Anuncios y proyectos ¿Qué se teje en Palacio?

Desatada ya la guerra entre gobierno y oposición, cualquier excusa puede servir para medir fuerzas: reconstrucción del terremoto, despidos en sector público, viaje presidencial a Perú, etc. Pareciera que el Parlamento será el campo de batalla de las próximas confrontaciones, en especial respecto a la aprobación de la tan anunciada reforma educacional.

Por eso, el intempestivo anuncio, realizado el domingo 21 por el Presidente de la República en cadena nacional voluntaria, provocó numerosas críticas en el bloque opositor. De partida, generó importantes reparos en cuanto a la nueva mecánica utilizada por el Gobierno: anunciar una propuesta inconsulta en un escenario de mayoría relativa en la Cámara de Diputados y de abierta minoría en el Senado. Asimismo, la suma urgencia anunciada por el Jefe de Estado, sin siquiera haber ingresado hasta ahora el proyecto de ley al Congreso, también motivó acusaciones de show comunicacional, aludiéndose con sorna a “la nueva forma de anunciar”.

Como señal de protesta, los cuatro timoneles de los partidos de la Concertación, Ignacio Walker (DC), Carolina Tohá (PPD), Osvaldo Andrade (PS) y José Antonio Gómez (PPD), se abstuvieron de asistir a la ceremonia de lanzamiento de la reforma educacional. El ministro de Educación, Joaquín Lavín, concurrirá hasta la sede del PPD a reunirse con ellos para discutir los principales lineamientos del paquete de medidas. Cabe recordar que desde esa fecha, múltiples han sido las críticas de la oposición, del Colegio de Profesores y de organizaciones estudiantiles como calificación de revolución del proyecto, ausencia de acuerdos previos, mercantilización de la educación pública y tardanza en la presentación del proyecto de ley.

Para otros, en cambio, el anuncio refleja un importante cambio estratégico en la tramitación de iniciativas emblemáticas. Tal como señala Blanca Arthur en su artículo "La audaz jugada de la dupla Piñera-Lavín", sólo horas antes se habría tomado la decisión del anuncio presidencial de esta propuesta educacional.

Esta súbita determinación se debería, a que, a pesar de la aprobación ciudadana del mandatario, el gobierno reconoce su poca efectividad en la incorporación de temas en la agenda pública. En un año marcado por circunstancias exógenas -terremoto del 27 de febrero, rescate minero en San José, elecciones ANFP, litigio con Perú ante La Haya-, necesitaba instalar un tema reformador y emblemático que pudiera identificar al Gobierno, tal como lo fue la reforma previsional en el mandato de la ex Presidenta Bachelet.

También hubo provocaciones del bloque opositor, en el sentido de que la administración Piñera relajaría su ritmo después de su exitosa actuación en el rescate minero. Francisco Javier Díaz, ex encargado de contenidos de Michelle Bachelet, en su columna “Pepe o Papurri, el dilema de Piñera”, publicada dos días antes del anuncio presidencial, expuso certeramente la disyuntiva del Presidente Piñera: “La pregunta es si Piñera optará por el camino fácil de la popularidad inmediata o por la pedregosa vía de los cambios profundos, por impopulares que éstos sean”. Esto coincide con la inmediata respuesta de la reforma en Educación y la divulgación de próximos cambios en Salud y Modernización del Estado.

Por otra parte, con el endurecimiento de las relaciones entre oposición y gobierno, Cristián Larroulet, ministro secretario general de la Presidencia, prefirió derechamente cambiar el escenario de negociación, trasladando el debate al Parlamento, sin esperar un acuerdo previo con las fuerzas opositoras. De esta manera, el costo de un eventual rechazo se traspasa ante la opinión pública a los parlamentarios que voten en contra de la iniciativa, abriéndose el flanco de perpetuación de la inequidad, una de las principales deudas pendientes de los gobiernos de la Concertación. De hecho, ésta sorprendió a su vez al Gobierno anunciando hoy la presentación de una propuesta alternativa para Educación.

Pero también este anuncio refleja una nueva forma de comunicación estratégica. De alguna manera, y provocado quizás por la confusión general que reina en todos los partidos políticos, se opta por empoderar a la opinión pública, pidiéndole una mayor participación en mediar y/o juzgar estos conflictos. Sin embargo, surgen de inmediato las siguientes preguntas: ¿Qué tanto se podrá separar la gestión de la comunicación? ¿Una ahora eficaz capacidad comunicacional podrá suplir la falta de un desempeño medible? El mismo mandatario cambió los ejes del discurso gubernamental, instalando el paradigma de la eficiencia. Hoy los estándares de la administración gubernamental ya se encuentran cambiados, con una opinión pública más educada y exigente y una oposición que no perdonará ninguna oportunidad de atacar al gobierno.

Si bien es cierto que ninguna gestión puede brillar sin una buena comunicación, una excelente comunicación no puede ocultar indefinidamente una falta de gestión, como ocurrió en el pasado. La credibilidad demora años en construirse y segundos en perderse, tal como lo comprendió el equipo comunicacional de la ex Presidenta Bachelet, después de la bullada inauguración del Hospital de Curepto.

Por eso, todos los chilenos hacemos fuerza para que la reforma educacional no naufrague por estériles luchas políticas. En eso, Mario Waissbluth, Coordinador Nacional de Educación 2020 es claro en su mensaje y ¡lo dice mucho mejor! Esta vez las (ir)responsababilidades no quedarán sin respuesta ciudadana.

Columna publicada en La Tercera Online

El Presidente Piñera y la carga probatoria

La inminente votación sobre la constitución de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por una supuesta intervención presidencial en las elecciones de la ANFP, se convertirá en un dolor de cabeza para el área comunicacional del Gobierno. Más aún, si desde el primer momento la política comunicacional del Gobierno fue errática, desconociendo por completo las reglas básicas de la carga probatoria ante la opinión pública.

A pesar de que ésta en tribunales corresponde a quién plantea la acusación, la defensa en la esfera pública se rige por otras normas. En especial, si la estrategia de la Concertación -además de aprovechar un flanco ofrecido en bandeja y abierto por el propio Presidente al mantener sus acciones de Colo Colo-, se centra más en lograr verosimilitud que en descubrir la verdad de los hechos. Amparadas en antecedentes que contribuyen a crear dudas razonables acerca de los medios utilizados por el Presidente para lograr resultados, las acusaciones sólo debieron enfocarse en demostrar motivaciones plausibles para ser creíbles -y no en acciones concretas-, traspasando al imputado la carga probatoria ante la opinión pública.

Es por esto que mientras más se vea fortalecida la reputación de efectividad del Presidente, más vulnerable será a la creación de enfoques, encuadres o framings por parte de sus detractores: “el todo vale” o “el fin justifica los medios” ya está instalado. Aún más, desligada la Concertación del peso de la gestión, ésta podrá concentrarse en su principal fortaleza: la comunicación, colocando al Gobierno en una situación de desventaja al tener que combinarla con gestión. De hecho, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la oposición se han tensado ostensiblemente, ante la atenta mirada de la ciudadanía, la que tiende a castigar estas confrontaciones.

Hasta ahora, ni las declaraciones del periodista Felipe Bianchi, ni las del columnista Hermógenes Pérez de Arce ni las de los parlamentarios Soledad Alvear y Pepe Auth han sido confirmadas por terceros. Sin embargo, existen precedentes de anteriores acciones del Presidente, que entregan credibilidad a la tesis de la intervención gubernamental en las elecciones de la ANFP: la cuestionada infracción a la prohibición de compra de acciones de Lan con información privilegiada, el llamado para cancelar la construcción de la termoeléctrica de Barrancones, el ya casi olvidado Piñera Gate o la tardía venta del director de ChileDeportes de sus acciones de Colo Colo al consuegro del Jefe de Estado. A esto se suma el público distanciamiento con Marcelo Bielsa y Harold Mayne-Nicholls, al que se expuso gratuitamente el Presidente Piñera. Además, el coincidente -e inoportuno- anuncio de la remodelación de los estadios Sausalito y Playa Ancha perfectamente podría interpretarse como una compensación a los votos de Everton y Santiago Wanderers en las elecciones de la ANFP.

Como consecuencia, ni siquiera existe unanimidad dentro de la Alianza respecto a la conveniencia de esta comisión investigadora. Desde ya, el anuncio de diputados RN de apoyarla para aclarar las supuestas imputaciones, aumenta las probabilidades de la indagación. Por otra parte, la UDI ya adelantó su rechazo a su constitución, aduciendo la falta de fundamentos y pruebas. Sin embargo, independiente del efecto del resultado procesal de la comisión, resulta innegable que también existirá un impacto comunicacional respecto a la imagen del Presidente.

No obstante, desde el principio la estrategia comunicacional del gobierno fue reactiva. Fuimos muchos quienes advertimos que en algún momento el Presidente Piñera se vería enfrentado a un conflicto de intereses. Y así ocurrió: el inflamable ambiente futbolístico -caracterizado por un ADN pasional- prendió fuego de inmediato al entremezclarse con la política, haciendo peligrar de inmediato varios puntos de aprobación presidencial. Esta situación podría durar todo el tiempo que tome el proceso clasificatorio de nuestra selección nacional.

Además, el próximo partido de la selección con Uruguay -y despedida de Marcelo Bielsa-reinstalará el tema ante la opinión pública, agravando la innecesaria y evitable pérdida de capital político del Primer Mandatario. La celebración del centenario de la selección podría convertirse en una manifestación ciudadana más fuerte que la de Barrancones, pero ahora presencial y ante hechos irreversibles. La potencial inhabilidad del electo presidente de la ANFP, José Segovia, tampoco ayuda a agotar el tema y dar vuelta la página.

Resulta irónico que, después de todo el tiempo, dinero y esfuerzo invertido en el fútbol por el Presidente Piñera para captar simpatías de la ciudadanía, sea precisamente este deporte el que le reste valiosos puntos de aprobación ciudadana.

Instalada la duda, cualquier resultado de la comisión investigadora -condene, absuelva o no se constituya-perjudicará el capital político del Presidente Piñera. Más aún, si tal como señaló el senador Hernán Larraín en el programa “Estado Nacional” de TVN, al referirse a un tema de cultura política: la Alianza es buena para poner huevos, pero no sabe cacarear…

Columna publicada en La Tercera Online

¿Un efectivo y silencioso lobby minero?

Todos los parlamentarios ya tienen asumida su obligatoria necesidad de visibilidad ante la opinión pública. De ella dependen votos de electores, evaluación ciudadana y posibilidad de perpetuarse en el cargo. Por ello, aprovechan cualquier oportunidad de aparecer en cámara, como fue tan comentado durante todo el largo proceso del rescate minero. Sin embargo, parece que todos pecan de omisión cuando se trata de legislar en materias mineras. ¿Simple casualidad o consecuencia de un poderoso, efectivo y silencioso lobby?

Una vez pasado “el veranito de San José” provocado por el rescate minero, la oposición intensificó sus ataques contra el gobierno: elecciones ANFP, presupuesto 2011, reconstrucción post terremoto, agenda laboral, etc. Casi podría pensarse que este endurecimiento comunicacional se convirtió en una encarnizada lucha por sobrevivir, en momentos en que la Concertación vive serios problemas de identidad.

La ¿coincidente? publicación de una larga investigación periodística hecha por CNN Chile (Carola Fuentes) y Ciper abrió toda una polémica al respecto. Por una parte, establecía que la empresa Refimet, de Alejandro Noemi, ex vicepresidente ejecutivo de Codelco en el gobierno de Patricio Aylwin y Alfonso Dulanto, ex ministro de Minería de Ricardo Lagos, había vertido en piscinas “oficiales” (autorizadas por Sernageomín) 13.000 toneladas de desechos en un 40% compuesto de arsénico, entre otras irregularidades. Por otra, el reportaje coincidía con una indicación sustitutiva del ministro Golborne a un proyecto de ley de la ex Presidenta Bachelet, que precisamente buscaba regular el cierre de faenas e instalaciones mineras (boletín 6415-08). Esta iniciativa legal, ingresada en marzo de 2009, se encontraba todavía en Primer Trámite Constitucional y sin urgencia legislativa.

La petición de la bancada PPD de crear una comisión investigadora para revisar la situación de los relaves mineros fue apoyada por numerosos diputados de la Concertación. A su vez, el oficialismo atribuyó el ataque a la reciente popularidad del titular de la cartera de Minería tras el rescate de los mineros. Muchas personas opinaron, discutieron e intervinieron en el debate, pero sin entrar a los puntos controvertidos: calidad de los actuales relaves mineros e indicación sustitutiva sobre regulación de cierre de faenas e instalaciones mineras.

Por eso, que 48 diputados solicitaran la creación de una nueva comisión investigadora no extrañó mucho a la opinión pública. La Cámara de Diputados, siempre tan prolífica al momento de constituir comisiones investigadoras, no pierde la oportunidad de ejercer su potestad fiscalizadora. Pero tres hechos llaman poderosamente la atención:

1. Durante la operación del rescate de los 33 mineros, fueron muchas las imputaciones a los propietarios de la mina, ministerios de Minería, del Trabajo e instituciones dependientes, empresarios en general y mutuales de seguridad. Innumerables autoridades trataron de aparecer en el campamento Esperanza, locación de uno de los espectáculos de mayor sintonía mundial. Pero, curiosamente, una vez liberados los trabajadores, nadie habló de una comisión investigadora: ¿quién y por qué autorizó la reapertura de la mina San José? ¿Responsabilidad de Minera San Esteban o de Sernageomín? ¿Qué influencias administrativas o políticas tuvieron que intervenir para que se reabriera la mina San José? ¿A nivel regional o a nivel central? ¿Quién responde política, administrativa y penalmente por ésta? Pareciera que ni el Gobierno ni la Cámara de Diputados tienen mucho interés de descubrir qué fue lo que sucedió.

2. La incipiente puerta giratoria que se está implementando entre la actividad minera y autoridades estatales puede convertirse en una cadena sin fin. Dos ejemplos: Mauro Valdés, actual director ejecutivo de TVN y ex vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Billiton Metales Base; y María Olivia Recart, ex subsecretaria de Hacienda, quién reemplaza a Valdés en dicha empresa. ¿Cuántos casos de menor visibilidad habrá?

3. Al momento de votar la constitución de la comisión investigadora sobre los relaves mineros, de los 120 diputados, sólo 41 votaron (a favor, en contra o abstención), sin siquiera lograr convocar a los 48 solicitantes iniciales. En definitiva, la solicitud se rechazó por falta de quórum. Curioso, porque tanto para la Concertación como para la Alianza (¿Coalición por el Cambio?) era un emblemático punto a discutir, de mucha visibilidad y con un trascendental resultado comunicacional. ¿Qué motivó a que tanto diputado no votara? ¿Más aún, estando la mayoría de ellos presentes en la sala según la lista de asistencia de ese día? La escasa votación pasó prácticamente inadvertida para la opinión pública, en especial la de diputados emblemáticos de la Concertación o representantes de las regiones mineras. . . Conozca el detalle de la votación de ese día:

Columna en La Tercera Online

Por otra parte, los diputados Felipe Harboe (PPD) y Marcelo Díaz (PS) anuncian que intentarán reponer la solicitud de creación de una comisión investigadora sobre relaves mineros. Curioso, porque ninguno de ellos votó el día 2 de noviembre: Felipe Harboe, porque tuvo una “emergencia médica”, y Marcelo Díaz, quién no votó, aunque aparece presente en la sala según la lista de asistencia (sesión 93, 2 de noviembre 2010). Este martes presentarán una nueva solicitud. Habrá que estar atento a ver qué sucede…

Ante la falta de un organismo empoderado para fiscalizar la transparencia del financiamiento de las campañas electorales (Servel no tiene las atribuciones legales), el silencioso rechazo parlamentario a regular el lobby (cinco proyectos de ley desde 2003, ninguno convertido en ley: boletines 3337-07, 3407-07, 3498-07, 4621-07 y 6189-06) y los ineficaces intentos parlamentarios para tratar temas mineros, hacen que sea absolutamente legítimo preguntarse: ¿simple casualidad o voluntad predeterminada?

Columna publicada en La Tercera Online

Total impunidad en derrumbe mina: aquí no ha pasado nada

La impunidad política que existe en nuestro país se encuentra amparada por omisiones de la propia clase dirigente. Malas decisiones, gestiones torpes, influencias turbias, presiones ocultas y hasta defraudaciones ilícitas quedan ocultas tras un manto de silencio de las autoridades, tanto de gobierno como de oposición.

Después de haber celebrado con profusión el rescate minero -incluso en gira presidencial a Europa-, el Gobierno decidió cerrar el tema con un simbólico acto en La Moneda, redirigiendo su agenda hacia nuevos temas como la reconstrucción del terremoto, el presupuesto 2011 o la próxima agenda laboral.

Sin embargo, antes de concluir el capítulo, debiéramos ser capaces de aprender las lecciones derivadas de esta gran tragedia. No cabe duda que la empresa y sus dueños tendrán que responder penal y civilmente por las infracciones e ilícitos cometidos. ¿Pero qué pasa con la responsabilidad gubernamental? ¿Quién y por qué autorizó la reapertura de la mina San José? ¿Qué influencias políticas intervinieron ayer para agitar aguas creando confusión y desorden, con el consiguiente provecho de empresarios? ¿Qué lobby político interviene hoy para aquietarlas, sin que se definan las responsabilidades políticas, administrativas y penales?

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a la Compañía Minera San Esteban con el fin de recuperar los dineros gastados por el fisco de Chile en el rescate de los 33 trabajadores. Hasta ahora, se calcula que el monto adeudado asciende a $5.300 millones, más las facturas de las empresas que colaboraron en el rescate, las que podrían aumentar considerablemente esta cifra. El proceso -radicado en el 16º Juzgado Civil de Santiago-sólo pretende resarcir los gastos en que el Estado incurrió en el rescate. Pero si desde ya se sabe que la minera San Esteban no podrá pagar los finiquitos de sus trabajadores, ¿existirá alguna posibilidad real de recuperar los dineros gastados en el rescate? ¿O esta demanda del CDE es sólo un saludo a la bandera, una simple señal comunicacional?

Asimismo, el 17º Juzgado Civil lleva otro proceso, en el que se propone arrendar la mina San José para evitar la quiebra de la empresa minera, y así pagar a acreedores (entre ellos todos sus trabajadores). En el hipotético caso que se solucionara el problema civil, ¿alguien buscará determinar alguna responsabilidad penal, administrativa o política?

Salvo la ilusa demanda del CDE, ¿hay alguna otra acción que busque investigar las causas de la reapertura de la mina? ¿O el que los 33 mineros hayan sido rescatados con vida extingue cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa o política? ¿Hubiera sido distinto con la muerte de alguno?

De hecho, el Poder Judicial se ha centrado sólo en recuperar los dineros estatales. Por otra parte, los mineros rescatados han anunciado una querella contra la minera San Esteban y el fisco, pero ésta aún no se concreta.

El Poder Ejecutivo parece haber cerrado la agenda del rescate, y se centra ahora en otros temas. El ministro Golborne se enfrenta ahora a las críticas recibidas por el proyecto de ley que flexibiliza exigencias del cierre de faena y administración de desechos tóxicos, centrándose en ese tema y desplazándose la atención de la opinión pública.

El Poder Legislativo, siempre tan prolífico para constituir comisiones investigadoras, ha guardado un discreto -¿sospechoso?- silencio. Ni siquiera los senadores Isabel Allende (PS) y Baldo Prokurica (RN) -ambos tan participativos en el rescate- han emitido alguna declaración que indique siquiera una intención de dilucidar qué pasó con la reapertura de la mina San José, en que indudablemente estuvieron involucradas autoridades de su circunscripción.

Ante la pérdida de credibilidad de las comisiones investigadoras -en que parlamentarios parecen sólo defender posiciones de sus conglomerados- , las hasta ahora acciones judiciales limitadas a resarcir perjuicios y gastos, la rápida decisión del gobierno de enfocarse en otros temas y el absoluto silencio de las autoridades de la Región de Atacama, sólo queda recurrir a la sociedad civil-cada vez más empoderada y autónoma- para que averigüe qué fue lo que pasó en la reapertura de esta mina. ¿Qué influencias administrativas o políticas tuvieron que intervenir para que ésta se reabriera? ¿Fue a nivel regional, o también se tuvo que intervenir a nivel central?

Si la posibilidad de recuperar los $5.300 millones (más gastos de empresas que colaboraron) es remota, significa que una vez más seremos los contribuyentes quienes tendremos que financiar la exitosa operación de rescate. Ok, indudablemente valió la pena y los 16 millones de chilenos lo haríamos nuevamente. Pero, al menos, queremos saber quiénes fueron responsables política, administrativa y penalmente en la reapertura de la mina San José. Y para esto, al parecer, las instituciones no funcionan…

¡¿Será necesario que CNN Chile y Ciper investiguen la reapertura de esta mina y aclaren este tema a la opinión pública, tal como lo hicieron con los relaves mineros?!

Columa publicada en La Tercera Online

La imprudente invitación de Aguas Andinas

La reciente denuncia sobre el viaje de parlamentarios y ediles chilenos a la Expo Shanghai -invitados y financiados por la empresa Aguas Andinas- confirma la impunidad de las presiones que efectúan las empresas privadas a nuestras autoridades. La permanente reticencia a legislar sobre la regulación del lobby agrava aún más esta falta absoluta de control.

Además, revela la inoperancia de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados ante el accionar de una empresa privada, al no impedir que se concrete el viaje. Por otra parte, ratifica que los parlamentarios continúan exponiéndose innecesariamente al cuestionamiento de la opinión pública, confirmando la pobre reputación corporativa del Congreso, a pesar de todos los intentos por mejorarla. De hecho, el último Informe mensual que realiza Adimark (septiembre de 2010) refleja los bajos índices de aprobación ciudadana del desempeño de la Cámara de Diputados (34%) y del Senado (41%).

Por tratarse de una actividad regulada por el Estado, la invitación de Aguas Andinas a un grupo de parlamentarios y alcaldes sólo despierta suspicacia respecto a la proclamada independencia de nuestras autoridades políticas. En un futuro cercano, necesariamente deberán debatir leyes sobre el uso de recursos hídricos o su aplicación. Su independencia podría verse seriamente afectada en sus decisiones: cualquier votación -sea cual sea ésta- sobre estos temas despertará sospechas en la opinión pública. Más aún, en el caso de los legisladores, la prohibición de ingreso de público a las comisiones de trabajo y el secreto de las grabaciones y apuntes de las sesiones, impedirán conocer además el tratamiento que le den a estos temas los legisladores cuestionados en toda la etapa de discusión, aún cuando después se inhabiliten para votar.

Por otra parte, las indicaciones dadas por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados sólo constituyen un saludo a la bandera, las que no evitarán futuros conflictos de intereses en la dictación de normas y resolución de controversias entre usuarios y la empresa sanitaria: 1) propone publicar el viaje en el sitio web de los legisladores, de manera que sea conocido por los ciudadanos (presumiendo un inusitado tráfico de visitas) y 2) recomienda abstenerse de participar en futuros procesos de decisión que afecten intereses particulares de Aguas Andinas (¿y cuando se afecten derechos ciudadanos?). El reactivo -y tardío- cambio al código de ética para regular viajes de legisladores sólo demuestra el potente efecto de la fiscalización ciudadana, más que la lírica auto regulación.

El 9 de octubre, estos invitados partieron a la Expo Shanghai, generosamente -y grandiosamente- invitados por Aguas Andinas. Entre ellos, estaban los senadores Andrés Allamand (RN,) Jovino Novoa (UDI) y Fulvio Rossi (PS),los diputados Patricio Hales (PPD), Felipe Harboe (PPD), Roberto León (DC), Cristián Monckeberg (RN) y Gonzalo Uriarte (UDI), además de los alcaldes Johnny Carrasco (PS), Nora Cuevas (San Bernardo), Sol Letelier (Recoleta), Manuel José Ossandón (Puente Alto), Claudio Orrego (Peñalolén) y Pablo Zalaquett (Santiago).

Todos los gastos de transporte -primera clase-, alojamiento, alimentación y viáticos fueron íntegramente pagados por Aguas Andinas, además de todas las expediciones turísticas efectuadas durante la estadía. Indudablemente este viaje compromete la independencia de estas autoridades en la dictación de futuras normas y en la resolución de cualquier conflicto que pudiera ocasionarse entre sus representados y la empresa sanitaria.

La persistente negativa a legislar sobre la regulación del lobby ya se ha convertido en una constante en los últimos diez años de nuestro país. A pesar de las múltiples declaraciones -tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo- acerca de la necesidad de legislarlo, el tema periódicamente se instala en el discurso político, pero sin llegar a concretarse en alguna norma específica.

La ciudadanía ha escuchado de muchas agendas presentadas por distintos gobiernos, de probidad, transparencia o modernización del Estado, sin ningún resultado concreto. Son cinco los proyectos de ley sobre regulación del lobby presentados en el Congreso: dos se encuentran archivados (Boletines 3498-07 y 3337-07) y tres en tramitación, los que ya no avanzan en el Congreso: Boletín 6189-06, el que se encuentra en segundo trámite constitucional, y teniendo como último trámite el retiro de la urgencia simple el 8 de marzo de 2010; Boletín 4621-07, en primer trámite constitucional y como último trámite el retiro al proyecto del patrocinio del diputado Roberto León el 2 de noviembre de 2006; y el Boletín 3407-07,en discusión de veto en la Cámara Revisora del Senado, con un último trámite de retiro de discusión inmediata el 11 de septiembre de 2008.

Es de esperar que ahora, con las profundas reformas políticas que pretende realizar el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se incluya finalmente un proyecto de ley sobre regulación del lobby. En caso contrario, se podría sostener legítimamente que este nuevo gobierno se suma a todas las autoridades que se han negado a legislar hasta ahora sobre este tema.

Columna publicada en La Tercera Online

Relación incestuosa: Poder Legislativo y Poder Judicial

Mientras la ciudadanía contemplaba expectante la operación del rescate minero, una noticia pasaba prácticamente desapercibida: la simple suspensión de un procedimiento penal. Pero este inadvertido hecho evidencia la difícil relación existente entre el Poder Legislativo y el Judicial, confirmando la existencia de una oscura zona a la que la opinión pública no puede acceder.

El reciente anuncio de la suspensión del procedimiento en contra de la diputada Claudia Nogueira (UDI), sólo comprueba las dificultades para terminar los procesos contra parlamentarios con una sentencia definitiva –ya sea absolutoria o condenatoria-. Cabe recordar que en abril de este año, la diputada fue formalizada ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso por cuatro delitos de fraude al fisco en una suma total de $ 30.283.103. En el proceso se estableció que la diputada contrataba servicios que no se realizaban, pero que igual se cobraban al Departamento de Administración y Finanzas de la Cámara. Una vez pagados, los “prestadores” le depositaban los montos en su cuenta corriente -previa retención del impuesto correspondiente-, defraudando de esta forma al Estado y a todos nosotros los contribuyentes.

Para lograr este acuerdo de suspensión condicional, la diputada del distrito 19 (Independencia y Recoleta) debió devolver al fisco el total del monto involucrado (un poco más de 30 millones de pesos), además de pagar cinco millones adicionales a Un Techo para Chile y quedar sujeta a firma mensual en la fiscalía por los próximos 18 meses.

El caso inicialmente produjo gran revuelo por varias razones: 1)planteó un conflicto de competencia acerca de la fiscalización de asignaciones parlamentarias (¿justicia ordinaria o Comisión de Ética Parlamentaria?); 2)por primera vez la Corte Suprema autorizó el alzamiento del secreto bancario respecto de la cuenta bipersonal que la diputada mantenía a su esposo, Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta; y 3)porque se rumoreaba que Nogueira basaría su defensa en la gran cantidad de diputados que también incurrirían en prácticas similares y que, por lo tanto, su acción no constituiría un ilícito.

En otro proceso similar, hace pocos días el diputado Jorge Sabag (DC) anunció que presentaría un escrito ante el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, con el objetivo de sacar al fiscal Jorge Abbott de la investigación llevada en su contra (en que se investigan supuestas irregularidades en el arriendo de una de sus sedes distritales). ¿Los parlamentarios pueden escoger a los fiscales de sus causas?

En abril, el ex diputado René Aedo (RN) también llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para la suspensión condicional del proceso judicial por negociación incompatible que se llevaba en su contra. El parlamentario cobraba dinero al fisco por el arriendo de una sede parlamentaria en Copiapó, propiedad de una sociedad médica formada por él y su esposa. Para detener el juicio, el ex representante de Atacama devolvió $ 10 millones de pesos al Fisco, entregó $ 1 millón de pesos a Un Techo Para Chile y debe firmar cada tres meses durante un año en la Fiscalía de Caldera.

En noviembre pasado, el mismo fiscal Jorge Abbott formalizó al ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) por los delitos de fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado falso, para aparentar pagos para el supuesto arriendo de sedes parlamentarias. Recién en julio, el fiscal presentó una acusación ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, pidiendo siete años de prisión. Después de casi un año, el proceso continúa en tramitación.

El artículo 237 del Código Procesal Penal establece que “el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá pedir al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento”. ¿Fue el Ministerio Público quién la solicitó? ¿Y en base a qué? Estas interrogantes surgen con mayor fuerza en la ciudadanía ante la ausencia de declaraciones del fiscal involucrado, de la presidenta de la Cámara, de miembros del Poder Judicial o del Ejecutivo o del Consejo de Defensa del Estado (CDE), con querellas interpuestas en contra de estos legisladores. ¿Qué pugna de poderes impide al Poder Judicial terminar con un fallo los procesos contra parlamentarios? ¿O es que nuestra justicia en general se dedica a negociar con los inculpados?

Después de los programas televisivos “Informe Especial “y “Contacto” (éste último todavía no emitido) las investigaciones del fiscal Abbott causaron una gran preocupación y molestia en el Congreso, acusándolo incluso de promover una “caza de brujas”. Pero a pesar de la gran visibilidad de estos procesos judiciales, ningún tribunal ha dictado una sentencia que aclare los casos a la opinión pública. Teniendo en cuenta que el Fiscal Regional de Valparaíso, Jorge Abbott, termina su período de ocho años el 28 de diciembre, habrá que confiar que su sucesor sea quién se atreva a ponerle el cascabel al gato.

Columna publicada en La Tercera Online

El rechazo de la última oferta del gobierno complejiza aún más la difícil situación en que se encuentra el conflicto mapuche. Contrasta el manejo gubernamental de esta crisis, provocada por 34 comuneros en huelga de hambre en las regiones del Bío Bío y de la Araucanía, con la conducción del rescate vivido por 33 mineros accidentados en la Región de Atacama. Esto confirma que el principal activo del Gobierno está en la gestión y no en las comunicaciones.

¿Dónde está “el Golborne” de la huelga de hambre mapuche? ¿Quién asume la responsabilidad –política, operativa y comunicacional, tal como lo hizo el ministro de Minería – del resultado de esta operación? ¿El Presidente Piñera; el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet; el ministro de Planificación, Felipe Kast o la jefa de asesores de La Moneda, María Luisa Brahm? ¿O ninguno, como en estos últimos 20 años?

Jorge Navarrete señala en una columna sobre el conflicto indígena, Mala memoria y poca vergüenza, “el rotundo fracaso de una política pública, que lejos de contribuir a la solución del problema, lo perpetuó -cuando no agudizó- durante las dos décadas que estuvimos en el gobierno”. Sin embargo, al menos las potentes maquinarias comunicacionales de La Moneda siempre fueron capaces de apagar los conflictos provocados por grupos de mapuches: intervención de La Moneda en conflicto de Mininco(2000); reacciones a la muerte de Matías Catrileo (2008) o actos de violencia que motivaron el nombramiento de José Antonio Viera Gallo como ministro coordinador de temáticas indígenas (2009). De alguna manera, los gobiernos de la Concertación siempre pudieron contener comunicacionalmente lo que no podían solucionar por gestión, postergando y aplazando la resolución del conflicto.

En este caso, la situación ha sido a la inversa. La extraordinaria capacidad de gestión -demostrada por el ministro Golborne en el rescate minero -no ha se ha visto en esta crisis. Esta huelga de hambre logró hacerse cada día más urgente, compleja y con una mayor adhesión ciudadana.

Inicialmente, la estrategia gubernamental fue ignorar el conflicto, rechazando el diálogo: “el el gobierno no negocia bajo presión”. Pero, cerca del Bicentenario, la huelga de hambre se convirtió en una amenaza que podía aguar la fiesta. Incluso dañar la imagen externa, ya que en un planificado viaje a EE.UU, el mandatario participaría en la Asamblea General de la ONU: abogaría por que Chile se mantuviera en el Consejo de Derechos Humanos. Por eso, el anuncio del Presidente Piñera de conformar una mesa de diálogo para tratar el tema mapuche, hizo pensar a nivel internacional que también se incluiría la situación de los huelguistas. Fue Felipe Kast, ministro de Planificación, quién aclaró que se trabajaría en dos frentes paralelos (la instalación de la mesa de diálogo en Cerro Ñielol ya concluyó sin ningún acuerdo concreto).

La extensa duración de la protesta, la instalación en la agenda pública de la problemática de pueblos originarios, la alta visibilidad internacional y la necesidad de incorporar otros interlocutores –Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial e Iglesias católica, evangélica y anglicana- demostraron la incapacidad gubernamental de controlar y desescalar la crisis.

Por el contrario, la gestión comunicacional mapuche ha sido excepcional. Hacer coincidir – ¿fortuito?- el período más álgido con la fiesta del Bicentenario, fue un gran acierto comunicacional. En 1981, Bobby Sands murió en Irlanda del Norte a los 27 años, después de 66 días de huelga de hambre. En 2007, en Chile, Patricia Troncoso Robles, conocida como La Chepa, puso fin a su huelga de hambre después de 112 días de ayuno. En consecuencia, la fase crítica de una huelga comenzada el 12 de julio probablemente coincidiría con nuestro aniversario patrio, empañando la celebración tan esperada.

Aún más, una semana antes de Fiestas Patrias, el desalojo de cuatro diputados de oposición dio la visibilidad necesaria. Luego la designación de voceros, en especial de Natividad Llanquileo, y el envío de una carta a Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas, confirmaron la profesionalización comunicacional del grupo de presión.

Actualmente, la estrategia del Ejecutivo intenta establecer la responsabilidad de los comuneros. En San Francisco, EE.UU, el Jefe de Estado calificó de “intransigente” la actitud de los huelguistas. “El Gobierno ha hecho todo lo posible. Ha buscado todos los caminos del diálogo, del entendimiento y de la acción. Y desgraciadamente todos estos pasos y gestos de parte del gobierno no han tenido una respuesta fecunda de parte de los comuneros en huelga. Más bien ha sido una actitud muy intransigente”.

Mientras el conflicto no se estabilice, será imposible acordar una solución para esta apremiante crisis. Según el Arzobispo Ezzati, las peticiones de los huelguistas son claras: fin al doble enjuiciamiento, al uso de testigos protegidos y que los comuneros no sean procesados por la Ley Antiterrorista. Sin embargo, falta quién logre articular los intereses involucrados y preparar al gobierno en los costos que necesariamente tendrá que pagar, independiente de la forma en que termine la huelga. Peor aún, mientras ésta no se termine, será imposible comenzar el verdadero debate sobre la situación del pueblo mapuche.

Columna publicada en La Tercera Online