El cumplimiento de la promesa electoral de inscripción automática y voto voluntario parece peligrar. A pesar del reciente ingreso del proyecto de ley al Senado, algunos personeros de la Concertación ya comienzan a anunciar un cambio de opinión al respecto, apoyando la inscripción automática pero manteniendo el voto obligatorio. De ser así, el único efecto concreto de este proyecto sería el de ampliar el número de votantes cautivos obligados por ley a votar.
Mientras los partidos políticos se desgastan en inútiles intentos por alinear a sus dirigentes, el chileno común y corriente observa con impotencia la postergación de sus intereses ciudadanos. Esto conlleva a un exiguo apoyo a cada conglomerado, a una escasa participación ciudadana en política y a una constatación de la omisión de sus prioridades en las agendas partidiarias.
Las reformas anunciadas en la agenda política del Gobierno –incluido el financiamiento de partidos- pueden ser un gran aporte para el reforzamiento del régimen democrático constitucional en nuestro país. Pero mientras no se amplíen las bases partidarias ni se implementen sistemas participativos de nombramientos, el voto debiera ser voluntario.
La agenda política debe comenzar por sincerar la actual representatividad de la ciudadanía por parte de los partidos políticos.
Carta publicada en La Tercera el 25 de Marzo, en Diario Financiero el 26 de Marzo y en La Nación el 27 de Marzo de 2008.
martes, 25 de marzo de 2008
domingo, 2 de marzo de 2008
Impunidad a todo evento
Sorpresa e indignación causó en la ciudadanía la decisión de la ministra Provoste de no destituir al Seremi Traverso. La suspensión por dos meses resulta irrisoria ante la investigación de la Contraloría por un “desorden administrativo” de $ 262 mil millones. Este castigo contrasta con las grandilocuentes declaraciones iniciales de la ministra, quién, antes de salir de vacaciones, afirmaba enfáticamente que perseguiría a los culpables. ¿Culpables de qué? ¿Responsabilidades políticas, administrativas, civiles o sólo penales?
Se consolida así un precedente de impunidad, al desatender recomendaciones del organismo contralor y contradecir recientes declaraciones de la Presidenta de que “con el dinero de los chilenos no se juega.”
Al no estar terminada la investigación de la Contraloría, resulta prematuro definir si hubo culpa o dolo en la gestión del Seremi. Sin embargo, en materias civiles el artículo 44 Nº 1 del Código Civil establece que la culpa grave se asimila al dolo. Esto, y el permitir este escándalo sin haber podido todavía demostrar a la opinión pública la correcta administración de las subvenciones, bastaría para determinar la responsabilidad política de Traverso.
Con la sanción impuesta en este caso, el chileno común y corriente comprueba que funcionarios públicos –especialmente los ligados a partidos políticos- acceden a altos cargos de la administración estatal, negociando dentro de sus condiciones laborales una cláusula de impunidad a todo evento.
Carta publicada en La Tercera el 1° de Marzo y en Diario Financiero el 3 de Marzo de 2008.
Se consolida así un precedente de impunidad, al desatender recomendaciones del organismo contralor y contradecir recientes declaraciones de la Presidenta de que “con el dinero de los chilenos no se juega.”
Al no estar terminada la investigación de la Contraloría, resulta prematuro definir si hubo culpa o dolo en la gestión del Seremi. Sin embargo, en materias civiles el artículo 44 Nº 1 del Código Civil establece que la culpa grave se asimila al dolo. Esto, y el permitir este escándalo sin haber podido todavía demostrar a la opinión pública la correcta administración de las subvenciones, bastaría para determinar la responsabilidad política de Traverso.
Con la sanción impuesta en este caso, el chileno común y corriente comprueba que funcionarios públicos –especialmente los ligados a partidos políticos- acceden a altos cargos de la administración estatal, negociando dentro de sus condiciones laborales una cláusula de impunidad a todo evento.
Carta publicada en La Tercera el 1° de Marzo y en Diario Financiero el 3 de Marzo de 2008.
lunes, 18 de febrero de 2008
Utopía de Cheyre
Ante el llamado del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre a que se establezcan ciertas inhabilidades a quienes accedan a altos cargos públicos, han surgido múltiples reacciones. Desde un reconocimiento expreso del Ministro Vidal que Chile se quedaría sin Poder Ejecutivo ni Legislativo, hasta la columna de Cristóbal Bellolio publicada en La Tercera, que recoge y asume la iniciativa en representación de una nueva generación.
Sin embargo, aún persisten importantes mecanismos de retención y concentración del poder. Es así como el proyecto de ley que restringe la reelección de diputados y senadores todavía no ha sido votado, habiéndose pospuesto en varias oportunidades. Por otra parte, la próxima reforma de la Ley de Partidos Políticos parece contemplar la pérdida del cargo a los parlamentarios que renuncien a sus colectividades, privilegiando un mayor control sobre ellos por sobre la representatividad ciudadana.
La permanencia de los mismos protagonistas durante más de 17 años evidencia una falta de renovación en la clase dirigente, logrando alejar al chileno común y corriente de la política. Los índices de aprobación de cada conglomerado tienden a disminuir cada vez más, llegando sólo al 20% en cada caso y con una escasa participación en ellos.
Siendo los partidos políticos esenciales para el fortalecimiento de un régimen democrático constitucional, cobra importancia el llamado de Cheyre a renovar la clase política.
Carta publicada en La Tercera el 21 de Febrero de 2008.
Sin embargo, aún persisten importantes mecanismos de retención y concentración del poder. Es así como el proyecto de ley que restringe la reelección de diputados y senadores todavía no ha sido votado, habiéndose pospuesto en varias oportunidades. Por otra parte, la próxima reforma de la Ley de Partidos Políticos parece contemplar la pérdida del cargo a los parlamentarios que renuncien a sus colectividades, privilegiando un mayor control sobre ellos por sobre la representatividad ciudadana.
La permanencia de los mismos protagonistas durante más de 17 años evidencia una falta de renovación en la clase dirigente, logrando alejar al chileno común y corriente de la política. Los índices de aprobación de cada conglomerado tienden a disminuir cada vez más, llegando sólo al 20% en cada caso y con una escasa participación en ellos.
Siendo los partidos políticos esenciales para el fortalecimiento de un régimen democrático constitucional, cobra importancia el llamado de Cheyre a renovar la clase política.
Carta publicada en La Tercera el 21 de Febrero de 2008.
lunes, 28 de enero de 2008
Indignación inmovilizadora
La Presidenta de la República cuestionó las conductas de algunos personeros de la Concertación en la inauguración de la escuela de verano “Todos por Chile”. Expresó la molestia que experimentaba cuando percibía que en ciertas áreas no se hiciera todo lo que estaba al alcance de ellos y la indignación que sentía cuando algunos se olvidaban de los principios de probidad. Molestia e indignación que experimentamos al unísono millones de chilenos al ver todos estos reiterados casos de irregularidades.
Sin embargo, la indignación de las autoridades es tal, que al parecer resulta inmovilizadora. El ciudadano común y corriente no ha visto todavía ninguna medida de sanción al respecto, confirmando la impunidad de algunos miembros del conglomerado. Definitivamente da la impresión que la indignación no fuera suficiente para llegar a la aplicación de sanciones gubernamentales. ¿Hubiera sido la misma reacción si el responsable fuera un independiente o un integrante de la Alianza o ChilePrimero?
Nuestra Presidenta nos interpreta y representa en nuestra irritación ante tantas faltas de probidad. Pero nosotros, igualmente indignados, también nos sentimos con el mismo derecho a “molestarnos cuando percibimos que en ciertas áreas no se hace todo lo que está al alcance”. Es de esperar que la declaración del gobierno no quede sólo en el ámbito del discurso, sino que también se concrete en acciones verdaderas.
Carta publicada en La Tercera el 30 de Enero de 2008 y en Revista Qué Pasa el 1° de Febrero de 2008.
Sin embargo, la indignación de las autoridades es tal, que al parecer resulta inmovilizadora. El ciudadano común y corriente no ha visto todavía ninguna medida de sanción al respecto, confirmando la impunidad de algunos miembros del conglomerado. Definitivamente da la impresión que la indignación no fuera suficiente para llegar a la aplicación de sanciones gubernamentales. ¿Hubiera sido la misma reacción si el responsable fuera un independiente o un integrante de la Alianza o ChilePrimero?
Nuestra Presidenta nos interpreta y representa en nuestra irritación ante tantas faltas de probidad. Pero nosotros, igualmente indignados, también nos sentimos con el mismo derecho a “molestarnos cuando percibimos que en ciertas áreas no se hace todo lo que está al alcance”. Es de esperar que la declaración del gobierno no quede sólo en el ámbito del discurso, sino que también se concrete en acciones verdaderas.
Carta publicada en La Tercera el 30 de Enero de 2008 y en Revista Qué Pasa el 1° de Febrero de 2008.
sábado, 26 de enero de 2008
Quien calla, otorga
Una vez más se conocen nuevos casos de asesorías irregulares en empresas estatales. Las últimas denuncias efectuadas en Gendarmería y EFE acusan una asignación discrecional de recursos, que involucra a altas autoridades de gobierno o a sus familiares. Evidencian también una ausencia total de procedimientos legítimos y transparentes, en contraposición a la tan anunciada y esperada Agenda de Probidad.
La querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en los Tribunales de Justicia y el informe de la Contraloría General de la República confirman serias presunciones de la existencia de irregularidades en ambas empresas. A esto se suman las serias dificultades reveladas por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en la indagatoria de EFE.
Con tantos personeros políticos, empresas públicas y organismos estatales involucrados en estos casos, ya sea como fiscalizadores o fiscalizados, sorprende la ausencia de declaraciones de varios partidos políticos sobre el tema. Las pocas declaraciones emitidas, tardías y difusas, no sancionan suficientemente estos hechos. Nuestras autoridades de gobierno, tan locuaces en este último tiempo, tampoco se han referido a las anomalías detectadas, perdiendo la oportunidad de reforzar la condena social a este tipo de actuaciones.
La querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en los Tribunales de Justicia y el informe de la Contraloría General de la República confirman serias presunciones de la existencia de irregularidades en ambas empresas. A esto se suman las serias dificultades reveladas por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en la indagatoria de EFE.
Con tantos personeros políticos, empresas públicas y organismos estatales involucrados en estos casos, ya sea como fiscalizadores o fiscalizados, sorprende la ausencia de declaraciones de varios partidos políticos sobre el tema. Las pocas declaraciones emitidas, tardías y difusas, no sancionan suficientemente estos hechos. Nuestras autoridades de gobierno, tan locuaces en este último tiempo, tampoco se han referido a las anomalías detectadas, perdiendo la oportunidad de reforzar la condena social a este tipo de actuaciones.
domingo, 13 de enero de 2008
Políticos díscolos
El fenómeno de los políticos díscolos que partió tímidamente en el Congreso hace algunos años atrás, se ha ido expandiendo con fuerza en los partidos políticos y consolidando en forma irreversible en el ámbito nacional, hasta incluso llegar a La Moneda, situación impensable hace algunos años atrás.
¿Qué ha sucedido para llegar a estos extremos?
La escasa identificación que siente la ciudadanía con los conglomerados políticos, cuantificada en diversas encuestas con exiguos índices cercanos al 20% de aprobación, han explicitado la baja representatividad de la actual clase política. Esto ha promovido un implícito “sálvese quién pueda”, privilegiando intereses individuales por sobre colectivos, dificultando la visión de un proyecto común e imposibilitando la construcción de un relato nacional.
Con el proyecto de ley de inscripción automática se busca camuflar esta escasa adhesión. Por eso, y solamente como un hipotético ejercicio teórico, ¿se atrevería la clase política a aprobar un proyecto de ley que estableciera el voto voluntario? Sería interesante conocer los verdaderos índices de representatividad de nuestros dirigentes políticos.
Dada la importancia de los partidos políticos para el desarrollo y consolidación de un marco institucional, económico y social, se hace cada vez más imprescindible recuperar esa sintonía que en algún momento tuvieron con el chileno común y corriente.
Para esto, se necesita enfocarse en los nuevos intereses ciudadanos, renovar las cúpulas dirigentes, ampliar las bases partidiarias y desarrollar elementos diferenciadores que permitan al votante fundamentar con solidez su opción electoral.
De otra forma, que el (la) último (a) apague la luz…
Carta publicada en el Diario Financiero el 9 de Enero de 2008.
¿Qué ha sucedido para llegar a estos extremos?
La escasa identificación que siente la ciudadanía con los conglomerados políticos, cuantificada en diversas encuestas con exiguos índices cercanos al 20% de aprobación, han explicitado la baja representatividad de la actual clase política. Esto ha promovido un implícito “sálvese quién pueda”, privilegiando intereses individuales por sobre colectivos, dificultando la visión de un proyecto común e imposibilitando la construcción de un relato nacional.
Con el proyecto de ley de inscripción automática se busca camuflar esta escasa adhesión. Por eso, y solamente como un hipotético ejercicio teórico, ¿se atrevería la clase política a aprobar un proyecto de ley que estableciera el voto voluntario? Sería interesante conocer los verdaderos índices de representatividad de nuestros dirigentes políticos.
Dada la importancia de los partidos políticos para el desarrollo y consolidación de un marco institucional, económico y social, se hace cada vez más imprescindible recuperar esa sintonía que en algún momento tuvieron con el chileno común y corriente.
Para esto, se necesita enfocarse en los nuevos intereses ciudadanos, renovar las cúpulas dirigentes, ampliar las bases partidiarias y desarrollar elementos diferenciadores que permitan al votante fundamentar con solidez su opción electoral.
De otra forma, que el (la) último (a) apague la luz…
Carta publicada en el Diario Financiero el 9 de Enero de 2008.
sábado, 5 de enero de 2008
Letras chicas de Consorcio
Con motivo de las distintas normativas que han surgido para proteger al consumidor, las grandes compañías han eliminado de sus contratos de adhesión las claúsulas que pudieran ser abusivas, motivadas especialmente por eventuales fiscalizaciones del SERNAC. Al ser contratos que se encuentran en poder de millares de usuarios y circulan libremente en el mercado, su fiscalización resulta relativamente fácil.
Por lo tanto, las conductas abusivas de las grandes compañías se han trasladado desde la redacción de sus contratos hasta la interpretación que ellas realizan de éstos, pero una vez ya efectuada la prestación del servicio o la entrega del producto. En efecto, una vez pagado el precio transado, comienzan a aparecer las distintas interpretaciones de la aplicación del contrato, con variables nunca antes expresadas y convirtiéndose en potenciales conflictos entre empresa y cliente. El consumidor, por regla general en una soledad absoluta se ve enfrentado a toda una maquinaria legal y comunicacional, con un presupuesto millonario y compuesta por un ejército de personas, que impide en definitiva el obtener el cumplimiento de lo contratado. Lo que ignora ese consumidor solitario, es que simultáneamente y en forma paralela existen cientos o miles de casos como el suyo, pero tramitados en forma aislada.
Por mi parte, en el año 2005 tuve un accidente automovilístico de proporciones, y al momento de hacer efectiva la cobertura de enfermedades catastróficas contratada en un seguro de vida con Consorcio, la compañía empezó a exigir documentos de tal manera que hacía ilusorio el cumplimiento de lo contratado. Tuve que recurrir a la Superintendencia de Valores y Seguros por incumplimiento de contrato y presentar en el SERNAC una denuncia por publicidad engañosa para recién lograr el reembolso de los gastos médicos.
Es por eso que las demandas colectivas establecidas en la Ley del Consumidor han significado un gran avance en atenuar esta desigualdad de fuerzas existente entre usuario y corporación. Sin embargo, los ciudadanos aún tenemos un gran desafío: vencer nuestras profundas e intrínsecas desconfianzas en los demás y desarrollar la asociatividad necesaria para ejercer nuestros derechos.
Normalmente se piensa que las relaciones de poder son inamovibles entre un emisor y su receptor. Sin embargo, la realidad ha demostrado que éstas son cada vez más móviles y frágiles, con dos casos emblemáticos que pudimos presenciar en este último tiempo:
1) La revolución pingüina, desarrollada por colegiales que lograron derribar a un Ministro de Educación.
2) Las hermanas Berta y Nicolasa Quintreman contra Celco, que tuvieron la capacidad y habilidad para enfrentarse a uno de los grupos económicos más importante de nuestro país.
Existen muchas oportunidades para ejercer nuestros derechos como usuarios o consumidores, independientemente de quién sea nuestro interlocutor. La solución tradicional de recurrir a los Tribunales puede servir, aunque por regla general requiere de muchos recursos económicos y tiempo excesivo para el normal de las personas. Otra alternativa consiste en utilizar una estrategia comunicacional, la que aunque no tiene el carácter vinculante de una sentencia judicial, sí puede afectar una de las áreas en que las empresas más recursos destinan: la reputación corporativa. Obviamente la estrategia ideal consiste en combinar esfuerzos legales y comunicacionales para lograr el objetivo propuesto. Si no resulta una, al menos resultará la otra. Si se desarrolla planificadamente, interviniendo en cada uno de los elementos de la comunicación y respetando cada una de las etapas de los procesos de informar, convencer, persuadir e involucrar, lograremos nuestros objetivos. Y si lo hacemos coordinadamente, como un grupo de ciudadanos o consumidores con objetivos comunes e individuales, estamos aumentando todavía más nuestras probabilidades de éxito.
Por lo tanto, las conductas abusivas de las grandes compañías se han trasladado desde la redacción de sus contratos hasta la interpretación que ellas realizan de éstos, pero una vez ya efectuada la prestación del servicio o la entrega del producto. En efecto, una vez pagado el precio transado, comienzan a aparecer las distintas interpretaciones de la aplicación del contrato, con variables nunca antes expresadas y convirtiéndose en potenciales conflictos entre empresa y cliente. El consumidor, por regla general en una soledad absoluta se ve enfrentado a toda una maquinaria legal y comunicacional, con un presupuesto millonario y compuesta por un ejército de personas, que impide en definitiva el obtener el cumplimiento de lo contratado. Lo que ignora ese consumidor solitario, es que simultáneamente y en forma paralela existen cientos o miles de casos como el suyo, pero tramitados en forma aislada.
Por mi parte, en el año 2005 tuve un accidente automovilístico de proporciones, y al momento de hacer efectiva la cobertura de enfermedades catastróficas contratada en un seguro de vida con Consorcio, la compañía empezó a exigir documentos de tal manera que hacía ilusorio el cumplimiento de lo contratado. Tuve que recurrir a la Superintendencia de Valores y Seguros por incumplimiento de contrato y presentar en el SERNAC una denuncia por publicidad engañosa para recién lograr el reembolso de los gastos médicos.
Es por eso que las demandas colectivas establecidas en la Ley del Consumidor han significado un gran avance en atenuar esta desigualdad de fuerzas existente entre usuario y corporación. Sin embargo, los ciudadanos aún tenemos un gran desafío: vencer nuestras profundas e intrínsecas desconfianzas en los demás y desarrollar la asociatividad necesaria para ejercer nuestros derechos.
Normalmente se piensa que las relaciones de poder son inamovibles entre un emisor y su receptor. Sin embargo, la realidad ha demostrado que éstas son cada vez más móviles y frágiles, con dos casos emblemáticos que pudimos presenciar en este último tiempo:
1) La revolución pingüina, desarrollada por colegiales que lograron derribar a un Ministro de Educación.
2) Las hermanas Berta y Nicolasa Quintreman contra Celco, que tuvieron la capacidad y habilidad para enfrentarse a uno de los grupos económicos más importante de nuestro país.
Existen muchas oportunidades para ejercer nuestros derechos como usuarios o consumidores, independientemente de quién sea nuestro interlocutor. La solución tradicional de recurrir a los Tribunales puede servir, aunque por regla general requiere de muchos recursos económicos y tiempo excesivo para el normal de las personas. Otra alternativa consiste en utilizar una estrategia comunicacional, la que aunque no tiene el carácter vinculante de una sentencia judicial, sí puede afectar una de las áreas en que las empresas más recursos destinan: la reputación corporativa. Obviamente la estrategia ideal consiste en combinar esfuerzos legales y comunicacionales para lograr el objetivo propuesto. Si no resulta una, al menos resultará la otra. Si se desarrolla planificadamente, interviniendo en cada uno de los elementos de la comunicación y respetando cada una de las etapas de los procesos de informar, convencer, persuadir e involucrar, lograremos nuestros objetivos. Y si lo hacemos coordinadamente, como un grupo de ciudadanos o consumidores con objetivos comunes e individuales, estamos aumentando todavía más nuestras probabilidades de éxito.
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