Los verdaderos culpables de los senadores designados

Mucho se ha debatido sobre los nombramientos de los senadores designados por este gobierno: que el congreso ha perdido legitimidad, que se trata de una estafa electoral, que demuestra la captura del Poder Legislativo por parte de los partidos políticos, o que sencillamente se trata de un abuso de la mecánica iniciada por la designación en la administración Bachelet del ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe (PPD), en reemplazo de la ex vocera de gobierno y ex diputada, Carolina Tohá (PPD).

Sin embargo, nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 51, inciso 3°, establece: “Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”. Con la misma claridad, en el siguiente inciso especifica con crudeza: “Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados”.

¿Quiénes fueron los precursores de esta cuestionada norma? ¿Quiénes promovieron la abierta discriminación entre partidos políticos e independientes? ¿Y quienes votaron a favor de esta norma en la reforma constitucional del 2005? ¿Quiénes avalaron esta captura de la política, además de una importante pérdida de representatividad ciudadana?

En el año 2000, dos grupos de senadores presentaron sendas mociones que coincidían en proponer modificar el sistema de llenado de vacantes de cargos de diputados y senadores. Al haber sido ingresadas ambas mociones con sólo dos días de diferencia, los respectivos proyectos fueron refundidos. ¿Quiénes fueron sus ilustres autores?

Los responsables de la primera moción (Boletín 2526-07) fueron el ex senador Andrés Chadwick Piñera (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2011 y hoy Secretario General de Gobierno); el senador Hernán Larraín Fernández (UDI, S: 1994-2002; 2002-2010 y 2010-2018) y los ex senadores Sergio Romero Pizarro (RN, S: 1990-1994; 1994-2002, 2002-2010 y actual embajador de Chile en España) y Sergio Diez Urzúa (RN, D: 1958-1962; 1962-1966; 1967-1973; S: 1973-1973; 1990-1994 y 1994-2002).

A su vez, los responsables de las disposiciones contenidas en la segunda moción (Boletín 2534-07) fueron los ex senadores Sergio Bitar Chacra (PPD, S: 1994-2002 y ex ministro de Estado de los presidentes Allende, Lagos y Bachelet); Juan Hamilton Depassier (PDC, S: 1990-1994; 1994-2002 y ex ministro de Estado de los presidentes Frei Montalva y Aylwin); Enrique Silva Cimma (PRSD, S: 1998-2006, ex Contralor General de la República y ex ministro de Estado del gobierno de Aylwin) y José Antonio Viera Gallo Quesney (PS, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2004; ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Michelle Bachelet, actual miembro del Tribunal Constitucional y casado con María Teresa Chadwick Piñera).

Desde entonces, las vacantes son llenadas por el partido al que pertenece el parlamentario saliente. Los autores de ambas mociones representaron a la perfección los intereses de la Concertación y de la Alianza. Es más, incluso lograron establecer que parlamentarios elegidos como independientes no fueran reemplazados.

Como consta en las actas de la Sesión 9a. de la legislatura 350a. del Senado, de fecha 11 de noviembre de 2003, este nuevo artículo 51 se aprobó con 34 votos a favor y 3 en contra, consagrando el tan criticado sistema de reemplazos de las vacancias parlamentarias.

A favor votaron senadores Marco Aburto (senador designado), Jorge Arancibia (UDI), Edgardo Boeninger (DC, senador designado), Carlos Bombal (UDI), Carlos Cantero (IND, ex RN, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2014); Marco Antonio Cariola (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Andrés Chadwick (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2011 y hoy ministro Secretario General de Gobierno); Sergio Fernández (UDI, senador designado: 1990-1998; S: 1998-2006); Fernando Flores (hoy Chile Primero, ex PPD y ex Unidad Popular, S: 2002-2010,ex ministro de Estado de Allende, actual presidente del Consejo Nacional de innovación para la Competitividad); Eduardo Frei (PDC, S: 1990-1994; 2006-2014; senador designado: 2000-2006 y ex Presidente de Chile); José García (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Jaime Gazmuri (PS); Antonio Horvath (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; S: 2006-2014); Hernán Larraín (UDI, S: 1994-2002; 2002-2010 y 2010-2018); Jorge Lavandero (PDC); Rafael Moreno (PDC); Roberto Muñoz Barra (PPD); Jaime Naranjo (PS), Jovino Novoa (UDI, S: 1998-2006; 2006-2014); Ricardo Núñez (PS); Carlos Ominami (PRO); Augusto Parra (PRSD); Jorge Pizarro (PDC, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-20014 y actual impulsor de la arremetida contra la senadora Von Baer); Baldo Prokurica (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Sergio Romero (RN); José Ruiz (PDC); Mariano Ruiz-Esquide (PDC, S: 1990-1998; 1998-2006; 2006-2014); Hosaín Sabag (PDC, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2014); Enrique Silva Cimma (PRSD); Gabriel Valdés (PDC); Ramón Vega (senador designado); Adolfo Zaldívar (PRI, ex PDC y actual embajador de Chile en Argentina) y Andrés Zaldívar (PDC,S: 1990-1998; 1998-2006; 2010-2018).

A causa de ellos, hoy vemos a Carlos Larraín (RN) en la vacante que dejó el ministro de Defensa, Andrés Allamand (RN); a Gonzalo Uriarte (UDI), en el puesto de la actual ministra del Trabajo, Evelyn Matthei ; Ena Von Baer (UDI), en reemplazo de Pablo Longueira, actual ministro de Economía; y al ex diputado Alejandro García Huidobro, quién ocupó la vacante que dejó el ex senador Andrés Chadwick (UDI), actual ministro Secretario General de Gobierno.

En cambio, como curiosidad, votaron en contra los senadores Fernando Cordero (senador designado), Jorge Martínez (senador designado) y Mario Ríos (RN).

Columna publicada en La Tercera Online

El pago de la primera cuota de Larroulet

La desafortunada actuación de Ena Von Baer después del almuerzo en La Moneda del Presidente Piñera con los timoneles de partidos, desconcertó a toda la opinión pública. “Mientras la Concertación está más interesada en temas que le interesan a los políticos, el gobierno cree que la prioridad es mejorar la calidad de vida de los chilenos" remató la Ministra Secretaria General de Gobierno, mientras aún no terminaban de levantar la mesa. Con esto, las ya tantas veces anunciadas reformas políticas se postergaban en forma indefinida, manteniendo el sistema electoral actual e ignorando la grave falta de representatividad que impera en nuestro país. A su vez, la Concertación colaboró también, endureciendo sus críticas al Gobierno y consolidando una total ruptura entre interlocutores.

¿Qué motivó que ocurriera algo así? ¿Cómo es posible que políticos experimentados -de ambos bandos- incurrieran en un error tan infantil? ¿Simple torpeza o manipulación descarada? Al mantenerse el actual sistema político, ¿quién resulta beneficiado?

Pocos días antes y a la vuelta de sus vacaciones en Francia, el Presidente Piñera encontró un enrarecido clima político. Todavía fiel a su antigua reputación de enfrentar situaciones de crisis, el mandatario salió personalmente -con el apoyo de RN- a enfrentar múltiples frentes: UDI, DC, PPD, PS, PRSD, PC y MAS. Como primera medida, el día 7 decidió confirmar su asistencia al consejo directivo de la UDI, de manera de hacer un gesto a esa tienda política. Decisión arriesgada, más aún después de que la bancada gremialista optara por hacer pública una carta firmada por 35 parlamentarios con críticas al gobierno. Al día siguiente, el Jefe de Estado invitó a todos los presidentes de los partidos políticos a un almuerzo en La Moneda para el día 13, con la intención de llegar a un acuerdo para mejorar la política. Y a continuación el día 10 llamó al diputado Pepe Auth para ofrecerle juntarse ese domingo a conversar sobre reformas políticas, cita que nunca se concretó. “El país está bien, pero la política está mal” diría después, mientras se dirigía al Consejo de la UDI, en las Termas de Cauquenes.

Pero, tal como comprobó la opinión pública, los resultados no fueron los esperados. ¿Falló el diseño de la estrategia o bien su implementación? No se sabe, pero fue un evidente fracaso por no existir propuestas concretas. ¿Qué sucedió entonces entre el martes 7 y el lunes 13 como para modificar los temas a tratar? ¿Simple torpeza o cambio en las reglas del juego? Quizás el “tenemos que exigir, no pedir al gobierno” del senador Pablo Longueira, la autocrática designación de vicepresidentes o el anuncio de una nueva etapa, proclamaban un claro cambio de las fuerzas políticas.

Porque desde la candidatura presidencial, el programa de gobierno contemplaba la modernización del Estado (pág. 32) y medidas para más y mejor democracia (pág.109). Aún el 3 de mayo último, el gobierno llamaba a la Concertación a aprobar reformas políticas y reforzar la democracia. En la última Cuenta Pública a la Nación, el mandatario reafirmó como séptimo compromiso de Gobierno “el perfeccionar nuestra democracia, profundizar la regionalización y modernizar el Estado”. El anuncio incluía inscripción automática y voto voluntario, sufragio de chilenos en extranjero, cambio de fechas de segunda vuelta, plebiscitos comunales e iniciativa popular de ley, nueva ley de partidos políticos, ley de primarias voluntarias y vinculantes, elección directa de consejeros regionales, la información gubernamental en un solo portal, perfeccionamiento de declaraciones de patrimonio y fideicomiso ciego.

El día del debatido almuerzo, todos los partidos políticos ya habían comunicado también su intención de incluir las reformas políticas en los temas a tratar. Entonces ¿por qué la vocera fue tan tajante en descartar anuncios de siempre? ¿Existían diferencias tan importantes o sólo fue un libreto mal ejecutado? ¿Qué hizo cambiar de opinión al gobierno en tan poco tiempo?

¿O la UDI hizo prevalecer su privilegio de partido más grande para mantener el actual sistema electoral? ¿Lograría mantener su primera mayoría sin sistema binominal y con primarias? ¿Transó su apoyo parlamentario a la agenda social a cambio de descartar reformas políticas? Es una posibilidad real. Sin embargo, en esta arriesgada apuesta, quedaría claro que su directiva no capta ni comprende el cambio de escenario. Hoy, la ciudadanía también “exige, no pide…", al igual que las instrucciones dadas por el senador Longueira a su partido.Y aunque un eventual intento de los coroneles de intervenir los ejes de la discusión política pudiera tener efecto -contraponer prioridades sociales vs reformas políticas-, la ciudadanía ya aprendió a hacer valer su opinión y clama por una mayor representatividad. Probablemente una fuerte campaña ciudadana se desataría en contra de la directiva UDI.

“Este es un gobierno comprometido con la familia” señaló el día 16 Cristián Larroulet, Ministro Secretario General de la Presidencia, en el lanzamiento del libro “Familia para todos en el Bicentenario”. Agregó que para el actual gobierno, “el desarrollo no se traduce a un cierto ingreso per cápita, sino que se identifica con lo que hemos calificado como una sociedad de oportunidades, seguridades y valores. Y, a la vez, hemos dicho que para nosotros la familia es el pilar de una sociedad de valores”. Este claro y explícito apoyo a las políticas familiares constituye quizás la primera cuota que el titular de la Segpres debe pagar a la UDI, después del cartillazo de las Termas de Cauquenes.

Fantástico: agenda social y reformas políticas Las dos son temas importantes, pero no excluyentes.

¿O acaso el gobierno no es capaz de caminar y mascar chicle?

Columna punlicada en La Tercera Online