sábado, 31 de diciembre de 2011

CEP: El gran fracaso del gobierno



La última encuesta CEP constituyó un duro golpe para el Gobierno. Sin duda se trata del peor fracaso político en los últimos 100 años, con excepción del gobierno de Salvador Allende. Porque no cabe duda que el Ejecutivo hizo un gran esfuerzo para mejorar su aprobación en este último semestre. Pero al terminar el año, los demoledores resultados borran en la percepción de la opinión pública cualquier mejora experimentada en otras encuestas anteriores: no sólo constituye la más baja aprobación desde el retorno a la democracia, sino que evidencia un retroceso en todos los atributos presidenciales e incluso aumenta (al 60%) la desaprobación a la forma en que mandatario y equipo económico manejan la economía -supuesta fortaleza de esta administración-, apodada hoy el "gobierno de los empresarios".




¿Cómo este inicial “gobierno de los mejores” no ha sido capaz de captar la simpatía de la ciudadanía chilena? ¿En qué ha fallado sistemáticamente para no poder lograr algo de benevolencia de parte de la opinión pública? ¿De qué han servido sus obras concretas: eliminación del 7% de salud para los adultos mayores, promulgación del nuevo postnatal, creación de 545.080 mil nuevos puestos de trabajo, fin de listas de espera Auge en hospitales, aprobación ley de inscripción automática y voto voluntario o implementación del Sernac Financiero? ¿A cuánto hubieran llegado los índices de desaprobación sin estas medidas? ¿O definitivamente no provocaron ningún efecto? En este último caso, ¿por falta de relevancia o por mala comunicación?




Como consecuencia de la pérdida de capital reputacional del gobierno, hoy ya nadie -o sólo algunos pocos fanáticos- lo elogia o defiende. Pocos creen en sus discursos y todo anuncio sólo genera escepticismo o abierta incredulidad. Siempre irrumpe el concepto de “la letra chica”, brillantemente instalado y rentabilizado por la oposición. Hasta ahora, la mayor falencia de este gobierno ha sido la incapacidad para lograr el compromiso de las audiencias. Respecto a un eventual apoyo o una tibia defensa de la opinión pública, además de mal visto, es objeto de bullying comunicacional de inmediato, y conlleva altos costos y pocos beneficios para el valiente y arriesgado defensor. ¿Qué pasó con ese 52% que aprobaba al Presidente Piñera en marzo de 2010? ¿Cómo en sólo dos años un equipo gubernamental logra transformarlo en un 62% de desaprobación?



Es que falta mística. Sin duda que se echa de menos ese William Wallace, ese Corazón Valiente que alentaba a sus huestes a luchar por una causa común. Porque a pesar de sus asesores comunicacionales, este gobierno ha sido incapaz de crear un relato que logre enlazar la buena voluntad de todos los chilenos o que despierte algo de fe en esta administración. Quienes sí capitalizan estos proyectos son sus ministros, quienes en forma individual aumentan sus respaldos, sin traspasar nada al Presidente Piñera o gobierno. Tal como lo demostró el sobreexpuesto ministro Longueira, quién, con extraordinaria precisión instaló su relato de lucha contra el abuso y revirtió en poco tiempo sus altos índices de rechazo. Está claro que una buena comunicación jamás podrá ocultar por mucho tiempo una débil gestión -como ya quedó demostrado-; pero una buena gestión jamás podrá brillar sin una buena comunicación.




Hoy ni siquiera todos los jefes de cartera parecen estar comprometidos con la gestión gubernamental. El tiro de gracia fue la renuncia “por motivos personales” de los ministros Bulnes y Galilea. ¿Primera señal de que el barco se hunde y los ratones lo abandonan? ¿O es sólo la constatación del permanente éxodo de funcionarios públicos al sector privado y de la poca capacidad de la administración Piñera para retener talentos?




Los lapidarios resultados de esta encuesta CEP no sólo reflejan un fracaso en las estrategias gubernamentales para captar adhesión ciudadana, sino que también anuncian la anticipación del temido síndrome del pato cojo. Este alto rechazo sumado a un ambiente de fuertes divisiones en partidos políticos, de surgimiento de varios presidenciables en el ejecutivo y de una oposición dispuesta a negar la sal y el agua, permite visualizar desde ya un difícil segundo tiempo presidencial. El conflicto estudiantil, la amenaza de crisis económica mundial y las elecciones municipales -que detonarán todas las pugnas internas partidistas- aumentarán las demandas ciudadanas y dificultarán cualquier intento de revertir índices de desaprobación en un contexto de tardanza del gobierno para escuchar demandas ciudadanas.




¿O este descontento ciudadano se dirige hacia la impactante desigualdad que todavía reina en nuestro país y que el “gobierno de los empresarios” ha asumido gratuitamente? Entonces el legado de reformas de esta administración deberá ser mucho más profundo aún. Para esto se requiere valentía y habilidad para alinear interlocutores tras objetivos comunes. Ojalá no sea demasiado tarde, ya que a pesar de todos los esfuerzos gubernamentales de este último semestre, la desaprobación aumentó significativamente (desde el 53 al 62%). Conclusión: se confirma que seis de cada 10 chilenos rechazan la forma en que Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno.

viernes, 16 de diciembre de 2011

Los que 'no' votaron el reajuste



Fueron 56 votos a favor y 55 en contra. Sólo un voto de diferencia bastó para aprobar el proyecto del Gobierno que reajusta en un 5% las remuneraciones a trabajadores del sector público y concede bonos y aguinaldos (boletín 6087-05). Con total disciplina, la gran mayoría de los diputados se alineó con las posturas de sus conglomerados. O blanco o negro, sin matices, un juego de suma cero, el permanente gallito de fuerza entre gobierno y oposición, independiente del rol que les toque jugar…


¿Algún intento de sujetar remuneraciones del sector público a resultados? ¿Algún debate sobre la necesidad de mantener el estatuto administrativo? ¿Alguna reflexión acerca de la (in)conveniencia de que empleados públicos se rijan por Código del Trabajo, como el resto de los chilenos? ¿Propuestas para que chilenos dejemos de ser víctimas de sus paros, sin perjuicio de la legitimidad de sus demandas? ¿Planteamientos de cómo liberar -o compensar- al usuario víctima de una decisión unilateral del funcionario de un servicio estatal monopólico?


A su vez, ¿propuestas para mejorar las complejas condiciones de trabajo de los empleados públicos? ¿Alguna idea acerca de cómo revertir el sostenido crecimiento de los trabajadores a contrata en los últimos 10 años, haciendo del Estado el peor empleador en Chile? ¿Críticas al silencio cómplice de la Dirección del Trabajo, que calla una situación que no toleraría a un privado? ¿La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio? ¿Alguna fórmula para que los trabajadores estatales puedan negociar colectivamente? ¿Posibilidades de sindicalización en la administración pública?


Nada de nada, salvo un bochornoso y permanente silencio de nuestras autoridades desde el retorno a la democracia. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni la Anef, ni cualquier otro interlocutor se han atrevido a instalar la necesidad de modernizar el aparato estatal, limitándose hasta ahora en proteger sus pequeños intereses particulares. Mejor esconder la mugre debajo de la alfombra y hacer como que no ha pasado nada, hasta que la historia se repita el próximo año. De partida, ya está más que claro que la inamovilidad del funcionario público, ha jugado, juega y seguirá jugando en contra de su estabilidad laboral, provocando un verdadero círculo vicioso. Un beneficio que inicialmente entregó seguridad al sector público, hoy se convierte en un incentivo perverso. Los cuidados del sacristán están matando al señor cura…


En los últimos 10 años, el gasto en remuneraciones del personal a contrata ha aumentado en la planilla de remuneraciones de la administración pública desde el 17, 7% (2000) al 34,5% (2010), independiente del color del gobierno de turno. ¿Se mantendrá esta tendencia hasta que se extingan los últimos viejos dinosaurios que persisten en el sector público? ¿Cuándo será el momento de abordar una reforma estructural que permita la modernización del servicio público que Chile se merece? Es discutible que ellos merezcan estar en una situación laboral mejor que el resto de los chilenos, pero también innegable que no pueden estar peor. ¿Inamovilidad vs estabilidad? Es la gran controversia que nadie se ha atrevido a explorar…


Pero una cosa es la política del avestruz del gobierno de turno y otra cosa es la representatividad de nuestros parlamentarios. El reajuste fiscal es materia de ley todos los años y debe ser votada por nuestros representantes en el Congreso. ¿Por qué 9 diputados no votaron este proyecto? No es que hayan votado a favor o en contra. Simplemente no votaron. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Consideraron que no era un tema importante? ¿Sienten que los funcionarios públicos no votaron por ellos, y por lo tanto, no deben representarlos? ¿Tenían otras prioridades en el momento de la votación? ¿O bien hay intereses ocultos que no convenía explicitar? Si la eterna omisión resulta dolorosa, la irresponsabilidad es inaceptable.


Por eso, conoce la votación del proyecto de ley y averigua quiénes fueron los honorables diputados que NO votaron (ni a favor ni en contra), la lista de asistencia y las causas de sus ausencias:


  • Eduardo Cerda; Valparaíso; PDC; 1990-1994, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Marta Isasi; Tarapacá; IND; 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Carlos Abel Jarpa; Bío Bío; PRSD; 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Fernando Meza, Araucanía; PRSD; 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Andrea Molina; Valparaíso; UDI; 2010-2014; Licencia Médica, pareada.


  • Manuel Monsalve; Bío Bío; PS; 2006-2010; 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Iván Norambuena; Bío Bío; UDI; 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Patricio Vallespín; Los Lagos; PDC; 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia, Pareado.


  • Pedro Velásquez; Coquimbo; IND; 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


¿Quién controla las inasistencias de los diputados? Nadie ¿Quién controla que los diputados no marquen su asistencia y luego se retiren? Nadie. ¿Quién controla que el honorable elegido por mí me represente? ¿Quién controla que sus gárgaras ante las cámaras de televisión se conviertan en votos de proyectos de ley que las respalden? Nadie. Como está más que claro, cero control. Por eso, urgen las reformas políticas, ante una crisis de representatividad cada vez más profunda.



Columna publicada en La Tercera Online

lunes, 7 de noviembre de 2011

El Consejo para la Transparencia que no fue...





El reciente retiro de la nominación de Samuel Donoso (PPD) al Consejo para la Transparencia coloca al organismo en una difícil posición, impidiéndole en la práctica su trabajo de fiscalizador de la transparencia en la gestión estatal. La inicial decisión comunicada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, de no renovar en sus cargos a dos de sus cuatro miembros -su presidente, Raúl Urrutia (RN) y el consejero Juan Pablo Olmedo (afín PPD)- molestó tanto a la Alianza como a la Concertación, desconcertó a toda la opinión pública, pero además inhabilitó al organismo.


De inmediato surgieron los rumores de vendetta política. Aunque siempre se producen tensiones entre Ejecutivo y Consejo para la Transparencia, durante esta administración han sido demasiadas las disputas legales que ha perdido el gobierno de Sebastián Piñera: Fundación Integra por donación de Arjona, negativa del subsecretario Ubilla a publicar correos electrónicos sobre reconstrucción post terremoto, rechazo presupuestario del Ejecutivo para financiar un portal único, cuestionamiento a la permanencia de María Luisa Brahm como consejera en el Sistema de Alta Dirección, exigencia al ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet revelar compra del puente mecano -todavía no cumplida-, además del ingrato episodio vivido por el Presidente cuando era candidato, con motivo de un informe internacional.


Pero aún más sorprendió la presentación al Congreso de los nuevos miembros propuestos por el Presidente Piñera: Samuel Donoso Boassi (PPD) y José María Eyzaguirre García de la Huerta (RN). Desde un principio era evidente que ninguno de los dos lograría la aprobación senatorial necesaria -25 votos, equivalente a los 2/3- para incorporarse como consejero en el organismo. ¿Se trató de un nuevo y torpe autogol del gobierno o de un certero puñalazo por la espalda? Independiente de la intención, su efecto logró desarticular el Consejo para la Transparencia.



Tal como señaló el ex presidente del Consejo, Raúl Urrutia, al dejar su cargo: “es obvio que las funciones del consejo no le van a agradar a ningún gobierno, ni al anterior gobierno, ni a este gobierno, ni a los futuros gobiernos”. Frente a esto, ¿el gobierno no preferiría inmovilizarlo de una vez por todas, deshaciendo de un golpe todo lo avanzado en años en materia de transparencia? ¿Pero cómo justificarlo ante la opinión pública? En un ambiente tan inflamable como el actual, nada mejor que presentar un par de prospectos que genere controversia en todos los frentes…



Al haber terminado el 28 de octubre último el plazo de los dos consejeros salientes, el Consejo actualmente está imposibilitado de operar dado que cuenta sólo con dos integrantes (artículo 40 de la ley N° 20.285 que exige un quórum mínimo de tres consejeros). Actualmente, el organismo está compuesto sólo por su flamante nuevo presidente, Alejandro Ferreiro, y el consejero Jorge Jaraquemada, ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Con qué urgencia serán propuestos dos candidatos VIABLES para completar el cupo del Consejo? ¿O seguiremos con el desfile de candidatos no viables? ¿Y así ad eternum...?



Desde un primer momento, la postulación de Samuel Donoso se veía débil. Su renuncia al PPD -con el objeto de cumplir el requisito de no ejercer funciones partidarias- tampoco mejoró la situación. Cercano al controvertido presidente del Senado, Guido Girardi, no sólo concitó rechazo en la Alianza, sino también en toda la oposición. La negociación del ministro Larroulet con ese interlocutor obviamente no fué suficiente, ya que desde el primer momento Carolina Tohá, Ricardo Lagos Weber y José Antonio Gómez se opusieron a su nominación. Su relación estrecha con el senador Girardi y su participación en los casos Mop-Gate, Inverlink o Publicam siempre permitieron anticipar una evidente confrontación tanto con la izquierda como con la derecha. A su vez, respecto a Eyzaguirre, su rol de defensor del general Pinochet en los casos Riggs y Caravana de la Muerte, tampoco permitía predecir una rápida aprobación de todas las fuerzas democráticas. ¿Faltaron dos dedos de frente en la toma de decisión o fue una jugada magistral para desarticular el Consejo? ¿Simple torpeza de haberlos propuesto o decidida intención de impedir el funcionamiento del Consejo para la Transparencia? Solamente lo podremos saber con el nombramiento de los próximos consejeros propuestos por el Ejecutivo y su prontitud o tardanza en la tramitación ante el Senado.



Creado por la Ley N° 20.285 del 20 de agosto de 2008 durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet e iniciado por moción de los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín, la misión del Consejo para la Transparencia es promover y cooperar en la construcción de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública por parte de las personas. ¿Estará dispuesto este gobierno a permitirlo?



Columna publicada en La Tercera Online

domingo, 16 de octubre de 2011

Indignados: la chacota de los honorables diputados




En más de 951 ciudades del mundo se escuchará hoy el grito de los indignados. Ciudadanos comunes y corrientes se unen para protestar contra la captura de la política por parte de una elite autopoiética. La utilizan para mantener privilegios en perjuicio de los intereses de una gran mayoría que dejaron de representar hace mucho tiempo. Prueba de ello es la chacota de los honorables diputados en su labor parlamentaria, la que tiene un trato preferencial totalmente diferente al de la mayoría de los chilenos. Al no tener ningún control, al estar lejos del escrutinio de la opinión pública, al no existir fiscalización alguna, la impunidad que se produce debilita aún más a nuestra desprestigiada clase política.


De que los diputados están en otra, no cabe duda. Parece que priorizan otras actividades por sobre su función esencial: participar en la elaboración de nuestras leyes. Un ejemplo de ello es lo ocurrido el pasado jueves 11, en que hubo dos sesiones legislativas -una ordinaria (93ª) y una especial (94ª)- en que correspondía votar varios proyectos legislativos. Uno de ellos era el Proyecto de Acuerdo N° 436, en que la Cámara solicita al Ejecutivo fortalecer y modernizar Gendarmería de Chile.


A pesar de la gravedad de la crisis carcelaria en nuestro país -revelada crudamente después del incendio de la cárcel de San Miguel-, en esa sesión legislativa sólo 55 diputados votaron este proyecto. ¿Dónde estaban los 65 restantes? ¿Se convirtió en opcional la responsabilidad legislativa de nuestros congresistas? ¿O es que definitivamente a nuestros representantes ya no asumen como propia el trabajo de elaborar nuestras leyes? Pareciera que privilegian otras actividades más rentables políticamente, desligándose de su principal responsabilidad…


La iniciativa en cuestión solicita al Gobierno presentar a la brevedad un proyecto de ley que fortalezca y modernice Gendarmería de Chile, profesionalizando sus componentes e introduciendo las mejoras necesarias tanto en las condiciones laborales como las compensaciones económicas de su personal. Sin embargo, al no haber cámaras de televisión, ni manifestantes en las graderías ni tampoco cuantiosos intereses económicos involucrados, muchos honorables al parecer prefirieron no desgastarse en votar. ¿Su rechazo fue al voto electrónico o a la espera el hemiciclo hasta que éste se produjera? ¿Qué tan frecuente es todavía la práctica denunciada hace un par de años por el programa Informe Especial: marcar la asistencia al inicio de la sesión para lograr los quórums necesarios, pero luego retirarse del hemiciclo? ¿Qué motivó a que hubiera tan poca participación en la votación de un proyecto elaborado por ellos mismos para recomendar acciones al Ejecutivo en materia carcelaria? A todos los chilenos nos gustaría una explicación...

Ese proyecto se votó en la Sala, con menos del 50% de los sufragios que debiera haber tenido. ¿A qué se debe este incumplimiento laboral? Cualquier chileno que se ausente de sus labores o se niegue a su trabajo se vería en serios problemas. ¿Por qué esta impunidad flagrante? ¿Quién fiscaliza la labor parlamentaria?

De acuerdo al detalle de votación , quiénes NO votaron estando presentes en la sala según la lista de asistencia , fueron los siguientes diputados:


Ver columna publicada en La Tercera Online

sábado, 8 de octubre de 2011

Lobby de CNC, Adimark, Jobs, Exonerados políticos




No quedó títere con cabeza. Hablamos del proyecto de ley que la Cámara Nacional de Comercio le envió al ministro Jorquera (ley saqueo), de los resultados de la última Adimark, algunas sentencias de los tribunales sobre Derecho del Consumidor, del fraude en los exonerados políticos...

Son tantos temas, que una hora se hace corta...

Si quieres ver este capítulo de Tribunal Abierto, transmitido el 6 de octubre de 2011, denunciando el lobby de la Cámara Nacional de Comercio...

El lobby de la CNC que terminó por sepultar la mesa de diálogo



Para un gobierno que se caracteriza por su continúa política de anuncios, la proclamación del proyecto de ley que modifica el Código Penal causó una gran conmoción en la opinión pública, en las redes sociales y en toda la clase política. Pero además fue un potente éxocet dirigido con gran precisión a la mesa de diálogo entre Gobierno y estudiantes, que tanto ha costado instituir.

El proyecto postula modificar el artículo 269 del Código Penal, tipificando nuevas figuras delictuales, como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos. Además, castiga la falta de respeto a policías, regula sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante el actuar "encapuchado".

Independiente de la legitimidad -o ilegitimidad- de las propuestas, la medida no pudo ser más inoportuna. Sintiéndolo como una afrenta personal, los dirigentes estudiantiles condicionaron de inmediato su participación a la mesa de diálogo, entregándoseles en bandeja un pretexto más para negarse a dialogar. ¿En qué estaba pensando el ministro Hinzpeter al presentar este proyecto de ley? ¿Lo consultó con el ministro Bulnes o actuó de manera inconsulta? ¿En qué pie quedó el titular de Educación para seguir negociando con los estudiantes? Al firmar el proyecto de ley de seguridad pública, ¿pudo prever el Presidente Piñera las consecuencias que iba a tener en Educación?

El día 21 de septiembre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Eugenio Jorquiera, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Región Metropolitana, Juan Manuel Pozo y el Gerente de Asuntos Corporativos, Claudio Hohmann, exponían sus puntos de vista, manifestando su inquietud ante los daños ocasionados y haciendo un balance de las pérdidas sufridas en los últimos 30 días.

Pero lo que ignora la opinión pública, es que la Cámara Nacional de Comercio (CNC) además le envió un proyecto de ley al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que pretendía modificar el Código Penal, para sancionar efectivamente los actos de violencia, destrozos a la propiedad pública y privada y ataques a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Aprobado por la unanimidad del Consejo de la CNC y redactado por el abogado y también consejero, Miguel Otero, la iniciativa proponía:

-Tipificar claramente los delitos cometidos contra las Fuerzas de Orden y Seguridad –Carabineros y la PDI– y endurecer las sanciones.

-Tipificar como delito los destrozos o daños materiales a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad y castigar a quienes, con motivo de alteraciones del orden público, ataquen, destruyan o saqueen propiedad fiscal, municipal o particular o se tomen dichas instalaciones impidiendo su normal funcionamiento.

-Eliminar la posibilidad de penar a los infractores sólo a través de multas y establecer la cárcel efectiva como castigo.

-Sancionar efectivamente a quienes injurien u ofendan de hecho o de palabra a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

En relación al concepto de armas, el proyecto de la CNC busca ampliar su definición y que sean calificadas como tal las bombas molotov, ballestas, arcos, hondas y elementos similares, todas ellas herramientas regularmente utilizadas en actos vandálicos con ocasión de marchas y manifestaciones.

Todas estas medidas fueron incorporadas en el proyecto de ley del ministro Hinzpeter, el que prontamente fue enviado al Congreso. Sólo una semana después -el 27 de septiembre-, la iniciativa legal ya estaba ingresada a la Cámara de Diputados, a la que se le agregaron algunos conceptos teóricos de seguridad pública, pero manteniendo los mismos objetivos:

-Modificación del tipo penal de desórdenes públicos.

-Agravación de las penas por delitos de desórdenes públicos cuando se actúa encapuchado o con otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor.

-Fortalecimiento de la protección de la autoridad, incluyendo a las Fuerzas de Orden y Seguridad cuando actúan en el ejercicio de su labor de resguardo del orden público.

-Facilitación de la obtención de los medios de prueba.

Ante esta agresión gratuita e innecesaria, los estudiantes secundarios y de la Confech decidieron retirarse de la mesa de diálogo, tensionando aún más un conflicto que se arrastra por más de cinco meses. La incapacidad de generar acuerdos quedó de partida reflejada en la intransigencia de ambas partes, basadas en motivaciones ideológicas más que pragmáticas, convirtiendo esta discusión en un gallito de fuerza ante la opinión pública. Por eso, la presentación del proyecto Hinzpeter no sólo sorprendió a la opinión pública, sino al mismísimo ministro Bulnes. Pero, además, logró desvirtuar de una plumada la manida declaración de que éste NO es el gobierno de los empresarios. Otro autogol más para la cuenta del Gobierno.

Mayores antecedentes en programa Tribunal Abierto de Canal Stream


Columna publicada en La Tercera Online

sábado, 1 de octubre de 2011

Los relatos paralelos del ministro Longueira



Definitivamente, el ministro Longueira se las trae. No sólo se ha apropiado de temas que tradicionalmente pertenecían a otras carteras -causando ciertas molestias en sus titulares-, sino que también ha logrado convertir en sexy a un ministerio técnico. Con el mismo presupuesto, infraestructura, dotación y atribuciones, no cabe duda que ya no es la misma institución que dirigía Juan Andrés Fontaine.

Con una gran experiencia en construirrelatos”, el ministro Longueira ha sabido darle un nuevo tono al siempre aburrido Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En un ámbito mayormente técnico -y de desastres comunicacionales-, el reciente relato ha logrado incorporar rostros de chilenos comunes y corrientes; desarrollar guiones esperanzadores, pero desafiantes; escoger escenografías que permitan evidenciar la amplitud de gestión; y hacer brillar las fortalezas, tapando al mismo tiempo los puntos obscuros que quitan realce…

No cabe duda que hoy el rol protagónico ha sido asignado al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), convirtiéndose en el brazo armado del ministerio para visibilizarse ante la ciudadanía. Con un relato de justicia divina, el servicio ha ampliado sus alcances reales, dejando de lado su tradicional función reactiva: ahora, sin necesidad de esperar la acumulación de denuncias, el Sernac -representado por su Director Nacional, Juan Antonio Peribonio- comienza a poner orden en esta selva del mercado chilensis. De pronto, salió a la calle a revisar contratos del retail, banca, telecomunicaciones y cajas de compensaciones, obligando a readecuarlos con la única herramienta que posee, pero que maneja a la perfección: la comunicación.

Con sólo un rol de mediador, la gran amenaza del servicio es la publicidad negativa. Necesariamente requiere recurrir a la justicia para aplicar sanciones compensatorias, para imponer cambios a clausulas abusivas o para obtener compensaciones económicas para miles de usuarios. Si, en cambio, pretende cambiar la normativa vigente, está obligado a recurrir al ministerio para que inicie los trámites legislativos o bien a organismos reguladores para que instruyan circulares. Estas escasas facultades logran que prácticamente el consumidor esté en la más absoluta indefensión en casos de denuncia individual de clausulas abusivas en contratos de adhesión, salvo que cuente con el patrocinio del Sernac. ¿En qué momento empezarán a quedarle chicas las facultades de este servicio al ministro Longueira…?

Pero no sólo de pan vive el hombre…Otros servicios, como el Servicio Nacional de Turismo, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) o el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) han sido mucho más discretos en resultados mediáticos. Si antiguamente el Presidente Piñera intentó ponerles metas de visibilidad a sus ministros -ya definitivamente no cumplidas por los ministros Benítez, Ribera, Álvarez, Pérez, Galilea, Moreno, Parot, de Solminihac, Schmidt, Errázuriz y Larroulet- es muy probable que los directores de los servicios dependientes del ministerio de Economía las tengan hoy día.

Por otra parte, la recurrente promesa del futuro Sernac Financiero podría constituirse en otro hito del relato del ministro Longueira. Presentado en agosto 2010 (boletín 7094-03), el proyecto se encuentra en el segundo trámite constitucional, con suma urgencia a partir del 14 de septiembre. La buena nueva no sólo tendrá cobertura en los medios, sino que también sintonizará con el fuerte sentimiento de desprotección que sienten hoy los chilenos frente al abuso. ¿Construyendo la imagen de un padre protector y eficiente para competir con una madre sobreprotectora?

Pero el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción también desarrolla actividades menos glamorosas. Un ejemplo de ellas ha sido la reciente Mesa de Trabajo Pesquero, creada con motivo del próximo vencimiento de la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador. El controvertido acuerdo a que llegó el referido grupo de trabajo -compuesto por representantes del Sector Pesquero Artesanal, Industrial, del Sector Laboral, representante del Sector de las Medianas y Pequeñas Plantas de Proceso, miembros del Consejo Nacional de Pesca y representantes de gobierno - produjo una gran polémica con respecto a las cuotas de pesca, avivada por la agresión del Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, al representante de Pymepes, Alfredo Irarrázaval.

Aparte del fuerte intercambio de acusaciones mutuas de los involucrados, despierta suspicacias un comunicado de prensa del ministerio tan impreciso. Pletórico en bonitas intenciones (reconocer, mantener, respetar, etc…), omite por completo las cuotas de pesca acordadas. Mucho más explícito fue el artículo de La Tercera, titulado “Pesqueras industriales se quedarán con 90% de la cuota del jurel”, en que grafica el grosero reparto de las cuotas pesqueras entre los mismos de siempre, por un período de 20 años y sin licitación. Con el acuerdo cerrado, el gobierno se comprometió dentro de dos meses a enviar un proyecto de ley al Congreso, que legalice esta repartija.

¿Dos discursos paralelos o un doble discurso? ¿Qué influencias actuaron para lograr descartar definitivamente las licitaciones propuestas por el ministro Fontaine? No lo sabemos, pero sí intuimos que a esa gran masa de consumidores -siempre indefensa ante tantos abusos de la concentración económica- le encantaría conocer los argumentos del secretario de Estado para perpetuar las actuales cuotas de pesca de cinco familias chilenas. Pero como bien lo entiende el ministro Longueira, un buen comunicador es siempre esclavo de sus palabras, pero dueño de sus silencios…

Columna publicada en La Tercera Online