Resalta en las últimas encuestas el bajo nivel de identificación logrado por las coaliciones políticas, confirmando una fuerte tendencia a la baja sostenida. En contrapartida, sus niveles de desaprobación se mantienen en forma persistente en índices cercanos al 50%.
¿Qué ha pasado para que la opinión pública haya dejado de sentirse representada por los partidos políticos? Todas las acciones irregulares, desviaciones de fondos, actos de corrupción, pugnas internas y luchas de poder que hemos presenciado en este último tiempo han ido distanciando su accionar de los intereses de la ciudadanía.
Por otra parte, la combinación de un sistema binominal y de un voto obligatorio, permite, incentiva y perpetúa una impunidad política ante la postergación de intereses ciudadanos. Con un votante cautivo obligado por ley a sufragar, los partidos políticos designan en forma autónoma a sus candidatos, sin ninguna necesidad de participación ciudadana. Ante esto, el 53% de los chilenos se considera independiente y no se siente identificado con ninguna de las coaliciones.
Por eso, en este gobierno ciudadano se hace necesario sincerar la representatividad de los partidos políticos actuales, modificando el sistema electoral y eliminando el voto obligatorio. Sería la única forma de transparentar la política y cuantificar el real apoyo ciudadano de cada coalición, obligando a enfocarse en los verdaderos intereses del país.
De otra manera, la propuesta de un sistema de financiamiento permanente a los partidos políticos representa una fuerte provocación para el ciudadano común y corriente.
ANDRES JIRON SANTANDREU
Abogado MBA
Carta publicada en La Tercera el 10-3-07 y en Diario Financiero el 12-3-07.
sábado, 10 de marzo de 2007
martes, 6 de marzo de 2007
Lobby al lobby
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han comenzado a hacer lobby a la ley que regula el lobby, oponiéndose a la inclusión de los gremios empresariales y sindicales en este proyecto legislativo, todavía pendiente en el Congreso desde el año 2003.
Sin embargo, la intención de esta ley es asegurar la independencia de la toma de decisiones de los funcionarios del poder Ejecutivo o Legislativo, independientemente de la calidad o naturaleza de las organizaciones que estén ejerciendo su legítimo derecho de petición. El objetivo es impedir la captura del Estado por parte de intereses grupales, sectoriales o individuales, en perjuicio del bien común.
Dada la amplitud de los sectores que representan estas organizaciones, es muy probable que ejerzan influencias en diversos ámbitos nacionales, pudiendo resultar difícil el distinguir entre una defensa de intereses propios o ajenos para el ciudadano común y corriente. Por eso, siempre será saludable para la opinión pública el conocer quienes, en qué forma y por qué motivos se efectúan los contactos entre gestores de intereses y agentes públicos, sean lobbystas profesionales o no.
La ciudadanía requiere tener en el futuro la certeza de la transparencia de las decisiones en el ámbito público.
ANDRES JIRON SANTANDREU
Abogado MBA
Carta publicada en La Tercera y en el Diario Financiero el 6 de Marzo de 2006.
Sin embargo, la intención de esta ley es asegurar la independencia de la toma de decisiones de los funcionarios del poder Ejecutivo o Legislativo, independientemente de la calidad o naturaleza de las organizaciones que estén ejerciendo su legítimo derecho de petición. El objetivo es impedir la captura del Estado por parte de intereses grupales, sectoriales o individuales, en perjuicio del bien común.
Dada la amplitud de los sectores que representan estas organizaciones, es muy probable que ejerzan influencias en diversos ámbitos nacionales, pudiendo resultar difícil el distinguir entre una defensa de intereses propios o ajenos para el ciudadano común y corriente. Por eso, siempre será saludable para la opinión pública el conocer quienes, en qué forma y por qué motivos se efectúan los contactos entre gestores de intereses y agentes públicos, sean lobbystas profesionales o no.
La ciudadanía requiere tener en el futuro la certeza de la transparencia de las decisiones en el ámbito público.
ANDRES JIRON SANTANDREU
Abogado MBA
Carta publicada en La Tercera y en el Diario Financiero el 6 de Marzo de 2006.
martes, 30 de enero de 2007
El cuento del Lobby Feroz
Loable resulta la iniciativa de la Presidenta Bachelet de incluir en el nuevo instructivo sobre probidad la exigencia de registrar las reuniones entre autoridades y lobbystas, de manera de transparentar la acción pública y prevenir irregularidades. Con esto, se pretende publicitar y transparentar reuniones y puntos acordados con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sin embargo, al no estar definido el concepto de lobby en nuestra legislación, esta disposición se hace imposible de aplicar y fiscalizar en la práctica. En efecto, somos pocos los que declaramos hacer lobby, ya que la gran mayoría de los lobbystas camufla sus acciones bajo otras figuras.
Ya en noviembre del año 2003, como consecuencia de una de las tantas agendas de probidad, se ingresó al Congreso un proyecto de ley que regulaba el lobby. Este proyecto entrega una definición del lobby, y establece la obligatoriedad de un registro de lobbystas, dos requisitos esenciales para el cumplimiento del instructivo de la Presidenta. A pesar del tiempo transcurrido, de todos los hechos de corrupción descubiertos, de las declaraciones de repudio de dos gobiernos sucesivos, de las múltiples manifestaciones de rechazo de políticos de ambos sectores, ese proyecto aún no se convierte en ley.
Quizás porque en el lobby no intervienen mandos medios que pudieran servir como fusibles políticos, la promulgación de esta ley se ha visto demorada y entorpecida en forma inexplicable.
Mientras tanto, sigamos jugando en el bosque.
ANDRES JIRON SANTANDREU
Abogado MBA
Carta publicada en La Nación el 28 de Enero, y en El Mercurio y en La Tercera el 30 de Enero de 2007.
Sin embargo, al no estar definido el concepto de lobby en nuestra legislación, esta disposición se hace imposible de aplicar y fiscalizar en la práctica. En efecto, somos pocos los que declaramos hacer lobby, ya que la gran mayoría de los lobbystas camufla sus acciones bajo otras figuras.
Ya en noviembre del año 2003, como consecuencia de una de las tantas agendas de probidad, se ingresó al Congreso un proyecto de ley que regulaba el lobby. Este proyecto entrega una definición del lobby, y establece la obligatoriedad de un registro de lobbystas, dos requisitos esenciales para el cumplimiento del instructivo de la Presidenta. A pesar del tiempo transcurrido, de todos los hechos de corrupción descubiertos, de las declaraciones de repudio de dos gobiernos sucesivos, de las múltiples manifestaciones de rechazo de políticos de ambos sectores, ese proyecto aún no se convierte en ley.
Quizás porque en el lobby no intervienen mandos medios que pudieran servir como fusibles políticos, la promulgación de esta ley se ha visto demorada y entorpecida en forma inexplicable.
Mientras tanto, sigamos jugando en el bosque.
ANDRES JIRON SANTANDREU
Abogado MBA
Carta publicada en La Nación el 28 de Enero, y en El Mercurio y en La Tercera el 30 de Enero de 2007.
lunes, 15 de enero de 2007
Discurso increíble
Los resultados de las últimas encuestas políticas destacan la enorme diferencia existente entre los índices de aprobación de la Presidenta Bachelet y los de la Concertación y de la Alianza. Se desprende además una alta percepción de corrupción dentro de la administración estatal y de partidos políticos. La ciudadanía ha constatado las múltiples irregularidades cometidas en estos años por autoridades políticas, tendientes más que nada a una autoperpetuación en el poder.
Quizás por esto, la Presidenta Bachelet optó por un gabinete con rostros nuevos, “en que nadie se repitiera el plato”, aún a sabiendas de los altos costos de instalación para su gobierno.
Numerosos dirigentes de partidos políticos, senadores y diputados han mantenido una larga permanencia en sus cargos. Muchos comenzaron sus funciones con el retorno de la democracia en 1990, y han permanecido en sus cargos en forma ininterrumpida o alternadamente.
Y a pesar de toda su trayectoria y experiencia, la sociedad civil no ha visto una efectividad en el cumplimiento de acuerdos para una mayor transparencia y modernización del Estado. En la penúltima de las agendas de probidad, correspondiente a la del año 2003 y acordada por la Concertación y la Alianza, se establecieron iniciativas como el control de calidad en la gestión pública, el defensor ciudadano, la regulación del lobby, el perfeccionamiento del fuero parlamentario, adecuación de las inhabilidades parlamentarias y modernización de la Contraloría General de la República, acciones que todavía no se implementan.
Después de las permanentes declaraciones, manifestaciones y mea culpas de la clase política en el tema de la corrupción, el ciudadano común y corriente comienza a percibir una falta de voluntad real respecto a la autorregulación, y una total incoherencia entre discurso y acción.
ANDRES JIRON SANTANDREU
Abogado MBA
Carta publicada en El Mercurio y en Diario Financiero el 15 de Enero de 2007, y en Estrategia el 17 de Enero de 2007.
Quizás por esto, la Presidenta Bachelet optó por un gabinete con rostros nuevos, “en que nadie se repitiera el plato”, aún a sabiendas de los altos costos de instalación para su gobierno.
Numerosos dirigentes de partidos políticos, senadores y diputados han mantenido una larga permanencia en sus cargos. Muchos comenzaron sus funciones con el retorno de la democracia en 1990, y han permanecido en sus cargos en forma ininterrumpida o alternadamente.
Y a pesar de toda su trayectoria y experiencia, la sociedad civil no ha visto una efectividad en el cumplimiento de acuerdos para una mayor transparencia y modernización del Estado. En la penúltima de las agendas de probidad, correspondiente a la del año 2003 y acordada por la Concertación y la Alianza, se establecieron iniciativas como el control de calidad en la gestión pública, el defensor ciudadano, la regulación del lobby, el perfeccionamiento del fuero parlamentario, adecuación de las inhabilidades parlamentarias y modernización de la Contraloría General de la República, acciones que todavía no se implementan.
Después de las permanentes declaraciones, manifestaciones y mea culpas de la clase política en el tema de la corrupción, el ciudadano común y corriente comienza a percibir una falta de voluntad real respecto a la autorregulación, y una total incoherencia entre discurso y acción.
ANDRES JIRON SANTANDREU
Abogado MBA
Carta publicada en El Mercurio y en Diario Financiero el 15 de Enero de 2007, y en Estrategia el 17 de Enero de 2007.
jueves, 28 de diciembre de 2006
Regulación del lobby
Ante los últimos hechos de corrupción, la opinión pública comenzó a exigir una mayor transparencia en las decisiones de quienes ejercen el poder. La investigación de los múltiples hechos ilícitos cometidos por distintas autoridades, ha permitido cuestionarse en forma legítima el correcto funcionamiento de las instituciones públicas.
Han sido muchas las manifestaciones surgidas de la clase política, dirigidas a enfatizar y destacar su rechazo a la corrupción. Numerosos personeros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como también dirigentes de los partidos políticos han reiterado su compromiso por combatirla. A pesar de que los acontecimientos se originaron en relación a gastos electorales, el debate se ha ampliado a instalar una agenda pro transparencia respecto a todo el sistema político.
Desde el conocimiento público del caso MOP Gate, numerosas declaraciones de distintos personeros han tendido a promover una agenda pro transparencia. En el caso de Chiledeportes, esta es la cuarta comisión investigadora de
Pero a pesar de todos los discursos, el proyecto de ley que regula el lobby, proyecto de vital importancia al momento de prevenir y combatir el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, en forma inexplicable todavía continúa pendiente.
Este proyecto fue ingresado al Congreso Nacional en noviembre del año 2003, aprobándose el primer trámite legislativo recién en agosto del 2005 en
Tal como lo expresa el proyecto de ley inicial, en una sociedad democrática las decisiones de los organismos estatales siempre deben ser tomadas con miras al bien público, sin influencias ilegítimas determinadas por intereses particulares individuales, grupales o sectoriales en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Precisamente, la falta de control de estas prácticas de lobby, facilitan tráficos de influencia indebidos o actos de corrupción de funcionarios públicos o políticos.
La imperiosa necesidad de un Estado transparente no solamente radica en los funcionarios del Poder Ejecutivo, sino que comprende también a los funcionarios del Poder Legislativo y Judicial, y a toda la clase política.
Estos últimos años, ante cada crisis de corrupción, la agenda pública se ha llenado de declaraciones de principios que han propuesto una y otra vez la modernización y transparencia del Estado. El desafío actual consiste en que todas esas intenciones pasen de una vez por todas del discurso a la acción. La ciudadanía necesita transparencia de parte de sus autoridades estatales y de sus partidos políticos, haciéndose imprescindible la información respecto a las actividades de lobbystas y autoridades, para ejercer un eficaz seguimiento.
El nuevo comité asesor convocado para proponer políticas en prevención de la corrupción, mencionó como objetivo el detectar vacíos legislativos. Precisamente esta falta de regulación del lobby constituye un gran vacío legislativo en materia de transparencia. En el caso Publicam, se cometieron múltiples irregularidades a pesar de que los gastos electorales fueron revisados por el Servicio Electoral. Si estos hechos fueron cometidos aún con una fiscalización estatal, la opinión pública puede suponer cualquier práctica de lobby no informada como tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito.
Por tanto, es fundamental regular el lobby, práctica que hoy se realiza sin controles y en forma subterránea como consecuencia de la inexistencia de una normativa legal y reglamentaria, cuyo proyecto de ley espera desde hace un año la aprobación del Congreso Nacional.
ANDRES JIRON SANTANDREU, abogado MBA, Gerente General de Gestcom.
miércoles, 27 de diciembre de 2006
Explicando lo inexplicable
Ante las últimas revelaciones sobre gastos reservados, la ciudadanía ha constatado la reiterada y permanente utilización abusiva que ha hecho de ellos la clase política. Las acusaciones mutuas y descalificaciones entre los distintos partidos y personeros, sólo han servido para evidenciar una total falta de transparencia y un uso ilegítimo y sistematizado de gastos reservados durante todos los gobiernos de la Concertación , el de Pinochet y probablemente también el de Allende.
Se suma el descubrimiento de verdaderas maquinarias de malversación, que involucran nuevamente a políticos y a sus partidos. Las desviaciones de fondos se han convertido en una práctica habitual, recurrente e institucionalizada. El intento de elección “en ausencia” del presidente de una comisión investigadora del Parlamento, demuestra una vez más una intención de burlar a la opinión pública. La demora inexplicable del nombramiento de un contralor titular, por otra parte, también permite cuestionarse en forma legítima, si existe o no una real voluntad de control.
En las últimas tres décadas, Chile ha experimentado importantes cambios que le han permitido aproximarse al umbral del desarrollo. No ha sido gratis para la ciudadanía, quién ha tenido que asumir muchos de los costos políticos, económicos y sociales.
Después de 36 años de abusos e irregularidades de la clase política en materia de transparencia y probidad, hoy el ciudadano común y corriente exhorta a las actuales autoridades a que pongan término de una vez por todas a la corrupción en Chile, instalando y fortaleciendo una verdadera cultura de transparencia. Sería el primer paso para que los chilenos recuperáramos la fe en nuestra clase política.
Andrés Jirón Santandreu
Abogado MBA
Que las instituciones funcionen
Señor Director:
Vergonzoso ha sido conocer la maquinaria que operaba en el caso Chiledeportes-Publicam. El uso reiterado de facturas falseadas, de una empresa sin socios reales y sin un domicilio verdadero, demuestra que en política existen prácticas habituales de cuadrar gastos con documentos tributarios ilícitos, para retirar dineros en forma clandestina.
¿Qué ocurre cuando una figura similar es montada por un ciudadano común y corriente? Se aplica el máximo rigor y todo el aparataje estatal interviene para castigar, con sanciones mucho más severas que un despido o remoción. Y, por supuesto, la explicación de "yo no sabía" ni siquiera es escuchada.
Por eso resulta fundamental que las instituciones funcionen, y funcionen de verdad, no solamente en el discurso. Este es un caso que requiere una investigación exhaustiva en la búsqueda de los responsables y la dimensión de los ilícitos cometidos, además de una profunda revisión de todas las instituciones facultadas para entregar asignaciones directas. La ciudadanía necesita transparencia de parte de las instituciones estatales y de los partidos políticos. Ya que no la hay, al menos que exista la certeza de igualdad ante la ley y de que no hay tratamientos privilegiados, independientemente del estatus de la persona involucrada.
ANDRÉS JIRÓN SANTANDREU
Abogado, MBA
Vergonzoso ha sido conocer la maquinaria que operaba en el caso Chiledeportes-Publicam. El uso reiterado de facturas falseadas, de una empresa sin socios reales y sin un domicilio verdadero, demuestra que en política existen prácticas habituales de cuadrar gastos con documentos tributarios ilícitos, para retirar dineros en forma clandestina.
¿Qué ocurre cuando una figura similar es montada por un ciudadano común y corriente? Se aplica el máximo rigor y todo el aparataje estatal interviene para castigar, con sanciones mucho más severas que un despido o remoción. Y, por supuesto, la explicación de "yo no sabía" ni siquiera es escuchada.
Por eso resulta fundamental que las instituciones funcionen, y funcionen de verdad, no solamente en el discurso. Este es un caso que requiere una investigación exhaustiva en la búsqueda de los responsables y la dimensión de los ilícitos cometidos, además de una profunda revisión de todas las instituciones facultadas para entregar asignaciones directas. La ciudadanía necesita transparencia de parte de las instituciones estatales y de los partidos políticos. Ya que no la hay, al menos que exista la certeza de igualdad ante la ley y de que no hay tratamientos privilegiados, independientemente del estatus de la persona involucrada.
ANDRÉS JIRÓN SANTANDREU
Abogado, MBA
Carta publicada en El Mercurio el 2 de Noviembre 2006, en el Diario Financiero el 3 de Noviembre de 2006, en La Tercera el 4 de Noviembre de 2006 y seleccionada en libro "Las mejores cartas a El Mercurio", publicado por El Mercurio-Aguilar.
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