Ciudadanía, la gran ausente de la mesa de seguridad pública

No cabe duda que las 150 propuestas presentadas por la Mesa de Trabajo de Seguridad constituyen un gran avance para un consenso nacional que mejore la capacidad del Estado y de la sociedad chilena en el combate de la delincuencia y el narcotráfico. Muchas de estas medidas se podrán implementar por vía administrativa desde ya y otras, en cambio, al ser materia de ley, deberán ser ingresadas al Congreso para su discusión. Y ojalá que este Informe sirva para iniciar no sólo un debate legislativo, sino también uno social sobre cuál es el rol del chileno común y corriente en esta lucha por una vida con mayor paz y tranquilidad.

Resulta irrisorio pensar enfrentar un tema tan complejo y tan enquistado en nuestra sociedad sin contar con una participación activa de la ciudadanía. ¿”Denuncio o no denuncio”? ¿”Ayudo o me hago el leso”? ¿”Compro o no compro al vendedor ambulante”? ¿Me organizo en el barrio a riesgo de parecer exagerado? son interrogantes que a diario debemos hacernos y que ya forma parte de nuestra cultura. Y es que sin un cambio conductual de la víctima -uno de los actores más importante del delito-, es poco probable que las medidas propuestas tengan resultados.

Teniendo en cuenta que casi la mitad de los chilenos piensa que la primera prioridad a resolver por el Gobierno es la delincuencia/asaltos/robos (CEP septiembre-octubre 2017), una gran mayoría accederíamos a incorporarnos colectivamente a esta lucha. Pero ante la renuncia a intentar cambiar el comportamiento social, probablemente muchos serán los que continuarán en forma individual en su marasmo ante la delincuencia con una persistente sensación de impotencia y pesimismo.

Más aun, buscándose en esta oportunidad producir cambios tan profundos y radicales a las formas en que tradicionalmente se ha combatido el delito en Chile, los ejes temáticos se han enfocado exclusivamente en el prestador del servicio público, pero no en el receptor de éste. Y es por ello que esta agenda apuesta su éxito principalmente a modificaciones normativas para  autoridades, prescindiendo por completo de los necesarios cambios culturales de la población víctima de la delincuencia, la que ha colaborado en la consolidación de una impunidad casi total.

Y es que inicialmente la referida Comisión de Seguridad contemplaba sólo cuatro áreas, todas orientadas a las autoridades policiales y judiciales: 1) Modernización administrativa y operativa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones; 2) Creación de un nuevo Sistema de Inteligencia del Estado, integrado y funcional, enfocado en la prevención y no en la reacción; 3) Mayor y mejor fiscalización y control de armas y 4) Mejorar la coordinación de todas las instituciones que están al cargo de la seguridad y la paz de las familias chilenas, partiendo por las policías, los fiscales, los jueces, Gendarmería, los municipios, la comunidad organizada.

De hecho, desde un inicio la convocatoria a la mesa fue hecha con nombre y apellido a ministros en ejercicio, subsecretarios, ex ministros, senadores, diputados, alcaldes, un ex contralor, un director de una unidad especializada, un director de una ONG, académicos y un asesor del Ministerio del Interior. Pero nadie en representación de las víctimas, de la ciudadanía en general, del ciudadano de a pie, el cual obviamente constituye un protagonista relevante de este pelea.

En el desarrollo de las sesiones de trabajo, se llegó a un consenso respecto al diagnóstico de la situación actual de la seguridad. Pero también surgió la necesidad de agregar otro eje fundamental: el rol de los municipios en la Seguridad Pública.

Como organizaciones que mantienen una fuerte y contante presencia en la vida de sus vecinos, ya sea a través de trámites, servicios o beneficios, los requerimientos de seguridad se han trasladado a la figura del Alcalde. Independiente de las escasas funciones y herramientas que la ley hoy les entrega, los municipios han contribuido en forma importante al diagnóstico delictivo de sus comunas –son quienes mejores conocen su territorio-, y serán fundamentales ahora en la implementación de estas medidas en el quehacer diario de la ciudadanía.

Sin embargo, nuevamente las 15 propuestas de este capítulo se enfocan en el prestador del servicio: el flamante Servicio Táctico de Operación Policial (STOP), los Consejos y Planes Comunales de Seguridad, Observatorio Intermunicipal para la Prevención del Delito, incremento del Fondo Nacional de seguridad Pública y añadiendo la autorización para delegar labores administrativas de Carabineros en funcionarios municipales. En forma adicional un breve acápite dirigido al ámbito local, en que tímidamente reconoce la importancia de las organizaciones comunitarias en el ámbito de la seguridad, estableciendo algunas capacitaciones y fondos para ellas. Pero nada respecto a la necesidad de que el ciudadano asuma a través de la denuncia y de la entrega de información un rol más activo en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, ni mucho menos un mandato para que las municipalidades propicien comunidades organizadas en el ámbito de la seguridad ciudadana. ¿Este combate es de todos o sólo de algunos?

Y tal como señala el mismo Informe, el éxito de las medidas propuestas requiere el compromiso de todos los actores. Resulta absurdo el renunciar desde un principio prescindir del potencial de una alianza público-privada en la principal preocupación de los chilenos. No es tarde para que las Municipalidades incorporen en forma colectiva a la ciudadanía en esta batalla.

Publicada en La Tercera Online el 25 de julio de 2018. 

Los trabajadores independientes, una realidad invisible

Dentro de los recuentos de la conmemoración del Día del Trabajo, resulta evidente analizar las declaraciones del Gobierno y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Pero obviamente existen muchos trabajadores en Chile que no necesariamente están representados por la multigremial: los  independientes, ese inmenso conjunto de individualidades aisladas, sistemáticamente postergadas por no estar organizados ni tener una directiva que los  encarne. Dentro de esta inmensa mayoría laboral se encuentran los trabajadores por cuenta propia, asalariados no sindicalizados, ocupados informales e inactivos potencialmente activos, entre otros. Y es que el debate laboral hasta ahora ha sido monopolizado por  minorías organizadas sindicalmente, con mayor visibilidad y arrogándose una representación de todos los trabajadores, la cual no tienen.

De acuerdo al reciente Boletín de Empleo Nacional del INE (enero-marzo2018), de una fuerza laboral de 9 millones de personas, solo el 54% de ellas, esto es 4.858.080 (asalariados totales menos asalariados informales), trabajan con contrato de trabajo formal, ya sea en grandes, medianas o pequeñas empresas. De ellos, cerca de un millón de personas corresponde a funcionarios del sector público, representados por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.

Asimismo, el boletín informa de una Tasa de Ocupación Informal de un 29,1%, equivalente a casi 2,5 millones de trabajadores, los que no cuentan con ninguna representación colectiva ante las autoridades. Esta informalidad –muchas veces perseguida- se ha convertido en un problema estructural de nuestra realidad laboral, especialmente respecto a la baja participación de mujeres y a la desocupación de jóvenes. De hecho, durante el año pasado el número de personas que trabajaban en la calle aumentó en casi 50 mil personas.

Adicionalmente, el referido informe establece que existen cerca de 1.782.000 individuos que trabajan por cuenta propia, ya sea formal o informalmente, los que tampoco cuentan con una  representación colectiva. Y hay 751.000 personas adicionales, clasificadas como inactivos potencialmente activos que engrosan las listas de cesantía, y que por lo mismo, dado que quieren salir de ese estado lo antes posible, tampoco están organizados ni son representados por algún organismo.

Este último informe del INE refleja que se revierte la tendencia consolidada durante la última administración: aumento del trabajo por cuenta propia y disminución del empleo asalariado formal. Sin embargo, desconocemos si el mayor aumento del empleo formal es una realidad que viene a instalarse o bien es un efecto efímero del cambio de gobierno. Desde ya, fenómenos tan diversos como la Informalización de las relaciones de trabajo, subcontratación, modernización, automatización, inteligencia artificial, incorporación de la tecnología nos anticipan la inminente llegada de la Cuarta Revolución Industrial, planteando escenarios totalmente diferentes en el nuevo contexto laboral.

Por otra parte, los trabajadores independientes se encuentran en una situación de mucha mayor precariedad laboral, sin previsión social, sin vacaciones pagadas, sin indemnización por años de servicio, ni ningún beneficio laboral colectivo. Al no tener una estructura formal que los ampare, los independientes suelen verse obligados a desempeñar todos los roles en su organización individual, adecuar su jornada laboral de acuerdo a las necesidades del cliente y desarrollar una maquinaria que les permita cubrir la abusiva falta de un pago oportuno de sus empresas clientes.

De hecho, de inmediato surge una pregunta. ¿El trabajador independiente se hace por opción o por obligación? La respuesta quizás tenga mucha relación con el grupo etario al que pertenece al trabajador: si es menor de 50 años de edad, lo más probable es que sea por opción. Pero si es mayor,  seguramente es por obligación.

Es por esto que en un mundo en que se compite fuertemente por mayor presencia y visibilidad, las organizaciones de trabajadores han logrado imponer sus peticiones en la agenda pública. La CUT, a pesar de contar solo con 158 mil trabajadores afiliados -según padrón electoral informado por el Colegio Electoral Nacional (CEN) de la Central después de la serie de irregularidades que llevó a la repetición de la elección de la directiva el año pasado-, no puede pretender imponerse como único interlocutor del Gobierno en materia laboral.  

Columna publicada en La Tercera, sección Opinión, el 4 de mayo de 2018.

Valorando el trabajo pre-legislativo

La inminente creación de una Comisión de Salud —anunciada hace algunos días, en este mismo medio, por el doctor Enrique Paris— podría reactivar los cuestionamientos de la Nueva Mayoría, y de una parte del Frente Amplio, a estas comisiones asesoras presidenciales de carácter pre-legislativo. En un inicio, estas instancias en materia de Infancia y de Seguridad desencadenaron fuertes críticas o, incluso en algunos casos, derechamente ataques. Por ejemplo, se dijo que ellas buscaban reemplazar al Poder Legislativo, cooptar a congresistas opositores, etc. Incluso más, la propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Maya Fernández (PS), envió una carta al Presidente de la República, explicando sus  motivos para no participar en la Comisión de Infancia: “Mi rol institucional, como presidenta de la Cámara de Diputados, es fortalecer y procurar un debate abierto, democrático y transparente en el seno del Congreso”, señaló la autoridad parlamentaria.

Las críticas anteriores parecen exageradas, ya que, por una parte, es indiscutible que las comisiones no pretenden reemplazar la discusión y aprobación de las leyes en ambas Cámaras. Por definición, carecen las comisiones asesoras de facultades legislativas, ya que constitucionalmente no les competen. ¿Cuál sería, entonces, su objetivo? Entregar un material de trabajo desarrollado conjuntamente por especialistas y distintas fuerzas sociales y políticas del país, que podrá servir de insumo al Ejecutivo para elaborar los proyectos de ley, que luego presentará para su discusión en el seno del Congreso.

Hoy más que nunca, en especial después de tanta iniciativa legal desarrollada entre cuatro paredes —como lo fue el proyecto de ley de Nueva Constitución, presentado durante la última semana del gobierno anterior— puede ser valorable la existencia de una labor pre-legislativa seria, que busque combinar realidades sociales, políticas, legislativas, administrativas y económicas, así como distintas visiones ideológicas. Por otra parte, éste es un mecanismo ya instalado y reconocido en nuestra democracia como un importante aporte en cuanto a trabajo pre-legislativo se refiere.

Las críticas parecen exageradas, ya que es indiscutible que las comisiones no pretenden reemplazar la discusión y aprobación de las leyes en ambas Cámaras. Por definición, carecen de facultades legislativas, ya que constitucionalmente no les competen”.

Basta con recordar que la Presidenta Bachelet convocó a 18 comisiones durante sus dos gobiernos, todas ellas con distintos objetivos y composiciones. Algunas, como la Comisión Engel, hicieron grandes contribuciones al desarrollo de las temáticas; otras, en cambio, no resultaron tan productivas. Pero no cabe duda que todas las propuestas legislativas de estas comisiones asesoras fueron discutidas por los parlamentarios en ambas Cámaras, siendo ellos finalmente quienes definieron cuales eran incorporadas en la nueva ley y cuales eran dejadas de lado.

Por otra parte, está claro que los problemas complejos requieren soluciones complejas, más aun en un país con una fuerte tendencia a creer que las segundas pasan simplemente por la dictación de una nueva ley, lo que muchas veces, al final, sólo sirve para acrecentar lo que el jurista italiano Bruno Leoni denomina “inflación legislativa”. En este sentido, resulta muy probable que de estas comisiones surgirán propuestas que no sólo se presentarán para su discusión ante el Congreso, sino que también se traducirán en normas administrativas y/o mecánicas en procesos internos. En el pasado, los resultados de muchas comisiones han quedado guardados en un cajón, por lo que para lograr el objetivo mandatado resulta vital la visión conjunta de especialistas y representantes de la sociedad civil, así como de los propios legisladores.

Está claro que la incorporación a estas comisiones de personeros como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), los diputados Gabriel Boric (IND) y Natalia Castillo (RD) y la del ex senador Patricio Walker (DC) en la Comisión de Infancia, o la de los senadores Felipe Harboe (PPD) y Carolina Goic (DC), del ex ministro Jorge Burgos (DC), de los alcaldes Johnny Carrasco (PS) y Jorge Sharp (MA) en la Comisión de Seguridad, produjo una fuerte desarticulación dentro de la oposición. Las iniciales críticas amainaron rápidamente ante estas incorporaciones, disminuyendo casi totalmente después de la última encuesta Cadem (N°222), en que el 60% de la ciudadanía aprueba la forma en que el Presidente Piñera está conduciendo su gobierno y se siente optimista acerca del futuro del país.

El reciente anuncio del PPD de su disponibilidad a sumarse a estas comisiones, previa negociación de ciertas condiciones básicas, representa un primer cambio de actitud en esta materia de un partido de oposición, dejando en una incómoda situación a sus compañeros de coalición. También significa un duro golpe a los siete grupos de trabajo que senadores PS, PPD, DC y FA crearon como una forma de enfrentar las comisiones conformadas por el gobierno.

Está claro que la incorporación a estas comisiones de personeros PPD, RD, DC, PS, MA e independientes produjo una fuerte desarticulación dentro de la oposición”.

Obviamente, todavía es muy temprano para evaluar los resultados de estos grupos de trabajo. Pero aun, en el peor de los casos, si no se lograra un gran acuerdo en cada uno de los temas, la conformación de estas comisiones podrá permitir, al menos, consensuar diagnósticos, desarrollar y presentar una gama de distintas soluciones y definir métodos de evaluación de éstas, de manera de poder corregirlas oportunamente si fuere necesario. Y no cabe duda que un debate profundo y serio será siempre bien recibido en estas demandas en que el Estado está absolutamente al debe.

Por lo mismo, el 11 de marzo, en su primer discurso público como mandatario, el Presidente Piñera convocó a todos los chilenos, y en especial a los parlamentarios, a construir cinco grandes acuerdos nacionales en los siguientes temas: infancia, seguridad ciudadana, salud, Araucanía y desarrollo económico.

En consecuencia, el anuncio de la creación de un nuevo grupo de trabajo, en este caso la Comisión de Salud, ratifica una nueva forma de entender la política y lo público, una forma distinta de incentivar el diálogo tanto entre las fuerzas políticas mismas, como entre ellas y la sociedad civil, permitiendo así que distintas visiones ideológicas puedan acercar posiciones sobre temas fundamentales para el progreso del país.

Andrés Jirón, Abogado, MBA, Horizontal

Publicada en El Líbero el 22-4-2018

¿Quién le pone el cascabel al gato?

El programa Informe Especial (TVN) denunció abusos en el pago de pensiones por parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). Éstas habrían sido otorgadas –específicamente por inutilidad de segunda clase equivalente a invalidez parcial en el sistema común- a ex miembros de las Fuerzas Armadas, quienes no presentarían ninguna “inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas” requisito que exige la normativa legal (artículo 22 DFL 209 de 1953).

Independiente de la ilegalidad de estos beneficios y que se hace necesario revisar a la brevedad, esta acusación  pone además en el tapete un tema de aún mayor relevancia: la falta de transparencia y de control en la gestión de estas instituciones.

En momentos en que el tema pensiones reviste una especial sensibilidad para la gran mayoría de la población, la noticia no deja indiferente a nadie. Más aún, si estas inexistentes incapacidades fueron “calificadas” en forma exclusiva por las Comisiones de Salud de cada rama, sin la intervención de organismos externos ni de posteriores reevaluaciones en el tiempo. Y con mayor razón si a esto hay que agregarle que estas pensiones de invalidez fueron otorgadas a cuatro condenados por delitos de lesa humanidad, quienes siempre se han mantenido en situación de plena capacidad física y síquica.

Por lo mismo se requiere reanudar con fuerza el debate sobre el alto gasto fiscal previsional en las Fuerzas Armadas y Carabineros y sobre la necesidad de un sistema único de pensiones para todos los chilenos. Y en momentos en que se debate el futuro del sistema previsional, esto plantea desde ya dos interrogantes: 1) ¿Se justifica la exclusión a las Fuerzas Armadas y de Orden del sistema previsional general?; y 2) En caso de mantenerse este privilegio, ¿cuáles debieran ser los estándares mínimos de debido cuidado en la labor que se ejecuta?

En cuanto al primer punto, es necesario tener presente que la pensión promedio por vejez en el actual sistema es de $192 mil. Esto contrasta fuertemente con los también en promedio $ 2,3 millones que reciben los oficiales en retiro de las FF.AA. a través de Capredena, financiado con los impuestos de todos los chilenos (Ciper, Enero 2017). Hoy solo el 0,7% del gasto fiscal cubre el financiamiento del Pilar Solidario (para 1,3 millones de personas) mientras que el 1,4%  de éste se destina exclusivamente a las pensiones de las Fuerzas Armadas (menos de 200 mil personas). Por lo mismo, la Ley de Presupuestos 2016 tuvo que destinar cerca de US$ 2300 millones para el pago de las pensiones de Capredena y Dipreca, lo que significa un enorme gasto público en detrimento de muchas otras prioridades sociales.

Por otra parte, en abril recién pasado y sólo después que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados detectara irregularidades en el otorgamiento de pensiones en Capredena, Dipreca y Gendarmería, y que la Contraloría General de la República iniciara un proceso de revisión de éstas, el Ministerio de Defensa se limitó a realizar una tímida petición a las FF.AA.: que revisara el proceso de calificación a beneficiarios, pero sin producir ningún efecto retroactivo.

Pero éstas no son las únicas irregularidades vistas en el sistema de pensiones fiscales. Se les suman otros numerosos abusos–los de mayor visibilidad han sido los jubilazos de Gendarmería, entre los cuales se encontraba el de Myriam Olate, esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS)-. Recientemente este medio publicó el gran número de ex uniformados jubilados que están recontratados en las FF.AA. Por lo tanto, no cabe duda que el sistema de reparto público en las ramas castrenses está siendo administrado a lo menos negligentemente y sin ningún control estatal.

Por lo mismo, y en relación al segundo punto planteado, resulta inaceptable que las autoridades institucionales hayan permitido la consagración de una cultura de falta de fiscalización. Esto permitió, por una parte, que se formara en Carabineros una extensa red de corrupción, produciéndose el mayor escándalo financiero (fraude superaría los $25 mil millones) en la administración de fondos públicos, con escasas responsabilidades política o administrativa.

Adicionalmente, en el Ejército se detectó un fraude por algo más $5 mil millones, cometido por funcionarios militares con la Ley Reservada del Cobre, siendo removidos seis de ellos pero dejándose a dos coroneles sin sanciones por acogerse a retiro antes de iniciada la investigación interna.

Por supuesto que ahora surgieron nuevas voces parlamentarias pidiendo una ley corta para terminar con las “inaceptables asimetrías entre pensiones de civiles y uniformados”, con lo que la oposición rebatió de inmediato solicitando también la revisión de las pensiones de los falsos exonerados. Reacciones inmediatas en un tema de tanta profundidad no logran mucho más que una simple catarsis ante la opinión pública. Lo sorprendente es que después de seis gobiernos en democracia, ninguno de ellos se haya atrevido a transparentar, modernizar y subordinar la gestión administrativa de las FF.AA. a controles mínimos. Todavía más curioso resulta aún, que habiendo sido previamente ministra de Defensa, la Presidenta Bachelet en ninguno de sus dos gobiernos haya podido modernizar las Fuerzas Armadas y de Orden.

Sin perjuicio de reconocer la contribución histórica que han hecho las FF. AA. y de Orden a la construcción de nuestro país, en términos generales resulta inadmisible la desprolijidad -¿o el abuso?- con que se ha que se ha llevado su gestión contralora interna. Por otra parte, la exigua fiscalización de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ha colaborado en forma importante en la creación de un marco de impunidad total política y administrativa. Y por lo mismo, la ciudadanía espera que en el próximo gobierno se revierta esta pasividad de las autoridades, tanto de las respectivas ramas como de las autoridades gubernamentales, empezando por ordenar el tema de los abusos en las pensiones pagadas por todos los chilenos.

Publicada en La Tercera Online

La posverdad y el informe Sename

Ahora que el término “posverdad” se incorporó al diccionario RAE, nuestro país lo vive en carne propia. Producto del rechazo de la Cámara al informe de la Comisión Investigadora Sename II, como nunca, hechos objetivos se han minimizado ante la apelación a emociones, creencias y/o deseos del público.

Pero desde un principio, el mandato conferido a esta comisión fue investigar, por una parte, sólo las gestiones realizadas por autoridades de gobierno desde el 2014 en adelante y por la otra, la actual situación de los menores que no estuvieren al cuidado parental.

La potente discusión surgida al respecto identificó de inmediato dos bandos: quienes acusan a La Moneda de hacer caer el informe para proteger a la ex ministra Blanco, y quienes defienden su lobby o votación, aduciendo desde eventuales acusaciones a la Presidenta, pasando por calificar el informe de parcial, injusto y politizado, hasta el anuncio de una diputada de no repostular al Congreso.

Sin embargo, resulta preocupante que esta discusión se agote en un juicio público sobre la verdadera voluntad del gobierno: ¿Optó por salvaguardar a una colaboradora o por proteger niños en situación de abandono, vulnerabilidad e incluso en riesgo de muerte? Adicionalmente a esta trascendental pregunta, sería de suma importancia que esta polémica permitiera además develar tres grandes interrogantes:

• ¿Qué pasará con los niños del Sename? Pronto se cumplirán cuatro años desde el inicio de la primera comisión investigadora sobre este organismo. Y hasta el momento hay escasas acciones dirigidas a mejorar la situación de menores carentes de cuidado de sus padres.

Durante el periodo 2005-2016, 1.313 menores fallecieron en centros dependientes del Sename o de organismos colaboradores. Además hubo numerosas denuncias de torturas, de violaciones, de explotación sexual y de precarias condiciones de vida.

De ahí la importancia del informe rechazado. Éste denunciaba claramente “las principales problemáticas que explican el fracaso del Estado en materias de infancia”: a) Situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes; b) Contagio criminógeno; c) Débil sistema de adopciones; d) Insuficiencia del sistema de protección social; e) Falta de definición de roles subsidiario y del Estado. A su vez, el reparo a los proyectos de ley del Ejecutivo en materia de infancia entre 2014 a 2017 eran: a) Ineficiencia legislativa y b) Deficiencias en la Técnica Legislativa.

Asimismo, señalaba un marco de 64 propuestas para mejorar el sistema y garantizar a los menores el respeto de sus derechos, el resguardo de su integridad física y mental y el acceso a la educación y a la salud. ¿Cuántas muertes de menores tendremos que llorar antes de que se descongelen estas medidas?

• ¿Cómo están trabajando nuestros parlamentarios? Tras un año de investigación, de 28 sesiones ordinarias; de más de 80 expositores invitados; de visitas inspectivas a hogares, Centros de internación provisoria y CREAD; del análisis de innumerables documentos, la Comisión en cuestión emitió un informe de 535 páginas.

Los diputados Camila Vallejo (PC), Luis Rocafull (PS), Ricardo Rincón (DC) y Claudio Arriagada (DC), todos miembros de la Comisión Investigadora, hicieron numerosos aportes al informe vía indicaciones y sustituciones, votando en ella a su favor el 27 de junio.

Incluso fue la diputada Vallejo (sesión N° 28 de 19/6/17, página 404) quien propuso incorporar el siguiente texto, aprobado luego por votación mayoritaria: “De tal modo, la reconstitución de los hechos contribuye a esta Comisión para reprochar seriamente la gestión ministerial, negligente e inexcusable de la señora Javiera Blanco ex Ministra. En efecto, las fallas institucionales acaecidas bajo su administración, que fueron de conocimiento y escrutinio público, contribuyeron lamentablemente a agravar la crisis histórica del Sename.”

Por eso sorprende notablemente que recién el 4 de julio, y sólo después de las visitas de los ministros Eyzaguirre, Narvaez, Valdés y Campos, estos cuatro diputados hayan cambiado su voto por considerar el informe insuficiente, parcial y politizado.

¿Es válido que 13 diputados más sus numerosos asesores estén todo un año trabajando en una investigación que será rechazada? Más aún, siendo todos financiados por ciudadanos ¿quién fiscaliza sus índices de productividad?

• ¿Hasta cuándo se valorará el amiguismo por sobre el desempeño? Por último, si la calificación de “negligencia inexcusable” fuere a alguna funcionaria del SENAME, ¿hubiera tenido el mismo impacto la bajada del informe? Probablemente no.

Sin dudas el elemento que aceleró la combustión del espacio público fue que se exculpara a la ex ministra Blanco. Cercana colaboradora de la Presidenta Bachelet, en su trayectoria política ha tenido más de alguna controversia en sus cargos. Y quizás su último nombramiento, esta vez en el Consejo de Defensa del Estado, corrobora que nuestra mandataria privilegia lealtades por sobre desempeños. Absolutamente comprensible, pero inaceptable cuando se trata de dineros públicos.

En consecuencia, ojalá que el debate provocado pueda profundizar estas y otras interrogantes sobre nuestros mecanismos democráticos. Por otra parte, existen 64 propuestas pendientes que beneficiarán a niños, niñas y adolescentes ingresados al sistema de protección del Estado y acogidos en distintas modalidades de cuidados alternativos. ¿De qué manera el Ejecutivo y el Legislativo lograrán reactivarlas? Porque está claro que los menores del Sename no pueden esperar el informe de una tercera Comisión Investigadora.

Publicada en La Tercera Online

Despacito para que no duela

Hace un par de días, el flamante vocero de gobierno aseguró que “el trabajo de campaña de la Presidenta Bachelet comenzó en marzo de 2013, no antes”. Específicamente el día 28 de marzo, día en que la actual mandataria anunció su campaña presidencial. ¿Debemos suponer todos los chilenos que ese día ella se despertó inspirada y motivada por el futuro de Chile y se atrevió a decir las palabras mágicas: “He tomado la decisión de ser candidata”?

El 21 de diciembre del año anterior, ella había señalado que seguiría en ONU Mujer, agregando “Vamos a hablar en marzo”. ¿Querrá el gobierno que nosotros pensemos que durante ese período no hizo precampaña? La información entregada por Asesorías y Negocios SpA, entregada a través de su gerente general, Giorgio Martelli, dice todo lo contrario. Se trata de una larga lista de profesionales en que muchos son hoy funcionarios de Gobierno, y que en su mayoría fueron parte también de la administración anterior de Bachelet.

Días después, cuando la estrategia inicial recibía disparos desde distintos sectores, el ministro Marcelo Díaz sale a reconocer que las precampañas “son habituales en la política”. E insiste en su línea argumental de que la Presidenta Bachelet "no pidió ni autorizó ningún esquema recaudatorio" antes de su campaña, evitando cuidadosamente precisar si la mandataria estaba o no en conocimiento de esas prácticas.

Con la aprobación de la mandataria pisoteada ya por el caso Caval, la arista Soquimich le explota directamente en su campaña. La negativa a transparentar los hechos solo logra despilfarrar la  credibilidad que queda: ya en la CEP de abril la nota que obtuvo el Gobierno en su primer año en el Tema Transparencia y Corrupción fue de un 2,4 –la peor de todas las notas- y el 62 % de los entrevistados declaró que la Presidenta Bachelet no le daba confianza.

Pero todavía falta un tema a profundizar: además de la ilegalidad de las boletas y facturas ideológicamente falsas, lo que constituye un delito, también existe un ilícito para sus emisores: esos documentos falsos se utilizaron para rebajar los impuestos de empresas a través de figuras ficticias. Es decir, actuales funcionarios públicos se convirtieron en cómplices al ayudar a cometer el ilícito… Y en eso hasta ahora, tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos han guardado un discreto silencio sobre el caso Asesorías y Negocios Spa. Por eso, la remoción del Director Jurídico del SII, Cristián Vargas, no es una buena noticia para la transparencia de este gobierno. ¿O se pretenderá esconder bajo la alfombra?

Publicado en Redesvisión

Bachelet: Hechos y no palabras

La remoción de Michel Jorrat de su cargo como Director del Servicio de Impuestos Internos, ha sido uno de los pocos hechos concretos que ha hecho el Gobierno en materia de transparencia. A pesar de que han sido muchos los fuegos de artificio, las declaraciones, las puestas en escena, los programas de televisión, los mea culpa, son pocas las acciones específicas que la ciudadanía ha podido observar.

De hecho, la entrega del informe final del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción fue minimizada por el anuncio presidencial del “proceso constituyente”. De igual manera, el día escogido para entregar el informe de cumplimiento de medidas administrativas de la agenda de transparencia y probidad fue el mismo día del cambio de gabinete, quedando nuevamente postergada en la agenda nacional.

Y así la mantención en su cargo a Michel Jorrat representaba una verdadera provocación a la ciudadanía, que como nunca exige mayor transparencia. Es de esperar que el flamante ministro Valdés nombre luego al reemplazante - o bien el director subrogante juan Alberto Rojas- cumpla con la obligación legal que el Servicio tiene de las denuncias y querellas por delito tributario. Cabe destacar que la querella inicial presentada por Michel Jorrat en contra de Giorgio Martelli se centra solamente en las donaciones ilegales efectuadas a la campaña del Presidente Frei –específicamente a Clara Bezán-, desviando por completo la atención de los aportes a la campaña de Michelle Bachelet, igual de ilegítimos pero que involucran a muchos personeros de la actual administración.

En la última encuesta CEP, la Presidenta Bachelet aparece con un 56% de desaprobación en la forma en que está conduciendo su gobierno. Aún más, el 62% declara que la mandataria no le da confianza. Y el Tema Transparencia y Corrupción en su primer año obtuvo la peor nota del Gobierno: un paupérrimo 2,4. 

¿Será que tanto discurso pero tan pocos hechos concretos le está pasando la cuenta? ¿Mucho ruido y pocas nueces?  Y más aún después de haber visto como enfrentó el caso Caval, la decisión de  conducir “personalmente” el proceso por crisis de probidad no logra otorgar garantías de la independencia de las instituciones para investigar hechos irregulares mientras no estén resueltos los dos puntos anteriores. Cualquier declaración pro transparencia y probidad en su próxima Cuenta Pública Presidencial podría entenderse una vez más como palabras que se las lleva el viento. La ciudadanía exige hechos concreto, no palabras.  

Andrés Jirón

(publicado en Redesvisión)