¿Quién le pone el cascabel al gato?

El programa Informe Especial (TVN) denunció abusos en el pago de pensiones por parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). Éstas habrían sido otorgadas –específicamente por inutilidad de segunda clase equivalente a invalidez parcial en el sistema común- a ex miembros de las Fuerzas Armadas, quienes no presentarían ninguna “inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas” requisito que exige la normativa legal (artículo 22 DFL 209 de 1953).

Independiente de la ilegalidad de estos beneficios y que se hace necesario revisar a la brevedad, esta acusación  pone además en el tapete un tema de aún mayor relevancia: la falta de transparencia y de control en la gestión de estas instituciones.

En momentos en que el tema pensiones reviste una especial sensibilidad para la gran mayoría de la población, la noticia no deja indiferente a nadie. Más aún, si estas inexistentes incapacidades fueron “calificadas” en forma exclusiva por las Comisiones de Salud de cada rama, sin la intervención de organismos externos ni de posteriores reevaluaciones en el tiempo. Y con mayor razón si a esto hay que agregarle que estas pensiones de invalidez fueron otorgadas a cuatro condenados por delitos de lesa humanidad, quienes siempre se han mantenido en situación de plena capacidad física y síquica.

Por lo mismo se requiere reanudar con fuerza el debate sobre el alto gasto fiscal previsional en las Fuerzas Armadas y Carabineros y sobre la necesidad de un sistema único de pensiones para todos los chilenos. Y en momentos en que se debate el futuro del sistema previsional, esto plantea desde ya dos interrogantes: 1) ¿Se justifica la exclusión a las Fuerzas Armadas y de Orden del sistema previsional general?; y 2) En caso de mantenerse este privilegio, ¿cuáles debieran ser los estándares mínimos de debido cuidado en la labor que se ejecuta?

En cuanto al primer punto, es necesario tener presente que la pensión promedio por vejez en el actual sistema es de $192 mil. Esto contrasta fuertemente con los también en promedio $ 2,3 millones que reciben los oficiales en retiro de las FF.AA. a través de Capredena, financiado con los impuestos de todos los chilenos (Ciper, Enero 2017). Hoy solo el 0,7% del gasto fiscal cubre el financiamiento del Pilar Solidario (para 1,3 millones de personas) mientras que el 1,4%  de éste se destina exclusivamente a las pensiones de las Fuerzas Armadas (menos de 200 mil personas). Por lo mismo, la Ley de Presupuestos 2016 tuvo que destinar cerca de US$ 2300 millones para el pago de las pensiones de Capredena y Dipreca, lo que significa un enorme gasto público en detrimento de muchas otras prioridades sociales.

Por otra parte, en abril recién pasado y sólo después que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados detectara irregularidades en el otorgamiento de pensiones en Capredena, Dipreca y Gendarmería, y que la Contraloría General de la República iniciara un proceso de revisión de éstas, el Ministerio de Defensa se limitó a realizar una tímida petición a las FF.AA.: que revisara el proceso de calificación a beneficiarios, pero sin producir ningún efecto retroactivo.

Pero éstas no son las únicas irregularidades vistas en el sistema de pensiones fiscales. Se les suman otros numerosos abusos–los de mayor visibilidad han sido los jubilazos de Gendarmería, entre los cuales se encontraba el de Myriam Olate, esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS)-. Recientemente este medio publicó el gran número de ex uniformados jubilados que están recontratados en las FF.AA. Por lo tanto, no cabe duda que el sistema de reparto público en las ramas castrenses está siendo administrado a lo menos negligentemente y sin ningún control estatal.

Por lo mismo, y en relación al segundo punto planteado, resulta inaceptable que las autoridades institucionales hayan permitido la consagración de una cultura de falta de fiscalización. Esto permitió, por una parte, que se formara en Carabineros una extensa red de corrupción, produciéndose el mayor escándalo financiero (fraude superaría los $25 mil millones) en la administración de fondos públicos, con escasas responsabilidades política o administrativa.

Adicionalmente, en el Ejército se detectó un fraude por algo más $5 mil millones, cometido por funcionarios militares con la Ley Reservada del Cobre, siendo removidos seis de ellos pero dejándose a dos coroneles sin sanciones por acogerse a retiro antes de iniciada la investigación interna.

Por supuesto que ahora surgieron nuevas voces parlamentarias pidiendo una ley corta para terminar con las “inaceptables asimetrías entre pensiones de civiles y uniformados”, con lo que la oposición rebatió de inmediato solicitando también la revisión de las pensiones de los falsos exonerados. Reacciones inmediatas en un tema de tanta profundidad no logran mucho más que una simple catarsis ante la opinión pública. Lo sorprendente es que después de seis gobiernos en democracia, ninguno de ellos se haya atrevido a transparentar, modernizar y subordinar la gestión administrativa de las FF.AA. a controles mínimos. Todavía más curioso resulta aún, que habiendo sido previamente ministra de Defensa, la Presidenta Bachelet en ninguno de sus dos gobiernos haya podido modernizar las Fuerzas Armadas y de Orden.

Sin perjuicio de reconocer la contribución histórica que han hecho las FF. AA. y de Orden a la construcción de nuestro país, en términos generales resulta inadmisible la desprolijidad -¿o el abuso?- con que se ha que se ha llevado su gestión contralora interna. Por otra parte, la exigua fiscalización de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ha colaborado en forma importante en la creación de un marco de impunidad total política y administrativa. Y por lo mismo, la ciudadanía espera que en el próximo gobierno se revierta esta pasividad de las autoridades, tanto de las respectivas ramas como de las autoridades gubernamentales, empezando por ordenar el tema de los abusos en las pensiones pagadas por todos los chilenos.

Publicada en La Tercera Online

La posverdad y el informe Sename

Ahora que el término “posverdad” se incorporó al diccionario RAE, nuestro país lo vive en carne propia. Producto del rechazo de la Cámara al informe de la Comisión Investigadora Sename II, como nunca, hechos objetivos se han minimizado ante la apelación a emociones, creencias y/o deseos del público.

Pero desde un principio, el mandato conferido a esta comisión fue investigar, por una parte, sólo las gestiones realizadas por autoridades de gobierno desde el 2014 en adelante y por la otra, la actual situación de los menores que no estuvieren al cuidado parental.

La potente discusión surgida al respecto identificó de inmediato dos bandos: quienes acusan a La Moneda de hacer caer el informe para proteger a la ex ministra Blanco, y quienes defienden su lobby o votación, aduciendo desde eventuales acusaciones a la Presidenta, pasando por calificar el informe de parcial, injusto y politizado, hasta el anuncio de una diputada de no repostular al Congreso.

Sin embargo, resulta preocupante que esta discusión se agote en un juicio público sobre la verdadera voluntad del gobierno: ¿Optó por salvaguardar a una colaboradora o por proteger niños en situación de abandono, vulnerabilidad e incluso en riesgo de muerte? Adicionalmente a esta trascendental pregunta, sería de suma importancia que esta polémica permitiera además develar tres grandes interrogantes:

• ¿Qué pasará con los niños del Sename? Pronto se cumplirán cuatro años desde el inicio de la primera comisión investigadora sobre este organismo. Y hasta el momento hay escasas acciones dirigidas a mejorar la situación de menores carentes de cuidado de sus padres.

Durante el periodo 2005-2016, 1.313 menores fallecieron en centros dependientes del Sename o de organismos colaboradores. Además hubo numerosas denuncias de torturas, de violaciones, de explotación sexual y de precarias condiciones de vida.

De ahí la importancia del informe rechazado. Éste denunciaba claramente “las principales problemáticas que explican el fracaso del Estado en materias de infancia”: a) Situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes; b) Contagio criminógeno; c) Débil sistema de adopciones; d) Insuficiencia del sistema de protección social; e) Falta de definición de roles subsidiario y del Estado. A su vez, el reparo a los proyectos de ley del Ejecutivo en materia de infancia entre 2014 a 2017 eran: a) Ineficiencia legislativa y b) Deficiencias en la Técnica Legislativa.

Asimismo, señalaba un marco de 64 propuestas para mejorar el sistema y garantizar a los menores el respeto de sus derechos, el resguardo de su integridad física y mental y el acceso a la educación y a la salud. ¿Cuántas muertes de menores tendremos que llorar antes de que se descongelen estas medidas?

• ¿Cómo están trabajando nuestros parlamentarios? Tras un año de investigación, de 28 sesiones ordinarias; de más de 80 expositores invitados; de visitas inspectivas a hogares, Centros de internación provisoria y CREAD; del análisis de innumerables documentos, la Comisión en cuestión emitió un informe de 535 páginas.

Los diputados Camila Vallejo (PC), Luis Rocafull (PS), Ricardo Rincón (DC) y Claudio Arriagada (DC), todos miembros de la Comisión Investigadora, hicieron numerosos aportes al informe vía indicaciones y sustituciones, votando en ella a su favor el 27 de junio.

Incluso fue la diputada Vallejo (sesión N° 28 de 19/6/17, página 404) quien propuso incorporar el siguiente texto, aprobado luego por votación mayoritaria: “De tal modo, la reconstitución de los hechos contribuye a esta Comisión para reprochar seriamente la gestión ministerial, negligente e inexcusable de la señora Javiera Blanco ex Ministra. En efecto, las fallas institucionales acaecidas bajo su administración, que fueron de conocimiento y escrutinio público, contribuyeron lamentablemente a agravar la crisis histórica del Sename.”

Por eso sorprende notablemente que recién el 4 de julio, y sólo después de las visitas de los ministros Eyzaguirre, Narvaez, Valdés y Campos, estos cuatro diputados hayan cambiado su voto por considerar el informe insuficiente, parcial y politizado.

¿Es válido que 13 diputados más sus numerosos asesores estén todo un año trabajando en una investigación que será rechazada? Más aún, siendo todos financiados por ciudadanos ¿quién fiscaliza sus índices de productividad?

• ¿Hasta cuándo se valorará el amiguismo por sobre el desempeño? Por último, si la calificación de “negligencia inexcusable” fuere a alguna funcionaria del SENAME, ¿hubiera tenido el mismo impacto la bajada del informe? Probablemente no.

Sin dudas el elemento que aceleró la combustión del espacio público fue que se exculpara a la ex ministra Blanco. Cercana colaboradora de la Presidenta Bachelet, en su trayectoria política ha tenido más de alguna controversia en sus cargos. Y quizás su último nombramiento, esta vez en el Consejo de Defensa del Estado, corrobora que nuestra mandataria privilegia lealtades por sobre desempeños. Absolutamente comprensible, pero inaceptable cuando se trata de dineros públicos.

En consecuencia, ojalá que el debate provocado pueda profundizar estas y otras interrogantes sobre nuestros mecanismos democráticos. Por otra parte, existen 64 propuestas pendientes que beneficiarán a niños, niñas y adolescentes ingresados al sistema de protección del Estado y acogidos en distintas modalidades de cuidados alternativos. ¿De qué manera el Ejecutivo y el Legislativo lograrán reactivarlas? Porque está claro que los menores del Sename no pueden esperar el informe de una tercera Comisión Investigadora.

Publicada en La Tercera Online

Despacito para que no duela

Hace un par de días, el flamante vocero de gobierno aseguró que “el trabajo de campaña de la Presidenta Bachelet comenzó en marzo de 2013, no antes”. Específicamente el día 28 de marzo, día en que la actual mandataria anunció su campaña presidencial. ¿Debemos suponer todos los chilenos que ese día ella se despertó inspirada y motivada por el futuro de Chile y se atrevió a decir las palabras mágicas: “He tomado la decisión de ser candidata”?

El 21 de diciembre del año anterior, ella había señalado que seguiría en ONU Mujer, agregando “Vamos a hablar en marzo”. ¿Querrá el gobierno que nosotros pensemos que durante ese período no hizo precampaña? La información entregada por Asesorías y Negocios SpA, entregada a través de su gerente general, Giorgio Martelli, dice todo lo contrario. Se trata de una larga lista de profesionales en que muchos son hoy funcionarios de Gobierno, y que en su mayoría fueron parte también de la administración anterior de Bachelet.

Días después, cuando la estrategia inicial recibía disparos desde distintos sectores, el ministro Marcelo Díaz sale a reconocer que las precampañas “son habituales en la política”. E insiste en su línea argumental de que la Presidenta Bachelet "no pidió ni autorizó ningún esquema recaudatorio" antes de su campaña, evitando cuidadosamente precisar si la mandataria estaba o no en conocimiento de esas prácticas.

Con la aprobación de la mandataria pisoteada ya por el caso Caval, la arista Soquimich le explota directamente en su campaña. La negativa a transparentar los hechos solo logra despilfarrar la  credibilidad que queda: ya en la CEP de abril la nota que obtuvo el Gobierno en su primer año en el Tema Transparencia y Corrupción fue de un 2,4 –la peor de todas las notas- y el 62 % de los entrevistados declaró que la Presidenta Bachelet no le daba confianza.

Pero todavía falta un tema a profundizar: además de la ilegalidad de las boletas y facturas ideológicamente falsas, lo que constituye un delito, también existe un ilícito para sus emisores: esos documentos falsos se utilizaron para rebajar los impuestos de empresas a través de figuras ficticias. Es decir, actuales funcionarios públicos se convirtieron en cómplices al ayudar a cometer el ilícito… Y en eso hasta ahora, tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos han guardado un discreto silencio sobre el caso Asesorías y Negocios Spa. Por eso, la remoción del Director Jurídico del SII, Cristián Vargas, no es una buena noticia para la transparencia de este gobierno. ¿O se pretenderá esconder bajo la alfombra?

Publicado en Redesvisión

Bachelet: Hechos y no palabras

La remoción de Michel Jorrat de su cargo como Director del Servicio de Impuestos Internos, ha sido uno de los pocos hechos concretos que ha hecho el Gobierno en materia de transparencia. A pesar de que han sido muchos los fuegos de artificio, las declaraciones, las puestas en escena, los programas de televisión, los mea culpa, son pocas las acciones específicas que la ciudadanía ha podido observar.

De hecho, la entrega del informe final del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción fue minimizada por el anuncio presidencial del “proceso constituyente”. De igual manera, el día escogido para entregar el informe de cumplimiento de medidas administrativas de la agenda de transparencia y probidad fue el mismo día del cambio de gabinete, quedando nuevamente postergada en la agenda nacional.

Y así la mantención en su cargo a Michel Jorrat representaba una verdadera provocación a la ciudadanía, que como nunca exige mayor transparencia. Es de esperar que el flamante ministro Valdés nombre luego al reemplazante - o bien el director subrogante juan Alberto Rojas- cumpla con la obligación legal que el Servicio tiene de las denuncias y querellas por delito tributario. Cabe destacar que la querella inicial presentada por Michel Jorrat en contra de Giorgio Martelli se centra solamente en las donaciones ilegales efectuadas a la campaña del Presidente Frei –específicamente a Clara Bezán-, desviando por completo la atención de los aportes a la campaña de Michelle Bachelet, igual de ilegítimos pero que involucran a muchos personeros de la actual administración.

En la última encuesta CEP, la Presidenta Bachelet aparece con un 56% de desaprobación en la forma en que está conduciendo su gobierno. Aún más, el 62% declara que la mandataria no le da confianza. Y el Tema Transparencia y Corrupción en su primer año obtuvo la peor nota del Gobierno: un paupérrimo 2,4. 

¿Será que tanto discurso pero tan pocos hechos concretos le está pasando la cuenta? ¿Mucho ruido y pocas nueces?  Y más aún después de haber visto como enfrentó el caso Caval, la decisión de  conducir “personalmente” el proceso por crisis de probidad no logra otorgar garantías de la independencia de las instituciones para investigar hechos irregulares mientras no estén resueltos los dos puntos anteriores. Cualquier declaración pro transparencia y probidad en su próxima Cuenta Pública Presidencial podría entenderse una vez más como palabras que se las lleva el viento. La ciudadanía exige hechos concreto, no palabras.  

Andrés Jirón

(publicado en Redesvisión)

Un salario mínimo ilegítimo

La tradicional negociación de todos los años sobre la fijación del salario mínimo entre Ministerio de Hacienda y Central Unitaria de Trabajadores (CUT), adolece del mismo y permanente vicio de ilegitimidad. En efecto, sin perjuicio de la importancia que representa este ritual anual para tantos trabajadores de menores ingresos, son demasiados los legítimos interlocutores que cada año quedan excluidos de participar en esta transacción.

En esta oportunidad, la discusión del reajuste del salario fue monopolizada por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, excluyendo arbitrariamente a todos los demás actores en el debate. Una vez más, el gobierno de turno y la multisindical se arrogan la representación de todos los chilenos, descalificando la participación de otras organizaciones de trabajadores, de las pymes, de las grandes empresas y del sector público en un debate que les afecta directamente.

Después de tan sólo dos reuniones, en que participaron también los actuales ministros de Hacienda y del Trabajo, Alberto Arenas y Javiera Blanco, la presidenta de la CUT declara “estamos en un camino de acercamiento de un 60%-70% en materia de cifra. Por razones lógicas, hasta no discutirlo con nuestra estructura que es el Consejo Nacional de la CUT, no vamos dar a conocer públicamente estas cifras”. Las negociaciones se reanudarán este lunes a las 18:00 horas, introduciéndose la novedad de negociar un salario mínimo plurianual, una vez retorne el ministro Arenas de EE.UU.

Y si bien es cierto que la Central Única de Trabajadores representa a una gran cantidad de trabajadores (501.916 trabajadores y 1.889 sindicatos, según Colegio Electoral de la CUT en  elecciones internas de 2012), son más de 300 mil los trabajadores que están afiliados a otras organizaciones como la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y la Unión de Trabajadores de Chile (UNT) y que quedan excluidos olímpicamente de esta negociación.

Sin perjuicio de esto, son muchos los trabajadores chilenos que no son miembros de un sindicato,  y que por lo tanto no tienen ninguna posibilidad de ser representados ante las autoridades de nuestra nación. Con una de las tasas de sindicalización más baja entre los países de la OCDE (16, 6% en 2012 según Compendio de Series Estadísticas de la Dirección del Trabajo), y con varias organizaciones multisindicales coexistentes, resulta inexplicable el privilegio que otorga el gobierno de turno a la CUT, al excluirlas de la negociación.

Tampoco están invitadas las Pymes a la transacción, a pesar de que las afecta directamente. Según señala la Presidenta Bachelet en su Mensaje Presidencial del 21 de Mayo de 2014 (Capítulo “Una agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento”, página 13), las Pymes “generan en torno al 66 por ciento del empleo en nuestro país, y debemos fortalecer su contribución al crecimiento”. Sin embargo, esta buena intención parece que no logra materializarse ni siquiera a través de una invitación a éstas a participar en un tema tan trascendental como es la fijación del salario mínimo. A pesar de que existen 859.359 Mipymes, que representan el 98,7% de las empresas (según cifras SOFOFA) que entregan dos tercios de los puestos laborales, además de todas las ocupaciones informales, los gobiernos de turno han preferido excluirlas de la negociación sobre el ingreso mínimo. Organizaciones como Conapyme, Conupia, Pymes de Chile o Asech,  han sido sistemáticamente excluidas de estas reuniones, a pesar de la alta representatividad que tienen.

¿Para qué hablar de los trabajadores cesantes?: En un segmento en que todos tratan de salir lo antes posible, este propósito de transitoriedad logra desvirtuar cualquier intento de representatividad. Por supuesto que han sido excluidos por todos los gobiernos de turno en un tema de tanta importancia nacional. Con la reciente tasa de desempleo de 6,4%, la fijación del salario mínimo cobra mayor importancia que nunca.

Es por esto, ante la deliberada omisión de tanto actor involucrado en la fijación del ingreso mínimo, cualquier resultado al que lleguen el ministro Arenas y Bárbara Figueroa, adolecerá de un vicio de origen: falta de legitimidad por exclusión. Sin embargo, ésta no impedirá la construcción de bonitos discursos que representarán sólo a una parte de los trabajadores sindicalizados, con un debate en que sistemática y arbitrariamente son marginados la gran mayoría de actores involucrados. 

Codelco: ¡¿Hasta cuándo paga Moya?!

“Tengo mi conciencia tranquila”, dijo ayer el actual ministro de Educación ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Citado a declarar sobre una pérdida de Codelco por US$ 4.700 millones por contratos a futuro autorizados (el 2005) en su período como ministro de Hacienda, tuvo también que dar explicaciones por la sociedad Cupic, constituida en esa misma época por Codelco y la empresa China Minmetals, nada menos que en el paraíso fiscal de Islas Bermudas, y cuyos contratos podrían representar una pérdida adicional para la minera estatal de US$ 2.300 millones, además de la elusión de los impuestos correspondientes. 

Lamentablemente para él, no se trata sólo de un tema de ética o de conciencia, sino de responsabilidad política y legal por las pérdidas de Codelco cuando integraba su directorio en calidad de ministro de Hacienda en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet. Imposible guardar silencio cuando se trata de pérdidas que casi hubieran podido financiar la tan anhelada y buscada reforma educacional…

Y es que en ese entonces, los ministros de Minería y de Hacienda integraban por ley el directorio de Codelco. Recién en 2009, su actual Estatuto Orgánico -modificado por la ley N° 20.932-, sujetó a la empresa estatal a las normas que rigen las sociedades anónimas abiertas, entre las cuales se encuentra la responsabilidad solidaria de los directores por los perjuicios que causen a los accionistas -en el caso de Codelco, ¿a todos los chilenos?-y a la sociedad que representan. En consecuencia, por esta negligencia difícil de justificar, por estas pérdidas originadas el 2005 de US$ 7.000 millones –casi el monto que pretende la actual reforma tributaria-, por esta sociedad constituida en las Islas Bermuda para eludir impuestos, responderá una vez más el conocido y ubicuo señor Moya…

Por eso, siendo Codelco la empresa estatal que explota el cobre, el sueldo de Chile, llaman la atención los recientes nombramientos de Óscar Landerretche –ingeniero comercial, Ph.D en Economía y militante del Partido Socialista- como presidente del directorio, de Laura Albornoz –abogado, doctora en derecho civil y militante de la Democracia Cristiana-  y de Dante Contreras -economista, Ph.D en Economía e independiente- como directores de la cuprífera, todos con excelentes títulos en lo académico pero sin experiencia alguna en el ámbito de la minería ni tampoco en la gestión de empresas. Esto obviamente produce una legítima inquietud de todos los chilenos con respecto al objetivo trazado por la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo: “mejorar la competitividad de la cuprífera, para mantener el  liderazgo mundial de la principal empresa estatal chilena”.

De hecho, la diputada Paulina Núñez (RN), integrante de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, solicitó a la Contraloría General de la República, determine si los nombramientos de Landerretche y Contreras cumplen con la normativa vigente, requerimiento todavía pendiente. Ésta exige que para ser director de Codelco se debe "acreditar una experiencia profesional, de a lo menos cinco años continuos o no, como director, gerente, administrador o ejecutivo principal en empresas públicas o privadas, o en cargos de primer o segundo nivel jerárquico en servicios públicos".

Por otra parte, la remoción de Thomas Keller de la presidencia ejecutiva de la empresa  –supuestamente por mala relación con los sindicatos de la empresa- abre un flanco en la administración de la empresa. Si recordamos que los sindicatos de El Teniente rechazaron un bono de término de conflicto de $ 21 millones en la última negociación colectiva en febrero de este año, resultan evidentes las presiones que deberá enfrentar su sucesor respecto a la reducción de costos en la producción cuprífera.

Por eso –y habiendo descartado el timonel del directorio, Oscar Landerretche, que la decisión de su salida hubiera tenido un carácter político- el nombramiento del próximo presidente ejecutivo es de extrema relevancia. Dada la inexperiencia de los nuevos directores en materia minera, es factible que se cometan errores de las dimensiones de los perpetrados por el directorio del cual formaba parte el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

Ayer, en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, y ante la constitución de una sociedad creada para eludir impuestos durante 15 años, el actual ministro de Educación dijo -en su peculiar estilo-no estar enterado de ese contrato porque: “o estaba cazando moscas o no se informó”, pidiendo ver las actas de las sesiones del directorio para asegurarse.  Como si un director debiera responder solo de la burocracia dejada en actas, pero no de la gestión de la empresa. 

La marcha estudiantil de hoy –convocada por la Confech, Aces y Cones-, el paro nacional anunciado por el Colegio de Profesores, las protestas de la Confederación de Padres y Apoderados de colegios particulares subvencionados o el paro de alumnos de establecimientos escolares como el Instituto Nacional o del Instituto Barros Arana parecieran demostrar que el actual ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, sigue empeñado en su cacería de moscas.

Bachelet: la mujer del César

No cabe duda que la Presidenta Bachelet quiere demostrar a toda costa independencia de los partidos políticos que apoyaron su candidatura. Es sabido que éstos son mal evaluados por la ciudadanía. Estamos ante “una ciudadanía que exige mayor transparencia, mayor estándar alto, sobre todo a nosotros como gobierno que hemos llegado”, tal como declaró Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior, al momento de anunciar la remoción de cuatro gobernadores. La cercanía del Gobierno a los partidos políticos puede cobrarle altos costos, ya que una sociedad empoderada y mucho más exigente ha hecho cambiar las mecánicas del mundo político. 

La mandataria ya conoce de problemas con las tiendas políticas de su coalición (durante su primer mandato se masificaron los descolgados de la Concertación). Hoy más que nunca quiere mantener su independencia para gobernar. Atrás quedaron las imposiciones a las que tuvo que acceder en los inicios de su primer gobierno respecto al nombramiento de ministros, ya que hoy cuenta con un  insuperable respaldo de la ciudadanía. 

Hasta el momento, su luna de miel no ha sólo ha sido con la opinión pública, sino también con los conglomerados. Con la Nueva Mayoría, mientras no termine completamente el período de nombramientos, los partidos todavía deberán acatar sus decisiones. “El que se mueve, no sale en la foto”, advirtió clara y enfáticamente la mandataria. Y mientras se sigan enviando al Congreso proyectos de ley tan emblemáticos como el voto en el exterior, el bono Marzo o el AVP, resultan inviables los intentos de negociar por el voto parlamentario. Las escasas declaraciones de independencia de los díscolos de alma sólo vendrán no antes de dos meses. El empoderamiento legislativo comenzará recién terminado el proceso de instalación. Por otra parte, la Alianza, mucho más pendiente de los próximos pasos del ex Presidente Piñera que de oponerse al Gobierno, ya conoce el alto costo que tiene el criticar a la Presidenta Bachelet.

La designación que hizo la mandataria de los ministros fue una certera combinación de hombres y mujeres, nuevos nombres y rostros políticos consolidados, de Santiago y de regiones, militantes e independientes. Mantuvo un  equilibrio respecto a la representación de los partidos políticos de la Nueva Mayoría, pero desplazó a las dirigencias tradicionales de los partidos. Sin embargo, al incluir a su círculo de confianza en el gabinete –privilegiando a quienes han construido relaciones personales con ella-, no fue fácil completar los cupos de subsecretarios, gobernadores e intendentes. Delegó los nombramientos de los subsecretarios en el ministro Peñailillo, y ante las críticas a éste -especialmente del fuego amigo- después de varias renuncias, comisionó al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el nombramiento de intendentes y gobernadores, las que también fueron reprochadas después de otras varias renuncias. 

 

Las primerascríticas ya se han producido, especialmente las provenientes del fuego amigo. El diputado (PS) Fidel Espinoza comenzó el ataque, destacando la “actitud dictatorial” del subsecretario del Interior. El senador (ind) Alejandro Guillier también aprovechó de recordar al Gobierno la necesidad de escuchar a los representantes electos y a los partidos políticos. El senador (PPD) Felipe Harboe calificó de “un triste espectáculo” la renuncia de los gobernadores. A su vez, el presidente socialista Osvaldo Andrade –más benévolo-, señaló que “hay que compartir responsabilidades” respecto a los nombramientos. Al parecer, el único que no habría asumido  en público las responsabilidades del Gobierno fue su vocero, Álvaro Elizalde, quién declaró: “No nos hacemos ninguna crítica”. 

Pero no sólo los nombramientos y las 10 posteriores renuncias han sido fuente de tensión entre Gobierno y partidos políticos. Los jefes parlamentarios exigieron al ministro del Interior participar en la primera reunión con la Presidenta y el comité político, rechazando una reunión con la ministra Secretaria General de Gobierno, Ximena Rincón. Al mismo tiempo, la reanudación de los aportes mensuales en dinero solicitados a las autoridades por las tiendas de la Nueva Mayoría tampoco ayuda a consolidar la noción de independencia entre Gobierno y partidos políticos. 

Precisamente, la designación de las nuevas autoridades se ha convertido en un punto sensible para la opinión pública. Hoy más que nunca son cuestionados las preferencias injustificadas, parentescos y compadrazgos, cuoteos arbitrarios e invención de plataformas políticas. Es por eso que el Gobierno, consistente con su esfuerzo de desmarcarse en esta materia de los partidos políticos, se encuentra preparando un instructivopresidencial para los cargos de la Alta Dirección Pública o para las remuneraciones de los asesores. Con esto no solamente legitimará los nombramientos ante la cada vez más exigente ciudadanía, sino también ordenará las presiones de los partidos al compartir los costos de cada postulación. 

Según la última encuesta Adirmark (febrero 2014), la Alianza tendría un exiguo 22% de aprobación versus un 64% de desaprobación, la Concertación un 25% a favor en contra de 56%, y la recién creada Nueva Mayoría lidera con un tercio de aprobación en contrapartida al 46% de rechazo. En el último informe de Chile Transparente (junio 2013), aparece que sólo el 9% de los chilenos confía en los partidos políticos, posicionándolos como la institución peor evaluada del país. Es por esto que la mandataria, al igual que la mujer del César, no sólo deberá esmerarse en ser independiente de los partidos políticos, sino también en demostrarlo. 

Columna publicada en La Tercera online