Impresentables me parecen las declaraciones de Víctor Pérez, secretario general de la UDI, acerca de las irregularidades cometidas por la alcaldesa Carolina Plaza e investigadas en un juicio de cuentas por la Contraloría General de la República durante casi un año.
Las observaciones por gastos rechazados en su viaje a Europa y la no justificación de su supuesta invitación de Comuna Net reflejan un inexcusable abuso sobre el uso de los dineros públicos. Aún cuando la Contraloría reconoce que las actuaciones no revisten el carácter de delito, éstas constituyen una importante falta de probidad. Puede que legalmente no estén acreditados los ilícitos, pero los antecedentes dejan en evidencia una culpa grave, que se asimila al dolo.
Las afirmaciones del senador Pérez sólo reflejan una irreflexiva defensa corporativa, que intenta defender lo indefendible. La ciudadanía está cansada de los abusos de poder cometidos por los políticos, independiente de cuál sea su filiación política. La continua falta de de responsabilidad política en nuestro país ha derivado en la consolidación de una total impunidad en este ámbito.
La alcaldesa Plaza fue elegida como representante de la UDI el año 2000, con el 29% de los votos. En el 2004 es reelegida, pero esta vez con el 57,3% de los votos. En el año 2008, después de un fuerte enfrentamiento con Isaac Givovich, yerno de Joaquín Lavín, se retiró de la tienda gremialista acusándola de falta de apoyo en su defensa. Las relaciones se reconstruyeron con su ex partido, cuando logró como independiente ser reelegida con el 58, % de los votos -tanto tienes, tanto vales-. De hecho, muchos de los habitantes de Huechuraba votaron por ella creyendo en sus declaraciones de inocencia.
Con la extraordinaria capacidad comunicacional de la alcaldesa Plaza –fue a entregarle las llaves de su oficina al Contralor de la República en plena investigación-, es probable que intente manejar esta crisis, buscando minimizar sus costos políticos. Por eso, resulta increíble que el mismo partido político que ha asumido la tarea de fiscalizar al Gobierno y a la administración pública, trate de justificar estas irregularidades. Las declaraciones de sus dirigentes gremiales únicamente ayudan a avalar, permitir y consolidar una total impunidad política.
La restitución de los dineros cobrados indebidamente sólo atenúa la falta, pero de ninguna manera exime de responsabilidad política a la funcionaria municipal. En el caso que opte por no renunciar, en los próximos años la alcaldesa Plaza se verá enfrentada a graves problemas de gobernabilidad en la comuna, perjudicando a las miles de personas que votaron por ella.
Pero el daño más grande se verá en la credibilidad del conglomerado aliancista. Incluso más, en un año electoral decisivo, la promesa de cambio podría verse desvirtuada ante esta defensa corporativa. Muchos ciudadanos podríamos concluir que el argumento de la alternancia solamente sirve como discurso para instalar un nuevo Gobierno, pero que en los hechos seguirá siendo “el mismo excremento con distintas moscas”.
Las observaciones por gastos rechazados en su viaje a Europa y la no justificación de su supuesta invitación de Comuna Net reflejan un inexcusable abuso sobre el uso de los dineros públicos. Aún cuando la Contraloría reconoce que las actuaciones no revisten el carácter de delito, éstas constituyen una importante falta de probidad. Puede que legalmente no estén acreditados los ilícitos, pero los antecedentes dejan en evidencia una culpa grave, que se asimila al dolo.
Las afirmaciones del senador Pérez sólo reflejan una irreflexiva defensa corporativa, que intenta defender lo indefendible. La ciudadanía está cansada de los abusos de poder cometidos por los políticos, independiente de cuál sea su filiación política. La continua falta de de responsabilidad política en nuestro país ha derivado en la consolidación de una total impunidad en este ámbito.
La alcaldesa Plaza fue elegida como representante de la UDI el año 2000, con el 29% de los votos. En el 2004 es reelegida, pero esta vez con el 57,3% de los votos. En el año 2008, después de un fuerte enfrentamiento con Isaac Givovich, yerno de Joaquín Lavín, se retiró de la tienda gremialista acusándola de falta de apoyo en su defensa. Las relaciones se reconstruyeron con su ex partido, cuando logró como independiente ser reelegida con el 58, % de los votos -tanto tienes, tanto vales-. De hecho, muchos de los habitantes de Huechuraba votaron por ella creyendo en sus declaraciones de inocencia.
Con la extraordinaria capacidad comunicacional de la alcaldesa Plaza –fue a entregarle las llaves de su oficina al Contralor de la República en plena investigación-, es probable que intente manejar esta crisis, buscando minimizar sus costos políticos. Por eso, resulta increíble que el mismo partido político que ha asumido la tarea de fiscalizar al Gobierno y a la administración pública, trate de justificar estas irregularidades. Las declaraciones de sus dirigentes gremiales únicamente ayudan a avalar, permitir y consolidar una total impunidad política.
La restitución de los dineros cobrados indebidamente sólo atenúa la falta, pero de ninguna manera exime de responsabilidad política a la funcionaria municipal. En el caso que opte por no renunciar, en los próximos años la alcaldesa Plaza se verá enfrentada a graves problemas de gobernabilidad en la comuna, perjudicando a las miles de personas que votaron por ella.
Pero el daño más grande se verá en la credibilidad del conglomerado aliancista. Incluso más, en un año electoral decisivo, la promesa de cambio podría verse desvirtuada ante esta defensa corporativa. Muchos ciudadanos podríamos concluir que el argumento de la alternancia solamente sirve como discurso para instalar un nuevo Gobierno, pero que en los hechos seguirá siendo “el mismo excremento con distintas moscas”.
Artículo publicado en los sitios web http://www.politicastereo.tv/ y http://www.giropais.cl/.
