Andres Jiron Santandreu

Binominal: El complejo juego de ajedrez

2012-01-20T15:02:00.000-08:00

Definitivamente, la sorpresiva propuesta de reformas políticas DC-RN dio un golpe a la cátedra. No sólo por la forma -que significó el desconcierto del resto de los partidos de ambos conglomerados-, sino por el fondo: la instalación de un régimen semi presidencial, además del cambio del sistema binominal por uno proporcional corregido, la elección directa de autoridades regionales y algunas sentidas declaraciones sobre potenciar la calidad de la política, pero sin especificar mucho.

Respecto al cambio del sistema electoral, se limitan a mencionar un sistema proporcional corregido, pero sin mencionar detalles como número de escaños adjudicados por distrito o circunscripción, forma de candidatura o de votación, transformación de votos en escaños ni tampoco umbrales de votación para participar en el reparto proporcional. Para dos meses de trabajo conjunto, se trata de una propuesta bastante desprolija y poco completa. ¿Volador de luces que busca distraer a la opinión pública? ¿Un parelé a los compañeros de conglomerado que intentaron ningunear a la DC y a RN? ¿Un tate quieto al Gobierno al instalar una institución que desempodera al Presidente? ¿O sencillamente todas las anteriores?

El clima político se ha visto convulsionado por distintos enfrentamientos en estas últimas semanas. Declaraciones van, declaraciones vienen, las confrontaciones se han instalado entre Gobierno y oposición, ministros y parlamentarios, compañeros de coalición, partidos y partidarios…Muchos han sido los elementos detonantes: reforma tributaria, declaraciones de Camila Vallejo, competencia interna en el PPD, marginación de ChilePrimero del bloque de gobierno, entre tantos otros. Pero la guinda de la torta es la reforma del sistema binominal: una férrea e inicial oposición de la UDI y de una parte de RN a cualquier cambio llegó incluso hasta el Presidente Piñera. La temprana petición de los jefes de la UDI y RN al Presidente Piñera de no priorizar las reformas políticas y tributarias sinceró sus deseos manifiestos de mantener el statu quo imperante.
La consiguiente respuesta de la oposición no se hizo esperar, quién de inmediato emplazó al mandatario a terminarlo de una vez. Su posterior cuestionamiento a todos los partidos, pero en especial a los partidos oficialistas, por su imposibilidad de lograr acuerdos sólo le agregó leña al fuego. Los posteriores llamados a la unidad sucedieron las fuertes controversias, intentando mostrar una forzada señal de equipo, en especial para la celebración de los dos años del Ejecutivo en el Gobierno.

Con los más bajos índices en cuanto a confianza en los Partidos Políticos (7%) y en el Congreso (13%), según la encuesta CEP Nov-Dic 2011, la cuestionada forma de aumentar el número de senadores y diputados genera un fuerte rechazo en la opinión pública. Por supuesto que se interpreta como la solución fácil, la doblada de mano necesaria para que los actuales legisladores no se sientan atemorizados en sus cargos, asumiendo todos los costos de esta reforma los contribuyentes chilenos. Por otra parte, en un período especialmente difícil en lo económico y que se conjuga con la necesidad de financiamiento de muchas demandas sociales, este es un año para buscar la eficiencia del gasto público y no su ampliación. La idea de ampliación de la cantidad de legisladores sólo refleja un doble discurso respecto a los objetivos de una eventual reforma tributaria y a la prioridad de privilegiar una agenda social.

Más directa, más definida y más completa es la presentación por parte de los senadores Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND) y Antonio Horvath (RN) del proyecto de ley que establece un sistema mayoritario uninominal: no se aumenta el actual número de parlamentarios y se establece que las dos primeras mayorías de votos individuales sean electas, eliminando cualquier posibilidad de alterar la voluntad popular.

Según la ya referida encuesta CEP (Nov-DIC 2011), en un contexto en que el 60% de los chilenos estima que el sistema binominal debe cambiarse, y el 23% no sabe o no contesta, esta feroz pugna sobre su mantención o modificación sorprende a la ciudadanía y sólo certifica la escasa sensibilidad de gran parte de la clase política con las demandas ciudadanas. Pero más que eso, la opinión pública ya entendió que detrás de este debate sobre las reglas del juego, hay actores que quieren mantener sus sobrerepresentaciones.

Columna publicada en La Tercera Online

CEP: El gran fracaso del gobierno

2011-12-31T03:53:00.000-08:00

La última encuesta CEP constituyó un duro golpe para el Gobierno. Sin duda se trata del peor fracaso político en los últimos 100 años, con excepción del gobierno de Salvador Allende. Porque no cabe duda que el Ejecutivo hizo un gran esfuerzo para mejorar su aprobación en este último semestre. Pero al terminar el año, los demoledores resultados borran en la percepción de la opinión pública cualquier mejora experimentada en otras encuestas anteriores: no sólo constituye la más baja aprobación desde el retorno a la democracia, sino que evidencia un retroceso en todos los atributos presidenciales e incluso aumenta (al 60%) la desaprobación a la forma en que mandatario y equipo económico manejan la economía -supuesta fortaleza de esta administración-, apodada hoy el "gobierno de los empresarios".

¿Cómo este inicial “gobierno de los mejores” no ha sido capaz de captar la simpatía de la ciudadanía chilena? ¿En qué ha fallado sistemáticamente para no poder lograr algo de benevolencia de parte de la opinión pública? ¿De qué han servido sus obras concretas: eliminación del 7% de salud para los adultos mayores, promulgación del nuevo postnatal, creación de 545.080 mil nuevos puestos de trabajo, fin de listas de espera Auge en hospitales, aprobación ley de inscripción automática y voto voluntario o implementación del Sernac Financiero? ¿A cuánto hubieran llegado los índices de desaprobación sin estas medidas? ¿O definitivamente no provocaron ningún efecto? En este último caso, ¿por falta de relevancia o por mala comunicación?

Como consecuencia de la pérdida de capital reputacional del gobierno, hoy ya nadie -o sólo algunos pocos fanáticos- lo elogia o defiende. Pocos creen en sus discursos y todo anuncio sólo genera escepticismo o abierta incredulidad. Siempre irrumpe el concepto de “la letra chica”, brillantemente instalado y rentabilizado por la oposición. Hasta ahora, la mayor falencia de este gobierno ha sido la incapacidad para lograr el compromiso de las audiencias. Respecto a un eventual apoyo o una tibia defensa de la opinión pública, además de mal visto, es objeto de bullying comunicacional de inmediato, y conlleva altos costos y pocos beneficios para el valiente y arriesgado defensor. ¿Qué pasó con ese 52% que aprobaba al Presidente Piñera en marzo de 2010? ¿Cómo en sólo dos años un equipo gubernamental logra transformarlo en un 62% de desaprobación?

Es que falta mística. Sin duda que se echa de menos ese William Wallace, ese Corazón Valiente que alentaba a sus huestes a luchar por una causa común. Porque a pesar de sus asesores comunicacionales, este gobierno ha sido incapaz de crear un relato que logre enlazar la buena voluntad de todos los chilenos o que despierte algo de fe en esta administración. Quienes sí capitalizan estos proyectos son sus ministros, quienes en forma individual aumentan sus respaldos, sin traspasar nada al Presidente Piñera o gobierno. Tal como lo demostró el sobreexpuesto ministro Longueira, quién, con extraordinaria precisión instaló su relato de lucha contra el abuso y revirtió en poco tiempo sus altos índices de rechazo. Está claro que una buena comunicación jamás podrá ocultar por mucho tiempo una débil gestión -como ya quedó demostrado-; pero una buena gestión jamás podrá brillar sin una buena comunicación.

Hoy ni siquiera todos los jefes de cartera parecen estar comprometidos con la gestión gubernamental. El tiro de gracia fue la renuncia “por motivos personales” de los ministros Bulnes y Galilea. ¿Primera señal de que el barco se hunde y los ratones lo abandonan? ¿O es sólo la constatación del permanente éxodo de funcionarios públicos al sector privado y de la poca capacidad de la administración Piñera para retener talentos?

Los lapidarios resultados de esta encuesta CEP no sólo reflejan un fracaso en las estrategias gubernamentales para captar adhesión ciudadana, sino que también anuncian la anticipación del temido síndrome del pato cojo. Este alto rechazo sumado a un ambiente de fuertes divisiones en partidos políticos, de surgimiento de varios presidenciables en el ejecutivo y de una oposición dispuesta a negar la sal y el agua, permite visualizar desde ya un difícil segundo tiempo presidencial. El conflicto estudiantil, la amenaza de crisis económica mundial y las elecciones municipales -que detonarán todas las pugnas internas partidistas- aumentarán las demandas ciudadanas y dificultarán cualquier intento de revertir índices de desaprobación en un contexto de tardanza del gobierno para escuchar demandas ciudadanas.

¿O este descontento ciudadano se dirige hacia la impactante desigualdad que todavía reina en nuestro país y que el “gobierno de los empresarios” ha asumido gratuitamente? Entonces el legado de reformas de esta administración deberá ser mucho más profundo aún. Para esto se requiere valentía y habilidad para alinear interlocutores tras objetivos comunes. Ojalá no sea demasiado tarde, ya que a pesar de todos los esfuerzos gubernamentales de este último semestre, la desaprobación aumentó significativamente (desde el 53 al 62%). Conclusión: se confirma que seis de cada 10 chilenos rechazan la forma en que Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno.

Los que 'no' votaron el reajuste

2011-12-16T04:00:00.000-08:00

Fueron 56 votos a favor y 55 en contra. Sólo un voto de diferencia bastó para aprobar el proyecto del Gobierno que reajusta en un 5% las remuneraciones a trabajadores del sector público y concede bonos y aguinaldos (boletín 6087-05). Con total disciplina, la gran mayoría de los diputados se alineó con las posturas de sus conglomerados. O blanco o negro, sin matices, un juego de suma cero, el permanente gallito de fuerza entre gobierno y oposición, independiente del rol que les toque jugar…

¿Algún intento de sujetar remuneraciones del sector público a resultados? ¿Algún debate sobre la necesidad de mantener el estatuto administrativo? ¿Alguna reflexión acerca de la (in)conveniencia de que empleados públicos se rijan por Código del Trabajo, como el resto de los chilenos? ¿Propuestas para que chilenos dejemos de ser víctimas de sus paros, sin perjuicio de la legitimidad de sus demandas? ¿Planteamientos de cómo liberar -o compensar- al usuario víctima de una decisión unilateral del funcionario de un servicio estatal monopólico?

A su vez, ¿propuestas para mejorar las complejas condiciones de trabajo de los empleados públicos? ¿Alguna idea acerca de cómo revertir el sostenido crecimiento de los trabajadores a contrata en los últimos 10 años, haciendo del Estado el peor empleador en Chile? ¿Críticas al silencio cómplice de la Dirección del Trabajo, que calla una situación que no toleraría a un privado? ¿La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio? ¿Alguna fórmula para que los trabajadores estatales puedan negociar colectivamente? ¿Posibilidades de sindicalización en la administración pública?

Nada de nada, salvo un bochornoso y permanente silencio de nuestras autoridades desde el retorno a la democracia. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni la Anef, ni cualquier otro interlocutor se han atrevido a instalar la necesidad de modernizar el aparato estatal, limitándose hasta ahora en proteger sus pequeños intereses particulares. Mejor esconder la mugre debajo de la alfombra y hacer como que no ha pasado nada, hasta que la historia se repita el próximo año. De partida, ya está más que claro que la inamovilidad del funcionario público, ha jugado, juega y seguirá jugando en contra de su estabilidad laboral, provocando un verdadero círculo vicioso. Un beneficio que inicialmente entregó seguridad al sector público, hoy se convierte en un incentivo perverso. Los cuidados del sacristán están matando al señor cura…

En los últimos 10 años, el gasto en remuneraciones del personal a contrata ha aumentado en la planilla de remuneraciones de la administración pública desde el 17, 7% (2000) al 34,5% (2010), independiente del color del gobierno de turno. ¿Se mantendrá esta tendencia hasta que se extingan los últimos viejos dinosaurios que persisten en el sector público? ¿Cuándo será el momento de abordar una reforma estructural que permita la modernización del servicio público que Chile se merece? Es discutible que ellos merezcan estar en una situación laboral mejor que el resto de los chilenos, pero también innegable que no pueden estar peor. ¿Inamovilidad vs estabilidad? Es la gran controversia que nadie se ha atrevido a explorar…

Pero una cosa es la política del avestruz del gobierno de turno y otra cosa es la representatividad de nuestros parlamentarios. El reajuste fiscal es materia de ley todos los años y debe ser votada por nuestros representantes en el Congreso. ¿Por qué 9 diputados no votaron este proyecto? No es que hayan votado a favor o en contra. Simplemente no votaron. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Consideraron que no era un tema importante? ¿Sienten que los funcionarios públicos no votaron por ellos, y por lo tanto, no deben representarlos? ¿Tenían otras prioridades en el momento de la votación? ¿O bien hay intereses ocultos que no convenía explicitar? Si la eterna omisión resulta dolorosa, la irresponsabilidad es inaceptable.

Por eso, conoce la votación del proyecto de ley y averigua quiénes fueron los honorables diputados que NO votaron (ni a favor ni en contra), la lista de asistencia y las causas de sus ausencias:

Eduardo Cerda; Valparaíso; PDC; 1990-1994, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.

Marta Isasi; Tarapacá; IND; 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.

Carlos Abel Jarpa; Bío Bío; PRSD; 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.

Fernando Meza, Araucanía; PRSD; 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.

Andrea Molina; Valparaíso; UDI; 2010-2014; Licencia Médica, pareada.

Manuel Monsalve; Bío Bío; PS; 2006-2010; 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.

Iván Norambuena; Bío Bío; UDI; 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.

Patricio Vallespín; Los Lagos; PDC; 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia, Pareado.

Pedro Velásquez; Coquimbo; IND; 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.

¿Quién controla las inasistencias de los diputados? Nadie ¿Quién controla que los diputados no marquen su asistencia y luego se retiren? Nadie. ¿Quién controla que el honorable elegido por mí me represente? ¿Quién controla que sus gárgaras ante las cámaras de televisión se conviertan en votos de proyectos de ley que las respalden? Nadie. Como está más que claro, cero control. Por eso, urgen las reformas políticas, ante una crisis de representatividad cada vez más profunda.

Columna publicada en La Tercera Online

El Consejo para la Transparencia que no fue...

2011-11-07T07:46:00.000-08:00

El reciente retiro de la nominación de Samuel Donoso (PPD) al Consejo para la Transparencia coloca al organismo en una difícil posición, impidiéndole en la práctica su trabajo de fiscalizador de la transparencia en la gestión estatal. La inicial decisión comunicada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, de no renovar en sus cargos a dos de sus cuatro miembros -su presidente, Raúl Urrutia (RN) y el consejero Juan Pablo Olmedo (afín PPD)- molestó tanto a la Alianza como a la Concertación, desconcertó a toda la opinión pública, pero además inhabilitó al organismo.

De inmediato surgieron los rumores de vendetta política. Aunque siempre se producen tensiones entre Ejecutivo y Consejo para la Transparencia, durante esta administración han sido demasiadas las disputas legales que ha perdido el gobierno de Sebastián Piñera: Fundación Integra por donación de Arjona, negativa del subsecretario Ubilla a publicar correos electrónicos sobre reconstrucción post terremoto, rechazo presupuestario del Ejecutivo para financiar un portal único, cuestionamiento a la permanencia de María Luisa Brahm como consejera en el Sistema de Alta Dirección, exigencia al ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet revelar compra del puente mecano -todavía no cumplida-, además del ingrato episodio vivido por el Presidente cuando era candidato, con motivo de un informe internacional.

Pero aún más sorprendió la presentación al Congreso de los nuevos miembros propuestos por el Presidente Piñera: Samuel Donoso Boassi (PPD) y José María Eyzaguirre García de la Huerta (RN). Desde un principio era evidente que ninguno de los dos lograría la aprobación senatorial necesaria -25 votos, equivalente a los 2/3- para incorporarse como consejero en el organismo. ¿Se trató de un nuevo y torpe autogol del gobierno o de un certero puñalazo por la espalda? Independiente de la intención, su efecto logró desarticular el Consejo para la Transparencia.

Tal como señaló el ex presidente del Consejo, Raúl Urrutia, al dejar su cargo: “es obvio que las funciones del consejo no le van a agradar a ningún gobierno, ni al anterior gobierno, ni a este gobierno, ni a los futuros gobiernos”. Frente a esto, ¿el gobierno no preferiría inmovilizarlo de una vez por todas, deshaciendo de un golpe todo lo avanzado en años en materia de transparencia? ¿Pero cómo justificarlo ante la opinión pública? En un ambiente tan inflamable como el actual, nada mejor que presentar un par de prospectos que genere controversia en todos los frentes…

Al haber terminado el 28 de octubre último el plazo de los dos consejeros salientes, el Consejo actualmente está imposibilitado de operar dado que cuenta sólo con dos integrantes (artículo 40 de la ley N° 20.285 que exige un quórum mínimo de tres consejeros). Actualmente, el organismo está compuesto sólo por su flamante nuevo presidente, Alejandro Ferreiro, y el consejero Jorge Jaraquemada, ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Con qué urgencia serán propuestos dos candidatos VIABLES para completar el cupo del Consejo? ¿O seguiremos con el desfile de candidatos no viables? ¿Y así ad eternum...?

Desde un primer momento, la postulación de Samuel Donoso se veía débil. Su renuncia al PPD -con el objeto de cumplir el requisito de no ejercer funciones partidarias- tampoco mejoró la situación. Cercano al controvertido presidente del Senado, Guido Girardi, no sólo concitó rechazo en la Alianza, sino también en toda la oposición. La negociación del ministro Larroulet con ese interlocutor obviamente no fué suficiente, ya que desde el primer momento Carolina Tohá, Ricardo Lagos Weber y José Antonio Gómez se opusieron a su nominación. Su relación estrecha con el senador Girardi y su participación en los casos Mop-Gate, Inverlink o Publicam siempre permitieron anticipar una evidente confrontación tanto con la izquierda como con la derecha. A su vez, respecto a Eyzaguirre, su rol de defensor del general Pinochet en los casos Riggs y Caravana de la Muerte, tampoco permitía predecir una rápida aprobación de todas las fuerzas democráticas. ¿Faltaron dos dedos de frente en la toma de decisión o fue una jugada magistral para desarticular el Consejo? ¿Simple torpeza de haberlos propuesto o decidida intención de impedir el funcionamiento del Consejo para la Transparencia? Solamente lo podremos saber con el nombramiento de los próximos consejeros propuestos por el Ejecutivo y su prontitud o tardanza en la tramitación ante el Senado.

Creado por la Ley N° 20.285 del 20 de agosto de 2008 durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet e iniciado por moción de los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín, la misión del Consejo para la Transparencia es promover y cooperar en la construcción de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública por parte de las personas. ¿Estará dispuesto este gobierno a permitirlo?

Columna publicada en La Tercera Online

Indignados: la chacota de los honorables diputados

2011-10-16T16:56:00.000-07:00

En más de 951 ciudades del mundo se escuchará hoy el grito de los indignados. Ciudadanos comunes y corrientes se unen para protestar contra la captura de la política por parte de una elite autopoiética. La utilizan para mantener privilegios en perjuicio de los intereses de una gran mayoría que dejaron de representar hace mucho tiempo. Prueba de ello es la chacota de los honorables diputados en su labor parlamentaria, la que tiene un trato preferencial totalmente diferente al de la mayoría de los chilenos. Al no tener ningún control, al estar lejos del escrutinio de la opinión pública, al no existir fiscalización alguna, la impunidad que se produce debilita aún más a nuestra desprestigiada clase política.

De que los diputados están en otra, no cabe duda. Parece que priorizan otras actividades por sobre su función esencial: participar en la elaboración de nuestras leyes. Un ejemplo de ello es lo ocurrido el pasado jueves 11, en que hubo dos sesiones legislativas -una ordinaria (93ª) y una especial (94ª)- en que correspondía votar varios proyectos legislativos. Uno de ellos era el Proyecto de Acuerdo N° 436, en que la Cámara solicita al Ejecutivo fortalecer y modernizar Gendarmería de Chile.

A pesar de la gravedad de la crisis carcelaria en nuestro país -revelada crudamente después del incendio de la cárcel de San Miguel-, en esa sesión legislativa sólo 55 diputados votaron este proyecto. ¿Dónde estaban los 65 restantes? ¿Se convirtió en opcional la responsabilidad legislativa de nuestros congresistas? ¿O es que definitivamente a nuestros representantes ya no asumen como propia el trabajo de elaborar nuestras leyes? Pareciera que privilegian otras actividades más rentables políticamente, desligándose de su principal responsabilidad…

La iniciativa en cuestión solicita al Gobierno presentar a la brevedad un proyecto de ley que fortalezca y modernice Gendarmería de Chile, profesionalizando sus componentes e introduciendo las mejoras necesarias tanto en las condiciones laborales como las compensaciones económicas de su personal. Sin embargo, al no haber cámaras de televisión, ni manifestantes en las graderías ni tampoco cuantiosos intereses económicos involucrados, muchos honorables al parecer prefirieron no desgastarse en votar. ¿Su rechazo fue al voto electrónico o a la espera el hemiciclo hasta que éste se produjera? ¿Qué tan frecuente es todavía la práctica denunciada hace un par de años por el programa Informe Especial: marcar la asistencia al inicio de la sesión para lograr los quórums necesarios, pero luego retirarse del hemiciclo? ¿Qué motivó a que hubiera tan poca participación en la votación de un proyecto elaborado por ellos mismos para recomendar acciones al Ejecutivo en materia carcelaria? A todos los chilenos nos gustaría una explicación...

Ese proyecto se votó en la Sala, con menos del 50% de los sufragios que debiera haber tenido. ¿A qué se debe este incumplimiento laboral? Cualquier chileno que se ausente de sus labores o se niegue a su trabajo se vería en serios problemas. ¿Por qué esta impunidad flagrante? ¿Quién fiscaliza la labor parlamentaria?

De acuerdo al detalle de votación , quiénes NO votaron estando presentes en la sala según la lista de asistencia , fueron los siguientes diputados:

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Lobby de CNC, Adimark, Jobs, Exonerados políticos

2011-10-08T07:18:00.000-07:00

No quedó títere con cabeza. Hablamos del proyecto de ley que la Cámara Nacional de Comercio le envió al ministro Jorquera (ley saqueo), de los resultados de la última Adimark, algunas sentencias de los tribunales sobre Derecho del Consumidor, del fraude en los exonerados políticos...

Son tantos temas, que una hora se hace corta...

Si quieres ver este capítulo de Tribunal Abierto, transmitido el 6 de octubre de 2011, denunciando el lobby de la Cámara Nacional de Comercio...

El lobby de la CNC que terminó por sepultar la mesa de diálogo

2011-10-08T06:56:00.000-07:00

Para un gobierno que se caracteriza por su continúa política de anuncios, la proclamación del proyecto de ley que modifica el Código Penal causó una gran conmoción en la opinión pública, en las redes sociales y en toda la clase política. Pero además fue un potente éxocet dirigido con gran precisión a la mesa de diálogo entre Gobierno y estudiantes, que tanto ha costado instituir.

El proyecto postula modificar el artículo 269 del Código Penal, tipificando nuevas figuras delictuales, como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos. Además, castiga la falta de respeto a policías, regula sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante el actuar "encapuchado".

Independiente de la legitimidad -o ilegitimidad- de las propuestas, la medida no pudo ser más inoportuna. Sintiéndolo como una afrenta personal, los dirigentes estudiantiles condicionaron de inmediato su participación a la mesa de diálogo, entregándoseles en bandeja un pretexto más para negarse a dialogar. ¿En qué estaba pensando el ministro Hinzpeter al presentar este proyecto de ley? ¿Lo consultó con el ministro Bulnes o actuó de manera inconsulta? ¿En qué pie quedó el titular de Educación para seguir negociando con los estudiantes? Al firmar el proyecto de ley de seguridad pública, ¿pudo prever el Presidente Piñera las consecuencias que iba a tener en Educación?

El día 21 de septiembre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Eugenio Jorquiera, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Región Metropolitana, Juan Manuel Pozo y el Gerente de Asuntos Corporativos, Claudio Hohmann, exponían sus puntos de vista, manifestando su inquietud ante los daños ocasionados y haciendo un balance de las pérdidas sufridas en los últimos 30 días.

Pero lo que ignora la opinión pública, es que la Cámara Nacional de Comercio (CNC) además le envió un proyecto de ley al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que pretendía modificar el Código Penal, para sancionar efectivamente los actos de violencia, destrozos a la propiedad pública y privada y ataques a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Aprobado por la unanimidad del Consejo de la CNC y redactado por el abogado y también consejero, Miguel Otero, la iniciativa proponía:

-Tipificar claramente los delitos cometidos contra las Fuerzas de Orden y Seguridad –Carabineros y la PDI– y endurecer las sanciones.

-Tipificar como delito los destrozos o daños materiales a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad y castigar a quienes, con motivo de alteraciones del orden público, ataquen, destruyan o saqueen propiedad fiscal, municipal o particular o se tomen dichas instalaciones impidiendo su normal funcionamiento.

-Eliminar la posibilidad de penar a los infractores sólo a través de multas y establecer la cárcel efectiva como castigo.

-Sancionar efectivamente a quienes injurien u ofendan de hecho o de palabra a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

En relación al concepto de armas, el proyecto de la CNC busca ampliar su definición y que sean calificadas como tal las bombas molotov, ballestas, arcos, hondas y elementos similares, todas ellas herramientas regularmente utilizadas en actos vandálicos con ocasión de marchas y manifestaciones.

Todas estas medidas fueron incorporadas en el proyecto de ley del ministro Hinzpeter, el que prontamente fue enviado al Congreso. Sólo una semana después -el 27 de septiembre-, la iniciativa legal ya estaba ingresada a la Cámara de Diputados, a la que se le agregaron algunos conceptos teóricos de seguridad pública, pero manteniendo los mismos objetivos:

-Modificación del tipo penal de desórdenes públicos.

-Agravación de las penas por delitos de desórdenes públicos cuando se actúa encapuchado o con otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor.

-Fortalecimiento de la protección de la autoridad, incluyendo a las Fuerzas de Orden y Seguridad cuando actúan en el ejercicio de su labor de resguardo del orden público.

-Facilitación de la obtención de los medios de prueba.

Ante esta agresión gratuita e innecesaria, los estudiantes secundarios y de la Confech decidieron retirarse de la mesa de diálogo, tensionando aún más un conflicto que se arrastra por más de cinco meses. La incapacidad de generar acuerdos quedó de partida reflejada en la intransigencia de ambas partes, basadas en motivaciones ideológicas más que pragmáticas, convirtiendo esta discusión en un gallito de fuerza ante la opinión pública. Por eso, la presentación del proyecto Hinzpeter no sólo sorprendió a la opinión pública, sino al mismísimo ministro Bulnes. Pero, además, logró desvirtuar de una plumada la manida declaración de que éste NO es el gobierno de los empresarios. Otro autogol más para la cuenta del Gobierno.

Mayores antecedentes en programa Tribunal Abierto de Canal Stream

Columna publicada en La Tercera Online

Los relatos paralelos del ministro Longueira

2011-10-01T17:29:00.000-07:00

Definitivamente, el ministro Longueira se las trae. No sólo se ha apropiado de temas que tradicionalmente pertenecían a otras carteras -causando ciertas molestias en sus titulares-, sino que también ha logrado convertir en sexy a un ministerio técnico. Con el mismo presupuesto, infraestructura, dotación y atribuciones, no cabe duda que ya no es la misma institución que dirigía Juan Andrés Fontaine.

Con una gran experiencia en construir “relatos”, el ministro Longueira ha sabido darle un nuevo tono al siempre aburrido Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En un ámbito mayormente técnico -y de desastres comunicacionales-, el reciente relato ha logrado incorporar rostros de chilenos comunes y corrientes; desarrollar guiones esperanzadores, pero desafiantes; escoger escenografías que permitan evidenciar la amplitud de gestión; y hacer brillar las fortalezas, tapando al mismo tiempo los puntos obscuros que quitan realce…

No cabe duda que hoy el rol protagónico ha sido asignado al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), convirtiéndose en el brazo armado del ministerio para visibilizarse ante la ciudadanía. Con un relato de justicia divina, el servicio ha ampliado sus alcances reales, dejando de lado su tradicional función reactiva: ahora, sin necesidad de esperar la acumulación de denuncias, el Sernac -representado por su Director Nacional, Juan Antonio Peribonio- comienza a poner orden en esta selva del mercado chilensis. De pronto, salió a la calle a revisar contratos del retail, banca, telecomunicaciones y cajas de compensaciones, obligando a readecuarlos con la única herramienta que posee, pero que maneja a la perfección: la comunicación.

Con sólo un rol de mediador, la gran amenaza del servicio es la publicidad negativa. Necesariamente requiere recurrir a la justicia para aplicar sanciones compensatorias, para imponer cambios a clausulas abusivas o para obtener compensaciones económicas para miles de usuarios. Si, en cambio, pretende cambiar la normativa vigente, está obligado a recurrir al ministerio para que inicie los trámites legislativos o bien a organismos reguladores para que instruyan circulares. Estas escasas facultades logran que prácticamente el consumidor esté en la más absoluta indefensión en casos de denuncia individual de clausulas abusivas en contratos de adhesión, salvo que cuente con el patrocinio del Sernac. ¿En qué momento empezarán a quedarle chicas las facultades de este servicio al ministro Longueira…?

Pero no sólo de pan vive el hombre…Otros servicios, como el Servicio Nacional de Turismo, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) o el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) han sido mucho más discretos en resultados mediáticos. Si antiguamente el Presidente Piñera intentó ponerles metas de visibilidad a sus ministros -ya definitivamente no cumplidas por los ministros Benítez, Ribera, Álvarez, Pérez, Galilea, Moreno, Parot, de Solminihac, Schmidt, Errázuriz y Larroulet- es muy probable que los directores de los servicios dependientes del ministerio de Economía las tengan hoy día.

Por otra parte, la recurrente promesa del futuro Sernac Financiero podría constituirse en otro hito del relato del ministro Longueira. Presentado en agosto 2010 (boletín 7094-03), el proyecto se encuentra en el segundo trámite constitucional, con suma urgencia a partir del 14 de septiembre. La buena nueva no sólo tendrá cobertura en los medios, sino que también sintonizará con el fuerte sentimiento de desprotección que sienten hoy los chilenos frente al abuso. ¿Construyendo la imagen de un padre protector y eficiente para competir con una madre sobreprotectora?

Pero el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción también desarrolla actividades menos glamorosas. Un ejemplo de ellas ha sido la reciente Mesa de Trabajo Pesquero, creada con motivo del próximo vencimiento de la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador. El controvertido acuerdo a que llegó el referido grupo de trabajo -compuesto por representantes del Sector Pesquero Artesanal, Industrial, del Sector Laboral, representante del Sector de las Medianas y Pequeñas Plantas de Proceso, miembros del Consejo Nacional de Pesca y representantes de gobierno - produjo una gran polémica con respecto a las cuotas de pesca, avivada por la agresión del Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, al representante de Pymepes, Alfredo Irarrázaval.

Aparte del fuerte intercambio de acusaciones mutuas de los involucrados, despierta suspicacias un comunicado de prensa del ministerio tan impreciso. Pletórico en bonitas intenciones (reconocer, mantener, respetar, etc…), omite por completo las cuotas de pesca acordadas. Mucho más explícito fue el artículo de La Tercera, titulado “Pesqueras industriales se quedarán con 90% de la cuota del jurel”, en que grafica el grosero reparto de las cuotas pesqueras entre los mismos de siempre, por un período de 20 años y sin licitación. Con el acuerdo cerrado, el gobierno se comprometió dentro de dos meses a enviar un proyecto de ley al Congreso, que legalice esta repartija.

¿Dos discursos paralelos o un doble discurso? ¿Qué influencias actuaron para lograr descartar definitivamente las licitaciones propuestas por el ministro Fontaine? No lo sabemos, pero sí intuimos que a esa gran masa de consumidores -siempre indefensa ante tantos abusos de la concentración económica- le encantaría conocer los argumentos del secretario de Estado para perpetuar las actuales cuotas de pesca de cinco familias chilenas. Pero como bien lo entiende el ministro Longueira, un buen comunicador es siempre esclavo de sus palabras, pero dueño de sus silencios…

Columna publicada en La Tercera Online

Conflicto Confech: ¿Por la razón o la fuerza?

2011-09-21T10:48:00.001-07:00

"No habrá diálogo para discutir el presupuesto, no habrá diálogo para discutir los proyectos que le interesen al Gobierno…” advertía el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD). Sus recientes declaraciones, a las que luego se sumaría el senador Juan Pablo Letelier (PS) explicitaban que la oposición no tramitará ningún proyecto de ley del Gobierno, si éste no acepta las garantías exigidas por el movimiento estudiantil para dialogar.

Aparte de asimilarse a una tensa declaración de guerra por parte de la Concertación -o lo que queda de ella- , los dichos del senador Girardi demuestran los intentos de captura de la política por pequeños grupos de intereses. Sin perjuicio de las legítimas aspiraciones del movimiento estudiantil, no cabe duda que éstas no pueden paralizar a todo el resto del país.

Más aún, las controvertidas palabras del Presidente de la Cámara Alta se pueden entender de dos maneras: en primer lugar, como una simple bravuconada, que sólo pretende llamar la atención -en forma algo torpe, pero matonesca-, alinear intenciones y aunar esfuerzos opositores en momentos en que precisamente la Concertación se derrumba. En ese caso, no habría que dedicarle mucha atención, salvo por el peligroso precedente que establece al validar la política del “todo vale”, desprestigiando aún más nuestra debilitada clase dirigente, y en particular la hasta ahora controvertida institución del Senado (falta de representatividad, senadores designados, inasistencias parlamentarias, intereses no declarados y desvíos de fondos estatales para campañas políticas).

Por otra parte, en un escenario ¿favorable?, si la acción resultara consecuente con la declaración -e intención-, y en un eventual caso que se rechazara la ley de presupuesto 2012, se mantendría el presupuesto 2011. Eso significaría que todos los gastos sociales aprobados en este año quedarían fuera de presupuesto: eliminación del 7% de salud para 700.000 beneficiarios, el recientemente aprobado proyecto de ampliación del postnatal, el bono Bodas de Oro o la implementación de la primera etapa del Salario Ético Familiar. ¿Se justificaría que debido a la intransigencia de ambas partes en este conflicto, se suspendieran o postergaran beneficios para otros segmentos más desprotegidos, como mujeres embarazadas o adultos mayores? ¿Quién querría cargar con esta pesada responsabilidad de boicotear estos beneficios? Batalla fácil para cualquier gobierno, salvo éste con su proverbial y permanente ineptitud comunicacional.

Los jóvenes lograron instalar en la opinión pública la urgencia de la crisis educacional, tema que se venía arrastrando desde 1990, sin mejoras evidentes, pero con muchos aplausos, abrazos y shows ante las cámaras. Hoy día existe consenso en la gravedad de la situación, aunque no acerca de sus causas. La ciudadanía comienza a ver con reticencia como distintos grupos intentan privilegiar sus intereses particulares por sobre el bien colectivo.

De hecho, el gobierno ha sido incapaz de desarticular la movilización o de cambiar los ejes de la discusión. Ni siquiera el oportuno lanzamiento del libro “Universitarios: ¡el problema no es el lucro, es el mercado!”, de Patricio Meller, académico de la Universidad de Chile , actual Director de Proyectos de Cieplán y ex presidente del Consejo Asesor para la Equidad Social designado por la ex Presidenta Bachelet, fue aprovechado por los asesores de Palacio para redireccionar el debate. Además, definitivamente la administración Piñera se ha negado a ponerle al gato el cascabel, eludiendo cualquier toma de decisiones y amparándose en tibias posturas que sólo han logrado eternizar el conflicto.

A su vez, los movimientos estudiantiles empiezan a mostrar las primeras señales de divisiones internas, además de ver disminuido el apoyo ciudadano inicial. Ante un escenario en que se reconoce la legitimidad de sus directivas, aparece la sempiterna debilidad de nuestra clase política: la falta de representatividad. En este conflicto estudiantil, algunos cientos de votos no logran representar a todos los estudiantes de nuestro país. Por eso, no cabe duda que -cifras más, cifras menos- el entusiasmo de las movilizaciones ha ido decayendo, contraponiéndose al rechazo que aumenta hacia ciertas figuras, como el caso del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

Hoy, la ciudadanía ya comprendió que 70 mil escolares deberán repetir el año, que las universidades tradicionales se encuentran en una insostenible situación económica, que las abiertas discriminaciones continúan hacia la educación técnico profesional -sin representantes en esta movilización-, que se acrecienta el éxodo de alumnos a la educación particular subvencionada y que la gran ganadora es la educación privada: aún cuando se llegara a un entendimiento entre las partes negociadoras, esta suspensión de clases sólo logró consolidar la enorme brecha que existe entre nuestros estudiantes.

La opinión pública constata, en consecuencia, que el tema educacional ha sido capturado por grupúsculos ideologizados -tanto de gobierno como de oposición-, que no buscan consensos, ni acuerdos ni diálogos, sino polarizar una sociedad… y que lo están logrando a través de declaraciones destempladas, exigencias desmedidas o defensas corporativas inconsecuentes.

Dicen que el hombre -mujer, niño o niña- es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Las nuevas generaciones aprenderán de lecciones pasadas o tendrán que vivirlo personalmente?

Columna publicada en La Tercera Online

La escasa representatividad de la Cámara de Diputados

2011-09-19T15:26:00.000-07:00

¡Y Ciper lo hizo de nuevo!

Ante la profunda crisis de representatividad que existe en nuestro país -Congreso, partidos políticos, organizaciones gremiales, sindicales, estudiantiles, deportivas, etc.- la ciudadanía ha optado por manifestarse a través de movilizaciones propias. Ciper quiso averiguar distrito por distrito cual es la representatividad real de nuestros honorables diputados, conocer qué tanto representan a los habitantes de sus distritos. Queda más que claro que estamos pagando caro nuestro pecado de no participación ciudadana…

Para esto, el Centro de Investigación Periodística cruzó las estadísticas poblacionales del INE y el registro del Servel para dimensionar la falta de representatividad de nuestro sistema político y electoral. De esta manera, se hace omisión de los falaces porcentajes que entrega el Servel, calculados sobre la ciudadanía que sí votó, pero obviando los que no votaron, votos blancos y nulos).

En las últimas elecciones de diputados, más de 5, 5 millones de personas prefirieron no votar por un candidato, lo que representa el 45,68% de los chilenos mayores de 18 años. De los que sí votaron, muchos lo hicieron por candidatos que no fueron electos. Esto hace que la representatividad real a nivel nacional de nuestros honorables diputados alcance un exiguo 32,54%. Es decir, no representan ni a un tercio de la población mayor de 18 años. Diputados elegidos legítimamente, pero no representativos. ¿Cómo pretender entonces que no haya movilizaciones? ¿Cómo obviar ese permanente malestar -malaise- que ya se convirtió en crónico en nuestro país?

Esto hace que algunos distritos estén muy bien representados: un gran porcentaje de su población mayor de 18 años votó por alguno de los actuales diputados. El distrito 22, correspondiente a la comuna de Santiago, lidera en representatividad real, con el 58, 18% de su población mayor de 18 años que votó por alguno de sus dos actuales diputados: Felipe Harboe (30,21%) y Alberto Cardemil (27,97%). Le sigue el distrito 19 -Independencia y Recoleta-, en que el 55,45% votó por alguno de sus diputados: Patricio Hales (28,02%) y Claudia Nogueira (27,43%). Habrá que ver si esa votación se mantiene después del escándalo del fraude al fisco… En un glorioso tercer lugar, se ubica el distrito 35 (Chépica, La Estrella, Litueche, Lolol, Marchigue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Pichilemu, Placilla, Pumanque, Santa Cruz), con sus flamantes diputados: Juan Carlos Latorre (27,13%) y Ramón Barros (26,52%), quitado de bulla a nivel nacional, pero pareciera que efectivo en sus tierras.

Al contrario, existen distritos con muy escasa representatividad, en que ante guarismos tan lapidarios, no cabe duda que constituyen un potencial foco de conflicto. En un poco honroso primer lugar, se encuentra el distrito 29 (La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo) que no votó mayoritariamente por los actuales diputados, y por lo tanto, no se sienten representados. Ellos son: José Pérez (7,01%) y Osvaldo Andrade (8,5%). Le sigue inmediatamente el distrito 20 (Cerrillos, Estación Central, Maipú) en que sólo el 15,47% de la población mayor de 18 años proyectada al año 2009 votó por alguno de los actuales diputados: Pepe Auth (7,28%) y Mónica Zalaquett (8, 19%). Ante tan baja representatividad, el conflicto es inminente. En un poco decoroso lugar se encuentra el distrito 30 (Buin, Calera de Tango, Paine, San Bernado), en que sólo un cuarto (25,93%) votó por alguno de los actuales diputados: Ramón Farías (9,19%) y José Antonio Kast (16,74%). ¿Futura fuente de conflicto? Lo más probable.

Los diputados con mayor representatividad real

Las excepciones que sí son representativas de los habitantes de su distrito ni siquiera alcanzan el 33%, salvo el diputado Fidel Espinoza, del distrito 56 (Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue , Río Negro) en la Región de Los Lagos, en que llega casi al 35% de representatividad.

Estos son los 10 diputados mejor evaluados, con un claro predominio de parlamentarios de la Concertación:

Espinoza, Fidel: 34,62%; Distrito 56, Los Lagos; PS; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014

Ceroni, Guillermo: 31,2%; Distrito 40, Maule; PPD; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014

Harboe, Felipe: 30,21%; Distrito 22, Metropolitana PPD 2006-2010; 2010-2014

Tarud, Jorge: 29,82%, Distrito 39, Maule; PPD; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014

Sepúlveda, Alejandra: 28,52%, Distrito 34, O’Higgins; PRI 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014

Hales, Patricio: 28,02%, Distrito 19, Metropolitana; PPD; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014

Cardemil, Alberto: 27,97%, Distrito 22, Metropolitana; RN 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014

Nogueira, Claudia: 27,43%, Distrito 19, Metropolitana; UDI; 2006-2010; 2010-2014

Latorre, juan Carlos: 27,13%, Distrito 35, O´Higgins; PDC; 1990-1994; 1994-1998; 2006-2010; 2010-2014

Núñez, Marco Antonio: 27,01%; Distrito 11, Valparaíso; PPD 2006-2010; 2010-2014

Los diputados con peor representatividad real:

Hay diputados que ni siquiera alcanzan a representar al 10% de los habitantes de su distrito. Esto además de dificultar cualquier intento de legitimarse, desprestigia con fuerza a toda la política. Más aún, cuando se trata de diputados elegidos gracias a la ingeniería electoral más que a su esfuerzo o sintonía con la ciudadanía o a las designaciones de partidos políticos.

Si bien es cierto que muchos están en su primer período parlamentario, varios de ellos se domicilian en Santiago y privilegian a destacarse a nivel nacional, pero parecieran no representar a sus electores de distrito.

Pérez, Leopoldo: 7,01%, Distrito 29; Metropolitana; RN 2010-2014

Auth, Pepe: 7,28%, Distrito 20, Metropolitana; PPD; 2010-2014

Zalaquett, Mónica: 8,19%, Distrito 20, Metropolitana; UDI; 2010-2014

Andrade, Osvaldo: 8,50%, Distrito 29, Metropolitana; PS; 2010-2014

Farías, Ramón: 9,19%, Distrito 30, Metropolitana; PPD; 2006-2010; 2010-2014

Schilling, Marcelo: 9,62%, Distrito 12, Valparaíso; PS 2006-2010; 2010-2014

Araya, Pedro: 10,04%, Distrito 4, Antofagasta; PRI; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014

Bertolino, Mario: 10, 26%, Distrito 8, Coquimbo; RN; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014

Vilches, Carlos: 10,37%, Distrito 5, Atacama; UDI;1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2010-2014

Edwards, José Manuel: 10,68%, Distrito 51, Bío Bío; RN:2010-2014

Ante tan baja representatividad, ¿qué futuro nos espera? Sólo las reformas políticas nos podrían salvar de un sistema que colapsa. ¿Será capaz el Gobierno de lograr los consensos necesarios -en especial los fuegos amigos? Esa es la gran interrogante…

Columna publicada en La Tercera Online

Adimark: De mal en peor

2011-09-06T04:36:00.000-07:00

Cuando se pensaba que la desaprobación a la administración Piñera ya no podría ir peor, el Gobierno se supera a sí mismo batiendo todo record imaginable. La última encuesta Adimark es lapidaria por parejo para toda la clase política, pero grafica en especial el gran problema de esta administración: la incapacidad de construir capital político.

Siempre al debe en términos de aprobación ciudadana, este Gobierno se ha superado a sí mismo. La disminución de 3 valiosos puntos de aprobación a la forma cómo el Presidente Piñera conduce su gobierno (de 30 a 27%), contrasta con el aumento del doble de la desaprobación ciudadana (de 62 a 68%). Aún más, en Santiago los índices de desaprobación alcanzaron el 71% de los encuestados.

Por otra parte, los índices de reprobación por segmentos tampoco son benévolos: ABC1, 64%; C2, 65%; C3, 67% y D/E, 71%. En los grupos etarios, los guarismos de rechazo menos: de 18 a 24 años, 82%; de 25 a 35 años, 74%; de 36 a 55 años, 66% y de 56 y más años, 63%. En consecuencia, en todas las categorías, la desaprobación alcanza en promedio a los 2/3 de la población.

¿Qué origina esta evaluación ciudadana tan drástica en un contexto con las mejores cifras económicas en años? ¿Qué diferencia esta administración de los gobiernos de Bachelet, Lagos, incluso Frei y Aylwin, con evaluaciones más benévolas?

El contexto económico no puede ser más promisorio. Una semana atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó nuestra proyección de crecimiento económico para el 2011 al 6,5%. El último Inacer reveló un aumento de la actividad económica en once regiones del país en el segundo trimestre de 2011, con expansiones superiores al 20% en Bío Bío y Aysén. La tasa de desempleo llegó sólo al 7,5% durante el trimestre móvil mayo-julio. Para 2011, incluso se pronostica un aumento de la productividad total de factores (PTF), después de seis años de disminución permanente. Mejor escenario económico, imposible.

Sin embargo, esto no logra atenuar la antipatía que los ciudadanos le tienen al actual Gobierno. ¿Cuáles serán las causas de este fracaso gubernamental? Este gobierno -que iba a tener el mejor Presidente de Chile y que proclamó que en “20 días hemos avanzado más que otros en 20 años”- definitivamente no ha logrado captar la simpatía de la ciudadanía.

Pero no es sólo un problema del Jefe de Estado, sino de todo el Gobierno. De hecho, recién asumido el Presidente Piñera (Adimark, marzo 2010) reflejaba un índice de desaprobación para él de 18%, levemente superior a la reprobación del Gobierno (17%). Sólo 15 meses después, las cifras de rechazo han aumentado, contagiando a toda la administración Piñera: 68% el mandatario y 70% el Gobierno (Adimark agosto 2011).

La política comunicacional de este gobierno ha sido desastrosa. ¿Problema de diseño o de ejecución? Casi un año y medio después, con dos voceros de gobierno y con índices récord de desaprobación, resulta evidente que el diseño de los equipos asesores en esta área no ha estado a la altura deseada. Por otra parte, el historial de autogoles ha demostrado que la ejecución tampoco ha sido pulcra, ensuciando en forma gratuita la imagen del Gobierno e imposibilitando la acumulación de capital político.

¿Será el carácter del Presidente el que lo traiciona frecuentemente? Ante una inteligencia superior al promedio, una personalidad brillante pero individualista y una peligrosa tendencia al egocentrismo, quizás sus asesores lo han obligado a comportarse de acuerdo a cánones tradicionales, haciéndolo diluir su esencia y convirtiéndolo en una mala réplica que pierde y pierde aprobación ciudadana.

¿O quizás la responsabilidad recae en el segundo piso de La Moneda? Evidentemente, María Luisa Brahm y sus asesores no han podido estar a la altura de los equipos comunicacionales de Francisco Javier Díaz, Rodrigo Peñailillo, Ernesto Ottone, Francisco Vidal, Eugenio Tironi o Enrique Correa. No cabe duda de su mejor intención y lealtad con el mandatario, pero…por sus frutos los conoceréis…Le ha salido caro a Sebastián Piñera el contar con un equipo incompetente: 68% de desaprobación ciudadana, más el derrumbe de todos sus atributos (creíble, querido, respetado y liderazgo, percibidos en forma importante por menos del 33% de los chilenos).

Por último, el mandatario tampoco ha contado con una buena gestión comunicacional por parte de sus ministros. La hoy día casi tierna e ingenua meta impuesta por el Presidente Piñera a fines del año pasado -que al primer trimestre de 2011 el 80% del gabinete superara el 50% de conocimiento- se ha convertido en sólo una buena intención que pavimenta el camino a la debacle…

Casi al año y medio de su mandato, la mitad de los ministros aún no supera el 50% de conocimiento por parte de la ciudadanía: María Ignacia Benítez (20%), Teodoro Ribera (22%), Rodrigo Álvarez (25%), Rodrigo Pérez (28%), José Antonio Galilea (28%), Alfredo Moreno (31%), Catalina Parot (33%), Hernán de Solminihac (41%), Carolina Schmidt (43%), Pedro Pablo Errázuriz (46%) y Cristián Larroulet (50%). El caso de los bajos guarismos de los recientes ministros Ribera y Alvarez contrasta con los índices de los también recientes ministros Longueira y Matthei. Más preocupante aún, los ministros Benítez, Pérez, Galilea, Parot y Larroulet son cada vez menos conocidos por la opinión pública...

¿A qué se debe esta desaprobación generalizada y este bajo conocimiento? ¿Cuáles son las causas de este rechazo ciudadano? Está claro que una buena comunicación nunca podrá ocultar una mala gestión. Tarde o temprano se hará evidente la falta de resultados, como lo comprobaron en cierta medida los ex presidentes Frei, Lagos y Bachelet. Pero por otra parte, es evidente que una buena gestión jamás podrá brillar sin una buena comunicación. Sin resolver el problema comunicacional, será imposible para el Gobierno identificar las otras causas del derrumbe de identificación ciudadana.

Columna publicada en La Tercera Online

Participación en CNN INVITA como ciudadano invitado

2011-08-22T04:43:00.000-07:00

El asesor del Ministerio de Educación, Luis Felipe San Martín, junto al vice presidente de la FEUC, Pedro Pablo Glatz y el invitado ciudadano, abogado de la Universidad de Chile, Andrés Jirón, debaten sobre el conflicto político que se mantiene en torno a la educación.

"Tengo sentimientos encontrados, ya que el movimiento estudiantil ha logrado instalar un tema que se instala hace 50 años, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de la estafa que se produce en términos políticos. Habiendo una ley que regula el lucro nunca se fiscalizó. Hoy día frente a esto es un buen momento para sentarse a negociar. No podemos seguir con los mensajes a través de este tema", señaló el invitado ciudadano, Andrés Jirón.

Según el vice presidente de la FEUC, "el Gobierno se ha cerrado a discutir a discutir los temas estructurales del modelo", aseguró Glatz, "si es que queremos avalar un espacio de discusión, en este caso el Congreso, tiene que existir el compromiso del gobierno de legitimar lo que salga de ese espacio, ese compromiso hoy no existe y por esto el diálogo se encuentra congelado".

En cuanto al compromiso anunciado por el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, sobre sentarse a conversar, San Martín señaló que "el mismo ministro Bulnes es quien ha invitado a todos los actores a dialogar".

"Aquí no estamos intentando mejorar un modelo, lo estamos cambiando de un modelo municipal y donde queremos poner el foco en la calidad de lo que pasa en la sala de clase", señaló el asesor del Ministerio de Educación, asegurando que el Gobierno también a cedido en muchos puntos que han sido planteados en estos meses.

Programa CNN invita

Los verdaderos culpables de los senadores designados

2011-08-11T08:32:00.000-07:00

Mucho se ha debatido sobre los nombramientos de los senadores designados por este gobierno: que el congreso ha perdido legitimidad, que se trata de una estafa electoral, que demuestra la captura del Poder Legislativo por parte de los partidos políticos, o que sencillamente se trata de un abuso de la mecánica iniciada por la designación en la administración Bachelet del ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe (PPD), en reemplazo de la ex vocera de gobierno y ex diputada, Carolina Tohá (PPD).

Sin embargo, nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 51, inciso 3°, establece: “Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”. Con la misma claridad, en el siguiente inciso especifica con crudeza: “Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados”.

¿Quiénes fueron los precursores de esta cuestionada norma? ¿Quiénes promovieron la abierta discriminación entre partidos políticos e independientes? ¿Y quienes votaron a favor de esta norma en la reforma constitucional del 2005? ¿Quiénes avalaron esta captura de la política, además de una importante pérdida de representatividad ciudadana?

En el año 2000, dos grupos de senadores presentaron sendas mociones que coincidían en proponer modificar el sistema de llenado de vacantes de cargos de diputados y senadores. Al haber sido ingresadas ambas mociones con sólo dos días de diferencia, los respectivos proyectos fueron refundidos. ¿Quiénes fueron sus ilustres autores?

Los responsables de la primera moción (Boletín 2526-07) fueron el ex senador Andrés Chadwick Piñera (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2011 y hoy Secretario General de Gobierno); el senador Hernán Larraín Fernández (UDI, S: 1994-2002; 2002-2010 y 2010-2018) y los ex senadores Sergio Romero Pizarro (RN, S: 1990-1994; 1994-2002, 2002-2010 y actual embajador de Chile en España) y Sergio Diez Urzúa (RN, D: 1958-1962; 1962-1966; 1967-1973; S: 1973-1973; 1990-1994 y 1994-2002).

A su vez, los responsables de las disposiciones contenidas en la segunda moción (Boletín 2534-07) fueron los ex senadores Sergio Bitar Chacra (PPD, S: 1994-2002 y ex ministro de Estado de los presidentes Allende, Lagos y Bachelet); Juan Hamilton Depassier (PDC, S: 1990-1994; 1994-2002 y ex ministro de Estado de los presidentes Frei Montalva y Aylwin); Enrique Silva Cimma (PRSD, S: 1998-2006, ex Contralor General de la República y ex ministro de Estado del gobierno de Aylwin) y José Antonio Viera Gallo Quesney (PS, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2004; ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Michelle Bachelet, actual miembro del Tribunal Constitucional y casado con María Teresa Chadwick Piñera).

Desde entonces, las vacantes son llenadas por el partido al que pertenece el parlamentario saliente. Los autores de ambas mociones representaron a la perfección los intereses de la Concertación y de la Alianza. Es más, incluso lograron establecer que parlamentarios elegidos como independientes no fueran reemplazados.

Como consta en las actas de la Sesión 9a. de la legislatura 350a. del Senado, de fecha 11 de noviembre de 2003, este nuevo artículo 51 se aprobó con 34 votos a favor y 3 en contra, consagrando el tan criticado sistema de reemplazos de las vacancias parlamentarias.

A favor votaron senadores Marco Aburto (senador designado), Jorge Arancibia (UDI), Edgardo Boeninger (DC, senador designado), Carlos Bombal (UDI), Carlos Cantero (IND, ex RN, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2014); Marco Antonio Cariola (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Andrés Chadwick (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2011 y hoy ministro Secretario General de Gobierno); Sergio Fernández (UDI, senador designado: 1990-1998; S: 1998-2006); Fernando Flores (hoy Chile Primero, ex PPD y ex Unidad Popular, S: 2002-2010,ex ministro de Estado de Allende, actual presidente del Consejo Nacional de innovación para la Competitividad); Eduardo Frei (PDC, S: 1990-1994; 2006-2014; senador designado: 2000-2006 y ex Presidente de Chile); José García (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Jaime Gazmuri (PS); Antonio Horvath (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; S: 2006-2014); Hernán Larraín (UDI, S: 1994-2002; 2002-2010 y 2010-2018); Jorge Lavandero (PDC); Rafael Moreno (PDC); Roberto Muñoz Barra (PPD); Jaime Naranjo (PS), Jovino Novoa (UDI, S: 1998-2006; 2006-2014); Ricardo Núñez (PS); Carlos Ominami (PRO); Augusto Parra (PRSD); Jorge Pizarro (PDC, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-20014 y actual impulsor de la arremetida contra la senadora Von Baer); Baldo Prokurica (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Sergio Romero (RN); José Ruiz (PDC); Mariano Ruiz-Esquide (PDC, S: 1990-1998; 1998-2006; 2006-2014); Hosaín Sabag (PDC, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2014); Enrique Silva Cimma (PRSD); Gabriel Valdés (PDC); Ramón Vega (senador designado); Adolfo Zaldívar (PRI, ex PDC y actual embajador de Chile en Argentina) y Andrés Zaldívar (PDC,S: 1990-1998; 1998-2006; 2010-2018).

A causa de ellos, hoy vemos a Carlos Larraín (RN) en la vacante que dejó el ministro de Defensa, Andrés Allamand (RN); a Gonzalo Uriarte (UDI), en el puesto de la actual ministra del Trabajo, Evelyn Matthei ; Ena Von Baer (UDI), en reemplazo de Pablo Longueira, actual ministro de Economía; y al ex diputado Alejandro García Huidobro, quién ocupó la vacante que dejó el ex senador Andrés Chadwick (UDI), actual ministro Secretario General de Gobierno.

En cambio, como curiosidad, votaron en contra los senadores Fernando Cordero (senador designado), Jorge Martínez (senador designado) y Mario Ríos (RN).

Columna publicada en La Tercera Online

Cada pueblo tiene el gobierno que se merece

2011-08-01T13:33:00.000-07:00

No cabe duda de que la actual clase política abusa de la consuetudinaria mala memoria del pueblo chileno. Son muchos los escándalos de situaciones irregulares -o bien abiertamente delictivas- en que se han visto involucrados políticos o autoridades en estos últimos años. Incluso más, parte del potente rechazo ciudadano se forma en base a esta impunidad existente para una casta privilegiada.

El juramento de Julio Dittborn como subsecretario de Hacienda confirma los acomodaticios límites que se impone la clase política. ¿Auto regulación? ¡Ninguna! Más bien un “trata de desaparecer por un tiempo” y aquí no ha pasado nada. Total, a la gente se le olvida luego… ¿Cuántas irregularidades -de políticos, autoridades de Gobierno, parlamentarios, empresarios, dirigentes sindicales o cualquier persona que abuse de su poder- han sido constatadas por la opinión pública, a pesar de no haber sido sancionadas por el Poder Judicial? Es que a pesar de la falta de control ciudadano sobre los Tribunales de Justicia, la obligación de ceñirse a la normativa vigente permite la impunidad de muchas irregularidades. Ante una ineficacia judicial generaliza, la ciudadanía debiera exigir criterios éticos más altos.

El ex parlamentario UDI era diputado por el distrito 23 (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea) desde 1997, habiendo sido reelegido varias veces, -único distrito en que la Alianza designa a sus dos diputados-. En 2009, el actual segundo de la cartera de Hacienda fue denunciado por el programa “Informe Especial” de TVN por arrendar casas particulares de empleados de su comando como oficinas distritales, con las asignaciones parlamentarias que entrega el Congreso. Por supuesto que ninguna de esas residencias tenía identificación como comando, ni realizaban actividades legislativas o de atención ciudadana, sino que eran habitadas por las mismas familias de dos trabajadores del ex diputado.

Ante esto, la Fiscalía Regional de Valparaíso comenzó una investigación por fraude al fisco, consistente en el desvío de fondos fiscales a fines particulares. A pesar de que el parlamentario prefirió guardar silencio, recibió el apoyo explícito del entonces jefe de bancada UDI, hoy actual subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, quién sostuvo que ese tipo de situaciones no le hacían daño a nadie…Al final, el ex diputado fue absuelto por falta de pruebas, recibiendo sólo una amonestación de la Comisión de Ética de la Cámara.

Los estándares éticos que la ciudadanía exige hoy a la clase política son mucho más elevados que hace unos años atrás. En tiempos no muy lejanos, bastaba una sentencia absolutoria -siempre posible con un buen equipo de abogados-, un sobreseimiento temporal o un acuerdo con la fiscalía para echarle tierra a cualquier irregularidad. Pero el que no se compruebe el delito no obsta para que esa persona pierda autoridad ante la opinión pública, o peor todavía, contamine al resto de la clase política.

Por eso sorprende la decisión del Gobierno de nombrar a un ex diputado, el cual fue visto por miles de chilenos a través de los medios cometiendo irregularidades. ¿Y es a esa persona que nombran como segundo en el ministerio de Hacienda? ¿Habrá nuevas irregularidades que no alcancen a constituir delito?

Además de confirmar la innegable falta de personas que eleven el prestigio de la actividad política, se consolida el cuestionable precedente -ya existente en este Gobierno- de la impunidad ética. “Si no es delito, no importa. Lo importante es no dejar que te establezcan una inhabilidad legal…”, institucionalizando el “hay que saber hacerla”.

En consecuencia, debiera proponerse un monumento a la mala memoria del chileno. Una obra -ojalá con algún valor artístico, histórico y social- que nos recuerde permanentemente nuestra pésima recordación de las irregularidades del mundo político. Y cómo permitimos que personas no idóneas continúen en cargos de poder.

Está claro que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y nuestra pasividad -¿provocada o espontánea?-, nuestra opción por no participar -4 millones de no inscritos en los registros electorales-, nuestra preferencia por postergar los problemas del mundo político, nos asegura que los grupos de poder mantengan sus privilegios. Hoy, al igual que la Concertación en 1987, tenemos que escoger el mejor camino para seguir: ¿nos vamos por fuera o utilizamos la institucionalidad a nuestro favor?

Por eso sorprende ver que un gran porcentaje de participantes en las últimas manifestaciones no esté inscrito en los registros electorales. Tampoco es normal que los ciudadanos aceptemos la imposición de los candidatos designados por las cúpulas partidistas. Por tanto, las ya tan anunciadas reformas políticas pueden ser el único medio para evitar una profunda crisis nacional.

Mientras tanto, un museo de la (mala) Memoria nos permitiría recordar todas las irregularidades de nuestra clase política observadas durante en estos últimos años, la gran mayoría aún impunes. Además veríamos las procesiones diarias a hacer ofrendas florales de políticos como el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn (UDI); el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD); la diputada Claudia Nogueira (UDI); el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI); Luis Ajenjo (DC), ex presidente de EFE; el alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera (PPD)o el diputado Rodrigo Gonzalez (PPD), entre tantos otros…

Columna publicada en La Tercera Online

Educación: la evitable trampa de la polarización

2011-07-28T10:12:00.000-07:00

La intempestiva decisión de los timoneles concertacionistas de no asistir a la reunión acordada con el mandatario sorprendió a toda la opinión pública. No sólo plantaron a la máxima autoridad nacional, sino que defraudaron también a un gran porcentaje de chilenos que demanda una solución a la actual crisis educacional. ¿Esta inasistencia ayudaba en algo? ¿O sólo fue un estéril intento por polarizar la situación?

Hasta ahora, el movimiento estudiantil contaba con la simpatía ciudadana. Además, después de las últimas encuestas y en un contexto de animadversión en contra de toda autoridad, era plausible que la población desquitara furiosamente en contra del Gobierno. Sin embargo, la reacción fue muy controvertida. Algunos apoyaron la decisión, pero otros, en cambio, se indignaron ante la negativa a negociar un acuerdo que todo Chile espera. Más aún, cuando todos ellos -salvo Carolina Tohá- reciben un sueldo pagado por nosotros los chilenos y ni siquiera cumplen con su obligación de asistir al Congreso…

Al igual que en nuestra actual política nacional, la crisis de representatividad también ha alcanzado a otras organizaciones, ya sean estudiantiles, sindicales o gremiales. Como hemos comprobado últimamente, el Congreso pierde legitimidad día a día, al igual que la Fech, Feuc, Confech, CUT, Sofofa, ANFP o el Colegio de Profesores. Nuestra arraigada falta de participación ciudadana -¿espontánea o provocada?- permite que grupúsculos bien organizados capturen fácilmente las estructuras de poder.

Sin embargo, las opiniones siempre estuvieron divididas en el tema educacional. Muchos padres viven con angustia que sus hijos no puedan asistir a clases durante más de 75 días, viendo con estupor que esta situación es avalada por los partidos opositores. En momentos en que alumnos arriesgan el año -o pierden competitividad frente a sus pares que sí tienen clases-, observan cómo el conflicto se alarga indefinidamente. Y también constatan que grupos de estudiantes elegidos democráticamente, bien organizados -pero que no necesariamente representan a la mayoría silenciosa-, toman decisiones que involucran a todos los demás alumnos. ¿Pero por qué la falta de representatividad no iba a afectar a las organizaciones estudiantiles? ¿No es acaso un mal endémico nuestro?

En 2009, la Universidad de Chile contaba con más de 24 mil estudiantes de pregrado y 6 mil de postgrado (Wikipedia). Camila Vallejo, su actual presidenta fue elegida con 2.918 votos -menos del 10% del alumnado y sólo 70 votos más que el segundo lugar, Francisco Figueroa-. A su vez, la Pontificia Universidad Católica tenía al 2010 cerca de 20 mil alumnos en pregrado y 3.800 en postgrado. De ellos, sólo 5.529 alumnos votaron por Giorgio Jackson, actual presidente de la Feuc. Corresponde a un poco más del 20% del total de alumnos, venciendo por sólo 364 votos a Ricardo Neumann, segundo lugar.

En consecuencia, ¿cómo saber qué porcentaje de alumnos de esa inmensa mayoría silenciosa está de acuerdo con los paros -único punto de desacuerdo entre rectores y Confech-? ¿Será mayor o menor que esa gran colectividad nacional que no se identifica con ninguna de las dos coaliciones políticas?

Hace menos de una semana, el senador José Antonio Gómez (PRSD) expresaba : “La Concertación está superada”. Tan sólo hace pocos días, el senador Ignacio Walker(DC) declaraba no saber en qué consistía el anunciado segundo tiempo del Gobierno, sin percatarse que también comenzaba a correr para la Concertación con su inédito 68% de rechazo. Poco después, el diputado Osvaldo Andrade (PS) exigía que la comunicación del Gobierno con los partidos fuera con sus directivas: “El diálogo debe ser institucional”, señaló durante el fin de semana el ex ministro. El mismo día de la frustrada reunión -una hora y media antes- Carolina Tohá en el programa radial “Alerta Temprana” (radio 95.3 FM) aclaraba que mientras el Presidente anunciaba su intención de invitar a los timoneles de la oposición, ellos simultáneamente le pedían una reunión para hablar de la crisis de la educación.

Aún está presente el conmovedor recuerdo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, con su flamante ministra de Educación, Yasna Provoste, y acompañadas de José Antonio Gómez, Camilo Escalona, Carlos Larraín, José Antonio Viera Gallo, Soledad Alvear, Sergio Bitar y Hernán Larraín, todos manos en alto, celebrando ante la opinión publica el envío al Congreso del proyecto sobre educación pública: la Ley General de Educación. ¿Qué ocurrió desde entonces? ¿O sólo fue una gran tomadura de pelo a todos los chilenos y chilenas?

Ante este provocado clima de polarización, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, puso paños fríos. Su invitación a los representantes -¿representativos o sólo legítimos?- de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y Colegio de Profesores traerá tranquilidad hasta el próximo lunes.

Pero además confirma que hoy los partidos políticos no sólo no representan intereses de sus electores, sino que ni siquiera sirven como intermediarios entre ciudadanía y Gobierno. Como queda demostrado en movilizaciones como las de jueces y fiscales, Marcha por la Igualdad, habitantes de Dichato, Calama o Magallanes, trabajadores de Collahuasi, Codelco o Escondida, contra Barrancones o Hidroaysén, Ciclistas Desnudos o El parque no se toca, entre otras, los dirigentes de los partidos políticos no se necesitan…

Efectivamente, este segundo tiempo comenzó. Pero pareciera que algunos no se percatan que a ellos también les toca. ¿O en realidad para la clase política comienzan los descuentos? ¿Es la nueva forma de exigir…?

Columna publicada en La Tercera Online

¿De las sillas musicales al síndrome del pato cojo?

2011-07-18T17:58:00.000-07:00

El reciente cambio de gabinete refleja en primer lugar la escasez de rostros políticos en la derecha. El fuerte número de de enroques ministeriales de alguna manera confirma esta sensación, pero plantea además una preocupante interrogante. ¿La alta desaprobación ciudadana del Gobierno es consecuencia de la falta de competencias de los ministros o de un diseño político mal elaborado? En el primer caso, ¿qué asegura que en su nuevo cargo el mismo ministro ahora sí tenga éxito? En el segundo, ¿un cambio de rostro compensará una estrategia equivocada? O peor todavía… ¿tendremos que concluir que sencillamente la derecha chilena está constituida por un grupúsculo de 50 personas?

Por otra parte, la incorporación de parlamentarios -además de acrecentar la inexistencia de personeros políticos de derecha-, confirma la sensación de que el voto ciudadano sólo sirve para avalar las decisiones de un grupúsculo en el poder. La figura de los senadores designados sólo debilita aún más la política, al dejar sin efecto la voluntad ciudadana.

Dentro de las figuras del nuevo gabinete, la permanencia del ministro Hinzpeter en su cargo representa la mantención del actual diseño político, además de evitarle al mandatario la necesidad de entrega de espacios a un nuevo titular. Sería una de las pocas señales hechas a Renovación Nacional en este cambio de gabinete, además de la incorporación de un nuevo ministro como Teodoro Ribera, ministro de Justicia. Por su parte, llama la atención el traslado del ministro Bulnes a la cartera de Educación, ya que -como en el caso del ministro Lavín-constituirá un gran desafío: el ex titular de Justicia tendrá que utilizar todo su capital político y habilidades en un tema complejo, con interlocutores difíciles y bajo la mirada de toda la opinión pública, pero sin las limitaciones ocasionadas por conflictos de intereses.

En contrapartida, la UDI salió sumamente favorecida con este cambio de gabinete, empoderándose notoriamente en relación a su situación anterior: no sólo con la incorporación de sus dos senadores, sino también por la gran cantidad de presidenciables que lo componen. De esta manera, se empodera como partido al reunir a un gran número de representantes en el Poder Ejecutivo, además de contar con una gran mayoría en el Poder Legislativo gracias al sistema binominal.

El nombramiento de Andrés Chadwick como vocero de Gobierno y el de Pablo Longueira como titular de Economía, significan la llegada al gabinete de dos antiguos coroneles y que representan la dirigencia política de ese partido. Se trata de dos carteras de mucha visibilidad, que empoderan a la UDI, además de fortalecer cualquier carrera presidencial.

El traslado de Joaquín Lavín a la cartera de Mideplan -y futuro Ministerio de Desarrollo Social- implica una gran oportunidad para su carrera política, además de una gran compensación por la pérdida de capital político en su gestión de Educación. Este nuevo cargo le permitirá también mostrar un perfil más amable con la ciudadanía, apostando por recuperar los altos índices de aprobación hasta antes de la crisis educacional.

A su vez, el traslado de Laurence Golborne -independiente, pero también cercano a la UDI-al Ministerio de Obras Públicas, significará una aún mayor figuración ante los medios y que -tal como lo experimentó el ex Presidente Lagos- le permitirá construir un perfil mucho más realizador, ajeno a las ingratitudes propias de la cartera de Energía.

El nombramiento del ministro De Solminihac como ministro de Minería permite mantenerlo como miembro del gabinete inicial, pero en una cartera más técnica y con menos necesidad de visibilidad. Por último, la designación de Fernando Echeverría -hasta entonces Intendente de Santiago- como ministro de Energía, confirma la escasez de rostros políticos en la derecha chilena, planteándole un gran desafío para las próximas elecciones municipales. ¿Será capaz de renovarse en tan corto tiempo?

Con un equipo conformado por los ministros Hinzpeter, Longueira, Allamand, Lavín, Golborne, Matthei, Chadwick y Bulnes, este segundo tiempo contemplará inevitablemente el inicio de la carrera presidencial. El desafío del Presidente Piñera será aunar voluntades e intereses, desincentivando las agendas propias y postergando al máximo el temido síndrome del pato cojo...

Columna publicada en La Tercera Online

Adimark: el día del juicio final

2011-07-08T20:22:00.000-07:00

Adimark, Cerc,

No, definitivamente no; las últimas encuestas (Cerc y Adimark) no anticipan el día del juicio final, pero sí constituyen una potente advertencia a toda la clase política. La crisis de representatividad finalmente se hizo manifiesta, a través de encuestas y movilizaciones.

La opinión pública tomó la decisión irrevocable de expresar su malestar. Por las buenas o por las malas, con violencia o sin violencia, unidos o en forma individual, los ciudadanos comenzaron a expresar su rechazo a toda la clase política. Los índices de desaprobación fueron demoledores y superaron cualquier límite imaginable en la última Adimark: la Concertación, un 68%; la Cámara de Diputados, 63%; el Gobierno, 62%; el Senado, 61%; la Coalición por el Cambio y el Presidente Piñera, ambos con un 60% de reprobación. Curiosamente, el Poder Judicial no es evaluado en por Adimark, a pesar de ser una de las funciones primordiales del Estado.

A su vez, la encuesta Cerc destaca la baja confianza interpersonal (sólo 11% de los encuestados confía en las instituciones políticas), la mantención de las desigualdades (sólo el 12% cree que disminuye la distancia entre ricos y pobres) y la permanencia de la injusticia (sólo el 18% confía en el Poder Judicial). En el mismo sentido, el 78% piensa que Chile no está ganando la batalla contra las desigualdades.

Esto constituye un fértil caldo de cultivo para expresiones que incluso atenten contra la democracia, además de un duro golpe para toda la clase política, la que tendrá que comenzar a justificar -ya no sus privilegios- sino su existencia.

Por eso, las declaraciones del diputado Osvaldo Andrade no colaboran en nada a distender el clima político, además de mostrar una gran carencia de autocrítica: “el Presidente Piñera tiene mayor índice de desaprobación que Pinochet”. El ex ministro y actual presidente del PS tiene toda la razón, pero omite que también la Concertación, la Cámara de Diputados, el Gobierno y el Senado -y probablemente él mismo, si apareciera en la encuesta- superan al mandatario en índices de reprobación. Mucho más realista fue el tenor de los dichos del diputado PPD, Jorge Tarud, quién señaló: “la oposición TAMBIEN recibe un inmenso rechazo ciudadano”. El inicio de las luchas intestinas desatadas con motivo de la designación de candidatos para las próximas elecciones municipales, sólo acrecientan la desconfianza popular en la actual clase política.

Descartados el crecimiento económico -pareciera que la opinión pública no aprecia beneficios para ella-, la eficiencia en la gestión -hoy la peor ejecución presupuestaria en años- o el término a la corrupción -Kodama o La Polar demuestran lo contrario, a pesar de tratarse de privados- quizás este gobierno pudiera ser reconocido por la reforma educacional. Pero la decisión de trasladar la discusión sobre educación al Congreso, sólo posterga el problema -y lo deriva ante interlocutores menos legitimados aún-. Sea cual sea el resultado, será combustible para una eventual violencia social si la clase política no logra coordinarse para atenuar la presión ciudadana. Para el gobierno la resolución de la crisis educacional no será fácil. Ya existe un 63% de desaprobación en el segmento universitario (entre 18 y 24 años) y podría aumentar más, como el nivel del grupo etario entre 25 y 35 años: 71%.

La situación es grave ya que no se visualiza un interlocutor válido para negociar con el Gobierno. ¿Los dirigentes políticos? Ni siquiera representan a las bases de sus partidos. ¿Las asociaciones civiles? Aún no logran la fuerza necesaria. ¿Las organizaciones gremiales o sindicales? La falta de renovación de sus dirigentes también las inhabilita. La falta de representatividad -e incluso de legitimidad- de nuestra clase política la ha convertido en una figura decorativa, casi como algunas casas reales en los pocos países monárquicos que quedan.

Ante la extinción del discurso de la eficiencia, del término de la corrupción, de la modernización del Estado o de la reforma educacional, ¿cuál puede ser el nuevo eje del relato presidencial? Chile entero le estaría agradecido al Presidente Piñera por la implementación de las tantas veces anunciadas reformas políticas, pero aún pendientes: inscripción automática y voto voluntario, voto de chilenos residentes en el extranjero, fin del sistema binominal, primarias voluntarias y vinculantes en los partidos políticos, ley de regulación de lobby, iniciativa popular de ley, nueva ley de partidos políticos, elección directa de consejeros regionales, entre otras. La ciudadanía hace años que viene escuchando promesas, pero sin ver ningún resultado concreto.

Estas últimas encuestas justifican poner a las cúpulas partidistas -las que sistemáticamente se han negado a legislarlas durante años- entre la espada y la pared. ¡Pobre del político que estuviera en contra! A su vez, la sensación de renovación en las municipales del 2012 permitiría aflojar la tensión social, establecer los consensos necesarios para implementar las reformas estructurales prometidas… y pasar a la historia como el gobierno que rescató la política en nuestro país…

Columna publicada en La Tercera Online

El pago de la primera cuota de Larroulet

2011-06-20T08:28:00.000-07:00

La desafortunada actuación de Ena Von Baer después del almuerzo en La Moneda del Presidente Piñera con los timoneles de partidos, desconcertó a toda la opinión pública. “Mientras la Concertación está más interesada en temas que le interesan a los políticos, el gobierno cree que la prioridad es mejorar la calidad de vida de los chilenos" remató la Ministra Secretaria General de Gobierno, mientras aún no terminaban de levantar la mesa. Con esto, las ya tantas veces anunciadas reformas políticas se postergaban en forma indefinida, manteniendo el sistema electoral actual e ignorando la grave falta de representatividad que impera en nuestro país. A su vez, la Concertación colaboró también, endureciendo sus críticas al Gobierno y consolidando una total ruptura entre interlocutores.

¿Qué motivó que ocurriera algo así? ¿Cómo es posible que políticos experimentados -de ambos bandos- incurrieran en un error tan infantil? ¿Simple torpeza o manipulación descarada? Al mantenerse el actual sistema político, ¿quién resulta beneficiado?

Pocos días antes y a la vuelta de sus vacaciones en Francia, el Presidente Piñera encontró un enrarecido clima político. Todavía fiel a su antigua reputación de enfrentar situaciones de crisis, el mandatario salió personalmente -con el apoyo de RN- a enfrentar múltiples frentes: UDI, DC, PPD, PS, PRSD, PC y MAS. Como primera medida, el día 7 decidió confirmar su asistencia al consejo directivo de la UDI, de manera de hacer un gesto a esa tienda política. Decisión arriesgada, más aún después de que la bancada gremialista optara por hacer pública una carta firmada por 35 parlamentarios con críticas al gobierno. Al día siguiente, el Jefe de Estado invitó a todos los presidentes de los partidos políticos a un almuerzo en La Moneda para el día 13, con la intención de llegar a un acuerdo para mejorar la política. Y a continuación el día 10 llamó al diputado Pepe Auth para ofrecerle juntarse ese domingo a conversar sobre reformas políticas, cita que nunca se concretó. “El país está bien, pero la política está mal” diría después, mientras se dirigía al Consejo de la UDI, en las Termas de Cauquenes.

Pero, tal como comprobó la opinión pública, los resultados no fueron los esperados. ¿Falló el diseño de la estrategia o bien su implementación? No se sabe, pero fue un evidente fracaso por no existir propuestas concretas. ¿Qué sucedió entonces entre el martes 7 y el lunes 13 como para modificar los temas a tratar? ¿Simple torpeza o cambio en las reglas del juego? Quizás el “tenemos que exigir, no pedir al gobierno” del senador Pablo Longueira, la autocrática designación de vicepresidentes o el anuncio de una nueva etapa, proclamaban un claro cambio de las fuerzas políticas.

Porque desde la candidatura presidencial, el programa de gobierno contemplaba la modernización del Estado (pág. 32) y medidas para más y mejor democracia (pág.109). Aún el 3 de mayo último, el gobierno llamaba a la Concertación a aprobar reformas políticas y reforzar la democracia. En la última Cuenta Pública a la Nación, el mandatario reafirmó como séptimo compromiso de Gobierno “el perfeccionar nuestra democracia, profundizar la regionalización y modernizar el Estado”. El anuncio incluía inscripción automática y voto voluntario, sufragio de chilenos en extranjero, cambio de fechas de segunda vuelta, plebiscitos comunales e iniciativa popular de ley, nueva ley de partidos políticos, ley de primarias voluntarias y vinculantes, elección directa de consejeros regionales, la información gubernamental en un solo portal, perfeccionamiento de declaraciones de patrimonio y fideicomiso ciego.

El día del debatido almuerzo, todos los partidos políticos ya habían comunicado también su intención de incluir las reformas políticas en los temas a tratar. Entonces ¿por qué la vocera fue tan tajante en descartar anuncios de siempre? ¿Existían diferencias tan importantes o sólo fue un libreto mal ejecutado? ¿Qué hizo cambiar de opinión al gobierno en tan poco tiempo?

¿O la UDI hizo prevalecer su privilegio de partido más grande para mantener el actual sistema electoral? ¿Lograría mantener su primera mayoría sin sistema binominal y con primarias? ¿Transó su apoyo parlamentario a la agenda social a cambio de descartar reformas políticas? Es una posibilidad real. Sin embargo, en esta arriesgada apuesta, quedaría claro que su directiva no capta ni comprende el cambio de escenario. Hoy, la ciudadanía también “exige, no pide…", al igual que las instrucciones dadas por el senador Longueira a su partido.Y aunque un eventual intento de los coroneles de intervenir los ejes de la discusión política pudiera tener efecto -contraponer prioridades sociales vs reformas políticas-, la ciudadanía ya aprendió a hacer valer su opinión y clama por una mayor representatividad. Probablemente una fuerte campaña ciudadana se desataría en contra de la directiva UDI.

“Este es un gobierno comprometido con la familia” señaló el día 16 Cristián Larroulet, Ministro Secretario General de la Presidencia, en el lanzamiento del libro “Familia para todos en el Bicentenario”. Agregó que para el actual gobierno, “el desarrollo no se traduce a un cierto ingreso per cápita, sino que se identifica con lo que hemos calificado como una sociedad de oportunidades, seguridades y valores. Y, a la vez, hemos dicho que para nosotros la familia es el pilar de una sociedad de valores”. Este claro y explícito apoyo a las políticas familiares constituye quizás la primera cuota que el titular de la Segpres debe pagar a la UDI, después del cartillazo de las Termas de Cauquenes.

Fantástico: agenda social y reformas políticas Las dos son temas importantes, pero no excluyentes.

¿O acaso el gobierno no es capaz de caminar y mascar chicle?

Columna punlicada en La Tercera Online

¿Gobernar sin partidos políticos? ¡Dios te oiga!

2011-06-12T20:26:00.000-07:00

“El gobierno no puede funcionar sin los partidos políticos” declaró el diputado Hasbún en el reciente cónclave UDI, refiriéndose con dureza a la relación existente entre Gobierno y su tienda política. A su vez, el senador Longueira señaló en la misma jornada: “tenemos que exigir, no pedir al Gobierno”, además de anunciar la creación de un consejo resolutivo integrado 18 figuras autodesignadas y con la facultad de fijar las líneas de acción del partido.

No cabe duda que la escasa dirección política del Gobierno ha tensionado fuertemente las relaciones con todos los partidos. Por eso, el Presidente Piñera invitó a los timoneles de la Alianza y Concertación a un almuerzo este lunes. Según agenda oficial, tratarán tres puntos: salud, educación y energía, pero no cabe duda que analizarán también la evidente crisis de la política.

Intranquiliza que el Gobierno no haya sido capaz de anunciar también las reformas políticas tanto tiempo pendientes, de las cuales se ha hablado tanto, pero se ha hecho tan poco: sistema binominal, ley orgánica constitucional de inscripción automática y voto voluntario, descentralización, elección Cores y gobiernos regionales autónomos; reforma ley partidos políticos, primarias abiertas y vinculantes, límite reelección representantes populares; voto de chilenos residentes en extranjero; iniciativa legislativa popular y participación ciudadana.

Sorprende, de partida, porque en dicha cita se reunirá lo más selecto de lo que la ciudadanía rechaza: el 56% desaprueba conducción presidencial y labor del Gobierno, el 65% censura a la Concertación y el 57% a la Coalición por el Cambio. Sólo un magro 23% aprueba al conglomerado de oposición, el 32% al oficialista y un discreto 36% al Gobierno (mayo 2011). Por supuesto que el ver al Jefe de Estado haciendo genuflexiones a los dirigentes de estos grupúsculos -lo más conspicuo de la reprobación chilena- sólo sacará ronchas a la población, acrecentando aún más la desaprobación presidencial.

Por otra parte, ante esta evidente crisis de representatividad de los partidos políticos -hoy sólo representan el transversal rechazo ciudadano-, llama la atención que el Gobierno haya permitido que sus opositores se apropiaran de la bandera de reformas políticas. Hace unos días, los jefes de bancadas de diputados del PS, Alfonso de Urresti; del PPD, Pepe Auth, y del PRSD, Fernando Meza, enviaron una carta al mandatario, ofreciendo respaldo para un acuerdo nacional que permitiera renovar la democracia e impulsar reformas políticas. En la DC, el presidente de ese partido, senador Ignacio Walker, ya anunció en programa televisivo Estado Nacional que plantearía la definición de agenda país con las mencionadas reformas políticas.

¿Qué impidió que el Gobierno impulsara esta agenda? En un clima de tanto rechazo a la clase política, ¿de qué tuvo miedo el Gobierno para omitirla? No cabe duda que toda la ciudadanía le estaría eternamente agradecida al ministro Cristián Larroulet si éste lograra desarticular las estructuras que han amparado la autoperpetuación de los mismos dirigentes. ¿Significaría una confrontación con las dirigencias políticas? Claro, pero siempre hay que romper huevos para hacer tortillas…

El cartillazo realizado por la UDI ya implica un enfrentamiento. Sin embargo, ese partido comienza a ser cuestionado por su reiterada permisividad ante irregularidades cometidas por sus representantes. El retorno en gloria y majestad del ex diputado Julio Dittborn como directivo de la UDI -después de ser sorprendido arrendando viviendas particulares como sedes parlamentarias-; la designación de la diputada Claudia Nogueira como presidenta de la comisión investigadora por caso Kodama -formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco-; el respaldo que tuvo el alcalde Mario Olavarría -formalizado por presunto cohecho y otorgamiento indebido de patente de alcoholes- o el sobreseimiento de la investigación de Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta, sobre la empresa GMA y su ya anunciada próxima candidatura, reflejan un claro debilitamiento de los estándares morales de esa colectividad. Esta tolerancia excesiva convierte este conglomerado en verdaderos fundos administrados por sus propios dueños, sin mucho control y evidenciando la dificultad de renovación política en todos los partidos. Aparece en escena un grave y nuevo problema en política: la falta de legitimidad.

¿De qué es el partido más grande de Chile? No cabe duda, pero beneficiado al igual que las demás tiendas políticas con un protector sistema binominal y con designación de candidatos entre cuatro paredes. ¿Cuánta gente asistió a este último cónclave UDI? ¿50?, ¿80? ¿Las decisiones ahí tomadas representan a sus bases? ¿Y a quienes representa el partido? El importante número de parlamentarios ahora pierde sentido ante la ilegitimidad del proceso de nombramiento de candidatos.

La elección de alcalde en La Florida -fracasada por décimo cuarta vez- evidencia que la política está capturada por las cúpulas partidistas, privilegiando sus propios intereses por los de la ciudadanía. Una de las comunas más pobladas de nuestro país -394.821 habitantes- es hoy rehén de dirigentes de la Concertación y de la Alianza.

El mismo Presidente Piñera reconoció en entrevista en este medio que existe un divorcio entre país y política. La gran demanda de esta época es la participación ciudadana. Él mismo reconoce que ya se relajó el respeto a autoridades, instituciones y procedimientos, ante esta profunda brecha de representatividad. Sólo las reformas políticas antes mencionadas -y tan anunciadas-podrán satisfacer este clamor popular… ¿O será necesario que nosotros también tengamos nuestro propio 15-M?

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El Presidente, la rana y el escorpión

2011-05-23T07:10:00.000-07:00

“Lo siento, es mi naturaleza”, le dice el escorpión a la generosa rana, después de clavarle su aguijón y sabiendo ambos de su fin inminente, cuenta la fábula. Uno siempre es lo que es, a pesar de las circunstancias, dice la moraleja.

¿Anuncios o rendición de cuentas de lo realizado? Difícil disyuntiva, ya que no cabe duda que al Jefe de Estado le gusta la espectacularidad de sus anuncios. Pero ¿quién responde por su baja credibilidad presidencial? ¿El propio mandatario, su equipo comunicacional o bien en definitiva el segundo piso? En este ambiente, ¿sería capaz el mandatario de disminuir su superávit de ofertas?

Y lo hizo. A pesar de su ADN, el Presidente Piñera se contuvo e hizo un correcto discurso. Con una buena apertura, hizo referencia a hechos que unieron a muchos chilenos durante el 2010. A su vez, con un cierre dirigido a la unidad, insistió “en cuidar la unidad del país y a nuestras instituciones”.

En el cuerpo de su discurso, se centró en los logros realizados por su administración, con cifras, guarismos e indicadores en los siete compromisos de Gobierno (recuperar la capacidad de crecimiento; crear un millón de empleos; delincuencia, narcotráfico y acceso a la justicia; mejorar la calidad y equidad de la educación; mejorar la calidad y equidad de la salud; erradicar la extrema pobreza y reducir las desigualdades excesivas y perfeccionar la democracia, profundizar la regionalización modernizar el Estado).

Sin embargo, se omitieron algunas menciones a falencias relativas a la reconstrucción post terremoto, al caso Kodama, al AVC o a la eliminación del multirut. Por otra parte, varias referencias provocaron un fuerte debate político sobre la autoría de la idea, olvidando que la ciudadanía exige hoy concretar además de presentar proyectos.

Además de algunos anuncios en Educación, Salud y Economía, la Cuenta Anual se caracterizó por una profunda intervención en la institucionalidad: la creación de la subsecretaría de Derechos Humanos, de la educación Superior, del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Deporte. También el anuncio de las reformas políticas, como la inscripción automática y el voto voluntario, una nueva ley de partidos políticos, la elección directa de los consejeros regionales o el proyecto de primarias voluntarias y vinculantes suenan promesas que no necesariamente se cumplirán. Para esto, el ministro Larroulet tendrá que enfrentar la resistencia oculta de las directivas de los partidos políticos. Las manifestaciones de los últimos días o procesos como el del 15-M en España reflejan los nuevos aires políticos. La posterior trifulca entre parlamentarios oficialistas y de oposición sólo contribuyen a deteriorar la reputación de nuestra clase política.

Hubo varios anuncios que se repitieron: el Sernac Financiero o la seguridad laboral ya estuvieron presente en el la cuenta del año 2010, sin que se hayan implementado aún cambios legislativos. Además, la sospechosa similitud de los carteles de apoyo una vez terminado el discurso tampoco contribuyó a aumentar la credibilidad presidencial.

Por una parte, cifras como el crecimiento económico (Imacec 15,2% en marzo, 7,2% en febrero, 6,7% en enero y 5,7% en 2010) y la creación de empleo (476.320 nuevos empleos 2010 y tasa de desocupación de 7,3% Dic10-Feb11) demuestran una sólida gestión económica. Sin embargo, los bajos índices de aprobación presidencial (49% de desaprobación vs 41% de aprobación) y de los conglomerados políticos (Concertación, 61% de desaprobación vs 26% de aprobación; Coalición por el Cambio, 51% en contra vs 36% a favor) según la última Adimark, más las multitudinarias manifestaciones ciudadanas y la inminente amenaza de un 15-M local, demuestran el clamor ciudadano en contra de una institucionalidad que no le permite participar. El confrontacional entorno en que se presentó motivó incluso la suspensión a última hora de un planificado viaje a Iquique del mandatario.

Se percibió un importante grado de precisión y de detalles técnicos en la presentación, con una atenuación del tono grandilocuente y tan criticado en el mandatario. Sin embargo, resultó insuficiente la estrategia de apostar a un solo acto la reconstrucción de la credibilidad presidencial, quedando pendiente para el resto del año.

Columna publicada en La Tercera Online

"Asumo la responsabilidad política que me corresponde"

2011-04-20T11:11:00.000-07:00

La reciente renuncia de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, implica un importante cambio en los estándares del servicio público. Después de años en que los chilenos nos acostumbramos a que las responsabilidades políticas no se hicieran efectivas, la dimisión de la ex ministra remeció tanto las cúpulas partidistas como la opinión pública. De motu proprio, la ahora ex titular de dicha cartera asumió su responsabilidad política, entregando un “testimonio de integridad, de humildad y de corrección”.

De partida, porque ni siquiera esperó el informe de Contraloría sobre el acuerdo de pago por $ 17 mil millones. Tampoco se escudó en la tipificación de fraude al fisco como delito de resultado (artículo 239 del Código Penal), que exige un perjuicio para consumar la defraudación. No quiso destacar que Kodama tendría que demandar el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, dándole tiempo para anular la transacción. Y definitivamente renunció al certero análisis que hizo Tomás Mosciatti en CNN Chile, sosteniendo que la Concertación debía tener mucho cuidado, ya que una eventual acusación constitucional le podría salir el tiro por la culata.

Ante la frustrada superioridad moral que el gobierno intentó sostener hasta el caso Jacqueline Van Rysselberghe, se desató una vorágine de acusaciones mutuas sobre hechos cometidos en los gobiernos de Pinochet, de la Concertación y de Piñera, muchos de ellos todavía impunes, buscando empatar irregularidades de un bando con las del otro, convirtiéndolo todo en una operación de suma cero.

¿Quién sería capaz de ponerle fin a esta espiral? ¡Magdalena Matte!. La misma que cometió el grave error -¿asesorada por su abogado de confianza, Álvaro Baeza?-de firmar el Decreto Exento (detalles caso Minvu-Kodama, por Fernando Paulsen). La misma que, al percatarse de la gravedad del asunto, puso a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes del caso. La misma, que según declaraciones de su ex asesora legislativa, Carolina Arrau, sabía lo que firmaba cuando autorizó el pago a Kodama. La misma, que al ver el potencial flanco que abría al gobierno, optó por dar un paso al lado, a pesar del total apoyo que le entregaba su conglomerado. La misma, que una vez renunciada, ofreció su ayuda para continuar la investigación en los tribunales ordinarios, en la Contraloría y en la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Con todo esto, al asumir su responsabilidad política, puso en forma definitiva una lápida a la teoría del empate, poniendo fin a años de impunidad. Por esto, se requiere transparentar este caso, responsabilizando a quieres corresponda.

De alguna manera, la renuncia de la ex ministra Matte significó una intervención en los paradigmas de nuestra cultura política, elevando sus estándares. Hace un mes, el discurso de la nueva forma de gobernar quedó desvirtuado con la inicial ratificación presidencial de la entonces intendenta del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, con un alto y evitable costo político para el gobierno. La larga enumeración de irregularidades ocurridas en los gobiernos de la Concertación -intentando justificar la decisión presidencial- sólo sirvió para confirmarle a la ciudadanía la mantención de los mismos vicios políticos.

Por consiguiente, será necesario que se cumpla a cabalidad la declaración del Presidente Piñera: “investigar los hechos hasta las últimas consecuencias”, y que sea la justicia ordinaria quién declare la ilegitimidad del mencionado avenimiento, deje sin efecto el pago de los 17 mil millones a Kodama y castigue a los responsables de la operación. Ésta sería la mejor manera para demostrar el término de la tradicional impunidad en la administración pública. Por otra parte, también constituiría un hito comunicacional -que supliendo la tan mentada falta de relato de esta administración- consolidaría en forma definitiva la confirmación de una nueva forma de gobernar.

Las reacciones de apoyo fueron inmediatas y transversales. El propio ex Presidente Lagos declaraba que la ex ministra Matte “ha dado una lección”. El senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, destacaba su dignidad y sobriedad republicana. Incluso el senador Alejandro Navarro, que interpuso la denuncia en la Contraloría, señalaba:“ella siempre ha actuado de buena fe, ha cometido un error pero que siempre ha manifestado su voluntad a asumir su responsabilidad política”. Hasta las deudoras de Andha Chile -tan agresivas con la ex Presidenta Bachelet-se fueron a despedir al Minvu.

De que ocurren irregularidades, en todos los gobiernos ocurren. La diferencia está en cómo las autoridades reaccionan. Durante años, decenas de casos se acumularon sin que se hicieran efectivas las responsabilidades políticas: Chiledeportes, EFE, MOP-GATE, SII, Cerro Navia, CIMM, Comuna Segura, Gendarmería, Mineduc, Programas de empleo del Ministerio del Trabajo, MOP, PGE, Publicam, Registro Civil, SEC, Consejo de las Américas, Becas Valech, Conadi, Consejo de la Cultura, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Sename, Sercotec o la Universidad de Chile, entre muchos otros. Es más, en muchas oportunidades ni siquiera se asumieron las responsabilidades penales o administrativas.

Con el 69% de conocimiento y el 55% de aprobación en la última encuesta Adimark respecto a la saliente ministra, sería interesante que los próximos estudios de opinión la siguieran contemplando. Porque las circunstancias no dejan de recordarme a otra ex ministra, que también presentó su renuncia pero que no fue aceptada por el ex presidente Lagos. En este trance tan amargo, ¿nace una nueva Bachelet?

Columna publicada en La Tercera Online

JVR: La gran falencia del Presidente Piñera

2011-04-04T05:36:00.000-07:00

Muchos chilenos reconocen y admiran en el Jefe de Estado un rasgo -no medido en encuestas- demostrado durante su vida empresarial: la capacidad de generar grandes negocios. Sin embargo, una falencia se visualiza en su contra: la incapacidad de rentabilizar en aprobación ciudadana una situación política.

Cualquier acontecimiento, proyecto legislativo o improvisación le cuestan caro al Jefe de Estado en términos de opinión pública. Al inicio de su mandato, el 52% de los chilenos aprobaba su gobierno y sólo el 18% lo desaprobaba. Al año, (Mar11), el índice de aprobación ha bajado 10 puntos (42%) y el de desaprobación ha aumentado 31 puntos (49%). ¿Cuáles son las conclusiones de La Moneda ante estos resultados? ¿Responsabilidad del mandatario, de sus asesores políticos o de sus consultores comunicacionales?

Por cierto, sorprende en este Rey Midas el fuerte contraste de su instinto comercial y su capacidad de negociación en el mundo privado con su ineficiente gestión comunicacional en el ámbito público, la que le genera importantes pérdidas en su imagen política. La visita del Presidente Obama, la suspensión de la central termoeléctrica Barrancones, la ampliación del postnatal, el fin del descuento del 7% de salud a los pensionados o cualquier otro hecho, siempre terminan mal evaluados por la opinión pública.

Superada la emergencia inicial del terremoto, al gobierno le ha sido imposible controlar la agenda noticiosa, marcando una gran diferencia con los gobiernos de la Concertación. En ésta administración, la contingencia ha superado con creces los débiles intentos de marcar agenda, diluyendo cualquier logro gubernamental.

Sólo el rescate minero fue bien evaluado. Pero ni la creación de 400 mil empleos ni el crecimiento del 5,2% durante el 2010 han logrado revertir las percepciones negativas originadas por la rebelión magallánica o el escándalo Van Rysselberghe. Aún con tasas de desocupación superiores al 10,0% (2009), o contracción del PIB durante 2009 (-1,5%), la ex Presidenta Bachelet terminó con una aprobación del 81% (Dic2009). En esa magnánima cifra, ¿qué participación tuvo su equipo comunicacional?

La reciente renuncia de la ex intendenta confirmó la incapacidad del actual equipo político-comunicacional, con una difícil situación que terminó en una pérdida absoluta en imagen. En este conflicto, no hubo ganancias -salvo para la oposición, que logró unirse tras un objetivo común-: todo restó. ¿Autogol o hara kiri frustrado?

De partida, para la misma Jacqueline Van Rysselberghe, quién tendrá que hacer un doble esfuerzo para reconstruir su carrera política, tanto a nivel regional como nacional. Luego, para el mandatario, quién al confirmarla en su cargo afectó ante la opinión pública sus dos atributos más débiles: confianza, con el 46% de evaluación positiva versus el 54% negativa; y credibilidad, con el 44% positivo y el 56% negativo (Mar11).

Para la UDI, se consagró la defensa corporativa y la impunidad política, demostrando que todo vale para mantenerse en el poder. La simbólica fecha del aniversario de la muerte de Jaime Guzmán pasó prácticamente desapercibida e impidió destacar con fuerza los valores del fundador del partido. También provocó divisiones internas entre los coroneles, mermando la disciplina que caracteriza ese partido. La renuncia del concejal Patricio Lynch tampoco dejó en buen pie la imagen interna de la directiva del partido, al confirmar la existencia de “favoritos” dentro de la UDI.

Para RN, las relaciones con sus socios de alianza quedaron severamente dañadas. La coalición de gobierno quedó cada vez más alejada del electorado y habrá que ver cómo la ciudadanía la evalúa en las próximas encuestas. Incluso figuras externas como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter -con su elegía a la ex intendenta después de la renuncia- o el diputado Enrique Van Rysselberghe -por su eventual no inhabilitación-, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte o el Subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, salieron perjudicados en este episodio -al ser involucrados en la autorización de la reconstrucción de la población La Aurora de Chile-.

Parece increíble que los equipos asesores todavía no hayan asumido el fin del argumento del empate moral. Lo que fue aceptado durante los gobiernos de la Concertación, hoy ya no lo es. La ciudadanía ha elevado los estándares éticos de la actividad política en este último año y exige su cumplimiento. Y es así como la falta de la ex intendenta -falta menor ante tantos otros casos de presidentes, ministros y parlamentarios que han mentido a sus electores- no quedó impune, a pesar de toda la defensa corporativa.

Pero ante todo, sorprende que el gobierno no le hubiera pedido la renuncia en febrero, pudiendo convertir una fuerte derrota en una gran victoria: se hubiera consagrado la nueva forma de gobernar, minimizado el error de la ex alcaldesa y se podría haber trabajado durante un par de años para fortalecerla. Pero no, se prefirió una arriesgada apuesta, en la que se jugó el todo o el nada. Los resultados están a la vista: peores, imposible…

El gobierno optó por una decisión que dio una fuerte señal, absolutamente contrapuesta a su discurso: el gobierno sigue con los mismos vicios que destronaron a la Concertación, tal como lo expuse el 17 de febrero…además de una torpeza comunicacional inexcusable…

Columna publicada en La Tercera Online

JVR: Para inventar historias y comer pescados...

2011-03-15T12:38:00.000-07:00

Las recientes declaraciones de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe sobre su postergada y eventual acusación constitucional dan mucho que pensar sobre la sempiterna impunidad política que ha existido en nuestro país. “Esa acusación constitucional carece de todo sustento” señala ella, luego de ser acusada de presuntas irregularidades en la gestión de subsidios habitacionales para pobladores no damnificados por el terremoto.

¿Existe base para entablar una acusación constitucional en contra de la imaginativa intendenta? Desde luego que no se le imputan delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión, tal como lo exige el artículo 52 N°2 letra e) de la Constitución Política del Estado. Se le acusa simplemente de vulnerar lo dispuesto en el artículo 8° inciso primero de la Constitución Política del Estado: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar irrestricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.

¿Fue proba la ex alcaldesa? ¿Sí o no? En caso afirmativo, ¿por jactarse de haber engañado al Presidente de la República, por privilegiar a sus regalones o por falsear hechos a sus futuros votantes? ¿O quizás su falta de probidad consistió en haber intentado traspasar su responsabilidad al subsecretario Andrés Iacobelli y a la ministra Magdalena Matte? Irónicamente, ésta en gran medida le debe el aumento de conocimiento que tuvo el último mes, dejando satisfecho incluso hasta el exigente mandatario. En política, nadie sabe para quién trabaja…

Poco importa ya. Es sabido que en Chile no existe -y desde hace años ya- responsabilidad política alguna. Todo Chile vió los polémicos dichos de la funcionaria penquista ante los vecinos de la población La Aurora de Chile, formándose su propia opinión. De la misma manera, toda la ciudadanía observó cómo el Presidente de la República la confirmaba en su cargo, consagrando el principio de "todo vale mientras no constituya delito", consolidando la impunidad política y de paso, afectando gravemente sus propios -y exiguos- atributos de confianza y de credibilidad.

E importa poco, porque el Ejecutivo al desligarse de su tuición administrativa, se la transfirió a la Cámara de Diputados. Y ahí todo -cualquier cosa, mejor dicho-puede suceder: intereses conjuntos, figuras legales ficticias, elusión evidente a la luz pública, contratos simulados y compadrazgos indulgentes interfieren en cualquier intención fiscalizadora. Es más, ni siquiera será necesario esta vez recurrir a la manida figura del esposo de la ex edil. De nuevo, será un duelo de fuerza entre representantes de la Concertación y de la Alianza -recurriendo al PRI como pivote- sin necesariamente buscar resolver el asunto. Cualquier decisión necesariamente será convertida en una victoria pírrica, en desmedro de la ya débil credibilidad de la clase política.

De hecho, prácticamente desapercibido pasó el rechazo de la Cámara al informe de la comisión especial que indagaba las responsabilidades políticas en las millonarias irregularidades detectadas en el Programa Orígenes y en la Conadi. Después de 3 años de trabajo, 2 comisiones investigadoras, miles de apariciones en medios, vehementes acusaciones o defensas, el jueves pasado fue rechazado el informe de la instancia parlamentaria, por 35 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones. Aparte de provocar la molestia del grupo mapuche Choyun Mapu, presente durante la sesión, no ocurrió mucho más. ¿Quién responde por esto? ¿Se definió si hubo irregularidades? ¿Hay alguien que asuma el costo político? ¿Se precisó al menos la eventual responsabilidad del ex ministro José Antonio Viera-Gallo? No, y lo más probable es que el espeso manto de la burocracia se encargará de enterrar el conflicto eficientemente.

Curiosamente, la votación parecía concertada en este caso: todos quienes votaron a favor del informe pertenecen a la Alianza -¿o Coalición por el Cambio?- y todos quienes votaron en bloque en contra del informe pertenecen a la Concertación. Paladines de la justicia como Osvaldo Andrade, Pepe Auth o Felipe Harboe, votaron en contra del informe, perpetuando la tradición de impunidad política. Incluso honrosas se ven las abstenciones de los diputados Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez, Pablo Lorenzini y Guillermo Teiller. Además, fueron 44 los diputados que prefirieron no votar (Accorsi, Aguiló, Alinco, Álvarez-Salamanca, Araya, Arenas, Ascencio, etc…) por razones desconocidas -¿la gira presidencial?-.

Sería de una ingenuidad extraordinaria -pero exquisita a la vez- pretender que la intendenta Van Rysselberghe sea el último político que miente para conseguir sus fines. La postergación de la bullada acusación constitucional permite contrastar el excelente discurso político contra su paupérrima gestión. Pero sorprende aún más nuestra escasa memoria que tenemos como votantes. Hasta ahora hemos sido -¿somos?- rehenes del sistema binominal y voto obligatoria, y nos hemos visto obligados a votar por candidatos designados entre cuatro paredes.

Como consecuencia, el electorado se ha ido distanciando de los partidos políticos. Cada vez más escéptico a las promesas electorales, cada vez más reacio a las pugnas de poder, cada vez más consciente del poder de su voto castigador, se ha ido empoderando día a día, aprendiendo a armarse aunque sea con una cámara, una grabadora … o un simple teléfono celular.

Columna publicada en La Tercera Online

Campiche: el derrumbe de la superioridad moral

2011-03-03T08:52:00.000-08:00

Una inédita polémica se abre con un nuevo cable filtrado por Wikileaks y publicado por Ciper Chile, que involucra directamente al gobierno de la ex Presidenta Bachelet en la aprobación de la central Campiche -proyecto de AES Gener-en la Región de Valparaíso. Dicho documento da cuenta de un fuerte lobby para cambiar la normativa que entonces impidió su construcción, vulnerando todo el discurso y la legislación medioambiental de la mandataria.

Cabe recordar que en junio 2009, la Corte Suprema falló en contra de la autorización dada por la Corema de Valparaíso -por no considerar el tipo de uso del suelo-, confirmando el fallo de la Corte de Apelaciones. Antes, en diciembre 2008, la Contraloría también había rechazado la construcción de la central por considerarla Zona de Restricción Primaria.

Ante esta decisión judicial, el lobby de AES Gener comenzó rápidamente y tuvo como objetivo modificar la normativa vigente, de manera de lograr la aprobación de la central. Para esto, según lo informan cables filtrados por Wikileaks, el entonces embajador de EE.UU., Paul Simons, se contactó con autoridades del gobierno de la ex Presidenta Bachelet: Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior; Marcelo Tokman, ministro de Energía; Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo; Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente ; Álvaro Sapag, director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Jorge Castro, alcalde de Valparaíso y Marcos Robledo, asesor internacional de la mandataria. La ex Presidenta Bachelet habría encargado a la ministra Poblete la resolución del conflicto, quién le habría señalado al embajador norteamericano que “el gobierno solucionaría la situación, recurriendo a un decreto ejecutivo de ser necesario”.

Dicho y hecho, el 31 de diciembre de 2009 el ministerio de Vivienda y Urbanismo dictó el decreto N° 68, que modificó el Plano Regulador de Valparaíso, removiendo el obstáculo que impedía la construcción de la central en un área declarada verde. Sólo 15 días después, Empresa Eléctrica Campiche S.A. y AES Gener S.A. solicitaban a la Comisión Regional del Medio Ambiente aprobar en forma definitiva el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Central Termoeléctrica Campiche”, en base al cambio del Plano Regulador.

Ante los reclamos de la población afectada, en julio de 2010 se conformó en la Cámara de Diputados una comisión especial para la investigación de resoluciones Coremas sobre proyectos energéticos, presidida por el diputado Eugenio Bauer (UDI). Después del transcurso de ocho meses, la comisión todavía no vota una resolución, pero encontrándose presentado el informe final. Por lo mismo, sorprende que el diputado Alfonso de Urresti (PS) -miembro de la comisión investigadora desde su inicio- recién ahora pida la reapertura de la investigación para citar a ex y actuales ministros.

Por otra parte, el año 2009, al terminarse el gobierno de Michelle Bachelet, AES Gener decidió ocupar los servicios del estudio jurídico Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del que era socio en ese entonces el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. De la misma manera, contrató a la empresa lobbista Azerta, de Cristina Bitar, formando el mismo tándem que también logró la aprobación de la central termoeléctrica Castilla.

Estas situaciones descritas en los cables enviados por el embajador estadounidense, Paul Simons, hacen definitivamente perder la confianza en la clase política: evidencian que intereses particulares pueden primar por sobre los colectivos. Por esto, la ciudadanía -en especial los habitantes de Puchuncaví- requiere una explicación de la ex mandataria y espera que las instituciones sean capaces de determinar las formas en que los principios ecológicos fueron violentados y vulnerados.

Por otra parte, la participación del ministro Hinzpeter en muchas decisiones ambientales le crea grandes conflictos de interés con su ex estudio jurídico. De partida, son ya demasiados los rumores sobre presiones a las comisiones de medio ambiente, en especial en estos últimos meses. El que el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, haya sido desde 2002 hasta 2011 el gerente general de Eléctrica Guacolda, filial de AES Gener, tampoco contribuye a transparentar la imagen de la clase política. Esto sólo refuerza los permanentes peligros de la ya famosa puerta giratoria entre gobierno y sector privado, tema al que la clase política se ha negado sistemáticamente a legislar -al igual que la regulación del lobby-.

Las acusaciones hasta ahora se han dirigido en contra de Concejos Municipales, Comisiones Regionales del Medio Ambientes, ex y actuales ministros e incluso hasta la ex mandataria. Tal como señala Tomás Mosciatti en CNN Chile, “el tono maternal de Michelle Bachelet me parece ahora falso y peligroso”. Nos hace recordar que en política, los discursos suelen no concordar con la realidad, como quedó demostrado hace tan poco con la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe. Este actuar tan permanente y sistemático obliga a la ciudadanía a estar más vigilante que nunca. Los resultados de la última encuesta Adimark reflejan los bajos índices de aprobación que vive la clase política: 42% del Presidente, 40% del Gobierno, 33% de la Coalición por el Cambio, 27% de la Concertación, 33% el Senado y 27% la Cámara de Diputados. Pero además de desprestigiar la política, estos lamentables hechos también derrumban en forma definitiva cualquier pretensión de superioridad moral de ambos bandos.

Columna publicada en La Tercera Online

Caso JVR: lo mismo, con nuevas moscas

2011-02-17T15:07:00.000-08:00

El relato de un gobierno se construye en el tiempo a través de numerosos hitos o señales. Las desafortunadas declaraciones de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe a sus antiguos y ¿futuros? electores, lograron finalmente amojonar el discurso presidencial - hasta ahora confuso, voluble y maleable ante la interminable contingencia-. Quedó claro que el principio que rige el actuar del gobierno es uno maquiavélico: el fin justifica los medios. Este antiguo pero potente silogismo, que pareciera ya haber inspirado al mandatario, significa: “Miente, roba, estafa, haz trampa, ¡pero que no te pillen! Si legalmente no se demuestra una irregularidad, no te preocupes. En Chile nunca ha existido la responsabilidad política…”

Por eso, el programado viaje del Presidente Piñera junto a Magdalena Matte, ministra de Vivienda y Urbanismo, a la Región del Bío Bío, no sólo servirá de barómetro para medir la presión atmosférica en la zona, sino también para ponerle la última cereza al pastel comunicacional: concluir el errático relato gubernamental. No cabe duda que hoy la cara del mandatario, de la ministra Matte, sus declaraciones, las actitudes de los parlamentarios o las reacciones de la población penquista, revelará mucho más que cualquier declaración pública o comunicado de prensa. ¿Qué tanto respaldo seguirá teniendo la intendenta? ¿Habrá manifestaciones a favor? ¿O en contra? ¿Cuánto fue el costo para su reputación? ¿Se justificó la asesoría comunicacional pagada por todos los chilenos?

Y es que los relatos presidenciales, ministeriales -o de cualquier autoridad- se construyen a partir de hechos y no de discursos. Todo lo que diga, declare, repita, recite o declame el Jefe de Estado, le entrará a la opinión pública por un oído y le saldrá por el otro. Mientras tanto, ésta observará todo que el mandatario HACE y sus acciones precisamente consolidarán ese relato. Porque éste no se construye a través de los discursos de las autoridades, sino a través de la re-significación que hacen las audiencias. Por lo tanto, será interesante evaluar qué sucede con las partes involucradas en el futuro. ¿Serán capaces de hacer olvidar este episodio en sólo tres años, aún con todos los recursos fiscales? ¿Al país entero?, ¿A los electores regionales? ¿A los demás partidos de la coalición? Desde ya, este impasse afectará el ya debilitado atributo de credibilidad del Presidente. Avalar a un subalterno en una flagrante mentira, vista por la gran mayoría de los chilenos a través de los medios, refuerza la desconfianza que siente la ciudadanía hacia la figura presidencial. No cabe duda que este atributo no es valioso para el Presidente Piñera, al no ser posible su reelección. Por lo mismo, ¿prefiere legar este problema a la Alianza?

Siempre en política ha primado “el tanto tienes, tanto vales”. Sin embargo, nunca había sido asumido tan explícitamente por la UDI como ahora. “¿Qué diría Jaime?” es la pregunta que muchos gremialistas comentan en voz baja, al ver los discutibles espectáculos de una intendenta mintiendo a sus eventuales electores y de sus directivos defendiéndola. En todo caso, en una época en que el votante elige al mal menor, es una apuesta arriesgada de la UDI en la región. Mucho se ha discutido acerca de la última elección presidencial: ¿la ganó Sebastián Piñera o la perdió la Concertación? En este caso, para romper el doblaje, ¿el votante RN votará incondicionalmente por la ex alcaldesa?, ¿el elector independiente -la gran mayoría- sufragará a favor de la falaz intendenta? Obviamente aún le queda mucho trabajo al senador Alejandro Navarro, pero está bien encaminado.

Un escándalo es ninguno, podría pensarse. Pero ya son demasiados los casos que demuestran que la UDI se mueve al filo de la ética, al borde de lo permitido, al límite de la irregularidad: el ex alcalde Gonzalo Conejo, el alcalde Mario Olavarría y la alcaldesa Carolina Plaza, la diputada Claudia Nogueira, el ex diputado Julio Dittborn y ahora la intendenta del Bío Bío. Sin sanciones del partido, ya no son casos aislados sino que hacen recordar la controvertida ideología de la corrupción, atribuida entonces a los partidos de la Concertación.

Por su parte, Renovación Nacional, socio estratégico en la Alianza, tampoco olvidará fácilmente este episodio: la diferencia de criterio aplicado con Ximena Ossandón, ex vicepresidenta ejecutiva de Junji, con su ahora casi tierno e ingenuo “reguleque”. ¿Qué es más grave: la culpa o el dolo? ¿O dependerá del peso político de los involucrados y no de sus acciones?

Y es por eso que la ratificación de la intendenta consagra el principio de impunidad política, tan duramente criticado en tiempos de la Concertación. Esta falta de castigo permanente de la elite dirigente es lo que irrita a la ciudadanía. Estas infantiles explicaciones que tratan de desviar la atención sólo logran encolerizar a la opinión pública. ¿La nueva forma de gobernar…? ¡Lo mismo y más torpes! Perdón por mi francés: la misma merde, pero con otras moscas …

Columna publicada en La Tercera Online

El opaco tejado de vidrio en la pol{itica

2011-02-10T08:01:00.000-08:00

A pesar de una ciudadanía curtida con los abusos de poder de autoridades durante los últimos gobiernos, la polémica contratación de Extend Comunicaciones S.A. por parte del Gobierno Regional del Bío Bío revive un antiguo debate. La intendenta Jacqueline Van Rysselberghe vive complejos momentos políticos, envueltos en una maraña de distintos intereses: declaraciones propias sobre subsidios, pugna de poderes entre RN y UDI, cuestionamientos de la oposición, incautación por la PDI de fichas de inscripción de vecinos de La Aurora, ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, involucrada, compromisos de una nueva forma de gobernar y, por último, la urgente necesidad de construir y/o reconstruir los hogares de muchos compatriotas.

A pesar del llamado público hecho a través de Chile Compra, el costo de la asesoría –ascendente a $38.441.394- corresponde a una asignación directa (orden de compra Nº 831-49-SE11 del 31 de enero) de la Subdere, sin la aprobación del Consejo Regional. Por lo mismo, sorprende que la defensa comunicacional de la ex alcaldesa sea financiada por todos los chilenos, más aún después de su anuncio en que descarta renunciar, del tibio apoyo del ministro del Interior, de las declaraciones de la ministra Matte y de los desórdenes administrativos investigados por la Contraloría en su gestión en la municipalidad de Concepción. Desde ya surge la duda si esta asignación fue autorizada por Miguel Flores, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo– y ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán- o bien derechamente por alguna otra autoridad superior. ¿Quién se hace responsable de esta decisión ante la opinión pública?

Por supuesto, han sido muchos los políticos que han aprovechado esta situación para hacer gárgaras sobre transparencia: el senador Alejandro Navarro (MAS), el diputado Osvaldo Andrade (PS), el diputado Gabriel Ascencio (DC) y toda la Concertación en general. Muy sólido fue el ataque que hizo el presidente (s) de la Democracia Cristiana (DC), diputado Fuad Chahín: no sólo anunció la presentación de una acusación constitucional en contra de la intendente penquista “por infracción de los principios constitucionales de legalidad, probidad y transparencia”, sino también la interposición de una “querella criminal en contra de quienes responsables por los eventuales delitos que se pueden haber cometido en el marco de esta situación, fundamentalmente delitos de fraude al fisco, malversación de recursos públicos, falsificación ideológica de instrumentos públicos y posiblemente asociación ilícita en distintos grados, consumado, en tentativa o frustrado” (audio).

Esta loable defensa del diputado Chahín sobre la necesidad de transparencia, hecha con tanto ímpetu y convicción, suscita de inmediato ciertas reflexiones acerca de la oportunidad -¿oportunismo?-, pertinencia y mendacidad sobre la transparencia política. De hecho, si nosotros revisamos la nómina de asesorías externas de los honorables diputados durante el 2010 –documento que todos los ciudadanos debiéramos ver al menos una vez al año-, en su página 5, fila 5, aparece la contratación por dicho parlamentario de un estudio para la “Moción que modifica el D.L. 701 de fomento forestal y asesoría para la elaboración de indicaciones al proyecto de ley que establece penas accesorias al delito de abigeato (boletín 7058-07)” ¿WTF? Este proyecto de ley fue presentado el 8 de julio del año pasado por 10 diputados –entre los cuales no estaba el diputado Chahín-, encontrándose sin movimiento desde el 17 de agosto. Seguramente por esta razón, y preocupado por la demora del proyecto, en diciembre este parlamentario contrató por $ 1.824.657 a la empresa “Inversiones y Asesorías MADA Limitada” (fono 56-2 460 80 50) para que ¿redactara una segunda moción para legislar sobre las penas del abigeato? Según esta nómina, el estudio se habría hecho entre el 1º y el 20 de diciembre. ¿Dónde está? ¿Es posible acceder a ese importante estudio pagado por todos nosotros los contribuyentes? ¿Fue un aporte útil para la industria ganadera?

El gran problema de este elogiable profesionalismo es que ese teléfono corresponde al estudio jurídico Abdala & Cía. , fundado en 1988, ubicado en Santa Lucía 330, piso 2, fono 56-2 460 80 50 y al cual pertenece el diputado Fuad Chahín Valenzuela. ¿Simple coincidencia? ¿Práctica común en nuestra política? ¿Nadie en el Congreso se dió cuenta? ¿Es creíble su disertación sobre la intendenta? ¿Esto es más grave o menos grave que las maquinaciones de la intendenta Van Rysselberghe? En este caso, ¿se justifica el debate sobre el fin y los medios?

Y nosotros, ¿seguiremos aceptando estos mecanismos o asumiremos de una vez por todas que los estándares de transparencia han aumentado? Aunque estas prácticas siempre han existido-los ex diputados Maximiano Errázuriz (RN), Julio Dittborn (UDI) y Laura Soto (PPD) se dignaron no repostular a sus cargos, después de acusaciones de irregularidades-, en cambio, otros parlamentarios gozan de excelente salud política: Guido Girardi (PPD), Claudia Nogueira (UDI) o Rodrigo González (PPD).

¿Seguiremos observando cómo la impunidad sigue perpetuándose en nuestro país? ¿O presionaremos para que se cumpla la promesa de una nueva forma de gobernar?

Ese es el dilema: ¿discurso o realidad?

Columna publicada en La Tercera Online

Gobierno: ¿esperando el 33%?

2011-02-07T07:52:00.000-08:00

Esta cifra, símbolo de buenas noticias después del rescate minero, podría convertirse en un muy mal presagio si habláramos de aprobación presidencial. Según la última encuesta Adimark, por primera vez el índice de desaprobación presidencial (46%) superó al de aprobación (41%). De la misma manera, los índices se traspasaron a la gestión del Gobierno, con índices de 45% versus 44%, respectivamente. La hasta ahora inédita inversión de estos guarismos -que grafica la fuerte y rápida pérdida de capital político- pareciera no preocupar a los asesores del Jefe de Estado. ¿Están esperando para reaccionar que la aprobación al mandatario alcance el piso sicológico del 33%?

Escasas han sido las reacciones en el Palacio de La Moneda respecto a estas cifras. Hasta ahora, no se han visto cambios importantes en voceros, equipos de asesores, estilos de discursos o comportamientos presidenciales. ¿Época de vacaciones? ¿Minimización de valoración de la opinión pública? ¿Desorientación de hacia dónde apuntar los dardos comunicacionales? ¿O bien esta calma deriva de la confianza depositada en las próximas reformas del Gobierno?

Este será un año clave, con anunciadas modificaciones legislativas en siete áreas: 1. Salud (eliminación descuento 7% jubilados y flexibilización post natal femenino); 2. Delincuencia (implementación Ministerio Seguridad Pública); 3. Política (aprobación voto chilenos en exterior); 4. Pobreza (promulgación ingreso ético familiar y creación Ministerio de Desarrollo Social); 5. Medioambiente (reemplazo Conama y Coremas por nuevos servicios); 6. Modernización del Estado (gestión más eficiente con menor burocracia); y 7. Educación (reforma aprobada y lista para implementación). Si todo sale según la planificación del mundo privado, el Presidente Piñera debiera lucirse.

Sin embargo, hay dos obstáculos que podrían impedir la recuperación de la popularidad presidencial: la falta de mayoría oficialista en ambas cámaras -que impide, entorpece o diluye el avance de cualquier proyecto-, y el tiempo indispensable para que la ciudadaná visualice sus efectos. La no percepción de resultados visibles podría impedir revertir la tendencia a la baja de la aprobación presidencial. Más aún, gracias a la pirotecnia comunicacional proporcionada por el mismo mandatario (piñericosas, aterrizajes o partidos), los resultados de los proyectos legislativos podrían pasar desapercibidos.

Por otra parte, a pesar de ser éste un año clave para el gobierno -sin presiones eleccionarias-, la aparición de los próximos comicios municipales ya tensiona el ambiente en la Concertación. En la Alianza, en cambio, están adelantados, ya que las fricciones son por el adelantamiento de las presidenciales: además de los cinco presidenciables en La Moneda, empiezan los roces por la fórmula de designación o elección del próximo candidato presidencial.

¿Sería terrible llegar a las municipales con un 33% de aprobación del Gobierno? Para el conglomerado oficialista, sí; para el Presidente Piñera, también. La tensión se nota en la Alianza y ya genera los primeros tiros hacia el Gobierno, prueba de un cierto nerviosismo. Una semana atrás, David Gallagher, analista del CEP, declaraba que le “gustaría ver a Piñera reseteado”. Hace unos días, Patricio Dussaillant, profesor de en Gestión de Crisis Comunicacionales de la PUC, instalaba a través de este medio el tema de un eventual reemplazo del segundo y/o tercer piso, los que “asesoran al Presidente, con más voluntarismo que conocimientos”. Ayer, el senador Novoa también señalaba en entrevista en Reportajes, que el segundo piso debía cuidar la exposición del Presidente. Aún más, pasadas las elecciones municipales aumentará la desafección de los partidos de la Coalición por el Cambio (UDI, RN, CH1 y MHC): si pierden los candidatos oficialistas, el desapego a la figura del mandatario crecerá, complicando tanto su gestión ejecutiva como legislativa; si ganan, también, ya que sólo se anticipará el síndrome del pato cojo.

Más aún, el impasse provocado por las declaraciones de la ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, que involucra también a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, necesariamente dejará heridos. Difícil será la decisión que tendrá que tomar el mandatario- oel ministro Hinzpeter en su reemplazo-: si destituye o pide la renuncia a la intendenta del Bíobío, acogiendo la aplaudida doctrina Allamand del fin de los grupos privilegiados, es evidente que provocará un alejamiento de la UDI. Al revés, si la mantiene en su cargo, validará la larga tradición de impunidad de la Concertación -que la ciudadanía rechaza con fuerza- y tensará la relación con RN, en especial después de la destitución de Ximena Ossandón en la Junji -con una declaración igual de torpe, pero con culpa y no dolo-, además del inevitable distanciamiento que generará con la ministra Matte y su entorno.

Con una mayoría adversa en el Poder Legislativo, con conflictos sin resolver en el conglomerado oficialista y con una fuerte tendencia a la baja en la evaluación ciudadana, sería de alto riesgo apostar a un sólo número la política comunicacional del gobierno: al éxito de las siete reformas anunciadas. Las modificaciones en el Segundo Piso debieran hacerse ahora, para que los titulares salgan a jugar en marzo.

Columna publicada en La Tercera Online

¿ QEPD la antigua forma de gobernar?

2011-02-01T03:17:00.000-08:00

Existe consenso sobre la falta de resultados de los asesores presidenciales en dotar de un relato central al gobierno. Aún ahora, después de más de un año de las elecciones presidenciales, las críticas y recomendaciones de expertos, adversarios y partidarios se mantienen e incluso se intensifican.

Si se les preguntara a los chilenos cuáles fueron los hechos más significativos del gobierno del Presidente Piñera en su primer año, lo más probable es que la gran mayoría recordaría sólo el rescate minero -acontecimiento no programado, pero bien aprovechado-. ¿Alza de impuestos para la reconstrucción, gran acuerdo educacional o negociación sobre subsidio gas magallánico? ¿Serán éstos recordados por la ciudadanía como hitos importantes? Para qué hablar de ingreso ético familiar, eliminación del 7% de salud a jubilados, uniones de hecho o ampliación del post natal, que hasta ahora se ven sólo como promesas incumplidas…

Los asesores presidenciales olvidan, que al igual que nuestros hijos con nosotros sus padres, los ciudadanos evalúan de acuerdo a lo que el gobierno HACE y no a lo que DICE, siendo especialmente críticos cuándo no existe coherencia entre el decir y el actuar. Con una agenda capturada por las piñericosas y polémicas tan evitables como las elecciones ANFP o el aterrizaje forzoso en helicóptero, pareciera que el mandatario y sus asesores se esforzaran en construir un relato paralelo, dónde lo anecdótico deja en segundo plano lo importante, aportando en forma permanente una seguidilla de HECHOS menores, irrelevantes pero llamativos, capaces de desvirtuar y desinflar cualquier DISCURSO comunicacional.

La gran capacidad de gestión -unos de los mayores atributos presidenciales en las encuestas-, queda oculta bajo los estériles esfuerzos dirigidos a “anunciar los anuncios” que intentan infructuosamente reforzar el incipiente relato del gobierno, pero sólo lo debilitan en un contexto de baja credibilidad.

Por el contrario, sólo 15 días bastaron al nuevo ministro de Defensa, Andrés Allamand, para construir un sólido relato respecto a su cartera: transparentar las instituciones de la Defensa Nacional. Las renuncias del ex ministro Ravinet (quién se opuso desde el inicio al requerimiento del Consejo de Transparencia), del general Le Dantec, Jefe del Estado Mayor Conjunto, del general (R) Izurieta, subsecretario de Defensa (no aceptada) y de Cristián Pizarro, agregado cultural en España involucrado en irregularidades de la Regata Bicentenario, se convirtieron en fuertes señales para el mundo militar… y la opinión pública.

Los sumarios iniciados en Contraloría, el cuestionamiento al contrato de parientes del general (R) Ricardo Ortega, el traspaso de la administración al Ministerio de Hacienda de los recursos reservados, la disolución del Consudena (Consejo Superior de Defensa Nacional) y el envío de un nuevo proyecto sobre la Ley del Cobre, reflejan una firme intención de poner orden en el Ministerio de Defensa, el que durante casi 50 años se ha manejado con escasa transparencia. ¿Cuántas campañas políticas se habrán financiado con los fondos de la cuestionada ley cuprífera? ¿Cuántas irregularidades se habrán realizado bajo el pretexto de la seguridad del Estado?

El titular de Defensa ha limitado sus discursos en este tenso ambiente. En una ceremonia en Lolol -¿agendada con tiempo o improvisada recién?-, el ministro Allamand elogió la labor posterremoto de las FF.AA., frente al jefe de la Fach, Jorge Rojas y al comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba (éste último especialmente invitado ante señales de que no iba a asistir).

Es decir, en dos semanas el ministro Allamand construyó un certero y potente relato político de su cartera, además de enlazarlo perfectamente con el talón de Aquiles de los últimos gobiernos de la Concertación: la falta de transparencia. Fueron precisamente estas prácticas políticas las que alejaron a una gran cantidad de electores del proyecto concertacionista. La permanente sensación de impunidad de ciertos grupos de poder fue lo que motivó un cambio de dirección en la política de nuestro país. El ex senador, con una economía de anuncios y basado en hechos concretos -totalmente antagónica a la forma de comunicar del mandatario- captó la atención de la opinión pública en un tema que convoca a muchos ciudadanos: el fin a la impunidad.

Por eso, resulta doblemente interesante la irrupción del discurso del titular de Defensa:de partida, porque provoca un inmediato impacto en las comunicaciones de todos los presidenciables, obligándolos a centrarse en el HACER y no tanto en el DECIR. Pero además porque consolida un importante precedente en los estándares de nuestro ámbito nacional, al intervenir definitivamente los parámetros de impunidad política. Hoy, desterrado el constante ambiente de permisividad de décadas, si se descubrieran casos como los de CIMM, Subsecretaría del Trabajo, Chiledeportes, Conadi, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Registro Civil, becas Valech, EFE, entre tantos otros, no cabe duda que las reacciones ciudadanas serían mucho más adversas.

Por eso, esa veta comunicacional descubierta por el ministro Allamand podría servir a todos los ministros -e incluso al Jefe de Estado- para la elaboración de un nuevo y anhelado relato de gobierno, el que aún se vislumbra tímidamente: “emparejar la cancha para todos”, la promesa no cumplida de la Concertación, desarmando los grupos de poder que aún abusan de las mayorías. ¿Que en paz descanse la antigua forma de gobernar?

Columna publicada en La Tercera Online

El gallito del Presidente Piñera

2011-01-14T08:36:00.000-08:00

La reciente renuncia del ministro Ravinet contrasta brutalmente con el apoyo presidencial al ministro Raineri. Sus reacciones a la grave crisis regional provocada por la decisión -¿inconsulta?- de ENAP han sido avaladas por el Gobierno. Por eso, la petición de renuncia al ex DC actúa como elemento distractor en la agenda pública, diluye la crisis magallánica y constituye un implícito apoyo al ministro de Energía.

¿Pero qué hay detrás de esta decisión de mantener el alza del gas en Magallanes? ¿Qué motivaciones existen para perseverar en esta controvertida determinación? ¿Cuál es el beneficio de resistir estoicamente la presión ciudadana, caer en índices de popularidad, dilapidar capital político de un eventual presidenciable y alejar el inestable pero valioso voto de parlamentarios independientes?

Comparado con la suspensión de la construcción de Barrancones, las dispares reacciones sólo confunden a la opinión pública y al mundo político. Con el proyecto aprobado por la Corema de Coquimbo, la decisión presidencial produjo un conflicto con la empresa Suez Energy. Muchos pensaron que, producto de la presión ciudadana, el Jefe de Estado accedía al traslado de la planta. Pero la central termoeléctrica nunca se construyó y hoy, Suez Energy integra una comisión empresarial binacional (Francia y Chile), destinada a definir aspectos del desarrollo de la industria energética del país. ¿Cómo lograron convertir una derrota en un triunfo?

En cambio, el anuncio de Enap sobre el próximo reajuste del precio del gas en la región de Magallanes desencadenó una gran manifestación ciudadana. Aún así, la decisión del directorio de la empresa fue ratificada por el ministro Hinzpeter y luego por el Presidente Piñera. Las manifestaciones -en Magallanes y en Santiago- coparon de inmediato la agenda nacional. Dos lamentables muertes, una querella contra el titular de Energía, su próxima interpelación y la intervención de la Iglesia como mediadora, agravan aún más la crisis. La paralización regional es indefinida -con todas sus consecuencias políticas, sociales y económicas-y se define el vencedor de los contendores: ¿la región de Magallanes o el Jefe de Estado?

A primera vista, pareciera que esta situación contiene buenos criterios económicos con malos criterios políticos. Todos conocemos la situación financiera de Enap, con una deuda de 4 mil millones de dólares, y el error técnico que implica un subsidio costeado por una empresa pública y no por el Estado y sin ninguna segmentación de beneficiarios.

Desde una mirada económica, numerosas críticas han surgido ante la debilidad del paquete de medidas paliativas. ¿Qué costaba sacar primero estos subsidios de la operación financiera de Enap, traspasarlos al Estado y luego instalar en forma definitiva las disminuciones progresivas del subsidio? Por otra parte, el nombramiento del Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, como interlocutor válido en las negociaciones, refleja la prioridad del orden público por sobre el acuerdo. ¿Por qué no Jimena Bronfman, Subsecretaria de Energía o Rodrigo Álvarez, Subsecretario de Hacienda y oriundo de la región?

Para muchos, la actuación del Gobierno ha demostrado deficiencias en la capacidad de análisis político, como una evidente deficiencia en anticipar los efectos provocados. A los aspectos técnicos, habría que agregarle los aspectos políticos, señalan otros. Tanta torpeza, tanta falta de visión, tanta ineptitud, ¿espontánea o provocada?

El contexto es totalmente desfavorable para el mandatario -sin parlamentarios afines, con una pugna entre intendenta y gobernadora, con sus peores índices de aprobación (muy cercanos al piso electoral) y con críticas oficialistas y de oposición-, el panorama parece poco alentador para el Gobierno. No obstante, el Presidente Piñera sabe que un buen negocio es dónde se puede ganar mucho y perder poco…y él maneja la política y los negocios al límite. Con 98.672 votantes inscritos en los registros electorales-San Bernardo tiene 110.268-, la Región de Magallanes y Antártica Chilena no representa un costo político tan alto.

¿Pero qué podría ganar a cambio? A pesar de que el ministro Raineri afirma que no está en los planes del Gobierno privatizar Enap, sí reconoce que hay dos equipos jurídicos estudiando la incorporación de capitales privados al patrimonio de la empresa estatal (uno de ellos el estudio que integraba el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter). A su vez, el presidente de la federación de trabajadores del petróleo, Clemente Gálvez, confirma que empezaron un proceso de negociación con el ministro de Minería, Laurence Golborne, sobre temas como viabilidad de la empresa, plan estratégico, financiamiento, relaciones internas y acción de privados.

Aún más, el titular de Energía, Ricardo Raineri, no ha sido desmentido por ninguna autoridad de gobierno, a pesar de sus fuerte declaraciones: la refutada afirmación de “se les acabó la fiesta en Magallanes”, “fue un chiste lo que hizo la Concertación con Magallanes” o calificar la interpelación como “una gran oportunidad para el país”.

Y por eso sorprende que el ministro Raineri viaje la próxima semana a Bélgica y Francia, a recorrer centrales nucleares y a reunirse con la Agencia Internacional de Energía Atómica de la Ocde. Inicialmente, lo iba a acompañar el empresario Guillermo Luksic, quién a última hora desistió del viaje. Sin embargo, el presidente de Quiñenco debutará en abril como presidente del mencionado Comité Empresarial de Energía Chileno-Francés y viajará con el titular de Energía. Ambos se reunirán con Jean Louis Borloo, ministro galo de Energía y Desarrollo y Gerard Mestrallet, presidente del grupo franco-belga Suez, el mismo de la frustrada central Barrancones para ver oportunidades energéticas para nuestro país.

De que a nuestro Presidente le faltan habilidades comunicacionales ¿qué duda cabe? ¿De qué tiene talento para los negocios? ¿Alguien duda?

Columna publicada en La Tercera Online

¿La nueva forma de gobernar?

2011-01-06T07:39:00.000-08:00

La última meta impuesta por el Presidente Piñera a todos sus ministros refleja la profunda desorientación en que se encuentra La Moneda. La imposición del mandatario para que el 80% del gabinete supere el 50% de conocimiento en las encuestas del primer trimestre del 2011, implica un fuerte llamado de atención a los ministros María Ignacia Benítez (Medio Ambiente), Ricardo Raineri (Energía), Alfredo Moreno (Relaciones Exteriores), José Antonio Galilea (Agricultura) y Catalina Parot (Bienes Nacionales).

En la última encuesta Adimark, todos estos titulares de cartera aparecen con un nivel de conocimiento público inferior al 30% -la gran mayoría con tendencia a la baja, incluso-. Para revertir esta situación, la Secretaría General de Gobierno ha anunciado que se encuentra trabajando en una serie de desafíos y ejes comunicacionales para el 2011. Ya existe consenso que la prueba de fuego será la próxima encuesta CEP.

Sin embargo, no siempre el índice de conocimiento puede asimilarse al porcentaje de aprobación. Prueba de ello es el mismo Presidente Piñera, ampliamente conocido por todos los chilenos, pero con un índice de aprobación de sólo 47% -muy cercano al piso histórico de la Alianza en las últimas elecciones-. Por otra parte, él finaliza el año con un porcentaje de desaprobación del 43%, muy superior al obtenido en la misma fecha (diciembre 2006) por la ex Presidenta Bachelet al término de sus primeros nueve meses de mandato -poco antes de que explotara la crisis provocada por el Transantiago-. Por eso, los guarismos actuales del Presidente -consecuencia del rescate minero, pero también del escándalo ANFP-, preocupan enormemente al Gobierno. Hasta ahora el equipo asesor del mandatario no ha sido capaz de intervenir los indicadores cualitativos con que la ciudadanía percibe al Jefe de Estado. Si no pueden con él, ¿serán capaces de hacerlo con sus ministros?

Mucho más realistas, algunos miembros menos conocidos del gabinete han comenzado a contratar sus propios asesores. A través de Mercado Público.cl -plataforma de licitaciones de ChileCompra-, el ministerio de Bienes Nacionales solicitó un Servicio de Asesoría Comunicacional (Ficha de licitación Nº 3553-88-LE10). Publicada justo el jueves 23 de diciembre, el plazo de cierre para las postulaciones venció este lunes 3 de enero. El corto plazo y la complejidad de la fecha podrían de inmediato levantar suspicacias. Pero la no necesidad de toma de razón de la Contraloría y la no publicidad de las ofertas técnicas una vez adjudicada la licitación, sólo confirman la legítima duda que comienza a generar la nueva forma de gobernar.

Botín de guerra durante todos los gobiernos de la Concertación, el aparato estatal fue el medio para pagar todos los discretos, sutiles e imperceptibles favores políticos. Los traslados de un cargo a otro, la puerta giratoria entre servicio público y empresa privada y la negación de la responsabilidad política, consolidaron el espeso manto de duda que la opinión pública tiene acerca de la administración estatal. Esto fue lo que motivó a muchos electores a cambiar sus votos en favor de la Coalición por el Cambio. Sería lamentable que, con el esquivo apoyo al actual gobierno, la ciudadanía empezara a constatar las mismas prácticas que rechazó tajantemente en la Concertación.

En el caso del ministerio de Bienes Nacionales, son pocos los chilenos que conocen su función. “Reconoce, administra y gestiona el patrimonio de todos los chilenos” señala su misión. Sin embargo, la cuenta pública que dará hoy la ministra Parot no necesariamente logrará darle mayor visibilidad a su cartera. Habrá que analizar también si las próximas rendiciones de cuentas de los ministros Parot (Bienes Nacionales), Charme (RREE) y Galilea (Agricultura) logran sus objetivos comunicacionales específicos.Ni la presentación de la ministra Benítez (Medio Ambiente)ni la del ministro Raineri (Energía)lograron instalar en la agenda pública la gestión realizada, siendo desplazada por otros temas como el alza del gas en Magallanes, los relaves mineros o la construcción de hidroeléctricas.

Con mayor o menor nerviosismo, más dramatizadas o bien carentes de recursos escénicos, con o sin apoyos audiovisuales, las cuentas públicas no lograron enfocar la atención ciudadana en la gestión gubernamental realizada. En consecuencia, sin darle visibilidad a la eficiencia prometida y sin lograr capturar el cariño de los chilenos, la poco certera gestión comunicacional del gobierno sin dudas puede terminar perjudicándolo.

Por otra parte, las rendiciones de cuentas de los ministros tampoco han logrado cumplir a cabalidad su objetivo. Indudablemente, constituyen un gran avance en materia de transparencia, al sumar el control ciudadano. Más aún, en un contexto en que la Cuenta Pública ante el Congreso- el día 21 de mayo de cada año- tiende a convertirse en una maratón de anuncios más que en una rendición de cuentas. Han resultado ser un buen primer intento, pero todavía les falta mucho para cumplir sus objetivos: mostrar resultados, instalar temas y modificar comportamientos.

Publicado en La Tercera Online

El tiro de gracia a la Alta Dirección Pública

2010-12-29T08:47:00.000-08:00

La actual directora de Junji, Ximena Ossandón, simplemente olvidó presentarse al proceso de selección convocado por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), quedando fuera de los candidatos seleccionados y movilizando de inmediato a partidarios y detractores. Por eso, la reciente declaración del ministro de Educación, Joaquín Lavín, sobre su probable continuidad en el cargo sorprendió a la opinión pública.

En consecuencia, sólo si el proceso se declarara desierto, Ossandón podría postular a un nuevo concurso, aquietando de esa forma las agitadas aguas en RN: “No digo que sea la UDI, pero hay algo que huele a queso”, declaró el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Pero al mismo tiempo, su permanencia significaría consumar el asesinato a sangre fría de la escasa credibilidad que le queda al SADP, supuestamente creado para profesionalizar los altos cargos del Estado. Difícil decisión, por sus excesivos costos en ambos sentidos.

Cabe recordar que este organismo fue fruto de un acuerdo entre los entonces Presidente Lagos y presidente de la UDI, senador Pablo Longueira, después de los escándalos de corrupción que afectaron al Gobierno por el pago de sobresueldos. Fue un buen primer intento de modernizar y transparentar el Ejecutivo, el que hasta ese momento -¿y ahora no?- se consideraba un botín de guerra.

Sin embargo, durante el gobierno de los Presidentes Lagos y Bachelet se usó y abusó del frecuente recurso de declarar desiertos los concursos –duramente criticado por la entonces oposición-: el Gobierno de turno rechazaba sin expresar razón alguna a todos los candidatos seleccionados por el SADP, y nombraba en forma “provisoria” a funcionarios interinos.

Varios proyectos de ley trataron de modernizar la institución del SADP, sin resultado alguno. De hecho, en mayo de 2006 los entonces consejeros del organismo, María Luisa Brahm (Instituto Libertad); Rossana Costa, (Instituto Libertad y Desarrollo); Mario Waissbluth (Universidad de Chile) y el abogado Rafael Blanco advirtieron sobre los entrampamientos del sistema. Por eso, no hay que deducir mucho para entender a quienes se refiere Waissbluth en su comentario publicado en twitter a principios de esta semana…

Hoy, el sistema que pretendía designar a altos funcionarios públicos por meritocracia ha perdido toda credibilidad. Con la llegada del nuevo Gobierno, el despido de la mitad de los cargos de primera jerarquía y de miles de funcionarios públicos ha hecho aumentar el escepticismo ante los procesos del organismo.

Por otra parte, el diputado Gustavo Hasbún defiende a brazo partido a Ximena Ossandón, también a través de twitter. Aduce que sería una señal de intolerancia evaluar a la funcionaria por sus declaraciones y no por su gestión. Aún sin concordar con el parlamentario, ni siquiera es necesario justificarse en sus dichos o en su imprudente búsqueda de visibilidad. El hecho objetivo es que la Directora del Junji no postuló al cargo de acuerdo al procedimiento establecido. ¿Se mantiene o se cambia el procedimiento establecido? ¿Ninguno de los 194 postulantes califica? ¿O es que simplemente no tienen padrinos políticos…?

Por eso, la declaración del ministro Lavín remeció el ambiente político. Desde ya, porque implica un traspaso explícito de responsabilidad del Presidente a la cartera de Educación, colocándolo en una difícil situación. Cualquiera sea la decisión final, será Joaquín Lavín quién asumirá los costos políticos -ante la ciudadanía o ante la colectividad RN, ya que obviamente una de ellas no quedará conforme-.

En segundo lugar, debido a que la decisión de declarar desierto el concurso confirmaría en forma definitiva a la ciudadanía que existe una categoría de chilenos etiqueta negra, que están por sobre las normas, accountability y procedimientos proclamados y exigidos. Para ellos, hecha la regla, hecha la trampa… siempre habrá algún resquicio legal de salvataje en "los límites de la ley y de la ética"… ¿El gobierno de los mejores? ¿Según quién?

No cabe duda que menos afortunado –o menos apadrinado-fue el ex director del Servicio de Registro Civil e Identificación, Christian Behm. El funcionario había sido seleccionado por el propio SADP y fue removido por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, después de un sumario efectuado en la Contraloría por aceptar una boleta de garantía 20 días después de vencido el plazo. Por lo mismo, todavía no me queda claro: ¿los plazos se cumplen o no se cumplen?

Si a esto se suma una ahora desmentida postulación fallida de Ossandón a directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), objetada por la Contraloría por no cumplir con el requisito de cinco años de experiencia en cargos directivos, la decisión será una potente señal para la opinión pública. De ella la ciudadanía sacará sus conclusiones, definiendo en forma irreversible si efectivamente es el gobierno de los mejores, o bien lisa y llanamente la administración pública continúa siendo el botín de guerra del gobierno de turno.

Columna publicada en La Tercera Online

Anuncios y proyectos ¿Qué se teje en Palacio?

2010-11-29T06:18:00.000-08:00

Desatada ya la guerra entre gobierno y oposición, cualquier excusa puede servir para medir fuerzas: reconstrucción del terremoto, despidos en sector público, viaje presidencial a Perú, etc. Pareciera que el Parlamento será el campo de batalla de las próximas confrontaciones, en especial respecto a la aprobación de la tan anunciada reforma educacional.

Por eso, el intempestivo anuncio, realizado el domingo 21 por el Presidente de la República en cadena nacional voluntaria, provocó numerosas críticas en el bloque opositor. De partida, generó importantes reparos en cuanto a la nueva mecánica utilizada por el Gobierno: anunciar una propuesta inconsulta en un escenario de mayoría relativa en la Cámara de Diputados y de abierta minoría en el Senado. Asimismo, la suma urgencia anunciada por el Jefe de Estado, sin siquiera haber ingresado hasta ahora el proyecto de ley al Congreso, también motivó acusaciones de show comunicacional, aludiéndose con sorna a “la nueva forma de anunciar”.

Como señal de protesta, los cuatro timoneles de los partidos de la Concertación, Ignacio Walker (DC), Carolina Tohá (PPD), Osvaldo Andrade (PS) y José Antonio Gómez (PPD), se abstuvieron de asistir a la ceremonia de lanzamiento de la reforma educacional. El ministro de Educación, Joaquín Lavín, concurrirá hasta la sede del PPD a reunirse con ellos para discutir los principales lineamientos del paquete de medidas. Cabe recordar que desde esa fecha, múltiples han sido las críticas de la oposición, del Colegio de Profesores y de organizaciones estudiantiles como calificación de revolución del proyecto, ausencia de acuerdos previos, mercantilización de la educación pública y tardanza en la presentación del proyecto de ley.

Para otros, en cambio, el anuncio refleja un importante cambio estratégico en la tramitación de iniciativas emblemáticas. Tal como señala Blanca Arthur en su artículo "La audaz jugada de la dupla Piñera-Lavín", sólo horas antes se habría tomado la decisión del anuncio presidencial de esta propuesta educacional.

Esta súbita determinación se debería, a que, a pesar de la aprobación ciudadana del mandatario, el gobierno reconoce su poca efectividad en la incorporación de temas en la agenda pública. En un año marcado por circunstancias exógenas -terremoto del 27 de febrero, rescate minero en San José, elecciones ANFP, litigio con Perú ante La Haya-, necesitaba instalar un tema reformador y emblemático que pudiera identificar al Gobierno, tal como lo fue la reforma previsional en el mandato de la ex Presidenta Bachelet.

También hubo provocaciones del bloque opositor, en el sentido de que la administración Piñera relajaría su ritmo después de su exitosa actuación en el rescate minero. Francisco Javier Díaz, ex encargado de contenidos de Michelle Bachelet, en su columna “Pepe o Papurri, el dilema de Piñera”, publicada dos días antes del anuncio presidencial, expuso certeramente la disyuntiva del Presidente Piñera: “La pregunta es si Piñera optará por el camino fácil de la popularidad inmediata o por la pedregosa vía de los cambios profundos, por impopulares que éstos sean”. Esto coincide con la inmediata respuesta de la reforma en Educación y la divulgación de próximos cambios en Salud y Modernización del Estado.

Por otra parte, con el endurecimiento de las relaciones entre oposición y gobierno, Cristián Larroulet, ministro secretario general de la Presidencia, prefirió derechamente cambiar el escenario de negociación, trasladando el debate al Parlamento, sin esperar un acuerdo previo con las fuerzas opositoras. De esta manera, el costo de un eventual rechazo se traspasa ante la opinión pública a los parlamentarios que voten en contra de la iniciativa, abriéndose el flanco de perpetuación de la inequidad, una de las principales deudas pendientes de los gobiernos de la Concertación. De hecho, ésta sorprendió a su vez al Gobierno anunciando hoy la presentación de una propuesta alternativa para Educación.

Pero también este anuncio refleja una nueva forma de comunicación estratégica. De alguna manera, y provocado quizás por la confusión general que reina en todos los partidos políticos, se opta por empoderar a la opinión pública, pidiéndole una mayor participación en mediar y/o juzgar estos conflictos. Sin embargo, surgen de inmediato las siguientes preguntas: ¿Qué tanto se podrá separar la gestión de la comunicación? ¿Una ahora eficaz capacidad comunicacional podrá suplir la falta de un desempeño medible? El mismo mandatario cambió los ejes del discurso gubernamental, instalando el paradigma de la eficiencia. Hoy los estándares de la administración gubernamental ya se encuentran cambiados, con una opinión pública más educada y exigente y una oposición que no perdonará ninguna oportunidad de atacar al gobierno.

Si bien es cierto que ninguna gestión puede brillar sin una buena comunicación, una excelente comunicación no puede ocultar indefinidamente una falta de gestión, como ocurrió en el pasado. La credibilidad demora años en construirse y segundos en perderse, tal como lo comprendió el equipo comunicacional de la ex Presidenta Bachelet, después de la bullada inauguración del Hospital de Curepto.

Por eso, todos los chilenos hacemos fuerza para que la reforma educacional no naufrague por estériles luchas políticas. En eso, Mario Waissbluth, Coordinador Nacional de Educación 2020 es claro en su mensaje y ¡lo dice mucho mejor! Esta vez las (ir)responsababilidades no quedarán sin respuesta ciudadana.

Columna publicada en La Tercera Online

El Presidente Piñera y la carga probatoria

2010-11-15T09:48:00.000-08:00

La inminente votación sobre la constitución de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por una supuesta intervención presidencial en las elecciones de la ANFP, se convertirá en un dolor de cabeza para el área comunicacional del Gobierno. Más aún, si desde el primer momento la política comunicacional del Gobierno fue errática, desconociendo por completo las reglas básicas de la carga probatoria ante la opinión pública.

A pesar de que ésta en tribunales corresponde a quién plantea la acusación, la defensa en la esfera pública se rige por otras normas. En especial, si la estrategia de la Concertación -además de aprovechar un flanco ofrecido en bandeja y abierto por el propio Presidente al mantener sus acciones de Colo Colo-, se centra más en lograr verosimilitud que en descubrir la verdad de los hechos. Amparadas en antecedentes que contribuyen a crear dudas razonables acerca de los medios utilizados por el Presidente para lograr resultados, las acusaciones sólo debieron enfocarse en demostrar motivaciones plausibles para ser creíbles -y no en acciones concretas-, traspasando al imputado la carga probatoria ante la opinión pública.

Es por esto que mientras más se vea fortalecida la reputación de efectividad del Presidente, más vulnerable será a la creación de enfoques, encuadres o framings por parte de sus detractores: “el todo vale” o “el fin justifica los medios” ya está instalado. Aún más, desligada la Concertación del peso de la gestión, ésta podrá concentrarse en su principal fortaleza: la comunicación, colocando al Gobierno en una situación de desventaja al tener que combinarla con gestión. De hecho, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la oposición se han tensado ostensiblemente, ante la atenta mirada de la ciudadanía, la que tiende a castigar estas confrontaciones.

Hasta ahora, ni las declaraciones del periodista Felipe Bianchi, ni las del columnista Hermógenes Pérez de Arce ni las de los parlamentarios Soledad Alvear y Pepe Auth han sido confirmadas por terceros. Sin embargo, existen precedentes de anteriores acciones del Presidente, que entregan credibilidad a la tesis de la intervención gubernamental en las elecciones de la ANFP: la cuestionada infracción a la prohibición de compra de acciones de Lan con información privilegiada, el llamado para cancelar la construcción de la termoeléctrica de Barrancones, el ya casi olvidado Piñera Gate o la tardía venta del director de ChileDeportes de sus acciones de Colo Colo al consuegro del Jefe de Estado. A esto se suma el público distanciamiento con Marcelo Bielsa y Harold Mayne-Nicholls, al que se expuso gratuitamente el Presidente Piñera. Además, el coincidente -e inoportuno- anuncio de la remodelación de los estadios Sausalito y Playa Ancha perfectamente podría interpretarse como una compensación a los votos de Everton y Santiago Wanderers en las elecciones de la ANFP.

Como consecuencia, ni siquiera existe unanimidad dentro de la Alianza respecto a la conveniencia de esta comisión investigadora. Desde ya, el anuncio de diputados RN de apoyarla para aclarar las supuestas imputaciones, aumenta las probabilidades de la indagación. Por otra parte, la UDI ya adelantó su rechazo a su constitución, aduciendo la falta de fundamentos y pruebas. Sin embargo, independiente del efecto del resultado procesal de la comisión, resulta innegable que también existirá un impacto comunicacional respecto a la imagen del Presidente.

No obstante, desde el principio la estrategia comunicacional del gobierno fue reactiva. Fuimos muchos quienes advertimos que en algún momento el Presidente Piñera se vería enfrentado a un conflicto de intereses. Y así ocurrió: el inflamable ambiente futbolístico -caracterizado por un ADN pasional- prendió fuego de inmediato al entremezclarse con la política, haciendo peligrar de inmediato varios puntos de aprobación presidencial. Esta situación podría durar todo el tiempo que tome el proceso clasificatorio de nuestra selección nacional.

Además, el próximo partido de la selección con Uruguay -y despedida de Marcelo Bielsa-reinstalará el tema ante la opinión pública, agravando la innecesaria y evitable pérdida de capital político del Primer Mandatario. La celebración del centenario de la selección podría convertirse en una manifestación ciudadana más fuerte que la de Barrancones, pero ahora presencial y ante hechos irreversibles. La potencial inhabilidad del electo presidente de la ANFP, José Segovia, tampoco ayuda a agotar el tema y dar vuelta la página.

Resulta irónico que, después de todo el tiempo, dinero y esfuerzo invertido en el fútbol por el Presidente Piñera para captar simpatías de la ciudadanía, sea precisamente este deporte el que le reste valiosos puntos de aprobación ciudadana.

Instalada la duda, cualquier resultado de la comisión investigadora -condene, absuelva o no se constituya-perjudicará el capital político del Presidente Piñera. Más aún, si tal como señaló el senador Hernán Larraín en el programa “Estado Nacional” de TVN, al referirse a un tema de cultura política: la Alianza es buena para poner huevos, pero no sabe cacarear…

Columna publicada en La Tercera Online

¿Un efectivo y silencioso lobby minero?

2010-11-08T07:45:00.000-08:00

Todos los parlamentarios ya tienen asumida su obligatoria necesidad de visibilidad ante la opinión pública. De ella dependen votos de electores, evaluación ciudadana y posibilidad de perpetuarse en el cargo. Por ello, aprovechan cualquier oportunidad de aparecer en cámara, como fue tan comentado durante todo el largo proceso del rescate minero. Sin embargo, parece que todos pecan de omisión cuando se trata de legislar en materias mineras. ¿Simple casualidad o consecuencia de un poderoso, efectivo y silencioso lobby?

Una vez pasado “el veranito de San José” provocado por el rescate minero, la oposición intensificó sus ataques contra el gobierno: elecciones ANFP, presupuesto 2011, reconstrucción post terremoto, agenda laboral, etc. Casi podría pensarse que este endurecimiento comunicacional se convirtió en una encarnizada lucha por sobrevivir, en momentos en que la Concertación vive serios problemas de identidad.

La ¿coincidente? publicación de una larga investigación periodística hecha por CNN Chile (Carola Fuentes) y Ciper abrió toda una polémica al respecto. Por una parte, establecía que la empresa Refimet, de Alejandro Noemi, ex vicepresidente ejecutivo de Codelco en el gobierno de Patricio Aylwin y Alfonso Dulanto, ex ministro de Minería de Ricardo Lagos, había vertido en piscinas “oficiales” (autorizadas por Sernageomín) 13.000 toneladas de desechos en un 40% compuesto de arsénico, entre otras irregularidades. Por otra, el reportaje coincidía con una indicación sustitutiva del ministro Golborne a un proyecto de ley de la ex Presidenta Bachelet, que precisamente buscaba regular el cierre de faenas e instalaciones mineras (boletín 6415-08). Esta iniciativa legal, ingresada en marzo de 2009, se encontraba todavía en Primer Trámite Constitucional y sin urgencia legislativa.

La petición de la bancada PPD de crear una comisión investigadora para revisar la situación de los relaves mineros fue apoyada por numerosos diputados de la Concertación. A su vez, el oficialismo atribuyó el ataque a la reciente popularidad del titular de la cartera de Minería tras el rescate de los mineros. Muchas personas opinaron, discutieron e intervinieron en el debate, pero sin entrar a los puntos controvertidos: calidad de los actuales relaves mineros e indicación sustitutiva sobre regulación de cierre de faenas e instalaciones mineras.

Por eso, que 48 diputados solicitaran la creación de una nueva comisión investigadora no extrañó mucho a la opinión pública. La Cámara de Diputados, siempre tan prolífica al momento de constituir comisiones investigadoras, no pierde la oportunidad de ejercer su potestad fiscalizadora. Pero tres hechos llaman poderosamente la atención:

1. Durante la operación del rescate de los 33 mineros, fueron muchas las imputaciones a los propietarios de la mina, ministerios de Minería, del Trabajo e instituciones dependientes, empresarios en general y mutuales de seguridad. Innumerables autoridades trataron de aparecer en el campamento Esperanza, locación de uno de los espectáculos de mayor sintonía mundial. Pero, curiosamente, una vez liberados los trabajadores, nadie habló de una comisión investigadora: ¿quién y por qué autorizó la reapertura de la mina San José? ¿Responsabilidad de Minera San Esteban o de Sernageomín? ¿Qué influencias administrativas o políticas tuvieron que intervenir para que se reabriera la mina San José? ¿A nivel regional o a nivel central? ¿Quién responde política, administrativa y penalmente por ésta? Pareciera que ni el Gobierno ni la Cámara de Diputados tienen mucho interés de descubrir qué fue lo que sucedió.

2. La incipiente puerta giratoria que se está implementando entre la actividad minera y autoridades estatales puede convertirse en una cadena sin fin. Dos ejemplos: Mauro Valdés, actual director ejecutivo de TVN y ex vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Billiton Metales Base; y María Olivia Recart, ex subsecretaria de Hacienda, quién reemplaza a Valdés en dicha empresa. ¿Cuántos casos de menor visibilidad habrá?

3. Al momento de votar la constitución de la comisión investigadora sobre los relaves mineros, de los 120 diputados, sólo 41 votaron (a favor, en contra o abstención), sin siquiera lograr convocar a los 48 solicitantes iniciales. En definitiva, la solicitud se rechazó por falta de quórum. Curioso, porque tanto para la Concertación como para la Alianza (¿Coalición por el Cambio?) era un emblemático punto a discutir, de mucha visibilidad y con un trascendental resultado comunicacional. ¿Qué motivó a que tanto diputado no votara? ¿Más aún, estando la mayoría de ellos presentes en la sala según la lista de asistencia de ese día? La escasa votación pasó prácticamente inadvertida para la opinión pública, en especial la de diputados emblemáticos de la Concertación o representantes de las regiones mineras. . . Conozca el detalle de la votación de ese día:

Columna en La Tercera Online

Por otra parte, los diputados Felipe Harboe (PPD) y Marcelo Díaz (PS) anuncian que intentarán reponer la solicitud de creación de una comisión investigadora sobre relaves mineros. Curioso, porque ninguno de ellos votó el día 2 de noviembre: Felipe Harboe, porque tuvo una “emergencia médica”, y Marcelo Díaz, quién no votó, aunque aparece presente en la sala según la lista de asistencia (sesión 93, 2 de noviembre 2010). Este martes presentarán una nueva solicitud. Habrá que estar atento a ver qué sucede…

Ante la falta de un organismo empoderado para fiscalizar la transparencia del financiamiento de las campañas electorales (Servel no tiene las atribuciones legales), el silencioso rechazo parlamentario a regular el lobby (cinco proyectos de ley desde 2003, ninguno convertido en ley: boletines 3337-07, 3407-07, 3498-07, 4621-07 y 6189-06) y los ineficaces intentos parlamentarios para tratar temas mineros, hacen que sea absolutamente legítimo preguntarse: ¿simple casualidad o voluntad predeterminada?

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Total impunidad en derrumbe mina: aquí no ha pasado nada

2010-11-04T03:10:00.000-07:00

La impunidad política que existe en nuestro país se encuentra amparada por omisiones de la propia clase dirigente. Malas decisiones, gestiones torpes, influencias turbias, presiones ocultas y hasta defraudaciones ilícitas quedan ocultas tras un manto de silencio de las autoridades, tanto de gobierno como de oposición.

Después de haber celebrado con profusión el rescate minero -incluso en gira presidencial a Europa-, el Gobierno decidió cerrar el tema con un simbólico acto en La Moneda, redirigiendo su agenda hacia nuevos temas como la reconstrucción del terremoto, el presupuesto 2011 o la próxima agenda laboral.

Sin embargo, antes de concluir el capítulo, debiéramos ser capaces de aprender las lecciones derivadas de esta gran tragedia. No cabe duda que la empresa y sus dueños tendrán que responder penal y civilmente por las infracciones e ilícitos cometidos. ¿Pero qué pasa con la responsabilidad gubernamental? ¿Quién y por qué autorizó la reapertura de la mina San José? ¿Qué influencias políticas intervinieron ayer para agitar aguas creando confusión y desorden, con el consiguiente provecho de empresarios? ¿Qué lobby político interviene hoy para aquietarlas, sin que se definan las responsabilidades políticas, administrativas y penales?

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a la Compañía Minera San Esteban con el fin de recuperar los dineros gastados por el fisco de Chile en el rescate de los 33 trabajadores. Hasta ahora, se calcula que el monto adeudado asciende a $5.300 millones, más las facturas de las empresas que colaboraron en el rescate, las que podrían aumentar considerablemente esta cifra. El proceso -radicado en el 16º Juzgado Civil de Santiago-sólo pretende resarcir los gastos en que el Estado incurrió en el rescate. Pero si desde ya se sabe que la minera San Esteban no podrá pagar los finiquitos de sus trabajadores, ¿existirá alguna posibilidad real de recuperar los dineros gastados en el rescate? ¿O esta demanda del CDE es sólo un saludo a la bandera, una simple señal comunicacional?

Asimismo, el 17º Juzgado Civil lleva otro proceso, en el que se propone arrendar la mina San José para evitar la quiebra de la empresa minera, y así pagar a acreedores (entre ellos todos sus trabajadores). En el hipotético caso que se solucionara el problema civil, ¿alguien buscará determinar alguna responsabilidad penal, administrativa o política?

Salvo la ilusa demanda del CDE, ¿hay alguna otra acción que busque investigar las causas de la reapertura de la mina? ¿O el que los 33 mineros hayan sido rescatados con vida extingue cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa o política? ¿Hubiera sido distinto con la muerte de alguno?

De hecho, el Poder Judicial se ha centrado sólo en recuperar los dineros estatales. Por otra parte, los mineros rescatados han anunciado una querella contra la minera San Esteban y el fisco, pero ésta aún no se concreta.

El Poder Ejecutivo parece haber cerrado la agenda del rescate, y se centra ahora en otros temas. El ministro Golborne se enfrenta ahora a las críticas recibidas por el proyecto de ley que flexibiliza exigencias del cierre de faena y administración de desechos tóxicos, centrándose en ese tema y desplazándose la atención de la opinión pública.

El Poder Legislativo, siempre tan prolífico para constituir comisiones investigadoras, ha guardado un discreto -¿sospechoso?- silencio. Ni siquiera los senadores Isabel Allende (PS) y Baldo Prokurica (RN) -ambos tan participativos en el rescate- han emitido alguna declaración que indique siquiera una intención de dilucidar qué pasó con la reapertura de la mina San José, en que indudablemente estuvieron involucradas autoridades de su circunscripción.

Ante la pérdida de credibilidad de las comisiones investigadoras -en que parlamentarios parecen sólo defender posiciones de sus conglomerados- , las hasta ahora acciones judiciales limitadas a resarcir perjuicios y gastos, la rápida decisión del gobierno de enfocarse en otros temas y el absoluto silencio de las autoridades de la Región de Atacama, sólo queda recurrir a la sociedad civil-cada vez más empoderada y autónoma- para que averigüe qué fue lo que pasó en la reapertura de esta mina. ¿Qué influencias administrativas o políticas tuvieron que intervenir para que ésta se reabriera? ¿Fue a nivel regional, o también se tuvo que intervenir a nivel central?

Si la posibilidad de recuperar los $5.300 millones (más gastos de empresas que colaboraron) es remota, significa que una vez más seremos los contribuyentes quienes tendremos que financiar la exitosa operación de rescate. Ok, indudablemente valió la pena y los 16 millones de chilenos lo haríamos nuevamente. Pero, al menos, queremos saber quiénes fueron responsables política, administrativa y penalmente en la reapertura de la mina San José. Y para esto, al parecer, las instituciones no funcionan…

¡¿Será necesario que CNN Chile y Ciper investiguen la reapertura de esta mina y aclaren este tema a la opinión pública, tal como lo hicieron con los relaves mineros?!

Columa publicada en La Tercera Online

La imprudente invitación de Aguas Andinas

2010-10-26T21:12:00.000-07:00

La reciente denuncia sobre el viaje de parlamentarios y ediles chilenos a la Expo Shanghai -invitados y financiados por la empresa Aguas Andinas- confirma la impunidad de las presiones que efectúan las empresas privadas a nuestras autoridades. La permanente reticencia a legislar sobre la regulación del lobby agrava aún más esta falta absoluta de control.

Además, revela la inoperancia de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados ante el accionar de una empresa privada, al no impedir que se concrete el viaje. Por otra parte, ratifica que los parlamentarios continúan exponiéndose innecesariamente al cuestionamiento de la opinión pública, confirmando la pobre reputación corporativa del Congreso, a pesar de todos los intentos por mejorarla. De hecho, el último Informe mensual que realiza Adimark (septiembre de 2010) refleja los bajos índices de aprobación ciudadana del desempeño de la Cámara de Diputados (34%) y del Senado (41%).

Por tratarse de una actividad regulada por el Estado, la invitación de Aguas Andinas a un grupo de parlamentarios y alcaldes sólo despierta suspicacia respecto a la proclamada independencia de nuestras autoridades políticas. En un futuro cercano, necesariamente deberán debatir leyes sobre el uso de recursos hídricos o su aplicación. Su independencia podría verse seriamente afectada en sus decisiones: cualquier votación -sea cual sea ésta- sobre estos temas despertará sospechas en la opinión pública. Más aún, en el caso de los legisladores, la prohibición de ingreso de público a las comisiones de trabajo y el secreto de las grabaciones y apuntes de las sesiones, impedirán conocer además el tratamiento que le den a estos temas los legisladores cuestionados en toda la etapa de discusión, aún cuando después se inhabiliten para votar.

Por otra parte, las indicaciones dadas por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados sólo constituyen un saludo a la bandera, las que no evitarán futuros conflictos de intereses en la dictación de normas y resolución de controversias entre usuarios y la empresa sanitaria: 1) propone publicar el viaje en el sitio web de los legisladores, de manera que sea conocido por los ciudadanos (presumiendo un inusitado tráfico de visitas) y 2) recomienda abstenerse de participar en futuros procesos de decisión que afecten intereses particulares de Aguas Andinas (¿y cuando se afecten derechos ciudadanos?). El reactivo -y tardío- cambio al código de ética para regular viajes de legisladores sólo demuestra el potente efecto de la fiscalización ciudadana, más que la lírica auto regulación.

El 9 de octubre, estos invitados partieron a la Expo Shanghai, generosamente -y grandiosamente- invitados por Aguas Andinas. Entre ellos, estaban los senadores Andrés Allamand (RN,) Jovino Novoa (UDI) y Fulvio Rossi (PS),los diputados Patricio Hales (PPD), Felipe Harboe (PPD), Roberto León (DC), Cristián Monckeberg (RN) y Gonzalo Uriarte (UDI), además de los alcaldes Johnny Carrasco (PS), Nora Cuevas (San Bernardo), Sol Letelier (Recoleta), Manuel José Ossandón (Puente Alto), Claudio Orrego (Peñalolén) y Pablo Zalaquett (Santiago).

Todos los gastos de transporte -primera clase-, alojamiento, alimentación y viáticos fueron íntegramente pagados por Aguas Andinas, además de todas las expediciones turísticas efectuadas durante la estadía. Indudablemente este viaje compromete la independencia de estas autoridades en la dictación de futuras normas y en la resolución de cualquier conflicto que pudiera ocasionarse entre sus representados y la empresa sanitaria.

La persistente negativa a legislar sobre la regulación del lobby ya se ha convertido en una constante en los últimos diez años de nuestro país. A pesar de las múltiples declaraciones -tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo- acerca de la necesidad de legislarlo, el tema periódicamente se instala en el discurso político, pero sin llegar a concretarse en alguna norma específica.

La ciudadanía ha escuchado de muchas agendas presentadas por distintos gobiernos, de probidad, transparencia o modernización del Estado, sin ningún resultado concreto. Son cinco los proyectos de ley sobre regulación del lobby presentados en el Congreso: dos se encuentran archivados (Boletines 3498-07 y 3337-07) y tres en tramitación, los que ya no avanzan en el Congreso: Boletín 6189-06, el que se encuentra en segundo trámite constitucional, y teniendo como último trámite el retiro de la urgencia simple el 8 de marzo de 2010; Boletín 4621-07, en primer trámite constitucional y como último trámite el retiro al proyecto del patrocinio del diputado Roberto León el 2 de noviembre de 2006; y el Boletín 3407-07,en discusión de veto en la Cámara Revisora del Senado, con un último trámite de retiro de discusión inmediata el 11 de septiembre de 2008.

Es de esperar que ahora, con las profundas reformas políticas que pretende realizar el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se incluya finalmente un proyecto de ley sobre regulación del lobby. En caso contrario, se podría sostener legítimamente que este nuevo gobierno se suma a todas las autoridades que se han negado a legislar hasta ahora sobre este tema.

Columna publicada en La Tercera Online

Relación incestuosa: Poder Legislativo y Poder Judicial

2010-10-20T18:29:00.000-07:00

Mientras la ciudadanía contemplaba expectante la operación del rescate minero, una noticia pasaba prácticamente desapercibida: la simple suspensión de un procedimiento penal. Pero este inadvertido hecho evidencia la difícil relación existente entre el Poder Legislativo y el Judicial, confirmando la existencia de una oscura zona a la que la opinión pública no puede acceder.

El reciente anuncio de la suspensión del procedimiento en contra de la diputada Claudia Nogueira (UDI), sólo comprueba las dificultades para terminar los procesos contra parlamentarios con una sentencia definitiva –ya sea absolutoria o condenatoria-. Cabe recordar que en abril de este año, la diputada fue formalizada ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso por cuatro delitos de fraude al fisco en una suma total de $ 30.283.103. En el proceso se estableció que la diputada contrataba servicios que no se realizaban, pero que igual se cobraban al Departamento de Administración y Finanzas de la Cámara. Una vez pagados, los “prestadores” le depositaban los montos en su cuenta corriente -previa retención del impuesto correspondiente-, defraudando de esta forma al Estado y a todos nosotros los contribuyentes.

Para lograr este acuerdo de suspensión condicional, la diputada del distrito 19 (Independencia y Recoleta) debió devolver al fisco el total del monto involucrado (un poco más de 30 millones de pesos), además de pagar cinco millones adicionales a Un Techo para Chile y quedar sujeta a firma mensual en la fiscalía por los próximos 18 meses.

El caso inicialmente produjo gran revuelo por varias razones: 1)planteó un conflicto de competencia acerca de la fiscalización de asignaciones parlamentarias (¿justicia ordinaria o Comisión de Ética Parlamentaria?); 2)por primera vez la Corte Suprema autorizó el alzamiento del secreto bancario respecto de la cuenta bipersonal que la diputada mantenía a su esposo, Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta; y 3)porque se rumoreaba que Nogueira basaría su defensa en la gran cantidad de diputados que también incurrirían en prácticas similares y que, por lo tanto, su acción no constituiría un ilícito.

En otro proceso similar, hace pocos días el diputado Jorge Sabag (DC) anunció que presentaría un escrito ante el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, con el objetivo de sacar al fiscal Jorge Abbott de la investigación llevada en su contra (en que se investigan supuestas irregularidades en el arriendo de una de sus sedes distritales). ¿Los parlamentarios pueden escoger a los fiscales de sus causas?

En abril, el ex diputado René Aedo (RN) también llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para la suspensión condicional del proceso judicial por negociación incompatible que se llevaba en su contra. El parlamentario cobraba dinero al fisco por el arriendo de una sede parlamentaria en Copiapó, propiedad de una sociedad médica formada por él y su esposa. Para detener el juicio, el ex representante de Atacama devolvió $ 10 millones de pesos al Fisco, entregó $ 1 millón de pesos a Un Techo Para Chile y debe firmar cada tres meses durante un año en la Fiscalía de Caldera.

En noviembre pasado, el mismo fiscal Jorge Abbott formalizó al ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) por los delitos de fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado falso, para aparentar pagos para el supuesto arriendo de sedes parlamentarias. Recién en julio, el fiscal presentó una acusación ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, pidiendo siete años de prisión. Después de casi un año, el proceso continúa en tramitación.

El artículo 237 del Código Procesal Penal establece que “el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá pedir al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento”. ¿Fue el Ministerio Público quién la solicitó? ¿Y en base a qué? Estas interrogantes surgen con mayor fuerza en la ciudadanía ante la ausencia de declaraciones del fiscal involucrado, de la presidenta de la Cámara, de miembros del Poder Judicial o del Ejecutivo o del Consejo de Defensa del Estado (CDE), con querellas interpuestas en contra de estos legisladores. ¿Qué pugna de poderes impide al Poder Judicial terminar con un fallo los procesos contra parlamentarios? ¿O es que nuestra justicia en general se dedica a negociar con los inculpados?

Después de los programas televisivos “Informe Especial “y “Contacto” (éste último todavía no emitido) las investigaciones del fiscal Abbott causaron una gran preocupación y molestia en el Congreso, acusándolo incluso de promover una “caza de brujas”. Pero a pesar de la gran visibilidad de estos procesos judiciales, ningún tribunal ha dictado una sentencia que aclare los casos a la opinión pública. Teniendo en cuenta que el Fiscal Regional de Valparaíso, Jorge Abbott, termina su período de ocho años el 28 de diciembre, habrá que confiar que su sucesor sea quién se atreva a ponerle el cascabel al gato.

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2010-09-27T19:06:00.000-07:00

El rechazo de la última oferta del gobierno complejiza aún más la difícil situación en que se encuentra el conflicto mapuche. Contrasta el manejo gubernamental de esta crisis, provocada por 34 comuneros en huelga de hambre en las regiones del Bío Bío y de la Araucanía, con la conducción del rescate vivido por 33 mineros accidentados en la Región de Atacama. Esto confirma que el principal activo del Gobierno está en la gestión y no en las comunicaciones.

¿Dónde está “el Golborne” de la huelga de hambre mapuche? ¿Quién asume la responsabilidad –política, operativa y comunicacional, tal como lo hizo el ministro de Minería – del resultado de esta operación? ¿El Presidente Piñera; el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet; el ministro de Planificación, Felipe Kast o la jefa de asesores de La Moneda, María Luisa Brahm? ¿O ninguno, como en estos últimos 20 años?

Jorge Navarrete señala en una columna sobre el conflicto indígena, Mala memoria y poca vergüenza, “el rotundo fracaso de una política pública, que lejos de contribuir a la solución del problema, lo perpetuó -cuando no agudizó- durante las dos décadas que estuvimos en el gobierno”. Sin embargo, al menos las potentes maquinarias comunicacionales de La Moneda siempre fueron capaces de apagar los conflictos provocados por grupos de mapuches: intervención de La Moneda en conflicto de Mininco(2000); reacciones a la muerte de Matías Catrileo (2008) o actos de violencia que motivaron el nombramiento de José Antonio Viera Gallo como ministro coordinador de temáticas indígenas (2009). De alguna manera, los gobiernos de la Concertación siempre pudieron contener comunicacionalmente lo que no podían solucionar por gestión, postergando y aplazando la resolución del conflicto.

En este caso, la situación ha sido a la inversa. La extraordinaria capacidad de gestión -demostrada por el ministro Golborne en el rescate minero -no ha se ha visto en esta crisis. Esta huelga de hambre logró hacerse cada día más urgente, compleja y con una mayor adhesión ciudadana.

Inicialmente, la estrategia gubernamental fue ignorar el conflicto, rechazando el diálogo: “el el gobierno no negocia bajo presión”. Pero, cerca del Bicentenario, la huelga de hambre se convirtió en una amenaza que podía aguar la fiesta. Incluso dañar la imagen externa, ya que en un planificado viaje a EE.UU, el mandatario participaría en la Asamblea General de la ONU: abogaría por que Chile se mantuviera en el Consejo de Derechos Humanos. Por eso, el anuncio del Presidente Piñera de conformar una mesa de diálogo para tratar el tema mapuche, hizo pensar a nivel internacional que también se incluiría la situación de los huelguistas. Fue Felipe Kast, ministro de Planificación, quién aclaró que se trabajaría en dos frentes paralelos (la instalación de la mesa de diálogo en Cerro Ñielol ya concluyó sin ningún acuerdo concreto).

La extensa duración de la protesta, la instalación en la agenda pública de la problemática de pueblos originarios, la alta visibilidad internacional y la necesidad de incorporar otros interlocutores –Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial e Iglesias católica, evangélica y anglicana- demostraron la incapacidad gubernamental de controlar y desescalar la crisis.

Por el contrario, la gestión comunicacional mapuche ha sido excepcional. Hacer coincidir – ¿fortuito?- el período más álgido con la fiesta del Bicentenario, fue un gran acierto comunicacional. En 1981, Bobby Sands murió en Irlanda del Norte a los 27 años, después de 66 días de huelga de hambre. En 2007, en Chile, Patricia Troncoso Robles, conocida como La Chepa, puso fin a su huelga de hambre después de 112 días de ayuno. En consecuencia, la fase crítica de una huelga comenzada el 12 de julio probablemente coincidiría con nuestro aniversario patrio, empañando la celebración tan esperada.

Aún más, una semana antes de Fiestas Patrias, el desalojo de cuatro diputados de oposición dio la visibilidad necesaria. Luego la designación de voceros, en especial de Natividad Llanquileo, y el envío de una carta a Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas, confirmaron la profesionalización comunicacional del grupo de presión.

Actualmente, la estrategia del Ejecutivo intenta establecer la responsabilidad de los comuneros. En San Francisco, EE.UU, el Jefe de Estado calificó de “intransigente” la actitud de los huelguistas. “El Gobierno ha hecho todo lo posible. Ha buscado todos los caminos del diálogo, del entendimiento y de la acción. Y desgraciadamente todos estos pasos y gestos de parte del gobierno no han tenido una respuesta fecunda de parte de los comuneros en huelga. Más bien ha sido una actitud muy intransigente”.

Mientras el conflicto no se estabilice, será imposible acordar una solución para esta apremiante crisis. Según el Arzobispo Ezzati, las peticiones de los huelguistas son claras: fin al doble enjuiciamiento, al uso de testigos protegidos y que los comuneros no sean procesados por la Ley Antiterrorista. Sin embargo, falta quién logre articular los intereses involucrados y preparar al gobierno en los costos que necesariamente tendrá que pagar, independiente de la forma en que termine la huelga. Peor aún, mientras ésta no se termine, será imposible comenzar el verdadero debate sobre la situación del pueblo mapuche.

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Políticas indígenas: tanto personaje y tan poco resultado

2010-09-14T05:23:00.000-07:00

A pesar de todas las manifestaciones políticas que han hecho los pueblos originarios en nuestro país, las respuestas siempre han sido evasivas, difusas y poco específicas, quedando la mayoría sólo en el discurso sin concretarse en hechos verdaderos. La incorporación de cuatro diputados de oposición a la huelga de hambre mapuche sólo símboliza el intermitente, incompetente e ineficaz apoyo de las autoridades, que aparte de figurar ante la opinión pública, no aporta ninguna solución concreta.

Ya en noviembre de 2003, el informe del Relator Especial de la ONU, Sr. Rodolfo Stavenhagen, sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas concluía con importantes recomendaciones al gobierno de Ricardo Lagos. En abril de 2009, un nuevo informe de otro Relator Especial de la ONU, Sr. James Anaya, daba nuevas recomendaciones sobre el tema al gobierno de Michelle Bachelet.

Es así que en septiembre del mismo año, la mandataria anunció el envío de un proyecto de ley que creaba el Ministerio de Asuntos Indígenas, la Agencia de Desarrollo Indígena y el Consejo de Pueblos Indígenas. El proyecto fue firmado además por los ministros de Planificación, Paula Quintana, de Hacienda, Andrés Velasco, y el Secretario General de la Presidencia y ministro coordinador de la política indígena del Gobierno, José Antonio Viera Gallo. Sin embargo, una vez finalizada la ceremonia -con toda la cobertura de prensa correspondiente-, la iniciativa nunca prosperó.

A los pocos días –y a poco de las elecciones parlamentarias- , el Poder Legislativo también anunció la creación de una Comisión Permanente De Asuntos Indígenas. Sus autores, los diputados De Urresti (PS), Farías (PPD), Jaramillo (PPD), Ojeda (DC), Quintana (PPD), Saa (PPD), Sabag (DC), Eugenio Tuma (PPD)y Venegas (DC), señalaban que esta comisión permanente podría dedicarse a legislar en materia de asuntos indígenas, dada la importancia del tema y del porcentaje de la población involucrada. Lamentablemente, la iniciativa quedó congelada desde su presentación (boletín 6720-16).

Debido a esto, la controvertida decisión de parlamentarios de sumarse a la huelga de hambre mapuche ha sido vista como un acto comunicacional que sólo desvía el foco de la discusión principal. Su posterior desalojo -ordenado por el ministro Hinzpeter- no ha atenuado la acusación de show mediático ante la opinión pública.

Por esta razón, resulta oportuno conocer la labor realizada por los cuatro diputados involucrados –Aguiló (PS), Gutiérrez (PC), Jiménez (PPD) y Monsalve (PS)- en la última semana , en especial atendiendo que son financiados por todos los chilenos:

Ver votaciones en publicación La Tercera Online

Causa extrañeza que diputados elegidos por la ciudadanía para una labor parlamentaria, se auto arroguen el derecho a ausentarse de las labores habituales para los que fueron elegidos por la ciudadanía, optando en cambio por defender una causa específica -legítima o no legítima-, pero que no necesariamente representan a sus electores. Más aún, cuando varios de ellos no tienen ninguna relación con las zonas en conflicto, pero sí representan a distritos afectados por el último terremoto y con problemas aún por resolver.

En consecuencia, la autónoma decisión de los miembros de la Cámara Baja de continuar la huelga de hambre en la sede de la CUT de Temuco, implica un manifiesto abandono de sus funciones. Sin embargo, continúan recibiendo sus sueldos pagados por todos los chilenos. Sería interesante conocer al respecto la opinión de sus votantes y del resto del país.

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Votación parlamentaria sobre demandas colectivas por mala calidad de construcciones

2010-08-30T17:00:00.000-07:00

Habiendo transcurrido más de seis meses desde el fatídico terremoto y maremoto del 27 de febrero, las críticas sobre el proceso de reconstrucción continúan, principalmente dirigidas contra el Poder Ejecutivo, pero olvidando a los otros poderes del Estado.

A pesar de que el Presidente Piñera destacara que Chile superó la tragedia del terremoto, miles de propietarios de viviendas destruidas continúan sin una solución, envueltos en una permanente situación de desamparo y olvido. Después de casi seis meses -y acallado el impacto del programa Informe Especial del 29 de julio-todavía se siguen investigando las responsabilidades criminales, civiles, administrativas y políticas, sin resultado concretos aún.

Sólo la Fiscalía de Constitución pidió la formalización de 12 ex funcionarios del Serviu por el derrumbe de un edificio en esa ciudad. En Santiago, recién el 16 de septiembre se realizará la audiencia de formalización del representante legal de los edificios Don Tristán y Don Luis, colapsados en la comuna de Maipú. Inexplicablemente, en Concepción, las licitaciones para las demoliciones comenzarán en octubre.

Mientras Sernac sigue aún al mando de un director interino, la vulnerabilidad del consumidor queda patente con las consecuencias provocadas por el terremoto del 27 de febrero último. En especial, respecto a las deficiencias en el diseño o ejecución de obras inmobiliarias, que hasta ahora continúan en la más completa impunidad. La legislación actual sólo permite que estas causas se tramiten como juicio sumario, sin contemplar la posibilidad de ejercer acciones colectivas.

Ante esto, la senadora Soledad Alvear presentó un proyecto de ley (boletín 6841-14) que modifica el artículo 19 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones. Con esto, se pretende que el procedimiento especial para la protección de intereses colectivos o difusos -consagrado en la ley N° 19.496- se aplique a los juicios por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones, siempre que compartan un mismo permiso de edificación. De esta manera, las personas afectadas que no hayan ejercido sus acciones podrán acreditar el interés común y beneficiarse de la sentencia.

La iniciativa fue aprobada en general en el mes de julio por el Senado, y ahora por la Cámara de Diputados, con 90 votos a favor, 4 en contra, 3 abstenciones y 0 dispensados.

Ver votación parlamentaria

Sería interesante que la opinión pública conociera las razones en que se basaron las votaciones de los diputados, en especial de aquellos que votaron en contra, se abstuvieron o simplemente no votaron. Las víctimas del colapso de viviendas durante el último terremoto, todavía esperan herramientas legales que les faciliten el ejercicio de sus acciones civiles, penales, administrativas y políticas, de manera de evitar la impunidad de los responsables en que hasta se encuentran.

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Resultados encuesta CEP: ¿Problemas de gestión o comunicacionales?

2010-08-05T05:59:00.000-07:00

Una excelente comunicación jamás podrá ocultar una mala gestión. Tarde o temprano, la verdad se sabrá y quedarán en evidencia las omisiones, faltas y errores cometidos. Pero asimismo, una gestión de excelencia tampoco podrá brillar sin una adecuada comunicación. Por eso, la última encuesta CEP se convierte en una importante señal de alerta para el equipo comunicacional de La Moneda.

Aunque la cifra de aprobación del Presidente Piñera (45%) es similar en el sondeo a la obtenida por los ex presidentes Lagos y Bachelet en su primera encuesta, contrasta fuertemente con la aprobación del Gobierno, que ostenta un sólido 60%. Además de ser el mandatario con menor apoyo -en este sondeo- en los últimos 20 años, su nivel de desaprobación es del 29%, cifra peligrosamente cercana al tercio de la población.

Con una cifra levemente superior, el 35% de los encuestados responsabiliza de la mala situación económica del país al deficiente manejo de las políticas económicas del gobierno actual, distanciándose en forma importante de la atribución a otras causas: mal manejo de las políticas económicas del gobierno anterior (20%), crisis económica internacional (20%) y efectos económicos del terremoto (19%). Por otra parte, el 46% cree que la situación económica de Chile no cambiará en los próximos 12 meses, el 51% estima que el país está estancado y el 32% desaprueba la forma en que el Presidente Piñera y su equipo económico están manejando la economía (versus al cercano 39% que la aprueba). Tal como los resultados de la última encuesta CASEN resultaron un balde de agua fría para el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, esta evaluación refleja la baja percepción ciudadana de la acción del gobierno en el ámbito económico.

Dentro de las evaluaciones positivas, ante las presiones de instituciones, grupos y personas con que se ha desempeñado el actual gobierno, el 46% piensa que ha actuado con firmeza y el 49% con destreza y habilidad. Sin embargo, estos atributos del mandatario han experimentado una baja en estos meses. Como referencia, en la Evaluación de Gestión del Gobierno, realizada por Adimark en marzo pasado, el Presidente Piñera asumió su mandato con una excelente evaluación ciudadana: capacidad para solucionar problemas del país (79%), autoridad (77%) y habilidad para enfrentar situaciones de crisis (76%).

Resulta evidente el desgaste que ha sufrido la imagen presidencial y algunas de las políticas públicos en estos primeros cuatro meses de gobierno. Frente a este hecho, surge la siguiente pregunta: ¿son problemas de gestión o comunicacionales? Sin lugar a dudas, se trata de una combinación de ambos, que requiere un certero diagnóstico para mejorar la percepción ciudadana.

En cuanto a la gestión, la tirante relación entre gobierno y oposición ha crispado el ambiente, dificultando la tramitación de nuevos proyectos legislativos. La acusación de una arremetida en contra de la ex Presidenta Bachelet, imputaciones en contra de su gobierno por entrega de recursos a ciertas ONG, rechazo del royalty minero, atribución inicial del Jefe de Estado a la dilapidación de recursos públicos, programas sociales ineficientes y a la corrupción en el aumento de la pobreza, sumado a la falta de mayoría parlamentaria, han restablecido la antigua pugna del Si y el No. El importante impulso provocado por el Mensaje Presidencial del 21 de mayo no fue lo suficientemente duradero. Pareciera que el efecto inicial se hubiera diluido ante la contingencia diaria.

La estrategia comunicacional se ha visto absolutamente sobrepasada por la cantidad y diversidad de situaciones. A pesar del permanente monitoreo que hacen en La Moneda de la opinión pública, los errores comunicacionales no forzados han sido muchos en este gobierno. Críticas como la falta de relato común entre gabinete y parlamentarios de gobierno; el cuestionado estilo presidencial; el debilitamiento de la imagen de gobierno realizador; el nuevo formato de vocería, más técnico que político; la ausencia de atribuciones de la Secom; la zigzagueante agresividad en las respuestas a los ataques de la oposición; las descalificaciones entre ministros y organizaciones civiles o las contradicciones entre miembros del gabinete, de alguna manera han hecho perder efectividad y credibilidad a la acción gubernamental. Incluso, a pesar de la petición del mandatario a los senadores oficialistas de evitar críticas al Gobierno a través de la prensa, el senador Allamand hizo algunas recomendaciones sobre la mejoría de la gestión comunicacional.

La reciente filtración del instructivo de la Secretaría de Comunicaciones, tampoco contribuyó a mejorar el clima político. La débil defensa no logró desescalar el conflicto, tensionando aún más el ámbito gubernamental. Por eso, el reciente almuerzo sostenido entre el Presidente Piñera y el senador Frei abre la posibilidad de reponer un clima de normalidad entre gobierno y oposición. Es de esperar que estas intenciones no sólo queden en declaraciones, sino que se concreten en hechos reales. Pero para esto se requieren mayores exigencias a la estrategia comunicacional del gobierno.

Columna publicada en La Tercera Online: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/resultados_encuesta_cep_fracaso_de

El pecado original de los partidos políticos

2010-07-21T16:48:00.000-07:00

La escasa identificación de los chilenos con los partidos políticos parece estar trasladándose al interior de éstos, planteando dudas respecto a la legitimidad de su representatividad. Pareciera que la ciudadanía ha percibido que el problema surge desde el origen: las elecciones internas de las tiendas. Por eso, será interesante conocer en la próxima encuesta CEP la medición acerca de la identificación ciudadana con los conglomerados políticos.

Hoy día, los altos niveles de desaprobación a la forma en que la Concertación (52%) y la Coalición por el Cambio (40%) desarrollan su labor, permiten suponer que la opinión pública no se siente representada por estos conglomerados. A su vez, la formación de bancadas díscolas transversales demuestra la dificultad de construir consensos incluso dentro de los mismos partidos. Por último, la reciente renuncia a la UDI de la diputada Marta Isasi y su posterior ingreso a la bancada de Independientes refleja las dificultades de mantener el orden dentro de las tiendas políticas.

Este año, más que nunca, se ha notado una exigua participación de militantes en las elecciones internas. A pesar del avance que significan las elecciones internas, las recientes votaciones en RN y en el PPD reflejaron la escasa representatividad que tienen los partidos políticos de la ciudadanía. Aún más, un porcentaje importante de los militantes inscritos no votó en estos comicios, obteniéndose bajas participaciones en las elecciones de sus directivas. Complejo, ya que luego las cúpulas designan a los candidatos a concejales, alcaldes, diputados, senadores y presidente. Nos presentan una política de hechos consumados en la que ya no podemos intervenir, y al ser “los mismos de siempre”, despiertan un clamor de renovación política.

En el PPD, un acuerdo de la directiva puso a Carolina Tohá en la presidencia del partido hasta 2012, sin ser elegida por las bases militantes. El 17 de junio pasado se realizaron las elecciones internas de vicepresidentes y directiva nacional, las que fueron empañadas por acusaciones de irregularidades y estrechas diferencias en el cómputo de votos. Según el Departamento de Operaciones del Servel, existían 98.942 militantes afiliados al 31 de mayo de 2010, de los cuales sólo 13.516 votaron (13,66%).

Por su parte, en las elecciones internas de RN del 12 de junio último, Carlos Larraín fue reelecto como presidente por dos años más. El concejal por Las Condes derrotó al diputado Cristián Monckeberg : 64,7% contra el 35,3% de los votos, según cifras entregadas por el partido. Otra vez fue baja la participación interna en el partido: de los 93.054 afiliados al 31 de mayo de 2010, sólo 15.805 (16,98%) votaron para elegir la directiva nacional y regional.

En consecuencia, un promedio de casi 1.000 personas por región escogieron las directivas de RN y el PPD, además de una baja o excesiva representación de ciertas regiones sobre otras. La suma de votos de la Región Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío supera el total de sufragios de las otras 12 regiones en su conjunto.

La exigua representación ciudadana se ve reflejada en las siguientes cifras de la votación de las directivas:

REGION RN PPD
MILITANTES VOTOS % MILITANTES VOTOS %
ARICA Y PARINACOTA (XV) 1.587 450 28,35 1.621 228 14,07

TARAPACA (I) 1.770 321 18,13 3348 181 5,41
ANTOFAGASTA (II) 2.100 317 15,09 2.965 292 9,85
ATACAMA (III) 1.391 243 17,46 1.417 207 14,61
COQUIMBO (IV) 4.826 1.053 21,81 4.450 691 15,53
VALPARAISO (V) 11.052 1.975 17,87 12.084 1.921 15,90
R.METROPOLITANA (XIII) 30.035 4.553 15,15 42.361 5.048 11,92
LIB. GRAL. B. O’HIGGINS (VI) 5.424 760 14,01 4.505 772 17,14
MAULE (VII) 5.924 984 16,61 4.150 274 6,60
BIO BIO (VIII) 10.664 2.465 23,11 8.826 1.771 20,07
ARAUCANIA (IX) 5.402 1.061 19,64 5.119 900 17,58
LOS RIOS (XIV) 4.110 S/I(*) S/I 1.951 514 26,35
LOS LAGOS (X) 6.658 S/I(*) S/I 4.138 669 16,17
AYSEN (XI) 1.403 S/I(*) S/I 556 0 0
MAG. Y ANTART. CH. (XII) 708 149 21,04 1.450 48 3,31

TOTAL 93.054 15.805 16,98 98.941 13.516 13,66

(*) Lista única

Ante estas cifras, surgen las siguientes preguntas: ¿Qué tan representativos son los partidos políticos de la ciudadanía? ¿Qué tan democráticas son sus elecciones internas? Y, por último, ¿qué tanta legitimidad tienen las directivas para designar candidatos en las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales?

Con la escasa adhesión que generan en la ciudadanía los partidos políticos, éstos son percibidos como grupúsculos autopoiéticos y de reparto de poder “entre los mismos de siempre”. Aparte del irregular pago de cuotas sociales, los militantes no se diferencian mucho de adherentes, amigos, seguidores, socios, voluntarios, fans o cualquier otra manifestación de las actuales redes sociales. Con una mucha mayor capacidad de liderazgo, personajes u organizaciones sociales congregan con mayor efectividad que los partidos políticos (al 18 julio):

Soledad Onetto 162.012 seguidores
Mauricio Bustamante 145.337 seguidores
Felipe Camiroaga 114.559 seguidores
Educación 2020 68.311 adherentes
Radio Bio Bio 68.141 seguidores
El Pulento 30.754 seguidores
Janis Pope 18.047 seguidores
El que no aporta 17.165 seguidores
Estadio Español (Santiago) 12.815 socios y cargas familiares
Hogar de Cristo 9.000 voluntarios

Quizás sea el momento preciso para revisar y reactivar el proyecto de la nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (LOCE), ingresado por la ex Presidenta Bachelet el 30 de mayo de 2008 al Senado, y archivado recién el 6 de julio de 2010, después que el Gobierno del Presidente Piñera solicitara su retiro de tramitación (boletín 5887-06).

Columna publicada en La Tercera Online: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/el_pecado_original_de_los

El Presidente Piñera, Kike Morandé y Stefan Kramer

2010-07-07T17:49:00.000-07:00

Una vez superado el incidente de la visita de Bielsa a La Moneda, el recuento de daños sólo deja un alto costo en imagen para ambos actores. En el caso del entrenador argentino, se critica su falta de manejo de la situación, cuestionándose su carácter, educación e incluso filiación política. Aunque para el mandatario el perjuicio fue menor -por ser anfitrión y representar a la nación-, se ha instalado una profunda discusión acerca del estilo presidencial.

Se suma a este episodio el duro cuestionamiento que le realizara el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez; las críticas efectuadas por las dirigentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) -agravadas por la respuesta del ministro Hinzpeter- y el apresurado rechazo del timonel de la ANFP, Harold Mayne-Nichols a la invitación a La Moneda. La opinión pública ha constatado que es un problema permanente y no puntual, que supera la falta de acostumbramiento de los chilenos al nuevo estilo de liderazgo: las cosas no se estarían haciendo bien.

Más aún cuando se toma en cuenta la última Evaluación de la Gestión de Gobierno -realizada en junio por Adirmark-, las cifras ratifican el diagnóstico. Según este estudio, el nivel de aprobación del Presidente prácticamente se ha estancado en el 52%, el de desaprobación se ha incrementado desde un 18% inicial a un 34% actual, los atributos peor evaluados continúan siendo “credibilidad” (57%) y “confianza” (58%), y el Gobierno (57%) sigue siendo mejor evaluado que el mandatario. Será interesante conocer cuánto afecta el episodio Bielsa en la imagen del Presidente, ahora que se está haciendo el trabajo de campo de la encuesta CEP.

Quizás por esta razón, el Presidente se ha empeñado en parecer cercano, confiable, amigable. Incluso divertido, chispeante e ingenioso. En sus empresas, este trato seguramente producía buenos resultados, en especial con la mayoría de sus colaboradores: jóvenes, profesionales y sujetos a un claro vínculo jerárquico, en que cualquier desubicación sería rápidamente corregida o sancionada. Sin embargo, ante audiencias distintas, el estilo informal del mandatario pareciera que sólo produce confusión, desconcierto o desconfianza.

Por regla general, este trato familiar, afable, buena onda, casi como de patrón de fundo campechano, no suele ser correspondido por interlocutores que se encuentran en desigualdad de condiciones. Quizás el único que tiene éxito es Kike Morandé, en su programa Morandé con Compañía, el Estelar del Pueblo. El también llamado cariñosamente “ñatito” entrevista, actúa, bromea y se relaciona con su público incondicional, pero siempre desde cierta superioridad.

Las críticas al Presidente Piñera comprenderían varios aspectos: riesgo para la dignidad del cargo, bacheletización del Presidente, alejamiento de las normas protocolares, banalización de las actividades o falta de control de la ansiedad comunicativa. Los ineludibles conflictos de intereses del mandatario y del Subsecretario del Deporte, Gabriel Ruiz-Tagle, al ser importantes accionistas de Colo Colo, sólo agravan la situación.

Quién capta magistralmente estas sutilezas es Stefan Kramer. En su inolvidable rutina en la segunda noche del Festival de Viña del Mar en el 2008, el artista imitó en casi 90 minutos a 33 personajes. Entre ellos, el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y el animador Kike Morandé.

Tiempo después, uno de los mejores momentos comunicacionales del Presidente Piñera fue el Mensaje a la Nación, presentado el 21 de mayo de este año ante el Congreso Pleno. El estilo comunicacional escogido fue formal, solemne, ante un podio, con un discurso estructurado y coincidió con muchas de las herramientas utilizadas por Stefan Kramer en su aplaudida imitación festivalera. Por el contrario, la visita a Juan Pinto Durán fue mal evaluada por el Gobierno, la selección y la opinión pública. Mucho más informal, más forzada, quizás con más de algún elemento utilizado por Stefan Kramer en su imitación a Kike Morandé, la realidad estuvo al filo de asemejarse a esa rutina.

Por otra parte, las últimas apariciones del comediante causaron la molestia de La Moneda, pero se ignora si es por exceso o por falta de fidelidad, lo que podría convertir en irrelevante el reclamo si el original no modifica su estilo comunicacional (parodiado).Pero está claro que la informalidad del Presidente sólo impide que se haga respetar, sin hacerlo ganar mucho en cercanía o credibilidad.

En el mismo sentido, aún los mismos partidarios del Presidente cuestionan su imagen presidencial. El senador Andrés Allamand, quién ya había criticado la informalidad del Jefe de Estado, ahora le sugiere olvidarse de la parka roja. El propio jefe de bancada de la UDI, Patricio Melero, señala que la dignidad de la figura del Presidente está en entredicho, lo cual “no es algo anecdótico porque tiene consecuencias políticas”. Y agrega que “esto debe ser materia de preocupación en la Presidencia, porque si no se revierte, el Mandatario puede ser ninguneado por cualquiera”.

Sin embargo, según la mencionada encuesta Adimark, la característica de “activo y enérgico” sigue siendo el atributo mejor evaluado (76%) del Presidente, seguido por “capacidad para solucionar problemas del país”, “capacidad para enfrentar las situaciones de crisis” y “autoridad” (todas con 69%). Pero hasta ahora, los atributos escogidos para construir la imagen pública del Presidente Piñera no han sido las cualidades más valoradas por la ciudadanía.

Columna publicada en La Tercera Online: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/el_presidente_kike_morand%C3%A9_y

La dispar gestión comunicacional del Gobierno

2010-06-30T19:02:00.000-07:00

La potente ofensiva comunicacional del ministro Mañalich en estos últimos días se ha destacado con creces en la hasta ahora incipiente y dispar gestión comunicacional del gobierno. La estrategia no sólo dio visibilidad al titular de Salud, sino que también lo empoderó, en un gabinete en que muchos ministros ni siquiera son conocidos por la opinión pública.

Las casi simultáneas salidas de los Subsecretarios de Salud, de Redes Asistenciales y de la directora del Instituto de Salud Pública, fueron nuevos problemas con que se enfrentó el Gobierno. Como suele ocurrir, elementos exógenos agravaron la situación: discrepancias entre los ministros Hinzpeter y Von Baer sobre los motivos de la salida de Giovanna Gutiérrez, relegaron las declaraciones del titular de la cartera a un segundo plano.

Por eso, la entrevista dada por el ministro de Salud a La Tercera (publicada el 26 de junio), significó el comienzo de una campaña dirigida a romper antiguos paradigmas de trabajo enquistados en el Minsal: duplicidad de funciones, desórdenes administrativos y sobreejecución del presupuesto, entre otras irregularidades.

El inminente fallo del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de las tablas de factores -usadas por las aseguradoras para fijar los precios de sus planes -, permite desde ya visualizar un importante éxodo de usuarios a la salud pública, la que evidentemente no está preparada para recibirlos. De ahí la urgencia de hacer importantes transformaciones en la salud pública a la brevedad.

Además de esta entrevista, el ministro participó en el programa Tolerancia Cero. “El sistema de salud en Chile está completamente enfermo, está en la UTI”, confirmó al aire el titular de la cartera. Agregó que en el Ministerio había una gigantesca desprolijidad y una burocracia instalada que hacía perder el giro, además de una falta de conciencia del uso eficiente de recursos. Dio como ejemplo el área de informática del Minsal, más grande que la de Sonda.

Una vez instalado en la opinión pública el problema de la salud estatal, comienzan las soluciones: coincide con la incorporación de 10 nuevas patologías Auge, extensión a 15 días para efectuar reclamos por el incumplimiento de enfermedades cubiertas por el plan, conveniencia de avanzar en concesiones de hospitales y reducción de listas de espera a través de licitaciones de atenciones médicas (272.278 personas en listas de espera de 56 patologías cubiertas por Auge).

Por su parte, el Presidente Piñera también intenta alinear a sus stakeholders, buscando una mayor eficacia comunicacional. Sin duda, con una precaria mayoría en el Congreso, los parlamentarios oficialistas se han convertido en importantes interlocutores. La invitación que hizo a senadores de la Alianza a pasar el fin de semana pasado en Cerro Castillo tuvo como objetivo evitar críticas al Gobierno, plantear el aumento de posturas propositivas y reforzar el diálogo interno.

Una coordinada estrategia dirigida en contra de despilfarros de dineros fiscales del período anterior se ha desplegado en la agenda noticiosa. El anuncio del diputado UDI, Gustavo Hasbún, de enviar los antecedentes a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado, confirma la necesidad de aclarar estas presuntas irregularidades.

La publicación de deudas y protestos de organismos estatales permite a la opinión pública conocer la calamitosa situación de pagos que viven ministerios y servicios públicos. Dicom utiliza una escala desde la letra A (antecedentes impecables) hasta la G (conducta riesgosa). En esta última categoría aparecen los ministerios de Salud, Obras Públicas, Transportes, Bienes Nacionales, del Interior y entidades como Onemi, Junaeb, Junji, Indap, Registro Civil, Cenabast, Dibam y la Dirección del Trabajo.

En una primera etapa, el Gobierno fue proactivo en ideas, pero tremendamente reactivo en su comunicación. Demostró escasa capacidad para instalar temas en la agenda pública, manejar los tiempos y procesos comunicacionales e implantar los enfoques necesarios para encuadrar las problemáticas nacionales:controvertida entrevista del ministro Hinzpeter en que postuló revalorizar la figura del Ministro del Interior; su pugna con el hermano del Presidente, José Piñera, por paralelo entre Salvador Allende y Adolf Hitler; disputa en el Congreso del mismo titular con el diputado Fidel Espinoza; respuesta del ministro a las dirigentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; previsibles acusaciones de conflictos de interés para María Luisa Brahm por permanencia en Consejo de Alta Dirección Pública; poca presencia de ministra Camila Merino en debate sobre salario mínimo; excesiva participación de ministro Felipe Larraín en mismo tema; viajes de ministro Golborne y de intendentes Echeverría y Pérez o dimisión del jefe jurídico del Serviu Valparaíso después querella presentada. En todas estas situaciones, el tratamiento comunicacional ha sido reactivo.

Está claro que una buena comunicación jamás podrá ocultar una pobre gestión. Tarde o temprano, la falta de resultados es descubierta. Sin embargo, una gestión de excelencia jamás podrá brillar sin una buena comunicación. Gestión y comunicaciones necesariamente deben ir a la par…

Columna publicada en La Tercera Online: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_dispar_gestion_comunicacional_del

Detalle votación Cámara rechazo ataque israelí

2010-06-03T07:36:00.000-07:00

Conmoción mundial causó el ataque del ejército israelí a una flotilla de barcos con ayuda humanitaria para Gaza. Como una violación clara e inaceptable de la legalidad internacional, la avanzada militar en contra de la Flotilla de la Libertad causó 14 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos.

Ante este lamentable ataque, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo por el que pide al Presidente de la República instruir a la Cancillería para que “reitere en forma enérgica y categórica su condena al ataque del ejército israelí” e impulse sanciones al estado de Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”. Esta medida fue aprobada por la unanimidad de los diputados, pero sólo 67 parlamentarios votaron a favor. ¿Qué sucedió con los demás?

En Chile, se estima que cerca del 4% - 5% de la población chilena es descendiente de inmigrantes de origen árabe, principalmente palestinos, sirios y libaneses. En consecuencia, al ser una de las principales colectividades de nuestro país, con más de 800.000 descendientes, es interesante para los electores conocer las votaciones de sus representantes.

Los diputados que no votaron a favor del proyecto de acuerdo fueron los siguientes:

Continua en: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/detalle_votacion_camara_rechazo_ataque

Baja aprobación parlamentaria

2010-06-01T09:49:00.000-07:00

La última encuesta Adimark no sólo mide la evaluación ciudadana de la gestión del Gobierno, sino también la de otras instituciones: Congreso y conglomerados políticos. Sin embargo, la atención de la opinión pública se centra ahora principalmente en la nueva administración, relegando por mientras a un segundo plano la medición de la actividad legislativa.

En la muestra -tomada entre los días 7 y 26 de mayo-, la Cámara de Diputados obtuvo un exiguo 34% de aprobación (sólo uno de cada tres encuestados), en contraste con el 49% de desaprobación, reflejando un fuerte deterioro de su imagen ante la ciudadanía, en comparación a la medición de abril (43% aprobación y 37% desaprobación). Aunque a primera vista se podría atribuir la pérdida de capital reputacional al altercado que tuvo el ministro Hinzpeter en la Cámara -y que le costó igualmente bajar 10 puntos en su aprobación-, los números reflejan una tendencia más preocupante. Esto se confirma en el caso del Senado -que no estuvo sujeto a polémica alguna-, ya que su aprobación también bajó de 44 a 42% y la desaprobación aumentó de 33 a 41%.

Por otra parte, el reciente estudio del Centro de Estudios y Análisis de Gestión Pública de la Universidad Mayor confirma la baja reputación que goza el Congreso. Con un levantamiento de información hecho entre los días 3 y 10 de mayo, se concluye que existe un profundo desconocimiento del trabajo parlamentario y de los resultados que éste entrega.

La encuesta establece que las dos principales labores parlamentarias son (en una escala de 1 a 5): elaborar proyectos de ley (4,21) y luego fiscalizar al gobierno (4.18). Sin embargo, cuando se les pregunta las principales razones de su voto, se destaca en un claro primer lugar “por el trabajo en su comuna (38,0%)”, seguido a distancia “por el partido político donde milita (24,3%)” y en un lejano tercer lugar, “por su trabajo legislativo (14,7%)”.

En el mismo sentido, la gran mayoría de los encuestados (entre 60 y 72%) declara no saber cómo votó su parlamentario en ciertas leyes relevantes: Ley General de Educación, Píldora del Día Después, Reforma Previsional y Financiamiento del Transantiago. Pero cerca del 56% señala que el haber conocido cómo votó su parlamentario en esas leyes, habría afectado su voto en la última elección parlamentaria.

En consecuencia, con la aparición de nuevas organizaciones civiles, con mayor información y mejor análisis de las votaciones de diputados y senadores y una mayor fiscalización ciudadana, la fragilidad del voto aumentará cada vez más. La implementación de la inscripción automática y del voto voluntario también significará un importante cambio en las elecciones parlamentarias.

Aún más, la evidente tensión entre la labor legislativa y el trabajo en terreno ya afecta la evaluación de la actividad parlamentaria, generando en definitiva una baja reputación ante la opinión pública. Los ciudadanos saben que en teoría la función principal es legislativa y fiscalizadora, -y es de acuerdo a eso que evalúan-. Pero, al momento de votar privilegian el trabajo por sus comunas, distritos o circunscripciones. Es así que el índice de confianza que existe hacia nuestro Congreso (26,68%) es menos de la mitad del que existe en los países de América Latina y el Caribe (53,36%).

El estudio también establece un bajo Índice de Efectividad Legislativa Parlamentaria (IELP), entendiéndola como la capacidad de cada parlamentario de convertir en ley los proyectos que presenta. Se detecta una importante baja en la productividad legislativa, en especial en los últimos años. Es así que durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, de las 1.701 mociones parlamentarias presentadas, sólo 50 se convirtieron en leyes. Esto puede hacer pensar a la ciudadanía que senadores y diputados tienden a privilegiar su labor ante la prensa, descuidando el de las sesiones de trabajo en comisiones y salas.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/baja_aprobaci%C3%B3n_parlamentaria

La autoría de la exención y rebaja del 7% de los pensionados

2010-05-28T16:14:00.001-07:00

El debate surgido en torno a la autoría de las propuestas incluidas en el mensaje presidencial impide que nuestra breve y precaria memoria colectiva recuerde los proyectos anteriores sobre los mismos temas. Quizás las declaraciones de mayor repercusión fueron las de los senadores Pablo Longueira y Fulvio Rossi, que representan las posturas de ambos conglomerados.

Es así que uno de los anuncios que el Presidente Piñera incorporó en su Mensaje a la Nación fue la eliminación o disminución gradual del 7% de salud a los pensionados en. De inmediato, uno de los reclamos más fuertes fue el del diputado Osvaldo Andrade, quien acusó al mandatario de adjudicarse el proyecto presentado por él tres semanas antes. La anhelada iniciativa, solicitada por diferentes organismos civiles, incorporada en las propuestas de los cuatro candidatos presidenciales y anunciada por diversos sectores políticos, sólo recién fue ingresada el 11 de Mayo por el ex ministro Andrade, junto a los diputados Alinco, Araya, Goic, Jiménez, Marinovic, Monsalve, Muñoz, Robles y Saffirio (boletín 6933-11). Dicho proyecto también propone la exención y rebaja -gradual y progresiva- de la cotización obligatoria de salud del 7% de la pensión mensual recibida por los pensionados del régimen administrado por el Fondo Nacional de Salud.

Por otra parte, el diputado Felipe Salaberry (UDI) señaló en ese momento que este proyecto era inadmisible, ya que sólo le competía al Ejecutivo. Recalcó además que el diputado Andrade lo sabía, y que “mientras fue ministro nunca hizo nada respecto al tema”. Agregó que era una propuesta realizada por la UDI mucho tiempo antes, y que por eso Sebastián Piñera la había incluido en su campaña.

Ya en diciembre de 2006, el diputado Alejandro García Huidobro (UDI) había presentado un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados, en que se proponía eliminar de forma gradual o por tramos este descuento de salud. Por otra parte, en mayo de 2008 el senador Francisco Chahuán -en esa época diputado- denunciaba que esta medida habría sido sacada del mensaje presidencial que Michelle Bachelet pronunció ese año en el Congreso. A pesar de las numerosas reuniones con los entonces funcionarios de Gobierno - el ministro de Hacienda Andrés Velasco, el ministro del Trabajo Osvaldo Andrade y el subsecretario de Previsión Social, Mario Ossandón Cañas (posteriormente funcionario de Desarrollo Regional)-, la medida no fue anunciada en la cuenta anual.

A su vez, en septiembre de 2008, la senadora Soledad Alvear también pidió la eliminación del 7% en salud a los jubilados. Luego, en marzo de 2009, dos proyectos de acuerdo adicionales fueron presentados por un grupo de parlamentarios ante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet.

En consecuencia, a estas alturas no tiene sentido desgastarse tratando de identificar al autor original de cada idea, sino más bien dirigir todo el esfuerzo a convertir esta iniciativa -y todas las que andan rondando desde hace años- en normas jurídicas. Un reciente estudio del Centro de Estudios y Análisis de Gestión Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor, establece el Índice de Efectividad Legislativa Parlamentaria (IELP). Este análisis permite definir una baja efectividad legislativa que ha ido empeorando con los años. Es así que durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, de las 1701 mociones parlamentarias presentadas, sólo 50 se convirtieron en leyes. Pareciera que los parlamentarios tienden a privilegiar su labor ante la prensa, descuidando el de las sesiones de trabajo en comisiones y salas. Quizás por esta razón, la confianza que existe hacia nuestro Congreso (26,68%) es menos de la mitad de la que existe en los países de América Latina y el Caribe (53,36%).

Después de tantos años de anuncios estériles, de numerosas y reiteradas declaraciones ante la prensa, de omisiones groseras de parte del gobierno de turno, a los chilenos poco les importa saber la autoría de los proyectos. Lo que les interesa es la implementación de sus efectos. Mientras no sea aprobado, promulgado y publicado, todo proyecto de ley es sólo una buena intención. Y como es sabido, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones…

Columna publicada en Vota Inteligente:

http://votainteligente.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:base-columna&catid=40:columna&Itemid=41

Necesario (re)cambio de paradigmas en La Moneda

2010-05-12T11:42:00.000-07:00

La reconocida y comentada hiperactividad del Presidente Piñera se encuentra con sus primeras dificultades. Algunos no quieren -¿o no pueden?- seguir el acelerado ritmo del mandatario; otros, en cambio, no aceptan el orden de las prioridades establecidas por el Ejecutivo; y muchos, por último, simplemente se resisten a no figurar como protagonistas de la noticia.

Acostumbrados a dinámicas de poder basadas en la autoridad vertical del mundo privado - en que siempre existe la amenaza latente de una eventual desvinculación-, donde subalternos suelen allanarse con mayor o menor compromiso a las indicaciones de sus superiores jerárquicos, el traslado de estos paradigmas al mundo político abre numerosos flancos simultáneos. Y ese poderoso beneficio hace que las voluntades se unan y tiendan a buscar soluciones. Por esta razón, los equipos de trabajo que hasta ahora lideraba el Jefe de Estado, siempre se adecuaron a su ritmo, convirtiéndose en equipos eficientes y productivos.

Sin embargo, en política, las dinámicas de poder parecieran ser distintas. La dependencia jerárquica sólo se da sólo en determinados casos: cuando una opinión prevalece por sobre las de los demás. Fue el caso de la eliminación de la depreciación acelerada en el proyecto de financiamiento de la reconstrucción, en que la voluntad del Presidente Piñera primó sobre la opinión de sus ministros y técnicos.

Pero no siempre produce el mismo resultado cuando se trata de partidos opositores. El ambiente se ha tensionado, pasado el efímero efecto de la invitación a comer a Cerro Castillo, -hecha por el mandatario a timoneles de partidos, jefes de bancada y comité de la Concertación- para presentarles el plan fiscal de reconstrucción. Las corteses declaraciones iniciales de colaboración y buena voluntad se transformaron en duras arremetidas, buscando un claro distanciamiento con las propuestas del Gobierno.

Incluso, después de solicitar el retiro de la suma urgencia del proyecto de ley, varios parlamentarios de la Concertación -ninguno de las zonas afectadas- han manifestado sus dudas en la votación de la iniciativa legal, argumentando que los beneficios permanentes anularían los efectos provisorios. El Gobierno rechazó dicha solicitud y la ministra vocera del Ejecutivo, Ena Von Baer, reiteró el llamado a la oposición de aprobar el texto, advirtiendo que los ciudadanos evaluarán “el compromiso de cada uno de los parlamentarios con la reconstrucción de nuestro país”. Sea cual sea el resultado, no cabe duda que los jugadores ya están apostando fuerte…

A su vez, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se juntó a cenar con los diputados UDI y RN para aplacar las críticas al plan de financiamiento: en especial, la restricción a beneficios tributarios del DFL2 y el límite de 900 UF a los depósitos convenidos. Esta reunión es importante, ya que con precaria mayoría en la Cámara de Diputados y minoría en el Senado del oficialismo, la aprobación del proyecto podría peligrar.

Por otra parte, han habido importantes desprolijidades en la solución de las emergencias. Amenazas de movilizaciones, bonos de 100 mil pesos para reparaciones, impermeabilizaciones adicionales, han hecho ruido en la agenda nacional, afectando la imagen de la reacción gubernamental.

Como si esto fuera poco, inesperados cuestionamientos del Instituto Libertad y Desarrollo al plan de financiamiento, se suman a las críticas de Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de la dictadura militar y consejero de ese instituto. Además de advertir con un posible fenómeno de desafección de los partidarios, califican como un error el aumento provisorio de los tributos, ya que afectaría el crecimiento económico de Chile. Estas declaraciones provocaron una gran polémica al interior de la Alianza.

Todas estas dificultades se enfrentan al ímpetu presidencial por reconstruir nuestro país y de alguna manera reflejan que los modelos del mundo privado no se aplican a cabalidad en el ámbito político, en donde no siempre existe una dependencia jerárquica de los stakeholders. Ante la inexistencia de vínculos subordinantes reales -habituales en toda empresa u organización-, la coexistencia de legítimos intereses contrapuestos y el apresurado aprendizaje de sus nuevos roles de Gobierno, Coalición por el Cambio y Concertación, surge la necesidad de un (re) cambio de paradigmas en las comunicaciones del Poder Ejecutivo.

Actualmente, el manejo de intangibles -a los cuales la nueva administración no está acostumbrada-, contrasta con la excelente conducción que hicieron los aparatos comunicacionales de los dos últimos gobiernos. Tanto el ex presidente Lagos como la ex Presidenta Bachelet dejaron alta la vara en el ámbito comunicacional de un gobierno. Ya no bastan un par de ideas coherentes para convencer a la ciudadanía, la que se ha vuelto cada vez más exigente. Hoy no sólo importa la realidad, sino también la percepción que se tiene de ella.

Está claro que una buena labor comunicacional jamás podrá ocultar una débil gestión: tarde o temprano, siempre se descubrirá. Pero no es menos cierto que una excelente gestión jamás brillará si no la acompaña un buen desempeño comunicacional.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/necesario_re_cambio_de_paradigmas

Por un lobby más expedito y efectivo...

2010-05-07T13:19:00.000-07:00

Entre todas las modificaciones al proyecto de financiamiento de la reconstrucción, el debate se ha centrado sobre la eliminación de la depreciación acelerada, diluyendo la visibilidad de las otras modificaciones a las medidas anunciadas. Importantes cambios se produjeron entre lo comunicado por el Presidente Piñera y el proyecto presentado al Congreso. ¿Qué pasó en sólo dos semanas? No cabe ninguna duda que el lobby de las empresas interesadas fue expedito y efectivo.

Durante los gobiernos de la Concertación, el lobby se realizó principalmente en el Congreso. Las empresas lobbystas se contactaban directamente con los parlamentarios, planteando sus puntos de vista para promover, defender o representar intereses de carácter individual, sectorial o institucional. Ahora, con el Presidente Piñera y su gabinete en La Moneda, ya no es necesario trasladarse a la Región de Valparaíso para exponer las argumentaciones. La nueva puerta giratoria entre el mundo privado y el sector público, sumada a la falta de legislación sobre la materia, ampara aún más la nebulosa existente en el tráfico de influencias.

De acuerdo a lo anunciado por el propio mandatario el 16 de abril en la caleta Lo Rojas (Coronel), se establecería un aumento permanente al impuesto al tabaco de un 7%. Sin embargo, tan sólo 15 días después, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informa que el proyecto enviado al Congreso propone un incremento del tributo en un 1,90% (de 60,4% a 62,3%), más un impuesto específico fijo de $50 por 20 cigarrillos, sin importar su valor. La modificación se justificaría con el fin de evitar la preferencia de los consumidores a productos de menor calidad. En el mismo sentido, el monto máximo anunciado para la exención de los depósitos convenidos de UF 600 anuales. Sorpresivamente, se modificó el tope de la franquicia establecido en el proyecto presentado al Congreso, ampliándose a UF 900 anuales, además de UF 600 anuales por APV.

Por eso, las presiones de la UDI para la venta del diario La Nación se confunden en esta danza de influencias. A la ciudadanía no le queda claro si el requerimiento de la tienda política es una fundada pretensión o una consecuencia del lobby de otras empresas periodísticas. Y mientras la actividad del lobby siga sin regulación, a la opinión pública le será difícil reconocer intenciones, manteniendo su legítima desconfianza hacia cualquier iniciativa.

Durante los gobiernos de la Concertación, la negativa de los parlamentarios a legislar sobre la regulación del lobby fue permanente. Cinco proyectos de ley fueron ingresados a la Cámara de Diputados, sin que ninguno se haya convertido en ley: el primero de ellos,que postulaba impedir y sancionar el acceso privilegiado de grupos de presión o lobby a la autoridad, fue presentado en el 2003 por moción de los diputados Cubillos, Moreira, Leay, Longueira, Salaberry, Recondo, Varela, Álvarez, Bertolino y Pablo Galilea (boletín 3337-07); el segundo, el mismo año, sobre regulación del lobby enviado por el ex Presidente Lagos (boletín 3407-07); el tercero, ingresado el 2004 por moción de los diputados Cubillos, Forni y Monckeberg Díaz en el contexto de modernización del Estado(boletín 3498-7); el cuarto, un proyecto de reforma constitucional para impedir la realización de lobby a favor de gobiernos extranjeros, presentado por los diputados Lorenzini, Soto, Tarud y Patricio Walker (boletín 4621-07); y el último proyecto de regulación del lobby, ingresado por la ex Presidenta Bachelet en noviembre de 2008 (boletín 6189-06), oscilando siempre entre la simple y la suma urgencia otorgadas por el Ejecutivo.

A pesar de las reiteradas agendas de modernización del Estado -la primera acordada por el ex Presidente Lagos y el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira y la segunda presentada por el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma- o del consenso existente respecto a la necesidad del empadronamiento de lobbystas y de un registro público de audiencias de las altas autoridades, después de siete años la actividad del lobby aún no se encuentra regulada. Por eso, las simples declaraciones no bastan para desvirtuar la idea de un gobierno de los empresarios.La ciudadanía requiere de acciones concretas de transparencia, en especial las largamente postergadas en los últimos gobiernos.

Columna publicada en latercera.com:
http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/por_un_lobby_mas_expedito

Agenda laboral: sin lugar para ideologías estériles

2010-04-30T06:36:00.000-07:00

Más allá de las frecuentes movilizaciones y marchas masivas de cada 1° de mayo, los actos de este año generan nuevas expectativas por tratarse de una conmemoración en un gobierno de centroderecha. En especial, porque la ciudadanía anhela que los políticos aprovechen esta oportunidad para discutir en profundidad la próxima agenda laboral, comprendiendo, aceptando y asumiendo la coexistencia de legítimos intereses contrapuestos.

Después de un año extremadamente difícil en términos de empleo, la medición efectuada por el INE correspondiente al trimestre diciembre 2009-febrero 2010 reflejó una tasa de desocupación nacional ascendente a 8,5%. A esto hay que agregarle la alta cesantía provocada por el terremoto y la acostumbrada disminución de la actividad laboral durante los meses de invierno.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer esta semana aspectos conceptuales y metodológicos de la nueva Encuesta Nacional de Empleo, que permite medir bajo otros parámetros los niveles y tasas de ocupación, cesantía e inactividad de la fuerza laboral del país. Las próximas cifras del trimestre Enero-Marzo 2010 graficarán la gravedad de la situación ocupacional, entregando mayores antecedentes para un diagnóstico profundo.

Ante la urgencia de la situación, la opinión pública espera un debate serio y profundo, con altura de miras y que deje fuera ideologías estériles. Hasta ahora, gobierno, trabajadores y empresarios han sostenido corteses conversaciones durante el período de instalación de la nueva administración. Sin embargo, en los últimos días las relaciones se han tensionado, en especial ante la amenaza de posibles movilizaciones.

De hecho, el ex ministro del Trabajo y actual diputado por La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo establece esta posibilidad en una columna de opinión publicada en La Tercera. “Por cierto, en el lenguaje de los trabajadores, esta disposición (al diálogo) se hace conjuntamente con la actitud de movilizarse en caso de no encontrar una positiva respuesta”, escribe el candidato a la presidencia del PS.

Por su parte, Arturo Martínez, presidente nacional de la CUT, señaló en entrevista en CNN “Creo que se está generando un clima favorable a la movilización y queremos decir derechamente que nosotros no la estamos buscando, pero es posible que con todos estos hechos que se están repitiendo en otros lugares del sector público, nos vamos derechamente a la convocatoria del paro nacional en algún momento”.

A su vez, la Concertación ha coordinado con la CUT una ofensiva para ese día, instruyendo a sus dirigentes y parlamentarios para que se integren de manera activa a las actividades convocadas para ese día tanto en Santiago como en regiones.

La ministra del Trabajo, en cambio, ha optado por una posición mucho más conciliadora, declinando referirse al tema y esmerándose en mantener abiertos los canales de comunicación con el dirigente sindical. Incluso ha anunciado su intención de asistir al acto central que realizará la CUT. ¿Diferencia de género? ¿Diferencia generacional? ¿Necesidad de renovar el estilo de la política?

Pareciera que la CUT quiere medir fuerzas con el gobierno, y para eso, cualquier pretexto vale. En un momento en que la oposición todavía se reorganiza, los aspirantes a liderar la coalición se disputan los roles relevantes. No obstante, la ciudadanía otorga un escaso apoyo cuando percibe que intereses particulares priman por sobre el bien común. Basta con analizar la reciente Evaluación Gestión del Gobierno Abril 2010 de Adimark, en que sólo el 34% de los chilenos aprueba cómo la Concertación está desarrollando su labor, mientras el 54% la desaprueba. En la misma línea, las posiciones extremas y confrontacionales son desestimadas por los votantes, como bien lo pudo comprobar el mismo presidente de la CUT en su frustrado intento de postular como diputado por Colina, Lampa, Pudahuel y Quilicura.

Existe pleno consenso respecto a necesidad de fortalecer la negociación colectiva y el rol de los sindicatos. El mismo informe de la OCDE recomienda fortalecer el rol de los actores sociales en el establecimiento de salarios y condiciones de trabajo, promoviendo relaciones laborales menos confrontacionales y más cooperativas.

Sin embargo, antes es necesario sincerar la representatividad de estas organizaciones sindicales, las que no incluyen trabajadores no sindicalizados, de las pymes y desocupados. De acuerdo a un estudio efectuado por el Consejo Asesor sobre Trabajo y Equidad -elaborado durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet-, el 80% de la fuerza laboral trabaja en pymes y vive una realidad absolutamente distinta a los sindicalizados de las grandes empresas. Por otra parte, los cesantes tampoco han logrado una asociatividad que les permita convertirse en actores relevantes en el diálogo laboral. Es por estas razones que la ciudadanía no aceptará que el debate laboral se vea entorpecido por ideologías estériles, que impidan la resolución de tantas materias pendientes.

Columna publicada en latercera.com:

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