Las recientes declaraciones de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe sobre su postergada y eventual acusación constitucional dan mucho que pensar sobre la sempiterna impunidad política que ha existido en nuestro país. “Esa acusación constitucional carece de todo sustento” señala ella, luego de ser acusada de presuntas irregularidades en la gestión de subsidios habitacionales para pobladores no damnificados por el terremoto.
¿Existe base para entablar una acusación constitucional en contra de la imaginativa intendenta? Desde luego que no se le imputan delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión, tal como lo exige el artículo 52 N°2 letra e) de la Constitución Política del Estado. Se le acusa simplemente de vulnerar lo dispuesto en el artículo 8° inciso primero de la Constitución Política del Estado: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar irrestricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
¿Fue proba la ex alcaldesa? ¿Sí o no? En caso afirmativo, ¿por jactarse de haber engañado al Presidente de la República, por privilegiar a sus regalones o por falsear hechos a sus futuros votantes? ¿O quizás su falta de probidad consistió en haber intentado traspasar su responsabilidad al subsecretario Andrés Iacobelli y a la ministra Magdalena Matte? Irónicamente, ésta en gran medida le debe el aumento de conocimiento que tuvo el último mes, dejando satisfecho incluso hasta el exigente mandatario. En política, nadie sabe para quién trabaja…
Poco importa ya. Es sabido que en Chile no existe -y desde hace años ya- responsabilidad política alguna. Todo Chile vió los polémicos dichos de la funcionaria penquista ante los vecinos de la población La Aurora de Chile, formándose su propia opinión. De la misma manera, toda la ciudadanía observó cómo el Presidente de la República la confirmaba en su cargo, consagrando el principio de "todo vale mientras no constituya delito", consolidando la impunidad política y de paso, afectando gravemente sus propios -y exiguos- atributos de confianza y de credibilidad.
E importa poco, porque el Ejecutivo al desligarse de su tuición administrativa, se la transfirió a la Cámara de Diputados. Y ahí todo -cualquier cosa, mejor dicho-puede suceder: intereses conjuntos, figuras legales ficticias, elusión evidente a la luz pública, contratos simulados y compadrazgos indulgentes interfieren en cualquier intención fiscalizadora. Es más, ni siquiera será necesario esta vez recurrir a la manida figura del esposo de la ex edil. De nuevo, será un duelo de fuerza entre representantes de la Concertación y de la Alianza -recurriendo al PRI como pivote- sin necesariamente buscar resolver el asunto. Cualquier decisión necesariamente será convertida en una victoria pírrica, en desmedro de la ya débil credibilidad de la clase política.
De hecho, prácticamente desapercibido pasó el rechazo de la Cámara al informe de la comisión especial que indagaba las responsabilidades políticas en las millonarias irregularidades detectadas en el Programa Orígenes y en la Conadi. Después de 3 años de trabajo, 2 comisiones investigadoras, miles de apariciones en medios, vehementes acusaciones o defensas, el jueves pasado fue rechazado el informe de la instancia parlamentaria, por 35 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones. Aparte de provocar la molestia del grupo mapuche Choyun Mapu, presente durante la sesión, no ocurrió mucho más. ¿Quién responde por esto? ¿Se definió si hubo irregularidades? ¿Hay alguien que asuma el costo político? ¿Se precisó al menos la eventual responsabilidad del ex ministro José Antonio Viera-Gallo? No, y lo más probable es que el espeso manto de la burocracia se encargará de enterrar el conflicto eficientemente.
Curiosamente, la votación parecía concertada en este caso: todos quienes votaron a favor del informe pertenecen a la Alianza -¿o Coalición por el Cambio?- y todos quienes votaron en bloque en contra del informe pertenecen a la Concertación. Paladines de la justicia como Osvaldo Andrade, Pepe Auth o Felipe Harboe, votaron en contra del informe, perpetuando la tradición de impunidad política. Incluso honrosas se ven las abstenciones de los diputados Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez, Pablo Lorenzini y Guillermo Teiller. Además, fueron 44 los diputados que prefirieron no votar (Accorsi, Aguiló, Alinco, Álvarez-Salamanca, Araya, Arenas, Ascencio, etc…) por razones desconocidas -¿la gira presidencial?-.
Sería de una ingenuidad extraordinaria -pero exquisita a la vez- pretender que la intendenta Van Rysselberghe sea el último político que miente para conseguir sus fines. La postergación de la bullada acusación constitucional permite contrastar el excelente discurso político contra su paupérrima gestión. Pero sorprende aún más nuestra escasa memoria que tenemos como votantes. Hasta ahora hemos sido -¿somos?- rehenes del sistema binominal y voto obligatoria, y nos hemos visto obligados a votar por candidatos designados entre cuatro paredes.
Como consecuencia, el electorado se ha ido distanciando de los partidos políticos. Cada vez más escéptico a las promesas electorales, cada vez más reacio a las pugnas de poder, cada vez más consciente del poder de su voto castigador, se ha ido empoderando día a día, aprendiendo a armarse aunque sea con una cámara, una grabadora … o un simple teléfono celular.
¿Existe base para entablar una acusación constitucional en contra de la imaginativa intendenta? Desde luego que no se le imputan delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión, tal como lo exige el artículo 52 N°2 letra e) de la Constitución Política del Estado. Se le acusa simplemente de vulnerar lo dispuesto en el artículo 8° inciso primero de la Constitución Política del Estado: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar irrestricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
¿Fue proba la ex alcaldesa? ¿Sí o no? En caso afirmativo, ¿por jactarse de haber engañado al Presidente de la República, por privilegiar a sus regalones o por falsear hechos a sus futuros votantes? ¿O quizás su falta de probidad consistió en haber intentado traspasar su responsabilidad al subsecretario Andrés Iacobelli y a la ministra Magdalena Matte? Irónicamente, ésta en gran medida le debe el aumento de conocimiento que tuvo el último mes, dejando satisfecho incluso hasta el exigente mandatario. En política, nadie sabe para quién trabaja…
Poco importa ya. Es sabido que en Chile no existe -y desde hace años ya- responsabilidad política alguna. Todo Chile vió los polémicos dichos de la funcionaria penquista ante los vecinos de la población La Aurora de Chile, formándose su propia opinión. De la misma manera, toda la ciudadanía observó cómo el Presidente de la República la confirmaba en su cargo, consagrando el principio de "todo vale mientras no constituya delito", consolidando la impunidad política y de paso, afectando gravemente sus propios -y exiguos- atributos de confianza y de credibilidad.
E importa poco, porque el Ejecutivo al desligarse de su tuición administrativa, se la transfirió a la Cámara de Diputados. Y ahí todo -cualquier cosa, mejor dicho-puede suceder: intereses conjuntos, figuras legales ficticias, elusión evidente a la luz pública, contratos simulados y compadrazgos indulgentes interfieren en cualquier intención fiscalizadora. Es más, ni siquiera será necesario esta vez recurrir a la manida figura del esposo de la ex edil. De nuevo, será un duelo de fuerza entre representantes de la Concertación y de la Alianza -recurriendo al PRI como pivote- sin necesariamente buscar resolver el asunto. Cualquier decisión necesariamente será convertida en una victoria pírrica, en desmedro de la ya débil credibilidad de la clase política.
De hecho, prácticamente desapercibido pasó el rechazo de la Cámara al informe de la comisión especial que indagaba las responsabilidades políticas en las millonarias irregularidades detectadas en el Programa Orígenes y en la Conadi. Después de 3 años de trabajo, 2 comisiones investigadoras, miles de apariciones en medios, vehementes acusaciones o defensas, el jueves pasado fue rechazado el informe de la instancia parlamentaria, por 35 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones. Aparte de provocar la molestia del grupo mapuche Choyun Mapu, presente durante la sesión, no ocurrió mucho más. ¿Quién responde por esto? ¿Se definió si hubo irregularidades? ¿Hay alguien que asuma el costo político? ¿Se precisó al menos la eventual responsabilidad del ex ministro José Antonio Viera-Gallo? No, y lo más probable es que el espeso manto de la burocracia se encargará de enterrar el conflicto eficientemente.
Curiosamente, la votación parecía concertada en este caso: todos quienes votaron a favor del informe pertenecen a la Alianza -¿o Coalición por el Cambio?- y todos quienes votaron en bloque en contra del informe pertenecen a la Concertación. Paladines de la justicia como Osvaldo Andrade, Pepe Auth o Felipe Harboe, votaron en contra del informe, perpetuando la tradición de impunidad política. Incluso honrosas se ven las abstenciones de los diputados Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez, Pablo Lorenzini y Guillermo Teiller. Además, fueron 44 los diputados que prefirieron no votar (Accorsi, Aguiló, Alinco, Álvarez-Salamanca, Araya, Arenas, Ascencio, etc…) por razones desconocidas -¿la gira presidencial?-.
Sería de una ingenuidad extraordinaria -pero exquisita a la vez- pretender que la intendenta Van Rysselberghe sea el último político que miente para conseguir sus fines. La postergación de la bullada acusación constitucional permite contrastar el excelente discurso político contra su paupérrima gestión. Pero sorprende aún más nuestra escasa memoria que tenemos como votantes. Hasta ahora hemos sido -¿somos?- rehenes del sistema binominal y voto obligatoria, y nos hemos visto obligados a votar por candidatos designados entre cuatro paredes.
Como consecuencia, el electorado se ha ido distanciando de los partidos políticos. Cada vez más escéptico a las promesas electorales, cada vez más reacio a las pugnas de poder, cada vez más consciente del poder de su voto castigador, se ha ido empoderando día a día, aprendiendo a armarse aunque sea con una cámara, una grabadora … o un simple teléfono celular.
Columna publicada en La Tercera Online
