La impunidad política que existe en nuestro país se encuentra amparada por omisiones de la propia clase dirigente. Malas decisiones, gestiones torpes, influencias turbias, presiones ocultas y hasta defraudaciones ilícitas quedan ocultas tras un manto de silencio de las autoridades, tanto de gobierno como de oposición.
Después de haber celebrado con profusión el rescate minero -incluso en gira presidencial a Europa-, el Gobierno decidió cerrar el tema con un simbólico acto en La Moneda, redirigiendo su agenda hacia nuevos temas como la reconstrucción del terremoto, el presupuesto 2011 o la próxima agenda laboral.
Sin embargo, antes de concluir el capítulo, debiéramos ser capaces de aprender las lecciones derivadas de esta gran tragedia. No cabe duda que la empresa y sus dueños tendrán que responder penal y civilmente por las infracciones e ilícitos cometidos. ¿Pero qué pasa con la responsabilidad gubernamental? ¿Quién y por qué autorizó la reapertura de la mina San José? ¿Qué influencias políticas intervinieron ayer para agitar aguas creando confusión y desorden, con el consiguiente provecho de empresarios? ¿Qué lobby político interviene hoy para aquietarlas, sin que se definan las responsabilidades políticas, administrativas y penales?
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a la Compañía Minera San Esteban con el fin de recuperar los dineros gastados por el fisco de Chile en el rescate de los 33 trabajadores. Hasta ahora, se calcula que el monto adeudado asciende a $5.300 millones, más las facturas de las empresas que colaboraron en el rescate, las que podrían aumentar considerablemente esta cifra. El proceso -radicado en el 16º Juzgado Civil de Santiago-sólo pretende resarcir los gastos en que el Estado incurrió en el rescate. Pero si desde ya se sabe que la minera San Esteban no podrá pagar los finiquitos de sus trabajadores, ¿existirá alguna posibilidad real de recuperar los dineros gastados en el rescate? ¿O esta demanda del CDE es sólo un saludo a la bandera, una simple señal comunicacional?
Asimismo, el 17º Juzgado Civil lleva otro proceso, en el que se propone arrendar la mina San José para evitar la quiebra de la empresa minera, y así pagar a acreedores (entre ellos todos sus trabajadores). En el hipotético caso que se solucionara el problema civil, ¿alguien buscará determinar alguna responsabilidad penal, administrativa o política?
Salvo la ilusa demanda del CDE, ¿hay alguna otra acción que busque investigar las causas de la reapertura de la mina? ¿O el que los 33 mineros hayan sido rescatados con vida extingue cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa o política? ¿Hubiera sido distinto con la muerte de alguno?
De hecho, el Poder Judicial se ha centrado sólo en recuperar los dineros estatales. Por otra parte, los mineros rescatados han anunciado una querella contra la minera San Esteban y el fisco, pero ésta aún no se concreta.
El Poder Ejecutivo parece haber cerrado la agenda del rescate, y se centra ahora en otros temas. El ministro Golborne se enfrenta ahora a las críticas recibidas por el proyecto de ley que flexibiliza exigencias del cierre de faena y administración de desechos tóxicos, centrándose en ese tema y desplazándose la atención de la opinión pública.
El Poder Legislativo, siempre tan prolífico para constituir comisiones investigadoras, ha guardado un discreto -¿sospechoso?- silencio. Ni siquiera los senadores Isabel Allende (PS) y Baldo Prokurica (RN) -ambos tan participativos en el rescate- han emitido alguna declaración que indique siquiera una intención de dilucidar qué pasó con la reapertura de la mina San José, en que indudablemente estuvieron involucradas autoridades de su circunscripción.
Ante la pérdida de credibilidad de las comisiones investigadoras -en que parlamentarios parecen sólo defender posiciones de sus conglomerados- , las hasta ahora acciones judiciales limitadas a resarcir perjuicios y gastos, la rápida decisión del gobierno de enfocarse en otros temas y el absoluto silencio de las autoridades de la Región de Atacama, sólo queda recurrir a la sociedad civil-cada vez más empoderada y autónoma- para que averigüe qué fue lo que pasó en la reapertura de esta mina. ¿Qué influencias administrativas o políticas tuvieron que intervenir para que ésta se reabriera? ¿Fue a nivel regional, o también se tuvo que intervenir a nivel central?
Si la posibilidad de recuperar los $5.300 millones (más gastos de empresas que colaboraron) es remota, significa que una vez más seremos los contribuyentes quienes tendremos que financiar la exitosa operación de rescate. Ok, indudablemente valió la pena y los 16 millones de chilenos lo haríamos nuevamente. Pero, al menos, queremos saber quiénes fueron responsables política, administrativa y penalmente en la reapertura de la mina San José. Y para esto, al parecer, las instituciones no funcionan…
¡¿Será necesario que CNN Chile y Ciper investiguen la reapertura de esta mina y aclaren este tema a la opinión pública, tal como lo hicieron con los relaves mineros?!
Después de haber celebrado con profusión el rescate minero -incluso en gira presidencial a Europa-, el Gobierno decidió cerrar el tema con un simbólico acto en La Moneda, redirigiendo su agenda hacia nuevos temas como la reconstrucción del terremoto, el presupuesto 2011 o la próxima agenda laboral.
Sin embargo, antes de concluir el capítulo, debiéramos ser capaces de aprender las lecciones derivadas de esta gran tragedia. No cabe duda que la empresa y sus dueños tendrán que responder penal y civilmente por las infracciones e ilícitos cometidos. ¿Pero qué pasa con la responsabilidad gubernamental? ¿Quién y por qué autorizó la reapertura de la mina San José? ¿Qué influencias políticas intervinieron ayer para agitar aguas creando confusión y desorden, con el consiguiente provecho de empresarios? ¿Qué lobby político interviene hoy para aquietarlas, sin que se definan las responsabilidades políticas, administrativas y penales?
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a la Compañía Minera San Esteban con el fin de recuperar los dineros gastados por el fisco de Chile en el rescate de los 33 trabajadores. Hasta ahora, se calcula que el monto adeudado asciende a $5.300 millones, más las facturas de las empresas que colaboraron en el rescate, las que podrían aumentar considerablemente esta cifra. El proceso -radicado en el 16º Juzgado Civil de Santiago-sólo pretende resarcir los gastos en que el Estado incurrió en el rescate. Pero si desde ya se sabe que la minera San Esteban no podrá pagar los finiquitos de sus trabajadores, ¿existirá alguna posibilidad real de recuperar los dineros gastados en el rescate? ¿O esta demanda del CDE es sólo un saludo a la bandera, una simple señal comunicacional?
Asimismo, el 17º Juzgado Civil lleva otro proceso, en el que se propone arrendar la mina San José para evitar la quiebra de la empresa minera, y así pagar a acreedores (entre ellos todos sus trabajadores). En el hipotético caso que se solucionara el problema civil, ¿alguien buscará determinar alguna responsabilidad penal, administrativa o política?
Salvo la ilusa demanda del CDE, ¿hay alguna otra acción que busque investigar las causas de la reapertura de la mina? ¿O el que los 33 mineros hayan sido rescatados con vida extingue cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa o política? ¿Hubiera sido distinto con la muerte de alguno?
De hecho, el Poder Judicial se ha centrado sólo en recuperar los dineros estatales. Por otra parte, los mineros rescatados han anunciado una querella contra la minera San Esteban y el fisco, pero ésta aún no se concreta.
El Poder Ejecutivo parece haber cerrado la agenda del rescate, y se centra ahora en otros temas. El ministro Golborne se enfrenta ahora a las críticas recibidas por el proyecto de ley que flexibiliza exigencias del cierre de faena y administración de desechos tóxicos, centrándose en ese tema y desplazándose la atención de la opinión pública.
El Poder Legislativo, siempre tan prolífico para constituir comisiones investigadoras, ha guardado un discreto -¿sospechoso?- silencio. Ni siquiera los senadores Isabel Allende (PS) y Baldo Prokurica (RN) -ambos tan participativos en el rescate- han emitido alguna declaración que indique siquiera una intención de dilucidar qué pasó con la reapertura de la mina San José, en que indudablemente estuvieron involucradas autoridades de su circunscripción.
Ante la pérdida de credibilidad de las comisiones investigadoras -en que parlamentarios parecen sólo defender posiciones de sus conglomerados- , las hasta ahora acciones judiciales limitadas a resarcir perjuicios y gastos, la rápida decisión del gobierno de enfocarse en otros temas y el absoluto silencio de las autoridades de la Región de Atacama, sólo queda recurrir a la sociedad civil-cada vez más empoderada y autónoma- para que averigüe qué fue lo que pasó en la reapertura de esta mina. ¿Qué influencias administrativas o políticas tuvieron que intervenir para que ésta se reabriera? ¿Fue a nivel regional, o también se tuvo que intervenir a nivel central?
Si la posibilidad de recuperar los $5.300 millones (más gastos de empresas que colaboraron) es remota, significa que una vez más seremos los contribuyentes quienes tendremos que financiar la exitosa operación de rescate. Ok, indudablemente valió la pena y los 16 millones de chilenos lo haríamos nuevamente. Pero, al menos, queremos saber quiénes fueron responsables política, administrativa y penalmente en la reapertura de la mina San José. Y para esto, al parecer, las instituciones no funcionan…
¡¿Será necesario que CNN Chile y Ciper investiguen la reapertura de esta mina y aclaren este tema a la opinión pública, tal como lo hicieron con los relaves mineros?!
Columa publicada en La Tercera Online
