jueves, 17 de febrero de 2011

Caso JVR: lo mismo, con nuevas moscas


El relato de un gobierno se construye en el tiempo a través de numerosos hitos o señales. Las desafortunadas declaraciones de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe a sus antiguos y ¿futuros? electores, lograron finalmente amojonar el discurso presidencial - hasta ahora confuso, voluble y maleable ante la interminable contingencia-. Quedó claro que el principio que rige el actuar del gobierno es uno maquiavélico: el fin justifica los medios. Este antiguo pero potente silogismo, que pareciera ya haber inspirado al mandatario, significa: “Miente, roba, estafa, haz trampa, ¡pero que no te pillen! Si legalmente no se demuestra una irregularidad, no te preocupes. En Chile nunca ha existido la responsabilidad política…”

Por eso, el programado viaje del Presidente Piñera junto a Magdalena Matte, ministra de Vivienda y Urbanismo, a la Región del Bío Bío, no sólo servirá de barómetro para medir la presión atmosférica en la zona, sino también para ponerle la última cereza al pastel comunicacional: concluir el errático relato gubernamental. No cabe duda que hoy la cara del mandatario, de la ministra Matte, sus declaraciones, las actitudes de los parlamentarios o las reacciones de la población penquista, revelará mucho más que cualquier declaración pública o comunicado de prensa. ¿Qué tanto respaldo seguirá teniendo la intendenta? ¿Habrá manifestaciones a favor? ¿O en contra? ¿Cuánto fue el costo para su reputación? ¿Se justificó la asesoría comunicacional pagada por todos los chilenos?

Y es que los relatos presidenciales, ministeriales -o de cualquier autoridad- se construyen a partir de hechos y no de discursos. Todo lo que diga, declare, repita, recite o declame el Jefe de Estado, le entrará a la opinión pública por un oído y le saldrá por el otro. Mientras tanto, ésta observará todo que el mandatario HACE y sus acciones precisamente consolidarán ese relato. Porque éste no se construye a través de los discursos de las autoridades, sino a través de la re-significación que hacen las audiencias. Por lo tanto, será interesante evaluar qué sucede con las partes involucradas en el futuro. ¿Serán capaces de hacer olvidar este episodio en sólo tres años, aún con todos los recursos fiscales? ¿Al país entero?, ¿A los electores regionales? ¿A los demás partidos de la coalición? Desde ya, este impasse afectará el ya debilitado atributo de credibilidad del Presidente. Avalar a un subalterno en una flagrante mentira, vista por la gran mayoría de los chilenos a través de los medios, refuerza la desconfianza que siente la ciudadanía hacia la figura presidencial. No cabe duda que este atributo no es valioso para el Presidente Piñera, al no ser posible su reelección. Por lo mismo, ¿prefiere legar este problema a la Alianza?

Siempre en política ha primado “el tanto tienes, tanto vales”. Sin embargo, nunca había sido asumido tan explícitamente por la UDI como ahora. “¿Qué diría Jaime?” es la pregunta que muchos gremialistas comentan en voz baja, al ver los discutibles espectáculos de una intendenta mintiendo a sus eventuales electores y de sus directivos defendiéndola. En todo caso, en una época en que el votante elige al mal menor, es una apuesta arriesgada de la UDI en la región. Mucho se ha discutido acerca de la última elección presidencial: ¿la ganó Sebastián Piñera o la perdió la Concertación? En este caso, para romper el doblaje, ¿el votante RN votará incondicionalmente por la ex alcaldesa?, ¿el elector independiente -la gran mayoría- sufragará a favor de la falaz intendenta? Obviamente aún le queda mucho trabajo al senador Alejandro Navarro, pero está bien encaminado.

Un escándalo es ninguno, podría pensarse. Pero ya son demasiados los casos que demuestran que la UDI se mueve al filo de la ética, al borde de lo permitido, al límite de la irregularidad: el ex alcalde Gonzalo Conejo, el alcalde Mario Olavarría y la alcaldesa Carolina Plaza, la diputada Claudia Nogueira, el ex diputado Julio Dittborn y ahora la intendenta del Bío Bío. Sin sanciones del partido, ya no son casos aislados sino que hacen recordar la controvertida ideología de la corrupción, atribuida entonces a los partidos de la Concertación.

Por su parte, Renovación Nacional, socio estratégico en la Alianza, tampoco olvidará fácilmente este episodio: la diferencia de criterio aplicado con Ximena Ossandón, ex vicepresidenta ejecutiva de Junji, con su ahora casi tierno e ingenuo “reguleque”. ¿Qué es más grave: la culpa o el dolo? ¿O dependerá del peso político de los involucrados y no de sus acciones?

Y es por eso que la ratificación de la intendenta consagra el principio de impunidad política, tan duramente criticado en tiempos de la Concertación. Esta falta de castigo permanente de la elite dirigente es lo que irrita a la ciudadanía. Estas infantiles explicaciones que tratan de desviar la atención sólo logran encolerizar a la opinión pública. ¿La nueva forma de gobernar…? ¡Lo mismo y más torpes! Perdón por mi francés: la misma merde, pero con otras moscas …

Columna publicada en La Tercera Online


jueves, 10 de febrero de 2011

El opaco tejado de vidrio en la pol{itica


A pesar de una ciudadanía curtida con los abusos de poder de autoridades durante los últimos gobiernos, la polémica contratación de Extend Comunicaciones S.A. por parte del Gobierno Regional del Bío Bío revive un antiguo debate. La intendenta Jacqueline Van Rysselberghe vive complejos momentos políticos, envueltos en una maraña de distintos intereses: declaraciones propias sobre subsidios, pugna de poderes entre RN y UDI, cuestionamientos de la oposición, incautación por la PDI de fichas de inscripción de vecinos de La Aurora, ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, involucrada, compromisos de una nueva forma de gobernar y, por último, la urgente necesidad de construir y/o reconstruir los hogares de muchos compatriotas.

A pesar del llamado público hecho a través de Chile Compra, el costo de la asesoría –ascendente a $38.441.394- corresponde a una asignación directa (orden de compra Nº 831-49-SE11 del 31 de enero) de la Subdere, sin la aprobación del Consejo Regional. Por lo mismo, sorprende que la defensa comunicacional de la ex alcaldesa sea financiada por todos los chilenos, más aún después de su anuncio en que descarta renunciar, del tibio apoyo del ministro del Interior, de las declaraciones de la ministra Matte y de los desórdenes administrativos investigados por la Contraloría en su gestión en la municipalidad de Concepción. Desde ya surge la duda si esta asignación fue autorizada por Miguel Flores, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo– y ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán- o bien derechamente por alguna otra autoridad superior. ¿Quién se hace responsable de esta decisión ante la opinión pública?

Por supuesto, han sido muchos los políticos que han aprovechado esta situación para hacer gárgaras sobre transparencia: el senador Alejandro Navarro (MAS), el diputado Osvaldo Andrade (PS), el diputado Gabriel Ascencio (DC) y toda la Concertación en general. Muy sólido fue el ataque que hizo el presidente (s) de la Democracia Cristiana (DC), diputado Fuad Chahín: no sólo anunció la presentación de una acusación constitucional en contra de la intendente penquista “por infracción de los principios constitucionales de legalidad, probidad y transparencia”, sino también la interposición de una “querella criminal en contra de quienes responsables por los eventuales delitos que se pueden haber cometido en el marco de esta situación, fundamentalmente delitos de fraude al fisco, malversación de recursos públicos, falsificación ideológica de instrumentos públicos y posiblemente asociación ilícita en distintos grados, consumado, en tentativa o frustrado” (audio).

Esta loable defensa del diputado Chahín sobre la necesidad de transparencia, hecha con tanto ímpetu y convicción, suscita de inmediato ciertas reflexiones acerca de la oportunidad -¿oportunismo?-, pertinencia y mendacidad sobre la transparencia política. De hecho, si nosotros revisamos la nómina de asesorías externas de los honorables diputados durante el 2010 –documento que todos los ciudadanos debiéramos ver al menos una vez al año-, en su página 5, fila 5, aparece la contratación por dicho parlamentario de un estudio para la “Moción que modifica el D.L. 701 de fomento forestal y asesoría para la elaboración de indicaciones al proyecto de ley que establece penas accesorias al delito de abigeato (boletín 7058-07)” ¿WTF? Este proyecto de ley fue presentado el 8 de julio del año pasado por 10 diputados –entre los cuales no estaba el diputado Chahín-, encontrándose sin movimiento desde el 17 de agosto. Seguramente por esta razón, y preocupado por la demora del proyecto, en diciembre este parlamentario contrató por $ 1.824.657 a la empresa “Inversiones y Asesorías MADA Limitada” (fono 56-2 460 80 50) para que ¿redactara una segunda moción para legislar sobre las penas del abigeato? Según esta nómina, el estudio se habría hecho entre el 1º y el 20 de diciembre. ¿Dónde está? ¿Es posible acceder a ese importante estudio pagado por todos nosotros los contribuyentes? ¿Fue un aporte útil para la industria ganadera?

El gran problema de este elogiable profesionalismo es que ese teléfono corresponde al estudio jurídico Abdala & Cía. , fundado en 1988, ubicado en Santa Lucía 330, piso 2, fono 56-2 460 80 50 y al cual pertenece el diputado Fuad Chahín Valenzuela. ¿Simple coincidencia? ¿Práctica común en nuestra política? ¿Nadie en el Congreso se dió cuenta? ¿Es creíble su disertación sobre la intendenta? ¿Esto es más grave o menos grave que las maquinaciones de la intendenta Van Rysselberghe? En este caso, ¿se justifica el debate sobre el fin y los medios?

Y nosotros, ¿seguiremos aceptando estos mecanismos o asumiremos de una vez por todas que los estándares de transparencia han aumentado?
Aunque estas prácticas siempre han existido-los ex diputados Maximiano Errázuriz (RN), Julio Dittborn (UDI) y Laura Soto (PPD) se dignaron no repostular a sus cargos, después de acusaciones de irregularidades-, en cambio, otros parlamentarios gozan de excelente salud política: Guido Girardi (PPD), Claudia Nogueira (UDI) o Rodrigo González (PPD).

¿Seguiremos observando cómo la impunidad sigue perpetuándose en nuestro país? ¿O presionaremos para que se cumpla la promesa de una nueva forma de gobernar?

Ese es el dilema: ¿discurso o realidad?
Columna publicada en La Tercera Online

lunes, 7 de febrero de 2011

Gobierno: ¿esperando el 33%?


Esta cifra, símbolo de buenas noticias después del rescate minero, podría convertirse en un muy mal presagio si habláramos de aprobación presidencial. Según la última encuesta Adimark, por primera vez el índice de desaprobación presidencial (46%) superó al de aprobación (41%). De la misma manera, los índices se traspasaron a la gestión del Gobierno, con índices de 45% versus 44%, respectivamente. La hasta ahora inédita inversión de estos guarismos -que grafica la fuerte y rápida pérdida de capital político- pareciera no preocupar a los asesores del Jefe de Estado. ¿Están esperando para reaccionar que la aprobación al mandatario alcance el piso sicológico del 33%?

Escasas han sido las reacciones en el Palacio de La Moneda respecto a estas cifras. Hasta ahora, no se han visto cambios importantes en voceros, equipos de asesores, estilos de discursos o comportamientos presidenciales. ¿Época de vacaciones? ¿Minimización de valoración de la opinión pública? ¿Desorientación de hacia dónde apuntar los dardos comunicacionales? ¿O bien esta calma deriva de la confianza depositada en las próximas reformas del Gobierno?

Este será un año clave, con anunciadas modificaciones legislativas en siete áreas: 1. Salud (eliminación descuento 7% jubilados y flexibilización post natal femenino); 2. Delincuencia (implementación Ministerio Seguridad Pública); 3. Política (aprobación voto chilenos en exterior); 4. Pobreza (promulgación ingreso ético familiar y creación Ministerio de Desarrollo Social); 5. Medioambiente (reemplazo Conama y Coremas por nuevos servicios); 6. Modernización del Estado (gestión más eficiente con menor burocracia); y 7. Educación (reforma aprobada y lista para implementación). Si todo sale según la planificación del mundo privado, el Presidente Piñera debiera lucirse.

Sin embargo, hay dos obstáculos que podrían impedir la recuperación de la popularidad presidencial: la falta de mayoría oficialista en ambas cámaras -que impide, entorpece o diluye el avance de cualquier proyecto-, y el tiempo indispensable para que la ciudadaná visualice sus efectos. La no percepción de resultados visibles podría impedir revertir la tendencia a la baja de la aprobación presidencial. Más aún, gracias a la pirotecnia comunicacional proporcionada por el mismo mandatario (piñericosas, aterrizajes o partidos), los resultados de los proyectos legislativos podrían pasar desapercibidos.

Por otra parte, a pesar de ser éste un año clave para el gobierno -sin presiones eleccionarias-, la aparición de los próximos comicios municipales ya tensiona el ambiente en la Concertación. En la Alianza, en cambio, están adelantados, ya que las fricciones son por el adelantamiento de las presidenciales: además de los cinco presidenciables en La Moneda, empiezan los roces por la fórmula de designación o elección del próximo candidato presidencial.

¿Sería terrible llegar a las municipales con un 33% de aprobación del Gobierno? Para el conglomerado oficialista, sí; para el Presidente Piñera, también. La tensión se nota en la Alianza y ya genera los primeros tiros hacia el Gobierno, prueba de un cierto nerviosismo. Una semana atrás, David Gallagher, analista del CEP, declaraba que le “gustaría ver a Piñera reseteado”. Hace unos días, Patricio Dussaillant, profesor de en Gestión de Crisis Comunicacionales de la PUC, instalaba a través de este medio el tema de un eventual reemplazo del segundo y/o tercer piso, los que “asesoran al Presidente, con más voluntarismo que conocimientos”. Ayer, el senador Novoa también señalaba en entrevista en Reportajes, que el segundo piso debía cuidar la exposición del Presidente. Aún más, pasadas las elecciones municipales aumentará la desafección de los partidos de la Coalición por el Cambio (UDI, RN, CH1 y MHC): si pierden los candidatos oficialistas, el desapego a la figura del mandatario crecerá, complicando tanto su gestión ejecutiva como legislativa; si ganan, también, ya que sólo se anticipará el síndrome del pato cojo.

Más aún, el impasse provocado por las declaraciones de la ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, que involucra también a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, necesariamente dejará heridos. Difícil será la decisión que tendrá que tomar el mandatario- oel ministro Hinzpeter en su reemplazo-: si destituye o pide la renuncia a la intendenta del Bíobío, acogiendo la aplaudida doctrina Allamand del fin de los grupos privilegiados, es evidente que provocará un alejamiento de la UDI. Al revés, si la mantiene en su cargo, validará la larga tradición de impunidad de la Concertación -que la ciudadanía rechaza con fuerza- y tensará la relación con RN, en especial después de la destitución de Ximena Ossandón en la Junji -con una declaración igual de torpe, pero con culpa y no dolo-, además del inevitable distanciamiento que generará con la ministra Matte y su entorno.

Con una mayoría adversa en el Poder Legislativo, con conflictos sin resolver en el conglomerado oficialista y con una fuerte tendencia a la baja en la evaluación ciudadana, sería de alto riesgo apostar a un sólo número la política comunicacional del gobierno: al éxito de las siete reformas anunciadas. Las modificaciones en el Segundo Piso debieran hacerse ahora, para que los titulares salgan a jugar en marzo.
Columna publicada en La Tercera Online

martes, 1 de febrero de 2011

¿ QEPD la antigua forma de gobernar?


Existe consenso sobre la falta de resultados de los asesores presidenciales en dotar de un relato central al gobierno. Aún ahora, después de más de un año de las elecciones presidenciales, las críticas y recomendaciones de expertos, adversarios y partidarios se mantienen e incluso se intensifican.

Si se les preguntara a los chilenos cuáles fueron los hechos más significativos del gobierno del Presidente Piñera en su primer año, lo más probable es que la gran mayoría recordaría sólo el rescate minero -acontecimiento no programado, pero bien aprovechado-. ¿Alza de impuestos para la reconstrucción, gran acuerdo educacional o negociación sobre subsidio gas magallánico? ¿Serán éstos recordados por la ciudadanía como hitos importantes? Para qué hablar de ingreso ético familiar, eliminación del 7% de salud a jubilados, uniones de hecho o ampliación del post natal, que hasta ahora se ven sólo como promesas incumplidas…

Los asesores presidenciales olvidan, que al igual que nuestros hijos con nosotros sus padres, los ciudadanos evalúan de acuerdo a lo que el gobierno HACE y no a lo que DICE, siendo especialmente críticos cuándo no existe coherencia entre el decir y el actuar. Con una agenda capturada por las piñericosas y polémicas tan evitables como las elecciones ANFP o el aterrizaje forzoso en helicóptero, pareciera que el mandatario y sus asesores se esforzaran en construir un relato paralelo, dónde lo anecdótico deja en segundo plano lo importante, aportando en forma permanente una seguidilla de HECHOS menores, irrelevantes pero llamativos, capaces de desvirtuar y desinflar cualquier DISCURSO comunicacional.

La gran capacidad de gestión -unos de los mayores atributos presidenciales en las encuestas-, queda oculta bajo los estériles esfuerzos dirigidos a “anunciar los anunciosque intentan infructuosamente reforzar el incipiente relato del gobierno, pero sólo lo debilitan en un contexto de baja credibilidad.

Por el contrario, sólo 15 días bastaron al nuevo ministro de Defensa, Andrés Allamand, para construir un sólido relato respecto a su cartera: transparentar las instituciones de la Defensa Nacional. Las renuncias del ex ministro Ravinet (quién se opuso desde el inicio al requerimiento del Consejo de Transparencia), del general Le Dantec, Jefe del Estado Mayor Conjunto, del general (R) Izurieta, subsecretario de Defensa (no aceptada) y de Cristián Pizarro, agregado cultural en España involucrado en irregularidades de la Regata Bicentenario, se convirtieron en fuertes señales para el mundo militar… y la opinión pública.

Los sumarios iniciados en Contraloría, el cuestionamiento al contrato de parientes del general (R) Ricardo Ortega, el traspaso de la administración al Ministerio de Hacienda de los recursos reservados, la disolución del Consudena (Consejo Superior de Defensa Nacional) y el envío de un nuevo proyecto sobre la Ley del Cobre, reflejan una firme intención de poner orden en el Ministerio de Defensa, el que durante casi 50 años se ha manejado con escasa transparencia. ¿Cuántas campañas políticas se habrán financiado con los fondos de la cuestionada ley cuprífera? ¿Cuántas irregularidades se habrán realizado bajo el pretexto de la seguridad del Estado?

El titular de Defensa ha limitado sus discursos en este tenso ambiente. En una ceremonia en Lolol -¿agendada con tiempo o improvisada recién?-, el ministro Allamand elogió la labor posterremoto de las FF.AA., frente al jefe de la Fach, Jorge Rojas y al comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba (éste último especialmente invitado ante señales de que no iba a asistir).

Es decir, en dos semanas el ministro Allamand construyó un certero y potente relato político de su cartera, además de enlazarlo perfectamente con el talón de Aquiles de los últimos gobiernos de la Concertación: la falta de transparencia. Fueron precisamente estas prácticas políticas las que alejaron a una gran cantidad de electores del proyecto concertacionista. La permanente sensación de impunidad de ciertos grupos de poder fue lo que motivó un cambio de dirección en la política de nuestro país. El ex senador, con una economía de anuncios y basado en hechos concretos -totalmente antagónica a la forma de comunicar del mandatario- captó la atención de la opinión pública en un tema que convoca a muchos ciudadanos: el fin a la impunidad.

Por eso, resulta doblemente interesante la irrupción del discurso del titular de Defensa:de partida, porque provoca un inmediato impacto en las comunicaciones de todos los presidenciables, obligándolos a centrarse en el HACER y no tanto en el DECIR. Pero además porque consolida un importante precedente en los estándares de nuestro ámbito nacional, al intervenir definitivamente los parámetros de impunidad política. Hoy, desterrado el constante ambiente de permisividad de décadas, si se descubrieran casos como los de CIMM, Subsecretaría del Trabajo, Chiledeportes, Conadi, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Registro Civil, becas Valech, EFE, entre tantos otros, no cabe duda que las reacciones ciudadanas serían mucho más adversas.

Por eso, esa veta comunicacional descubierta por el ministro Allamand podría servir a todos los ministros -e incluso al Jefe de Estado- para la elaboración de un nuevo y anhelado relato de gobierno, el que aún se vislumbra tímidamente: “emparejar la cancha para todos”, la promesa no cumplida de la Concertación, desarmando los grupos de poder que aún abusan de las mayorías. ¿Que en paz descanse la antigua forma de gobernar?
Columna publicada en La Tercera Online

viernes, 14 de enero de 2011

El gallito del Presidente Piñera


La reciente renuncia del ministro Ravinet contrasta brutalmente con el apoyo presidencial al ministro Raineri. Sus reacciones a la grave crisis regional provocada por la decisión -¿inconsulta?- de ENAP han sido avaladas por el Gobierno. Por eso, la petición de renuncia al ex DC actúa como elemento distractor en la agenda pública, diluye la crisis magallánica y constituye un implícito apoyo al ministro de Energía.

¿Pero qué hay detrás de esta decisión de mantener el alza del gas en Magallanes? ¿Qué motivaciones existen para perseverar en esta controvertida determinación? ¿Cuál es el beneficio de resistir estoicamente la presión ciudadana, caer en índices de popularidad, dilapidar capital político de un eventual presidenciable y alejar el inestable pero valioso voto de parlamentarios independientes?

Comparado con la suspensión de la construcción de Barrancones, las dispares reacciones sólo confunden a la opinión pública y al mundo político. Con el proyecto aprobado por la Corema de Coquimbo, la decisión presidencial produjo un conflicto con la empresa Suez Energy. Muchos pensaron que, producto de la presión ciudadana, el Jefe de Estado accedía al traslado de la planta. Pero la central termoeléctrica nunca se construyó y hoy, Suez Energy integra una comisión empresarial binacional (Francia y Chile), destinada a definir aspectos del desarrollo de la industria energética del país. ¿Cómo lograron convertir una derrota en un triunfo?

En cambio, el anuncio de Enap sobre el próximo reajuste del precio del gas en la región de Magallanes desencadenó una gran manifestación ciudadana. Aún así, la decisión del directorio de la empresa fue ratificada por el ministro Hinzpeter y luego por el Presidente Piñera. Las manifestaciones -en Magallanes y en Santiago- coparon de inmediato la agenda nacional. Dos lamentables muertes, una querella contra el titular de Energía, su próxima interpelación y la intervención de la Iglesia como mediadora, agravan aún más la crisis. La paralización regional es indefinida -con todas sus consecuencias políticas, sociales y económicas-y se define el vencedor de los contendores: ¿la región de Magallanes o el Jefe de Estado?

A primera vista, pareciera que esta situación contiene buenos criterios económicos con malos criterios políticos. Todos conocemos la situación financiera de Enap, con una deuda de 4 mil millones de dólares, y el error técnico que implica un subsidio costeado por una empresa pública y no por el Estado y sin ninguna segmentación de beneficiarios.

Desde una mirada económica, numerosas críticas han surgido ante la debilidad del paquete de medidas paliativas. ¿Qué costaba sacar primero estos subsidios de la operación financiera de Enap, traspasarlos al Estado y luego instalar en forma definitiva las disminuciones progresivas del subsidio? Por otra parte, el nombramiento del Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, como interlocutor válido en las negociaciones, refleja la prioridad del orden público por sobre el acuerdo. ¿Por qué no Jimena Bronfman, Subsecretaria de Energía o Rodrigo Álvarez, Subsecretario de Hacienda y oriundo de la región?

Para muchos, la actuación del Gobierno ha demostrado deficiencias en la capacidad de análisis político, como una evidente deficiencia en anticipar los efectos provocados. A los aspectos técnicos, habría que agregarle los aspectos políticos, señalan otros. Tanta torpeza, tanta falta de visión, tanta ineptitud, ¿espontánea o provocada?

El contexto es totalmente desfavorable para el mandatario -sin parlamentarios afines, con una pugna entre intendenta y gobernadora, con sus peores índices de aprobación (muy cercanos al piso electoral) y con críticas oficialistas y de oposición-, el panorama parece poco alentador para el Gobierno. No obstante, el Presidente Piñera sabe que un buen negocio es dónde se puede ganar mucho y perder poco…y él maneja la política y los negocios al límite. Con 98.672 votantes inscritos en los registros electorales-San Bernardo tiene 110.268-, la Región de Magallanes y Antártica Chilena no representa un costo político tan alto.

¿Pero qué podría ganar a cambio? A pesar de que el ministro Raineri afirma que no está en los planes del Gobierno privatizar Enap, sí reconoce que hay dos equipos jurídicos estudiando la incorporación de capitales privados al patrimonio de la empresa estatal (uno de ellos el estudio que integraba el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter). A su vez, el presidente de la federación de trabajadores del petróleo, Clemente Gálvez, confirma que empezaron un proceso de negociación con el ministro de Minería, Laurence Golborne, sobre temas como viabilidad de la empresa, plan estratégico, financiamiento, relaciones internas y acción de privados.

Aún más, el titular de Energía, Ricardo Raineri, no ha sido desmentido por ninguna autoridad de gobierno, a pesar de sus fuerte declaraciones: la refutada afirmación de “se les acabó la fiesta en Magallanes”, “fue un chiste lo que hizo la Concertación con Magallanes” o calificar la interpelación como “una gran oportunidad para el país”.

Y por eso sorprende que el ministro Raineri viaje la próxima semana a Bélgica y Francia, a recorrer centrales nucleares y a reunirse con la Agencia Internacional de Energía Atómica de la Ocde. Inicialmente, lo iba a acompañar el empresario Guillermo Luksic, quién a última hora desistió del viaje. Sin embargo, el presidente de Quiñenco debutará en abril como presidente del mencionado Comité Empresarial de Energía Chileno-Francés y viajará con el titular de Energía. Ambos se reunirán con Jean Louis Borloo, ministro galo de Energía y Desarrollo y Gerard Mestrallet, presidente del grupo franco-belga Suez, el mismo de la frustrada central Barrancones para ver oportunidades energéticas para nuestro país.

De que a nuestro Presidente le faltan habilidades comunicacionales ¿qué duda cabe? ¿De qué tiene talento para los negocios? ¿Alguien duda?
Columna publicada en La Tercera Online

jueves, 6 de enero de 2011

¿La nueva forma de gobernar?



La última meta impuesta por el Presidente Piñera a todos sus ministros refleja la profunda desorientación en que se encuentra La Moneda. La imposición del mandatario para que el 80% del gabinete supere el 50% de conocimiento en las encuestas del primer trimestre del 2011, implica un fuerte llamado de atención a los ministros María Ignacia Benítez (Medio Ambiente), Ricardo Raineri (Energía), Alfredo Moreno (Relaciones Exteriores), José Antonio Galilea (Agricultura) y Catalina Parot (Bienes Nacionales).

En la última encuesta Adimark, todos estos titulares de cartera aparecen con un nivel de conocimiento público inferior al 30% -la gran mayoría con tendencia a la baja, incluso-. Para revertir esta situación, la Secretaría General de Gobierno ha anunciado que se encuentra trabajando en una serie de desafíos y ejes comunicacionales para el 2011. Ya existe consenso que la prueba de fuego será la próxima encuesta CEP.

Sin embargo, no siempre el índice de conocimiento puede asimilarse al porcentaje de aprobación. Prueba de ello es el mismo Presidente Piñera, ampliamente conocido por todos los chilenos, pero con un índice de aprobación de sólo 47% -muy cercano al piso histórico de la Alianza en las últimas elecciones-. Por otra parte, él finaliza el año con un porcentaje de desaprobación del 43%, muy superior al obtenido en la misma fecha (diciembre 2006) por la ex Presidenta Bachelet al término de sus primeros nueve meses de mandato -poco antes de que explotara la crisis provocada por el Transantiago-. Por eso, los guarismos actuales del Presidente -consecuencia del rescate minero, pero también del escándalo ANFP-, preocupan enormemente al Gobierno. Hasta ahora el equipo asesor del mandatario no ha sido capaz de intervenir los indicadores cualitativos con que la ciudadanía percibe al Jefe de Estado. Si no pueden con él, ¿serán capaces de hacerlo con sus ministros?

Mucho más realistas, algunos miembros menos conocidos del gabinete han comenzado a contratar sus propios asesores. A través de Mercado Público.cl -plataforma de licitaciones de ChileCompra-, el ministerio de Bienes Nacionales solicitó un Servicio de Asesoría Comunicacional (Ficha de licitación Nº 3553-88-LE10). Publicada justo el jueves 23 de diciembre, el plazo de cierre para las postulaciones venció este lunes 3 de enero. El corto plazo y la complejidad de la fecha podrían de inmediato levantar suspicacias. Pero la no necesidad de toma de razón de la Contraloría y la no publicidad de las ofertas técnicas una vez adjudicada la licitación, sólo confirman la legítima duda que comienza a generar la nueva forma de gobernar.

Botín de guerra durante todos los gobiernos de la Concertación, el aparato estatal fue el medio para pagar todos los discretos, sutiles e imperceptibles favores políticos. Los traslados de un cargo a otro, la puerta giratoria entre servicio público y empresa privada y la negación de la responsabilidad política, consolidaron el espeso manto de duda que la opinión pública tiene acerca de la administración estatal. Esto fue lo que motivó a muchos electores a cambiar sus votos en favor de la Coalición por el Cambio. Sería lamentable que, con el esquivo apoyo al actual gobierno, la ciudadanía empezara a constatar las mismas prácticas que rechazó tajantemente en la Concertación.

En el caso del ministerio de Bienes Nacionales, son pocos los chilenos que conocen su función. “Reconoce, administra y gestiona el patrimonio de todos los chilenos” señala su misión. Sin embargo, la cuenta pública que dará hoy la ministra Parot no necesariamente logrará darle mayor visibilidad a su cartera. Habrá que analizar también si las próximas rendiciones de cuentas de los ministros Parot (Bienes Nacionales), Charme (RREE) y Galilea (Agricultura) logran sus objetivos comunicacionales específicos.Ni la presentación de la ministra Benítez (Medio Ambiente)ni la del ministro Raineri (Energía)lograron instalar en la agenda pública la gestión realizada, siendo desplazada por otros temas como el alza del gas en Magallanes, los relaves mineros o la construcción de hidroeléctricas.

Con mayor o menor nerviosismo, más dramatizadas o bien carentes de recursos escénicos, con o sin apoyos audiovisuales, las cuentas públicas no lograron enfocar la atención ciudadana en la gestión gubernamental realizada. En consecuencia, sin darle visibilidad a la eficiencia prometida y sin lograr capturar el cariño de los chilenos, la poco certera gestión comunicacional del gobierno sin dudas puede terminar perjudicándolo.

Por otra parte, las rendiciones de cuentas de los ministros tampoco han logrado cumplir a cabalidad su objetivo. Indudablemente, constituyen un gran avance en materia de transparencia, al sumar el control ciudadano. Más aún, en un contexto en que la Cuenta Pública ante el Congreso- el día 21 de mayo de cada año- tiende a convertirse en una maratón de anuncios más que en una rendición de cuentas. Han resultado ser un buen primer intento, pero todavía les falta mucho para cumplir sus objetivos: mostrar resultados, instalar temas y modificar comportamientos.
Publicado en La Tercera Online

miércoles, 29 de diciembre de 2010

El tiro de gracia a la Alta Dirección Pública


La actual directora de Junji, Ximena Ossandón, simplemente olvidó presentarse al proceso de selección convocado por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), quedando fuera de los candidatos seleccionados y movilizando de inmediato a partidarios y detractores. Por eso, la reciente declaración del ministro de Educación, Joaquín Lavín, sobre su probable continuidad en el cargo sorprendió a la opinión pública.

En consecuencia, sólo si el proceso se declarara desierto, Ossandón podría postular a un nuevo concurso, aquietando de esa forma las agitadas aguas en RN: “No digo que sea la UDI, pero hay algo que huele a queso”, declaró el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Pero al mismo tiempo, su permanencia significaría consumar el asesinato a sangre fría de la escasa credibilidad que le queda al SADP, supuestamente creado para profesionalizar los altos cargos del Estado. Difícil decisión, por sus excesivos costos en ambos sentidos.

Cabe recordar que este organismo fue fruto de un acuerdo entre los entonces Presidente Lagos y presidente de la UDI, senador Pablo Longueira, después de los escándalos de corrupción que afectaron al Gobierno por el pago de sobresueldos. Fue un buen primer intento de modernizar y transparentar el Ejecutivo, el que hasta ese momento -¿y ahora no?- se consideraba un botín de guerra.

Sin embargo, durante el gobierno de los Presidentes Lagos y Bachelet se usó y abusó del frecuente recurso de declarar desiertos los concursos –duramente criticado por la entonces oposición-: el Gobierno de turno rechazaba sin expresar razón alguna a todos los candidatos seleccionados por el SADP, y nombraba en forma “provisoria” a funcionarios interinos.

Varios proyectos de ley trataron de modernizar la institución del SADP, sin resultado alguno. De hecho, en mayo de 2006 los entonces consejeros del organismo, María Luisa Brahm (Instituto Libertad); Rossana Costa, (Instituto Libertad y Desarrollo); Mario Waissbluth (Universidad de Chile) y el abogado Rafael Blanco advirtieron sobre los entrampamientos del sistema. Por eso, no hay que deducir mucho para entender a quienes se refiere Waissbluth en su comentario publicado en twitter a principios de esta semana…

Hoy, el sistema que pretendía designar a altos funcionarios públicos por meritocracia ha perdido toda credibilidad. Con la llegada del nuevo Gobierno, el despido de la mitad de los cargos de primera jerarquía y de miles de funcionarios públicos ha hecho aumentar el escepticismo ante los procesos del organismo.

Por otra parte, el diputado Gustavo Hasbún defiende a brazo partido a Ximena Ossandón, también a través de twitter. Aduce que sería una señal de intolerancia evaluar a la funcionaria por sus declaraciones y no por su gestión. Aún sin concordar con el parlamentario, ni siquiera es necesario justificarse en sus dichos o en su imprudente búsqueda de visibilidad. El hecho objetivo es que la Directora del Junji no postuló al cargo de acuerdo al procedimiento establecido. ¿Se mantiene o se cambia el procedimiento establecido? ¿Ninguno de los 194 postulantes califica? ¿O es que simplemente no tienen padrinos políticos…?

Por eso, la declaración del ministro Lavín remeció el ambiente político. Desde ya, porque implica un traspaso explícito de responsabilidad del Presidente a la cartera de Educación, colocándolo en una difícil situación. Cualquiera sea la decisión final, será Joaquín Lavín quién asumirá los costos políticos -ante la ciudadanía o ante la colectividad RN, ya que obviamente una de ellas no quedará conforme-.

En segundo lugar, debido a que la decisión de declarar desierto el concurso confirmaría en forma definitiva a la ciudadanía que existe una categoría de chilenos etiqueta negra, que están por sobre las normas, accountability y procedimientos proclamados y exigidos. Para ellos, hecha la regla, hecha la trampa… siempre habrá algún resquicio legal de salvataje en "los límites de la ley y de la ética"… ¿El gobierno de los mejores? ¿Según quién?

No cabe duda que menos afortunado –o menos apadrinado-fue el ex director del Servicio de Registro Civil e Identificación, Christian Behm. El funcionario había sido seleccionado por el propio SADP y fue removido por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, después de un sumario efectuado en la Contraloría por aceptar una boleta de garantía 20 días después de vencido el plazo. Por lo mismo, todavía no me queda claro: ¿los plazos se cumplen o no se cumplen?

Si a esto se suma una ahora desmentida postulación fallida de Ossandón a directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), objetada por la Contraloría por no cumplir con el requisito de cinco años de experiencia en cargos directivos, la decisión será una potente señal para la opinión pública. De ella la ciudadanía sacará sus conclusiones, definiendo en forma irreversible si efectivamente es el gobierno de los mejores, o bien lisa y llanamente la administración pública continúa siendo el botín de guerra del gobierno de turno.
Columna publicada en La Tercera Online