La restauración de la credibilidad presidencial

Damnificada resultó la credibilidad presidencial después del episodio de la venta de acciones de Lan. La promesa de venderlas antes de asumir la Presidencia de la República definitivamente no se cumplió. La tardía venta demostró la voluntad de respetar lo ofrecido, pero dañando de alguna manera la imagen del mandatario. Si bien se hizo lo prometido, el retardo en esta enajenación sólo empañó el cumplimiento, abriendo un flanco político que se hubiera podido evitar.

Los conflictos de intereses parecieran ser el probable talón de Aquiles que tendrá este gobierno. El Presidente, sus ministros y gran parte del Poder Ejecutivo se verán enfrentados a complejas situaciones. Por ejemplo, tanto la subsecretaria de Transportes, Loreto Silva, como el Coordinador de Concesiones del mismo Ministerio, Mauricio Gatica, ya se encuentran inhabilitados en decisiones de su ramo sobre iniciativas privadas. Pero quién no se inhabilitó fue el director de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle en la polémica por el reparto de excedentes del Canal del Fútbol, la que todavía no se sabe cómo será resuelta.

Cabe recordar que este período presidencial partió en forma especial. El terremoto y posterior tsunami cambiaron de un golpe los objetivos iniciales, haciendo surgir nuevas prioridades y retardando el proceso de instalación. La cuantificación de los daños -por un total de US$ 30 mil millones- inicialmente fue desestimada por un estudio publicado por IM Trust, que calculaba un máximo de US$ 8 mil millones. Sólo recién el exhaustivo detalle que entregó el ministro Felipe Larraín al Senado y a la Cámara de Diputados explicó los parámetros utilizados para calcular el monto total de las pérdidas, informando de los daños a la ciudadanía y permitiendo aclararle los cálculos. A su vez, los diputados también pidieron al Gobierno información clara sobre los daños del terremoto, solicitando claridad y transparencia en la estimación de los montos de los daños y en la selección de las fórmulas para financiar el plan de reconstrucción.

En el mismo sentido, la tardanza en el nombramiento de ciertos cargos del Poder Ejecutivo tampoco contribuye a ratificar la inicial imagen de excelencia en la gestión con que partió el nuevo gobierno. En cambio, la rápida capacidad de reacción gubernamental logró superar la descoordinación producida entre La Moneda, el Congreso y la Corte Suprema respecto al proyecto del bono marzo, permitiendo su pago y cumpliendo así una de las promesas de campaña.

Por otra parte, la polémica surgida con motivo de los dineros de la Comisión Bicentenario sólo ha confundido a la opinión pública. Llevada personalmente por los involucrados, tanto Julio Dittborn, su actual Secretario Ejecutivo, como Javier Luis Egaña, ex Secretario Ejecutivo del anterior gobierno, han defendido sus posiciones sin llegar a un resultado concreto. Una acusación, su defensa y una réplica, además de reclamos en otros campos, demuestran fehacientemente que el traspaso del mando no fue tan impecable como se quiso. A estas alturas, la citación a la Cámara de Diputados de los personeros que dirigían dicho organismo se hace necesaria para aclarar este episodio, dejando de lado las bravatas en que ha caído cada conglomerado.

A pesar de que seis de cada diez chilenos creen que a este gobierno le irá bien, el capital político del Presidente Piñera no se puede dilapidar. Terminado el caso de Lan en medio de críticas por la tardanza y por el no pago de impuestos, permanecen abiertos otros flancos. Por de pronto, los casos de Chilevisión y Colo Colo podrían agrandar el daño a la credibilidad del mandatario. Ante conflictos tan previsibles, se hace necesario cuidar su capital reputacional correspondiente a una institución republicana de tan alta significación.

A pesar de que la ciudadanía entiende las dificultades iniciales causadas por los sismos en la instalación del nuevo gobierno, el país quiere a volver a la normalidad. La opinión pública percibe también la polarización política que se ha producido y que no habrá tregua entre Gobierno y oposición. Ambos conglomerados están cumpliendo sus roles, pero se han olvidado en gran medida de las promesas de colaboración post terremoto, entrabando la reconstrucción nacional por privilegiar sus intereses particulares.

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Gobierno: demoras en plazos y conflictos de intereses

Las entusiastas declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín respecto a la aprobación unánime del bono marzo en el Congreso, constituyeron un fuerte apoyo a la construcción de credibilidad del nuevo gobierno en su período de instalación. El economista recalcó que este proyecto era un compromiso de campaña que habían tomado muy seriamente. “El gobierno del Presidente Piñera cumple y hemos tenido el apoyo unánime de los parlamentarios", agregó el titular de dicha cartera. Por consiguiente, la iniciativa legal se convertirá en la primera ley del mandatario.

Pero además del cumplimiento de todas las promesas electorales -obviamente modificadas por las prioridades surgidas del terremoto y maremoto-, el actual gobierno se ha esmerado en matar uno de los mayores fantasmas del último período presidencial: la falta de efectividad. Comisiones ciudadanas, paneles de expertos y comités transversales realizaron durante años innumerables diagnósticos, sin que necesariamente sus conclusiones se llevaran a la práctica.

Por esta razón, para el nuevo gobierno resulta fundamental mostrar resultados inmediatos, en especial ante la urgencia de una catástrofe de tal magnitud. En consecuencia, dos días después de asumir el mando, el Presidente Piñera fijó cortos plazos a sus ministros para restablecer la normalidad en las áreas de educación, salud y vialidad.

En Educación, le estableció un plazo de 45 días a Joaquín Lavín, ministro del ramo, para normalizar el inicio del año escolar. Se trata de un área extraordinariamente sensible, ya que a pesar de los múltiples, profundos y certeros diagnósticos realizados(Ocde, Educación 2020,Cruch, etc.), fueron pocas las intervenciones realizadas a la educación pública chilena en los últimos años, y ésta todavía se encuentra al debe.

A su vez, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, deberá normalizar la atención médica en el plazo de dos meses. Para esto, será necesario recurrir a medidas especiales, como implementar hospitales modulares, de campaña, prefabricados o de emergencia, y reactivar las garantías Auge, terminando con la suspensión de beneficios decretada después del terremoto. Consultado sobre esta última medida, el titular del ramo reconoció que la situación de no cumplimiento de garantías por listas de espera Auge existía desde antes del sismo.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, deberá enfocarse en los dos primeros meses sólo en la reparación de las infraestructuras más urgentes para recuperar la conectividad del país. Esto significa reparar caminos, carreteras, puentes, puertos y aeropuertos dañados. La posterior reconstrucción de la infraestructura pública dañada se estima que demorará dos años, con un costo total de 1400 millones de dólares.

Con el objetivo de mostrar resultados concretos y, a la vez, reforzar la credibilidad del nuevo gobierno, el Presidente Piñera estableció estos plazos perentorios, los que debieran ser cumplidos. Sin embargo, ante una situación tan dramática se desconocen por completo las medidas a adoptar en caso de un eventual incumplimiento. Se ignora si es una exigencia real o sólo una medida comunicacional: por tratarse de una catástrofe tan inesperada y un gabinete tan reciente, la destitución temprana de un ministro sólo causaría más daño.

Con la implementación de estas fechas categóricas, desde el comienzo el actual gobierno se propone matar uno de los mayores fantasmas del último mandato presidencial: la falta de efectividad. Es por eso que el hiperactivo mandatario se ha mostrado en diversos frentes, que han ido desde emergencias y salidas a terreno hasta programas de televisión. Sin embargo, el establecimiento de estos plazos perentorios sólo recuerda la demora de su promesa no cumplida de vender Lan y transferir Chilevisión a una fundación. La reciente divulgación de que un fondo extranjero compraría una parte de sus acciones en la línea aérea y el anuncio del posterior remate del saldo no alcanzan a despejar las dudas acerca de la puntualidad en las fechas. ¿Qué tan exigente será el Presidente Piñera con el cumplimiento de los plazos -propios y ajenos-?

Las múltiples y simultáneas actividades del nuevo presidente no han podido disimular una importante debilidad: los conflictos de intereses. Tanto la prensa internacional como la nacional han destacado el mal precedente que el nuevo mandatario sienta para los miembros del gabinete, muchos de los cuales tienen amplios vínculos con el mundo privado, pudiéndose convertir en el talón de Aquiles de este gobierno.

De hecho, antes de cumplirse una semana del nuevo gobierno en el poder surge el primer caso. Involucra al director de Chiledeportes, Gabriel Ruiz Tagle y al actual timonel del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls, en una fuerte polémica por el reparto de excedentes del Canal del Fútbol. El ex presidente de Blanco y Negro, junto al Presidente Piñera, son los principales accionistas de la sociedad y confirmaron desde el principio que continuarían con la propiedad de sus acciones.

Es de esperar que ante estos conflictos de interés tan flagrantes- que han ocurrido y seguirán ocurriendo- , el Presidente Piñera también imponga plazos perentorios a sus ministros para lograr soluciones, y que esta vez, se cumplan.

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Nuevo gobierno: tiempos de ordenar y limpiar

Aunque siempre el triunfo de Sebastián Piñera fue interpretado como el término de un ciclo político y el comienzo de una nueva etapa, hasta ahora jamás se pudo visualizar la extensión y profundidad del proceso de reconstrucción. El terremoto, el inmediato tsunami y los posteriores saqueos confirmaron que no todas las instituciones funcionan correctamente en nuestro país. Se desencadena entonces la necesaria etapa de evaluación y redefinición que corresponderá al próximo gobierno. Ahora, el anuncio de un “gobierno de unidad” cobra mayor sentido que nunca, barriendo con todas las objeciones iniciales.

En este largo y doloroso proceso, será fundamental que el nuevo gobierno revise cuidadosamente el desempeño de cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas, involucradas en esta emergencia. De partida, la aparente superioridad que creíamos tener en el manejo de catástrofes -después de todos los elogios internacionales recibidos por la ayuda chilena en Haití- quedó absolutamente desvirtuada. Tal como dijo Tomás Mosciatti en CNN Chile, “fuimos mucho más rápidos para ir a Haití que para ir a Concepción”.

Después del sismo, los chilenos tuvimos que comenzar a ordenar el caos producido en nuestros hogares y lugares de trabajo. Al igual que esta gran mayoría, el próximo gobierno deberá ordenar y reconstruir el país. El 11 de marzo las necesidades básicas debieran estar ya cubiertas y el nuevo mandatario enfrentará un escenario de shock, dolor y desolación, que será necesario superar para levantar de nuevo el país.

La inexistencia de avisos oportunos, la ausencia de información fidedigna y la falta de conectividad, además de la descoordinación en las entregas, hicieron perder credibilidad a las autoridades. La capacidad de reacción gubernamental fue ampliamente superada por la de los medios, quienes cumplieron impecablemente su función entregando la información necesaria y desmintiendo cualquier justificación de no efectividad. Este terremoto demostró una pobre capacidad de gestión gubernamental cuando el Gobierno no cuenta con la planificación de sus asesores comunicacionales.

Emblemática resulta la polémica surgida entre la Armada y la Onemi acerca de la oportunidad y claridad del aviso del maremoto, ya que más adelante se necesitará definir las responsabilidades de todas las instituciones involucradas. A su vez, el conjunto de declaraciones emitidas por la Ministra de Vivienda, alcaldes de Ñuñoa, Concepción y Santiago, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y ejecutivos de empresas constructoras refleja el poco control real que existe sobre algunas actividades en el ámbito privado. Aún más, los anuncios de entrega de ayuda fueron desmentidos por residentes en las comunas más aisladas, las señales de calma y seguridad refutadas por imágenes de saqueos y delincuencia y el estado de suministro eléctrico rechazado por los alcaldes. Más que una caza de brujas, se trata de identificar procedimientos ineficaces y decisiones erradas -que definitivamente no cumplieron sus objetivos- para evitar que vuelvan a repetirse en el futuro.

Fueron muchos los compatriotas que perdieron seres queridos, hogares, puestos de trabajo y enseres, reforzando una sensación de vulnerabilidad ante una naturaleza todopoderosa e inclemente. Un profundo dolor colectivo surgió en todo el país conmovido ante las impensadas consecuencias, en especial en las regiones del Libertador Bernardo O’higgins, Maule y Bío Bío.

En general, el Presidente Piñera deberá revisar y readecuar su programa de gobierno ante estas nuevas necesidades. Entre ellas, las carteras de Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda, Salud, Obras Públicas, Educación y muchas otras más enfrentarán desafíos prioritarios inexistentes al momento de las campañas presidenciales.

Al igual que muchos chilenos con los enseres en sus hogares, el próximo Gobierno deberá revisar las instituciones estatales, -incluso recoger algunas-, y luego clasificarlas entre las que se mantienen intactas, las que requieren reparaciones o bien las que sencillamente ya no tienen arreglo. Desde ya, se visualiza un importante deterioro en la credibilidad de ciertas entidades, al constatar la ciudadanía que muchos de los ofrecimientos iniciales de ayuda quedaron sólo en mediáticas declaraciones, sin que se convirtieran en realidad.

Por eso, el Poder Ejecutivo deberá reconstituir la credibilidad de sus autoridades, además de todo el complejo y costoso proceso de reconstrucción del país. Para esto, será fundamental la identificación de procedimientos ineficientes y de decisiones erradas, tanto en el sector público como en la empresa privada. Todavía existe en Chile cierta impunidad, en especial en aquellas situaciones que involucran simultáneamente a varios actores y, que por lo tanto, dificulta la asignación de responsabilidades.
Casos como Mop -Gate, Conadi, Chiledeportes, Conadi, Cees, Efe, Enap, Registro Civil , aviones Mirage, Ministerio de Cultura, Sename, Subdere, Hospital de Talca, Hospital de Iquique, Hospital Félix Bulnes, entre otros, consagran la impunidad de la administración estatal en nuestro país.

Como una señal de cambio del próximo gobierno, las responsabilidades debieran hacerse efectivas, impidiendo que se diluyan en el tiempo. Para esto, deberán investigarse en profundidad todos los hechos, informar el proceso y los resultados a la opinión pública y aplicar con rigor la legislación vigente. Sólo de esta forma se podrá dar una señal que comienza una nueva forma de gobernar.

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La profesionalización de la derecha

Hasta ahora, los únicos cupos oficiales posibles para la derecha se centraban en el Congreso. Desde hace 20 años, todos los políticos de oposición, independiente de sus preferencias y competencias, inevitablemente buscaron algún cargo de elección popular en el Senado o en la Cámara de Diputados que consolidara su trayectoria política. Era un paso obligatorio en la Alianza. La gran mayoría de ellos lo hizo a través de los partidos, aceptando y asumiendo las mecánicas internas en las designaciones de candidatos para cada cupo. Es así que a fines del año pasado surgió toda una polémica respecto a un eventual límite de reelección parlamentaria ante la permanencia de varios senadores y diputados que cumplen la misma función desde el restablecimiento de la democracia, en 1990.

Sin tomar en cuenta las preferencias, habilidades o motivaciones de cada postulante, la labor legislativa se convirtió en unas de las pocas plataformas que permitía y aseguraba la visibilidad necesaria para hacer una carrera política. De ahí que inmediatamente después del triunfo del Presidente electo Sebastián Piñera, varios miembros del Poder Legislativo manifestaron su disponibilidad para dejar el Congreso y asumir un eventual cargo en algún ministerio. Es probable que estos puestos tengan mayor figuración, concreción y significación ante la opinión pública que una representación parlamentaria, muchas veces con resultados individuales difusos y poco identificables. Sin embargo, el nuevo gobierno optó por dejar este criticado mecanismo -que autoriza nuestra normativa- sólo para casos excepcionales.

Ahora, con la próxima asunción de Sebastián Piñera, los recientes nombramientos de ministros y subsecretarios de su gabinete confirman la creación de espacios políticos adicionales, los que permiten la aparición de nuevas figuras y apaciguan de alguna manera el clamor general de la ciudadanía respecto a la necesidad de renovación política. No solamente se produce el esperado recambio generacional, sino que también modificará la forma de hacer las cosas, con estilos, contenidos y caras nuevas, corroborando la culminación de un ciclo político y el comienzo de uno nuevo.

Más aún, estos nuevos personeros -que cuentan con una formación técnica de excelencia y que no necesariamente provienen de militancias políticas- permiten visualizar una administración centrada en resolver los problemas del chileno común y corriente. Probablemente el debate público se intensifique con la aparición de temas vanguardistas ignorados por la clase política tradicional. Además, la inmensa mayoría de ciudadanos independientes puede sentirse representada por el gran número de ministros y subsecretarios no militantes de partidos políticos, que confirman que la pertenencia a alguno de ellos ya no es obligatoria para desarrollar una carrera en el servicio público.

Esta nueva dinámica provocará grandes e inevitables transformaciones en las cúpulas de nuestro país. De partida, un sistema que hace presumir que se harán efectivas las responsabilidades políticas de acuerdo a evaluaciones de desempeños individuales, impedirá que los partidos políticos se desgasten intentando disimular o atenuar los fracasos de los miembros del Poder Ejecutivo. Por otra parte, la implementación de la inscripción automática y el voto voluntario -con el consiguiente cambio del padrón electoral- , la aparición de nuevos canales de empoderamiento político y la revalorización de la formación académica y de la experiencia técnica en el servicio público, obligarán a los dos grandes conglomerados a redefinirse.

Tanto la Coalición por el Cambio como la Concertación han experimentado profundos cambios en estos últimos tres meses. La dictación de una nueva Ley de Partidos Políticos sería de una gran ayuda para democratizar todas las colectividades políticas, acercarlas a la ciudadanía y hacerlas recuperar su perdido prestigio. Podría ser una oportunidad única para reencantar a las nuevas generaciones e integrar personas preparadas profesional y éticamente a los partidos, consolidando y legitimando el rol de éstos en la vida pública.

En el conglomerado hasta ahora oficialista, la derrota en la elección presidencial de alguna manera debilitó a las actuales directivas, desencadenando un profundo proceso de reflexión y de redefinición de su identidad. Por su parte, de ahora en adelante - y frente a futuros escenarios de alternancia política- los políticos que integran la Coalición por el Cambio deberán profesionalizarse, escogiendo cuidadosamente sus especializaciones políticas y diferenciando claramente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los conocimientos, habilidades y actitudes para uno ya no necesariamente serán las mismas que para el otro y el ciudadano chileno comenzará a exigir resultados en los dos ámbitos.

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Concertación: la exclusión comienza por casa

El anuncio de Sebastián Piñera de convocar en su próximo gobierno a los mejores - entre los que se incluirían figuras de la Concertación y de otros sectores que no apoyaron su candidatura-, ha generado toda una controversia. La invitación a buscar acuerdos y consensos en los grandes temas ha provocado cierta desconfianza en la dirigencia del hasta ahora conglomerado oficialista, desatando inmediatas reacciones que parecen más bien dirigidas a mantener -o recuperar- el poder que a procurar el bien del país.

En una etapa en que se consolidan los liderazgos que dirigirán la futura oposición, la visibilidad que tendría un ministro concertacionista en el próximo gabinete representaría una amenaza para las actuales y futuras próximas directivas. Las pugnas internas, la búsqueda de las causas de la derrota electoral y el clamor ciudadano de renovación política ya establecen de por si un difícil escenario dentro de los partidos oficialistas. La aparición de nuevos liderazgos sólo produciría un mayor desorden, creando nuevas facciones y debilitando las próximas autoridades partidarias, en especial si se trata de personeros que encarnan posturas más moderadas, demuestran resultados más eficientes y se manejan con mayor flexibilidad en la arena política.

Por eso, son los presidentes de los partidos de la Concertación quienes se oponen a que integrantes de sus filas se sumen al nuevo gobierno, sin siquiera haberlo consultado con sus bases. Aún más, al ser tan pocos los chilenos que militan en partidos políticos, su opinión debiera ser escuchada con mayor razón. El no escucharlos representa una vez más la resistencia a alterar las viejas prácticas políticas y desestimar las peticiones ciudadanas, perdiendo además una gran oportunidad para enriquecer el debate público.

Precisamente todas estas malas prácticas -en que se privilegian los intereses partidistas por sobre el desarrollo del país- fueron castigadas en la última elección presidencial. La creciente incapacidad de la Concertación para renovar contenidos y procedimientos en torno a un proyecto de futuro, sumada a la escasa participación ciudadana, las decisiones autocráticas y los mecanismos poco representativos, hicieron que una mayoría social -antes que política- optara por el cambio.

Tal como señala Marcelo Contreras, Director de la Revista de la Fundación Chile 21, en su artículo “La elección presidencial inaugura un nuevo ciclo político en el país” (publicado en el medio digital Bitácora), él analiza las causas del agotamiento de la coalición oficialista y, dentro de ellas destaca una, asociada a la gestión política. “A la forma de pensar y hacer la política, centrada básicamente en la administración y la lucha por el poder antes que en la deliberación política, la interacción con la sociedad y los esfuerzos por representar las nuevas demandas ciudadanas”, concluye el periodista.

Confirmando esta idea, en la reciente carta de navegación para el conglomerado, “La Concertación Ciudadana”- redactada por cuatro dirigentes: Carolina Tohá, Ricardo Lagos Weber, Óscar Landerretche y Claudio Orrego-, sus autores señalan que “las soluciones las tenemos que encontrar en forma colectiva, participativa e inclusiva, y esto requiere de una reforma política profunda de nuestra coalición”. Pero de acuerdo a los últimos dichos de las cúpulas de sus partidos, pareciera que lo que es bueno para la Concertación no lo es para el país en general.

Por otra parte, el ex Presidente Ricardo Lagos señaló que quienes acepten alguna oferta del nuevo gobierno “dejan de ser concertacionistas”, provocando una polémica con Jorge Schaulsohn, quien recordó que el ex mandatario en su gobierno iba a nombrar ministro a Andrés Allamand.

A su vez, el consejo nacional de la DC adoptó una resolución formal que despoja de la militancia a quienes asuman cargos de confianza política en el próximo gobierno, como ministros, subsecretarios, gobernadores, intendentes y seremis. Sin embargo, la decisión parece no representar a todos los militantes, ya que Mariana Aylwin calificó la sanción como una norma que en nada aporta al rol de oposición de la DC.

Cierta sorpresa provocó también la petición que hizo el Presidente electo a Juan Gabriel Valdés de mantenerse en el cargo de representante especial de la Presidencia en Haití. Por esta razón, el ex ministro de Relaciones Exteriores aclaró de inmediato: "sólo una enorme pequeñez puede confundir el rol humanitario y no remunerado que implica mi función en Haití -y que continuaré por un período circunstancial- con un cargo político en el futuro gobierno”.

Por último, el amplio rechazo expresado por los dirigentes de los partidos concertacionistas respecto a reeditar la política de los acuerdos durante el próximo gobierno augura una polarización política en el próximo período, que es justamente lo que reprueba la ciudadanía. En este momento en que se reorganiza la futura oposición, se espera una fiscalización firme pero constructiva, que sea capaz de defender los avances sociales logrados, pero también de luchar en forma conjunta por el desarrollo de nuestro país.

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Franja electoral de Frei: renovación fallida

Después del terremoto experimentado por la Concertación con las renuncias de José Antonio Gómez, presidente del PRSD y Pepe Auth, presidente del PPPD, y el rechazo a hacerlo de Juan Carlos Latorre, presidente del PDC y Camilo Escalona, presidente del PS, el mensaje de renovación política cobró aún mayor trascendencia. Si el objetivo es captar votos de Marco Enríquez-Ominami y de los indecisos, el discurso de recambio del candidato Frei en su primer capítulo de la franja electoral tenía que ser impecable.

Sin embargo, tras un logrado primer segmento sobre las futuras generaciones, la segunda sección se convierte en todo un contrasentido. Los tres voceros seleccionados para hablar de renovación política representan a la perfección la autopoiesis (sistema que opera clausuradamente en su autoproducción de componentes) que se produce actualmente en nuestra clase política. Hace décadas atrás, los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela definieron la autopoiesis como una condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de si mismos, situación que los chilenos hemos presenciado constantemente en la política de nuestro país.

Sin perjuicio de las brillantes carreras, la selección de los voceros de la franja televisiva pareciera haber sido hecha en un casting de representantes de las dinastías de la elite política chilena, debilitándolos como símbolos de un discurso de recambio.

Ricardo Lagos Weber: senador electo por la V Región Costa, es hijo del ex Presidente Lagos. Se desempeñó como Director de asuntos Económicos Multilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de RR.EE. hasta abril de 2005. Fue negociador alterno en el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y el año 2004 tuvo bajo su responsabilidad la realización de la Cumbre APEC-Chile. En 1995, fue Asesor del Ministro de Hacienda y miembro del Equipo Negociador del Acuerdo de Libre Comercio Chile-Canadá.

El brillante político expone claramente en la franja electoral de Frei: "Eso es lo que está en juego hoy. Eso es lo que yo y muchos de ustedes escuchamos ese 13 de diciembre: una forma y una demanda por renovar la política... Son prácticas de hacer las cosas distintas... Eduardo Frei ha escuchado a los chilenos: por eso su propuesta es concreta para renovar la política".

Claudio Orrego Larraín: alcalde de la comuna de Peñalolén, catalogado como uno de los "príncipes" de la DC. Es hijo de Claudio orrego Vicuña, estrecho colaborador del ex Presidente Frei Montalva, y de Valentina Larraín Bunster, ex secretaria del ex Presidente Aylwin. En el 2000 fue biministro de Vivienda y Bienes Nacionales del ex Presidente Lagos, y entre 1996 y 2000, concejal por Peñalolén.

El premiado alcalde -mejor edil 2007 (Radio Agricultura) y 2008 (La Segunda)- señala en la sección: "Chile ha cambiado todo, menos la política. Por eso, la gente nos exige renovación. La gente sabe que queremos y hemos hecho carne la nueva política que el país nos pide a gritos".

Carolina Tohá Morales: ex Ministra Secretaria General de la Presidenta Bachelet y con anterioridad subsecretaria del mismo ministerio del ex Presidente Lagos. El 14 de diciembre dejó su cargo para apoyar el comando del senador Frei. En marzo del año pasado, había renunciado como diputada del distrito 22 para integrarse al gabinete del actual gobierno. Casada con el senador electo por la I Región, Fulvio Rossi, es hija de José Tohá, ministro del ex presidente Allende y de Moy de Tohá, agregada cultural en México y embajadora en Honduras y El Salvador durante los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Sobrina de Jaime Tohá, actual intendente de la Región del Bío Bío y durante el gobierno de Ricardo Lagos, ex embajador de Cuba en este gobierno, ministro de Obras Públicas del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle, de Economía del ex Presidente Aylwin y de Agricultura del ex Presidente Allende.

La ex ministra declara en la franja: "Y nosotros estamos aquí para hacernos cargo de eso, para hacer una política en que hablemos con sinceridad, en que no haya más espacio para los "pitutos"... Mi compromiso es porque la renovación en la política deje de ser un discurso y pase a ser una realidad".

En su sitio web, el candidato Frei aparece acompañado también por Ximena Rincón González. Senadora electa por la Región de Maule Sur, con anterioridad fue vicepresidenta del Partido Demócrata Cristiano, intendenta de la Región Metropolitana, superintendenta de Seguridad Social durante el gobierno del ex Presidente Lagos y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación para la promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) entre 1998 2000, durante el mandato del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle. Casada con el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, es hermana del diputado electo por el distrito 33, Ricardo Rincón.

A pesar de que estos voceros representan una importante reforma generacional, su designación para hablar de recambio político sólo avala los reclamos ciudadanos acerca del nepotismo de nuestra clase dirigente, tal como lo denunció certeramente Patricio Navia en su columna "La gran familia concertacionista" el 2007. Al menos en esta franja, hubiera sido deseabla que el discurso de renovación política fuera entregado por personeros que no pertenecieran ni simbolizaran a las dinastías políticas de nuestro país.

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Un fideicomiso torpe e ineficiente

Después de más de un año con urgencias simples en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley sobre fideicomiso ciego presentado por el Ejecutivo terminó su primer trámite constitucional. La Moneda defendió su decisión de darle suma urgencia a esta iniciativa legal y descartó que fuera una maniobra para complicar a Sebastián Piñera.

Tras un infructuoso proyecto presentado en 2005 por el gobierno del ex Presidente Lagos y de un todavía pendiente anteproyecto diseñado por los diputados Chahuán, Enríquez-Ominami, Escobar y Valenzuela (boletín 5282-07), el gobierno de la Presidenta Bachelet ingresó esta iniciativa el 11 de junio de 2008.

Este proyecto propone que las autoridades deberán constituir un Mandato Especial de Administración Ciega de Patrimonio (MACPA) cuando el total de sus bienes exceda las 470.000 Unidades de Fomento. En consecuencia, sólo las personas con fortunas superiores a los $ 9.800 millones estarán obligadas a establecer un fideicomiso ciego. De esta forma, un Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores, Diputados y Consejeros del Banco Central cuyos peculios no alcancen ese valor no necesitarán constituirlo, quedando sujetos sólo al cumplimiento voluntario de esta medida de transparencia.

El controvertido monto permite sospechar en forma legítima que se trata de una ley hecha con nombre y apellido. Sin embargo, este proyecto es totalmente ineficiente en el caso de otras futuras autoridades, en que también será conveniente apartar la política de los negocios. De acuerdo a lo expresado por la Presidenta Bachelet, los chilenos tenemos claro que estas dos actividades deben estar absolutamente separadas, independiente de los montos de los patrimonios de las autoridades. Más aún si se toma en cuenta que la última encuesta CEP refleja una baja confianza ciudadana en algunas instituciones: gobierno (56%), municipalidades (38%), Congreso (26%), tribunales de justicia (21%) y partidos políticos (13%).

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que el PIB per cápita chileno medido por Paridad de Compra (PPC) llegará en el 2010 a US$ 14.299 por persona, esto es, un monto cercano a los $ 600.000 mensuales. Con esa renta promedio, para la gran mayoría de los chilenos -y también sus autoridades- resultará extremadamente difícil acceder a esos montos, quedando la gran mayoría exenta de la obligación de constituir un fideicomiso ciego.

Como referencia, cuando asumió la Presidenta Bachelet, ella declaró un patrimonio de $ 184.749.260 ante la Contraloría General de la República. Si el actual proyecto de ley hubiese estado vigente, le hubieran faltado $ 9.616 millones para estar obligada a constituir este mecanismo de transparencia y lo mismo hubiese ocurrido con cualquier otra autoridad.

De acuerdo a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos a través de la Ley de Transparencia, sólo 1.329.297 personas pagaron impuesto a la renta en Chile en el 2008. Este tributo es pagado por menos del 10% de la población y se realiza bajo la modalidad de segunda categoría o de global complementario. De este bajo porcentaje, un exiguo 1,27% está en el tramo del 40%, correspondiente a ingresos superiores a 5,5 millones mensuales o más. Aún con esa considerable entrada mensual, se necesitarían 148 años de trabajo para construir un patrimonio de $ 9.800 millones.

Por otra parte, según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos -publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas en octubre de 2009-, la distribución del ingreso de los hogares ha tenido entre los años 2001 y 2008 un coeficiente de Gini en torno al 40% (en que el valor cero indica perfecta igualdad y el valor 100 perfecta desigualdad), reflejando una gran disparidad.

En consecuencia, nuestro ingreso promedio y su desigual distribución hacen extremadamente poco probable que se reúnan las condiciones necesarias para exigirle a una autoridad la constitución de un fideicomiso ciego. Las grandes posibilidades de conflicto entre el interés particular de quienes ejercen un cargo público y el interés general de La Nación fundamentan la generalidad de esta medida para regular la clase política. Sin embargo, se convertirá en una norma excepcional en la práctica, al producir efectos en una sola persona.

La precipitada, y a la vez atrasada medida, sólo refleja una improvisación legislativa que busca privilegiar efectos electorales a corto plazo por sobre transparentar la política en el tiempo. Esto sólo acrecienta la desconfianza que la ciudadanía siente hacia la clase política, en especial cuando se trata de su auto regulación. Si este proyecto de ley es aprobado, se convertirá en letra muerta una vez terminada la segunda vuelta de esta elección presidencial, impidiendo transparentar nuestra ya tan desprestigiada política.

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