El pago de la primera cuota de Larroulet

La desafortunada actuación de Ena Von Baer después del almuerzo en La Moneda del Presidente Piñera con los timoneles de partidos, desconcertó a toda la opinión pública. “Mientras la Concertación está más interesada en temas que le interesan a los políticos, el gobierno cree que la prioridad es mejorar la calidad de vida de los chilenos" remató la Ministra Secretaria General de Gobierno, mientras aún no terminaban de levantar la mesa. Con esto, las ya tantas veces anunciadas reformas políticas se postergaban en forma indefinida, manteniendo el sistema electoral actual e ignorando la grave falta de representatividad que impera en nuestro país. A su vez, la Concertación colaboró también, endureciendo sus críticas al Gobierno y consolidando una total ruptura entre interlocutores.

¿Qué motivó que ocurriera algo así? ¿Cómo es posible que políticos experimentados -de ambos bandos- incurrieran en un error tan infantil? ¿Simple torpeza o manipulación descarada? Al mantenerse el actual sistema político, ¿quién resulta beneficiado?

Pocos días antes y a la vuelta de sus vacaciones en Francia, el Presidente Piñera encontró un enrarecido clima político. Todavía fiel a su antigua reputación de enfrentar situaciones de crisis, el mandatario salió personalmente -con el apoyo de RN- a enfrentar múltiples frentes: UDI, DC, PPD, PS, PRSD, PC y MAS. Como primera medida, el día 7 decidió confirmar su asistencia al consejo directivo de la UDI, de manera de hacer un gesto a esa tienda política. Decisión arriesgada, más aún después de que la bancada gremialista optara por hacer pública una carta firmada por 35 parlamentarios con críticas al gobierno. Al día siguiente, el Jefe de Estado invitó a todos los presidentes de los partidos políticos a un almuerzo en La Moneda para el día 13, con la intención de llegar a un acuerdo para mejorar la política. Y a continuación el día 10 llamó al diputado Pepe Auth para ofrecerle juntarse ese domingo a conversar sobre reformas políticas, cita que nunca se concretó. “El país está bien, pero la política está mal” diría después, mientras se dirigía al Consejo de la UDI, en las Termas de Cauquenes.

Pero, tal como comprobó la opinión pública, los resultados no fueron los esperados. ¿Falló el diseño de la estrategia o bien su implementación? No se sabe, pero fue un evidente fracaso por no existir propuestas concretas. ¿Qué sucedió entonces entre el martes 7 y el lunes 13 como para modificar los temas a tratar? ¿Simple torpeza o cambio en las reglas del juego? Quizás el “tenemos que exigir, no pedir al gobierno” del senador Pablo Longueira, la autocrática designación de vicepresidentes o el anuncio de una nueva etapa, proclamaban un claro cambio de las fuerzas políticas.

Porque desde la candidatura presidencial, el programa de gobierno contemplaba la modernización del Estado (pág. 32) y medidas para más y mejor democracia (pág.109). Aún el 3 de mayo último, el gobierno llamaba a la Concertación a aprobar reformas políticas y reforzar la democracia. En la última Cuenta Pública a la Nación, el mandatario reafirmó como séptimo compromiso de Gobierno “el perfeccionar nuestra democracia, profundizar la regionalización y modernizar el Estado”. El anuncio incluía inscripción automática y voto voluntario, sufragio de chilenos en extranjero, cambio de fechas de segunda vuelta, plebiscitos comunales e iniciativa popular de ley, nueva ley de partidos políticos, ley de primarias voluntarias y vinculantes, elección directa de consejeros regionales, la información gubernamental en un solo portal, perfeccionamiento de declaraciones de patrimonio y fideicomiso ciego.

El día del debatido almuerzo, todos los partidos políticos ya habían comunicado también su intención de incluir las reformas políticas en los temas a tratar. Entonces ¿por qué la vocera fue tan tajante en descartar anuncios de siempre? ¿Existían diferencias tan importantes o sólo fue un libreto mal ejecutado? ¿Qué hizo cambiar de opinión al gobierno en tan poco tiempo?

¿O la UDI hizo prevalecer su privilegio de partido más grande para mantener el actual sistema electoral? ¿Lograría mantener su primera mayoría sin sistema binominal y con primarias? ¿Transó su apoyo parlamentario a la agenda social a cambio de descartar reformas políticas? Es una posibilidad real. Sin embargo, en esta arriesgada apuesta, quedaría claro que su directiva no capta ni comprende el cambio de escenario. Hoy, la ciudadanía también “exige, no pide…", al igual que las instrucciones dadas por el senador Longueira a su partido.Y aunque un eventual intento de los coroneles de intervenir los ejes de la discusión política pudiera tener efecto -contraponer prioridades sociales vs reformas políticas-, la ciudadanía ya aprendió a hacer valer su opinión y clama por una mayor representatividad. Probablemente una fuerte campaña ciudadana se desataría en contra de la directiva UDI.

“Este es un gobierno comprometido con la familia” señaló el día 16 Cristián Larroulet, Ministro Secretario General de la Presidencia, en el lanzamiento del libro “Familia para todos en el Bicentenario”. Agregó que para el actual gobierno, “el desarrollo no se traduce a un cierto ingreso per cápita, sino que se identifica con lo que hemos calificado como una sociedad de oportunidades, seguridades y valores. Y, a la vez, hemos dicho que para nosotros la familia es el pilar de una sociedad de valores”. Este claro y explícito apoyo a las políticas familiares constituye quizás la primera cuota que el titular de la Segpres debe pagar a la UDI, después del cartillazo de las Termas de Cauquenes.

Fantástico: agenda social y reformas políticas Las dos son temas importantes, pero no excluyentes.

¿O acaso el gobierno no es capaz de caminar y mascar chicle?

Columna punlicada en La Tercera Online

¿Gobernar sin partidos políticos? ¡Dios te oiga!

“El gobierno no puede funcionar sin los partidos políticos” declaró el diputado Hasbún en el reciente cónclave UDI, refiriéndose con dureza a la relación existente entre Gobierno y su tienda política. A su vez, el senador Longueira señaló en la misma jornada: “tenemos que exigir, no pedir al Gobierno”, además de anunciar la creación de un consejo resolutivo integrado 18 figuras autodesignadas y con la facultad de fijar las líneas de acción del partido.

No cabe duda que la escasa dirección política del Gobierno ha tensionado fuertemente las relaciones con todos los partidos. Por eso, el Presidente Piñera invitó a los timoneles de la Alianza y Concertación a un almuerzo este lunes. Según agenda oficial, tratarán tres puntos: salud, educación y energía, pero no cabe duda que analizarán también la evidente crisis de la política.

Intranquiliza que el Gobierno no haya sido capaz de anunciar también las reformas políticas tanto tiempo pendientes, de las cuales se ha hablado tanto, pero se ha hecho tan poco: sistema binominal, ley orgánica constitucional de inscripción automática y voto voluntario, descentralización, elección Cores y gobiernos regionales autónomos; reforma ley partidos políticos, primarias abiertas y vinculantes, límite reelección representantes populares; voto de chilenos residentes en extranjero; iniciativa legislativa popular y participación ciudadana.

Sorprende, de partida, porque en dicha cita se reunirá lo más selecto de lo que la ciudadanía rechaza: el 56% desaprueba conducción presidencial y labor del Gobierno, el 65% censura a la Concertación y el 57% a la Coalición por el Cambio. Sólo un magro 23% aprueba al conglomerado de oposición, el 32% al oficialista y un discreto 36% al Gobierno (mayo 2011). Por supuesto que el ver al Jefe de Estado haciendo genuflexiones a los dirigentes de estos grupúsculos -lo más conspicuo de la reprobación chilena- sólo sacará ronchas a la población, acrecentando aún más la desaprobación presidencial.

Por otra parte, ante esta evidente crisis de representatividad de los partidos políticos -hoy sólo representan el transversal rechazo ciudadano-, llama la atención que el Gobierno haya permitido que sus opositores se apropiaran de la bandera de reformas políticas. Hace unos días, los jefes de bancadas de diputados del PS, Alfonso de Urresti; del PPD, Pepe Auth, y del PRSD, Fernando Meza, enviaron una carta al mandatario, ofreciendo respaldo para un acuerdo nacional que permitiera renovar la democracia e impulsar reformas políticas. En la DC, el presidente de ese partido, senador Ignacio Walker, ya anunció en programa televisivo Estado Nacional que plantearía la definición de agenda país con las mencionadas reformas políticas.

¿Qué impidió que el Gobierno impulsara esta agenda? En un clima de tanto rechazo a la clase política, ¿de qué tuvo miedo el Gobierno para omitirla? No cabe duda que toda la ciudadanía le estaría eternamente agradecida al ministro Cristián Larroulet si éste lograra desarticular las estructuras que han amparado la autoperpetuación de los mismos dirigentes. ¿Significaría una confrontación con las dirigencias políticas? Claro, pero siempre hay que romper huevos para hacer tortillas…

El cartillazo realizado por la UDI ya implica un enfrentamiento. Sin embargo, ese partido comienza a ser cuestionado por su reiterada permisividad ante irregularidades cometidas por sus representantes. El retorno en gloria y majestad del ex diputado Julio Dittborn como directivo de la UDI -después de ser sorprendido arrendando viviendas particulares como sedes parlamentarias-; la designación de la diputada Claudia Nogueira como presidenta de la comisión investigadora por caso Kodama -formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco-; el respaldo que tuvo el alcalde Mario Olavarría -formalizado por presunto cohecho y otorgamiento indebido de patente de alcoholes- o el sobreseimiento de la investigación de Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta, sobre la empresa GMA y su ya anunciada próxima candidatura, reflejan un claro debilitamiento de los estándares morales de esa colectividad. Esta tolerancia excesiva convierte este conglomerado en verdaderos fundos administrados por sus propios dueños, sin mucho control y evidenciando la dificultad de renovación política en todos los partidos. Aparece en escena un grave y nuevo problema en política: la falta de legitimidad.

¿De qué es el partido más grande de Chile? No cabe duda, pero beneficiado al igual que las demás tiendas políticas con un protector sistema binominal y con designación de candidatos entre cuatro paredes. ¿Cuánta gente asistió a este último cónclave UDI? ¿50?, ¿80? ¿Las decisiones ahí tomadas representan a sus bases? ¿Y a quienes representa el partido? El importante número de parlamentarios ahora pierde sentido ante la ilegitimidad del proceso de nombramiento de candidatos.

La elección de alcalde en La Florida -fracasada por décimo cuarta vez- evidencia que la política está capturada por las cúpulas partidistas, privilegiando sus propios intereses por los de la ciudadanía. Una de las comunas más pobladas de nuestro país -394.821 habitantes- es hoy rehén de dirigentes de la Concertación y de la Alianza.

El mismo Presidente Piñera reconoció en entrevista en este medio que existe un divorcio entre país y política. La gran demanda de esta época es la participación ciudadana. Él mismo reconoce que ya se relajó el respeto a autoridades, instituciones y procedimientos, ante esta profunda brecha de representatividad. Sólo las reformas políticas antes mencionadas -y tan anunciadas-podrán satisfacer este clamor popular… ¿O será necesario que nosotros también tengamos nuestro propio 15-M?

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El Presidente, la rana y el escorpión

“Lo siento, es mi naturaleza”, le dice el escorpión a la generosa rana, después de clavarle su aguijón y sabiendo ambos de su fin inminente, cuenta la fábula. Uno siempre es lo que es, a pesar de las circunstancias, dice la moraleja.

¿Anuncios o rendición de cuentas de lo realizado? Difícil disyuntiva, ya que no cabe duda que al Jefe de Estado le gusta la espectacularidad de sus anuncios. Pero ¿quién responde por su baja credibilidad presidencial? ¿El propio mandatario, su equipo comunicacional o bien en definitiva el segundo piso? En este ambiente, ¿sería capaz el mandatario de disminuir su superávit de ofertas?

Y lo hizo. A pesar de su ADN, el Presidente Piñera se contuvo e hizo un correcto discurso. Con una buena apertura, hizo referencia a hechos que unieron a muchos chilenos durante el 2010. A su vez, con un cierre dirigido a la unidad, insistió “en cuidar la unidad del país y a nuestras instituciones”.

En el cuerpo de su discurso, se centró en los logros realizados por su administración, con cifras, guarismos e indicadores en los siete compromisos de Gobierno (recuperar la capacidad de crecimiento; crear un millón de empleos; delincuencia, narcotráfico y acceso a la justicia; mejorar la calidad y equidad de la educación; mejorar la calidad y equidad de la salud; erradicar la extrema pobreza y reducir las desigualdades excesivas y perfeccionar la democracia, profundizar la regionalización modernizar el Estado).

Sin embargo, se omitieron algunas menciones a falencias relativas a la reconstrucción post terremoto, al caso Kodama, al AVC o a la eliminación del multirut. Por otra parte, varias referencias provocaron un fuerte debate político sobre la autoría de la idea, olvidando que la ciudadanía exige hoy concretar además de presentar proyectos.

Además de algunos anuncios en Educación, Salud y Economía, la Cuenta Anual se caracterizó por una profunda intervención en la institucionalidad: la creación de la subsecretaría de Derechos Humanos, de la educación Superior, del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Deporte. También el anuncio de las reformas políticas, como la inscripción automática y el voto voluntario, una nueva ley de partidos políticos, la elección directa de los consejeros regionales o el proyecto de primarias voluntarias y vinculantes suenan promesas que no necesariamente se cumplirán. Para esto, el ministro Larroulet tendrá que enfrentar la resistencia oculta de las directivas de los partidos políticos. Las manifestaciones de los últimos días o procesos como el del 15-M en España reflejan los nuevos aires políticos. La posterior trifulca entre parlamentarios oficialistas y de oposición sólo contribuyen a deteriorar la reputación de nuestra clase política.

Hubo varios anuncios que se repitieron: el Sernac Financiero o la seguridad laboral ya estuvieron presente en el la cuenta del año 2010, sin que se hayan implementado aún cambios legislativos. Además, la sospechosa similitud de los carteles de apoyo una vez terminado el discurso tampoco contribuyó a aumentar la credibilidad presidencial.

Por una parte, cifras como el crecimiento económico (Imacec 15,2% en marzo, 7,2% en febrero, 6,7% en enero y 5,7% en 2010) y la creación de empleo (476.320 nuevos empleos 2010 y tasa de desocupación de 7,3% Dic10-Feb11) demuestran una sólida gestión económica. Sin embargo, los bajos índices de aprobación presidencial (49% de desaprobación vs 41% de aprobación) y de los conglomerados políticos (Concertación, 61% de desaprobación vs 26% de aprobación; Coalición por el Cambio, 51% en contra vs 36% a favor) según la última Adimark, más las multitudinarias manifestaciones ciudadanas y la inminente amenaza de un 15-M local, demuestran el clamor ciudadano en contra de una institucionalidad que no le permite participar. El confrontacional entorno en que se presentó motivó incluso la suspensión a última hora de un planificado viaje a Iquique del mandatario.

Se percibió un importante grado de precisión y de detalles técnicos en la presentación, con una atenuación del tono grandilocuente y tan criticado en el mandatario. Sin embargo, resultó insuficiente la estrategia de apostar a un solo acto la reconstrucción de la credibilidad presidencial, quedando pendiente para el resto del año.

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"Asumo la responsabilidad política que me corresponde"

La reciente renuncia de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, implica un importante cambio en los estándares del servicio público. Después de años en que los chilenos nos acostumbramos a que las responsabilidades políticas no se hicieran efectivas, la dimisión de la ex ministra remeció tanto las cúpulas partidistas como la opinión pública. De motu proprio, la ahora ex titular de dicha cartera asumió su responsabilidad política, entregando un “testimonio de integridad, de humildad y de corrección”.

De partida, porque ni siquiera esperó el informe de Contraloría sobre el acuerdo de pago por $ 17 mil millones. Tampoco se escudó en la tipificación de fraude al fisco como delito de resultado (artículo 239 del Código Penal), que exige un perjuicio para consumar la defraudación. No quiso destacar que Kodama tendría que demandar el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, dándole tiempo para anular la transacción. Y definitivamente renunció al certero análisis que hizo Tomás Mosciatti en CNN Chile, sosteniendo que la Concertación debía tener mucho cuidado, ya que una eventual acusación constitucional le podría salir el tiro por la culata.

Ante la frustrada superioridad moral que el gobierno intentó sostener hasta el caso Jacqueline Van Rysselberghe, se desató una vorágine de acusaciones mutuas sobre hechos cometidos en los gobiernos de Pinochet, de la Concertación y de Piñera, muchos de ellos todavía impunes, buscando empatar irregularidades de un bando con las del otro, convirtiéndolo todo en una operación de suma cero.

¿Quién sería capaz de ponerle fin a esta espiral? ¡Magdalena Matte!. La misma que cometió el grave error -¿asesorada por su abogado de confianza, Álvaro Baeza?-de firmar el Decreto Exento (detalles caso Minvu-Kodama, por Fernando Paulsen). La misma que, al percatarse de la gravedad del asunto, puso a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes del caso. La misma, que según declaraciones de su ex asesora legislativa, Carolina Arrau, sabía lo que firmaba cuando autorizó el pago a Kodama. La misma, que al ver el potencial flanco que abría al gobierno, optó por dar un paso al lado, a pesar del total apoyo que le entregaba su conglomerado. La misma, que una vez renunciada, ofreció su ayuda para continuar la investigación en los tribunales ordinarios, en la Contraloría y en la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Con todo esto, al asumir su responsabilidad política, puso en forma definitiva una lápida a la teoría del empate, poniendo fin a años de impunidad. Por esto, se requiere transparentar este caso, responsabilizando a quieres corresponda.

De alguna manera, la renuncia de la ex ministra Matte significó una intervención en los paradigmas de nuestra cultura política, elevando sus estándares. Hace un mes, el discurso de la nueva forma de gobernar quedó desvirtuado con la inicial ratificación presidencial de la entonces intendenta del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, con un alto y evitable costo político para el gobierno. La larga enumeración de irregularidades ocurridas en los gobiernos de la Concertación -intentando justificar la decisión presidencial- sólo sirvió para confirmarle a la ciudadanía la mantención de los mismos vicios políticos.

Por consiguiente, será necesario que se cumpla a cabalidad la declaración del Presidente Piñera: “investigar los hechos hasta las últimas consecuencias”, y que sea la justicia ordinaria quién declare la ilegitimidad del mencionado avenimiento, deje sin efecto el pago de los 17 mil millones a Kodama y castigue a los responsables de la operación. Ésta sería la mejor manera para demostrar el término de la tradicional impunidad en la administración pública. Por otra parte, también constituiría un hito comunicacional -que supliendo la tan mentada falta de relato de esta administración- consolidaría en forma definitiva la confirmación de una nueva forma de gobernar.

Las reacciones de apoyo fueron inmediatas y transversales. El propio ex Presidente Lagos declaraba que la ex ministra Matte “ha dado una lección”. El senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, destacaba su dignidad y sobriedad republicana. Incluso el senador Alejandro Navarro, que interpuso la denuncia en la Contraloría, señalaba:“ella siempre ha actuado de buena fe, ha cometido un error pero que siempre ha manifestado su voluntad a asumir su responsabilidad política”. Hasta las deudoras de Andha Chile -tan agresivas con la ex Presidenta Bachelet-se fueron a despedir al Minvu.

De que ocurren irregularidades, en todos los gobiernos ocurren. La diferencia está en cómo las autoridades reaccionan. Durante años, decenas de casos se acumularon sin que se hicieran efectivas las responsabilidades políticas: Chiledeportes, EFE, MOP-GATE, SII, Cerro Navia, CIMM, Comuna Segura, Gendarmería, Mineduc, Programas de empleo del Ministerio del Trabajo, MOP, PGE, Publicam, Registro Civil, SEC, Consejo de las Américas, Becas Valech, Conadi, Consejo de la Cultura, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Sename, Sercotec o la Universidad de Chile, entre muchos otros. Es más, en muchas oportunidades ni siquiera se asumieron las responsabilidades penales o administrativas.

Con el 69% de conocimiento y el 55% de aprobación en la última encuesta Adimark respecto a la saliente ministra, sería interesante que los próximos estudios de opinión la siguieran contemplando. Porque las circunstancias no dejan de recordarme a otra ex ministra, que también presentó su renuncia pero que no fue aceptada por el ex presidente Lagos. En este trance tan amargo, ¿nace una nueva Bachelet?

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JVR: La gran falencia del Presidente Piñera

Muchos chilenos reconocen y admiran en el Jefe de Estado un rasgo -no medido en encuestas- demostrado durante su vida empresarial: la capacidad de generar grandes negocios. Sin embargo, una falencia se visualiza en su contra: la incapacidad de rentabilizar en aprobación ciudadana una situación política.

Cualquier acontecimiento, proyecto legislativo o improvisación le cuestan caro al Jefe de Estado en términos de opinión pública. Al inicio de su mandato, el 52% de los chilenos aprobaba su gobierno y sólo el 18% lo desaprobaba. Al año, (Mar11), el índice de aprobación ha bajado 10 puntos (42%) y el de desaprobación ha aumentado 31 puntos (49%). ¿Cuáles son las conclusiones de La Moneda ante estos resultados? ¿Responsabilidad del mandatario, de sus asesores políticos o de sus consultores comunicacionales?

Por cierto, sorprende en este Rey Midas el fuerte contraste de su instinto comercial y su capacidad de negociación en el mundo privado con su ineficiente gestión comunicacional en el ámbito público, la que le genera importantes pérdidas en su imagen política. La visita del Presidente Obama, la suspensión de la central termoeléctrica Barrancones, la ampliación del postnatal, el fin del descuento del 7% de salud a los pensionados o cualquier otro hecho, siempre terminan mal evaluados por la opinión pública.

Superada la emergencia inicial del terremoto, al gobierno le ha sido imposible controlar la agenda noticiosa, marcando una gran diferencia con los gobiernos de la Concertación. En ésta administración, la contingencia ha superado con creces los débiles intentos de marcar agenda, diluyendo cualquier logro gubernamental.

Sólo el rescate minero fue bien evaluado. Pero ni la creación de 400 mil empleos ni el crecimiento del 5,2% durante el 2010 han logrado revertir las percepciones negativas originadas por la rebelión magallánica o el escándalo Van Rysselberghe. Aún con tasas de desocupación superiores al 10,0% (2009), o contracción del PIB durante 2009 (-1,5%), la ex Presidenta Bachelet terminó con una aprobación del 81% (Dic2009). En esa magnánima cifra, ¿qué participación tuvo su equipo comunicacional?

La reciente renuncia de la ex intendenta confirmó la incapacidad del actual equipo político-comunicacional, con una difícil situación que terminó en una pérdida absoluta en imagen. En este conflicto, no hubo ganancias -salvo para la oposición, que logró unirse tras un objetivo común-: todo restó. ¿Autogol o hara kiri frustrado?

De partida, para la misma Jacqueline Van Rysselberghe, quién tendrá que hacer un doble esfuerzo para reconstruir su carrera política, tanto a nivel regional como nacional. Luego, para el mandatario, quién al confirmarla en su cargo afectó ante la opinión pública sus dos atributos más débiles: confianza, con el 46% de evaluación positiva versus el 54% negativa; y credibilidad, con el 44% positivo y el 56% negativo (Mar11).

Para la UDI, se consagró la defensa corporativa y la impunidad política, demostrando que todo vale para mantenerse en el poder. La simbólica fecha del aniversario de la muerte de Jaime Guzmán pasó prácticamente desapercibida e impidió destacar con fuerza los valores del fundador del partido. También provocó divisiones internas entre los coroneles, mermando la disciplina que caracteriza ese partido. La renuncia del concejal Patricio Lynch tampoco dejó en buen pie la imagen interna de la directiva del partido, al confirmar la existencia de “favoritos” dentro de la UDI.

Para RN, las relaciones con sus socios de alianza quedaron severamente dañadas. La coalición de gobierno quedó cada vez más alejada del electorado y habrá que ver cómo la ciudadanía la evalúa en las próximas encuestas. Incluso figuras externas como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter -con su elegía a la ex intendenta después de la renuncia- o el diputado Enrique Van Rysselberghe -por su eventual no inhabilitación-, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte o el Subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, salieron perjudicados en este episodio -al ser involucrados en la autorización de la reconstrucción de la población La Aurora de Chile-.

Parece increíble que los equipos asesores todavía no hayan asumido el fin del argumento del empate moral. Lo que fue aceptado durante los gobiernos de la Concertación, hoy ya no lo es. La ciudadanía ha elevado los estándares éticos de la actividad política en este último año y exige su cumplimiento. Y es así como la falta de la ex intendenta -falta menor ante tantos otros casos de presidentes, ministros y parlamentarios que han mentido a sus electores- no quedó impune, a pesar de toda la defensa corporativa.

Pero ante todo, sorprende que el gobierno no le hubiera pedido la renuncia en febrero, pudiendo convertir una fuerte derrota en una gran victoria: se hubiera consagrado la nueva forma de gobernar, minimizado el error de la ex alcaldesa y se podría haber trabajado durante un par de años para fortalecerla. Pero no, se prefirió una arriesgada apuesta, en la que se jugó el todo o el nada. Los resultados están a la vista: peores, imposible…

El gobierno optó por una decisión que dio una fuerte señal, absolutamente contrapuesta a su discurso: el gobierno sigue con los mismos vicios que destronaron a la Concertación, tal como lo expuse el 17 de febrero…además de una torpeza comunicacional inexcusable…

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JVR: Para inventar historias y comer pescados...

Las recientes declaraciones de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe sobre su postergada y eventual acusación constitucional dan mucho que pensar sobre la sempiterna impunidad política que ha existido en nuestro país. “Esa acusación constitucional carece de todo sustento” señala ella, luego de ser acusada de presuntas irregularidades en la gestión de subsidios habitacionales para pobladores no damnificados por el terremoto.

¿Existe base para entablar una acusación constitucional en contra de la imaginativa intendenta? Desde luego que no se le imputan delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión, tal como lo exige el artículo 52 N°2 letra e) de la Constitución Política del Estado. Se le acusa simplemente de vulnerar lo dispuesto en el artículo 8° inciso primero de la Constitución Política del Estado: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar irrestricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.

¿Fue proba la ex alcaldesa? ¿Sí o no? En caso afirmativo, ¿por jactarse de haber engañado al Presidente de la República, por privilegiar a sus regalones o por falsear hechos a sus futuros votantes? ¿O quizás su falta de probidad consistió en haber intentado traspasar su responsabilidad al subsecretario Andrés Iacobelli y a la ministra Magdalena Matte? Irónicamente, ésta en gran medida le debe el aumento de conocimiento que tuvo el último mes, dejando satisfecho incluso hasta el exigente mandatario. En política, nadie sabe para quién trabaja…

Poco importa ya. Es sabido que en Chile no existe -y desde hace años ya- responsabilidad política alguna. Todo Chile vió los polémicos dichos de la funcionaria penquista ante los vecinos de la población La Aurora de Chile, formándose su propia opinión. De la misma manera, toda la ciudadanía observó cómo el Presidente de la República la confirmaba en su cargo, consagrando el principio de "todo vale mientras no constituya delito", consolidando la impunidad política y de paso, afectando gravemente sus propios -y exiguos- atributos de confianza y de credibilidad.

E importa poco, porque el Ejecutivo al desligarse de su tuición administrativa, se la transfirió a la Cámara de Diputados. Y ahí todo -cualquier cosa, mejor dicho-puede suceder: intereses conjuntos, figuras legales ficticias, elusión evidente a la luz pública, contratos simulados y compadrazgos indulgentes interfieren en cualquier intención fiscalizadora. Es más, ni siquiera será necesario esta vez recurrir a la manida figura del esposo de la ex edil. De nuevo, será un duelo de fuerza entre representantes de la Concertación y de la Alianza -recurriendo al PRI como pivote- sin necesariamente buscar resolver el asunto. Cualquier decisión necesariamente será convertida en una victoria pírrica, en desmedro de la ya débil credibilidad de la clase política.

De hecho, prácticamente desapercibido pasó el rechazo de la Cámara al informe de la comisión especial que indagaba las responsabilidades políticas en las millonarias irregularidades detectadas en el Programa Orígenes y en la Conadi. Después de 3 años de trabajo, 2 comisiones investigadoras, miles de apariciones en medios, vehementes acusaciones o defensas, el jueves pasado fue rechazado el informe de la instancia parlamentaria, por 35 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones. Aparte de provocar la molestia del grupo mapuche Choyun Mapu, presente durante la sesión, no ocurrió mucho más. ¿Quién responde por esto? ¿Se definió si hubo irregularidades? ¿Hay alguien que asuma el costo político? ¿Se precisó al menos la eventual responsabilidad del ex ministro José Antonio Viera-Gallo? No, y lo más probable es que el espeso manto de la burocracia se encargará de enterrar el conflicto eficientemente.

Curiosamente, la votación parecía concertada en este caso: todos quienes votaron a favor del informe pertenecen a la Alianza -¿o Coalición por el Cambio?- y todos quienes votaron en bloque en contra del informe pertenecen a la Concertación. Paladines de la justicia como Osvaldo Andrade, Pepe Auth o Felipe Harboe, votaron en contra del informe, perpetuando la tradición de impunidad política. Incluso honrosas se ven las abstenciones de los diputados Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez, Pablo Lorenzini y Guillermo Teiller. Además, fueron 44 los diputados que prefirieron no votar (Accorsi, Aguiló, Alinco, Álvarez-Salamanca, Araya, Arenas, Ascencio, etc…) por razones desconocidas -¿la gira presidencial?-.

Sería de una ingenuidad extraordinaria -pero exquisita a la vez- pretender que la intendenta Van Rysselberghe sea el último político que miente para conseguir sus fines. La postergación de la bullada acusación constitucional permite contrastar el excelente discurso político contra su paupérrima gestión. Pero sorprende aún más nuestra escasa memoria que tenemos como votantes. Hasta ahora hemos sido -¿somos?- rehenes del sistema binominal y voto obligatoria, y nos hemos visto obligados a votar por candidatos designados entre cuatro paredes.

Como consecuencia, el electorado se ha ido distanciando de los partidos políticos. Cada vez más escéptico a las promesas electorales, cada vez más reacio a las pugnas de poder, cada vez más consciente del poder de su voto castigador, se ha ido empoderando día a día, aprendiendo a armarse aunque sea con una cámara, una grabadora … o un simple teléfono celular.

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Campiche: el derrumbe de la superioridad moral

Una inédita polémica se abre con un nuevo cable filtrado por Wikileaks y publicado por Ciper Chile, que involucra directamente al gobierno de la ex Presidenta Bachelet en la aprobación de la central Campiche -proyecto de AES Gener-en la Región de Valparaíso. Dicho documento da cuenta de un fuerte lobby para cambiar la normativa que entonces impidió su construcción, vulnerando todo el discurso y la legislación medioambiental de la mandataria.

Cabe recordar que en junio 2009, la Corte Suprema falló en contra de la autorización dada por la Corema de Valparaíso -por no considerar el tipo de uso del suelo-, confirmando el fallo de la Corte de Apelaciones. Antes, en diciembre 2008, la Contraloría también había rechazado la construcción de la central por considerarla Zona de Restricción Primaria.

Ante esta decisión judicial, el lobby de AES Gener comenzó rápidamente y tuvo como objetivo modificar la normativa vigente, de manera de lograr la aprobación de la central. Para esto, según lo informan cables filtrados por Wikileaks, el entonces embajador de EE.UU., Paul Simons, se contactó con autoridades del gobierno de la ex Presidenta Bachelet: Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior; Marcelo Tokman, ministro de Energía; Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo; Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente ; Álvaro Sapag, director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Jorge Castro, alcalde de Valparaíso y Marcos Robledo, asesor internacional de la mandataria. La ex Presidenta Bachelet habría encargado a la ministra Poblete la resolución del conflicto, quién le habría señalado al embajador norteamericano que “el gobierno solucionaría la situación, recurriendo a un decreto ejecutivo de ser necesario”.

Dicho y hecho, el 31 de diciembre de 2009 el ministerio de Vivienda y Urbanismo dictó el decreto N° 68, que modificó el Plano Regulador de Valparaíso, removiendo el obstáculo que impedía la construcción de la central en un área declarada verde. Sólo 15 días después, Empresa Eléctrica Campiche S.A. y AES Gener S.A. solicitaban a la Comisión Regional del Medio Ambiente aprobar en forma definitiva el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Central Termoeléctrica Campiche”, en base al cambio del Plano Regulador.

Ante los reclamos de la población afectada, en julio de 2010 se conformó en la Cámara de Diputados una comisión especial para la investigación de resoluciones Coremas sobre proyectos energéticos, presidida por el diputado Eugenio Bauer (UDI). Después del transcurso de ocho meses, la comisión todavía no vota una resolución, pero encontrándose presentado el informe final. Por lo mismo, sorprende que el diputado Alfonso de Urresti (PS) -miembro de la comisión investigadora desde su inicio- recién ahora pida la reapertura de la investigación para citar a ex y actuales ministros.

Por otra parte, el año 2009, al terminarse el gobierno de Michelle Bachelet, AES Gener decidió ocupar los servicios del estudio jurídico Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del que era socio en ese entonces el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. De la misma manera, contrató a la empresa lobbista Azerta, de Cristina Bitar, formando el mismo tándem que también logró la aprobación de la central termoeléctrica Castilla.

Estas situaciones descritas en los cables enviados por el embajador estadounidense, Paul Simons, hacen definitivamente perder la confianza en la clase política: evidencian que intereses particulares pueden primar por sobre los colectivos. Por esto, la ciudadanía -en especial los habitantes de Puchuncaví- requiere una explicación de la ex mandataria y espera que las instituciones sean capaces de determinar las formas en que los principios ecológicos fueron violentados y vulnerados.

Por otra parte, la participación del ministro Hinzpeter en muchas decisiones ambientales le crea grandes conflictos de interés con su ex estudio jurídico. De partida, son ya demasiados los rumores sobre presiones a las comisiones de medio ambiente, en especial en estos últimos meses. El que el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, haya sido desde 2002 hasta 2011 el gerente general de Eléctrica Guacolda, filial de AES Gener, tampoco contribuye a transparentar la imagen de la clase política. Esto sólo refuerza los permanentes peligros de la ya famosa puerta giratoria entre gobierno y sector privado, tema al que la clase política se ha negado sistemáticamente a legislar -al igual que la regulación del lobby-.

Las acusaciones hasta ahora se han dirigido en contra de Concejos Municipales, Comisiones Regionales del Medio Ambientes, ex y actuales ministros e incluso hasta la ex mandataria. Tal como señala Tomás Mosciatti en CNN Chile, “el tono maternal de Michelle Bachelet me parece ahora falso y peligroso”. Nos hace recordar que en política, los discursos suelen no concordar con la realidad, como quedó demostrado hace tan poco con la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe. Este actuar tan permanente y sistemático obliga a la ciudadanía a estar más vigilante que nunca. Los resultados de la última encuesta Adimark reflejan los bajos índices de aprobación que vive la clase política: 42% del Presidente, 40% del Gobierno, 33% de la Coalición por el Cambio, 27% de la Concertación, 33% el Senado y 27% la Cámara de Diputados. Pero además de desprestigiar la política, estos lamentables hechos también derrumban en forma definitiva cualquier pretensión de superioridad moral de ambos bandos.

Columna publicada en La Tercera Online