La reciente propuesta del Ministro del Interior sobre una nueva agenda de modernización del Estado confiere un rol estratégico a la capacitación laboral en el sector público. Al señalar “estoy convencido que la eficiencia es un imperativo ético de la política”, plantea un gran desafío a la administración estatal.
El Ministro del Interior llamó a todos los sectores políticos y empresariales del país a concertar un gran acuerdo nacional para un mejor Estado. Esto representa una gran oportunidad para Chile al instaurar “la orientación a resultados como el principio rector del sector público”. Las propuestas planteadas constituyen un conjunto de medidas con una clara dirección, basadas en un diagnóstico compartido por la gran mayoría de chilenos y que establece la urgencia de un Estado más ágil y con menos grasa en el cumplimiento de sus tareas.
Según una encuesta del CEP de 2006, el 73% de los ciudadanos sostiene que el Estado debe ser reformado con cambios importantes. El Estado debe renovar su política de administración de personal, con incentivos y una carrera profesional. La contratación de buenos directivos surtirá efecto sólo con un mayor grado de autonomía en su gestión y basada en un contrato de desempeño efectivo, con claros indicadores cuantitativos y cualitativos, en los cuales los pilares centrales sean la calidad del servicio a la ciudadanía y la eficiencia en el uso de los recursos.
Existe consenso nacional sobre la necesidad de un Estado moderno que cuente con equipos directivos y profesionales de excelencia, que reconozca la importancia de capacitar a sus funcionarios al igual que las empresas líderes y que esté capacitado para implementar políticas complejas e intersectoriales en que la definición de indicadores de desempeño apropiados, el control de gestión, la rendición de cuentas y la mejora constante de procesos y resultados sea la regla general.
Dentro de las medidas propuestas, Pérez Yoma plantea la creación de una agencia de calidad de las políticas públicas, la profundización del sistema de Alta Dirección Pública y el desarrollo de una relación moderna y de calidad entre sector público y privado que aproveche nuevas oportunidades, como la innovación, promoción de imagen país, tratados de libre comercio o capacitación laboral. Postula también un incremento de remuneraciones que permita atraer candidatos al sector estatal para tener gestores públicos de excelencia. El Ministro del Interior alude además a la necesidad de dar urgencia en el Congreso a temas pendientes tan relevantes como la reforma de los tribunales tributarios, el fortalecimiento de la institucionalidad de la libre competencia, las normas sobre gobiernos corporativos de empresas públicas y Codelco, el nuevo estatuto Pyme, el perfeccionamiento de ChileCompras y la nueva institucionalidad del Fondo de Innovación para la Competitividad.
Una de las principales áreas a perfeccionar en la administración pública es la multiplicidad de estilos de liderazgo. Muchos de los liderazgos actualmente vigentes en la administración pública se han ido elaborando en forma espontánea, de manera autodidacta, carentes de modelos preestablecidos y sin una preparación formal en materia de gestión organizacional. En muchas ocasiones, esto ha dificultado la consecución de los resultados demandados por el país. Para esto, se requiere reforzar los profesionales de calidad y su compromiso con sus labores.
En una encuesta realizada en diciembre de 2006 por el Servicio Civil a la alta dirección pública, sólo un 53,8% responde afirmativamente ante la pregunta “para usted un buen líder es quién logra resultados”. En cambio, un 92,3% piensa que es líder quien “genera adhesión del personal a un proyecto o a la organización”. Esto es una clara señal de las prioridades de muchos gerentes públicos, quienes se concentran más bien en embarcar a sus equipos en un proyecto determinado, que en los resultados propiamente tal.
Chile necesita una reforma amplia del Estado, la que solo es posible si se trabaja con un horizonte ampliamente consensuado, de mediano y largo plazo. Pero antes de reemplazar trabajadores del Estado, resulta mucho más sensato y efectivo establecer con ellos contratos de desempeño efectivo y capacitarlos en el desarrollo de habilidades, aprovechando los amplios conocimientos obtenidos a través de años de práctica.
Andrés Jirón Santandreu
GestCom
Gerente General
Artículo publicado en sitio web http://www.gestcom.cl/.
domingo, 20 de abril de 2008
martes, 25 de marzo de 2008
Voto político
El cumplimiento de la promesa electoral de inscripción automática y voto voluntario parece peligrar. A pesar del reciente ingreso del proyecto de ley al Senado, algunos personeros de la Concertación ya comienzan a anunciar un cambio de opinión al respecto, apoyando la inscripción automática pero manteniendo el voto obligatorio. De ser así, el único efecto concreto de este proyecto sería el de ampliar el número de votantes cautivos obligados por ley a votar.
Mientras los partidos políticos se desgastan en inútiles intentos por alinear a sus dirigentes, el chileno común y corriente observa con impotencia la postergación de sus intereses ciudadanos. Esto conlleva a un exiguo apoyo a cada conglomerado, a una escasa participación ciudadana en política y a una constatación de la omisión de sus prioridades en las agendas partidiarias.
Las reformas anunciadas en la agenda política del Gobierno –incluido el financiamiento de partidos- pueden ser un gran aporte para el reforzamiento del régimen democrático constitucional en nuestro país. Pero mientras no se amplíen las bases partidarias ni se implementen sistemas participativos de nombramientos, el voto debiera ser voluntario.
La agenda política debe comenzar por sincerar la actual representatividad de la ciudadanía por parte de los partidos políticos.
Carta publicada en La Tercera el 25 de Marzo, en Diario Financiero el 26 de Marzo y en La Nación el 27 de Marzo de 2008.
Mientras los partidos políticos se desgastan en inútiles intentos por alinear a sus dirigentes, el chileno común y corriente observa con impotencia la postergación de sus intereses ciudadanos. Esto conlleva a un exiguo apoyo a cada conglomerado, a una escasa participación ciudadana en política y a una constatación de la omisión de sus prioridades en las agendas partidiarias.
Las reformas anunciadas en la agenda política del Gobierno –incluido el financiamiento de partidos- pueden ser un gran aporte para el reforzamiento del régimen democrático constitucional en nuestro país. Pero mientras no se amplíen las bases partidarias ni se implementen sistemas participativos de nombramientos, el voto debiera ser voluntario.
La agenda política debe comenzar por sincerar la actual representatividad de la ciudadanía por parte de los partidos políticos.
Carta publicada en La Tercera el 25 de Marzo, en Diario Financiero el 26 de Marzo y en La Nación el 27 de Marzo de 2008.
domingo, 2 de marzo de 2008
Impunidad a todo evento
Sorpresa e indignación causó en la ciudadanía la decisión de la ministra Provoste de no destituir al Seremi Traverso. La suspensión por dos meses resulta irrisoria ante la investigación de la Contraloría por un “desorden administrativo” de $ 262 mil millones. Este castigo contrasta con las grandilocuentes declaraciones iniciales de la ministra, quién, antes de salir de vacaciones, afirmaba enfáticamente que perseguiría a los culpables. ¿Culpables de qué? ¿Responsabilidades políticas, administrativas, civiles o sólo penales?
Se consolida así un precedente de impunidad, al desatender recomendaciones del organismo contralor y contradecir recientes declaraciones de la Presidenta de que “con el dinero de los chilenos no se juega.”
Al no estar terminada la investigación de la Contraloría, resulta prematuro definir si hubo culpa o dolo en la gestión del Seremi. Sin embargo, en materias civiles el artículo 44 Nº 1 del Código Civil establece que la culpa grave se asimila al dolo. Esto, y el permitir este escándalo sin haber podido todavía demostrar a la opinión pública la correcta administración de las subvenciones, bastaría para determinar la responsabilidad política de Traverso.
Con la sanción impuesta en este caso, el chileno común y corriente comprueba que funcionarios públicos –especialmente los ligados a partidos políticos- acceden a altos cargos de la administración estatal, negociando dentro de sus condiciones laborales una cláusula de impunidad a todo evento.
Carta publicada en La Tercera el 1° de Marzo y en Diario Financiero el 3 de Marzo de 2008.
Se consolida así un precedente de impunidad, al desatender recomendaciones del organismo contralor y contradecir recientes declaraciones de la Presidenta de que “con el dinero de los chilenos no se juega.”
Al no estar terminada la investigación de la Contraloría, resulta prematuro definir si hubo culpa o dolo en la gestión del Seremi. Sin embargo, en materias civiles el artículo 44 Nº 1 del Código Civil establece que la culpa grave se asimila al dolo. Esto, y el permitir este escándalo sin haber podido todavía demostrar a la opinión pública la correcta administración de las subvenciones, bastaría para determinar la responsabilidad política de Traverso.
Con la sanción impuesta en este caso, el chileno común y corriente comprueba que funcionarios públicos –especialmente los ligados a partidos políticos- acceden a altos cargos de la administración estatal, negociando dentro de sus condiciones laborales una cláusula de impunidad a todo evento.
Carta publicada en La Tercera el 1° de Marzo y en Diario Financiero el 3 de Marzo de 2008.
lunes, 18 de febrero de 2008
Utopía de Cheyre
Ante el llamado del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre a que se establezcan ciertas inhabilidades a quienes accedan a altos cargos públicos, han surgido múltiples reacciones. Desde un reconocimiento expreso del Ministro Vidal que Chile se quedaría sin Poder Ejecutivo ni Legislativo, hasta la columna de Cristóbal Bellolio publicada en La Tercera, que recoge y asume la iniciativa en representación de una nueva generación.
Sin embargo, aún persisten importantes mecanismos de retención y concentración del poder. Es así como el proyecto de ley que restringe la reelección de diputados y senadores todavía no ha sido votado, habiéndose pospuesto en varias oportunidades. Por otra parte, la próxima reforma de la Ley de Partidos Políticos parece contemplar la pérdida del cargo a los parlamentarios que renuncien a sus colectividades, privilegiando un mayor control sobre ellos por sobre la representatividad ciudadana.
La permanencia de los mismos protagonistas durante más de 17 años evidencia una falta de renovación en la clase dirigente, logrando alejar al chileno común y corriente de la política. Los índices de aprobación de cada conglomerado tienden a disminuir cada vez más, llegando sólo al 20% en cada caso y con una escasa participación en ellos.
Siendo los partidos políticos esenciales para el fortalecimiento de un régimen democrático constitucional, cobra importancia el llamado de Cheyre a renovar la clase política.
Carta publicada en La Tercera el 21 de Febrero de 2008.
Sin embargo, aún persisten importantes mecanismos de retención y concentración del poder. Es así como el proyecto de ley que restringe la reelección de diputados y senadores todavía no ha sido votado, habiéndose pospuesto en varias oportunidades. Por otra parte, la próxima reforma de la Ley de Partidos Políticos parece contemplar la pérdida del cargo a los parlamentarios que renuncien a sus colectividades, privilegiando un mayor control sobre ellos por sobre la representatividad ciudadana.
La permanencia de los mismos protagonistas durante más de 17 años evidencia una falta de renovación en la clase dirigente, logrando alejar al chileno común y corriente de la política. Los índices de aprobación de cada conglomerado tienden a disminuir cada vez más, llegando sólo al 20% en cada caso y con una escasa participación en ellos.
Siendo los partidos políticos esenciales para el fortalecimiento de un régimen democrático constitucional, cobra importancia el llamado de Cheyre a renovar la clase política.
Carta publicada en La Tercera el 21 de Febrero de 2008.
lunes, 28 de enero de 2008
Indignación inmovilizadora
La Presidenta de la República cuestionó las conductas de algunos personeros de la Concertación en la inauguración de la escuela de verano “Todos por Chile”. Expresó la molestia que experimentaba cuando percibía que en ciertas áreas no se hiciera todo lo que estaba al alcance de ellos y la indignación que sentía cuando algunos se olvidaban de los principios de probidad. Molestia e indignación que experimentamos al unísono millones de chilenos al ver todos estos reiterados casos de irregularidades.
Sin embargo, la indignación de las autoridades es tal, que al parecer resulta inmovilizadora. El ciudadano común y corriente no ha visto todavía ninguna medida de sanción al respecto, confirmando la impunidad de algunos miembros del conglomerado. Definitivamente da la impresión que la indignación no fuera suficiente para llegar a la aplicación de sanciones gubernamentales. ¿Hubiera sido la misma reacción si el responsable fuera un independiente o un integrante de la Alianza o ChilePrimero?
Nuestra Presidenta nos interpreta y representa en nuestra irritación ante tantas faltas de probidad. Pero nosotros, igualmente indignados, también nos sentimos con el mismo derecho a “molestarnos cuando percibimos que en ciertas áreas no se hace todo lo que está al alcance”. Es de esperar que la declaración del gobierno no quede sólo en el ámbito del discurso, sino que también se concrete en acciones verdaderas.
Carta publicada en La Tercera el 30 de Enero de 2008 y en Revista Qué Pasa el 1° de Febrero de 2008.
Sin embargo, la indignación de las autoridades es tal, que al parecer resulta inmovilizadora. El ciudadano común y corriente no ha visto todavía ninguna medida de sanción al respecto, confirmando la impunidad de algunos miembros del conglomerado. Definitivamente da la impresión que la indignación no fuera suficiente para llegar a la aplicación de sanciones gubernamentales. ¿Hubiera sido la misma reacción si el responsable fuera un independiente o un integrante de la Alianza o ChilePrimero?
Nuestra Presidenta nos interpreta y representa en nuestra irritación ante tantas faltas de probidad. Pero nosotros, igualmente indignados, también nos sentimos con el mismo derecho a “molestarnos cuando percibimos que en ciertas áreas no se hace todo lo que está al alcance”. Es de esperar que la declaración del gobierno no quede sólo en el ámbito del discurso, sino que también se concrete en acciones verdaderas.
Carta publicada en La Tercera el 30 de Enero de 2008 y en Revista Qué Pasa el 1° de Febrero de 2008.
sábado, 26 de enero de 2008
Quien calla, otorga
Una vez más se conocen nuevos casos de asesorías irregulares en empresas estatales. Las últimas denuncias efectuadas en Gendarmería y EFE acusan una asignación discrecional de recursos, que involucra a altas autoridades de gobierno o a sus familiares. Evidencian también una ausencia total de procedimientos legítimos y transparentes, en contraposición a la tan anunciada y esperada Agenda de Probidad.
La querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en los Tribunales de Justicia y el informe de la Contraloría General de la República confirman serias presunciones de la existencia de irregularidades en ambas empresas. A esto se suman las serias dificultades reveladas por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en la indagatoria de EFE.
Con tantos personeros políticos, empresas públicas y organismos estatales involucrados en estos casos, ya sea como fiscalizadores o fiscalizados, sorprende la ausencia de declaraciones de varios partidos políticos sobre el tema. Las pocas declaraciones emitidas, tardías y difusas, no sancionan suficientemente estos hechos. Nuestras autoridades de gobierno, tan locuaces en este último tiempo, tampoco se han referido a las anomalías detectadas, perdiendo la oportunidad de reforzar la condena social a este tipo de actuaciones.
La querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en los Tribunales de Justicia y el informe de la Contraloría General de la República confirman serias presunciones de la existencia de irregularidades en ambas empresas. A esto se suman las serias dificultades reveladas por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en la indagatoria de EFE.
Con tantos personeros políticos, empresas públicas y organismos estatales involucrados en estos casos, ya sea como fiscalizadores o fiscalizados, sorprende la ausencia de declaraciones de varios partidos políticos sobre el tema. Las pocas declaraciones emitidas, tardías y difusas, no sancionan suficientemente estos hechos. Nuestras autoridades de gobierno, tan locuaces en este último tiempo, tampoco se han referido a las anomalías detectadas, perdiendo la oportunidad de reforzar la condena social a este tipo de actuaciones.
domingo, 13 de enero de 2008
Políticos díscolos
El fenómeno de los políticos díscolos que partió tímidamente en el Congreso hace algunos años atrás, se ha ido expandiendo con fuerza en los partidos políticos y consolidando en forma irreversible en el ámbito nacional, hasta incluso llegar a La Moneda, situación impensable hace algunos años atrás.
¿Qué ha sucedido para llegar a estos extremos?
La escasa identificación que siente la ciudadanía con los conglomerados políticos, cuantificada en diversas encuestas con exiguos índices cercanos al 20% de aprobación, han explicitado la baja representatividad de la actual clase política. Esto ha promovido un implícito “sálvese quién pueda”, privilegiando intereses individuales por sobre colectivos, dificultando la visión de un proyecto común e imposibilitando la construcción de un relato nacional.
Con el proyecto de ley de inscripción automática se busca camuflar esta escasa adhesión. Por eso, y solamente como un hipotético ejercicio teórico, ¿se atrevería la clase política a aprobar un proyecto de ley que estableciera el voto voluntario? Sería interesante conocer los verdaderos índices de representatividad de nuestros dirigentes políticos.
Dada la importancia de los partidos políticos para el desarrollo y consolidación de un marco institucional, económico y social, se hace cada vez más imprescindible recuperar esa sintonía que en algún momento tuvieron con el chileno común y corriente.
Para esto, se necesita enfocarse en los nuevos intereses ciudadanos, renovar las cúpulas dirigentes, ampliar las bases partidiarias y desarrollar elementos diferenciadores que permitan al votante fundamentar con solidez su opción electoral.
De otra forma, que el (la) último (a) apague la luz…
Carta publicada en el Diario Financiero el 9 de Enero de 2008.
¿Qué ha sucedido para llegar a estos extremos?
La escasa identificación que siente la ciudadanía con los conglomerados políticos, cuantificada en diversas encuestas con exiguos índices cercanos al 20% de aprobación, han explicitado la baja representatividad de la actual clase política. Esto ha promovido un implícito “sálvese quién pueda”, privilegiando intereses individuales por sobre colectivos, dificultando la visión de un proyecto común e imposibilitando la construcción de un relato nacional.
Con el proyecto de ley de inscripción automática se busca camuflar esta escasa adhesión. Por eso, y solamente como un hipotético ejercicio teórico, ¿se atrevería la clase política a aprobar un proyecto de ley que estableciera el voto voluntario? Sería interesante conocer los verdaderos índices de representatividad de nuestros dirigentes políticos.
Dada la importancia de los partidos políticos para el desarrollo y consolidación de un marco institucional, económico y social, se hace cada vez más imprescindible recuperar esa sintonía que en algún momento tuvieron con el chileno común y corriente.
Para esto, se necesita enfocarse en los nuevos intereses ciudadanos, renovar las cúpulas dirigentes, ampliar las bases partidiarias y desarrollar elementos diferenciadores que permitan al votante fundamentar con solidez su opción electoral.
De otra forma, que el (la) último (a) apague la luz…
Carta publicada en el Diario Financiero el 9 de Enero de 2008.
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