatividad de los partidos políticos -hoy sólo representan el transversal rechazo ciudadano-, llama la atención que el Gobierno haya permitido que sus opositores se apropiaran de la bandera de reformas políticas. Hace unos días, los jefes de bancadas de diputados del PS, Alfonso de Urresti; del PPD, Pepe Auth, y del PRSD, Fernando Meza, enviaron una carta al mandatario, ofreciendo respaldo para un acuerdo nacional que permitiera renovar la democracia e impulsar reformas políticas. En la DC, el presidente de ese partido, senador Ignacio Walker, ya anunció en programa televisivo Estado Nacional que plantearía la definición de agenda país con las mencionadas reformas políticas.

¿Qué impidió que el Gobierno impulsara esta agenda? En un clima de tanto rechazo a la clase política, ¿de qué tuvo miedo el Gobierno para omitirla? No cabe duda que toda la ciudadanía le estaría eternamente agradecida al ministro Cristián Larroulet si éste lograra desarticular las estructuras que han amparado la autoperpetuación de los mismos dirigentes. ¿Significaría una confrontación con las dirigencias políticas? Claro, pero siempre hay que romper huevos para hacer tortillas…

El cartillazo realizado por la UDI ya implica un enfrentamiento. Sin embargo, ese partido comienza a ser cuestionado por su reiterada permisividad ante irregularidades cometidas por sus representantes. El retorno en gloria y majestad del ex diputado Julio Dittborn como directivo de la UDI -después de ser sorprendido arrendando viviendas particulares como sedes parlamentarias-; la designación de la diputada Claudia Nogueira como presidenta de la comisión investigadora por caso Kodama -formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco-; el respaldo que tuvo el alcalde Mario Olavarría -formalizado por presunto cohecho y otorgamiento indebido de patente de alcoholes- o el sobreseimiento de la investigación de Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta, sobre la empresa GMA y su ya anunciada próxima candidatura, reflejan un claro debilitamiento de los estándares morales de esa colectividad. Esta tolerancia excesiva convierte este conglomerado en verdaderos fundos administrados por sus propios dueños, sin mucho control y evidenciando la dificultad de renovación política en todos los partidos. Aparece en escena un grave y nuevo problema en política: la falta de legitimidad.

¿De qué es el partido más grande de Chile? No cabe duda, pero beneficiado al igual que las demás tiendas políticas con un protector sistema binominal y con designación de candidatos entre cuatro paredes. ¿Cuánta gente asistió a este último cónclave UDI? ¿50?, ¿80? ¿Las decisiones ahí tomadas representan a sus bases? ¿Y a quienes representa el partido? El importante número de parlamentarios ahora pierde sentido ante la ilegitimidad del proceso de nombramiento de candidatos.

La elección de alcalde en La Florida -fracasada por décimo cuarta vez- evidencia que la política está capturada por las cúpulas partidistas, privilegiando sus propios intereses por los de la ciudadanía. Una de las comunas más pobladas de nuestro país -394.821 habitantes- es hoy rehén de dirigentes de la Concertación y de la Alianza.

El mismo Presidente Piñera reconoció en entrevista en este medio que existe un divorcio entre país y política. La gran demanda de esta época es la participación ciudadana. Él mismo reconoce que ya se relajó el respeto a autoridades, instituciones y procedimientos, ante esta profunda brecha de representatividad. Sólo las reformas políticas antes mencionadas -y tan anunciadas-podrán satisfacer este clamor popular… ¿O será necesario que nosotros también tengamos nuestro propio 15-M?

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El Presidente, la rana y el escorpión

“Lo siento, es mi naturaleza”, le dice el escorpión a la generosa rana, después de clavarle su aguijón y sabiendo ambos de su fin inminente, cuenta la fábula. Uno siempre es lo que es, a pesar de las circunstancias, dice la moraleja.

¿Anuncios o rendición de cuentas de lo realizado? Difícil disyuntiva, ya que no cabe duda que al Jefe de Estado le gusta la espectacularidad de sus anuncios. Pero ¿quién responde por su baja credibilidad presidencial? ¿El propio mandatario, su equipo comunicacional o bien en definitiva el segundo piso? En este ambiente, ¿sería capaz el mandatario de disminuir su superávit de ofertas?

Y lo hizo. A pesar de su ADN, el Presidente Piñera se contuvo e hizo un correcto discurso. Con una buena apertura, hizo referencia a hechos que unieron a muchos chilenos durante el 2010. A su vez, con un cierre dirigido a la unidad, insistió “en cuidar la unidad del país y a nuestras instituciones”.

En el cuerpo de su discurso, se centró en los logros realizados por su administración, con cifras, guarismos e indicadores en los siete compromisos de Gobierno (recuperar la capacidad de crecimiento; crear un millón de empleos; delincuencia, narcotráfico y acceso a la justicia; mejorar la calidad y equidad de la educación; mejorar la calidad y equidad de la salud; erradicar la extrema pobreza y reducir las desigualdades excesivas y perfeccionar la democracia, profundizar la regionalización modernizar el Estado).

Sin embargo, se omitieron algunas menciones a falencias relativas a la reconstrucción post terremoto, al caso Kodama, al AVC o a la eliminación del multirut. Por otra parte, varias referencias provocaron un fuerte debate político sobre la autoría de la idea, olvidando que la ciudadanía exige hoy concretar además de presentar proyectos.

Además de algunos anuncios en Educación, Salud y Economía, la Cuenta Anual se caracterizó por una profunda intervención en la institucionalidad: la creación de la subsecretaría de Derechos Humanos, de la educación Superior, del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Deporte. También el anuncio de las reformas políticas, como la inscripción automática y el voto voluntario, una nueva ley de partidos políticos, la elección directa de los consejeros regionales o el proyecto de primarias voluntarias y vinculantes suenan promesas que no necesariamente se cumplirán. Para esto, el ministro Larroulet tendrá que enfrentar la resistencia oculta de las directivas de los partidos políticos. Las manifestaciones de los últimos días o procesos como el del 15-M en España reflejan los nuevos aires políticos. La posterior trifulca entre parlamentarios oficialistas y de oposición sólo contribuyen a deteriorar la reputación de nuestra clase política.

Hubo varios anuncios que se repitieron: el Sernac Financiero o la seguridad laboral ya estuvieron presente en el la cuenta del año 2010, sin que se hayan implementado aún cambios legislativos. Además, la sospechosa similitud de los carteles de apoyo una vez terminado el discurso tampoco contribuyó a aumentar la credibilidad presidencial.

Por una parte, cifras como el crecimiento económico (Imacec 15,2% en marzo, 7,2% en febrero, 6,7% en enero y 5,7% en 2010) y la creación de empleo (476.320 nuevos empleos 2010 y tasa de desocupación de 7,3% Dic10-Feb11) demuestran una sólida gestión económica. Sin embargo, los bajos índices de aprobación presidencial (49% de desaprobación vs 41% de aprobación) y de los conglomerados políticos (Concertación, 61% de desaprobación vs 26% de aprobación; Coalición por el Cambio, 51% en contra vs 36% a favor) según la última Adimark, más las multitudinarias manifestaciones ciudadanas y la inminente amenaza de un 15-M local, demuestran el clamor ciudadano en contra de una institucionalidad que no le permite participar. El confrontacional entorno en que se presentó motivó incluso la suspensión a última hora de un planificado viaje a Iquique del mandatario.

Se percibió un importante grado de precisión y de detalles técnicos en la presentación, con una atenuación del tono grandilocuente y tan criticado en el mandatario. Sin embargo, resultó insuficiente la estrategia de apostar a un solo acto la reconstrucción de la credibilidad presidencial, quedando pendiente para el resto del año.

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"Asumo la responsabilidad política que me corresponde"

La reciente renuncia de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, implica un importante cambio en los estándares del servicio público. Después de años en que los chilenos nos acostumbramos a que las responsabilidades políticas no se hicieran efectivas, la dimisión de la ex ministra remeció tanto las cúpulas partidistas como la opinión pública. De motu proprio, la ahora ex titular de dicha cartera asumió su responsabilidad política, entregando un “testimonio de integridad, de humildad y de corrección”.

De partida, porque ni siquiera esperó el informe de Contraloría sobre el acuerdo de pago por $ 17 mil millones. Tampoco se escudó en la tipificación de fraude al fisco como delito de resultado (artículo 239 del Código Penal), que exige un perjuicio para consumar la defraudación. No quiso destacar que Kodama tendría que demandar el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, dándole tiempo para anular la transacción. Y definitivamente renunció al certero análisis que hizo Tomás Mosciatti en CNN Chile, sosteniendo que la Concertación debía tener mucho cuidado, ya que una eventual acusación constitucional le podría salir el tiro por la culata.

Ante la frustrada superioridad moral que el gobierno intentó sostener hasta el caso Jacqueline Van Rysselberghe, se desató una vorágine de acusaciones mutuas sobre hechos cometidos en los gobiernos de Pinochet, de la Concertación y de Piñera, muchos de ellos todavía impunes, buscando empatar irregularidades de un bando con las del otro, convirtiéndolo todo en una operación de suma cero.

¿Quién sería capaz de ponerle fin a esta espiral? ¡Magdalena Matte!. La misma que cometió el grave error -¿asesorada por su abogado de confianza, Álvaro Baeza?-de firmar el Decreto Exento (detalles caso Minvu-Kodama, por Fernando Paulsen). La misma que, al percatarse de la gravedad del asunto, puso a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes del caso. La misma, que según declaraciones de su ex asesora legislativa, Carolina Arrau, sabía lo que firmaba cuando autorizó el pago a Kodama. La misma, que al ver el potencial flanco que abría al gobierno, optó por dar un paso al lado, a pesar del total apoyo que le entregaba su conglomerado. La misma, que una vez renunciada, ofreció su ayuda para continuar la investigación en los tribunales ordinarios, en la Contraloría y en la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Con todo esto, al asumir su responsabilidad política, puso en forma definitiva una lápida a la teoría del empate, poniendo fin a años de impunidad. Por esto, se requiere transparentar este caso, responsabilizando a quieres corresponda.

De alguna manera, la renuncia de la ex ministra Matte significó una intervención en los paradigmas de nuestra cultura política, elevando sus estándares. Hace un mes, el discurso de la nueva forma de gobernar quedó desvirtuado con la inicial ratificación presidencial de la entonces intendenta del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, con un alto y evitable costo político para el gobierno. La larga enumeración de irregularidades ocurridas en los gobiernos de la Concertación -intentando justificar la decisión presidencial- sólo sirvió para confirmarle a la ciudadanía la mantención de los mismos vicios políticos.

Por consiguiente, será necesario que se cumpla a cabalidad la declaración del Presidente Piñera: “investigar los hechos hasta las últimas consecuencias”, y que sea la justicia ordinaria quién declare la ilegitimidad del mencionado avenimiento, deje sin efecto el pago de los 17 mil millones a Kodama y castigue a los responsables de la operación. Ésta sería la mejor manera para demostrar el término de la tradicional impunidad en la administración pública. Por otra parte, también constituiría un hito comunicacional -que supliendo la tan mentada falta de relato de esta administración- consolidaría en forma definitiva la confirmación de una nueva forma de gobernar.

Las reacciones de apoyo fueron inmediatas y transversales. El propio ex Presidente Lagos declaraba que la ex ministra Matte “ha dado una lección”. El senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, destacaba su dignidad y sobriedad republicana. Incluso el senador Alejandro Navarro, que interpuso la denuncia en la Contraloría, señalaba:“ella siempre ha actuado de buena fe, ha cometido un error pero que siempre ha manifestado su voluntad a asumir su responsabilidad política”. Hasta las deudoras de Andha Chile -tan agresivas con la ex Presidenta Bachelet-se fueron a despedir al Minvu.

De que ocurren irregularidades, en todos los gobiernos ocurren. La diferencia está en cómo las autoridades reaccionan. Durante años, decenas de casos se acumularon sin que se hicieran efectivas las responsabilidades políticas: Chiledeportes, EFE, MOP-GATE, SII, Cerro Navia, CIMM, Comuna Segura, Gendarmería, Mineduc, Programas de empleo del Ministerio del Trabajo, MOP, PGE, Publicam, Registro Civil, SEC, Consejo de las Américas, Becas Valech, Conadi, Consejo de la Cultura, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Sename, Sercotec o la Universidad de Chile, entre muchos otros. Es más, en muchas oportunidades ni siquiera se asumieron las responsabilidades penales o administrativas.

Con el 69% de conocimiento y el 55% de aprobación en la última encuesta Adimark respecto a la saliente ministra, sería interesante que los próximos estudios de opinión la siguieran contemplando. Porque las circunstancias no dejan de recordarme a otra ex ministra, que también presentó su renuncia pero que no fue aceptada por el ex presidente Lagos. En este trance tan amargo, ¿nace una nueva Bachelet?

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